La faceta empresarial del ex zar de Inteligencia, Rommy Vallejo, sale a la luz. Desde 2011 alquila maquinaria pesada a una compañía de servicios petroleros, que posee contratos millonarios con el sector público y tiene relación accionarial con una offshore panameña. Vallejo revela por primera vez la participación de la Senain en la investigación de Odebrecht.

Por: Arturo Torres y María Belén Arroyo

La revolución ciudadana tuvo un zar de la Inteligencia. Desde la Senain, el coronel (sp) Rommy Vallejo apuntaló las operaciones secretas durante el régimen de Correa, una de ellas en el caso Odebrecht. Y mantuvo un perfil bajo en su faceta empresarial que hoy revelamos: alquila maquinaria pesada a una empresa de servicios petroleros, que a su vez tiene contratos con el Estado desde 2012.

La carrera de Vallejo como oficial de Policía tuvo un ascenso meteórico desde 2005. ¿Su primera misión? Ser edecán del entonces ministro de Economía, Rafael Correa. Desde ese momento tejió una relación cercana con quien sería Presidente la década siguiente. Fidelidad a prueba de fuego. Estuvo a cargo de la seguridad presidencial y desde marzo de 2014 a febrero de 2018 fue Secretario de Inteligencia. Su perfil de empresario de maquinaria pesada se consolidó desde 2009, cuando él ya era parte del círculo de confianza de Correa.

Ese año adquirió una plataforma de marca Hino de 4.5 toneladas, con capacidad para mil galones, que empezó a dar servicios de transporte a la compañía Biofactor. Esta firma se especializa en la recolección, tratamiento y reciclaje industrial de aceites usados. Según informes en poder de este medio, entre 2010 y 2012 Vallejo facturó 53.125 dólares a esa empresa.

[icon name=»volume-up» class=»» unprefixed_class=»»] Audio de entrevista a Rommy Vallejo

 

En entrevista con este portal, Vallejo confirmó que la actividad de proveedor de maquinaria es lícita y responde a 20 años de experiencia de su esposa, Karina Sigüenza, experta en petróleos, con formación académica y titulada ingeniera en petróleos en Ucrania. Desde mediados de los 90, ella trabajó en Mobil, Biofactor y Petroecuador. “Es un negocio nuestro, es un emprendimiento legal”, sostiene Vallejo.

Ver entrevista completa con Rommy Vallejo

Los dos años siguientes –según consta en sus declaraciones de bienes- adquirió, con un crédito, una retroexcavadora Caterpillar, modelo 2011, valorada en 84.000 dólares, y otro camión Hyundai, valorado en 25.000 dólares. “Desde ahí he venido trabajando hasta la fecha, no lo puedo negar porque todo está facturado. Antes de ser secretario de Inteligencia yo facturaba, en el sector público dejé de hacerlo y hoy se encarga mi esposa”.

 

La empresa Servicios Misceláneos E González Semeg es el único cliente de Vallejo y su esposa los últimos años. Entre 2012 y 2014, él facturó 103.354 dólares. Sigüenza, en cambio, recibió pagos por 278.402 dólares de la misma compañía, entre 2011 y 2017. En total ambos han facturado alrededor de 434 mil dólares hasta el año pasado.

En sus declaraciones patrimoniales Vallejo incluyó el equipo pesado. Y registró dos empresas: Yasunitrans, compañía de carga pesada; y Geodynamis, ambas a nombre de su esposa. Ninguna registra operaciones financieras.
También posee:
-Un departamento en Esmeraldas, y dos casas en Quito, adquiridos en 674.860 a partir del 2008.
-Por salarios, desde 2006 al 2017, Vallejo recibió neto alrededor de 440 mil dólares.
-Realizó pagos al exterior por 41.409.
-Por Impuesto a la Renta pagó 37.264, entre 2006 y 2017.
-Su patrimonio a junio del 2017 fue de 459.757.
La Contraloría realizó en 2016 un examen a sus declaraciones de bienes y no encontró ninguna irregularidad.

La empresa Semeg y sus contratos petroleros y de construcción

Semeg se dedica a prestar servicios a la industria petrolera, a través de la extracción de crudo, perforación, reparación y desmantelamiento de torres de perforación, así como la construcción de obras civiles. En el ranking de sus principales clientes, entre 2012 y 2016, figuran dos entidades públicas: Río Napo, en liquidación y  Petroamazonas. Recibió pagos por  78 millones de dólares, en ese período.

Río Napo es una empresa mixta constituida en 2009 con aportes de capital ecuatoriano y venezolano, a través de Pdvsa. Operó el campo Sacha donde Semeg construyó varias plataformas. En 2016 la empresa mixta liquidó por la falta de aportes venezolanos.

En el portal de Compras Públicas, revisado por nosotros, están subidos contratos firmados por Semeg con el Consejo de la Judicatura (4,8 millones) y el Ministerio de Transporte (639 mil). El contrato con la Judicatura se asignó vía emergencia, sin concurso público, en diciembre de 2011. Semeg fue contratada para construir la unidad judicial de Nueva Loja por el Consejo transitorio, encabezado por Paulo Rodríguez. Tras las denuncias de presuntas irregularidades, el nuevo Consejo, encabezado por Gustavo Jalkh, revisó todos esos procesos y suspendió algunos pagos. En el caso de Semeg el contrato se terminó de pagar el año anterior.

Semeg es un emprendimiento que surgió en tiempos de la revolución ciudadana. Fue constituida en el 2009 y tiene cuatro accionistas. Carlos González Castillo y sus hijos Carlos González Osorio y Eduardo González Osorio, así como la empresa panameña Cossey S.A.

Este portal entrevistó a un directivo de Semeg, quien pidió mantener la reserva de su nombre. Según el ejecutivo, Vallejo nunca dejó de facturar: continúa cobrando por el alquiler de su equipo caminero que actualmente trabaja en proyectos en Manabí. A fines de marzo, terminaron la construcción del Puente de Jama. Los contratos de la empresa en ejecución son: el acceso a Bahía con crédito chino, en el cual intervienen como subcontratistas de una empresa china; y la edificación de casas para el proyecto gubernamental San Alejo, en Portoviejo; así como dos mercados en Manabí. En el campo petrolero trabajan actualmente con Repsol y con un consorcio chino con Petroamazonas.

Para capitalizar la empresa, en 2016 Semeg vendió parte de su paquete accionarial a la firma panameña Cossey S.A. Entre los dignatarios y administradores de esta compañía constan Héctor Ramos León, que también representa a otras 663 empresas domiciliadas en Panamá, considerado un paraíso fiscal; Eylen Moreno Rodríguez, presente en otras 433 firmas y Rafael Zúñiga, con participación en 74 empresas. Todos son panameños, según los registros empresariales de ese país, donde no aparecen los nombres de los propietarios de Cossey ni sus operaciones.

Aunque en los registros de la Superintendencia de Compañías de Ecuador se indica que Cossey adquirió 1.800 dólares en acciones, de un capital total de 498.000 dólares, el directivo de la empresa dice que fue una compra muy importante. “Ellos compraron gran parte de las acciones para solventar nuestros problemas de liquidez, compraron una parte importante de la empresa, estamos todavía en papeles. Es básicamente para la capitalización de la empresa”.

¿Aportes a la campaña?

En el curso de esta investigación, que tomó varios meses, accedimos al reporte de pagos de Semeg a proveedores. Destaca la contratación de una encuesta por el valor de 50 mil dólares en 2017, año de elecciones presidenciales. El trabajo fue realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CentroInvest Cía Ltda). En esta encuestadora colabora Omar Simon, quien años atrás fue presidente del Consejo Nacional Electoral, secretario privado del ex presidente Correa y secretario de la Vicepresidencia, con Jorge Glas.

Inicialmente, el ejecutivo de Semeg a quien entrevistamos (tenemos la grabación de respaldo) admitió que la contratación de la encuesta:  “Básicamente fue un aporte a la campaña; nos dijeron que le paguemos a la encuestadora (…), le pagamos a Omar Simon». Sin embargo, días más tarde el empresario explicó que hubo un error en su primera versión y pidió corregirla, pues no fue un aporte de campaña. «En ese estudio constaba el posicionamiento de la empresa en el mercado y una guía de cuál candidato tenía más opciones para diferentes puestos como asambleístas y presidente».

CentroInvest fue consultado respecto a este pago. El gerente general, Diego Paúl Zaldumbide, confirmó que una factura por 50 mil dólares fue cancelada por Semeg en 2017. Evitó proporcionar detalles del objeto del contrato y del estudio realizado, aduciendo razones de confidencialidad de sus clientes. Sí confirmó, sin embargo, que desde hace algunos meses (cinco o seis), Omar Simon se incorporó a la plantilla del centro.

En su primera entrevista, el directivo de Semeg admitió que la firma hizo donaciones a otras  campañas de Alianza PAÍS. Los ejecutivos de esta firma mantienen amistad con la hermana del expresidente, Pierina Correa. Ella habría sido el nexo con Rommy Vallejo, quien coordinaba la seguridad de la familia del entonces mandatario desde el inicio de su gobierno.

Sobre la supuesta donación en 2017, el secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, respondió: “El Presidente Lenín Moreno ha demostrado un ejercicio transparente y ético de sus acciones durante la campaña electoral y, ahora, como Presidente de la República.

“El Presidente jamás toleraría un origen poco claro de cualquier herramienta, instrumento o recursos para su campaña, por lo que de haber conocido lo que usted comenta, del supuesto origen de los recursos, lo hubiera rechazado categóricamente.

“Respecto a si ese aporte incidió en la entrega de contratos para la empresa Semeg en varias obras, especialmente en Manabí, debo manifestarle que un procedimiento de tal naturaleza es contrario a los principios éticos del Primer Mandatario, por lo que, de ser cierto, lo rechazamos de manera frontal.

“Finalmente, como Gobierno creemos en la voluntad de investigación de los medios de comunicación como aporte a la vida democrática del país”.

En la única entrevista concedida a la prensa, después de su salida de la Secretaría de Inteligencia, el coronel en servicio pasivo Rommy Vallejo revela que esa entidad tuvo un rol clave en la investigación de casos de corrupción. Y asegura que la Contraloría realizó diez auditorías a su gestión.

Por Arturo Torres

La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) jugó un rol hasta ahora desconocido en la investigación de Odebrecht. Activó varias unidades especiales para buscar indicios y evidencias que luego fueron entregados a la Fiscalía.

El exsecretario de Inteligencia, Rommy Vallejo, confirmó la participación de la entidad en esa investigación en coordinación con la Fiscalía, que impulsa el juicio por asociación ilícita en el cual fue sentenciado el exvicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, entre otros. Así lo explica, en entrevista a este portal.

La Senain, bajo su mando, ha sido cuestionada por el manejo de gastos especiales. ¿Cómo se usaron esos fondos?
El único juez de cuentas que tiene Senain es la Contraloría. A partir de ahí hemos presentado nuestras liquidaciones de gastos especiales para que nos auditen, hemos pasado diez exámenes de auditoría y están por pasar tres más. Ha habido observaciones pequeñas. Uno entrega justificativos cada tres meses, si la Contraloría hace observaciones lo aclaramos. Si está conforme se levanta un acta y se queman los respaldos de los gastos. Solo queda el Acta. De diez períodos solo faltan auditar cuatro.

¿Qué pasó con sus antecesores, se establecieron indicios de responsabilidad penal? ¿Hubo problemas con Pablo Romero?
Yo respondo por mi gestión. Lo del resto de secretarios que me antecedieron debería preguntarles a ellos, si tuvieron alguna observación en Contraloría.

De lo que conocemos, cuando usted llegó a la Senain se creó un instructivo para el manejo de gastos especiales.
Existe un instructivo hecho por Contraloría en el cual se dice en qué se puede ocupar gastos especiales, como operaciones de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional. Pero aparte de eso existe un vademécum que regula los gastos. Los fondos de gastos especiales no solo son para la Senain, también son para los subsistemas que integran el sistema nacional de Inteligencia.

¿Es decir a los subsistemas de la Policía y el Ejército?
Exacto, todos los subsistemas, la DGI, el Grupo de Inteligencia Militar, el Servicio de Aduanas, la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia, reciben fondos también. Ellos  nos envían sus liquidaciones y le entregamos a la Contraloría para que las revise y haga observaciones, de ser el caso.

Hay denuncias sobre supuesto espionaje político a opositores. ¿Las investigaciones que ustedes realizaban estaban judicializadas? Constantemente se denuncia espionaje político a opositores y periodistas.
Nosotros no hemos hecho actividades de espionaje. Lo que pueden decir los medios, las redes o cualquier persona no son hechos. No hemos hecho actividades de espionaje porque la ley nos lo prohíbe. El artículo 22 de la Ley de Seguridad nos prohíbe espionaje político. No hemos hecho en ningún momento espionaje.

Según denuncias, usted ha adquirido varias propiedades que aparentemente no han sido justificadas en relación a sus ingresos económicos. ¿Es eso cierto?
Tengo un bien con mi esposa de 20 años de matrimonio y de trabajo. En este período, mi esposa ha trabajado. Ella es ingeniera en petróleos graduada en Ucrania, trabajó en Mobil, Biofactor, Promesa… La Contraloría hizo examen a mis declaraciones de bienes, no tengo más que observaciones pequeñas, que son más de desconocimiento, por ejemplo que dentro de la cooperativa de la Polícía yo he tenido cuatro cuentas, pensé que solo tenía tres. Mis bienes los registro desde el 2000, otro en 2008 y otro en 2016, tengo tres bienes. Sobre las propiedades. Tengo tres: una casa que tenía en San Carlos, comprada en el 2000; luego casa en la Pampa, en el 2008, de 100 000 dólares, todavía tengo un préstamo que pagar por esa compra, con un saldo de 37.000 dólares en Banco del Pichincha; luego compré un departamento en Casa Blanca, Esmeraldas, con crédito de la Cooperativa de la Policía, de 70.000 dólares, aún debo 42.000 dólares; y la última casa que me compré en 2016 en Miravalle, en 400.000, con préstamo de 280.000 dólares del Banco del Pacífico, con mi cesantía, aún debo 260.000 dólares. Y 30.000 dólares al dueño de la casa porque debo vender mi casa en La Pampa. Así son las cosas.

También hay otra denuncia sobre su relación comercial con la empresa de servicios petroleros Semeg
Nosotros (con mi esposa) nos compramos en el 2009 una plataforma Hino de 4.5 toneladas, ese carro era al comienzo tanquero pequeño de 1.000 galones y trabajaba para empresa privada que se llama Biofactor, dedicada a recoger desechos de aceites. Luego, en 2010, me compré una retroexcavadora con crédito directo de Caterpillar; a partir de ahí empecé a trabajar con Semeg, dándole servicio a esa empresa, con ese camión. Luego en 2011 compré otra plataforma Hiunday pequeña que sigue trabajando en Semeg. Desde ahí he venido trabajando hasta la fecha, no lo puedo negar porque todo está facturado. Antes de ser secretario de Inteligencia yo facturaba, en el sector público dejé de facturar y factura mi esposa; es un negocio nuestro, es un emprendimiento legal.

Esto consta en su declaración de bienes, lo de la propiedad de los camiones y la retroexcavadora.  
Así es. Cuando a uno le hacen examen especial a los bienes no a la gestión, usted tiene que haber justificado todos los depósitos y transacciones, hasta el más pequeño. Hasta el 2017 me hicieron ese examen, tengo todas mis cuentas claras y detalladas.

¿La relación con Semeg, viene desde antes de su llegada a la Senain?
Mi esposa vino graduándose en 1994 de ingeniera en petróleos en Ucrania. En el 96 me casé cuando trabajaba en Mobil, era gerente de ventas. Luego estuvo en  Promesa y Electroecuatoriana y terminó en Biofactor. Luego estuvo un año y medio en Petroecuador. Nuestro negocio propio es el del transporte en este momento.

¿Y constituyeron alguna empresa para estas tareas de servicios?
No tengo empresa, es a título personal. Antes con amigos quise hacerme dos empresas:  Geodinamics y Yasunidostrans, pero estas empresas jamás tuvieron un solo movimiento, una de ellas fue disuelta por porque no fue utilizada. La otra está cerrada pero no lo hemos reportado en el Registro Merecantil.

¿Eso también está en su declaración de bienes?
Por observaciones de Contraloría lo hice, había olvidado que creé una de las compañías, porque nunca operó. También me dijeron que tenía cuenta en Banco del Austro, que abrí para comprar la  retroexcavadora, quedó saldó de 0,13 centavos y me observaron.

¿Le han hecho varios pagos desde Semeg?
Hasta ahora seguimos facturando a Semeg por servicios de nuestra maquinaria. Tenemos trabajando dos camiones y retroexcavadora mensualmente.

Otra operación en la que participó la Senain es la investigación del  caso Odebrecht ¿Es esto cierto?
Es una de las investigaciones que la Secretaría hizo en el caso Odebrecht, incluso el presidente Moreno en una rueda de prensa dijo que íbamos a buscar la ruta del dinero, son trabajos que ha vendido haciendo la Secretaría. Al principio estos trabajos son de Inteligencia y luego si se judicializan se colabora con la Fiscalía. En muchos casos, la Secretaría ha empezado con la investigación y luego cuando ya se debía judicializar se pasaba directamente a la Fiscalía.

[icon name=»volume-up» class=»» unprefixed_class=»»] Audio de entrevista a Rommy Vallejo

¿Es cierto que la Senain obtuvo información relevante en caso de exgerente de Petroecuador, hoy sentenciado, Álex Bravo, por ilícitos en la Refinería de Esmeraldas a partir de los Panama Papers?
Así es. También colaboramos en esa investigación y cuando ya se judicializó le pasamos a Fiscalía para que continúe con la investigación. No hay problema en que le pueda contar estas cosas porque son casos judicializados.

¿Entonces la Senain participó directamente en esa investigación?
No solo en ese caso sino en algunos más, en muchísimos casos, pero por sigilo de información no pudimos decir nosotros somos los que hacemos, no podemos publicitar. Siempre preferí mantener un perfil bajo, no salía a la los medios. No es que no se hacía absolutamente nada.

¿Esa investigación de Odebrecht terminó con la captura del exvicepresidente Jorge Glas?
No sé si nuestros datos condujeron a eso, pero si empezamos con investigación de Odebrecht y Álex Bravo. Mire, el caso de la asambleísta Esperanza Glabán también lo investigamos. Hemos trabajado en varios casos anticorrupción.

¿Este trabajo sobre Odebrecht, la cooperación con la Fiscalía, también se conoció a nivel del buró y del Presidente?
Por supuesto, el Secretario de Inteligencia es asesor directo del Presidente de la República, si fue una investigación, por supuesto que estaba en conocimiento del Presidente.

¿Odebrecht, se volvió un tema de seguridad nacional para que intervenga la Senain?
Se volvió tan importante que tuvo un desenlace.

¿Esos escenarios –de corrupción- se hicieron desde hace algún tiempo por la Senain?
Mucho antes de que empiece este Gobierno, desde Álex Bravo, en mayo de 2016. Había dos escenarios importantes que hicieron en la Senain, antes del cambio de Gobierno: el de la corrupción todo el tiempo, con antecedente de Galván. Se hace trabajo de inteligencia y luego se pasa a la Fiscalía, para que judicialice y tome acciones judiciales.

Ricardo Rivera (preso y sentenciado) no fue el único tío del exvicepresidente Jorge Glas que tuvo una #DécadaGanada durante la revolución ciudadana. Los negocios en sectores estratégicos florecieron para otros parientes por línea paterna, entre ellos su tío y su primo, al igual que para los amigos cercanos y sus empresas privadas. Destacan el empresario y dirigente deportivo Nassib Neme y Electrocables. El rompecabezas de “compadres lindos” que tienen contratos con el Estado apenas empieza a completarse.

Por: Arturo Torres y María Belén Arroyo

“Yo no tengo información. Esa no es el área que manejo. No sé de contratos”. Pedro Pablo Glas Viejó es tío paterno del exvicepresidente Jorge Glas Espinel. El ingeniero químico es gerente de comercio exterior en Electrocables, empresa a la que se vinculó hace más de 20 años.

Asegura no estar al tanto de la multiplicación de los contratos entre esa compañía y el Estado, en el área de sectores estratégicos, en los últimos años.

Pide que le repitan varias veces el nombre de esta plataforma: Código Vidrio. Hace una pausa, de varios segundos. Pide disculpas antes de cortar la llamada telefónica, luego de reiterar que “nada conoce sobre contratos con el Estado”.

Electrocables, con un capital de $ 15 millones, se dedica a la producción de conductores eléctricos de baja y alta tensión. Sus clientes se encuentran en el sector privado (construcciones civiles y obras eléctricas) y, sobre todo, en el sector público, entre las entidades relacionadas con el campo eléctrico.

En este último, encontró un buen catalizador de contratos. Entre 2010 y 2015, firmó con el Estado 234 contratos por 56 millones de dólares, según documentos que revisamos en el portal del Servicio de Contratación Pública.

En el ranking de las mayores contratantes destaca la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL-EP, que estaba bajo el mando del ministerio coordinador de Sectores Estratégicos, del cual Glas era cabeza. Le siguen en importancia como contratantes la Empresa Eléctrica Quito y la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC.

Ese registro no incluye las contrataciones por emergencia (sin licitación), en años anteriores a 2010, que no están colgados en el Sercop. “Se suscribieron contratos para la adquisición y prestación de servicios sin los respectivos diseños, estudios y justificativos que determinen su necesidad, lo que ocasionó que los procesos de contratación no se encuentren debidamente sustentados (…) se desconoce si los bienes adquiridos constituyeron necesidades reales de la empresa…”. Así consta en el informe de Contraloría DASE-0025-2014, que cuestiona varios procedimientos contractuales a cargo de la entidad CELEC – Unidad Transelectric. Uno de ellos es el proceso SIE-Trans 039-2010, que corresponde al contrato 244-2010, firmado con Electrocables.

Si el pago de impuesto a la renta es un indicador de buena salud, su año record fue 2010, cuando pagó 1,6 millones de dólares por este rubro. Esto fue prácticamente el doble de lo que abonó en 2009. En 2005 pagó 143 mil dólares por este tributo y en 2017, más de diez veces esta cifra.

La compañía anónima fue constituida en 1981. Es una empresa familiar en la cual el grupo Neme tiene la mayor parte del accionariado, con Nassib Neme a la cabeza. El próspero empresario no oculta su cercanía con el ex presidente Rafael Correa. Según registros periodísticos, formó parte de la comitiva que viajó con el ex mandatario a Irán en 2008. No respondió nuestro requerimiento de información.

Nassib Neme es, además, presidente del club deportivo Emelec, el equipo de los amores de Correa, quien, al igual que Glas, es hincha eléctrico confeso. En la década de la revolución ciudadana, el equipo pasó de tener cifras en rojo a escribir su nombre en el podio de los campeones: logró cuatro campeonatos. En el ámbito deportivo se lo conoce como el equipo Millonario. Se ve que hace honor a su nombre, pero lo logró con el apoyo de poderosos auspiciantes con la intermediación del Gobierno de Correa.

Todo queda en familia

Pablo Heriberto Glas Rodríguez aparece en la foto de la red social Facebook con su primo hermano, Jorge Glas Espinel. Cercanos desde tiempos juveniles. De hecho, Pablo contrajo matrimonio con Mariella Salazar, hermana de otro integrante del círculo de amigos, el abogado Ciro Morán Maridueña. Morán ocupó cinco puestos cercanos al entorno del Fondo de Solidaridad y los Sectores Estratégicos, durante la revolución ciudadana. Además, fue el hombre detrás del regreso al Ecuador de la constructora Odebrecht luego de los problemas en la central hidroeléctrica San Francisco.

Pablo Glas tuvo cargos gerenciales en dos empresas que mantuvieron contratos con el Estado: Corpecel y Sertemin. Vinculadas con la provisión de equipos eléctricos y piezas para el sector de la construcción.

Corpecel fue proveedor de un tablero de protección y control para la subestación Sigchos, contrato a cargo de la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi. El contrato fue firmado en enero de 2014. También actuó como proveedor para cementos Guapán.

Le consultamos por correo electrónico al grupo ferretero Ecuaimco, donde desde diciembre de 2017 es presidente ejecutivo. Aún esperamos una contestación.

Cortocircuitos

Plastiquim es una empresa relacionada con el grupo empresarial de la familia Neme. El nombre saltó al ojo público en septiembre de 2017, cuando el delator brasileño de Odebrecht, José Santos Filho aseguró que el ex contralor Carlos Pólit había recibido parte de los sobornos a través de transferencias depositadas en dos compañías privadas. Una de ellas, Plastiquim.

Según la investigación fiscal, la firma tramitó un crédito, sin conocer que los recursos fueron transferidos desde una de las entidades off shore de Odebrecht. La intermediación habría tenido como agente al hijo del excontralor, John Pólit, quien trabaja en el sector financiero.

Documentos a los que tuvimos acceso muestran que el pago a “Miami” (el código para Carlos Pólit) por 700 mil dólares se registró en mayo de 2014, como reconocimiento a su “ayuda” para el contrato del Acueducto La Esperanza, que forma parte del hasta hoy inexistente complejo de la Refinería del Pacífico. Odebrecht colocó el soborno en una cuenta. La empresa pagó un interés del cinco por ciento por el préstamo, desconociendo que el origen del dinero era ilícito.

Pero también Electrocables estuvo relacionada con otra denuncia. Entre 2012 y 2013 fue proveedora de la empresa exportadora de materiales de construcción Foglocons, investigada por un supuesto lavado de activos por la transferencia de 160 millones de dólares a Venezuela. Electrocables, según la Fiscalía, supuestamente recibió 24 millones de dólares por la provisión de material eléctrico, pero solo entregó insumos por 14 millones. Los implicados fueron sobreseídos definitivamente, pues la justicia estimó que no se probó el supuesto ilícito en este caso, que fue tramitado por varios jueces y fiscales.

 

La primera abogada de Ricardo Rivera fue testigo de la llamada del expresidente. Revela que Correa le aseguró que el juicio en su contra por el caso Odebrecht no prosperaría. El tío materno del exvicepresidente Glas, al parecer, le creyó: luego se acogió al derecho al silencio.

Por: María Belén Arroyo y Arturo Torres

En medio de la incertidumbre, una llamada telefónica le devolvió la calma. “No te preocupes que todo va a salir bien. Todo está bajo control”. Al otro lado de la línea de celular, el expresidente Rafael Correa le transmitía confianza: estaba a punto de viajar a Bélgica, pero le garantizaba que el juicio en su contra no prosperaría.

La abogada Ivonne Núnez fue testigo de la llamada. Su cliente y defendido era Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas Espinel.

Eran las 10h00 del domingo 9 de julio de 2017. Al día siguiente, Correa viajaba a Bélgica. (Nada entonces hacía pensar que volvería al país en medio del agitado panorama político semanas más tarde y que luego volvería a Europa donde hoy está prófugo).

Con su abogada, Rivera definía la estrategia para la audiencia que debía realizarse 72 horas más tarde en el complejo judicial norte de Quito. La sugerencia de la defensa era clara: pedir el cambio de medidas cautelares (Rivera tiene más de 65 años, cumplía arresto domiciliario con un estado de salud quebrantado); colaborar con la justicia; pactar un acuerdo de colaboración eficaz. Pero esa llamada cambió todo. El tío de Jorge Glas decidió acogerse al silencio. Decisión que no cambió, ni siquiera cuando meses más tarde fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita relacionada con el caso Odebrecht.

 

[icon name=»volume-up» class=»» unprefixed_class=»»] Audio de la versión de la Dra. Ivonne Núñez

 

Núñez, una jurista guayaquileña, tuvo un papel crucial en este caso. Impulsó una acción judicial para que el proceso fuera público en lugar de tener carácter reservado.

Pero se separó de la defensa de Rivera cuando él insistió en creer en la palabra del exmandatario. “Yo le dije que esa era simplemente una llamada de despedida”. Intentamos obtener la versión de Rivera, pero el Ministerio de Justicia nos comunicó que “es imposible entrevistar a personas privadas de la libertad”. Correa, por su parte, inicialmente no se quiso pronunciar. En reiteradas ocasiones ha insistido en que el juicio contra Glas y Rivera es solo una persecución política, y no hay una sola prueba en su contra.

Dos días después de la publicación,  Correa y Rivera negaron la conversación. En su cuenta en Twitter Correa dijo que se trataba de una “infamia”. Paralelamente, en redes sociales militantes correístas difundieron una carta escrita a mano, atribuida a Ricardo Rivera. En esa misiva, él supuestamente negaba haber mantenido la conversación telefónica y en la misma línea Correa insistía en la necesidad de regular las redes sociales, a través de la ley de Comunicación.

Rivera, un ingeniero electrónico aficionado al estudio de la Ley, obtuvo su maestría en Derecho constitucional desarrollando un estudio sobre el hiperpresidencialismo. Su conclusión es que este sistema “concentra poderes en el Ejecutivo”.

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A pesar de sus críticas al modelo político, simbolizado por Correa, el tío materno de Jorge Glas no tuvo, al parecer, problemas en beneficiarse de información privilegiada sobre los sectores estratégicos.

En su correo electrónico se encontraron desde textos de la Ley de Telecomunicaciones enviados a Presidencia hasta hojas de vida de funcionarios públicos, cuya contratación sugería a su poderoso sobrino.

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Principal de TV Satelital,  Rivera se movía como pez en el agua en el negocio de las telecomunicaciones y la televisión digital.

No solo es amigo, también ha hecho negocios con el empresario Tomislav Topic, principal de la empresa Telconet. La firma accedió a un contrato para equipar y conectar a laboratorios en más de 1.200 establecimientos del país. ¿El monto? 40 millones de dólares. El contratante: Ministerio de Telecomunicaciones.

El delator de Odebrecht, el brasileño José C. Santos Filho, aseguró que la constructora pagó dos millones de dólares para poder llegar hasta el entonces ministro de Telecomunicaciones Jorge Glas. Ese pago habría abierto la puerta para el regreso al Ecuador.

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Rivera y Glas fueron socios desde mediados de los 90. Mientras Glas estuvo en el poder, mantuvo comunicaciones cifradas con su tío, quien lo habría identificado con tres códigos: Vidrio, xx1 y JG.

El tío no solo accedió a información sobre contratos con el Estado, también recibió documentos sobre ofertas privadas para la reconstrucción post-terremoto de Manabí.

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Rivera viajó hasta China en un periplo que causó extrañeza y hasta incomodidad en empresarios de ese país. No sabían si iba en representación de su sobrino, quien para entonces era Ministro de Estado. Una investigación interna para descifrar los motivos reales del viaje fue detenida, en su momento, por el propio Glas, según documentos aquí revelados. Él asegura que fue un viaje privado, y que acudió a una invitación por ser experto en telecomunicaciones y temas satelitales.

Pero Rivera insiste en que es un empresario que nunca incidió en las decisiones de su sobrino. Sí reconoce, en cambio, que pidió a Odebrecht dinero para financiar una campaña de imagen para Glas, y que esta debía realizarse en el canal de su propiedad TV Satelital. Al hacerlo, admite que él fue quien creó para su sobrino el código de Vidrio.

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Hoy, sentenciados ambos a seis años tras la sentencia por el delito de asociación ilícita, cumplen sus condenas en recintos separados. Glas en la cárcel 4 al norte de Quito, insiste en que su encarcelamiento es un trofeo político de traidores que le arrebataron la dignidad de Vicepresidente. Rivera, en cambio, cumple su pena en Guayaquil. Y debe tener tiempo suficiente para recordar esa llamada. Mientras la justicia enfoca su atención en estos dos personajes, otros familiares y amigos del exvicepresidente disfrutan a sus anchas de la década ganada.

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Cuatro características identifican a este personaje, Ciro Camilo Morán Maridueña. Una, mantuvo bajo perfil. Dos, fue clave en la contratación de proyectos estratégicos durante la Revolución Ciudadana. Tres, su estrecha cercanía con el círculo de poder. Y cuatro, su patrimonio se cuadruplicó tras su paso por el sector público.

Por: Arturo Torres y María Belén Arroyo

Jugó un papel crucial en el retorno de Odebrecht, en octubre de 2010. Ciro Camilo Morán Maridueña ocupó importantes cargos en cinco entidades de los sectores estratégicos, entre 2007 y 2015.  El área era dirigida por el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue sentenciado por asociación ilícita.

Ambos son amigos desde hace muchos años y también son parientes políticos. Pablo Glas Rodríguez, primo del exvicepresidente, está casado con Mariella Salazar Maridueña, hermana de madre de Morán.

“Al ex vicepresidente Jorge Glas lo conozco desde hace mucho tiempo, ambos somos guayaquileños y compartimos algunas amistades, incluyendo un primo de él que está casado con una de mis hermanas. Tanto al ex Vicepresidente como al expresidente Rafael Correa les tengo mucha estimación y creo que trabajaron mucho en beneficio del país”, explica Morán al ser contactado por nosotros (aquí lea la entrevista completa)

Es la primera vez que responde a preguntas de la prensa, luego de haber dejado el gobierno de la llamada revolución ciudadana. Ahora es empresario y litigante. Está dedicado de lleno a su profesión de abogado y a gerenciar varias compañías. Posee el grupo empresarial de asesoría legal Bestlaw, con sede en Guayaquil, constituido en 2009, donde es el principal accionista. También es dueño de las firmas Explorercorp, dedicada a la construcción de obras civiles, que creó en 2012, y Morleon, que incursiona en negocios inmobiliarios desde 2010. Además mantiene inversiones en tres compañías más, según informes de la Superintendencia de Compañías.

Creó las compañías mientras fue parte de la administración de Correa. En 2007 debutó como secretario general del Fondo de Solidaridad, que entonces era presidido por Jorge Glas.

Tres años más tarde gerenció la empresa Hidropastaza. Entonces jugó un rol crucial en la negociación que permitió el retorno de Odebrecht, que había sido expulsada en 2008, tras las 257 fallas detectadas en la central hidroeléctrica San Francisco. Como consecuencia se iniciaron procesos judiciales contra los representantes de la empresa y otros funcionarios que participaron en el proyecto.

Morán confirmó que para negociar el regreso de Odebrecht se integró un equipo multidisciplinario de varias instituciones que trabajó por más de seis meses.

Los avances eran informados a Glas y a Correa, en coordinación con el exprocurador Diego García. También estuvo al tanto el entonces contralor, hoy prófugo en Miami, Carlos Pólit, enjuiciado por supuestamente recibir un soborno de 10 millones de dólares de la constructora. Más de la mitad del pago, según el exejecutivo brasileño José C. Santos, fue a cambio de desvanecer las glosas contra la constructora por el proyecto San Francisco, que ascendían a 80 millones de dólares.

Para tratar de encontrar un acuerdo, los representantes de Odebrecht se comunicaban con Glas, Morán y con otras autoridades. Buscaban que el gobierno interviniera para eliminar los juicios penales y civiles y las acciones de la Contraloría. Y lo lograron.

Morán pidió al entonces contralor Pólit que considerara eliminar las glosas contra Odebrecht en San Francisco, en julio de 2010.

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Los meses previos, Odebrecht a través de su poderoso representante José C. Santos Filho, hacía lobby en vano con las autoridades ecuatorianas. En febrero se dirigió al entonces ministro de Sectores Estratégicos, Galo Borja, para plantearle una tregua y la suspensión de los juicios. En su testimonio en el juicio contra Glas y su tío Ricardo Rivera –siete años más tarde-, Santos admitió que estaba golpeando las puertas equivocadas. Entonces, según su versión, el tío de Glas le contactó para ofrecerle ayuda a cambio de un pago.

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Las semanas siguientes el nudo se desató. En octubre de 2010, el Gobierno y Odebrecht firmaron un acta transaccional que dio por terminado el conflicto. Esencialmente Odebrecht se comprometió a reparar la central y pagar 20 millones de indemnización y el Gobierno, a través de Hidropastaza, a poner fin a todas las controversias. Días más tarde, Morán envió un oficio a la jueza primera de garantías penales de Tungurahua desistiendo de la acusación particular. Inicialmente, cuando enjuició a la empresa, el régimen exigía una reparación de 400 millones de dólares, con base en cálculos de los daños y el perjuicio por los días que no operó la central.

Un hecho insólito: la Fiscalía desistió de seguir con el juicio y el contralor extinguió las glosas.  El pronunciamiento del entonces procurador Diego García se presta a varias interpretaciones. Deja abierta la posibilidad para que esos organismos sigan la investigación pero al mismo tiempo señala que el compromiso es terminar todas las controversias. Juzgue usted mismo y vea el informe adjunto.

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Morán destaca que con la firma del acta el Estado consiguió importantes beneficios (indemnización, reparación integral, equipamiento nuevo, garantías prolongadas). “Por otro lado, se ha hecho énfasis en determinar que nadie tenía derecho a exigir nada a cambio por el acuerdo. Si hicieron lo contrario, es precisamente lo que está siendo procesado por la Fiscalía”.

Este caso para la justicia no ha concluido. El fiscal Carlos Baca confirmó que aún investiga la participación de otros funcionarios públicos –cuyos nombres se mantienen en reserva- que habrían recibido 2 millones de dólares en coimas.

Tras su retorno al país, Odebrecht obtuvo jugosos contratos. La construcción hidroeléctrica Manduriacu, el proyecto de riego Daule Vinces, el acueducto La Esperanza y la preparación del terreno en la Refinería del Pacífico, y el poliducto Pascuales-Cuenca, la Ruta Viva y el Metro de Quito, se cuentan entre los más importantes. En la mayoría se detectaron irregularidades.

En Manduriacu, Ciro Morán volvió a negociar con Odebrecht. Como gerente de Ecuador Estratégico, el 31 de julio de 2014 adjudicó el contrato para la pavimentación de la vía Km 104, construcción del puente Gringo Pepe, y mantenimiento de la vía Chontal, por 17 millones de dólares.

Morán autorizó la contratación de las obras sin contar con estudios técnicos y legales aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Lo hizo pese a que un mes antes Víctor Hugo Jácome, gerente de Enernorte le informó que estaba tramitando las aprobaciones respectivas ante el MTOP. Por esa omisión, la construcción de la vía tuvo fallas que debieron ser enmendadas y significaron un incremento en los costos por 5,5 millones. Por esta razón, la Contraloría envió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de Morán, que aún no se ha formalizado en un proceso judicial.

Para Morán, la Fiscalía debe archivar el informe con indicios penales por improcedente: “En todo caso hemos acudido a dar nuestras explicaciones ante dicha entidad y lo haremos cuantas veces sean necesarias. Por cierto, de ese contrato al  momento tengo entendido que existe una deuda con la contratista”.

Tras su paso por el sector público, Camilo Morán tuvo un importante crecimiento patrimonial. En su declaración de bienes del 2010, al inicio de su gestión en Hidropastaza, como bienes inmuebles incluyó un nicho en el camposanto Parque de la paz, valorado en USD 7 000 y dos cuentas bancarias con USD 4 500, respectivamente. Y dos inversiones en Estados Unidos en Statetrust Life, por USD 7 244. En total su patrimonio era de USD 68 764.

A su salida de Hidropastaza, en octubre del 2011, en sus cuentas bancarias tenía un saldo de USD 22 500, y sus inversiones llegaron a USD 11 288. Además contrajo un crédito hipotecario por USD 200 000 con la empresa Wadenjahr S.A. Su patrimonio llegó a 90 mil.

Al finalizar su paso por el sector público, en el 2015, Morán registró en sus cuentas un saldo de 17 430 dólares y realizó inversiones en Ecuador y Estados Unidos por USD 55 108 en ocho empresas: Explorercorp; Bestlaw; Morleon; Statetrust Life; Tonicorp; La Cumbre Forestal; La Vanguardia Forestal y Alicosta BK Holding.
Además registró una deuda por cobrar de 88 607 de Explorercorp. Declaró un solar en Samborondón, valorado en 143 016, y una deuda hipotecaria de  84 503. Su patrimonio, en cinco años en el sector público, se cuadruplicó: llegó a  297 555.

Según Morán, el incremento es gracias a los ingresos declarados todos los años al SRI; el mayor peso radica en la compra de un inmueble a crédito que, a medida que se va pagando, va incrementando el patrimonio. De hecho, en declaraciones anteriores al 2015, se puede verificar cómo, más bien, más alta era la deuda por dicho inmueble que el patrimonio.

Sobre sus acciones en varias empresas explica que son adquisiciones ínfimas, en función del capital social de esas firmas, las cuales venden a través de cualquier casa de valores. «En Morleon no poseo acciones, es una compañía de mis hijos constituida así por disposición de su abuela materna. Explorercorp fue una sociedad con terceros privados, que buscó diversificar los ingresos, pero el negocio fracasó y al momento está en proceso de cierre. Bestlaw S.A. sí es una empresa totalmente activa y dedicada a las labores jurídicas que son a las que me dedico todos los días».

La relación del ex presidente Rafael Correa con Odebrecht empezó a cimentarse desde cuando era ministro de Economía, en 2005. A su regreso de una visita a Brasil, dispuso que se agilitara inmediatamente el pago de 14 millones que se le adeudaba a la constructora. En adelante, ya en el poder, benefició a la empresa a diferentes niveles y épocas. Para esto, no dudó en eliminar filtros en el sistema de contratación y dar su beneplácito para que se le confiaran importantes proyectos en todo el país.

Por: Arturo Torres y María Belén Arroyo

Religiosamente, los lunes –después del cambio de guardia- sesionaban en el despacho presidencial. Rafael Correa y Jorge Glas, más que Presidente y Vicepresidente, eran amigos desde pequeños. Compartían una historia personal en común, marcada por la ausencia de la figura paterna. La familia de los boyscouts los acogió con los brazos abiertos. Se volvieron incondicionales. Como un puño, que luego gestaría la llamada revolución ciudadana, hoy reducida a cenizas.

El gabinete de sectores estratégicos, en pleno, se reunía con el entonces Presidente entre dos y cuatro veces cada mes. Correa estaba informado de cuanto ocurría a su alrededor en este y otros temas. ¿Conocía y calló para proteger a su pupilo? Así se colige de una parte, hasta hoy desconocida, del célebre audio que le costó el cargo de secretario de la Presidencia a Eduardo Mangas. “Nosotros entendemos esa relación personal de infancia, de mejor amigo, de Rafael y Jorge, pero no por eso pueden arrastrarnos a todo el partido”.

Previamente, el entonces funcionario reflexionaba sobre el costo de retomar obras que se concibieron por el anterior gobierno, en un contexto de muchos recursos y poca planificación.

Esa urgencia por levantar proyectos por doquier fue una constante en la década correísta. El caudillo apenas llevaba siete meses en la Presidencia. Quería correr. Tenía prisa por viabilizar la contratación masiva de infraestructura pública. Especialmente, en los sectores hidroeléctrico y petrolero donde se concretaron proyectos sin licitación, por miles de millones de dólares.

La campaña para elegir a los 130 miembros de la Asamblea Constituyente estaba en pleno apogeo. Era el 2 de agosto de 2007.

Sin embargo, ese día, el mandatario dejó en un segundo plano sus reuniones políticas. Su agenda se enfocó en la sesión de la junta del Fideicomiso Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Estratégico e Hidrocarburífero (FIMFEISEH). A la cita acudieron los ministros de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz; de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga; y el gerente del Banco Central, Jorge Dávalos.

El entonces mandatario estaba preocupado. En tono de reclamo, cuestionó a sus colaboradores porque “Habiendo transcurrido más de seis meses del Gobierno, aún no se ha concretado ningún proyecto de inversión en las áreas estratégica e hidrocarburífera, con los recursos acumulados en el FIMFEISEH”. Justificó su premura en la crisis que atravesaba Petroecuador.

El subsecretario de Finanzas respondió que tenía un grupo de proyectos, en análisis. Entre ellos, obras de generación eléctrica y la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. El comité técnico –aseguró- realizaba estudios de factibilidad para conocimiento de la junta. Según la  Ley y el reglamento, debían contener un componente técnico, económico y ambiental.

La respuesta de Correa fue tajante. “Hay proyectos que no requieren ningún estudio de factibilidad y peor aún que contengan un impacto ambiental”. Ordenó al entonces subsecretario jurídico, Alexis Mera, que preparara un decreto para eliminar el reglamento, porque era una traba para que fluyeran los trabajos.

La preocupación era compartida por Carlos Pareja Yannuzzelli, quien para entonces era presidente de Petroecuador y participaba en esa reunión. Pareja (actualmente sentenciado por beneficiarse con la entrega de contratos), pedía “Agilidad” en la asignación de recursos para Petroecuador, pues la demora había ocasionado una grave crisis interna.

La junta concluyó con dos acuerdos. El primero: priorizar contratos de rehabilitación y tratamiento de residuos en la Refinería de Esmeraldas, además de obras de generación eléctrica. Y delegar al secretario de la Presidencia para que investigara posibles acciones administrativas y legales contra distintos funcionarios por el abandono de los proyectos desde 2006. Rodarían cabezas. Esa era, de entrada, la señal.

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Esa política –con el tiempo- perforó el sistema de contratación pública, dando paso a las declaratorias de emergencia y al giro específico del negocio. Se abrieron puertas y ventanas para la entrega de contratos a dedo y créditos atados a las condiciones de los prestamistas internacionales, especialmente chinos, que Correa tanto había cuestionado desde su campaña electoral.

La carrera desenfrenada de Correa para activar la maquinaria de la obra pública empezó mucho antes, en especial para beneficiar a Odebrecht. En 2005, cuando era ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio, se reunió con diplomáticos de la embajada de Brasil. Y confirmó el carácter prioritario del proyecto Toachi Pilatón, el cual debía efectuarse –según dijo- “Al más breve plazo posible” con la constructora brasileña.

Otro dato inédito, revelado a Código Vidrio por un alto funcionario del Banco del Estado, que pidió no exponer su identidad por seguridad, ayuda a entender los primeros acercamientos y posibles compromisos de Correa con Odebtrecht. En mayo del 2005, también en calidad de ministro él viajó a Brasil para ver posibilidades de inversiones y acuerdos económicos con el gobierno de Lula da Silva. A su retorno -contó el funcionario- Correa contactó a las principales autoridades del Banco y les preguntó por qué no habían cancelado 14 millones de dólares que le debían a Odebrecht por el proyecto de riego Carrizal Chone. Los funcionarios le contaron que no tenían suficientes fondos. Al siguiente día, por orden de Correa, desde el ministerio de Economía se dispuso la transferencia de 6 millones que faltaban para cubrir el monto adeudado a Odebrecht, que recibió el pago completo en sus cuentas inmediatamente.

Posteriormente, funcionarios del Banco del Estado viajaron también a Brasil y conocieron que Correa no solo había mantenido reuniones con autoridades gubernamentales sino con ejecutivos de Odebrecht.

Un audio filtrado en 2017 de una conversación de Fabricio Correa, hermano mayor del exmandatario, también da más elementos sobre esta relación. “Yo manejé la relación de Odebrecht al principio (Correa era presidente de la Cámara Ecuatoriano-Brasileña), porque desde que mi ñaño fue ministro se hizo pana de los manes, ellos nos ayudaron en la campaña, el que llevaba la relación era yo, que soy contratista de ellos desde 1996″. Después, Fabricio habló de una nueva reunión entre Marcelo Odebrecht y Rafael Correa, luego de un viaje del dueño de la multinacional a Quito en su avión privado. En esa cita se habrían sellado varios acuerdos, entre otros la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Contactado por este portal, Correa no quiso pronunciarse.

Semanas antes de que Correa llegara al poder, en diciembre de 2006, Marcelo Odebrecht preparó la agenda para la primera reunión presidencial en el palacio de Planalto, entre Lula y Correa, en la cual se trataron también los contratos de Petrobras. Este dato se incluye en un correo electrónico dirigido por Odebrecht a Alexandrino Alencar, que es parte del expediente Lava Jato.

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Lo cierto es que todas las decisiones se alinearon para favorecer a Odebrecht en la administración de Correa. En 2007, la empresa fue contratada para ejecutar la central hidroeléctrica Toachi Pilatón.

Diez años más tarde, Toachi Pilatón aún no funciona y solo genera pérdidas. Aquí surge una pregunta crucial: ¿Es verdad que la investigación fiscal de Odebrecht, dirigida por el exasesor presidencial Carlos Baca, fue direccionada para dejar fuera a Rafael Correa del expediente? Esa es una de las piezas que se desprende del audio entre el ex contralor Carlos Pólit y el presidente de la Asamblea, José Serrano, revelado el 26 de febrero. En él, confabulan para tramar la salida de Carlos Baca Mancheno como Fiscal General. Desde el minuto 3, se escucha esta conversación:

Serrano: “…con el propio Odebrecht ellos (la Fiscalía) parece que han arreglado la delación”.

Pólit: “Pero total, Pepe, cuando ese tipo habla, hace el testimonio anticipado (José Santos, el delator), mira lo que habla viejo, a ese lo prepararon, totalmente, y solo le preguntan: ¿Y Rafael Correa habló con usted? No, nada que ver, nada que ver”.

Esta es una ficha más de un rompecabezas que no termina de armarse.