Cuatro características identifican a este personaje, Ciro Camilo Morán Maridueña. Una, mantuvo bajo perfil. Dos, fue clave en la contratación de proyectos estratégicos durante la Revolución Ciudadana. Tres, su estrecha cercanía con el círculo de poder. Y cuatro, su patrimonio se cuadruplicó tras su paso por el sector público.
Por: Arturo Torres y María Belén Arroyo
Jugó un papel crucial en el retorno de Odebrecht, en octubre de 2010. Ciro Camilo Morán Maridueña ocupó importantes cargos en cinco entidades de los sectores estratégicos, entre 2007 y 2015. El área era dirigida por el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue sentenciado por asociación ilícita.
Ambos son amigos desde hace muchos años y también son parientes políticos. Pablo Glas Rodríguez, primo del exvicepresidente, está casado con Mariella Salazar Maridueña, hermana de madre de Morán.
“Al ex vicepresidente Jorge Glas lo conozco desde hace mucho tiempo, ambos somos guayaquileños y compartimos algunas amistades, incluyendo un primo de él que está casado con una de mis hermanas. Tanto al ex Vicepresidente como al expresidente Rafael Correa les tengo mucha estimación y creo que trabajaron mucho en beneficio del país”, explica Morán al ser contactado por nosotros (aquí lea la entrevista completa)
Es la primera vez que responde a preguntas de la prensa, luego de haber dejado el gobierno de la llamada revolución ciudadana. Ahora es empresario y litigante. Está dedicado de lleno a su profesión de abogado y a gerenciar varias compañías. Posee el grupo empresarial de asesoría legal Bestlaw, con sede en Guayaquil, constituido en 2009, donde es el principal accionista. También es dueño de las firmas Explorercorp, dedicada a la construcción de obras civiles, que creó en 2012, y Morleon, que incursiona en negocios inmobiliarios desde 2010. Además mantiene inversiones en tres compañías más, según informes de la Superintendencia de Compañías.
Creó las compañías mientras fue parte de la administración de Correa. En 2007 debutó como secretario general del Fondo de Solidaridad, que entonces era presidido por Jorge Glas.
Tres años más tarde gerenció la empresa Hidropastaza. Entonces jugó un rol crucial en la negociación que permitió el retorno de Odebrecht, que había sido expulsada en 2008, tras las 257 fallas detectadas en la central hidroeléctrica San Francisco. Como consecuencia se iniciaron procesos judiciales contra los representantes de la empresa y otros funcionarios que participaron en el proyecto.
Morán confirmó que para negociar el regreso de Odebrecht se integró un equipo multidisciplinario de varias instituciones que trabajó por más de seis meses.
Los avances eran informados a Glas y a Correa, en coordinación con el exprocurador Diego García. También estuvo al tanto el entonces contralor, hoy prófugo en Miami, Carlos Pólit, enjuiciado por supuestamente recibir un soborno de 10 millones de dólares de la constructora. Más de la mitad del pago, según el exejecutivo brasileño José C. Santos, fue a cambio de desvanecer las glosas contra la constructora por el proyecto San Francisco, que ascendían a 80 millones de dólares.
Para tratar de encontrar un acuerdo, los representantes de Odebrecht se comunicaban con Glas, Morán y con otras autoridades. Buscaban que el gobierno interviniera para eliminar los juicios penales y civiles y las acciones de la Contraloría. Y lo lograron.
Morán pidió al entonces contralor Pólit que considerara eliminar las glosas contra Odebrecht en San Francisco, en julio de 2010.
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Los meses previos, Odebrecht a través de su poderoso representante José C. Santos Filho, hacía lobby en vano con las autoridades ecuatorianas. En febrero se dirigió al entonces ministro de Sectores Estratégicos, Galo Borja, para plantearle una tregua y la suspensión de los juicios. En su testimonio en el juicio contra Glas y su tío Ricardo Rivera –siete años más tarde-, Santos admitió que estaba golpeando las puertas equivocadas. Entonces, según su versión, el tío de Glas le contactó para ofrecerle ayuda a cambio de un pago.
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Las semanas siguientes el nudo se desató. En octubre de 2010, el Gobierno y Odebrecht firmaron un acta transaccional que dio por terminado el conflicto. Esencialmente Odebrecht se comprometió a reparar la central y pagar 20 millones de indemnización y el Gobierno, a través de Hidropastaza, a poner fin a todas las controversias. Días más tarde, Morán envió un oficio a la jueza primera de garantías penales de Tungurahua desistiendo de la acusación particular. Inicialmente, cuando enjuició a la empresa, el régimen exigía una reparación de 400 millones de dólares, con base en cálculos de los daños y el perjuicio por los días que no operó la central.
Un hecho insólito: la Fiscalía desistió de seguir con el juicio y el contralor extinguió las glosas. El pronunciamiento del entonces procurador Diego García se presta a varias interpretaciones. Deja abierta la posibilidad para que esos organismos sigan la investigación pero al mismo tiempo señala que el compromiso es terminar todas las controversias. Juzgue usted mismo y vea el informe adjunto.
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Morán destaca que con la firma del acta el Estado consiguió importantes beneficios (indemnización, reparación integral, equipamiento nuevo, garantías prolongadas). “Por otro lado, se ha hecho énfasis en determinar que nadie tenía derecho a exigir nada a cambio por el acuerdo. Si hicieron lo contrario, es precisamente lo que está siendo procesado por la Fiscalía”.
Este caso para la justicia no ha concluido. El fiscal Carlos Baca confirmó que aún investiga la participación de otros funcionarios públicos –cuyos nombres se mantienen en reserva- que habrían recibido 2 millones de dólares en coimas.
Tras su retorno al país, Odebrecht obtuvo jugosos contratos. La construcción hidroeléctrica Manduriacu, el proyecto de riego Daule Vinces, el acueducto La Esperanza y la preparación del terreno en la Refinería del Pacífico, y el poliducto Pascuales-Cuenca, la Ruta Viva y el Metro de Quito, se cuentan entre los más importantes. En la mayoría se detectaron irregularidades.
En Manduriacu, Ciro Morán volvió a negociar con Odebrecht. Como gerente de Ecuador Estratégico, el 31 de julio de 2014 adjudicó el contrato para la pavimentación de la vía Km 104, construcción del puente Gringo Pepe, y mantenimiento de la vía Chontal, por 17 millones de dólares.
Morán autorizó la contratación de las obras sin contar con estudios técnicos y legales aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Lo hizo pese a que un mes antes Víctor Hugo Jácome, gerente de Enernorte le informó que estaba tramitando las aprobaciones respectivas ante el MTOP. Por esa omisión, la construcción de la vía tuvo fallas que debieron ser enmendadas y significaron un incremento en los costos por 5,5 millones. Por esta razón, la Contraloría envió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de Morán, que aún no se ha formalizado en un proceso judicial.
Para Morán, la Fiscalía debe archivar el informe con indicios penales por improcedente: “En todo caso hemos acudido a dar nuestras explicaciones ante dicha entidad y lo haremos cuantas veces sean necesarias. Por cierto, de ese contrato al momento tengo entendido que existe una deuda con la contratista”.
Tras su paso por el sector público, Camilo Morán tuvo un importante crecimiento patrimonial. En su declaración de bienes del 2010, al inicio de su gestión en Hidropastaza, como bienes inmuebles incluyó un nicho en el camposanto Parque de la paz, valorado en USD 7 000 y dos cuentas bancarias con USD 4 500, respectivamente. Y dos inversiones en Estados Unidos en Statetrust Life, por USD 7 244. En total su patrimonio era de USD 68 764.
A su salida de Hidropastaza, en octubre del 2011, en sus cuentas bancarias tenía un saldo de USD 22 500, y sus inversiones llegaron a USD 11 288. Además contrajo un crédito hipotecario por USD 200 000 con la empresa Wadenjahr S.A. Su patrimonio llegó a 90 mil.
Al finalizar su paso por el sector público, en el 2015, Morán registró en sus cuentas un saldo de 17 430 dólares y realizó inversiones en Ecuador y Estados Unidos por USD 55 108 en ocho empresas: Explorercorp; Bestlaw; Morleon; Statetrust Life; Tonicorp; La Cumbre Forestal; La Vanguardia Forestal y Alicosta BK Holding.
Además registró una deuda por cobrar de 88 607 de Explorercorp. Declaró un solar en Samborondón, valorado en 143 016, y una deuda hipotecaria de 84 503. Su patrimonio, en cinco años en el sector público, se cuadruplicó: llegó a 297 555.
Según Morán, el incremento es gracias a los ingresos declarados todos los años al SRI; el mayor peso radica en la compra de un inmueble a crédito que, a medida que se va pagando, va incrementando el patrimonio. De hecho, en declaraciones anteriores al 2015, se puede verificar cómo, más bien, más alta era la deuda por dicho inmueble que el patrimonio.
Sobre sus acciones en varias empresas explica que son adquisiciones ínfimas, en función del capital social de esas firmas, las cuales venden a través de cualquier casa de valores. «En Morleon no poseo acciones, es una compañía de mis hijos constituida así por disposición de su abuela materna. Explorercorp fue una sociedad con terceros privados, que buscó diversificar los ingresos, pero el negocio fracasó y al momento está en proceso de cierre. Bestlaw S.A. sí es una empresa totalmente activa y dedicada a las labores jurídicas que son a las que me dedico todos los días».