En la capital rusa, uno de los zares de la Revolución Ciudadana concretó la firma del contrato para una obra emblemática: Toachi Pilatón.
“El Ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, ha invitado al Prefecto y al gerente a la firma del contrato en la ciudad de Moscú”, reseña una de las actas de Hidrotoapi, una de las contrapartes nacionales. Era fines de 2010. Por Ecuador, arribó una misión integrada por 25 funcionarios. Dos delegaciones más viajarían durante el año siguiente, 2011, por este mismo acuerdo.
InterRao, con sede en Moscú, sería la encargada de la parte electromecánica en la central hidroeléctrica. El montaje quedó en suspenso. La empresa china CWE asumió la ejecución de la obra civil tras la salida de Odebrecht; sin embargo, el proyecto presentó fallas técnicas por un diseño defectuoso. CWE tenía un historial de contratos en el Ecuador: había sido la contraparte de la Secretaría del Agua en el proyecto de control de inundaciones Naranjal. Ese acuerdo lo firmó en 2012 quien era Secretario en Senagua, Walter Solís.
Toachi Pilatón es un monumento al despilfarro. Aún no funciona, sus instalaciones están abandonadas. No genera un solo kilovatio de energía; pero sí causó un cortocircuito en el país. Fue el primer escándalo por un caso de soborno vinculado a un ex funcionario del gobierno de Rafael Correa. El ex ministro de Electricidad, Alecsey Mosquera, recibió –según documentos judiciales- un millón de dólares de la constructora brasileña como gratificación.
El lazo contractual entre Odebrecht y Toachi Pilatón tuvo el sello del correísmo, aunque el ex mandatario insistió en negarlo. “La contratación de Odebrecht se realizó en diciembre del 2007 por parte del Consejo Provincial de Pichincha”, según aseguró el expresidente en el enlace 520, en abril del 2017.
Sin embargo, el exgerente de la empresa Hidrotoapi, Byron Granda, explicó que el proceso contractual tuvo el apoyo de una comisión técnica constituida a instancias del Gobierno. En ella estaba Mosquera. Privado de su libertad, enfrenta un juicio por lavado de activos. Decidió acogerse al silencio. Según la acusación, el pago se realizó a través de un familiar suyo, y los recursos se destinaron a empresas privadas, Trueenergy, Tokio Traders, entre ellas.
La obra, a unos cien kilómetros de Quito, fue concesionada en 2003 a la firma argentina IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona). Un año más tarde, el Fondo de Solidaridad designó a Termopichincha para desarrollar el proyecto en conjunto. Luego apareció otro actor en escena: el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec). Entregó la concesión a Hidrotoapi, entidad creada por el Consejo Provincial de Pichincha. Para entonces ya había un acuerdo con Odebrecht. El memorando de entendimiento entre ambas fue firmado a mediados de febrero de 2006. Para la época, el prefecto era Ramiro González, hoy prófugo de la justicia ecuatoriana, por supuestas irregularidades en el manejo de la seguridad social. González dejó la prefectura, y por tanto dejó de ser presidente del directorio de Hidrotoapi, en julio de ese año. Le sucedió Gustavo Baroja en el cargo. El actual prefecto afirma que Toachi Pilatón es una de las obras más auditadas por los entes de control y la sociedad civil. La contratación de Odebrecht se concreta durante el gobierno de Rafael Correa, que a través de la comisión técnica conoció detalles de la negociación.
En febrero de 2008, IMPSA denunció fallas en el diseño (similares a las que aparecieron en la central San Francisco) y quedó relegada del consorcio. Así se rompió un acuerdo que tuvo un sello político, ya que Lula y Kirchner, mandatarios brasileño y argentino, habían firmado como testigos de la colaboración de sus países para el proyecto. Después, Odebrecht fue expulsada del país, tras los problemas en la central San Francisco. Llegaron la contratista china y la rusa, para obra civil y equipo electromecánico. Los documentos reflejan que la negociación de las condiciones contractuales estuvo a cargo del entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas. El financiamiento del proyecto es un capítulo aparte. El BIESS aportó más de 250 millones de dólares. En total, la hidroeléctrica costó cerca de 600 millones. Es una historia sin final feliz.
Documento Relacionado: Gobierno sí supo de contrato Toachi Pilatón