Las revelaciones periodísticas en torno al secuestro de Javier, Paúl y Efraín, de El Comercio, así como las permanentes protestas de sus familiares y amigos cambiaron el rumbo de la tesis fiscal en Ecuador, que ahora investiga los hechos desde una perspectiva de Derechos Humanos, y no solo como delitos comunes inconexos del  Frente Oliver Sinisterra. Además, la Fiscalía decidió investigar todos los casos de violencia en la frontera norte, que provocaron diez víctimas, como parte de un solo fenómeno. Esa también ha sido una recomendación del Equipo Especial de Seguimiento (ESE) de la CIDH.

Por Arturo Torres R.

“Voy a cerrar los ojos en voz baja / voy a meterme a tientas en el sueño / En este instante el odio no trabaja / para la muerte que es su pobre dueño / la voluntad suspende su latido / y yo me siento lejos, tan pequeño”. Marcó esos versos de Benedetti con resaltador amarillo. “Antología Poética” era su libro de cabecera. En esas páginas escribió sus propias reflexiones: “Este hombre me sorprende en cada frase, no puedo dejar de leerlo”.

El periodista ecuatoriano Javier Ortega no solo atesoraba el poemario. Tenía su propio sueño: publicar una novela. Ya había escrito, a manera de ensayo, su tesis de licenciatura en Periodismo sobre microtráfico y drogas. Tenía 31 años cumplidos y una carrera en ascenso. En la redacción del diario El Comercio investigó los temas de corrupción (caso Odebrecht en Ecuador) y cubrió la crisis de seguridad en la frontera norte. La ola de violencia se produjo por la reacción de los grupos disidentes de las FARC que, enraizados en ambos lados del límite territorial, se vinculan con carteles de la droga. Se negaron a dejar las armas y a firmar el acuerdo de paz; es más rentable seguir enviando los cargamentos de cocaína por la salida al Pacífico. La organización armada que surgió de las FARC provocó un estadillo que, en el lado ecuatoriano, causó diez muertes durante los primeros meses de 2018.

Vivió su propio calvario. Javier Ortega fue uno de los diez ecuatorianos asesinados en manos del Frente Oliver Sinisterra, FOS. Con Paúl Rivas y Efraín Segarra, integraba el equipo periodístico de diario El Comercio. Fueron secuestrados el lunes 26 de marzo de 2018, en la parroquia ecuatoriana de Mataje, provincia de Esmeraldas, en el límite con Colombia. Los tres murieron baleados con armas cortas el sábado 7 de abril: su cautiverio duró 13 días. Esa noche recibieron varios disparos, y sus cuerpos enterrados en un rincón de la selva colombiana.

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Semanas después, en junio de 2018, sus restos fueron encontrados en dos fosas, rodeadas por explosivos. El análisis forense, a cargo de autoridades colombianas, revelado por este portal, contradice la versión oficial sobre las circunstancias del asesinato. Más bien plantea contradicciones respecto a las versiones de testigos protegidos por la Fiscalía de Colombia, que dijeron que fueron ejecutados, mientras expertos forenses que revisaron las autopsias señalan que no hubo premeditación y que murieron mientras caminaban o corrían.

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Los periodistas integraban el grupo de relevo. El diario –al igual que otros medios nacionales- cubría con enviados especiales los efectos de la violencia en el poblado de Mataje, Esmerladas. Días antes, una patrulla de infantes de Marina había sufrido un atentado con un artefacto explosivo mientras vigilaba ese lugar. La detonación dejó cuatro víctimas. A partir del 20 de marzo, día del ataque a los marinos, varios reporteros buscaban llegar al sitio y cubrir la historia de esa población, abandonada por el Estado y amenazada por los tentáculos del narco. Solo dos equipos lograron entrar a la zona de fuego: los enviados por diario El Telégrafo, que llegaron el sábado 24 de marzo. Y los periodistas El Comercio, el lunes siguiente.

Javier, Paúl y Efraín fueron secuestrados por tres ecuatorianos, integrantes del frente armado Sinisterra. Luego de varios días de un desesperante silencio, pues inclusive a los familiares de los cautivos se les recomendó no hacer público el hecho, el Estado ecuatoriano anunció que negociaría y canjearía los rehenes por tres hombres de la organización narcodelictiva, detenidos el 12 de enero, en una casa de Mataje donde se hallaron armas y municiones.

La investigación periodística de este portal demostró que la decisión de canje fue tardía; que la anunciada negociación con los captores fue errática. Y que policías de ambos países realizaron incursiones desde el norte del Ecuador hacia la selva colombiana para neutralizar al líder del FOS, Walther Patricio Arizala Vernaza, Guacho. Estas acciones armadas al parecer desencadenaron la ejecución del periodista Javier Ortega; el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, en una noche lluviosa de sábado.

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Nuevo enfoque de la investigación fiscal

La investigación fiscal en Ecuador en torno al crimen de los tres periodistas dio un giro cuando se cumplió un año de su asesinato. La flamante fiscal general, Diana Salazar, anunció que todos los hechos relacionados con la crisis de la frontera norte se analizarían en su conjunto. Los expedientes fueron asignados a la Fiscalía de la Verdad. El 11 de abril Salazar recibió a los familiares de las víctimas y anunció que analizaría detenidamente el caso.

En el proceso relacionado con el crimen de los periodistas, la hipótesis de la investigación cambió: al analizar los hechos desde una perspectiva de Derechos Humanos, que estudia la Fiscalía de la Verdad, podría configurarse un caso de ejecución extrajudicial, o crimen de Estado, advierten juristas consultados. En el nuevo enfoque, se investigan además las acciones y omisiones de los agentes estatales como posibles desencadenantes de los crímenes. Especialmente relacionadas con la realización de operaciones combinadas entre las policías de Ecuador y Colombia para capturar al Guacho durante el secuestro de los periodistas. Bajo esta misma línea se indaga el secuestro y asesinato del soldado Wilson Ilaquiche, que está en manos de la fiscal María Belén Corrdedores, de la Comisión de la Verdad Nro 2; y los crímenes de la pareja Óscar Villacís y Katty Velasco, así como de cuatro marinos: el suboficial segundo Luis Mosquera Borja, el cabo primero Wilmer Álvarez Pimentel, el cabo segundo Jairon Sandoval Bajaña y el marinero Sergio Elaje Cedeño.

¿Cuál fue el detonante del cambio? La revelación periodística, que hizo este portal, sobre la cadena de negligencias desde el Estado ecuatoriano, que empezó mucho antes del secuestro. Arrancó con la crisis del sistema nacional de Inteligencia, que en vez de mapear a los grupos disidentes de las FARC como la principal amenaza a la seguridad, dirigió su artillería a perseguir opositores al proyecto político de la Revolución Ciudadana entre 2007 y 2017. La temida Senain se politizó para servir al Gobierno.

Fue en la administración de Correa, en esa década, cuando la presencia de los carteles de la droga se multiplicó en Ecuador. A inicios de su mandato, el entonces presidente Correa afirmaba que “la droga no es el principal problema ecuatoriano, sino norteamericano, porque se mueren más niños por diarrea que por droga”.

Por falta de coordinación entre las autoridades de Policía y Militares la zona roja de la frontera no fue cerrada al paso de civiles y periodistas, a inicios de 2018. “El cadáver lleva dos días en la calle, cubierto por una sábana. Nadie se atreve a recogerlo”. Así empieza la narración de un reporte que recoge la gravedad de la situación en el poblado fronterizo La Cadena, días antes de que fueran secuestrados Paúl, Javier y Efraín. A pesar de los hechos relatados, ninguna autoridad impidió la llegada de civiles.

La seguridad en los cantones esmeraldeños donde aumentaban los ataques de los irregulares, San Lorenzo y Eloy Alfaro, fue encargada desde inicios de marzo a un Mando Unificado, dirigido por un oficial de la Marina. Este oficial autorizó el paso de los dos equipos por el retén, hacia Mataje. Tanto los periodistas de El Telégrafo como los de El Comercio llegaron a la zona solo después de recibir su permiso.

El responsable del Mando Unificado aseguró a los periodistas de este portal que no estuvo al tanto del intercambio de mensajes entre el líder de los armados, Guacho, y un oficial de la Policía, el mayor Alejandro Zaldumbide. Guacho amenazó con matar a civiles, uniformados y cualquier extraño que apareciera en la zona que controlaba el frente armado.

Por una serie de cambios internos en el comando policial de San Lorenzo, que tiene jurisdiscción sobre Mataje, el uniformado a cargo era el mayor de Policía Zaldumbide. A mediados de enero de 2018 fueron capturados tres hombres de la organización narcodelictiva –Cuco, Tobón y Cuajiboy– en una casa donde escondían explosivos. Al día siguiente de la detención empezó el intercambio de mensajes: Guacho pedía que devolvieran a sus tres hombres.

A partir del 20 de febrero empezó un fluido diálogo por WhatsApp y a través de llamadas telefónicas entre el oficial y Guacho o su delegado, que se hacía llamar Andrés Sinisterra. En más de una decena de comunicaciones, el tono del interlocutor oficial del Estado ecuatoriano es condescendiente y advierte una voluntad por mantener negociaciones con la organización narcodelictiva. En varias ocasiones, el disidente pedía la presencia de un delegado en la zona. Las respuestas eran evasivas, pero denotaban la intención de ganar tiempo.

De la cadena de comunicaciones se desprende que el grupo criminal buscaba además la anulación del acuerdo de cooperación entre los estados de Ecuador y Colombia, que se firmó a mediados de febrero de 2018, luego de la explosión de un coche bomba en la parte posterior del cuartel de policía de San Lorenzo. El hecho, sin precedentes en Ecuador, ocurrió el último fin de semana de enero. No dejó víctimas pero sí una treintena de heridos y daños materiales. Ese atentado buscaba presionar a las autoridades ecuatorianas para dejar libres a los tres hombres de Guacho. El Estado ecuatoriano sabía desde enero cuál era la principal demanda del frente armado.

La respuesta ecuatoriana rompió la lógica de la década anterior, gobernada por Correa. En lugar de confrontar con el Estado colombiano, buscó una alianza y firmó el pacto de cooperación, que viabiliza el intercambio de datos de Inteligencia y la realización de operaciones conjuntas entre las policías de ambos países.

La participación de los Estados Unidos en este escenario no puede ser descartada. A los dos días del estallido en el cuartel policial, el FBI envió al experto en explosivos Christopher Rigopoulos. El día en que ocurrió el secuestro visitaban Ecuador el teniente general Joseph Disalvo, subcomandante Militar, y la embajadora Liliana Ayalde, asesora de Política Exterior del Comando Sur de los Estados Unidos. Según informes de Cancillería, “Visitaron el país para reunirse con actores del sector seguridad a fin de definir áreas de cooperación dentro de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Ecuador”.

Las razones del desenlace

Si bien existía una línea de comunicación fluida entre el frente Sinisterra y un mayor de la Policía ecuatoriana, cuando se produjo el secuestro el Estado ecuatoriano integró un comité de crisis. Además delegó la negociación a un interlocutor, función que en la práctica asumieron tres personas, un representante del Ministerio del Interior y dos oficiales de la Unidad Antisecuestros de la Policía.

Cuando el negociador oficial ecuatoriano (al que Guacho llamaba “doctor Maldonado”) empezó formalmente los diálogos para conseguir la liberación de los rehenes, demostró absoluto desconocimiento de las demandas del grupo armado.

Una semana después del secuestro, los captores enviaron a la prensa colombiana un video que muestra a los rehenes encadenados entre sí. Solo después de que estas imágenes se hicieran públicas el Gobierno anunció que “Haría todo por traerlos con vida”. La decisión para el canje de los tres rehenes se adoptó oficialmente el lunes 9 de abril de 2018. Esto ocurrió dos días después de que fueran asesinados, en la selva colombiana.

A fines de marzo de 2019, este portal reveló la primera prueba de vida de los rehenes. Es un video casero, filmado con celular, en el cual Javier hace público que están en manos de las FARC de Colombia y advierte que sus vidas están en manos del Gobierno ecuatoriano. Estas primeras imágenes fueron ocultadas, hasta que la investigación periodística las sacó a la luz.

La investigación reveló que hubo operaciones conjuntas por parte de uniformados de Colombia y Ecuador, para incursionar en la selva colombiana desde el norte del territorio ecuatoriano. Este hallazgo periodístico se sustenta en pruebas documentales obtenidas en Colombia, el testimonio de un disidente entrevistado en la cárcel de Combita, un informe de inteligencia ecuatoriana y las versiones de media docena de policías ecuatorianos entrevistados. A partir de sus declaraciones, se establece que las operaciones conjuntas pudieron desencadenar el asesinato de los rehenes. Este hallazgo periodístico dejó sin piso la narrativa oficial, según la cual durante el cautiverio se suspendieron acciones armadas que pusieran en peligro la vida de los secuestrados.

Cinco días después de que se confirmara la muerte del equipo periodístico de El Comercio, el 17 de abril, el gobierno informó que Óscar Villacís y Katty Velasco habían sido secuestrados por narcoterroristas del Frente Oliver Sinisterra, en la población colombiana de Puerto Rico. Horas después, el presidente Lenín Moreno anunció a sus ministros y otras autoridades en una reunión reservada del Cosepe que su gobierno ya no negociaría la liberación de ningún plagiado con los disidentes. Así selló su suerte y fijó la política de cero tolerancia con los grupos residuales. La pareja fue retenida apenas había pasado al lado colombiano en una moto. Las razones del viaje aún no han sido esclarecidas. Su familia y abogado impulsan una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado.    

Por: María Belén Arroyo

En cadena nacional, un video transmitía el angustioso mensaje de un hombre joven, con las manos y el cuello atados. A su lado, cabizbaja, una muchacha delgada de apariencia frágil aparece, silenciosa. Una luz a punto de extinguirse. La imagen muestra a personas fuertemente armadas, detrás de los secuestrados. Era el martes 17 de abril de 2018. Poco después de las seis de la mañana.

“Señor Presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano, que no nos pase lo que les pasó a los periodistas. Nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador. Nosotros no tenemos nada que ver en esto, por favor señor Presidente, déles lo que ellos quieran, nosotros simplemente somos ciudadanos del Ecuador, no tenemos nada que ver en este problema… Por favor señor Presidente, dénos la mano, usted también es padre, ayúdenos”.

Tres horas después, el Gobierno ecuatoriano difundía a través de un comunicado oficial la identidad de los rehenes.
“Luego de las respectivas investigaciones se ha procedido a identificar a la pareja que fue secuestrada por alias Guacho: Óscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vannesa Velasco Pinargote.

Sus familiares se encuentran este momento bajo cuidado del Comando de Policía de Santo Domingo de los Tsáchilas”.

Las hermanas de ambos secuestrados denunciaron el hecho ante la Fiscalía de Colombia, ese día. Ana María Velasco, hermana de Katty, relató que una semana antes, el martes 10 de abril a las diez y media de la noche, la vio doblando su ropa para viajar hacia Esmeraldas.

“Iba a acompañar a su marido a cobrar un dinero y después a pasear”.
El miércoles 11, al atardecer, Katty envió un mensaje a su mamá:
“Mami ya llegamos, estamos bien, no se preocupe”.

La última imagen que subió en el celular la muestra en la piscina de un hotel, con su pareja. Su hermana le escribió para averiguar cómo estaba, pero como única respuesta recibió una palabra: Hola. Supuso que no podía escribir ese momento, por lo que le envió un saludo por audio, preguntándole cómo estaba y cuándo volvería. “Sí”, fue el desconcertante mensaje de vuelta.
Katty ya no volvió a comunicarse.

En cambio, Delia Zulay, hermana de Óscar, contó que la mañana de miércoles 11, temprano, él le llamó para pedirle dinero prestado porque iba a viajar a Esmeraldas de paseo.

“Al regreso iba a ir a San Lorenzo a comprar unos zapatos porque eran más baratos y buenos. Le advertí del peligro que corrían por lo que había pasado con los periodistas, me dijo que no pasa nada, que ellos se habían metido muy adentro, por eso les habían cogido; (me aseguró que) nosotros solo cruzamos y regresamos”.

La tarde del jueves 12 de abril, Óscar chateó con un vecino de su barrio, a quien le dejó entender que la moto en que viajaron –de colores negro y rojo- le estaba dando problemas mecánicos.

Le preguntó si ya volvía a Santo Domingo de los Tsáchilas. Cuando le comentó que estaba en San Lorenzo, le averiguó si estaba “camellando”. “Sisas compa”, fue lo que respondió. El interlocutor le consultó cuándo tenía previsto regresar a su casa. Este texto lo envió antes de las 7 de la noche. Ya no tuvo respuesta.

En las primeras horas de ese jueves 13 de abril, Óscar reinició el contacto con su vecino y amigo, pero en un tono vago y evasivo. Solo dijo, con palabras abreviadas, que se encontraba bien.

Cuando Ana María se enteró del secuestro en los noticieros, facilitó el registro de la habitación que Katty compartía con Óscar en Santo Domingo.
Encontraron el registro de la compra de un carro marca Nissan modelo Tida, “Color dorado, del cual no conocía su existencia, así mismo en este contrato constaba un número celular del señor Óscar Villacís”.

Eran jóvenes, no hacía mucho tiempo habían formado una pareja juntos. Ambos tenían hijos por criar; él dos y ella una. Eran uno de los soportes económicos en sus familias.

La fatalidad de su destino quedó unida, en un lazo de sangre, con la tragedia de los periodistas. Óscar y Katty fueron secuestrados por integrantes del Frente Oliver Sinisterrra (FOS) casi al mismo tiempo que circulaban imágenes de los cuerpos de los tres miembros del equipo de diario El Comercio.

Desde el inicio, sus familiares temían un desenlace violento. Especialmente, cuando vieron en una canal de TV una entrevista de César Navas, que era el ministro del Interior por esos días.

“Pude visualizar que el funcionario indicaba ‘que no iba a existir negociación, porque si tenían que enfrentarse como Estado lo iban a hacer’, por lo que me temo que no vayan a hacer nada por ellos; pido que por favor se apiaden de mi hermano, de ambos”, escribió la hermana de Óscar, en su denuncia ante la Fiscalía de Colombia.

El viernes 20 de abril, mientras investigadores de ese país analizaban escuchas telefónicas de posibles colaboradores del Frente Oliver Sinisterra, interceptaron este mensaje: a la pareja de ecuatorianos secuestrados la tenían en permanente movimiento y analizaban la posibilidad de acabar con sus vidas, pero pedían instrucciones al respecto.

En diálogos durante los días siguientes, que fueron interceptados por la justicia colombiana, la gente cercana a Guacho mencionaba que los cuerpos de los periodistas de diario El Comercio habían sido entregados el 25 de abril a un miembro de frente, El Negro.

Las autoridades colombianas que monitoreaban esas llamadas también se enteraron de los apellidos de tres colaboradores del frente narcoterrorista en el Estado: servidores públicos que recibían prebendas, a cambio de dar aviso oportuno frente a operativos de la fuerza pública, y de dar facilidades al paso de narcóticos.

El 30 de abril, la Unidad Antisecuestros de la Policía del Ecuador, Unase, revisó un comunicado, de 8 puntos, firmado por la Dirección del Frente Oliver Sinisterra de las FARC-EP.

“Solicitamos la liberación de las personas retenidas en Ecuador y Colombia, guerrilleros, milicianos, civiles, hacer un corredor humanitario en la frontera ecuatoriana para poder hacer entrega de los periodistas y los dos retenidos, miembros de la Inteligencia Ecuatoriana”.

A partir de su secuestro, Óscar y Katty eran considerados canjeables para el grupo narcoterrorista. Que las autoridades dejaron a su suerte a Óscar y Katty se desprende de la entrevista que también nos dio el exministro del Interior, César Navas. Consultado frente al secuestro de la pareja, y la decisión de no negociar, dijo: “Así es, hubo un giro, porque sí quisimos negociar y de repente nos asesinan a nuestros compatriotas, lo más posible es que venían con un nuevo chantaje con la pareja. Ya no había condiciones para negociar”.

El cambio del gobierno frente a las demandas del FOS ocurrió el 17 de abril, horas después de que se conociera que Óscar y Katty estaban secuestrados. En la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) el presidente Lenín Moreno dejó sentada su posición de ya no negociar.

“En primer lugar, porque estamos tratando de una persona que no cumple los compromisos, independientemente de que, además, es un criminal y un narcotraficante, es un asesino. Nosotros habíamos cumplido a cabalidad todos los compromisos que habíamos acordado, entre esos la desmovilización de las tropas temporalmente y, entre esos, pues, acelerar los procesos judiciales.
“Estábamos a punto, casualmente el día de hoy, de tener todos los elementos en orden como para poder liberarlos. Lo cual ya entiendo que a más de uno ya les causaba mucho escozor y a mí también. Porque a los que estaban liberando eran criminales de la misma calaña. Sin embargo, en virtud de la vida, del derecho a la vida de los compañeros periodistas, nosotros estábamos dispuestos como lo manifesté a hacer cualquier tipo de sacrificio, pero no cumplieron (…).
“Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación. Pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad, de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una… o de unas pocas o algunas personas. Con todo respeto a la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso (…)”.

Esta reveladora grabación, que hoy difundimos, evidencia que las primeras horas del plagio, los trabajadores de El Comercio no estaban encadenados: Javier Ortega, periodista, dice en la filmación que los trataban bien, pero que su liberación estaba en manos del presidente Lenín Moreno. El segundo video –que se conoció a través de la televisión colombiana- fue captado el lunes 2 de abril. La condición física y emocional de los tres rehenes se había deteriorado aceleradamente. En el curso de las primeras 48 horas iban a ser liberados, pero las operaciones conjuntas de las policías de ambas naciones frustraron el plan. Las imágenes muestran a los rehenes esperando salir de la selva. Esto no ocurrió. Por el contrario, las condiciones de su cautiverio se endurecieron.

Por Arturo Torres y María Belén Arroyo

Un año después del secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio, aparece una conmovedora y reveladora evidencia. Es un video -hasta ahora inédito- enviado como la primera prueba de vida de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, a pocas horas de ser capturados en Mataje, por Guacho, cabecilla del frente narcoterrorista Oliver Sinisterra.

En la filmación los tres trabajadores de El Comercio se ven preocupados, molestos e impacientes. No obstante, están relativamente calmados. Nada permite presagiar la angustia que vivirían durante casi dos semanas en manos de los disidentes, hasta su muerte, que casi con certeza ocurrió el sábado 7 de abril de 2018.

Esta primera grabación casera no fue entregada por las autoridades del Gobierno a los familiares. A algunos de ellos, una persona que participaba en las reuniones del Comité de Crisis, integrado para negociar la liberación, les mostró informalmente un fragmento del video en una pantalla de celular. Esto ocurrió el 29 de marzo, luego de que se desmintiera desde el Gobierno ecuatoriano la noticia de la liberación, el 28 de marzo, publicada por diario El Tiempo, de Colombia.

«Para nosotros, la del 29 de marzo fue realmente la primera reunión del Comité, luego de insistirle al ministro Navas que integrara el organismo y empezara a actuar.  Cuando se difundió la noticia de la liberación, nos citaron la mañana siguiente al centro de emergencias ECU-911 y nos mostraron parte del video tratando de calmarnos», recuerda Yadira Aguagallo, pareja de Paúl.

En esa cita también les pidieron a los parientes de los rehenes que no proporcionaran detalles a la prensa. Ese mismo día, las autoridades acudieron a la Asamblea, a la Comisión de Seguridad.  Mantuvieron una reunión de carácter reservado. No obstante, luego el legislador Fabricio Villamar declaró que pudieron ver una filmación, en la que aparecen los tres rehenes en medio de un lugar con vegetación.

El video lo recibió el mayor de policía Alejandro Zaldumbide, quien desde hace varias semanas  mantenía contacto telefónico con el líder del frente, Guacho.

La filmación dura un minuto y 20 segundos. La toma está captada en una finca selvática despejada, al parecer antes del mediodía. El primero en intervenir en la escena inicial es Paúl Rivas, quien le pide a la persona que filma con su celular que se aproxime para que se pueda escuchar con claridad el mensaje que está por transmitir el periodista Javier Ortega.

“Bueno, estamos con Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega, quien les habla; estamos en calidad de retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Llegamos el lunes, nos detuvieron aquí este día lunes 26 de marzo; nos han tratado bien, estamos bien, para quien escuche este mensaje, y ahorita solo estamos en manos del presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Ellos simplemente están negociando, no nos han hecho daño, pero obviamente la condición es que el Gobierno ecuatoriano acepte su pedido para nosotros también poder salir tranquilos, sanos y salvos. El mensaje es que ahorita estamos en manos del Gobierno ecuatoriano”.

Hasta ahora, solo se conocía  el contenido del chat que el disidente mantenía con el Policía. La tarde del último lunes de marzo de 2018, Guacho escribió al oficial:

“Hola hola… Tengo tres personas retenidas ecuatorianas, dos periodistas de Quito y el chofer. En sus manos está la vida de esas personas. Hola hola, qué más cuenta. En diez minutos téngame respuesta o desaparecerán esos señores”.
-“Saludos Guacho, buenas tardes. ¿Te puedo llamar?”
-“Usted sabe, no recibo llamadas”.
-“Me gustaría hablar contigo”.
-“En esos minutos no tiene respuesta clara, día a día van a tener bajas, como militares y civiles, ustedes provocaron. Chaooo pues”.

En el vídeo, el más alto del grupo, Paúl, aparece con una camiseta café y una gorra en su mano izquierda. En el centro, Javier el más joven, con camisa celeste. A la derecha, Efraín, el mayor del grupo, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Aunque no lucen cadenas ni tienen las manos amarradas, ya habían perdido la libertad para moverse.

Aún no hemos podido esclarecer con certeza si el vídeo fue enviado a Zaldumbide el lunes 26 o al día siguiente. No obstante, en los primeros mensajes Guacho menciona al oficial de la Policía que le envía un video. La primera prueba de vida se mantuvo oculta durante un año, hasta su revelación en este portal. «Esto constituye una evidencia del ocultamiento de información por parte de las autoridades», advirtieron familiares de los secuestrados. La posible razón: analistas de Inteligencia que consultamos, que pidieron no ser identificados, estiman que sería la evidencia de que el secuestro ocurrió en la mañana del 26 de marzo, lo que confirma que esto pasó en Mataje, en el lado ecuatoriano de la frontera. Por casi un año, la Fiscalía ecuatoriana insistió en la teoría de que los rehenes fueron capturados en Colombia, a donde viajaron voluntariamente para entrevistar a Guacho. La revelación periodística dejó sin piso la tesis fiscal.

Tres ecuatorianos los secuestraron

Ese lunes el equipo de El Comercio pasó a las 09h03 por el retén de la Marina. Tenía la autorización del comandante John Merlo, a cargo del Mando Unificado que estaba en control de los dos cantones conflictivos de Esmeraldas: San Lorenzo y Eloy Alfaro.

Minutos después, Javier, Paúl y Efraín llegaron a Mataje Nuevo, que estaba semidesierto. Empezaron a circular por las calles. Mientras se dirigían hacia Mataje Viejo fueron interceptados por tres ecuatorianos, que les apuntaron con armas de fuego y los obligaron a bajarse de la camioneta, según el testimonio de Gustavo Angulo, Cherry.

Los abordaron los ecuatorianos Roberto, Christian y Andy, cumpliendo instrucciones de Guacho. Él había ordenado matar ‘cualquier equipo de periodistas, vendedores ambulantes o investigadores’ que aparecieran por el sector. Por esos días ya había advertido a través del chat con el mayor Zaldumbide que mataría a civiles extraños.

Roberto -cuyo verdadero nombre es Jesús Segura- llamó a Cherry, quien estaba en Brisas de Mataje, en Colombia para preguntarle qué hacer con ellos. A su vez, Cherry contactó a Guacho y le consultó si los debía ‘pelar’. El jefe disidente decidió que los llevaran al lado colombiano, donde él se encontraba en un lugar cercano. Esto ocurrió antes de las 10h00 de ese lunes, según el testimonio.

Uno de los tres captores les pidió no resistirse porque solamente les iban a llevar al lado colombiano para que pudieran entrevistar a Guacho. Con engaños, intentaban que Javier, Paúl y Efraín mantuvieran la calma y no opusieran resistencia. Al menos los dos primeros días permanecieron con Guacho. Este afroecuatoriano, nacido en 1989, se vinculó en su adolescencia a la guerrilla de las FARC y a partir de 2016 lideró el frente Oliver Sinisterra, relacionado con carteles de la droga mexicanos.

Zozobra y miedo de los familiares

Los familiares del equipo tenían sospechas de que algo grave pasaba: no se habían comunicado desde la mañana. El celular de Yadira Aguagallo, pareja de Paúl, sonó. Le informaban de la redacción del diario capitalino que debía acudir al ECU-911, a una reunión.

Temprano en la mañana ella se había comunicado con él, antes de su paso a Mataje. Luego intentó contactarlo infructuosamente para preguntarle si había logrado fotografiar la explosión de una tanqueta militar.

Antes de oscurecer, el director de la DGI, general Pablo Aguirre, se reunió con el ministro del Interior, César Navas para comentarle la información que había recibido del mayor Zaldumbide. A las 18h30 estaba confirmado el dato de que se trataba de equipo de El Comercio. Entonces Navas decidió integrar, con el aval del Presidente, un comité de crisis, compuesto por 18 funcionarios y los representantes de los familiares del equipo de El Comercio.

Desconcertados, los familiares de los tres plagiados, entre ellos, Galo Ortega, Christian Segarra y Yadira Aguagallo, llegaron esa noche a las instalaciones del ECU-911.

A los familiares no les dijeron que el responsable del secuestro era Guacho, quien venía chateando con Zaldumbide desde el 13 de enero de 2018. Solo recibieron una indicación muy puntual: no hacer públicos los nombres de sus seres queridos, para no poner en riesgo sus vidas.

A las 48 horas del secuestro iban a liberarlos

En el curso de las primeras 48 horas de su cautiverio, Javier, Paúl y Efraín esperaban ser liberados, por eso permanecieron en un caserío cercano al fronterizo río Mataje. Como evidencia de su localización, accedimos a una serie de imágenes calóricas captadas por un aparato aéreo que sobrevoló la zona, entre el 27 y 28 de marzo. Estas fotografías fueron difundidas por primera vez en el libro Rehenes.

Las imágenes en blanco y negro  son desconcertantes. Muestran las siluetas de tres personas -sentadas, juntas e inmóviles- en medio de la madrugada, en espera. No tienen cadenas ni están atadas.

La huella calórica fue captada desde el aire por un aparato de espionaje electrónico, que sobrevolaba la zona y que cubrió un radio de dos kilómetros a la redonda, tomando como referencia Mataje Nuevo, Mataje Viejo y Las Delicias, en el límite fronterizo.

Según analistas de Inteligencia, a quienes consultamos, estas imágenes correspondían a Javier, Paúl y Efraín, secuestrados dos días antes en Ecuador.

El 28 de marzo, a las 03h27, la cámara también captó otras tomas: muestran tres anillos de seguridad formados por hombres armados, en actitud de vigilancia de las tres personas. Otras siluetas térmicas se ocultan entre la maleza, en vigilia. A menos de 300 metros de distancia hay una casa, donde también se observan varias figuras. En las inmediaciones aparecen carpas.

El aparato realizó varios sobrevuelos durante unos 40 minutos hasta tener un perímetro estable de observación; descendió hasta 450 metros de altura. Detectó movimientos de personas, dos kilómetros a la redonda.

Dieciocho horas después de haberse registrado esas imágenes, exactamente a las 21h25, diario El Tiempo de Bogotá publicó una noticia esperanzadora. Una fuente militar de alto nivel le confirmó a una periodista de ese medio que los dos comunicadores y el conductor habían sido liberados.

Por esos días, algunos miembros del comité de crisis en Ecuador dijeron desconocer de la supuesta liberación y desmintieron el artículo de El Tiempo. Pero el exministro César Navas confirmó a los periodistas de este portal, autores Del libro “Rehenes”, que sí recibieron datos fidedignos sobre el fin del cautiverio.

Por ese motivo, el Gobierno preparó una rueda de prensa en la Secretaría de Comunicación, movilizó helicópteros y coordinó el desplazamiento del fiscal Christian Rivadeneira a San Lorenzo para que recibiera a los periodistas y al conductor.

Rivadeneira ratificó que estuvo varias horas esperando en el Batallón de Infantería de Marina San Lorenzo (BIMLOR) para la liberación, luego se planeaba trasladarlos por vía aérea al aeropuerto de Tachina, en Esmeraldas, y posteriormente a Quito.

“Por fuentes de Inteligencia en la zona se decía que los van a liberar. El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, habló con el ministro ecuatoriano, Patricio Zambrano; por eso incluso se preparó un equipo para los traslados y los chequeos médicos. También hablamos con la Secretaría de Comunicación (Secom), ellos tenían todo preparado para hacer un anuncio formal al país. Entonces, nos sorprendió la llamada del Ministro de Defensa de Colombia, diciendo que ya estaban liberados. A él, esa información le comunicaron altos mando militares y se enteraron por informantes. Pero eso nunca ocurrió”.

¿Por qué entonces no se concretó la liberación? “No lo sabemos, solo nos dijeron que de un momento a otro los habían movido de la zona. Con esa información preliminar incluso movilizamos aviones y helicópteros. Yo hablé con el Presidente sobre la posibilidad de liberación”.

Pese a que estos hechos fueron confirmados por la principal autoridad que estuvo al frente del Comité de Crisis, las Fiscalías de Ecuador y de Colombia no han profundizado en esta línea investigativa para conocer porqué no los liberaron.

La respuesta nos la dio Jesús Vargas Cuajiboy, conocido como Reinel, uno de los comandantes del frente Sinisterra. En una entrevista, Reinel, que está detenido en Colombia, respondió que Guacho sí iba a liberar a los tres ecuatorianos. Pero esta intención se frustró,  “Por las operaciones que hacían la policía y los militares, había falta de seguridad”. Las acciones armadas se realizaron en Colombia, según nos explicó.

Tras esa frustrada liberación, los secuestradores se adentraron en la selva de Nariño y recorrieron caseríos, esteros y ríos. Movían constantemente a los rehenes, precisamente porque había operaciones militares en Colombia y barridos desde Ecuador, coordinadas entre policías de ambos países. El objetivo era ubicar a Guacho y abatirlo.

Sin embargo, según el discurso oficial, los gobiernos de ambos países habían suspendido operaciones en la selva colombiana para no poner en peligro la vida de los rehenes.

Según las autoridades colombianas, Guacho habría sido abatido por fuerzas de ese país, en diciembre de 2018, junto con el segundo de la organización, Pitufo.

Fue una travesía incierta y solitaria, en medio de engaños y dilaciones. El 20 de febrero, los familiares del soldado ecuatoriano Wlson Ilaquiche encontraron sus restos en el Departamento Legal de Tumaco, en Colombia. Sus parientes lo buscaron sin descanso durante diez meses. El cabo segundo fue secuestrado el 12 de mayo del 2018 en el poblado fronterizo de Tobar Donoso, por colaboradores del Frente Oliver Sinisterra. Según el certificado de defunción fue asesinado con varios disparos. Sus familiares revelan por primera vez su dolorosa búsqueda y los engaños que sufrieron de las autoridades de la Fiscalía y la Policía, que les pidieron guardar silencio sobre la cadena de negligencias y tergiversaciones.

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Siete militares activos y un funcionario del Ministerio de Defensa, así como seis civiles más, eran los principales eslabones de la cadena que servía para supuestamente abastecer de municiones y armas al grupo de Guacho que sembró terror en la frontera norte, desde enero pasado. Varias unidades de la Policía encabezaron las operaciones reservadas con la Fiscalía y allanaron siete dependencias militares, incluida la Comandancia General del Ejército. La investigación tomó nueves meses en cinco provincias. El ministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, detalló que hasta el momento solo se ha detectado la sustracción  de munciones.

Arturo Torres R.

Era un secreto a voces que tomó cuerpo en julio de este año, a partir del revelador testimonio de un disidente de la organización narcoterrorista del Guacho. La red de abastecimiento del Frente Oliver Sinisterra se aprovisiona del arsenal de Fuerzas Armadas, a través de la colaboración de uniformados ecuatorianos y civiles, incluido un funcionario del Ministerio de Defensa.

Un operativo sorpresa a primeras horas de hoy miércoles 17 de octubre, denominado Camaleón, y realizado simultáneamente en Esmeraldas, Santo Domingo, Loja, Pichincha y Guayas, capturó a los principales miembros de la estructura.

En la operación se detuvo a Leonardo M., a quien se identificó como el vínculo entre los miembros del grupo de Guacho y “militares en servicio, activo, pasivo y civiles encargados de conseguir municiones”, según el informe de la investigación, encabezada por la Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ).

Las actividades de inteligencia detectaron que una mujer, de apellido Quiñónez, es la encargada de la parte financiera y del suministro del arsenal. A través de Leonardo M. y de otro ciudadano, de apellido Angulo, hacían contacto con militares en servicio activo. Ellos recolectaban el arsenal y lo entregaban a tres miembros del frente Oliver Solarte, identificados hasta ahora con sus alias, David, don Plaza y Pata. El sitio de enlace era Borbón, en Esmeraldas. Luego el material se llevaba a Colombia.

La investigación estuvo a cargo de varias unidades policiales, y puso bajo la lupa de Inteligencia a militares en servicio activo y pasivo. Los resultados fueron expuestos el miércoles por la Ministra del Interior, María Paula Romo, ante la prensa.

Siete militares en servicio activo y un funcionario civil del Ministerio de Defensa fueron detenidos en la operación Camaleón. Además, seis civiles que apoyaban al frente delictivo de Guacho.

Los involucrados vendían el arsenal a los narcoterroristas, que vestían uniforme como una fachada.

Como antecedentes, a fines de julio, la Policía capturó en el operativo Borbón I material explosivo: 275 Cartuchos calibre 16, 146 cartuchos calibre 38 largo, 150 cartuchos calibre 38 corto, 1000 fulminantes, 21/2 libras de perdigones, 180 fulminantes para dinamita, 60 tacos de dinamita, 6m de mecha lenta, 20 gramos de pólvora. Dos personas, hoy detenidas, almacenaban el arsenal en un local comercial.

En Esmeraldas, la Fiscalía formuló cargos contra 13 involucrados, acusados de delincuencia organizada y tráfico de armamento.

En septiembre, un ciudadano ingresó en el cuartel Cabo Minacho de Loja, y se embarcó en un bus hacia Cuenca: llevaba 5.040 municiones calibre 5,56 mm en una maleta.

En octubre, a la salida de Quinindé, se encontró en un taxi Kia Río, de color amarillo, un cargamento de dos quintales de arroz, que en realidad escondían 2.500 municiones, calibre 9 mm. Cinco personas fueron detenidas y se identificó que el arsenal iba para el grupo de Guacho.

Los militares en servicio activo acopiaban el material bélico. Con la ayuda del funcionario civil del Ministerio de Defensa, quien era Analista de Información 2 en esa cartera de Estado, manipulaban el sistema de inventarios logísticos de las Fuerzas Armadas.

De esta manera, se confirma que las municiones, y explosivos en poder del frente disidente Oliver Sinisterra provenían del arsenal del Ejército ecuatoriano.

La organización narcoterrorista empezó a sembrar el terror en ambos lados de la frontera, a partir de fines de enero de este año. La detonación de un coche bomba en el cuartel de policía en San Lorenzo fue el primero de sus actos de violencia. Posteriormente hubo, al menos, siete incidentes de magnitud, entre ellos, la explosión de un tanque en Mataje que cobró la vida de cuatro marinos.

El momento más trágico en esta escalada de violencia fue la captura, secuestro y muerte de tres periodistas de diario El Comercio, por parte del grupo de Guacho. Además, dos civiles –Óscar Villacís y Katty Velasco- fueron retenidos en Puerto Rico y asesinados luego de torturas.