Las revelaciones periodísticas en torno al secuestro de Javier, Paúl y Efraín, de El Comercio, así como las permanentes protestas de sus familiares y amigos cambiaron el rumbo de la tesis fiscal en Ecuador, que ahora investiga los hechos desde una perspectiva de Derechos Humanos, y no solo como delitos comunes inconexos del Frente Oliver Sinisterra. Además, la Fiscalía decidió investigar todos los casos de violencia en la frontera norte, que provocaron diez víctimas, como parte de un solo fenómeno. Esa también ha sido una recomendación del Equipo Especial de Seguimiento (ESE) de la CIDH.
Por Arturo Torres R.
“Voy a cerrar los ojos en voz baja / voy a meterme a tientas en el sueño / En este instante el odio no trabaja / para la muerte que es su pobre dueño / la voluntad suspende su latido / y yo me siento lejos, tan pequeño”. Marcó esos versos de Benedetti con resaltador amarillo. “Antología Poética” era su libro de cabecera. En esas páginas escribió sus propias reflexiones: “Este hombre me sorprende en cada frase, no puedo dejar de leerlo”.
El periodista ecuatoriano Javier Ortega no solo atesoraba el poemario. Tenía su propio sueño: publicar una novela. Ya había escrito, a manera de ensayo, su tesis de licenciatura en Periodismo sobre microtráfico y drogas. Tenía 31 años cumplidos y una carrera en ascenso. En la redacción del diario El Comercio investigó los temas de corrupción (caso Odebrecht en Ecuador) y cubrió la crisis de seguridad en la frontera norte. La ola de violencia se produjo por la reacción de los grupos disidentes de las FARC que, enraizados en ambos lados del límite territorial, se vinculan con carteles de la droga. Se negaron a dejar las armas y a firmar el acuerdo de paz; es más rentable seguir enviando los cargamentos de cocaína por la salida al Pacífico. La organización armada que surgió de las FARC provocó un estadillo que, en el lado ecuatoriano, causó diez muertes durante los primeros meses de 2018.
Vivió su propio calvario. Javier Ortega fue uno de los diez ecuatorianos asesinados en manos del Frente Oliver Sinisterra, FOS. Con Paúl Rivas y Efraín Segarra, integraba el equipo periodístico de diario El Comercio. Fueron secuestrados el lunes 26 de marzo de 2018, en la parroquia ecuatoriana de Mataje, provincia de Esmeraldas, en el límite con Colombia. Los tres murieron baleados con armas cortas el sábado 7 de abril: su cautiverio duró 13 días. Esa noche recibieron varios disparos, y sus cuerpos enterrados en un rincón de la selva colombiana.
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Semanas después, en junio de 2018, sus restos fueron encontrados en dos fosas, rodeadas por explosivos. El análisis forense, a cargo de autoridades colombianas, revelado por este portal, contradice la versión oficial sobre las circunstancias del asesinato. Más bien plantea contradicciones respecto a las versiones de testigos protegidos por la Fiscalía de Colombia, que dijeron que fueron ejecutados, mientras expertos forenses que revisaron las autopsias señalan que no hubo premeditación y que murieron mientras caminaban o corrían.
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Los periodistas integraban el grupo de relevo. El diario –al igual que otros medios nacionales- cubría con enviados especiales los efectos de la violencia en el poblado de Mataje, Esmerladas. Días antes, una patrulla de infantes de Marina había sufrido un atentado con un artefacto explosivo mientras vigilaba ese lugar. La detonación dejó cuatro víctimas. A partir del 20 de marzo, día del ataque a los marinos, varios reporteros buscaban llegar al sitio y cubrir la historia de esa población, abandonada por el Estado y amenazada por los tentáculos del narco. Solo dos equipos lograron entrar a la zona de fuego: los enviados por diario El Telégrafo, que llegaron el sábado 24 de marzo. Y los periodistas El Comercio, el lunes siguiente.
Javier, Paúl y Efraín fueron secuestrados por tres ecuatorianos, integrantes del frente armado Sinisterra. Luego de varios días de un desesperante silencio, pues inclusive a los familiares de los cautivos se les recomendó no hacer público el hecho, el Estado ecuatoriano anunció que negociaría y canjearía los rehenes por tres hombres de la organización narcodelictiva, detenidos el 12 de enero, en una casa de Mataje donde se hallaron armas y municiones.
La investigación periodística de este portal demostró que la decisión de canje fue tardía; que la anunciada negociación con los captores fue errática. Y que policías de ambos países realizaron incursiones desde el norte del Ecuador hacia la selva colombiana para neutralizar al líder del FOS, Walther Patricio Arizala Vernaza, Guacho. Estas acciones armadas al parecer desencadenaron la ejecución del periodista Javier Ortega; el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, en una noche lluviosa de sábado.
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Nuevo enfoque de la investigación fiscal
La investigación fiscal en Ecuador en torno al crimen de los tres periodistas dio un giro cuando se cumplió un año de su asesinato. La flamante fiscal general, Diana Salazar, anunció que todos los hechos relacionados con la crisis de la frontera norte se analizarían en su conjunto. Los expedientes fueron asignados a la Fiscalía de la Verdad. El 11 de abril Salazar recibió a los familiares de las víctimas y anunció que analizaría detenidamente el caso.
En el proceso relacionado con el crimen de los periodistas, la hipótesis de la investigación cambió: al analizar los hechos desde una perspectiva de Derechos Humanos, que estudia la Fiscalía de la Verdad, podría configurarse un caso de ejecución extrajudicial, o crimen de Estado, advierten juristas consultados. En el nuevo enfoque, se investigan además las acciones y omisiones de los agentes estatales como posibles desencadenantes de los crímenes. Especialmente relacionadas con la realización de operaciones combinadas entre las policías de Ecuador y Colombia para capturar al Guacho durante el secuestro de los periodistas. Bajo esta misma línea se indaga el secuestro y asesinato del soldado Wilson Ilaquiche, que está en manos de la fiscal María Belén Corrdedores, de la Comisión de la Verdad Nro 2; y los crímenes de la pareja Óscar Villacís y Katty Velasco, así como de cuatro marinos: el suboficial segundo Luis Mosquera Borja, el cabo primero Wilmer Álvarez Pimentel, el cabo segundo Jairon Sandoval Bajaña y el marinero Sergio Elaje Cedeño.
¿Cuál fue el detonante del cambio? La revelación periodística, que hizo este portal, sobre la cadena de negligencias desde el Estado ecuatoriano, que empezó mucho antes del secuestro. Arrancó con la crisis del sistema nacional de Inteligencia, que en vez de mapear a los grupos disidentes de las FARC como la principal amenaza a la seguridad, dirigió su artillería a perseguir opositores al proyecto político de la Revolución Ciudadana entre 2007 y 2017. La temida Senain se politizó para servir al Gobierno.
Fue en la administración de Correa, en esa década, cuando la presencia de los carteles de la droga se multiplicó en Ecuador. A inicios de su mandato, el entonces presidente Correa afirmaba que “la droga no es el principal problema ecuatoriano, sino norteamericano, porque se mueren más niños por diarrea que por droga”.
Por falta de coordinación entre las autoridades de Policía y Militares la zona roja de la frontera no fue cerrada al paso de civiles y periodistas, a inicios de 2018. “El cadáver lleva dos días en la calle, cubierto por una sábana. Nadie se atreve a recogerlo”. Así empieza la narración de un reporte que recoge la gravedad de la situación en el poblado fronterizo La Cadena, días antes de que fueran secuestrados Paúl, Javier y Efraín. A pesar de los hechos relatados, ninguna autoridad impidió la llegada de civiles.
La seguridad en los cantones esmeraldeños donde aumentaban los ataques de los irregulares, San Lorenzo y Eloy Alfaro, fue encargada desde inicios de marzo a un Mando Unificado, dirigido por un oficial de la Marina. Este oficial autorizó el paso de los dos equipos por el retén, hacia Mataje. Tanto los periodistas de El Telégrafo como los de El Comercio llegaron a la zona solo después de recibir su permiso.
El responsable del Mando Unificado aseguró a los periodistas de este portal que no estuvo al tanto del intercambio de mensajes entre el líder de los armados, Guacho, y un oficial de la Policía, el mayor Alejandro Zaldumbide. Guacho amenazó con matar a civiles, uniformados y cualquier extraño que apareciera en la zona que controlaba el frente armado.
Por una serie de cambios internos en el comando policial de San Lorenzo, que tiene jurisdiscción sobre Mataje, el uniformado a cargo era el mayor de Policía Zaldumbide. A mediados de enero de 2018 fueron capturados tres hombres de la organización narcodelictiva –Cuco, Tobón y Cuajiboy– en una casa donde escondían explosivos. Al día siguiente de la detención empezó el intercambio de mensajes: Guacho pedía que devolvieran a sus tres hombres.
A partir del 20 de febrero empezó un fluido diálogo por WhatsApp y a través de llamadas telefónicas entre el oficial y Guacho o su delegado, que se hacía llamar Andrés Sinisterra. En más de una decena de comunicaciones, el tono del interlocutor oficial del Estado ecuatoriano es condescendiente y advierte una voluntad por mantener negociaciones con la organización narcodelictiva. En varias ocasiones, el disidente pedía la presencia de un delegado en la zona. Las respuestas eran evasivas, pero denotaban la intención de ganar tiempo.
De la cadena de comunicaciones se desprende que el grupo criminal buscaba además la anulación del acuerdo de cooperación entre los estados de Ecuador y Colombia, que se firmó a mediados de febrero de 2018, luego de la explosión de un coche bomba en la parte posterior del cuartel de policía de San Lorenzo. El hecho, sin precedentes en Ecuador, ocurrió el último fin de semana de enero. No dejó víctimas pero sí una treintena de heridos y daños materiales. Ese atentado buscaba presionar a las autoridades ecuatorianas para dejar libres a los tres hombres de Guacho. El Estado ecuatoriano sabía desde enero cuál era la principal demanda del frente armado.
La respuesta ecuatoriana rompió la lógica de la década anterior, gobernada por Correa. En lugar de confrontar con el Estado colombiano, buscó una alianza y firmó el pacto de cooperación, que viabiliza el intercambio de datos de Inteligencia y la realización de operaciones conjuntas entre las policías de ambos países.
La participación de los Estados Unidos en este escenario no puede ser descartada. A los dos días del estallido en el cuartel policial, el FBI envió al experto en explosivos Christopher Rigopoulos. El día en que ocurrió el secuestro visitaban Ecuador el teniente general Joseph Disalvo, subcomandante Militar, y la embajadora Liliana Ayalde, asesora de Política Exterior del Comando Sur de los Estados Unidos. Según informes de Cancillería, “Visitaron el país para reunirse con actores del sector seguridad a fin de definir áreas de cooperación dentro de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Ecuador”.
Las razones del desenlace
Si bien existía una línea de comunicación fluida entre el frente Sinisterra y un mayor de la Policía ecuatoriana, cuando se produjo el secuestro el Estado ecuatoriano integró un comité de crisis. Además delegó la negociación a un interlocutor, función que en la práctica asumieron tres personas, un representante del Ministerio del Interior y dos oficiales de la Unidad Antisecuestros de la Policía.
Cuando el negociador oficial ecuatoriano (al que Guacho llamaba “doctor Maldonado”) empezó formalmente los diálogos para conseguir la liberación de los rehenes, demostró absoluto desconocimiento de las demandas del grupo armado.
Una semana después del secuestro, los captores enviaron a la prensa colombiana un video que muestra a los rehenes encadenados entre sí. Solo después de que estas imágenes se hicieran públicas el Gobierno anunció que “Haría todo por traerlos con vida”. La decisión para el canje de los tres rehenes se adoptó oficialmente el lunes 9 de abril de 2018. Esto ocurrió dos días después de que fueran asesinados, en la selva colombiana.
A fines de marzo de 2019, este portal reveló la primera prueba de vida de los rehenes. Es un video casero, filmado con celular, en el cual Javier hace público que están en manos de las FARC de Colombia y advierte que sus vidas están en manos del Gobierno ecuatoriano. Estas primeras imágenes fueron ocultadas, hasta que la investigación periodística las sacó a la luz.
La investigación reveló que hubo operaciones conjuntas por parte de uniformados de Colombia y Ecuador, para incursionar en la selva colombiana desde el norte del territorio ecuatoriano. Este hallazgo periodístico se sustenta en pruebas documentales obtenidas en Colombia, el testimonio de un disidente entrevistado en la cárcel de Combita, un informe de inteligencia ecuatoriana y las versiones de media docena de policías ecuatorianos entrevistados. A partir de sus declaraciones, se establece que las operaciones conjuntas pudieron desencadenar el asesinato de los rehenes. Este hallazgo periodístico dejó sin piso la narrativa oficial, según la cual durante el cautiverio se suspendieron acciones armadas que pusieran en peligro la vida de los secuestrados.