Siete militares activos y un funcionario del Ministerio de Defensa, así como seis civiles más, eran los principales eslabones de la cadena que servía para supuestamente abastecer de municiones y armas al grupo de Guacho que sembró terror en la frontera norte, desde enero pasado. Varias unidades de la Policía encabezaron las operaciones reservadas con la Fiscalía y allanaron siete dependencias militares, incluida la Comandancia General del Ejército. La investigación tomó nueves meses en cinco provincias. El ministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, detalló que hasta el momento solo se ha detectado la sustracción de munciones.
Arturo Torres R.
Era un secreto a voces que tomó cuerpo en julio de este año, a partir del revelador testimonio de un disidente de la organización narcoterrorista del Guacho. La red de abastecimiento del Frente Oliver Sinisterra se aprovisiona del arsenal de Fuerzas Armadas, a través de la colaboración de uniformados ecuatorianos y civiles, incluido un funcionario del Ministerio de Defensa.
Un operativo sorpresa a primeras horas de hoy miércoles 17 de octubre, denominado Camaleón, y realizado simultáneamente en Esmeraldas, Santo Domingo, Loja, Pichincha y Guayas, capturó a los principales miembros de la estructura.
En la operación se detuvo a Leonardo M., a quien se identificó como el vínculo entre los miembros del grupo de Guacho y “militares en servicio, activo, pasivo y civiles encargados de conseguir municiones”, según el informe de la investigación, encabezada por la Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ).
Las actividades de inteligencia detectaron que una mujer, de apellido Quiñónez, es la encargada de la parte financiera y del suministro del arsenal. A través de Leonardo M. y de otro ciudadano, de apellido Angulo, hacían contacto con militares en servicio activo. Ellos recolectaban el arsenal y lo entregaban a tres miembros del frente Oliver Solarte, identificados hasta ahora con sus alias, David, don Plaza y Pata. El sitio de enlace era Borbón, en Esmeraldas. Luego el material se llevaba a Colombia.
La investigación estuvo a cargo de varias unidades policiales, y puso bajo la lupa de Inteligencia a militares en servicio activo y pasivo. Los resultados fueron expuestos el miércoles por la Ministra del Interior, María Paula Romo, ante la prensa.
Siete militares en servicio activo y un funcionario civil del Ministerio de Defensa fueron detenidos en la operación Camaleón. Además, seis civiles que apoyaban al frente delictivo de Guacho.
Los involucrados vendían el arsenal a los narcoterroristas, que vestían uniforme como una fachada.
Como antecedentes, a fines de julio, la Policía capturó en el operativo Borbón I material explosivo: 275 Cartuchos calibre 16, 146 cartuchos calibre 38 largo, 150 cartuchos calibre 38 corto, 1000 fulminantes, 21/2 libras de perdigones, 180 fulminantes para dinamita, 60 tacos de dinamita, 6m de mecha lenta, 20 gramos de pólvora. Dos personas, hoy detenidas, almacenaban el arsenal en un local comercial.
En Esmeraldas, la Fiscalía formuló cargos contra 13 involucrados, acusados de delincuencia organizada y tráfico de armamento.
En septiembre, un ciudadano ingresó en el cuartel Cabo Minacho de Loja, y se embarcó en un bus hacia Cuenca: llevaba 5.040 municiones calibre 5,56 mm en una maleta.
En octubre, a la salida de Quinindé, se encontró en un taxi Kia Río, de color amarillo, un cargamento de dos quintales de arroz, que en realidad escondían 2.500 municiones, calibre 9 mm. Cinco personas fueron detenidas y se identificó que el arsenal iba para el grupo de Guacho.
Los militares en servicio activo acopiaban el material bélico. Con la ayuda del funcionario civil del Ministerio de Defensa, quien era Analista de Información 2 en esa cartera de Estado, manipulaban el sistema de inventarios logísticos de las Fuerzas Armadas.
De esta manera, se confirma que las municiones, y explosivos en poder del frente disidente Oliver Sinisterra provenían del arsenal del Ejército ecuatoriano.
La organización narcoterrorista empezó a sembrar el terror en ambos lados de la frontera, a partir de fines de enero de este año. La detonación de un coche bomba en el cuartel de policía en San Lorenzo fue el primero de sus actos de violencia. Posteriormente hubo, al menos, siete incidentes de magnitud, entre ellos, la explosión de un tanque en Mataje que cobró la vida de cuatro marinos.
El momento más trágico en esta escalada de violencia fue la captura, secuestro y muerte de tres periodistas de diario El Comercio, por parte del grupo de Guacho. Además, dos civiles –Óscar Villacís y Katty Velasco- fueron retenidos en Puerto Rico y asesinados luego de torturas.