La captura de este primero de abril de 2026 de una lancha, de cuatro motores, con 1,8 toneladas de cocaína, que zarpó del puerto de Jaramijó, en Manabí, es un indicativo más de que Los Lobos están ganando terreno en una zona que durante casi dos décadas fue un santuario de Los Choneros. Los Lobos operan como socios locales para el transporte y envío de cocaína adquirida por el Cartel Jalisco Nueva Generación, según estimaciones de Inteligencia. Pese a que el líder de CNJG fue ejecutado hace pocas semanas en México, su esquema de liderazgos horizontales le ha permitido seguir con sus incursiones criminales, aprovechando ten Ecuador el debilitamiento evidente de Los Choneros tras la captura de José Macías, alias Fito, el año pasado. La droga capturada por los militares en coordinación con la Policía pertenecía al CJNG.     

 Por María Belén Arroyo y Arturo Torres
Alianza Código Vidrio – Vistazo

Cinco factores explican cómo llegó a Ecuador el cartel mexicano que tiene un accionar violento y que ha extendido la violencia a través de sus socios locales, ‘Los Lobos’, que expanden sus operaciones vertiginosamente a espacios insospechados como Manabí, donde por dos décadas mandaban Los Choneros.

Por información de inteligencia militar, las Fuerzas Armadas capturaron una lancha de fibra con 1,8 toneladas de cocaína en las costas de Manabí, a 69 millas náuticas de Manta, este miércoles primero de abril.

Los dos tripulantes fueron detenidos. La operación fue coordinada por la lancha guardacostas Baltra.

La embarcación había salido desde el puerto de Jaramijó, según fuentes de Inteligencia explicaron a esta alianza. La droga capturada pertenecía al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, (CJNG). Y el envío lo coordinaba su socio local ‘Los Lobos’.

En el curso de pocas semanas, totalizaron siete las toneladas incautadas en esta zona. Para los investigadores se abre una interrogante: ¿Creció la presencia de este cartel en Manabí, de la mano de la arremetida de Los Lobos, en una zona que tradicionalmente estaba bajo el control absoluto de ‘Los Choneros’, y por tanto del cartel de Sinaloa?

Cuando el líder de esta estructura, ‘El Mencho’ fue abatido en México, expertos en seguridad pronosticaban que el grupo se reconfiguraría a partir de nuevos liderazgos. Y que esa reorganización se vería en los territorios donde tiene influencia, dentro y fuera de México.

Así llegó Jalisco Nueva Generación a Ecuador

 Su aterrizaje fue cruento. La llegada de CJNG al Ecuador, a partir de 2015, trajo consigo la impronta de la muerte, en espacios públicos, en vías, puertos y en las cárceles.

No fue fruto de la casualidad, sino de una suma de factores. Aquí analizamos los cinco principales.

1. Golpe a Sinaloa

El cartel hegemónico mexicano de Sinaloa estaba golpeado desde 2014, cuando fue detenido, por segunda vez, su cabecilla el ‘Chapo Guzmán’. Él logró escapar de prisión en 2015 y fue recapturado en 2016. “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”, escribió a las 10h19 del ocho de enero de 2016, el entonces presidente de ese país, Enrique Peña Nieto en su cuenta de la red Twitter. El ‘Chapo’ se había escondido en Sinaloa, el estado donde había nacido y donde se sentía seguro. Luego de su detención, sus herederos intentaron legitimar la sucesión. No tuvieron éxito, advierte el periodista mexicano Ignacio Rodríguez Reyna.

En los años previos a ese hecho, en Ecuador operaba en forma silenciosa el socio local de Sinaloa, ‘Los Choneros’. Sin levantar olas. Con socios locales que mantenían control sobre las rutas de ingreso de la cocaína desde Colombia, desde Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. César Vernaza, Oscar Caranqui y el capitán del Ejército Telmo Castro, respectivamente, eran estos operadores.

Una decisión de política ecuatoriana contribuyó a fortalecer el predominio de ‘Los Choneros’ como el cartel fuerte en nuestro país. El correísmo impulsó un pacto de paz con las pandillas de ‘Los Ñetas’ y ‘Latin Kings’. Sin competencia visible a la vista, ‘Los Choneros’ consolidaron y afianzaron su accionar delictivo como actor hegemónico. Una de sus experticias era el envío de droga por el Océano Pacífico a Centroamérica y México. Pero la más importante era el envío de narcoavionetas desde pistas clandestinas. Luego de su declive, el campo quedó libre para el cartel Jalisco Nueva Generación.

2. Puertos artesanales en auge

En 2013 el gobierno de la revolución ciudadana empezó un plan para la construcción de 27 puertos artesanales: cinco grandes, 12 medianos y diez pequeños, a lo largo de todo el litoral en la costa del Pacífico, desde Esmeraldas hasta El Oro. Entre 80 y 100 millones de dólares se destinaron para este programa. Su objetivo era favorecer a casi 18 mil pescadores del litoral ecuatoriano. Inclusive se creó la empresa pública Infraestructura Pesquera del Ecuador (IPEEP). Se planeaba habilitar servicios para los pescadores artesanales, a fin de que pudieran dar valor agregado a productos de la pesca, como dorado, bonito, merluza, calamar.

En la práctica, los pescadores fueron arrinconados por el narcotráfico. El envío de drogas aumentó en 26 por ciento durante los siguientes cinco años, según informes de inteligencia revisados por Vistazo. La contaminación de contenedores subió en 16 por ciento, citan esas fuentes.

En última instancia, los puertos artesanales se volvieron infraestructuras críticas para el envío de drogas por el Pacífico, una actividad que intensificó el CJNG, según inteligencia.

Todo indica que el narcotraficante Édison Prado, ‘Gerald’, quien levantó un emporio para el envío de cocaína por mar, fue uno de los contactos iniciales de CJNG. Él fue detenido en 2017, en Colombia, y posteriormente extraditado hacia Estados Unidos.

Más recientemente, uno de los aliados locales de CJNG en Manabí fue Leonardo Briones, ‘Mexicano’, asesinado a mediados de 2025 en Manabí. Esta provincia es uno de los principales escenarios de la disputa entre CNJG, representado por el grupo local ‘Los Lobos’ y Sinaloa, asociado con ‘Los Choneros’.

3. Mataron a sus rivales

Entre 2013 y 2019, los principales socios del cartel de Sinaloa para las rutas de ingreso de cocaína desde Colombia fueron asesinados. Óscar Caranqui fue el primero. Lo mataron en 2013, cuando estaba en la cárcel de La Roca. En junio de 2019, William Poveda Salazar, ‘El Cubano’, fue asesinado y decapitado en la Penitenciaría de Guayaquil. Su cabeza fue usada como una pelota de fútbol y su cuerpo fue incinerado.

‘Los Cubanos’ fueron el grupo que había manejado el contrabando en el puerto de Guayaquil.

Con el crimen de su líder, y con la vejación a su cadáver, se estima que los nuevos actores de CJNG enviaban una señal de su llegada al país y su intención de fortalecer su hegemonía.

4. Violencia en cárceles

En Ecuador, la violencia se intensificó en las cárceles, convertidas en espacios de gobernanza criminal, según el reciente estudio del sociólogo Renato Rivera, para la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).

El documento identifica que la violencia es “el resultado del deterioro de la autoridad estatal en los centros de privación de la libertad, lo que ha favorecido que los actores criminales asuman el control interno y la gestión de las funciones”.

Según estos hallazgos, el narcotraficante Leandro Norero, desde las sombras, habría financiado la alianza Nueva Generación, vinculada con el CJNG.

“Esta alianza reunió a ‘Los Lobos’, los ‘Chone Killers’ (ex ‘Ñetas’), ‘Los Lagartos’ (ex ‘Gorras’ y ‘Cubanos’), ‘Los Tiguerones’ y una facción de los ‘Latin Kings’, todos ellos unidos por el objetivo de eliminar a ‘Los Choneros’ y recuperar el control del sistema penitenciario ecuatoriano.

Como respuesta, Junior Roldán (‘Junior’) y José Adolfo Macías (‘Fito’) formaron un frente común.

La guerra de las alianzas empezó en febrero de 2021. El intento de asesinato de ‘Fito’ desencadenó 79 muertes en cuatro cárceles, señala el informe de Rivera para GI-TOC. Entre 2021 y 2023 hubo más de 400 muertes en prisiones. Hasta 2024 hubo 717 crímenes. “La violencia trascendió el ámbito penitenciario”.

En 2022, cita el estudio, el traslado de líderes y asignación de pabellones según afiliación criminal ‘coincidieron con un intento de pacificación impulsado por la Alianza Nueva Generación’. Incluyó a ‘Lobos’, ‘Chone Killers’, ‘Tiguerones’ y ‘Latin Kings’. ‘Los Choneros’ no se sumaron, lo que derivó en más masacres, afirma el documento.

Manuel Zúñiga, ‘King Majestic’, de Latin Kings, no se alineó con la iniciativa de la alianza Nueva Generación. Fue asesinado en Quito.

  5. El ‘Patrón’ Norero y la plata que llegó de México a su ecosistema empresarial

Que el narcolavador Leandro Norero fue un contacto para el arribo del CJNG parece un hecho.

Sus chats, desencriptados desde la aplicación Threema, revelaron una trama de corrupción política, judicial y empresarial.

Pero hay una línea de investigación pendiente. Vistazo accedió a informes que revelan la complejidad del ecosistema empresarial estructurado alrededor de la figura del ‘Patrón’ Norero.

Una de las empresas relacionadas a esta estructura recibió 15 transferencias que sumaron aproximadamente cinco millones de dólares en los seis primeros meses de 2018.

Todas provinieron de empresas constituidas en México, con razones sociales distintas y no relacionadas con el objeto de la compañía beneficiaria.

Esta complicada arquitectura societaria y financiera pudo armar el entramado que Norero construyó para financiar a los grupos delictivos, que a partir de 2020 disputaron a ‘Los Choneros’ la hegemonía de la violencia.

Seis fases de violencia y las zonas en disputa

 Manabí, Guayas, El Oro, Imbabura, el Austro y ciertas provincias de la Amazonía son territorios en los cuales los operadores locales del CJNG buscan imponer su hegemonía por la fuerza. Quien lo explica es el general en servicio pasivo, Freddy Sarzosa, quien perteneció a la entidad hasta mayo de 2025 y hoy es un investigador académico. En su experiencia como director general de Investigaciones de la Policía advierte que el fenómeno de la violencia en el país se expresa en varias fases.

• Génesis, entre 1990 y 2000:
  Baja estructuración criminal, limitada participación de grupos delictivos transnacionales, que operaban de lleno con loscareteles colombianos.
• Expansión, entre 2000 y 2010:
  Consolidación de la estructura de ‘Los Choneros’ con alianzas internacionales mexicanas, esto es, el Cartel de Sinaloa.
• Afianzamiento, entre 2010 y 2015:
  Se monopolizaron las actividades criminales de ‘Los Choneros’ y se debilitaron las pandillas Latin King y Ñetas. Éstas se legalizaron por un acuerdo con el gobierno de la época de la revolución ciudadana, aunque emplearon esa decisión como un salvoconducto para afianzar sus operaciones en el narcotráfico.
• Debilitamiento, entre 2015 y 2020:
  Surgen con mayor inicidencia actores criminales extranjeros, como el cartel Jalisco Nueva Generación, los clanes de los Balcanes, incluidas mafias albanesas, ex miembros de las FARC que no se acogieron a la paz. Muere el líder de ‘Los Choneros’, Jorge Luis Zambrano, Rasquiña o JL.
• Atomización, entre 2020 y 2022:
  El grupo ‘Los Choneros’ se fragmenta en 11 estructuras criminales e inicia la escalada de violencia criminal, porque se abren rutas permanentes para el envío de cocaína hacia países europeos, que desde entonces es son el principal destino, por encima de EE.UU.
• Fragmentación, entre 2022 y 2025:
  Las organizaciones criminales se segmentan por la detención de sus líderes. En julio de 2025, el líder de ‘Los Choneros’, José Adolfo Macías Villamar, fue extraditado hacia EE.UU. El líder de ‘Los Lobos’, Wilmer Chavarría, fue detenido en Málaga, España. Igualmente, el responsable de ‘Comandos de la Frontera’, Roberto Álvarez, ‘Gerente’, fue detenido en Dubai. Y William Alcívar, alias comandante Willy, cabecilla de los Tiguerones, que hoy vive como empresario en España, pese a que es requerido en extradición por Ecuador.

Solo entre 2021 y 2025, 653 policías separados volvieron a la institución policial por decisiones de jueces que torpedean los intentos de depuración interna. El caso de los 8 policías que intentaban ayudar al narcotraficante Óscar Caranqui a salir del exPenal en 2006 es paradigmático. Dos de ellos, incluido un oficial, están de vuelta en esas filas. En los últimos diez años, 1.300 oficiales y clases han sido reincorporados a la Policía amparados por cuestionados fallos judiciales, pese a que fueron separados por delitos y otras actuaciones reñidas con la ley. La solución a este fenómeno no pasa únicamente por intensificar el control disciplinario sobre jueces y fiscales, sino por replantear integralmente el modelo disciplinario policial.

Por María Belén Arroyo y Arturo Torres
Alianza Código Vidrio – Vistazo

Al atardecer del sábado 11 de noviembre de 2006, Óscar Caranqui jugó voleibol con sus compañeros de prisión. Por una molestia en una de sus rodillas, se acostó temprano. Esa noche había bullicio en los corredores del exPenal García Moreno. En la celda número uno del último piso, frente a la que ocupaba Caranqui, había una competencia de baile entre un teniente y un interno. Apostaban y el premio era licor. Eso es, al menos, lo que luego relató Caranqui. Él estaba preso por narcotráfico.

Hacia las diez y cuarto de la noche, algunos policías irrumpieron en su celda, la número 11 del exPenal. Uno de los uniformados le enseñó un documento, una especie de salvoconducto para que Caranqui saliera con ‘fines investigativos’.

Ésa era solo una fachada. En realidad, el preso más famoso por delitos de narcotráfico de la época había salido ya en otras ocho ocasiones del exPenal para irse de farra, en compañía de varios policías.

Y en todas había tenido apoyo de uniformados, que le prestaban uniformes para que él se  hiciera pasar por un miembro policial para dejar el presidio, ubicado en el centro colonial de Quito.

Desde la navidad de 2005 había salido de la cárcel para divertirse en centros nocturnos. Siempre retornaba antes de las 06h00, cuando se producía el cambio de guardia.

Ese 11 de noviembre, Caranqui pensó que era una de las salidas para una noche de diversión a las que ya se estaba acostumbrando. Solo que a diferencia de las anteriores, ésta no había sido planificada.

Pero esa noche era distinta. La salida fue frustrada. Algunos medios de comunicación esperaban afuera del entonces llamado Centro de Rehabilitación número 1. Constataron que Caranqui vestía el traje gris de la policía.

Al saber que había sido descubierto, él gritó que salía con ayuda de altos oficiales. La conmoción fue tal que la Comisión de Fiscalización del entonces Congreso Nacional convocó a una sesión extraordinaria.

El 21 de noviembre de ese 2006, vistiendo traje café oscuro, camisa blanca y corbata roja, Óscar Caranqui fue testigo de primera fila. Narró que no había sido un intento de fuga el que se había producido nueve días antes. Y relató que las salidas habían sido periódicas, siempre con apoyo de policías.

Ocho días más tarde, los jueces Alberto Moscoso, Patlova Guerra y Trajano Vargas, de la segunda sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito ratificaron la sentencia de 16 años, en contra de Caranqui y su esposa, por tráfico de drogas. En 2010 él fue trasladado a La Roca. En 2013 fue asesinado en su celda. El libro que escribió, que documentaba relaciones con el poder político, no vio la luz por orden judicial.

En la institución policial empezó un proceso de purga interna lleno de complicaciones. La depuración de la policía enfrenta un gran obstáculo. Por órdenes de jueces, unos 1.300 miembros separados de la fuerza por actos de corrupción, delitos u otras irregularidadaes volvieron a la entidad por la puerta grande. Esto ocurrió en los últimos 10 años.  Lo revela a esta alianza el general Víctor Herrera, quien está a cargo de la Inspectoría General de la Policía.“Ciertos jueces -dice Herrera- se convierten en instrumentos de la impunidad. No se puede depurar esa fuerza si operadores de justicia devuelven policías desvinculados con evidencias sólidas a nuestras filas”, con el agravante de que el Consejo de la Judicatura tampoco ha intervenido para investigar y sancionar disciplinariamente a los jueces que emitieron esos fallos.

Los policías que habrían colaborado con Caranqui

La investigación interna en la policía detectó que Caranqui intentó abandonar el centro carcelario en complicidad con policías que se encontraban de guardia en esa jornada.

Los guías penitenciarios detectaron la irregularidad y se contactaron con la central de radio patrulla, que impidió la fuga. La noticia se filtró a los periodistas que estaban de turno, esa noche.

Ocho servidores policiales fueron involucrados y llamados a juicio. Cuatro subtenientes como autores directos. Además, un cabo segundo y tres policías como cómplices.

Todos fueron dados de baja en 2007. Ellos apelaron esa decisión. El Consejo de Generales firmó el 12 de diciembre de ese año la resolución que ratificaba la situación de la baja del grupo.

La justicia sentenció a ocho años de prisión a los autores directos. Y cuatro años para los cómplices. Sin embargo, apelaron a las sentencias.

Dos subtenientes, el cabo segundo y un policía lograron el sobreseimiento. De estos cuatro sobreseídos, tres han insistido en volver a la fuerza policial. Dos lo lograron.

Uno de los subtenientes fue dado de baja por primera vez el 9 de mayo de 2008. Por resolución del juez octavo de lo Civil de Pichincha, el 13 de junio de 2008, quedó insubsistente la baja. Sin embargo, el 6 de junio de 2013 fue dado de baja por segunda vez. El 22 de octubre de 2021, la unidad judicial del Distrito Metropolitano de Quito decidió su reincorporación. En diciembre de 2024 se dispuso nuevamente su salida de la entidad. En conclusión, salió en el tercer intento. Cuando salió ya ostentaba el rango de capitán.

En cambio, uno de los subtenientes y un policía, que ostentaban esas jerarquías en 2006 y que fueron sobreseídos, volvieron a la institución policial tras presentar sendos recursos judiciales.

El subteniente que recibió la baja en mayo de 2008 presentó una acción de protección. La primera sala de lo penal de la Corte de Justicia de Pichincha dejó insubsistente la baja en marzo de 2010. El 6 de junio de 2013 se decidió la baja por segunda ocasión. Pero en enero de 2022 fue reincorporado, gracias a una acción de protección. La tercera sala de lo penal, colusorio y tránsito de la Corte Provincial de Pichincha acogió su petición. Se  encuentra activo en las filas y presta sus servicios en Quito.

El policía que recibió la baja en marzo de 2008 fue reincorporado en septiembre de 2023. Esto, por efecto de la sentencia de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la corte provincial de Pichincha. Actualmente presta sus servicios en Quito. No obstante la Inspectoría apeló el fallo para que sea revisado por una instancia superior.

No son casos aislados

57 mil uniformados integran en la actualidad las filas policiales. Desde 2015, aproximadamente 1.300 policías separados de la institución, por distintas causas, volvieron a sus cargos por decisión de jueces, advierte el general Herrera, entrevistado por esta alianza.

“Estas acciones legales tienen un pie de firma, un juez responsable. Nos llama la atención que hay jueces que tienen hasta 15 a 20 casos de reincorporación. Son órdenes de jueces competentes y si no cumplimos estamos cayendo casi en el desacato e inclusive los reincorporados llegan con disposiciones de reparaciones económicas”, afirma.

Varias cartas de reclamo ha enviado la entidad al Consejo de Judicatura, para alertar de la magnitud del problema. La mayoría no han tenido una consecuencia ni una respuesta con acciones desde esa institución encargada de los procesos disciplinarios de los funcionarios judiciales.

De hecho, explica Herrera, hay una “falta de articulación”. “A veces le mandan al mismo servicio del que salieron con problemas, digamos que salieron de Antinarcóticos y tienen que regresar a Antinarcóticos”.

El mensaje de fondo, detrás de estas acciones legales recubiertas de aparente legitimidad, es la impunidad.

Solo entre 2021 y 2025, 653 policías destituidos se reincorporaron por decisiones jurídicas, con cobertura legal.

Sin embargo, para el abogado y experto en temas de seguridad Hugo Espín la solución, en este caso, no pasa únicamente por intensificar el control disciplinario sobre jueces y fiscales, sino por replantear integralmente el modelo disciplinario policial. “Esto implica fortalecer la tipificación de conductas, garantizar el respeto irrestricto del debido proceso administrativo, mejorar la calidad probatoria de los sumarios y establecer mecanismos de articulación efectiva con la justicia constitucional”.

Por tanto -agrega Espín- la reincorporación de servidores policiales destituidos no responde exclusivamente a decisiones judiciales cuestionables, sino a una problemática estructural en la que confluyen deficiencias del sistema disciplinario, el ejercicio legítimo de garantías constitucionales y la ausencia de una coordinación institucional efectiva. “La responsabilidad no puede ser atribuida de manera unilateral, sino entendida como una corresponsabilidad sistémica que exige reformas profundas y técnicamente fundamentadas”.

Cuáles son las unidades judiciales que reintegran policías destituidos

La Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo en 2022 permitió 30 reincorporaciones; en 2023, dos y una más en 2024. Suman 33.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el cantón Portoviejo, viabilizó un reingreso en 2022. Pero en 2024 dio luz verde a 15 más y en 2025 favoreció a otra petición. En total: 17.

La Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, de Quito, permitió siete reincorporaciones entre 2021 y 2025. La Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Valdez del cantón Eloy Alfaro: permitió seis reingresos en ese período. No son las únicas, pero sí las que más reincorporaciones han decidido en los últimos años.

Cómo se investiga la corrupción policial

Entre 2025 y lo que va de 2026, en la policía hubo 1.515 sumariados. De ese total, solo 509 casos llegaron a destitución. La causal principal, en el 61 por ciento de veces, es la ausencia injustificada del trabajo.

Esto tiene una explicación. Cuando el policía comete un delito, enfrenta dos procesos. Del penal se hace cargo la justicia. Del procedimiento administrativo disciplinario se hace cargo la entidad policial. Normalmente, al tercer día de ausencia injustificada el uniformado es separado de la entidad. Pero algunos encuentran todo tipo de argucias para justificar la falta, entre ellas, certificados médicos alterados.

“No estamos juzgando el presunto delito, estamos juzgando su ausencia y es ahí donde empiezan las argucias, como certificados médicos falsos, para conseguir órdenes de jueces competentes que piden su reincorporación. Ese bache con la justicia envía una señal de impunidad; hemos enviado varias cartas de queja a la Judicatura”, advierte Herrera.

Su mensaje es contundente. Si un policía irrespeta su uniforme y colabora con el crimen tiene dos caminos. Saldrá de las filas policiales. Y quedará a merced de las estructuras criminales. Esas, que consideran a todos sus colaboradores como seres desechables.

Las bandas Los Choneros, de Ecuador, y Los Trujillanos, de Perú, así como células armadas de Colombia, libran un sostenido enfrentamiento para controlar un sector clave de la cordillera del Cóndor, rica en oro, cobre, plomo y otros minerales. El núcleo de esa guerra criminal, en la que también han empezado a entrar Los Lobos y Los Pulpos (Perú), es el poblado fronterizo minero de Chinapintza, en Paquisha, Ecuador. Militares ecuatorianos descubrieron que para sortear los controles delincuentes peruanos izaron la bandera de Perú en Ecuador, a pocos metros del límite fronterizo, en una vía clandestina que construyeron para el contrabando de oro, cocaína, armas, químicos, explosivos… Fuerzas Armadas y la Arcom realizan operativos constantes en 17 áreas críticas de minería ilegal. (Ilustración de portada OjoPúblico/Jhafet Pianchachi) 

Por Arturo Torres
Red Investigativa Transfronteriza Código Vidrio – OjoPúblico 

Chinapintza, en plena frontera ecuatoriano-peruana, es considerado un núcleo geográfico crítico, no solo de la explotación y lavado de oro sucio de Ecuador y Perú, sino una ruta crucial que conecta a la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe con el departamento peruano del Amazonas, para el transporte y contrabando del material aurífero, combustibles, armas, explosivos y drogas.

 Atraídos por el aumento galopante de la explotación ilegal de oro en las provincias de Zamora y Morona Santiago, los grupos criminales, Los Choneros, los Trujillanos y Los Pulpos, a los que desde el año pasado año también les han seguido Los Lobos, así como células delictivas de Colombia vinculadas a los Comandos de la Frontera, junto a venezolanos, siguen la ruta que trazan organizaciones consolidadas de experimentados mineros dedicados por décadas a la extracción ilegal de oro; algunos de ellos tienen concesiones legales y licencias de comercialización, desde la década pasada.

Esas redes mafiosas se ha. expandido en todo el circuito de esta actividad ilegal: desde la explotación hasta el procesamiento y comercialización del codiciado mineral, dentro y fuera del país. Tienen licencias de comercialización, plantas de beneficio y compañías que, con una fachada de legalidad, exportan decenas de millones de dólares de oro, indica un alto oficial de la Policía, especializado en estas investigaciones por años, que pidió mantener su identidad bajo reserva.

Para este policía, el mayor problema que enfrenta Ecuador y sus países vecinos para acabar con la minería criminal no son solo los grupos delictivos. Entre los principales responsables están las poderosas mafias de mineros ilegales, que han tejido redes intrincadas de apoyo por muchos años, que incluyen políticos, autoridades seccionales, funcionarios en organismos de control en las provincias, abogados, uniformados corrompidos, tanto en Ecuador como en Perú… “Es un anillo que ningún gobierno ha podido quebrar”, señala el oficial.

Virulentos actores criminales toman la posta

En este terreno fértil de ausencia estatal y descontrol por falta de recursos y corrupción, los últimos años, en especial después de la pandemia, han florecido las organizaciones criminales de Ecuador, Perú y Colombia (células de los Comandos de la Frontera), según reportes de Fuerzas Armadas y la Policía. Hay abundantes evidencias de que las bandas y disidencias de las FARC, con formación militar, son actores gravitantes en delitos de extracción minera con graves consecuencias ambientales y sociales. Desde hace más de una década, se han especializado en el control territorial con extorsiones y vacunas a mineros informales e ilegales y a empresas, sobre todo de pequeña minería. También exigen coimas para dar seguridad a autoridades seccionales y a los conglomerados de mineros que lucran de la minería ilegal. Además el tráfico de mercurio y otros químicos, armas, municiones, explosivos, combustible y drogas, y el tráfico de especies exóticas. En esto coinciden autoridades consultadas para este reportaje de Fuerzas Armadas, la Policía, Fiscalía, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), habitantes de zona de impacto minero, especialistas y dirigentes locales.

Ese mismo patrón de rápida expansión y diversificación delictiva se repite hoy en Zamora y Morona, en la Amazonia. El capitán de Fragata Fernando Osegueda, quien está a cargo de la planificación de  la estrategia para el combate a la minería ilegal y los grupos delictivos en FF.AA., corroboró que Los Choneros y Los Lobos y otros grupos delictivos se han ido desplazando hacia esas dos provincias fronterizas por la presión de los operativos militares y policiales que han sido constantes, más al norte, tanto en Buenos Aires, en Imbabura, como en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay.

Eso no significa que las operaciones de mineros ilegales, abriendo bocaminas y extrayendo oro mineralizado en concesiones legales se haya detenido. Por el contrario, sigue ocurriendo, sobre todo en zonas montañosas de difícil acceso. En enero pasado, un equipo de esta alianza periodística llegó a Camilo Ponce Enríquez, y constató que no había presencia militar ni policial, ni en los barrios y avenidas, y tampoco en la parte rural, donde operan mineros ilegales en concesiones de compañías legales.

Un representante de seguridad de una de las empresas que tienen áreas en esta región dijo que no hay control permanente de técnicos de la Arcom en ese territorio, que se ha priorizado cuando deben acompañar a las operaciones de FF.AA. para la destrucción de maquinaria y bocaminas y captura de actores criminales en diferentes sectores. Ante este vacío, agravado por el escaso personal que tiene la Arcom en las regionales, donde también ha sido separado personal por supuestos casos de corrupción, los miembros de bandas, especialmente de Los Lobos, así como los sableros (mineros ilegales) siguen incursionando en áreas legales, porque los militares deben priorizar los patrullajes en otros frentes críticos, especialmente en la frontera con Perú. “Los propietarios de las empresas han reforzado sus dispositivos de seguridad con personal especializado (expolicías y exmilitares) y tecnología, especialmente drones para el monitoreo de sus concesiones, con lo cual han frenado a los delincuentes”, destacó el responsable de la seguridad de una minera, quien agregó que ellos proveen información a Inteligencia militar, dan alertas para que intervengan en casos de criminalidad; incluso les han donado drones y apoyado con alojamiento en sus instalaciones.

Los Trujillanos construyen vía clandestina

Además de estos grupos ecuatorianos, en este extenso sector fronterizo en Zamora Chinchipe hay una incursión permanente de Los Trujillanos y otras células de peruanos dedicados a la minería ilegal, extorsiones y secuestros, especialmente en Chinapintza. “Esta zona es muy conflictiva, hay una doble dinámica donde confluyen  el tráfico  de  combustibles, contrabando de todo tipo, especialmente de mercurio y explosivos para la minería”, destacó Osegueda.

La presencia de los Trujillanos y sableros peruanos, algunos de los cuales han sido detenidos y procesados por tenencia ilegal de armas por los militares con apoyo de la Policía, pero luego liberados en Ecuador, empezó a ser más evidente desde el año pasado cuando construyeron una vía clandestina, que conecta ambos países.

La construcción de ese camino -según informes militares en poder de esta alianza- empezó en diciembre de 2024, y fue bautizado como el “Paso Tres”. Se trata de una vía de tercer orden, entre Ecuador y Perú, de 3 kilómetros de longitud, que atraviesa la finca del ecuatoriano José C., ubicada en las coordenadas 4°3’25.5″ S, 78°33’19.446″, en el cantón Paquisha, en la parroquia Nuevo Quito. Ese tramo se trazó clandestinamente sin conocimiento del Ministerio de Defensa de Ecuador, que debe autorizar cualquier edificación en una superficie de diez kilómetros desde la frontera hacia el interior. Desde entonces, según reportes oficiales, esa vía ha sido empleada por Los Trujillanos, Los Choneros y Los Lobos, así como mineros ilegales que deben pagarles por circular con grandes camiones cargados de mineral aurífero, armas, químicos, explosivos, todo tipo de contrabando. Tampoco se descarta que sean usados para el transporte de cocaína. La suma económica como exigida depende del tipo de carga y cantidad que transportan, en especial de armas y combustible.

Presencia armada y escalada de violencia

El 17 de mayo del 2025 militares ecuatorianos confirmaron la existencia de la vía donde habían realizado reconocimientos previos, con el encuentro, en varias ocasiones, con exmilitares peruanos, que daban seguridad a una de las empresas mineras dedicadas a la explotación minera que se presume ilegal, según corroboró un oficial en conocimiento del operativo.

Es más, ese 17 de mayo los uniformados constataron que 20 metros dentro del territorio ecuatoriano Los Trujillanos fueron más audaces: colocaron un asta, de más de ocho metros de altitud, donde ondeaba la bandera roji-blanca de Perú. Se encontraba en medio de un campamento levantado a un costado de la vía donde agruparon bidones con combustible y oros equipos. Se trataba de una operación para simular que ese tramo de la vía estaba en Perú, donde operan sin contratiempos, porque no existe una presencia permanente de policías ni militares peruanos. Así buscaban evitar que los militares ecuatorianos patrullen en esa zona. Las horas siguientes, tras verificar las coordenadas, la unidad militar retiró la bandera y bloqueó la vía siguiendo las guías de los hitos limítrofes.

No obstante, y pese al control permanente de los militares, el Paso Tres sigue siendo usado, cuando los uniformados se van y deben avanzar con sus patrullajes a otros sectores.

En julio pasado uniformados del destacamento de Chinapintza detuvieron a seis peruanos armados que se trasladaban por ese trayecto desde Ecuador hacia territorio peruano. En su poder encontraron armas y municiones de diferente calibre de fabricación peruana. Fueron detenidos por porte ilegal de armas pero liberados días después por un juez en Zamora.

Cinco choneros asesinados

Pese a los patrullajes militares y las coordinaciones con la Policía y FIscalía, los hechos violentos han escalado en Chinapintza. El 8 de agosto pasado el Ejército liberó en este poblado a siete personas secuestradas por Los Trujillanos: dos eran ecuatorianos y cinco peruanos. Hubo un tiroteo entre los militares y los secuestradores, que huyeron en medio de la escaramuza. Un mes después, el 11 de septiembre, como parte de la guerra desatada por controlar ese territorio los Trujillanos asesinaron a cinco integrantes de Los Choneros en Conguime Alto, en Chinapintza, y luego huyeron a Perú .

Al día siguiente, los uniformados detuvieron a “Willie” Anchi, líder de Los Trujillanos que dirigió el asesinato de los cinco ecuatorianos https://www.infobae.com/peru/2025/09/13/guerra-de-bandas-criminales-en-la-frontera-de-peru-y-ecuador-deja-cinco-muertos-y-captura-de-cabecilla-de-los-pulpos-en-el-pais-del-norte/. En ese operativo también fueron capturados 18 individuos más de cuatro nacionalidades (13 peruanos, dos venezolanos, dos ecuatorianos y un colombiano), presuntos miembros del grupo delictivo peruano, que fueron trasladados a Loja, donde son juzgados por asesinato.

El Paso Tres es fundamental para las operaciones de todos los grupos criminales que operan en esa región fronteriza de los dos países, especialmente Los Choneros, Los Lobos y Trujillanos.

Los Choneros, liderados por José Vélez, alias “Cara de Coche”, operan, con unos 15 integrantes, en los sectores Rteimna del Cisne, La Pangui y Conguime Alto, específicamente controlando la vía denominada “La Bambi” que conduce al “Paso Tres”, indica un informe de Inteligencia

Se dedican esencialmente al cobro de vacunas, sobre todo, por el paso de maquinaria, volquetas, combustibles y alimentos al Perú. En el caso de Los Choneros, agentes de Inteligencia conocen que se han apoderado de un campamento que pertenecía a un minero, donde actualmente instalaron su base de operaciones. En el lado peruano del mismo Paso Tres operan “Los Trujillanos”.

Llegan al sector por la vía que conduce a Chinapintza, avanzando hasta Conguime Alto y también a campo traviesa, por picas y senderos en la zona selvática, a través desde la “Y” de Conguime, Guanguitza, según constataciones de los militares.

Existe una gran cantidad de oro que está siendo explotado en la zona fronteriza de Perú, donde trabajan tanto ecuatorianos como peruanos y venezolanos. Se estima que diariamente pasan entre 18 y 20 volquetas diarias a Ecuador, para procesar el material mineralizado aurífero en las plantas de beneficio de Portovelo, en la provincia de El Oro, según reportes de Inteligencia.

En el paso Tres Los Choneros exigen pagos por el tránsito de maquinaria pesada hacia Perú, argumentando que se trata de un territorio de propiedad privada. Los montos que exigen, según estimaciones de Inteligencia, son:

• Excavadora: 15.000 dólares
• Clasificadora: 10.000 dólares.
• Motores de succión y bombeo: 5.000 dólares

También cobran por el paso de hidrocarburos y abastecimientos víveres  que cruzan hacia el lado peruano en Kumpanan.

Ese grupo tiene armamento de alto calibre y vehículos pesados, lo que les permite dominar territorios estratégicos. Esto facilita el contrabando de minerales a través de rutas clandestinas que conectan Yantzaza (Ecuador) con Condorcanqui (Perú). También han construido vías ilegales para movilizar maquinaria y oro sin ser detectados por las autoridades fronterizas, indicó un oficial de Inteligencia.

Los Lobos Box (una facción de Los Lobos) operan en las zonas conocidas como La Quebrada, La Herradura y Chinapintza. Este grupo está liderado por un individuo apodado “El Muerto”. Se dedica a cobrar “vacunas” a los propietarios de las bocaminas ubicadas en sus alrededores, a cambio de una supuesta protección, exigiendo el pago de manera mensual. Los Lobos Box están liderados por alias Alexis V., alias Boxeador, junto con Édison D., alias Saoco. Boxeadro bajó con su banda desde Guayaquil para asumir el mando de Puerto Bolívar y Machala, para desplazar a Calaca y delinquir en Ponce Enríquez, indica un agente de Inteligencia. Boxeadror opera desde la zona de Macará y Aguas Verdes, en Perú, hasta Zamora.

Esa banda y Los Choneros acechan constantemente áreas bajo la concesión de varias empresas legales, entre ellas Condormining. Integrantes de ese grupo han recorrido diversas bocaminas, indagando sobre los administradores y propietarios de las minas, identificándose como “la Empresa de los Lobos”, con el propósito de exigir vacunas. Los militares no tienen la suficiente capacidad para dar protección e intervenir en todas esas zonas, mientras otras autoridades zonales simplemente no intervienen, lo cual implicó que las autoridades del Viceministerio de Minas y Arcom, en Quito, inicien procesos de investigación para sistematizar la aplicación de pruebas de confianza.

Respecto al mineral ilegal proveniente del Perú, Chinapintza constituye un punto de tránsito utilizado por mineros ilegales, tanto ecuatorianos como peruanos, dice un oficial de Inteligencia. El material extraído es transportado diariamente en volquetas tipo mula. Los ilegales explotan el material aurífero, tanto del territorio peruano como del ecuatoriano. El movimiento de las volquetas se realiza de día y de noche, con rumbo a Portovelo, donde se ha procesado el material de Fuentes lícitas e ilícitas, por varios años. En vista del daño y contaminación ambiental con mercurio y otros minerales causado en los ríos de Portovelo nueve plantas de beneficio fueron intervenidas, a partir del 12 de enero pasado las Fuerzas Armadas y clausuradas por la Arcom, que confirmó que arrojaban desechos contaminantes a las fuentes fluviales. La decisión fue tomada por la ministra de Energía y Minas, Inés Alarcón, que sucesivamente dispuso la suspensión de toda actividad minera en Napo https://www.primicias.ec/economia/mineria-napo-suspension-ines-manzano-mineria-ilegal-115165/

Además anunció que medidas de esa magnitud se están analizando para ser aplicadas en otras provincias, mientras siguen combatiendo brotes de. minería ilegal en regiones sensibles, como parques nacionales.

Delincuentes no están procesados por minería ilegal

El papel preciso que juegan las bandas y sus miles de reclutas en esta actividad delictiva aún está lleno de nubarrones, de vacíos y preguntas sin respuestas, por falta de datos fiables, explica un oficial de la Policía. Estos roles están tratando de ser identificados y entendidos por los investigadores de la fuerza pública y de la Fiscalía, que aún no cuentan con datos y estudios sólidos, que les brinden una radiografía precisa de su conexión con carteles del narcotráfico y holdings transnacionales. De sus nexos con los clanes de mafia dedicadas a la minería ilegal.

Una prueba de ese vacío de información es la ausencia de casos judicializados en la Fiscalía, que evidencien la relación directa de integrantes de grupos delictivos con la explotación, tráfico o exportación ilegal de oro y el narcotráfico, como un jugador clave. Solo en un caso se ha probado, al menos públicamente, este nexo en una investigación periodística publicada por esta alianza transfronteriza https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/.

La falta de información sobre el grado de participación y roles de los grupos en la minería criminal se explica en buena parte por las limitaciones que tiene la Fiscalía para armar casos solventes, con el apoyo de la Policía, FF.AA y otros organismos de control como Arcom. Para la investigaciones de estos delitos solo hay dos fiscales en todo el país. Uno de ellos era Hugo Carvajal, quien durante varios años estuvo al frente de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza. En entrevista con esta alianza periodística ratificó que, ante la escalada de esta dinámica criminal, en el país deberían contar, al menos, con unos 23 fiscales especializados.

Todavía no hay suficiente información para establecer hasta donde llega la participación de los grupos delictivos en la cadena de explotación ilegal de oro, destacó Carvajal. “Creo que eso lo iremos descubriendo posteriormente, una vez que se aplique una nueva directriz que fue aprobada para fortalecer esta unidad y dotarle de más personal que le permita enfocarse en casos de mayor relevancia y complejidad”. Hasta el momento todavía no tenemos ningún caso con la participación directa de miembros de grupos de delincuencia organizada en minería ilegal”, subrayó Carvajal, quien tiene una dilatada experiencia en la Fiscalía, por más de 35 años, y sin embargo acaba de ser cambiado de unidad a otra de delitos contra la vida.

Desde 2022, la Unidad obtuvo 57 sentencias condenatorias por daños ambientales por minería ilegal. Ha abierto 1.500 procesos, de los cuales 1.345 están en investigación previa y 105 en instrucción fiscal, con formulación de cargos. En el 60% de los casos las investigaciones se abrieron a partir de informes de la policía que ha intervenido con los militares por delitos flagrantes en áreas libres que no están concesionadas a ninguna persona o empresa.

En un menor porcentaje se han iniciado procesos penales por delitos cometidos en áreas entregadas a titulares mineros, que han sido ocupadas por mineros ilegales. En estos casos la mayoría de acciones también son procesadas a través de cientos de amparos administrativos presentados ante la Arcom. La entidad no tiene datos consolidados del estado de estos casos ni sus resultados, que son formalizados por los titulares mineros, denunciando que sus áreas han sido invadidas por actores delictivos dedicados a explotación criminal de oro o que los operadores contratados violaron los acuerdos establecidos.

El paraguas de buena parte de estas actividades ilegales es precisamente la limitación de ese ente de control para supervisar que los concesionarios y sus operadores privados trabajen aplicando parámetros legales y técnicos, y así no sean presas o socios del crimen organizado. El universo de control de zonas concesionadas para minería aurífera y otros minerales es inmenso, imposible de auditar de forma prolija in situ, sin herramientas tecnológicas, según fuentes de la Arcom.

De las 2.000 concesiones existentes, 518 están en Zamora Chinchipe y 118 en Morona. “La capacidad de control de las actividades de los titulares mineros y sus operadores privados en esas áreas es muy limitada, casi inexistente, por el escaso personal que tiene la ARCOM (164 funcionarios en todo el país) y por la inmensa extensión que ocupan esas zonas”, reconoció Francisco Cobo, director de Control Minero de esa entidad.

En buena parte de estos casos, según David Sánchez, experto en regulación y gestión minera, excooordinador de regulación en ARCOM, esas limitaciones abren la puerta a que las actividades de minería ilegal -dentro y fuera de las concesiones- sean financiadas e impulsadas por el crimen organizado como parte de su economía criminal. “Si no damos las herramientas suficientes como Estado a las instituciones encargadas del control, simplemente vamos a ver desde otro lugar, como los integrantes de los GDOS, como se bombardean infructuosamente montañas, para enterarnos luego como el crimen organizado y sus miles de operadores han migrado a otras zona de interés minero. Esa es la historia de los últimos diez años en Ecuador”, destaca Sánchez.

Según el Comando Conjunto de las FF.AAA. existen 17 puntos críticos de minería criminal en el Ecuador, con influencia de delincuentes organizados en la extracción ilícita de minerales. Las más sensibles están en Zamora, Morona e Imbabura. El jefe del Comando Conjunto de FF.AA., general Henry Delgado, informó que planifican operaciones a gran escala en cooperación con Estados Unidos contra organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.

Para Sánchez, uno de los factores que ha acelerado este fenómeno en Zamora y Morona es la falta de intervenciones firmes del Estado y continuas de otras entidades públicas, sobre todo en el campo preventivo, relacionado con la ejecución de una política antiminería criminal sostenible y multidimensional.

Las últimas dos décadas, las organizaciones criminales incursionaron en la minería ilegal a gran escala en Ecuador en 2015. Ese año se detectó que en La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, más de 8.000 personas vivían de la minería ilegal en una concesión de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining.

En 2019, fueron desalojados, por lo que migraron hacia la provincia de Napo, en plena Amazonía, explica José Moreno, del colectivo Napo Ama la Vida. En esta zona, el gobierno entregó varias concesiones a la empresa china Terraearth Resources para que explote oro a lo largo del río Yutzupino, lo cual está prohibido por la ley. 

Esa compañía tiene cinco concesiones suspendidas, pero se mantiene operando a través de mineros ilegales, según reportes de Inteligencia militar.   

En 2022 se realizó una operación en Yutzupino en la que se capturó 148 retroexcavadoras usadas para la extracción de arena en el río y se detuvo a seis personas. Ese mismo año, los mineros ilegales volvieron a ocupar diversas fuentes fluviales del lugar y, en alianza con el crimen organizado, se han expandido a zonas aledañas hasta llegar a Chinapintza. Cuatro años después el proceso por estos delitos anunció no se ha formalizado con el inicio de la audiencia de formulación de cargos, que ha sido postergada en varias ocasiones en Tena. 

Este 26 de marzo de 2026 se cumplen ocho años del secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido en Mataje, Esmeraldas. Pese al tiempo transcurrido el caso sigue irresuelto, en la impunidad. Pero tiene importantes matices y diferencias en la forma en que las fiscalías de Ecuador y Colombia conducen la investigación. Mientras en Colombia la Fiscalía ha avanzado con la detención de cuatro involucrados por su participación presunta en el asesinato de los trabajadores del diario, en Ecuador el caso está congelado, sigue en indagación previa.

Por María Belén Arroyo y Arturo Torres

El 26 de marzo de 2018 tres miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio fueron secuestrados, cuando realizaban una cobertura sobre un inusitado estallido de violencia en el norte de Esmeraldas. Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra no volvieron con vida. Hoy precisamente se cumplen ocho años de ese episodio, que marcó un antes y un después en el periodismo ecuatoriano y destapó, por primera vez, la magnitud de la penetración acelerada del narcotráfico en Esmeraldas, así como la contaminación de agentes estatales, lo cual los siguientes años se extendió a otras provincias del país, en medio de la inoperancia de los gobiernos de turno para frenarlo.

Al cumplirse ocho años de ese trágico episodio, el secuestro y el asesinato siguen en la impunidad; el caso sigue irresuelto, aunque con importantes matices y diferencias en la forma en que las fiscalías de Colombia y Ecuador conducen la investigación. Mientras en Colombia la Fiscalía ha avanzado con la detención de cuatro involucrados por su participación presunta en el asesinato de los trabajadores del diario, en Ecuador el caso está congelado, sigue en indagación previa. No hay ningún avance significativo para esclarecer las causas y responsables del secuestro, ocurrido en el poblado fronterizo de Mataje, en Esmeraldas, según Ricardo Rivas, parte de los familiares de las víctimas. La Fiscalía tampoco ha investigado la probable responsabilidad de agentes y autoridades estatales, como recomendó un equipo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en vista de la serie de contradicciones que salieron a la luz sobre la fallida negociación para liberar a los comunicadores. Las causas posibles de la ejecución del equipo periodístico y los detalles del cautiverio, así como las actuaciones de varios funcionarios gubernamentales de diferentes organismos fueron detalladas en el libro Rehenes, ¿Por qué murieron los periodistas de El Comercio?, una investigación de María Belén Arroyo y Arturo Torres.

Aunque la Corte Constitucional dispuso la desclasificación de las actas que registran las decisiones que tomó el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), liderado por el entonces presidente Lenin Moreno, sobre la negociación, los documentos fueron entregados a los familiares mutilados, incompletos y con vacíos. Por ese motivo los parientes de Javier, Paúl y Efraín pidieron que la Corte haga un seguimiento al cumplimiento adecuado de la desclasificación y la entrega de todo el material sin posibles adulteraciones, que aún no ha sido respondido.

El riesgo para los periodistas aumentó 

El riesgo para el ejercicio del periodismo aumentó en el país. Desde 2005 se contabilizan 14 periodistas asesinados; la mayoría en los dos últimos años.

El periodismo sufre el embate del crimen organizado en Ecuador. “Los periodistas están en medio de un fuego cruzado, en el que no se sabe de dónde vienen las balas”, afirmó a medios Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros sin Fronteras. Él visitó el país a mediados de marzo de este año. En su gira comprobó los riesgos que entraña el ejercicio del periodismo en Ecuador. Uno de ellos es que el periodismo es uno de los blancos del crimen organizado transnacional.

Reconoció en un diálogo con periodistas de medios nacionales que el punto de quiebre lo marcó el secuestro y crimen de los miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. Desde Quito viajaron hacia Esmeraldas para cubrir los hechos de violencia desatados a inicios de 2018. No regresaron.

La violencia se multiplicó en el país por varios factores. “Fuimos ingenuos al no entender el problema en la dimensión en la que venía”, explica la catedrática Saudia Levoyer, quien es directora del doctorado de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar.

“El mundo de la criminalidad es altamente cambiante. Pensemos lo que ocurrió cuando en Colombia se firmó la paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Gobierno, en 2016. Aparecieron las disidencias que siguieron operando en el tráfico de cocaína”.

Guacho era ecuatoriano

Una de esas disidencias es el Frente Oliver Sinisterra, liderado por un ecuatoriano, Walther Patricio Arizala, ‘Guacho’. Él había nacido en Esmeraldas. A los 15 años se enroló en las filas de las FARC. Luego, pasó a dirigir esa disidencia, dedicada al transporte de cocaína por la frontera entre Colombia y Ecuador. Y al envío de la droga por narcosumergibles desde las costas de Esmeraldas.

“Se dio la paz y el debate público cuestionaba qué iba a pasar con la gente que no se iba a desmovilizar. Pero hubo ciegos y sordos, cuando sabíamos que frente a la zona de Sucumbíos limitábamos con el frente 48, de las FARC, vinculado al narcotráfico”, advierte Levoyer. Frente a Esmeraldas hay extensas superficies de cultivo de hoja de coca y laboratorios para producir cocaína.

Por el lado colombiano se encuentra el distrito de Tumaco, en el departamento de Nariño.

Según la investigadora, como país “No logramos visibilizar la magnitud del problema hasta que se produjo la explosión del coche bomba en la estación de policía en San Lorenzo, a fines de enero de 2018. Ése es el hito que debió hacer al país reaccionar, por lo que ocurrió después, que incluye las muertes de periodistas que fueron a reportear en la zona”.

Cómo ocurrió el secuestro

 El equipo de El Comercio pasó a las 09h03 del 26 de marzo de 2018 por el destacamento de la Marina. Tenía la autorización del comandante a cargo del mando unificado que era responsable del control de los dos cantones conflictivos de Esmeraldas: San Lorenzo y Eloy Alfaro.

Minutos después, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, los miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio, llegaron a Mataje Nuevo, que estaba semidesierto. Mientras se dirigían a Mataje Viejo fueron interceptados por tres ecuatorianos que les apuntaron con armas de fuego y les obligaron a bajarse de la camioneta.

‘Guacho’ (Walther Arizala Vernaza) había ordenado matar a “cualquier equipo de periodistas, vendedores ambulantes o investigadores” que aparecieran por ese sector. Y había advertido a un mayor de la policía, con quien mantenía mensajes de chat, que asesinaría a civiles extraños si llegaran a esa zona de Esmeraldas.

El mayor de policía intercambiaba mensajes con colaboradores del frente Oliver Sinisterra (FOS) desde enero de 2018. Él estaba al tanto de la gravedad de las amenazas contra civiles y uniformados.

La explosión de un coche bomba frente al cuartel de policía de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, a fines de enero, había sido una advertencia.

Sin embargo, el mando único que estaba al frente de la seguridad en la zona aseguró que no conocía sobre los mensajes amenazantes. Por eso autorizó al equipo periodístico de Diario El Comercio a ingresar en la zona de Mataje, ese 26 de marzo de 2018. Días antes un artefacto explosivo había detonado frente a un grupo de infantes de Marina que recorrían la zona, dejando una docena de muertos y heridos.

Los medios nacionales buscaban documentar las razones de la violencia en esa provincia. Aún se desconocía que el 12 de enero de 2018, en Mataje, tres hombres fueron detenidos, con cargos de tenencia de armas y explosivos. Patrocinio Cortés (Cuco), Diego Tobón y James Cuajiboy eran hombres de confianza de ‘Guacho’. Él exigía su liberación. Por eso, el grupo armado detonó el coche bomba dos semanas después, frente al cuartel de la policía de San Lorenzo. Era una represalia.

Los chats entre un policía y Guacho

 El oficial de la policía mantuvo varios contactos con el integrante del frente Oliver Sinisterra, desde ese mes de enero.

-“La guerra es al frente, es contra Colombia y pa’ qué se meten con nosotros ustedes… Infórmale eso a tu comandante, infórmale eso a tu presidente. Y no se metan con la gente de nosotros porque les va a llover bala y bomba”, según el registro de la llamada que recibió el uniformado, por parte de ‘Guacho’.

Él pedía tener una negociación directa con autoridades ecuatorianas.

-“Habla con tu comandante pa’ que mande un delegado, aquí lo atendemos. Somos una organización de carácter pacífico, pero ustedes nos están atacando a la gente nuestra, y la guerra no es con ustedes, es con Colombia, hombre”.

Cuando los periodistas de diario El Comercio pasaron por el control militarizado hacia Mataje, la mañana del 26 de marzo de 2018, desconocían que se convertirían en moneda de canje.

‘Guacho’ quería liberar a sus tres colaboradores detenidos en enero, y canjearlos por los tres miembros del equipo periodístico enviados desde Quito para la cobertura en Mataje, según se reveló en Rehenes. Eso no ocurrió. Ellos fueron conducidos a territorio colombiano, sometidos a cautiverio. Y finalmente asesinados. Sus cuerpos fueron hallados en fosas, en junio de 2018.

Desde entonces, la investigación judicial sobre el crimen no progresó. En un operativo armado ‘Guacho’ fue abatido en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, el Frente Oliver Sinisterra continúa activo, dedicado al tráfico de cocaína por la frontera entre ambos países.

Los chats del 26 de marzo de 2018

La tarde del lunes 26 de marzo de 2018, Guacho escribió al oficial:

“Hola hola… Tengo tres personas retenidas ecuatorianas, dos periodistas de Quito y el chofer. En sus manos está la vida de esas personas. Hola hola, qué más cuenta. En diez minutos téngame respuesta o desaparecerán esos señores”.

-“Saludos Guacho, buenas tardes. ¿Te puedo llamar?”, respondió el policía.

-“Usted sabe, no recibo llamadas”, dijo ‘Guacho’.

-“Me gustaría hablar contigo”, replicó el oficial.

.-“En esos minutos no tiene respuesta clara, día a día van a tener bajas, como militares y civiles, ustedes provocaron. Chaooo pues”.

Los crímenes de periodistas crecieron

Desde 2005, al menos 14 periodistas han muerto en el ejercicio de su profesión en el país, según reportes de Fundamedios.

La violencia aumentó exponencialmente desde 2021, con un denominador común: la impunidad en todos los casos.

En 2022 fueron asesinados 3 periodistas. Gerardo Delgado es uno de ellos. Tenía 39 años. Su pasión era reportar y transmitir en vivo para su propio medio digital, Ola Manta TV.

Era carismático; conectaba con la gente, con sus necesidades y sus problemas. Nació en Cojimíes, una parroquia rural del cantón de Pedernales, al norte de Manabí.

El 10 de agosto de 2022 recibió la alerta de un suicidio y acudió a reportar el hecho. Fue recibido a tiros. La investigación posterior detectó que el grupo criminal que estaba vinculado al narco lavador Leandro Norero lo mató por error.

El 20 de noviembre de 2025, el periodista Robinson del Pezo fue asesinado en su negocio de venta de carnes, cerca del mercado número 4 de La Libertad.

Un informe exhaustivo del caso fue elaborado por la organización de la sociedad civil Fundamedios. El crimen tiene relación con las denuncias que él realizaba desde su espacio La Voz del Pueblo. En este medio local exponía casos de corrupción. Fundamedios, en su informe, llegó a recopilar 80 posts de denuncias, desde 2023. El periodista denunció extorsiones y amenazas por parte de las autoridades a quienes había expuesto. Por tanto, el Estado debió brindarle protección.

• La investigación global #ChinaTargets del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ganó el premio Joe y Laurie Dine del  Overseas Press Club of America, al mejor reportaje internacional de derechos humanos. María Belén Arroyo y Arturo Torres participaron en este proyecto, con la publicación de dos reportajes en Código Vidrio y Revista Vistazo, que son parte de la serie ganadora, junto con otros 40 periodistas de 23 países.

• Este proyecto descubrió el enorme alcance y las tácticas aterradoras de la campaña que China lleva a cabo por años para atacar a miles de críticos y disidentes del régimen que viven en el extranjero y a su familias.

• La investigación que tomó 10 meses también revela cómo las Naciones Unidas se han convertido en una plataforma para la represión transnacional de China bajo el régimen de Xi Jinping, y cómo las autoridades chinas abusan de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticos.

Redacción Código Vidrio

La investigación global “ChinaTargets”, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ganó el premio Joe y Laurie Dine, del Overseas Press Club of America, al mejor reportaje internacional de derechos humanos.

María Belén Arroyo y Arturo Torres participaron en este proyecto, con la publicación de dos reportajes en los medios aliados Código Vidrio y Revista Vistazo, que son parte de la serie ganadora por el Consorcio, además de otros 40 periodistas de 23 países. México y Ecuador fueron los únicos países incluidos como foco de este proyecto en Latinoamérica.

Para el jurado “La investigación del ICIJ es la definición misma de periodismo de derechos humanos de alto impacto, que combina informes profundos, ambiciosos y amplios con fuertes narrativas periodísticias. No solo expone el largo alcance de China, sino también la complicidad de las organizaciones locales e internacionales para ayudar a silenciar las críticas de China”.

China Targets es un proyecto transfronterizo global que descubrió el enorme alcance y las tácticas aterradoras de la campaña de Beijing para atacar a los críticos del régimen que viven en el extranjero, especialmente en países europeos y también en Latinoamérica.

⇒The Overseas Press Club of America es la asociación más antigua y grande de periodistas de EE. UU., dedicada a cubrir noticias internacionales, fundada en 1939 en Nueva York. Su misión es fomentar la excelencia en el periodismo extranjero, defender la libertad de prensa y apoyar a corresponsales y freelancers a nivel mundial. 

La investigación que tomó 10 meses también revela cómo las Naciones Unidas se han convertido en una plataforma para la represión transnacional de China bajo el régimen de Xi Jinping, y cómo las autoridades chinas abusan de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticos.

Las investigaciones en Ecuador

Código Vidrio y Revista Vistazo se aliaron para investigar las secuelas de las prácticas subterráneas de China que se plasmaron en dos reportajes. En el primeron revelaron cómo la policía secreta china sigue operando en Ecuador, con empresarios de fachada. En mayo de 2024 una agencia de la policía secreta de China cerró sus puertas, luego de que sus operaciones quedarán en evidencia por una investigación periodística publicada por la alianza Código Vidrio-Vistazo. No obstante, en un nuevo reportaje descubrimos indicios de que empresarios de fachada siguen manejando una estación policial clandestina desde otro lugar para seguir con operaciones de espionaje, reclutamiento de fuentes y funcionarios y vigilancia en Quito. La Fiscalía abrió una indagación por defraudación fiscal contra el director y propietario de la empresa de turismo que era la fachada de la estación. Zumretay Arkin, representante de la minoría Uigur, que sufre abusos y es perseguida en China, denunció en Quito sistemáticos abusos del gobierno de Pekín. En esta ciudad también viven miembros de la organización religiosa Falun Dafa, proscrita en el país asiático.

En el segundo reportaje se expuso que seis coyotes chinos mantienen activa una red de tráfico desde Ecuador a EE.UU.Esa structura facilita el tránsito de cientos de migrantes asiáticos que ingresan por la frontera con Perú, para dirigirse hacia Estados Unidos, por vía terrestre. China tiene identificados a los traficantes y ha pedido su localización y captura a la Interpol, que aún no ha emitido ninguna notificación roja. Dos ciudadanos chinos fueron extraditados en 2024, tras ser detenidos por la policía internacional en Guayaquil.

Persecución masiva a minorías   

El ICIJ y sus 42 medios de comunicación asociados entrevistaron a 105 personas en 23 países que han sido blanco de las autoridades chinas en los últimos años por criticar las políticas gubernamentales, tanto en público como en privado. Entre estas personas se incluyen disidentes políticos chinos y de Hong Kong, así como miembros de las minorías uigur y tibetana oprimidas.

Los periodistas tomaron medidas de seguridad extraordinarias para proteger la identidad de las víctimas (muchas de las cuales pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ellas o sus familias) y para corroborar la evidencia del acoso patrocinado por el Estado.

El ICIJ y sus socios estudiaron documentos internos del gobierno, examinaron grabaciones secretas de audio y video de interrogatorios policiales y analizaron registros confidenciales de la ONU y de Interpol, archivos judiciales e informes de inteligencia para analizar el alcance autoritario de Beijing. Registros gubernamentales chinos, nunca antes vistos, que abarcan el período 2001-2020, incluyendo un libro de texto policial interno y pautas de seguridad confidenciales, brindaron una visión única del manual de estrategias de China para reprimir la disidencia.

Estos documentos, cuidadosamente guardados, detallaban, en palabras de las propias autoridades chinas, cómo los agentes de seguridad nacional debían identificar y controlar a los objetivos. Las directrices de seguridad establecieron un modelo de represión que las autoridades chinas utilizan actualmente contra las víctimas en el extranjero, según el ICIJ.
La mitad de las 105 víctimas entrevistadas por el ICIJ y sus medios de comunicación asociados afirmaron que sus familiares en China habían sido intimidados e interrogados por la policía o agentes de seguridad del Estado. Varios afirmaron que la intimidación se produjo apenas horas después de que las víctimas participaran en protestas o actos públicos en el extranjero.

El equipo de investigación de ICIJ premiado

• Echo Hui (Corporación Australiana de Radiodifusión) Australia
• Hamish Boland-Rudder (ICIJ) Australia
• Anna Sawerthal (Der Standard) Austria
• Laurin Lorenz (Der Standard) Austria
• Stefan Melichar (perfil) Austria
• Lars Bové (De Tijd) Bélgica
• Delphine Reuters (ICIJ) Bélgica
• Kristof Clerix (Knack) Bélgica
• Arthur Sente (Le Soir) Bélgica
• Joël Matriche (Le Soir) Bélgica
• Elizabeth Thompson (CBC) Canadá
• Frédéric Zalac (CBC) Canadá
• Gaétan Pouliot (Radio-Canadá) Canadá
• Brendan Kennedy (Toronto Star) Canadá
• Jesse McLean (Toronto Star) Canadá
• Mašenjka Bačić (Oštro) Croacia
• Carl Schreck (Radio Free Europe/Radio Liberty) República Checa
• Reid Standish (Radio Free Europe/Radio Liberty) República Checa
• Lisbeth Quass (Corporación Danesa de Radiodifusión) Dinamarca
• Niels Fastrup (Corporación Danesa de Radiodifusión) Dinamarca
• Søren Kristensen (Corporación Danesa de Radiodifusión) Dinamarca
• John Hansen (Politiken) Dinamarca
• Sebastian Kjeldtoft (Politiken) Dinamarca
• Arturo Torres (Código Vidrio) Ecuador
• María Belén Arroyo (Revista Vistazo) Ecuador
• Eero Mäntymaa (Yle) Finlandia
• Kirsi Skön (Yle) Finlandia
• Dean Starkman (ICIJ) Francia
• Liselotte Mas (Le Monde) Francia
• Simon Leplâtre (Le Monde) Francia
• Géraldine Hallot (Radio Francia) Francia
• Maxime Tellier (Radio Francia) Francia
• Scilla Alecci (ICIJ) Alemania
• Bastian Obermayer (medios de comunicación/ZDF/DER SPIEGEL) Alemania
• Frederik Obermaier (medios de comunicación/ZDF/DER SPIEGEL) Alemania
• Maria Christoph (medios de comunicación documental/ZDF/DER SPIEGEL) Alemania
• Niklas Pfeiffer (medios de comunicación/ZDF/DER SPIEGEL) Alemania
• Sophia Stahl (medios de comunicación/ZDF/DER SPIEGEL) Alemania
• Andras Petho (Direkt36) Hungría
• Kamilla Marton (Direkt36) Hungría
• Karrie Kehoe (ICIJ) Irlanda
• Colm Keena (The Irish Times) Irlanda
• Gloria Riva (Domani) Italia
• Fabio Papetti (IRPIMedia) Italia
• Leo Sisti (L’Espresso) Italia
• Paolo Biondani (L’Espresso) Italia
• Isabella Cota (ICIJ) México
• Gaurav Pokharel (Onlinekhabar) Nepal
• Hanneke Chin-A-Fo (NRC) Países Bajos
• Wilmer Heck (NRC) Países Bajos
• Paula Penfold (Stuff) Nueva Zelanda
• Justin Wong (The Post/Stuff) Nueva Zelanda
• Håvard Gulldahl (NRK) Noruega
• Inghild Eriksen (NRK) Noruega
• Ingrid Hjellbakk Kvamstø (NRK) Noruega
• Eiliv Frich Flydal (VG) Noruega
• Ola Haram (VG) Noruega
• Attila Biro (Contexto) Rumania
• Mihaela Tanase (Contexto) Rumania
• Jelena Cosic (ICIJ) Serbia
• Uroš Škerl Kramberger (Oštro) Eslovenia
• Anuška Delić (Oštro/OCCRP) Eslovenia
• Hyeon-suk Kang (Newstapa) Corea del Sur
• Jiyoon Kim (Newstapa) Corea del Sur
• Yongjin Kim (Newstapa) Corea del Sur
• Braulio García Jaén (El País) España
• Daniele Grasso (El País) España
• Jesús Escudero (ICIJ) España
• Tobias Andersson Åkerblom (Göteborgs-Posten) Suecia
• Linda Kakuli (SVT) Suecia
• Celine Stettler (Tamedia), Suiza
• Christian Broenniman (Tamedia), Suiza
• Oliver Zihlman (Tamedia), Suiza
• Sylvain Besson (Tamedia), Suiza
• Zoe Egli (Tamedia) Suiza
• Pelin Ünker (DW Turquía) Turquía
• Tamsin Lee-Smith (ICIJ) Reino Unido
• Maeve McClenaghan (The Guardian) Reino Unido
• Rachel Oldroyd (The Guardian) Reino Unido
• Tom Burgis (The Guardian) Reino Unido
• Agustín Armendáriz (ICIJ) EE. UU.
• Angie Wu (ICIJ) EE. UU.
• Annys Shin (ICIJ) EE. UU.
• Ben Dooley (ICIJ) EE. UU.
• Carmen Molina Acosta (ICIJ) Estados Unidos
• Chris Worthington (ICIJ) EE. UU.
• Daniela Vivas Labrador (ICIJ) Estados Unidos
• David Rowell (ICIJ) EE. UU.
• Denise Ajiri (ICIJ) Estados Unidos
• Fergus Shiel (ICIJ) EE. UU.
• Joanna Robin (ICIJ) EE. UU.
• Kathleen Cahill (ICIJ) EE. UU.
• Nicole Sadek (ICIJ) EE. UU.
• Richard HP Sia (ICIJ) EE. UU.
• Sam Ellefson (ICIJ) EE. UU.
• Tom Stites (ICIJ) EE. UU.
• Whitney Joiner (ICIJ) EE. UU.
• Jane Tang (Radio Free Asia) EE. UU.
• Greg Miller (The Washington Post) EE. UU.

• Ecuador entró en la lista de vigilancia por deterioro de derechos humanos y represión de la sociedad civil de la organización internacional CIVICUS. En un informe publicado este 25 de marzo esta entidad de monitoreo destacó que el régimen de Daniel Noboa ha persistido en el empleo de fuerza letal y excesiva contra protestas pacíficas, lideradas por pueblos indígenas, lo cual evidencia un patrón de represión estatal.

• Además documentó casos sistemáticos de personas defensoras, periodistas y medios de comunicación bajo creciente presión en un contexto de debilitamiento de la independencia judicial. Y la aplicación de estados de excepción, leyes restrictivas y bloqueo arbitrario de cuentas bancarias, que profundizaron el cerco a la sociedad civil.

• El gobierno, de su lado, mantiene una postura de «guerra» directa contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, bajo la consigna de no retroceder («si nos golpean una vez, golpeamos cinco», dijo recientemente el Presidente). Basado en la cooperación internacional en especial de Estados Unidos, el aumento de la fuerza pública y la intervención en zonas de alto riesgo, el régimen asegura haber reducido la violencia y busca afectar las economías ilegales, señalando que la lucha incluye a políticos que protegen a las mafias, minimizando las denuncias y observaciones de organismos nacionales e internacionales de DD.HH. Incluida la Organización de Naciones Unidas.  

 Redacción Código Vidrio

Bajo el pretexto de combatir el crimen organizado, el gobierno de Daniel Noboa ha consolidado prácticas represivas y restricciones sistemáticas a los derechos humanos, según concluye el último informe de CIVICUS, que es una alianza global dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil desde 1992. La organización está integrada por más de 17.000 miembros en más de 175 países.

Por el deterioro acelerado de los derechos humanos y la represión creciente de la sociedad civil Ecuador entró en la lista de vigilancia de esta organización internacional, que tiene su sede en Johannesburgo, Sudáfrica.

El CIVICUS Monitor clasifica actualmente a Ecuador  como “obstruido”. Esta categoría refleja serias limitaciones al ejercicio de las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. La inclusión en la lista de vigilancia responde a un deterioro rápido y sostenido de estas libertades, un proceso que se ha intensificado en el último año, destaca el informe difundido este 25 de marzo.

Pese a observaciones y alertas de organismos nacionales e internacionales de DD.HH., el gobierno de Noboa mantiene una postura de «guerra» directa contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, bajo la consigna de no retroceder («si nos golpean una vez, golpeamos cinco»). Basado en la cooperación internacional, el aumento de la fuerza pública y la intervención en zonas de alto riesgo, el régimen asegura haber reducido la violencia y busca afectar las economías ilegales, señalando que la lucha incluye a políticos que protegen a las mafias. En esa línea el discurso oficial subraya que no habrá tregua ni negociación con grupos delictivos, calificando las acciones como «limpieza» y fortalecimiento de la seguridad nacional. Esto también incluye según ha enfatizado Noboa la lucha contra el lavado de activos, utilizando la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para golpear el financiamiento de las mafias, aunque en general estas operaciones son limitadas en relación al número de casos evidenciados. 

EL ESPECIO CÍVICO EN ECUADOR ESTÁ OBSTRUIDO SEGÚN EL MONITOR DE CIVICUS

La respuesta estatal, basada en la adopción de medidas excepcionales y la militarización de la seguridad pública, indica el reporte, ha derivado en la represión violenta de protestas pacíficas lideradas por pueblos indígenas. En septiembre y octubre de 2025, fuerzas de seguridad recurrieron al uso excesivo y letal de la fuerza, provocando la muerte de tres personas kichwas en Imbabura. 500 personas fueron heridas y más de 200 fueron detenidas de manera arbitraria.

Organizaciones de derechos humanos documentaron al menos 16 casos de desaparición forzada de corta duración en este episodio, así como interrupciones deliberadas de servicios de internet y telefonía móvil en varias localidades.

“El despliegue de fuerzas militares para contener la protesta social, acompañado de discursos como amenazas a la seguridad es desproporcionado y es una deriva peligrosa y represiva”, dijo Ana María Palacios, investigadora para las Américas del CIVICUS Monitor. “Este enfoque criminaliza a la sociedad civil y legitima la violencia contra comunidades que defienden sus derechos”.

⇒La calificación del espacio cívico de Ecuador como obstruido se asigna a países diferentes sectores sociales y están fuertemente atacados por quienes detentan el poder, quienes imponen una combinación de imposiciones legales y prácticas que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 39 países en el mundo se ubican en esta calificación.

De forma paralela -agrega el Monitor- autoridades públicas y ciertos medios de comunicación han impulsado narrativas que asocian a organizaciones indígenas y a las guardias comunitarias con el terrorismo y el crimen organizado, lo que refuerza su estigmatización. Al menos 61 líderes indígenas y personas defensoras del ambiente enfrentan investigaciones por delitos como terrorismo, financiamiento del terrorismo y enriquecimiento ilícito. En muchos casos han sido vinculadas al paro nacional de 31 días contra la eliminación del subsidio al diésel, que elevó los precios en más de un 50%. Desde 2025, este patrón de criminalización se ha profundizado, con más de 200 liderazgos sociales investigados o procesados en distintas provincias, alerta el informe.

El derecho a la libertad de asociación también enfrenta crecientes restricciones. La legislación adoptada en 2025, incluida la llamada Ley de Transparencia Social, amplía de manera significativa las facultades de control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil. Entre otras medidas, «impone obligaciones de reporte excesivas, habilita el congelamiento de cuentas bancarias y limita la acción de organizaciones que legítimamente se oponen a proyectos extractivos aprobados por el Estado. Aunque existen acciones de inconstitucionalidad en trámite, la normativa sigue vigente y en aplicación».

Desde septiembre de 2025, diversas organizaciones han sido objeto de bloqueos arbitrarios de sus cuentas bancarias en el marco de investigaciones de la UAFE basadas en información confidencial a la que no tienen acceso ni posibilidad de impugnación, lo que vulnera garantías básicas de debido proceso. En diciembre de 2025, Human Rights Watch alertó que estas acciones ya afectaban gravemente la capacidad operativa de la sociedad civil.

Libertad de expresión atenazada

Las restricciones a la libertad de expresión también se han intensificado. Al menos cinco periodistas fueron asesinados en 2025. El 20 de noviembre , el periodista Robinson del Pezo fue asesinado en La Libertad (provincia de Santa Elena) tras publicar investigaciones sobre presuntos casos de corrupción local. Durante el paro nacional de 2025, organizaciones de prensa documentaron 55 ataques contra periodistas en al menos cinco provincias. A ello se suma la suspensión de emisoras de radio, la paralización de los procesos de asignación de frecuencias y el uso de mecanismos regulatorios que afectan la sostenibilidad de medios independientes.

Estos hechos se producen en un escenario de debilitamiento de la independencia judicial y aumento de la violencia contra operadores de justicia. El Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) ha documentado injerencias políticas, corrupción y la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial. Entre 2020 y 2025 se registraron al menos 40 ataques contra funcionarios judiciales, incluidos los asesinatos de 12 fiscales y tres jueces.

⇒La Lista de Vigilancia es publicada por CIVICUS Monitor, una plataforma digital que monitorea las libertades cívicas -como las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica- en 198 países y territorios. Las calificaciones del espacio cívico son: «cerrado», «represivo», «obstruido», «estrecho» o «abierto», según una metodología basada en múltiples fuentes de datos. Más de veinte organizaciones contribuyen con evidencias y análisis con el objetivo de respaldar acciones globales en defensa del espacio cívico.

“El sistema de justicia, incluida la Corte Constitucional, ha sido objeto de presiones indebidas por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, afirmó Vivian Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador. “Jueces y autoridades encargadas de la administración judicial enfrentan niveles alarmantes de interferencia política. La ciudadanía ecuatoriana ya ha demostrado su compromiso con la defensa del orden constitucional, incluso mediante el referéndum de noviembre de 2025. Hoy espera que las instituciones respeten su voluntad y garanticen los derechos consagrados en la Constitución”, agregó.

El agravamiento de la situación ha encendido alertas a nivel internacional. Una misión de observación de derechos humanos integrada por organizaciones globales y regionales advirtió recientemente que Ecuador atraviesa un deterioro acelerado y enfrenta un alto riesgo de consolidar un entorno aún más restrictivo para las libertades cívicas si no se adoptan medidas urgentes para revertir este curso.

El contexto: Deterioro generalizado en toda la región

La sociedad civil se enfrentó a una dura prueba en 2025, debido al retroceso generalizado de las libertades cívicas en todo el continente americano. La mayoría de la población vive ahora en entornos con espacios cívicos restringidos (alrededor del 60%), mientras que otro 30% se encuentra expuesto a las peores condiciones: espacios cívicos cerrados o reprimidos. De 35 países, el espacio cívico se considera cerrado en tres, reprimido en siete, restringido en seis, limitado en nueve y abierto en diez.

En medio de este declive, las democracias de larga tradición muestran signos de un rápido giro autoritario, caracterizado por el debilitamiento del Estado de derecho y las crecientes restricciones a la sociedad civil independiente. Argentina y Estados Unidos ejemplifican esta tendencia.

Estados Unidos figuró dos veces en la lista de vigilancia de CIVICUS Monitor, que alerta sobre países que experimentan un rápido declive en las libertades cívicas, en 2025. Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, en enero de 2025, su calificación pasó de un espacio cívico restringido a uno obstruido. Trump emitió órdenes ejecutivas sin precedentes diseñadas para desmantelar las instituciones democráticas, la cooperación global y la justicia internacional. Las autoridades adoptaron una respuesta militarizada a las protestas masivas provocadas por operaciones federales agresivas y racistas dirigidas contra las comunidades migrantes.

La Fiscalía General procesó este martes 17 de marzo a 60 personas por el presunto delito de actividad ilícita de recursos mineros, en el sector de Yutzupino, en el cantón Tena, en la provincia de Napo. La indagación de este caso empezó hace más de tres años, en 2022. Las pruebas recopiladas evidencian la alteración del suelo y de los cursos de agua, la acumulación de residuos, la intervención en zonas de protección hídrica, el almacenamiento de combustibles, la formación de piscinas producto de la actividad minera y el vertido de aguas contaminadas en el dominio hídrico público. Esto en medio de la inacción y complicidad de las autoridades de control, seccionales y habitantes que también se beneficiaron de estas actividades criminales. En febrero pasado la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, suspendió toda actividad minera en Napo.

Redacción Código Vidrio

Durante la audiencia de formulación de cargos, que se extendió por más de dieciséis horas continuas, el fiscal de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y los Derechos de la Naturaleza presentó elementos de convicción, tanto individuales como comunes, que sustentan el inicio de la instrucción fiscal, fijada en noventa días en contra de los 60 involucrados.

Entre los setenta y dos elementos comunes expuestos consta un informe ejecutivo sobre las actividades de minería ilegal en Yutzupino. Este documento recoge hallazgos obtenidos con sobrevuelos con drones, que evidencian la alteración del suelo y de los cursos de agua, la acumulación de residuos, la intervención en zonas de protección hídrica, el almacenamiento de combustibles, la formación de piscinas producto de la actividad minera y el vertido de aguas contaminadas en el dominio hídrico público, “ejecutado de forma antitécnica y sin los permisos correspondientes”, precisó el Fiscal a cargo del caso.

En vista del descomunal daño ambiental y la contaminación de las fuentes hídricas sin precedentes, el 2 de febrero pasado la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, suspendió toda actividad minera en Napo.

La Fiscalía incorporó versiones recabadas durante la investigación previa. Un dirigente comunitario señaló: “fue indignante ver la invasión de más de ochenta excavadoras que venían de distintas partes del país, incluidos operadores locales, que se apoderaban del territorio y dominaban comunidades para fomentar actividades ilícitas”.

Una dirigente indígena indicó que “las comunidades obtenían beneficios económicos por permitir el ingreso de maquinaria”. En otro relato, un agente turístico dijo que el incremento de maquinaria y personas en la zona fue progresivo y que colectivos ambientales monitoreaban el sector cada 48 horas, reportando la contaminación de los ríos, en medio del silencio e inacción de las autoridades de control, desde 2019.

Mercurio, aluminio, hierro… en los ríos

El informe pericial de microscopía electrónica de barrido determinó que las muestras de agua tomadas en los ríos afectados contienen mercurio, aluminio, silicio, hierro, oro y plata.

Los sesenta procesados, con edades entre 25 y 70 años, quedaron sujetos a medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Además, se dispuso la prohibición de enajenar la maquinaria y su retención.

En el marco de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (hoy Comité Nacional de Integridad del Sector Minero), se identificó la presencia de cerca de 200 excavadoras y entre 600 y 800 personas dedicadas a la explotación ilícita de recursos mineros en las riberas de los ríos Anzu y Jatunyacu, en zonas de bosque nativo.

Para estas actividades se habrían utilizado excavadoras, clasificadoras tipo “Z”, motobombas, motores de succión, dragas artesanales, generadores eléctricos y tanques de combustible.

El 12 de febrero de 2022, el Estado ecuatoriano movilizó a más de 1.000 funcionarios de instituciones como Arcom, los ministerios de Ambiente y de Transporte y Obras Públicas, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional.

Entre el 13 y el 25 de febrero de 2022 se ejecutaron cuarenta y dos allanamientos en puntos específicos, definidos a partir de sobrevuelos con drones. En estas intervenciones se levantaron indicios vinculados al delito investigado.

Durante su intervención, el Fiscal señaló que, tras la acción estatal, los involucrados habrían intentado mover maquinaria y otros indicios vinculantes para evadir las acciones de control.

El narco serbio Jezdimir Srdan decidió acogerse a un procedimiento de cooperación eficaz con la  Fiscalía en el proceso por presunta delincuencia organizada. Así busca negociar una reducción de su pena que en su caso puede llegar a diez años de prisión. En este caso la fiscal Janneth Cueva pedirá que sean llevados a juicio nueve procesados en una audiencia prevista para abril.

Redacción Código Vidrio

El narcotraficante serbio Jezdimir Srdan entró en un callejón sin salida. Ante las pruebas abundantes de diferentes organismos policiales, dentro y fuera del país, en el juicio que enfrenta por delincuencia organizada, decidió acogerse a un procedimiento de cooperación eficaz con la Fiscalía. Así busca negociar una reducción de su pena que en su caso puede llegar a diez años de prisión.

Para acceder a este beneficio Srdan deberá aportar nuevos elementos y evidencias que le permitan a la Fiscalía identificar a más integrantes de esta red criminal, que operaba para un clan de la mafia serbia. Entre 2019 y 2021 este grupo envió desde Ecuador unas 10 toneladas de cocaína hacia países europeos.

En este caso, la fiscal Janneth Cueva presentó, el 26 de febrero pasado, un dictamen abstentivo para siete involucrados más. Emitió este pronunciamiento -según afirmó- por falta de evidencias que prueben la participación de los siete de forma permanente y reiterativa en las once materialidades (hechos delictivos), que la Policía Antidrogas de Ecuador descubrió para pedir el inicio de la indagación, el año pasado. Si bien los siete intervinieron en tareas logísticas y están pagando penas por narcotráfico, no tenían ninguna comunicación sistemática con los nueve integrantes de la organización que siguen procesados, recalcó la fiscal, cuyo dictamen fue examinado y pasó el control interno que determinó su legalidad y argumentación jurídica.

En entrevista con Código Vidrio, la fiscal Cueva, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional UNIDOT (10), dijo que durante su última versión en este caso, Srdan aceptó su responsabilidad y reconoció la veracidad de los miles de mensajes que mantuvo, a través de la plataforma SKY, para coordinar el envío de cocaína desde varios puertos de Guayaquil.

Esos chats fueron desencriptados por la Policía de Francia, luego de acceder a unos códigos que agentes de Ecuador les remitieron para descifrar las identidades de los miembros de la organización.

Esencialmente, el líder de ese clan serbio en Ecuador habría aceptado su participación y asumió su responsabilidad en los hechos, por lo cual le pidió a la fiscal acogerse a una cooperación eficaz, que le permita acceder a una reducción de su pena. Esta colaboración está facultada por el Código Integral Penal, vigente en la época cuando ocurrió el delito, entre 2019 y 2022, siempre y cuando aporte con pruebas sólidas para la investigación.

El serbio aún no ha formalizado el pedido de cooperación, porque no se ha comunicado con su abogado, que no ha podido ingresar al centro de rehabilitación donde está preso, indicó la fiscal Cueva.

Por ese motivo aún no puede iniciar el trámite para acogerse a una rebaja de penas, si llega a un acuerdo de cooperación voluntaria con la Fiscalía. Este procedimiento pasa por un control constitucional y aprobación del juez de la causa.

 Si el juez acepta la cooperación el serbio recibiría un beneficio con la reducción de una tercera parte de su pena, que estaba vigente cuando cometió el delito. Para entonces la condena era de 7 a 10 años de privación de libertad para los líderes o cabecillas. No fue hasta las reformas de 2024 que estas penas se incrementaron drásticamente a rangos de 22 a 26 años.

Las investigaciones de la organización que lideraba el serbio desembocaron en tres procesos: narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada.

El caso más reciente, que alertó los alcances del serbio para presionar a las autoridades y lograr favores en la justicia salió a la luz en noviembre pasado, cuando Srdan fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos por un tribunal anticorrupción, del que era parte el juez Carlos Serrano. Él denunció que semanas antes fue presionado por el entonces director provincial del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor, para fallar a favor del serbio. Este episodio también provocó la destitución del presidente del organismo, Mario Godoy, y la renuncia de Serrano, que abandonó el país, por amenazas contra su vida.

La fiscal pedirá llamar a juicio a nueve implicados 

Entre tanto, la fiscal Janeth Cueva, que asumió la dirección de la investigación en diciembre, había avanzado con la instrucción fiscal por delincuencia organizada vinculando a cuatro personas más. Y los días siguientes emitió un dictamen abstentivo a favor de siete implicados, todos del nivel logístico, con excepción del propietario de una empresa empacadora de atún para exportación. Los beneficiados de esa decisión, avalada por el juez Sebastián Cornejo, son Luis Elisaul L. P., Gabriel Francisco P. V., Ramón Alonso Z. R., Darwin Javier T. A., Miguel Fernando F. V., William Andrés T. L. y Miguel Ángel A. O.

Los agentes Antinarcóticos que participaron en la investigación no estuvieren de acuerdo con el dictamen abstentivo de Miguel A. No obstante, según la Fiscal en ningún chat, informe o versión, se identifica la participación de Miguel A. con su identidad; solo se interpreta que corresponde a un alias o sobrenombre, lo cual no es suficiente para atribuirle su participación en este delito. «Acusarlo sin suficientes elementos probatorios implicaría una vulneración de sus derechos», recalca Cueva.

La siguiente etapa en este caso es la audiencia preparatoria, en la cual la fiscal pedirá que sean llamados a juicio nueve acusados. Esa diligencia se realizará a fines de abril próximo.

ENTREVISTA ◊ La embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova, vaticina un escenario cada vez más complejo en la lucha contra el crimen organizado que sigue creciendo a nivel global, con una repercusión directa por el aumento de los envíos de cocaína desde Ecuador. No obstante, asegura que la cooperación internacional y la coordinación han mejorado y son claves para enfrentar a las organizaciones delictivas.

Destaca que la corrupción en algunas entidades estatales es un obstáculo para que los proyectos financiados por la UE, que llegan a 30 millones de euros, tengan más impacto, pero que hay esfuerzos importantes desde el gobierno para enfrentarla.

Para Doródnova, la respuesta al fenómeno criminal necesita de un enfoque integral, no solo militar, con el soporte de proyectos sociales y económicos, de apoyo a las instituciones, sostenidos a largo plazo. Un ejemplo es la reciente inauguración del Centro de Fusión de información en Guayaquil, financiado con fondos europeos.  

Por Arturo Torres
@Cascabelito09

–¿Por qué es tan importante para la Unión Europea cooperar con Ecuador, especialmente en el campo de la seguridad y el lavado de activos?
-La Unión Europea está sufriendo también por todo lo que está pasando en Ecuador. Nosotros recibimos cada vez más cocaína y la mayor parte de esta droga, que entra a nuestros países pasa, por los puertos de Ecuador. Esto lo sabemos, estamos empeñados a colaborar con las instituciones ecuatorianas, con el gobierno. Porque por supuesto nos interesa disminuir el narcotráfico, bajar la cantidad de droga que ingresa por nuestros puertos. Porque es cuestión de seguridad también para nosotros, de la salud pública de nuestras sociedades. Y desde el punto de vista del interés puro y duro de la UE, tenemos que ayudar a Ecuador, tenemos que trabajar trascendiendo fronteras para ser más fuertes frente a estas mafias.

-¿Es decir que hay un énfasis en una estrategia transnacional?-
Sí. Porque las mafias son internacionales, hay operadores europeos también en estas redes. Así que tenemos que juntar esfuerzos, ha-cer investigaciones y operaciones conjuntas, intercambiar datos, información para hacer frente a este fenómeno, que nos afecta a todos.

-Hasta ahora, el gobierno ha puesto énfasis en el tema punitivo, militar y policial, para enfrentar la inseguridad. Todavía no ha priorizado, con esa misma intensidad, el fortalecimiento del sistema judicial y penitenciario, la disminución de la pobreza estructural en los barrios controlados por las bandas... No hay en este caso una estrategia integral. Por la experiencia que usted ha tenido en el cargo, ¿cuáles cree que deberían ser los abordajes y la focalización del poyo de la UE, que ya suma más de 30 millones de euros?
-Claro, la respuesta al fenómeno criminal necesita de un enfoque integral, esto está clarísimo. Y nosotros hemos analizado aquí en profundidad la situación desde todos los puntos de vista. Hemos hecho un análisis técnico con nuestros expertos de cómo es la situación en Ecuador desde el punto de vista, por ejemplo, de la institucionalidad. Y hemos concluido que la institucionalidad es débil. Hemos analizado las causas estructurales del fenómeno y también hemos visto que hay insuficiente, digamos, estructura para la integración de los jóvenes, que fácilmente caen en las manos del crimen organizado. Y en eso también estamos trabajando.

-¿Otro problema grave, que impide una lucha eficaz contra el crimen organizado, es la corrupción?-
-Sí. Hemos detectado altos niveles de corrupción, lo sabemos, el gobierno también lo sabe y está actuando. Hay altos niveles de contaminación institucional, especialmente en los puertos, lo cual ocurre también en otros países. Por eso, los ejes principales de nuestra cooperación son: seguridad portuaria, intercambio de inteligencia, el tema penitenciario, porque usted sabe mejor que yo que los centros penitenciarios se han vuelto centros de mando del crimen organizado. Además apoyamos al abordaje de temas estructurales, como frenar el reclutamiento de los jóvenes.

-¿Y en el campo de capacitación, dónde están apoyando?
-Nos estamos empeñando mucho en capacitar a funcionarios de las instituciones clave. Y ayudar a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a sus unidades especializadas, a UAFE, al Consejo de Judicatura, al sistema penitenciario, a las municipalidades, también a fortalecer sus capacidades y a coordinarse mejor.

La actual Embajadora de la Unión Europea en Ecuador es Jekaterina Doródnova, quien asumió funciones en septiembre de 2024. Ha destacado por su trabajo en seguridad, cooperación bilateral y fortalecimiento de relaciones comerciales. Tiene más de
veinte años de experiencia en las relaciones exteriores de la UE: cinco han sido
trabajando con los países de América Latina y el Caribe.

-Entiendo que como parte de los acuerdos también hay un componente regional porque el impacto del crimen es transnacional.
-Así es, aparte de toda la cooperación bilateral que tenemos con Ecuador, tenemos también programas regionales, que impulsan intercambios a nivel de América del Sur y el Caribe, porque la región entera está afectada por estas redes criminales. Otro eje importante como contraparte es el del lavado de activos.

-En lavado de activos, ¿hay algún apoyo en capacitación?
-Sí, es el componente uno de nuestro programa Serpaz, que es central, de cooperación bilateral con el Ecuador. Quiere decir seguridad, esperanza y resiliencia para la paz. Es un nombre que refleja los objetivos que queremos alcanzar. Y ese programa tiene cuatro componentes. El primero está enfocado en el lavado de activos. Y ahí trabajamos con las instituciones del Estado. He mencionado a UAFE, pero también entra el Consejo de Judicatura y el poder judicial, con capacitación para identificar y desmantelar las estructuras económicas con investigaciones financieras sólidas. También están los componentes de seguridad penitenciaria, seguridad portuaria, y prevención de reclutamiento a jóvenes articulado con las instituciones del Estado y socios del sector privado y de la sociedad civil.

¿Cómo se ejecuta esto en términos concretos?
-La cooperación europea se caracteriza por la entrega de asistencia técnica, que incluye capacitaciones, expertos europeos y talleres de intercambio de experiencia.

–Ecuador enfrenta un problema de corrupción sistémica, que ha permeado a todas las instituciones, sobre todo las de control y fuerza pública. Esto les ha permitido a las redes criminales, a través de sus operadores del sector público, boicotear cualquier iniciativa importante para golpear al crimen organizado. ¿Ustedes como cooperantes han tomado en cuenta que si no se erradica o frena la corrupción, su apoyo resultaría infructuoso, y tendría poco impacto?    
-Sí, es un gran obstáculo, por supuesto, y nosotros también estamos trabajando con el gobierno en este sentido, siempre destacando la importancia de combatir la corrupción. Esto no se hace de un día para otro. Estamos muy conscientes de este fenómeno de la contaminación de los puertos, pero ese es sobre todo un trabajo interno de Ecuador. Podemos ofrecer toda nuestra experiencia, expertos, herramientas y metodologías para enfrentar la corrupción, que se remonta a muchos años atrás. También estamos muy comprometidos con el fortalecimiento institucional. Estamos trabajando con las entidades del gobierno para ayudar a mejorarlas. No tenemos ahora mismo otra opción. También creo que el gobierno está muy consciente de la problemática de la corrupción y está haciendo grandes esfuerzos que apoyamos. En el tema de lavado de activos, la UAFE trabaja con diferentes contrapartes, tiene una alta carga de trabajo que por consecuencia hace que necesite más recursos.

-En general hay observaciones a la capacidad real y eficacia del control del lavado, con demasiada carga en la UAFE.
-El componente 1 de SERPAZ trabaja con todos los actores y las instituciones del CONCLAFT para un fortalecimiento sistémico. Para un control efectivo del lavado de activos se necesita la participación y coordinación de, al menos, una docena de instituciones, además de la UAFE. Porque al final todas estas problemáticas son como la democracia, es un tema de contrapesos. Siempre hay socios complementarios como sería el SRI. Es decir, ese es el enfoque integral en todas las áreas de cooperación.

–¿Hay algún mecanismo de rendición de cuentas del gobierno como receptor de ayuda económica o de capacitación, con resultados concretos, medibles? Por ejemplo, si hay un problema recurrente de corrupción en los puertos, un patrón,  ustedes no pueden sugerir la aplicación de protocolos que deben aplicar las autoridades de control, como pruebas de confianza constantes, por ejemplo?
-Sobre la base de un programa de cooperación hay evaluaciones que se realizan al final de los convenios. Lo que he descrito es una nueva generación de proyectos que arrancó en el 2024. Entonces, por ejemplo, uno de estos proyectos termina su primera fase este año, y ahí obviamente en los mecanismos internos de los programas de cooperación existen mecanismos de evaluación. Ahí se pueden pedir justamente estas cifras comparativas y hacer recomendaciones.

-¿Pero en las actuales circunstancias no es el momento de replantear ese enfoque porque vivimos una situación estructural de criminalidad y violencia sin precedentes. Además las incautaciones en puertos de destino aumentaron en la UE y en puertos de Ecuador disminuyeron?
–El aspecto estructural de las drogas, del narcotráfico, es un problema compartido. Nosotros creemos que nuestra cooperación es parte de nuestra corresponsabilidad. Cuando nosotros iniciamos con el tema penitenciario fue a pedido del Gobierno y la Unión Europea lideró esta causa con su estado miembro Italia. Es otro proyecto que ejecutamos entre el 2022 y 2024. Y el resultado concreto fue que el nivel de los asesinatos en los centros penitenciarios había bajado, a un 17%.

–¿Desde el 21 cuando se desataron las matanzas?
–Exactamente. Entonces, nuestra respuesta fue rápida y fue, bueno, como equipo Europa, involucrando a nuestros estados miembros, a su experiencia, a sus expertos, trabajando mano a mano con el gobierno de Ecuador. Aunque este tipo de resultado es muy difícil medir si hubo una disminución del 17% en los homicidios los últimos años en los centros. Hay aspectos muy internos en los cuales nosotros, como actores externos, no podemos interferir, pero hemos apoyado en todo lo que hemos podido, con toda nuestra experiencia.

–Claro, y también la responsabilidad principal es del Gobierno.
-Y hay tareas puramente nacionales del gobierno de Ecuador que tiene que enfrentar. Pero cuando solicita Ecuador esa cooperación en un sector tan sensible, tan delicado, tan importante, que también es de nuestro interés, nosotros intervenimos.

-¿Existe un seguimiento del proceso de lo que está pasando dentro de las cárceles, aparte de los homicidios? Porque lo que hemos visto es, en cambio, que aumentaron las torturas y maltratos, la salud se deterioró. Hay muchos más casos de tuberculosis, muertes por enfermedades crónicas?
-Lo que está pasando en los otros centros penitenciarios sigue siendo más o menos el modelo de gobernanza criminal, no ha cambiado en varias cárceles. Entendemos que el modelo en el que se están cambiando esas lógicas de crisis es la cárcel de El Encuentro. Pero precisamente desde 2022 estamos trabajando a fondo en las cárceles, somos la única cooperación internacional que está abordando los problemas penitenciarios de manera bilateral y continua hace cuatro años. Nuestro énfasis es en seguridad e inteligencia penitenciaria.

¿Pero en estos otros problemas por el deterioro de la salud, malos tratos, torturas denunciadas por derechos humanos, ustedes están haciendo algún seguimiento, aún existe el apoyo de la UE?
-Tenemos la segunda fase que se ve reflejada en el componente número 2 del programa SERPAZ, el cuál arrancamos oficialmente en julio del año pasado. Estamos abordando la problemática de los centros penitenciarios en el Ecuador tomando en cuenta el enfoque de Derechos Humanos.

¿Cuáles son las prioridades de la cooperación de la UE con Ecuador?
-Una de ellas es el Centro de Fusión de Inteligencia. Nuestra cooperación se enfoca en planificación a largo plazo para que a nivel nacional luego el Gobierno pueda seguir avanzando de manera sostenible. El objetivo final de la cooperación internacional es que al final el Estado asuma totalmente esas competencias. Francia está liderando este centro de fusión, Bélgica nos brindó un experto de su policía federal, Portugal un experto de su policía judicial.

-¿Hasta dónde llegó el apoyo de la UE para la operatividad del centro?
-Total. Así que, este centro lo establecimos completamente con fondos de la UE, pagamos las instalaciones, el software, los ordenadores, los expertos, su estancia, la seguridad del centro. Pero, a largo plazo, queremos que ese complejo de acopio y procesamiento de información sea del gobierno, que sea puramente ecuatoriano, porque ahí están sentados, coordinando, intercambiando datos las Fuerzas Armadas, Antinarcóticos, el Ministerio del Interior. Están todas esas autoridades de seguridad de Guayaquil sentadas en la misma mesa, hablando, coordinando, integrando datos para luego hacer operativos en tiempo real. Nosotros también accedemos a esa información, para ayudar en las incautaciones, en las investigaciones y operativos. Por eso, yo creo que este centro que hemos impulsado es estratégico para el estado ecuatoriano.

-Vuelvo a lo de los puertos y el tema que es un interés fundamental para la Unión Europea porque se volvió el principal destino de la cocaína que sale por Ecuador. ¿Qué escenario prevén ustedes porque todas las previsiones indican que la demanda y producción seguirán aumentando, hay nuevos mercados, no solo el europeo sino asiático, Australia, Rusia?
-Bueno, nosotros nos damos cuenta de que la capacidad operativa del crimen organizado es muy alta y ha aumentando. Tenemos que ser más eficaces, más rápidos. La tendencia es que aumentarán los intentos de contaminar las exportaciones del narcotráfico desde Ecuador. Y creo también que una mejor cooperación internacional, cuyos frutos ya se ven reflejados en las investigaciones, producirá en el futuro más incautaciones. Y sí, se espera el envío de más cantidades de drogas, de nuevas rutas, y metodologías, de las operaciones criminales. Entonces, el panorama no se presenta muy optimista. Por eso, justamente, tenemos que aumentar nuestros esfuerzos.

-Porque lo que se prevé, además, según este índice mundial del crimen organizado, es que no va a crecer, lo que más van a crecer son los delitos financieros y cibernéticos. Y me preocupa porque hacia allá están yendo estas organizaciones delictivas transnacionales. Tienen las facilidades en que los sistemas financieros de control son débiles para detectar inversiones de criptomonedas del crimen organizado. No hay información, un mapeo, no tienen un diagnóstico.
-Pero quizás otros países tienen datos. Por eso es tan importante cooperar. Quizás Colombia, quizás Perú, que enfrentan la misma problemática que Ecuador.Y en el Ecuador tenemos un programa que aborda justamente el tema de delitos cibernéticos, fue inaugurado hace dos semanas, por lo que se prevé un programa de interoperabilidad digital cuya contraparte es el MINTE. En el componente de delitos, digamos, cibernéticos está el Ministerio del Interior directamente, con cooperación de España y Estonia, la Academia de Gobernabilidad Digital.

-Al analizar el énfasis de la cooperación internacional se ve claramente dos enfoques: uno que es liderado por EE.UU. en el campo más táctico, en incautaciones y persecución de los criminales y otro de la UE, con mayor peso en la capacitación y fortalecimiento institucional, en la prevención.  
–Si, nuestro enfoque es más colaborativo entre varios actores de de inteligencia. Por eso nuestro interés en financiar la creación del centro de fusión que ya está operando. Hay una diferencia marcada.

-Claro eso también es evidente y notorio en el nombre que ustedes le han puesto a su principal proyecto Serpaz, diferente al enfoque del gobierno, que se podría llamar Serguerra donde quienes delinquen son encasillados como los enemigos a ser eliminados, encerrados si es posible de por vida, no rehabilitados.       
-Estamos manteniendo conversaciones sobre todos estos temas con diferentes instituciones y autoridades del gobierno. Abordando el tema del uso de la prisión preventiva, estamos presentando experiencias europeas en esta materia, en ese sentido nuestros expertos han identificado que aquí en Ecuador su aplicación es bastante amplia. Para nosotros debería ser el último recurso. Pero esas son decisiones y temas que debe discutirlas el Estado, el poder judicial. Nosotros nos limitamos a apoyar con la mayor cantidad de insumos y expertis posible.

El caso contra 9 procesados continúa en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La Fiscalía asegura que, de oficio, hizo un control jurídico de las resoluciones adoptadas por la fiscal Janeth Cueva, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional UNIDOT 10.  que desembocaron en un dictamen que absolvió de culpa a siete procesados en una caso de delincuencia organizada contra la organización liderada por el narco serbio Jezdimir Srdan. La Fiscal ha sido cuestionada por ese fallo que implicó que el juez exculpe a los 7 implicados.

Redacción Código Vidrio

La Fiscalía General del Estado (FGE) se pronunció en relación al proceso por delincuencia organizada, que involucra al serbio Jezdimir Srdan. El pronunciamiento institucional respalda la decisión de la agente fiscal, Janeth Cueva, quien está a cargo del expediente. El 26 de febrero, la funcionaria emitió un dictamen abstentivo. En él, se inhibe de acusar a 7 de los 16 procesados en el caso, lo cual ha generado preocupación entre organismos internacionales de cooperación antidrogas y agentes, a cargo de la investigación.

“La decisión de la agente fiscal del caso se sustenta en un análisis objetivo, técnico y jurídico de los elementos de cargo y de descargo que constan en el expediente”, aseguró la FGE, a través de un comunicado difundido en sus redes y plataformas sociales.

La Fiscalía aseguró, además, haber efectuado “el correspondiente control jurídico”, de oficio, a las actuaciones de la agente fiscal. En ese proceso de control se verificó que éstas “se ajustan estrictamente a lo dispuesto en la normativa legal vigente, sin que se haya identificado ningún tipo de irregularidad en su proceder”.

En su comunicado la FGE explicó que las 7 personas fueron procesadas con base en el artículo 369 del Código Integral Penal (COIP), “vigente a la fecha de los hechos”, que se remiten al año 2020. Éste establece una pena de 5 a 7 años de privación de libertad para quienes participen en calidad de colaboradores, en el delito de delincuencia organizada.

Según la institución, el proceso penal continúa con la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra otras 9 personas, procesadas por el mismo delito.

Y según su comunicado, la FGE calificó como “intentos de desacreditar la labor que desarrolla en su lucha contra el crimen organizado”. Enfatizó, al tiempo, que rechaza esos intentos.

Desde diciembre pasado el fiscal general, Carlos Leonardo Alarcón, cambió a los fiscales de las unidades especiales que investigan casos de delincuencia transnacional y lavado de activos, que tenían varios años en funciones. Fueron reemplazados por funcionarios especializados en otras áreas como tránsito, género y soluciones rápidas. Al referirse a los motivos de los cambios el fiscal Alarcón dijo, en entrevista con este medio: «Lo que buscamos es un oxigenamiento de la institución. En este contexto, a los compañeros fiscales que estaban ya más de cinco años en las mismas unidades era importante desde mi perspectiva que tegan la oportunidad de estar en otras unidades, donde pueden aportar con todo su conocimiento. Y estas fiscalías especializadas son a nivel nacional. Llevan casos de alto impacto. En este contexto existen también otros compañeros que tienen mucha experiencia y probidad para trabajar en estas unidades. Incluso hemos fortalecido y creado otra unidad especializada más».

Tres años de investigación

La red de envío de drogas hacia Europa a través de cargamentos de productos de exportación contaminados en puertos, liderada por un clan serbio, es investigada desde hace 3 años entre agentes antidrogas de Ecuador y varios países europeos. Con base en abundantes elementos probatorios, los investigadores sostienen que el grupo delincuencial es responsable de enviar casi diez toneladas de cocaína a Europa, entre 2019 y 2020. Por este caso se abrieron tres juicios: por narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada.

El caso es conocido como ‘Operación Finisterra’. Gracias a su investigación lograron desarticular la red de envío de drogas hacia diferentes puertos en naciones europeas, en contenedores con frutas y productos de mar, que contaminaban con cocaína.

A fines de 2025, el expediente vinculaba a 12 personas. En diciembre, a pocos días de asumir el despacho de la unidad fiscal que investiga delitos transnacionales, la agente fiscal vinculó a otras 4 personas al proceso. A fines febrero, emitió el dictamen abstentivo contra 7 personas. El proceso continúa contra otros 9 procesados.