Los centros médicos privados han reducido drásticamente la atención a pacientes que les remiten clínicas públicas. Eso debido a que Salud y el IESS les deben USD 487,7 millones. El colapso en el sistema de derivaciones afecta directamente a miles de pacientes, que esperan de forma indefinida ser trasladados para ser intervenidos de dolencias que los públicos no pueden tratar. El Gobierno les debe a 41 clínicas y hospitales y a 41 centros especializados de diálisis. La deuda se ha incrementando desde el 2018, en medio de la inacción estatal.

Redacción Código Vidrio

Desabastecimiento de insumos y medicinas, falta de mantenimiento de equipos médicos, especialistas que no tienen en sus manos las herramientas necesarias para aplicar sus conocimientos con los pacientes, despidos constantes y pacientes que se enfrentan a largas esperas por citas médicas, diagnósticos, tratamientos y cirugías… Esos son parte de los graves problemas que desnudan el estado de shock en el que está el sistema de salud pública en Ecuador. Y no hay ninguna señal de que la situación mejorará.

La derivación entre centros hospitalarios públicos hacia establecimientos privados solía ser una salida, pero con el paso de los meses es más limitada. El Estado se ha convertido en un deudor poco confiable: debe a 41 clínicas y hospitales y a 41 centros especializados de diálisis USD 487, 7 millones, según Ana Delgado, directora de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ANCHPE). Este problema se agrava aceleradamente sin que exista una señal clara de solución, dice.

De esos valores, USD 180 millones le corresponde pagar al Ministerio de Salud Pública (MSP) y USD 307 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

 Del total de la deuda que el MSP tienen con los socios de la ACHPE, solo USD 53,6 millones corresponden a clínicas y hospitales. Los  USD 126,4 restantes, que equivalen al 70%, son de los centros de diálisis. En el caso del IESS, los porcentajes de deuda son mayores para hospitales y clínicas, que para dializadoras, por casos de insuficiencia renal. El Seguro Social tiene pendiente un pago de  USD  213,5 millones a centros privados por diferentes dolencias y  USD  94 millones a los centros de terapia dialítica.

El monto que el Ministerio de Salud debe a estas casas de salud se arrastra aproximadamente desde el 2018. Entre ese año y 2020 la mayoría de pagos pendientes se deben a objeciones de auditoría, que no han sido levantadas o que -a pesar de haber sido realizadas- aún no han sido canceladas. Sobre esos montos se han acumulado nuevas deudas por servicios prestados en años posteriores.

Código Vidrio pidió hace dos semanas una respuesta oficial de las autoridades de Salud sobre el colapso de las derivaciones, tomando como referencia el caso de Cuenca, pero no ha obtenido ninguna respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Delgado hace hincapié en que este problema se agrava constantemente porque las clínicas y hospitales que forman parte de ANCHPE atienden ya muy pocos pacientes que están a cargo del MSP a causa de esa deuda está impaga y no hay señales claras de que se pagará pronto.

“El Ministerio de Salud tiene el problema de que no maneja sus propios recursos sino que están a cargo del Ministerio de Finanzas”, explica. Y mientras Finanzas no entregue los recursos, el MSP no puede pagar. Sin embargo, reconoce que Salud tiene una alta cantidad de documentación auditada, es decir, que está lista para el pago. De acuerdo con los datos con los que cuenta la Asociación, hasta agosto del año pasado, esa cartera de Estado tenía revisados documentos por deudas que sumaban 120 millones de dólares y considera que nueve meses después, la tarea debe estar más adelantada.

La representante del gremio aclara que los prestadores de servicios de salud públicos o privados están obligados por la ley y por la ética profesional a atender a todos los pacientes que requieren atención de emergencia, es decir, aquellos que tienen su vida en riesgo. Pero puntualiza que hay grandes hospitales privados de Quito, por ejemplo, que ya no tienen convenios ni con el IESS ni con el MSP. Así se evitan atender otro tipo de casos que les puedan traer problemas financieros posteriores, por el tiempo indefinido que se toma el sector público en pagar esas cuentas.

Esta crisis afecta directamente a miles de pacientes. Uno de ellos es Marco Cuenca, de 48 años, quien permaneció interno hasta el martes pasado en el Hospital de Especialidades Portoviejo, por una disección de su aorta toráxica, originado en un accidente de tránsito. Luego de esperar infructuosamente por 75 días una derivación a un centro privado, fue dado de alta y debió ser trasladado por sus familiares a su domicilio en Esmeraldas.

Mientras permaneció hospitalizado, la pareja y madre de Marco durmieron en las bancas de metal de las salas de espera del hospital porque no tenían recursos que les permitieran pagar un hotel o rentar otro espacio por un tiempo indefinido. Además, hacerlo significaría sacrificar el bienestar de su ser querido. Todos los días, Marco necesitaba dos ampollas de un anticoagulante que deben inyectarle cada mañana y cada noche, además de otros medicamentos. Dada la falta de insumos, cuenta Paola, ellas pagaban por lo menos USD  50 por la medicina que mantiene a su esposo estable. Con sus recursos prácticamente han impedido que entré en un estado crítico.

Para formar parte de la Red Complementaria de Salud (RCP), las casas de salud privadas deben acercarse a la Zona correspondiente, según la ciudad en donde funcionan y registrarse para obtener una calificación de prestador, pero son cada vez menos los establecimientos que lo hacen, debido a esta problemática económica. “El que no quiere hacerlo, no lo hace, porque no se puede obligar. Estamos en un país libre”.

Quienes antes eran parte de la RPC, explica Delgado, han decidido reducir la atención o dejar de firmar el convenio porque “nosotros no podemos seguir atendiendo de manera indefinida cuando no ingresa lo que salió. Esos es una ley básica del Ecuador, en el sentido de que aquí hay libertad de trabajo, ¿verdad?”.

La asociación ha expresado su preocupación por los pacientes porque en este punto, dice Delgado, no se conoce cuántas cirugías represadas hay o cuántas personas no tienen diagnóstico. Las clínicas y hospitales privados atendían a un grupo importante de pacientes cuando la red pública estaba en mejores condiciones y en momentos en que los hospitales del IESS y del MSP están en crisis, considera que lo lógico sería que los centros privados podrían suplir esa necesidad pero no hay forma si no reciben pagos a tiempo.

Según Delgado, desde el IESS, a pesar de que la deuda es mayor, ha habido mayor decisión de pagar y salvo algunas demoras en un par de meses, se han cumplido los pagos previstos en el último tiempo. En cuando al MSP, la situación es más compleja, porque después de mucha espera, no se ha hecho pagos en efectivo sino que hubo dos emisiones de bonos soberanos del Estado en abril y en mayo del 2025, con el poro del Ministerio de Finanzas, para aliviar la situación de algunas casas de salud, incluyendo centros de diálisis. Estaba planificado hacer una tercera emisión pero, finalmente no se hizo.

La deuda crece en las dializadoras

Aunque los centros privados evitan recibir pacientes de hospitales públicos para frenar el crecimiento de la deuda, las dializadoras, por ejemplo, no pueden frenar ese endeudamiento, porque, “en primer lugar, en diálisis no hay paciente privado. Hay una norma que obliga al Estado ecuatoriano a financiar las enfermedades catastróficas y la insuficiencia renal crónica es una de ellas”. Esto significa que el Estado tiene la responsabilidad de brindar terapia dialítica a los pacientes con insuficiencia renal crónica de por vida.

Así, las dializadoras no pueden suspender el procedimiento para los pacientes porque su salud puede complicarse y llegar incluso hasta la muerte. Delgado reconoce que las otras dos instituciones de seguridad social: el ISSPOL y el ISSFA, se manejan bastante bien y pagan regularmente por el servicio, en un máximo de tres meses.

Si un paciente se complica por no recibir esta o cualquier otro tipo de atención, esto implica un mayor costo para el Estado. En el caso de la diálisis, porque a partir de 10 días sin recibir el tratamiento, el paciente puede entrar en una situación de emergencia en el que su vida entra en peligro.

Las dializadoras, por ética y por obligación legal, siguen atendiendo a los pacientes pero por la falta de pago, según Delgado, “han ido tomando decisiones de forma progresiva: desde hace aproximadamente dos años, suspendieron el servicio de transporte que se daba para el paciente y su familiar, suspendieron la aceptación de pacientes nuevos y han empezado a devolver pacientes, especialmente al Ministerio de salud.

Las casas de salud privada deben facturar de acuerdo a lo que manda el tarifario del Sistema Nacional de Salud, que fue emitido en 2012 y que tuvo ajustes en 2014 “el tarifario no ha subido, mientras tanto, hemos tenido una inflación tanto general como desde del sector salud, pero sobre todo hemos tenido un alto incremento en dispositivos, insumos  medicamentos”,

Ese tarifario implica que no cobran el mismo valor a un paciente privado que a uno del sector público. La representante de los hospitales señala que hay factores que hacen que los días de estada de un paciente en el sector privado sean menores que en el sector público porque en este último “hay problemas de corrupción, los días de estada pueden ser más largos”, lo que puede hacer más costosa la atención.

Finalmente, cree que si se  entendiera que la red pública es insuficiente y se trabajase en conjunto, el panorama para los pacientes sería mucho mejor. Esto debido a que el sector público tiene el 32 % de los establecimientos de salud con internación, mientras que el sector privado tiene el 68% de los establecimientos con internación. “Entonces en este país, si se quiere cumplir con algo que los gobiernos anteriores se propusieron, que es el acceso universal, progresivo a la atención de salud, se sabría que no se podrá alcanzar gestión oportuna. La red pública y la red privada deben trabajar de manera conjunta.

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Imagen de portada generada por IA-Canva

1. La vida de Marco Cuenca, de 48 años, pende de un hilo, en medio del silencio de las autoridades de Salud. Tras sufrir un accidente, ha esperado 74 días que las autoridades del hospital de Portoviejo, donde está internado, lo deriven a una clínica privada que pueda operarlo para salvarle la vida. Esa decisión depende de la Zonal 4 de La Zonal 4 del Ministerio de Salud. Su madre y pareja cubren los gastos de sus medicinas y duermen en las bancas del centro público, esperando la respuesta oficial. Su caso es un ejemplo más del daño que causa a miles de pacientes y sus familias el desabastecimiento de medicinas, y las deudas del Estado con el sector privado. La crisis en el sistema de salud se agrava con el paso del tiempo y la falta de insumos se traduce en falencias en la atención médica.

Redacción Código Vidrio

Despertar cada día en la sala de admisiones del Hospital de Especialidades de Portoviejo se ha vuelto una desgastante y desesperanzadora rutina para Paola Cevallos y Gladys Vera. Cada noche, ellas se recuestan sobre un cartón cubierto con sábanas que acomodan en unas bancas del centro, para intentar descansar. Viven en estas condiciones desde el pasado 18 de febrero, cuando llegaron desde Esmeraldas a la capital manabita, acompañando a Marco Cuenca, de 48 años. Él sufrió un accidente de tránsito en Esmeraldas, que inicialmente afectó gravemente su pierna derecha.

Según el reporte médico del hospital, Marco sufrió de una insuficiencia arterial aguda en la pierna derecha por más de 24 horas. La extremidad estaba pálida y fría, por lo que se le hizo un examen para determinar el estado de los vasos sanguíneos del abdomen y de la pierna derecha. Entonces se realizó una intervención que recuperó un circulación sanguínea y salvó su pierna. Sin embargo, en el examen también se determinó que tenía un rotura grave y una dilatación de la aorta  que requería una intervención urgente.

El especialista que detectó esta complicación dispuso entonces una valoración en el servicio de Cirugía Cardiovascular, en donde se definió la necesidad de una derivación urgente, porque el Hospital Portoviejo no cuenta con insumos médicos para atender este tipo de complicaciones.

Pese a que se definió que era un caso que requería una atención urgente, Marco y su familia han debido esperar más de dos meses (74 días) desde cuando llegó a Portoviejo para que las autoridades del centro ordenen su derivación a otra clínica para salvar su vida. Todos los días, Paola y Gladys acuden al departamento de Bienestar Social del hospital, donde aún no reciben la autorización de autoridades del Ministerio de Salud de la Zona 4, aunque el riesgo de que Marco pueda morir de un momento a otro por una complicación es alto.

La familia compra medicinas y paga alimentación de cuidadoras

La pareja y madre de Marco duermen en el hospital porque no tienen recursos que les permitan pagar un hotel o rentar otro espacio por un tiempo indefinido. Además, hacerlo significaría sacrificar el bienestar de su ser querido. Todos los días, Marco necesita dos ampollas de un anticoagulante que le administran cada mañana y cada noche, además de otros medicamentos. Dada la falta de insumos, cuenta Paola, ellas pagan por lo menos USD  50 por la medicina que mantiene a su esposo estable. Con sus recursos prácticamente impiden que entré en un estado crítico.

Por un lado, él se empeña en recuperar la movilidad de su pierna, a través de fisioterapias en el hospital. Pero, por otro, debe cuidar su presión arterial pues su condición es de alto riesgo, según le han explicado los médicos a la familia. Y para financiar esos gastos y la alimentación de sus cuidadoras, la familia ampliada las apoya cuando puede con transferencias de algunos dólares que les permiten darse un respiro. Entre las personas que los apoyan está la hermana de Marco, quien vive en España. Su situación tampoco es favorable, pero apoya como puede. Por otro lado, el padre de Marco, quien tiene 79 años, ayuda con su pensión de jubilado.

Ante la desesperación de las dos mujeres, el 29 de abril pasado la directora médica del hospital Dalila Muñoz respondió por escrito sus preguntas. En el documento informa sobre los diagnósticos y el tratamiento que recibe Marco, además de las gestiones realizadas. Aunque hay algo de confusión por aparentes errores en en un par de fechas, se entiende que el Hospital envió desde Bienestar Social la primera solicitud de Inicio Inmediato del Trámite de Referencia a un Hospital de Tercer Nivel, con los documentos necesarios, el 20 de febrero, desde “el correo de Emergencia. No obstante, no han tenido ninguna respuesta de la Zona (4)”. Desde entonces ha insistido el 9, 17, 21, 23 y 26 de marzo; el 7, 13 y 23 de abril. Tampoco ha habido contestación.

El código de validación no se activa; la salud de Marco empeora. Él ocupa una cama en el hospital, mientras su madre y esposa duermen en las bancas de la sala de espera del hospital. Y no son las únicas. Hay otras familias que llegan de Cotopaxi, Esmeraldas y otras provincias. Entrevistadas por Código Vidrio, Gladys y Paola cuentan que, por lo general, la mayoría espera poco tiempo, pues sus familiares pasan por el quirófano y vuelven a sus casas. Así, decenas de pacientes y sus familias entran y salen después de algunos días, pero Gladys y Paola permanecen indefinidamente sin que las autoridades dispongan la derivación de Marco.

¿Cuándo y cómo se hacen las derivaciones?

La normativa más reciente sobre este tema consta en el Acuerdo Ministerial 00140-2023. Fue expedido por el Ministerio de Salud el 17 de mayo de 2023. Es el reglamento sobre el relacionamiento entre el sector público y privado de salud, para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT); y, su Reconocimiento Económico.

Allí se reglamentan los procesos administrativos para brindar atención integral a los pacientes y el pago por derivaciones tanto entre miembros de la red pública de salud como para clínicas y hospitales privados. Una derivación se inicia cuando un hospital determina que no tiene capacidad para atender a un paciente, sea por falta de especialistas y equipos o por saturación.

Andrés Corral, salubrista que gerenció el Hospital Eugenio Espejo, explica que ciertas especialidades como intervencionismo desde cirugía vascular o neurocirugía, por ejemplo, están determinadas para ciertos establecimientos de salud, sobre todo, de tercer nivel, es decir, hospitales de especialidades. En ciertos casos, también en hospitales generales o de segundo nivel.

El desabastecimiento es un síntoma que perciben los pacientes. Ellos sufren la falta de medicamentos y dispositivos, pero Corral apunta que esto solo es la punta del iceberg: es “el resultado de un debilitamiento sistemático, progresivo de todo el sector de la salud a nivel público”.

El primer paso para hacer una derivación es hacer una búsqueda en la Red Pública Integral de Salud (RPIS), que incluye a otros hospitales del Ministerio de Salud o los que le pertenecen al IESS, al ISSFA o al ISSPOL. Si en ninguno de ellos hay opciones para atender el caso en cuestión, se debe buscar opciones en hospitales privados con la Red Privada Complementaria (RPC). Para ello, el código de validación es indispensable, pues permite que luego la casa de salud que reciba al paciente pueda cobrar por sus servicios al Estado.

Cuando se recurre a la RPC, el hospital o clínica debe estar acreditada y tener un convenio vigente y una vez realizado el trámite, se coordina el traslado para brindar la atención médica requerida de inmediato. En todo este proceso, ni el paciente ni sus familiares deben pagar por la atención, pues la cuenta estará a cargo del MSP.

Clínicas privadas se resisten a recibir pacientes de entidades públicas  

El sistema de salud arrastra un problema que crece con los años: un círculo vicioso entre especialistas que no pueden trabajar a cabalidad por falta de insumos y deterioro de infraestructura física y tecnológica y problemas para derivar. Las instituciones privadas manejan tarifas elevadas o se resisten a recibir a pacientes de instituciones públicas, porque los pagos tardan demasiado en llegar. Progresivamente, los hospitales y cínicas que mantenían convenios con el MSP y el IESS ya no se registran o dejan de recibir pacientes bajo estas condiciones, señala Corral.

De acuerdo con el Plan Operativo Anual del MSP, se requieren aproximadamente 687 millones de dólares para abastecer a los hospitales y centros de salud del país durante el 2026. La mayor parte de ese presupuesto debería emplearse en medicamentos (489 millones) y el resto en insumos para quirófanos (39 millones) y dispositivos médicos (150 millones). El problema es que, de acuerdo con un informe de enero pasado, solamente existen alrededor de 215 millones disponibles, lo que equivale a apenas el 31% de lo necesario. La situación es crítica, pues las necesidades no serán cubiertas tomando en cuenta que para diciembre del 2025 estaba presupuestada la asignación de 369 millones aproximadamente, para estos rubros, pero en febrero pasado hubo un ajuste que dejó la cifra en 300 millones.

“Entonces entramos en una situación complicada al extremo, crítica, porque ni el sector público con sus hospitales tiene la capacidad y el privado, que posiblemente tiene la capacidad, no tiene el interés de recibir pacientes porque el Estado tiene deudas con ellos, dice.

¿De cuánto? No está claro. Código Vidrio consultó al MSP pero no ha tenido una respuesta. El Ministerio señaló que en cuanto tenga las cifras también informará sobre cuántas derivaciones dentro y fuera del sector público se han hecho durante el 2025 y el 2026, y el porqué de las demoras en el caso del paciente esmeraldeño Marco Cuenca.

Una intervención complicada y costosa

En el caso de Marco, por ejemplo, se requiere de un procedimiento que debe ser ejecutado por personal altamente calificado y en este se emplean insumos de alto costo. En un cálculo aproximado, Corral señala que solo hablando de los dispositivos que se emplearían en un procedimiento para un paciente como él, se invertirían alrededor de USD 2.000 a 2.500 en un hospital público. Pero al derivar a la RPC, los costos podrían subir a alrededor de USD 15.000. “Ese es el costo de perder la capacidad resolutiva y no poder adquirir dispositivos por no contar con el presupuesto necesario”.

Hay equipos que escasean en la red pública, según Corral, y solo existen en hospitales de Quito, Guayaquil y Cuenca, por ejemplo. Y, en otros casos, hace falta personal con especializaciones y subespecializaciones en ciertas casas de salud. “Entonces hay recursos inmovilizados por falta de dispositivos y medicamentos o especialistas y ahí es cuando se termina derivando”.

Cansada de esperar y con miedo por la fragilidad de la salud de Marco, Gladys envió una solicitud urgente de derivación dirigida al presidente de la República, Daniel Noboa, el pasado 13 de abril. Aunque dejó dos números de teléfono, un correo electrónico y puso todas sus esperanzas en ese documento, no ha tenido ninguna respuesta.

“Quiero ir a mi casa, quiero morir en mi casa”

Marco usaba su moto para movilizarse por trabajo y actividades familiares, hasta el día en el que una camioneta habría invadido su carril, chocado contra él y luego contra un patrullero. El conductor fue detenido por los policías a cargo de ese vehículo y el proceso judicial está en marcha. La familia, dice Gladys, apoya a su hijo en este proceso, pero es inevitable quebrarse en una realidad que los abruma.

Ella y su nuera se sostienen en el cuidado de Marco, intentan descansar en las noches de hospital pero es difícil cuando el personal no deja de trabajar: en las madrugadas hay limpiezas constantes, suelen llegar nuevos pacientes y, a veces, despiertan con los llantos y gritos de personas que han perdido a seres queridos que estaban internos en el hospital. “Es algo muy duro. Creo que porque yo soy su madre y mi nuera, su esposa, aguantamos, porque realmente no tenemos otra manera de estar cerca de él. Mi hijo también está súper deprimido por todo esto que está viviendo. La vida le ha cambiado un 100%. Él lo que dice es ‘quiero ir a mi casa, quiero morir en mi casa, no quiero estar aquí en este hospital, porque no se va a dar lo que andamos buscando’”.

Gladys y Paola suspiran porque quieren animarlo aunque a veces a ellas también se les desvanece un poco la esperanza y la fe. Pero cuando despiertan, van a un lugar donde pagan 50 centavos para poder bañarse, allí mismo lavan la ropa y renuevan sus fuerzas para continuar con esta lucha por la vida.

Su motivación es ver de nuevo a Marco motivado en su trabajo como técnico de celulares y computadores o atendiendo a los clientes de la tienda que la familia tiene en Esmeraldas. Quieren ver de nuevo a ese hombre risueño hacer ejercicio a diario en el gimnasio, sonreír junto a su hijo de 13 años, con quien cada tarde entrenaba artes marciales, su disciplina favorita. Quieren probar los deliciosos platos que preparaba viendo tutoriales en YouTube o verlo disfrutar del mar junto a su hijo, pues ambos han sido siempre inseparables.

La familia está dividida, pues en Esmeraldas están el hijo y el padre de Marco, quienes intentan sacar adelante la tienda de la familia, con dificultades. Es una responsabilidad dura para un niño y un adulto mayor que tiene problemas de vista y de oído, pero que se esmera por cuidar a su nieto y espera abrazar a su hijo pronto. “Y la situación en Esmeraldas tampoco está para que se pueda abrir una tienda sin que esté un adulto, porque está caótica, porque hay extorsiones de las bandas”.

Paola se angustia porque dice que su hijo “es una criatura cuidando a su abuelo, sin papá y sin mamá. Yo estoy aquí entre la espada y la pared porque si me voy, dejo a mi esposo solo que me necesita y si me quedo, me preocupa mi hijo que está solo con su abuelo. Es complicadísimo”.

Al inicio de lo que definen como una pesadilla, la hermana del conductor que habría sido responsable del siniestro se acercó al Hospital Delfina Torres, de Esmeraldas, y se comprometió a correr con los gastos médicos. Pagó un eco que le hicieron a Marco en la pierna en un sitio privado, porque no funcionaban los equipos de la casa de salud de esa ciudad. Cuando los médicos les explicaron la situación de su pierna, decidieron llevarlo a Portoviejo y la familia del conductor de la camioneta pagó a una ambulancia privada para ese traslado. Después, desaparecieron y solo han sabido de ellos cuando se han enterado, por su abogada, de los incidentes que han causado para prolongar el proceso judicial.

EXCLUSIVA. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no salió de la casa en Manta tres días, pero recibió muchos invitados, entre el 24 y el 26 de mayo de 2025. Hubo farra. Sus visitantes ingresaban en autos con vidrios polarizados. A inicios de junio, un alto funcionario de la Cancillería colombiana se contactó con un delegado de Adolfo Macías, Fito. Detallamos las circunstancias en extremo riesgosas en que ocurrió la visita, en el contexto de la pugna entre ‘Los Choneros’ y ‘Los Lobos’ y la cacería de las autoridades para capturar a Fito, que se ocultaba en una vivienda, cerca a Manta. 

Alianza Código Vidrio-Vistazo

El avión presidencial FAC 001 salió de la pista aérea de Quito pasado el mediodía. Aterrizó en el aeropuerto Eloy Alfaro, de Manta, cuando comenzaba la tarde. Era el 24 de Mayo de 2025. Horas antes, el ocupante de la aeronave, el presidente colombiano Gustavo Petro, había llegado con retraso a la posesión del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. Pero ésa no era su prioridad. El objetivo de su visita a Ecuador era otro. Iba a cumplir una agenda reservada en la ciudad costera de Manta, en la provincia de Manabí, por esos días convertida en el epicentro de operativos constantes para localizar a José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros.

Esta alianza periodística revela en exclusiva, a partir de diversos testimonios y fuentes documentales, detalles del viaje secreto del mandatario colombiano Gustavo Petro al puerto manabita.

Ésta es una de las piedras en el zapato de la relación entre los mandatarios de Colombia y Ecuador. El presidente Noboa señaló que Petro habría tenido reuniones con delegados de Adolfo Macías (‘Fito’) y con representantes del correísmo.

De su lado, Petro ha negado tajantemente las acusaciones, afirmando que mantuvo una agenda oficial y que todo el tiempo estuvo resguardado por agentes de la fuerza pública ecuatoriana.

A partir de varias entrevistas y revisión de fuentes documentales, confirmamos que sí hubo diálogos entre delegados de ‘Fito’ y autoridades colombianas, cuando el líder de ‘Los Choneros’ aún era un prófugo de la justicia ecuatoriana. Esto ocurrió a inicios de junio de 2025.

Estas conversaciones son consideradas por el gobierno ecuatoriano como una interferencia en el intento de capturar a Adolfo Macías. Él escapó de la cárcel regional Guayas en enero de 2024. Fue detenido el 25 de junio de 2025, en Montecristi, en la provincia de Manabí. Se escondía en un bunker bajo una vivienda lujosa, con piscina y gimnasio.

Qué pasó con Gustavo Petro en Manta

Petro descendió de la nave de la Fuerza Aérea Colombiana 001. Es un Boeing 737 700. Se lo reconoce por ser uno de los pocos aviones presidenciales militarizados, con un estatus OTAN E4, que representa el máximo nivel de protección.

La caravana de seguridad partió desde la terminal aérea con dirección al sur de Manta, tomando la vía puerto –aeropuerto, para conectar con la ruta Spondylus, según documentos de Inteligencia revisados por esta alianza.

El trayecto de 13 kilómetros por la zona litoral lo recorrió con fluidez, gracias a la escolta oficial. Luego, cruzó la ciudad de Manta hacia un sitio residencial.

Finalmente, arribó al sector de Santa Marianita, en la urbanización Marina Blue. Eran aproximadamente las 4 y 20 de la tarde, del sábado 24 de Mayo, de acuerdo con la documentación oficial.

Gustavo Petro permaneció durante tres días en la residencia Marina Blue. No realizó salidas oficiales entre la tarde del 24 de mayo y el día 26, cuando dejó el lugar. Es decir, permaneció en el mismo lugar todo el tiempo.

Cómo fue el esquema de protección de Petro en Manta

Una cápsula de protección interna con agentes colombianos custodiaba al mandatario. En tanto, las Fuerzas Armadas del Ecuador brindaron seguridad perimetral externa, sin acceso al entorno próximo al presidente del país vecino. Agentes de inteligencia de la Policía también vigilaban el sector.

Ese esquema de seguridad es parte de un protocolo oficial para cualquier presidente que llega al país. En la seguridad, según conoció esta alianza, participaron miembros de unidades especiales de las FF.AA., incluidos agentes de la Fuerza Aérea. En este caso los militares tenían un equipo de reacción, que que era el anillo exterior fuera de la vivienda, integrado por personal uniformado y agentes que vestían de civil.

Autos con vidrios polarizados, pertenecientes a la cápsula de seguridad interna, ingresaban y salían  con distintos visitantes.

Según el protocolo, el personal de FF.AA. se encarga de revisar y registrar a todas las personas que ingresan al sitio donde está el mandatario y su comitiva.

Un reporte de Inteligencia describe, por ejemplo, que en más de una ocasión escucharon música dentro de la casa, lo que sugería que había festejos privados. Precisamente, en uno de los informes se detalla el ingreso, en varias ocasiones, de un Jeep Jetour chino, modelo 2025, con placas identificadas (MGB5…), que ingresaba con alimentos y bebidas. El auto era conducido por Wilfrido R. M. quien es parte de una empresa, domiciliada en Manabí. Esa firma brinda servicios de logística de alimentos y personal de servicios, incluidos camareros, cocineros, mayordomos, conductores y jardineros, entre otros.

Petro dijo que avanzó en la escritura de su libro en Manta

La permanencia del presidente Petro en la residencia Marina Blue se caracterizó por un hermetismo absoluto, refiere uno de los informes de Inteligencia. “Durante la estancia, se observaron constantes movimientos de ingreso y salida de los vehículos pertenecientes a la cápsula de seguridad interna, con vidrios polarizados, impidiendo la identificación de sus ocupantes”.

Al momento de abandonar la residencia, “Petro habría estado acompañado por mujeres que no formaban parte de su equipo de seguridad oficial”, según la documentación en poder de esta alianza.

El mandatario colombiano afirmó que su viaje a Ecuador tuvo carácter oficial. Aseguró que tuvo el acompañamiento de agentes estatales ecuatorianos como parte de su esquema de protección.

Petro explicó que aprovechó su viaje a Manta para escribir 30 páginas de un libro sobre capitalismo y crisis climática.

“En Manta, en un pequeño lugar muy alto, mirando el mar, que es hermoso allí, escribí ese domingo 25, unas treinta páginas de mi libro sobre la relación entre la acumulación de capital y la crisis climática”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de la red X.

El domingo 19 de abril de 2026, Petro aseguró que demandará penalmente a su par ecuatoriano, por calumnia, al acusarlo de sostener reuniones con personajes relacionados con el narcotráfico. Explicó que su gobierno ha ayudado a detener a importantes cabecillas de bandas ecuatorianas.

Fito fue prófugo entre enero de 2024 y junio de 2025

Fito llegó a dirigir una estructura criminal, ‘Los Choneros’, con unos 12 mil miembros. De ellos, más de la mitad se encuentran tras las rejas en distintas cárceles del país.

A inicios de enero de 2024 escapó de la cárcel. Desde entonces empezó una búsqueda de distintas unidades del Ejército y la Policía, con apoyo de agencias de Estados Unidos.

Entre el 26  y 27 de julio de 2024 habría permanecido en la zona colombiana de Tumaco. Un grupo armado irregular le habría dado protección. En concreto, el 27 de julio habría permanecido en la vereda Mata de Plátano.

Tumaco es un distrito costanero del departamento de Nariño que da al Pacífico, a unos 300 Km. de Pasto. Se encuentra al suroccidente de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador.

A partir de 2024, el cerco se estrechó sobre el entorno del prófugo Fito. Bienes de su familia fueron allanados. Su pareja fue detenida en mayo de 2024, por ser considerada como figura central en un esquema de operaciones de lavado de activos. Y su hermano, cuñados y suegros fueron detenidos a inicios de junio de 2025.

Para mayo de 2025, cuando Petro estuvo en Manta, Fito buscaba desesperadamente desde meses atrás una mediación externa para entregarse y ser extraditado a Estados Unidos, pues temía por su vida si se quedaba en Ecuador.

‘Los Lobos’ querían ejecutarlo para tomar el control de las rutas que dominan ‘Los Choneros’ hace unos 15 años. Desde enero de ese año intermediarios y abogados de Fito contactaron a funcionarios del gobierno ecuatoriano e incluso a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en busca de una entrega segura y extradición a Estados Unidos, según tres fuentes consultadas, cercanas a estas conversaciones. Funcionarios de esta Agencia conversaron luego directamente con ‘Fito’, en una videollamada. Esto también fue corroborado por el cabecilla de ‘Los Choneros’ después de su captura a los uniformados que lo entrevistaron, que grabaron esta confesión.

Los chats entre gente de Fito y diplomáticos colombianos

El 4 de junio de 2025, ‘Fito’ escribió una carta a mano, dirigida a la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco. En ella, afirmaba estar dispuesto a entregarse a las autoridades, dejaba en claro que temía por su vida y la de su familia. Y alertaba que tenía en su poder información ‘muy valiosa’.

En varias oportunidades el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que la autenticidad de la carta no ha sido comprobada. Negó además haber recibido información por canales oficiales.

Pero además insistió que esa Cancillería no actúa como garante de narcotraficantes, ni tiene competencia alguna para mediar en este tipo de situaciones.

Sin embargo, el jueves 5 de junio de 2025, una funcionaria de esa cancillería llamó a un delegado de ‘Fito’, que lo representaba como negociador. Esto ocurrió a las 11h45. No tuvo respuesta. Un minuto después le alertó que le iba a llamar.

Tres horas más tarde, le escribió al delegado de ‘Fito’:

-Buenas, pudo hablar?

Como recibió una respuesta negativa, le volvió a escribir, esta vez para compartirle el número de celular del viceministro de Relaciones Multilaterales, Mauricio Jaramillo. Y le advirtió que él le había llamado, sin recibir contestación. ‘Si está fuera del país, le agrega el indicativo 57’, le explicaba.

-Él está esperando su llamada, le insistió. ‘Escríbale si no le contesta, dígale quién es’.

Hacia el fin de la tarde, el negociador de ‘Fito’ le comentó a la funcionaria que ya le estaba escribiendo al viceministro.

El alto funcionario se contactó hacia las 5 pm de ese día con el representante y negociador de ‘Fito’. Como respuesta, recibió este mensaje:

“Estoy adelantando una tarea para la entrega del Sr Macías a la justicia de su país, ha sido complejo porque el gobierno ecuatoriano, al parecer, tiene una posición que no les ha permitido llegar a un acuerdo”. Y le pedía atender una llamada, para contextualizar con el tema.

Una periodista de Vistazo escribió al viceministro al mismo número que consta en el chat. Recibió su contestación y le planteó la pregunta, pidiéndole su versión sobre el diálogo que había mantenido con Fito. En concreto se le preguntó si esta conversación fue oficial. Hasta el cierre de este reportaje el Viceministro no respondió esta solicitud.

Fuentes cercanas a este proceso fallido de negociación con autoridades colombianas mencionan que ‘Fito’ buscaba salir a una cárcel de Estados Unidos, evitar ir a El Salvador, que su familia recibiera protección e identidad nueva en un tercer país.

Fuentes de inteligencia explicaron que  al menos 2 mil ecuatorianos en conflicto con la ley recibieron irregularmente documentación como ciudadanos colombianos.

Esto no ocurrió. Finalmente, ‘Fito’ fue detenido el 25 de junio de 2025. Poco después fue extraditado hacia Estados Unidos.

Petro se metió en la boca del lobo

Por esos días Manta era el epicentro de reuniones de distinta índole. Hacia fines de mayo de 2025, el tercero en la línea de mando del grupo narcodelictivo, Francisco Manuel Bermúdez Cagua (‘Churrón’) se encontraba en esa ciudad.

En esa ciudad se realizaban negociaciones clandestinas para bajar de intensidad la pugna entre ‘Los Choneros’ y ‘Los Lobos’. No progresaron.

Según fuentes de la Policía,  Juan Fernández Zapata, de 50 años, armador y capitán de barcos pesqueros, estaba en la mira de ‘Los Lobos’. El hombre de mar, convertido en empresario de barcos, había sido relacionado con  Jorge Luis Zambrano, (‘Rasquiña’), por aparecer con él en una imagen del pasado. Rasquiña fue el líder indiscutible de ‘Los Choneros’ hasta su crimen en diciembre de 2020. El 2 de junio de 2025, cuando Fernández Zapata, a quien familiarmente llamaban ‘Capi Zapata’ acudía al cementerio para despedirse de su padre, fue acribillado. Al día siguiente debía dejar el país, por amenazas. Según presumen fuentes de Inteligencia, él habría sido en algún momento propietario de la residencia donde se alojó el mandatario colombiano, lo cual esta alianza periodística no pudo confirmar en los registros catastrales del Municipio de Manta. En ese cabildo Los Choneros tienen varios operadores en puestos claves desde hace muchos años. Según registros oficiales, Fernández vivía en la exclusiva ciudadela Portal del Sol, en el lote 5 vía Barbasquillo, junto al hotel Howard Johnson.

A mediados de julio de 2025, Leonardo Briones Chiquito (líder de ‘Los Lobos’ en Manta) fue acribillado junto con su esposa.

Esa noche hubo un despliegue de pirotecnia; ataques violentos y una masacre en un club nocturno de Jaramijó.

‘Churrón’ se mantuvo en la clandestinidad. Su identidad real (Francisco Manuel Bermúdez Cagua) fue difundida el 11 de diciembre de 2025. El Gobierno de Estados Unidos anunció que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, por su captura. Actualmente se lo considera el tercero en la línea de mando de ‘Los Choneros’. Se ubica después de Darío Javier Peñafiel (‘Topo’) y de ‘Fito’. Topo fue detenido en septiembre de 2025, el 22 de abril de 2026, la Corte Nacional de Justicia autorizó su extradición hacia Estados Unidos.

Según fuentes militares y policiales, familiares de quienes eran cabezas de bandas locales, que han sido detenidos o han muerto desde el año pasado, ahora viven en Colombia, con otras identidades.

Un nuevo caso de supuesto cobro de coimas en la Agencia de Regulación y Control Minero sale a la luz, a menos de un mes de que fuera separado del cargo y enjuiciado el director de Zamora Chinchipe por supuestas extorsiones a operadores mineros. Esta vez se trata de Richard Cando Jumbo, director de la zonal de Azuay, quien fue grabado pidiendo sobornos, para aprobar un amparo administrativo a un concesionario minero. (La foto de portada es referencial, elaborada con Inteligencia Artificial-Canva).

Redacción Código Vidrio

Los cobros de extorsiones a los titulares de concesiones mineras son sistemáticos y persistentes en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). Esta vez el foco identificado con estas prácticas de corrupción está en el director de la Agencia en Azuay, Richard Cando Jumbo. Él asumió el cargo, con un salario de 2.400 dólares mensuales, a inicios de marzo. Y a los pocos días empezó a trascender que para agilitar la aprobación de amparos y otros trámites requeridos por empresarios mineros Cando supuestamente exigía el pago de coimas, según un audio al que Código Vidrio accedió.

Este caso se conoce, solo tres semanas después de que fuera separado y demandado en la Fiscalía, por un supuesto delito de cohecho, el entonces director de ARCOM en Zamora Chinchipe, Hernán Marcelo Soto. Según la denuncia presentada tras la divulgación de un audio en redes sociales, Soto también exigía coimas para entregar informes favorables a pequeños mineros. En la conversación entre Soto y un interlocutor minero identificado como “Don Holger” se describe un esquema de coordinación en zona minera, que incluye el pago de USD 2.500 semanales (USD 250 por cada una de las 10 máquinas en operación), la centralización de pagos a través de un intermediario (“técnico”), el uso del término “documentos” como mecanismo de entrega, así como referencias a visitas periódicas, alertas sobre inspecciones, controles o presencia militar, y condicionamientos para la continuidad operativa.

Semanas antes de que se conociera este caso, a pocos días de liderar la Dirección de Azuay, Cando también empezó a exigir pagos extorsivos a los representantes de empresas para entregarles amparos, otros recursos y certificados, que pese a cumplir todos los requisitos legales no eran aprobados, según indicaron fuentes del sector.

Estos dos casos se hacen públicos en medio de la salida de la dirección ejecutiva de ARCOM, Pablo Izurieta, el jueves 15 de abril pasado. Tras renunciar al cargo, fue reemplazado por Francisco José Cruz Prada (en calidad de director encargado), abogado y geólogo colombiano, quien fue viceministro y secretario de Ambiente en su país. Cruz es el tercer director ejecutivo de ARCOM nombrado desde la llegada de Daniel Noboa al poder, en 2023. Pese a la intervención directa y constante de las Fuerzas Armadas en operativos contra la minería ilegal, la ARCOM no ha podido articular hasta el momento una estrategia sólida para frenar el avance de este fenómeno, que se ha agravado por la participación de bandas criminales, mafias de mineros y narcotraficantes en el territorio https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/.

Estas actividades delictivas cuentan con la complicidad de operadores dentro de la ARCOM, y otras entidades estatales, incluido el poder judicial, la Fiscalía y la fuerza pública por años, según informes oficiales. El sistema de control minero está permeado por agentes criminales, indican fuentes de Inteligencia. En este contexto, la llegada de Cruz tendría, precisamente, un objetivo central. Según fuentes del Gobierno, busca impulsar una depuración radical en toda la entidad. Una primera decisión radical en esa línea fue tomada por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, que el 2 de febrero anterior dispuso la suspensión de actividades mineras en Napo y ordenó el cierre de 15 plantas de beneficio en Portobelo. Paralelamente desde el Viceministerio de Minas, encabezado por Guillermo Flores, se han impulsado una serie de normativas, reglamentos y resoluciones para fortalecer la estrategia para enfrentar la minería ilegal.

Cando bajo sospecha por supuestas coimas 

Código Vidrio accedió a un audio en el que se escucha un diálogo telefónico que mantiene Cando, de 55 años, con un representante de una minera, que en febrero le había presentado un amparo administrativo, pidiéndole que la ARCOM suspendiera las operaciones de una empresa con la cual mantenía un contrato de operación, porque estaba realizando actividades ilegales que no estaban contempladas en el acuerdo.

Ante la falta de respuestas de Cando, y por información de otros mineros, un representante de la compañía conoció que la única forma de obtener el amparo era pagarle una coima al director de Azuay, a quien le llamó para preguntarle sobre sus exigencias para que aprobar el amparo, diálogo que grabó para denunciarlo.

Este es el audio y la transcripción textual de la conversación que ocurrió la primera semana de marzo, a pocos días de que Cando fuera designado director:

-Minero: “Hola como le va, como esta”.

-Director de Azuay: “Cómo está, buenas noches”.

-Minero: “Solo quería hacerle una consultita, ya conversé con quien tenía que hacerlo. Los diez serían por darme a favor el amparo, ¿verdad? El que pedí. Ese”.

-Director: “Sí”.

-Minero: “Pero eso sería cuando se termine el trabajo o cómo sería, cuando termine el amparo o en medio del amparo”.

-Director: “Como usted sabe ahorita para llegar hasta eso siempre se pide un cincuenta por ciento y el otro cuando ya se vaya a realizar”.

-Minero: “A ver pero pienso que debería ser 50 cuando se realiza y cincuenta cuando sale la resolución, porque a veces las resoluciones, ha habido casos en que a nosotros se ha demorado hasta un año hasta que salga esa resolución. Entonces, por eso es que quería conversar primero con usted.Cuando hacemos esos trámites de amparos hubo uno que demoró un año en sacar. Entonces por eso le preguntaba”.

-Director: “No porque es igual, yo trabajo con el equipo y se lo hace lo más pronto posible”.

Buscamos la versión de Cando enviándole mensajes y llamándolo a dos de sus números celulares, registrados en la ARCOM, pero no respondió a nuestras solicitudes.

Cando, al igual que Soto fue designado director por Izurieta, junto con otros funcionarios de nivel directivo a partir del 1 de marzo, dentro de un anunciado proceso de depuración por los casos denunciados en anteriores administraciones de corrupción.

El amparo por el cual Cando exigió el pago del 50% para su aprobación fue presentado en contra de una empresa en Camilo Ponce Enríquez, que tiene desde 2012 un contrato de operación con la titular de una concesión, que en 2017 pasó a manos de otra compañía minera. Esta minera pidió en varias ocasiones que la Arcom suspendiera a la contratista que ha realizado operaciones ilegales de explotación de oro en su concesión, incumpliendo la normativa vigente. Ante la fata de respuestas de la Agencia, la minera afectada acudió ante un juez que dispuso que se realice una auditoría técnica de la operadora, que corroboró las irregularidades e incumplimientos denunciados. No obstante, este amparo aún no ha recibido una respuesta oficial de resolución, pues la empresa demandada también ha interpuesto recursos para impedir la terminación del convenio.

Redes de corrupción intactas

Fuentes de inteligencia indican que este y muchos otros casos muestran que las redes de cobros y extorsiones siguen, en buena parte, intactas a diferentes niveles en la Arcom. Especialmente entre algunas de cabezas de las nueve distritales de zonas, donde hay importantes concesiones para la explotación de oro. Este mecanismo se ha aplicado en varios gobiernos, conectado con decisiones que han tomado jefaturas desde el Viceministerio de Minas y la sede de la entidad de control en Quito.

Cando fue designado director de Azuay, pese a que su perfil de riesgo, evidenciado en registros del sistema financiero, revisados por Código Vidrio, es muy alto.

Informes del sistema financiero indican que Cando, oriundo de Loja, ingeniero de profesión, tiene un patrimonio de 18.399 dólares, y una serie de deudas por pagar con distintas entidades financieras, por lo cual enfrenta cinco juicios civiles, de Diners, Banco del Austro, Importadora Tomebamba, por contratos incumplidos de reserva de dominio, así como un proceso por no pago de la pensión de alimentos de uno de sus hijos.

Con esa información disponible -dice un investigador de la Policía- Cando no debía ser designado director, ni tampoco el coordinador de Zamora, cuyos ingresos, antes de ingresar a la entidad de control minero, eran totalmente inusuales. “No han existido perfilamientos apropiados y verificaciones patrimoniales, antecedentes judiciales, deudas, u otras alertas sobre vulnerabilidades de los directivos nombrados”, dice el oficial. Él recalca que no se ha aplicado hasta el  momento un sistema eficaz de contrainteligencia (investigación interna de los funcionarios) y pruebas periódicas de confianza (incluido el polígrafo) para identificar quienes están en riesgo o ya han sido reclutados por las redes criminales. Este trabajo -agrega- debería estar a cargo de un organismo independiente, autónomo, de fuera de la ARCOM, estatal o privado.

Cando ya fue director en época de Vera

Cando ingresó a Arcom en mayo de 2023 para ocupar el cargo de director en Azuay, pero solo estuvo en funciones pocos días. Fue nombrado por el entonces director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr), Luis Maigón. Él fue separado por la escalada de actividades de minería ilegal y reemplazado por el coronel (r) Patricio Bonilla, en medio de denuncias de cobros que involucraron incluso al entonces ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, quien fue detenido y proceso por la supuesta venta de cargos públicos.

Maingón entró al puesto en la Agencia en agosto de 2022, nombrado por Vera quien, según Fiscalía recibió un pago de USD 150.000 en efectivo, a cambio de nombrar a Adrián Alfonso Zamora Villamar, como director de control minero de Imbabura. Villamar también está procesado por cohecho y fue llamado a juicio en calidad de posible autor. Estas gestiones de venta de cargos se concretaron a través de operadores, que también están enjuiciados.

Mafias y narcos acceden a concesiones a través de contratos de operación

En Ecuador, las empresas, contratistas y subcontratistas que no tienen títulos ni áreas mineras pueden explotar y comercializar oro y mineral a través de contratos de operación y de mandato. Incluso hay mineras que firman convenios de asociación y acuerdos verbales, aunque no están amparados por la ley. Con estos convenios (contemplados en la ley de Minería), que se consideran como arreglos entre actores privados, los contratistas han evadido “legalmente” la prohibición de acceder a zonas para hacer minería, después del cierre del catastro en 2018. Muchos operadores han sido denunciados por minería ilegal a través de amparos administrativos, que no son procesados oportunamente o en varios casos solo se agilita su aprobación con el pago de coimas. En la práctica, bajo este esquema, el catastro nunca se cerró para estos actores, aliados con mineros ilegales y grupos delictivos https://www.codigovidrio.com/code/narcomafias-usan-contratos-privados-para-explotar-oro-sin-tener-concesiones-mineras/.

Hasta el año pasado, los titulares de pequeña minería inscribioeron  547 contratos de operación. Y 206 más están en trámite, según informes de la Arcom. Los acuerdos fueron inscritos en las regionales de la Agencia, que previamente emitieron informes técnicos, legales, catastrales y económicos, avalados por los registradores mineros, hoy directores zonales. Ellos son los que aprueban los acuerdos en primera instancia y los notifican a la ARCOM, que sin embargo no tiene la capacidad para comprobar la veracidad de los reportes por falta de personal y recursos. En territorio esta entidad apenas tienen 18 técnicos para realizar inspecciones en 6.600 concesiones.

Las autoridades de Colombia dispusieron el sacrificio de decenas de hipopótamos que pertenecieron a Pablo Escobar. En Ecuador, algunos narcotraficantes buscan especies de fauna como símbolo de estatus. Desde 2023 a 2025, 14 ejemplares fueron rescatados de estructuras criminales. Wilder Sánchez, conocido como ‘Gato Farfán’, era un obsesivo aficionado a obtener especies exóticas. Tenía dos jaguares en su fastuosa residencia en Manabí. Sorpresivamente, Sánchez, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2024, sorteó una inminente condena a cadena perpetua en ese país. Se declaró culpable y entregó información clasificada de gran valor para la justicia estadounidense. La Fiscalía recomendó una pena reducida de 27 años y 5 años de libertad supervisada.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

“Esperábamos encontrar una vivienda suntuosa. Hallamos algo inesperado. Un verdadero zoológico, con jaguares y aves exóticas. Nunca habíamos visto algo similar. Llamamos a la policía ambiental para proteger esas especies”. Así es como un oficial de la policía relata cómo fue el hallazgo de la finca ubicada en San Vicente, Manabí.  Esa propiedad pertenecía al narcotraficante Wilder Sánchez, conocido como ‘Gato Farfán’.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al Gato Farfán por contribuir a las actividades ilícitas de carteles mexicanos en el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Fue detenido en Colombia, en febrero de 2023. En enero de 2024, fue deportado desde este país hacia Estados Unidos.

Sorpresivamente esta semana se conoció que el narcotraficante ecuatoriano Sánchez Farfán logró esquivar una inminente condena a cadena perpetua en Estados Unidos. Se declaró culpable y entregó información clasificada de gran valor para la justicia estadounidense. La Fiscalía recomendó una pena reducida de 27 años y 5 años de libertad supervisada, abriendo la interrogante sobre quiénes fueron delatados.

Luego de su detención, miembros de la Policía allanaron una de sus fincas en Manabí.  Los uniformados rescataron de esa propiedad diez ejemplares de especies protegidas y amenazadas, según un reporte del Ministerio de Ambiente (MAATE), requerido por este medio.

Siete de los animales rescatados son nativos de la región amazónica. Había cuatro guacamayos azul amarillo (Ava ararauna), dos jaguares (Panthera onca) y una lora verde (Amazona farinosa). Además, hallaron tres aves de origen asiático: dos faisanes dorados (Chrysolophus pictus), que son originarios de las montañas de China y son un símbolo de prosperidad, y un faisán plateado (Lophura Nychthemera), que también procede de China.

No se estableció cuál fue la ruta de ingreso de estas aves raras, pero un experto en lavado de activos conjeturó que quizás fueron compradas en el mercado negro como un mecanismo de blanqueo de capitales. No se pudo determinar la actual ubicación de las aves exóticas.

Según la versión oficial del MAATE, los animales rescatados de esa operación “fueron derivados a medios de conservación y manejo ex situ de vida silvestre”.

Dónde están ahora

En reportería de campo un periodista de esta alianza encontró a los jaguares y a varios de los ejemplares rescatados de las manos del crimen organizado, en un sitio protegido. Están acostumbrados a su nuevo hábitat, tras un proceso de adaptación, dijo una de las encargadas de su cuidado. El lugar, ubicado en una provincia del litoral, no puede ser revelado para no exponer la seguridad de los animales ni de sus custodios.

En ese refugio de vida silvestre, encontró también a los caimanes y tigrillos rescatados por la autoridad ambiental.

Los bienes del Gato Farfán son parte de un proceso judicial por presunto lavado de activos.

Los jaguares, que se encuentran en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), están clasificados como casi amenazados, en todo su rango, pero en Ecuador se encuentran en peligro de extinción, según Galo Zapata, director científico de Wildlife Conservation Society (WCS) en Ecuador.

Todo indica que simbolizan poder y estatus para las estructuras criminales. “El narco local quiere parecer un traficante internacional de reconocida trayectoria; quiere emular su demostración de poderío, con infinidad de propiedades, con recursos que aparentan ser ilimitados. Hay cierta afinidad por tener animales exóticos que representan a las organizaciones criminales”, dice el general de la Policía en servicio pasivo Freddy Sarzosa.

El oficial recordó otro caso. El imbabureño Oscar Caranqui se autodenominaba ‘Jaguar Cautivo’. En una de sus propiedades había un tentadero y ganado. Él guardó prisión en el exPenal García Moreno. Fue trasladado a la cárcel de La Roca, donde fue asesinado en 2013.

Animales rescatados de grupos criminales

Entre 2023 y mediados de 2025, 14 ejemplares de especies nativas y exóticas fueron incautadas en operativos y allanamientos a las estructuras criminales, según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), en respuesta a un pedido de información de medio.

Varias de las especies decomisadas se encuentra en peligro de extinción y hacen parte de la Lista Roja de Especies nacionales e internacionales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), según ese ministerio.

Algunas están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES.

Del total de ejemplares recuperado de las garras del crimen organizado, la mayor cantidad corresponde al allanamiento en la finca de propiedad de Gato Farfán.

En junio de 2024, dos caimanes (Caiman crocodilus) fueron liberados cuando estaban en manos de integrantes de Los Lagartos. Hubo un caso adicional en 2024 que involucró a ejemplares de esta especie, pero las autoridades no lo tenían registrado.

En junio de 2025, durante un allanamiento para detener a presuntos miembros de Los Tiguerones, un tigrillo fue rescatado. El ejemplar presentaba evidentes signos de desnutrición.

El narcotraficante colombiano Pablo Escobar atesoró en su finca Nápoles, en el Magdalena Medio colombiano, un zoológico con hipopótamos, que hoy representan un peligro enorme para el entorno. Por eso las autoridades dispusieron el sacrificio de decenas de esos ejemplares.

Todo indica que esa práctica de reunir ejemplares de fauna empieza a repetirse en Ecuador.

La banda de Los Lobos empezó una contraofensiva para sembrar nuevamente el terror en Camilo Ponce Enríquez. Así buscan amedrentar a empresas legales que operan en esta zona de Azuay y volver al esquema de extorsiones, secuestros y asesinatos que fue sistemático hasta el 2024. La semana anterior un sicario intentó asesinar al jefe de seguridad de una empresa legal del grupo Bonanza y a un guardia, que fueron atendidos en el centro médico del poblado y luego trasladados a Machala (foto de portada).

Redacción Código Vidrio

El más reciente hecho que evidencia la arremetida de la banda de Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, ocurrió el domingo 5 de abril pasado, a las 21:00. Ese día un sicario intentó asesinar al jefe de seguridad y a un guardia que lo acompañaba, del grupo minero Bonanza, titular de la concesión Mollopongo, que es constantemente asediada por mineros ilegales que operan con Los Lobos. Esta banda criminal está aliada con mafias de la minería que también tienen concesiones, contratos de operación, licencias de comercialización y plantas de beneficio, y operan en varias provincias.

El sicario descargó varios disparos contra Sebastián Barahona y Luis Tacán, mientras se encontraban comiendo en un restaurante, luego de salir de una audiencia en la unidad judicial de esa localidad, a cargo del juez Juan Carlos Romero Blacio.

Barahona y Tacán habían acudido a la diligencia desde temprano en la mañana, puesto que cuatro integrantes de su equipo de seguridad (tres expolicías y un exmilitar), contratados legalmente para dar seguridad a la compañía minera Mollopongo, habían sido detenidos a las cuatro de la madrugada de ese 5 de abril por agentes de la Dirección de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsiones y Secuestros (Dinased) y del GOE. Fueron aprehendidos mientras dormían en sus habitaciones, en el campamento de la compañía, ubicada en el sector de Bella Rica, en la parte alta de Ponce Enríquez.

En el allanamiento al campamento minero -detalla el parte policial- los uniformados encontraron dos radios Motorola: 1 fusil con nomenclatura Anderson Manufacturing

Esa madrugada los policías, al mando del capitán Alberto Hermosa, junto con el fiscal Pedro Panamá, allanaron el campamento de la empresa minera Mollopongo -parte del grupo Bonanza- y detuvieron a los guardias, encargados de la seguridad de la mina.

Según el parte de la UIAN, los detenidos serían parte de una red de tráfico de armas de fuego y explosivos, integrantes del grupo delictivo Lobos Sao Box, que utilizaba inmuebles en en Camilo Ponce, como centro de acopio de armamento de corto y largo alcance. Ese informe -que no incluye ninguna prueba que respalde esas acusaciones- indica que una de esas instalaciones estaba en el campamento de la empresa, cuya administradora, no obstante, recibió a los policías y les permitió el ingreso a la compañía.

Hebron, KY AM 15, 3 fusiles, con nomenclatura AK-SA Armas K9-9mm pan made in Turkiye. Una base on cargador (sin cable de carga). Una escopeta Lanza gas sin numeración. Una alimentadora con nomenclatura kyung chang ncage de 8n62, con 15 cartuchos calibre 5.56; 4 chalecos antibalas tácticos, 42 cartuchos, calibre 5.56; una alimentadora, con 30 cartuchos calibre 5.56.

Según la empresa las armas no son de fuego sino de fogueo; por lo tanto no serían letales. Ninguno de los cuatro detenidos tienen antecedentes penales, según certificados del Ministerio del Interior, ni existe evidencia alguna de que pertenezcan a la banda de Los Lobos, indicaron sus abogados Óscar Zúñiga y Kuis Uguaña, en la audiencia ante el juez Carlos Romero López, de la Unidad Multicompetente de Camilo Ponce Enríquez. También presentaron los contratos legalizados y certificados de honorabilidad como guardias de la empresa. “No hubo un informe de reconocimiento del lugar de los hechos. Tampoco un reporte técnico que indique que las armas son de uso militar o policial, que configure un supuesto delito de tenencia y porte ilegal de armas. Caso contrario estaríamos frente a una pena anticipada, ya que los cuatro son trabajadores de la empresa, no delincuentes como indicó el fiscal”, señalaron en la diligencia los defensores.

Sin embargo, al cierre de la audiencia el juez Romero Blacio ordenó la prisión preventiva de los guardias y dispuso que sean trasladados a la cárcel de Guayaquil. El fallo fue apelado por sus abogados, por lo cual será enviado a la Corte Provincial de Azuay, para que revise si la decisión del juez estuvo apegada a derecho, pues en casos similares, cuando el único sustento es el parte policial y las armas incautadas los jueces suelen emitir medidas sustitutivas, ya que los implicados no tienen antecedentes delictivos, indicaron fuentes de la empresa.

La noticia de la detención fue difundida el lunes 6 de abril pasado por el ministro del Interior, John Reimberg. En redes sociales el funcionario dijo que se trataba de integrantes de un grupo criminal y difundió las fotos de los cuatro procesados, aunque el proceso está en la etapa inicial.

Sicario dispara cuatro tiros contra jefe de seguridad

Durante el ataque del sicario, el jefe de seguridad de la empresa, Sebastián Barahona, para la cual prestaban servicios los cuatro guardias, recibió cuatro disparos en la pierna, brazos y en la mandíbula, mientras su compañero recibió dos impactos. Después del atentado,  ninguno fue auxiliado por la Policía que no llegó al lugar del atentado. Ambos heridos llegaron caminando al centro médico, ubicado a dos cuadras, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Después de varios minutos al centro llegó un policía por una alerta del ECU-911.

En su informe remitido al jefe policial de Ponce Enríquez el agente indicó que al llegar al subcentro “se tomó contacto con el guardia de seguridad Fernando P., quien indicó que: «escucho varias detonaciones por arma de fuego en la esquina del subcentro, y posterior mente ingresaron dos personas de sexo masculino una por cuenta propia y otro en compañía de una tercera persona quienes manifestaron que se encontraban heridos». Otro testigo corroboró que se encontraba el con las dos personas actualmente heridas,  comprando comida en la esquina del subcentro, dónde se percataron que una persona se acercó mismo que saco presuntamente un arma de fuego y realizó varias detonaciones en su contra y que luego debieron llegar al centro caminando, heridos. Luego de los primeros auxilios ambos fueron trasladados al hospital de Seguro en Machala.

La doctora de turno del subcentro Ponce Enríquez, Katherine del Cisne Makilon Minuche y el médico de turno Cristopher Columba, indicaron que los dos heridos se encuentraban en estado crítico. Desde la semana pasada ambos empezaron a recuperarse de las lesiones pero el jefe de seguridad deberá realizarse varias intervenciones en la mandíbula.

Fuentes de Inteligencia dijeron que Los Lobos buscan retomar las actividades criminales de extorsión y explotación ilegal de oro en Ponce Enríquez. Y habrían planificado sus ataques en las minas de varias empresas, sobre todos las del grupo Bonanza que en 2023 ya sufrió varias embestidas criminales en sus instalaciones, que incluyeron el secuestro de decenas de trabajadores, así como pedidos sistemáticos de extorsiones. A partir de entonces esa empresa reforzó su equipo de seguridad y realizó coordinaciones con Fuerzas Armadas, que realizaron una serie de operativos en los que fueron detenidos varios cabecillas y miembros de los Lobos. Entonces la banda se replegó hacia Zamora Chinchipe, donde ha seguido delinquiendo. Hasta el primer trimestre de este año en Ponce Enríquez bajaron los índices de hechos criminales violentos, pero es probable que se reactiven, según estimaciones de Inteligencia con  la colaboración de autoridades locales, porque los militares no tienen una presencia permanente en la zona y están realizando operaciones contra la minería ilegal en otras provincias.

El juez anticorrupción Renán Andrade formalizó ayer 9 de abril en la madrugada la detención de 15 de los 18 detenidos en una operación impulsada por la Inspectoría de la Policía, en coordinación con el Centro de Inteligencia y la Fiscalía. El líder de la organización era el capitán de la policía Edison M.H. Según las investigaciones, él perfeccionó el mecanismo para la perforación del poliducto, mientras era parte de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos. 

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Una política de cero tolerancia a la corrupción anunció en entrevista con esta alianza el general Víctor Herrera, quien está a cargo de la Inspectoría de la Policía. Él denunció que en los últimos diez años, unos 1.300 miembros policiales separados de las filas volvieron por argucias judiciales. Resultado de esa estrategia es precisamente la reciente captura de cinco policías, tres militares y ocho civiles que eran parte de una red de robo y comercialización de combustible en Santa Elena. El juez anticorrupción Renán Andrade formalizó ayer 9 de abril la detención de 15 de los 18 detenidos en la operación impulsada por la Inspectoría de la Policía, en coordinación con el Centro de Inteligencia y la Fiscalía.  

-“Póngame ahí los 200 dólares (para) esos policías porque vamos a pasar por ellos y ellos conocen y están en el turno de la noche; no van a pelar.”. Éste es uno de los chats que constan en la investigación que desarticuló una estructura que robaba combustible. Cinco policías y tres militares se encuentran entre los involucrados. La madrugada de este jueves 8 de abril, el juez anticorrupción Renán Andrade dispuso prisión preventiva para los uniformados.

– “Ya nos vamos ahorita a la base con dos carros, los pequeños están vacíos porque no se pudo cargar, no se cargó porque no hubo presión avanzamos solo el grande y al pito avanzamos a cargar”.

El líder de la red de robo de combustibles, desarticulada este miércoles 7 de abril, era el capitán de la policía Edison M.H. Según las investigaciones, él perfeccionó el mecanismo para la perforación del poliducto, mientras era parte de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos.

Con los conocimientos que adquirió en esa unidad especializada el oficial articuló una red de colaboradores. La integraban cinco servidores policiales del eje preventivo, para facilitar el traslado de combustible conseguido en forma ilícita. Luego, era transportado en vehículos pesados para su posterior comercialización.

En esta organización delictiva también jugaron un rol clave tres militares activos y ocho civiles. Los militares coordinaban directamente con el oficial de policía, proporcionándole información logística.

-“Estamos ya saliendo con la grande de Chongón. Yo voy adelante cerrando vía y de ahí nos vamos a ir a como se llama vamos ahí… parquean un rato allá y vamos a sacar la gasolina que está media como se llama está blanca o sea súper la vamos a (cambiar) para que salga extra y ahí vamos a llevar el producto. Y voy en el carro para las canecas ahorita a lo que ya pasemos el peaje de Chongón ahí si no vamos; porque ayer los militares tenían un tanquero ahí en Chongón”, se lee en otra de las conversaciones a las que tuvo acceso esta alianza periodística.

La investigación para identificar la red y su entramado tomó un año. Estuvo a cargo de agentes de Asuntos Internos, junto con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía. Los investigadores confirmaron que los uniformados estaban involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico, desvío y uso indebido de hidrocarburos.

 El operativo se realizó la madrugada de este miércoles 7 de abril de 2026. La policía, a través de la Sección de Investigación de la Conducta Policial de la Dirección Nacional de Asuntos Internos (Inspectoría) ejecutó la operación denominada “Gran Fortaleza 1”. Se realizaron 16 allanamientos en ocho provincias del país, logrando la aprehensión de 16 personas.

Los allanamientos se ejecutaron en inmuebles ubicados en Guayas, Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Orellana, donde fueron detenidos los colaboradores e involucrados.

La organización contaba con capacidad operativa para obtener hidrocarburos mediante perforaciones clandestinas a los poliductos, utilizando información sensible.  Esto facilitaba tanto la sustracción como la posterior comercialización del combustible.

Una  vez concluida la investigación previa, el abogado de Petroecuador Sergio Juan Ruiz Vasco presentó la denuncia por delincuencia organizada y sustracción de hidrocarburos en la Fiscalía.

El foco de las operaciones criminales era la provincia de Santa Elena. Los sitios donde los policías realizaban las perforaciones clandestinas, con coordenadas exactas, se ubicaron en el poliducto Libertad- Pascuales y Libertad-Manta.

Entre las evidencias recopiladas en la investigación se incluyen las conversaciones mantenidas entre los miembros de la red, sobre los pagos.

No habrá impunidad

En una entrevista previa con esta alianza, el general Víctor Herrera, a cargo de la Inspectoría de la policía, advirtió que rige una política de cero tolerancia a actos de corrupción en esas filas.

La institución tiene 57 mil uniformados. “Si deciden servir al crimen organizado, saldrán de las filas y quedarán a merced de las estructuras criminales que ya saben cómo pagan a sus colaboradores”, advirtió Herrera.

El oficial tiene 37 años al servicio de la institución. Explicó, con gran preocupación, que la entidad intenta depurar sus filas, pero que un preocupante número de servidores separados por actos reñidos con la ley terminan regresando. Según reveló en esta entrevista, en el curso de los últimos 10 años al menos 1.800 servidores policiales separados volvieron. Para ello utilizaron argucias como recursos de protección, facilitados por jueces. Es más, desde 2021 hasta 2025, 653 policías destituidos se reincorporaron por decisiones jurídicas. Solo en 2025 fue casi un centenar: 97 restituidos a esas filas.

16 personas en esta red

Cinco servidores policiales, entre ellos, dos sargentos, dos cabos y un oficial. Además, tres militares: dos sargentos y un cabo. Ocho civiles además fueron indentificados como miembros de esta estructura. De ellos, cinco registran antecedentes.

Este jueves en la madrugada el juez Andrade dispuso el inicio de la etapa de instrucción fiscal por 90 días. Dictaminó prisión preventiva para 15 de los detenidos. Además, una mujer cumplirá arresto domiciliario en Milagro.

• La captura de este primero de abril de 2026 de una lancha, de cuatro motores, con 1,8 toneladas de cocaína, que zarpó del puerto de Jaramijó, en Manabí, es un indicativo más de que Los Lobos están ganando terreno en una zona que durante casi dos décadas fue un santuario de Los Choneros. Los Lobos operan como socios locales para el transporte y envío de cocaína adquirida por el Cartel Jalisco Nueva Generación, según estimaciones de Inteligencia.

• Pese a que el líder de CNJG, El Mencho, fue ejecutado hace pocas semanas en México, su esquema de liderazgos horizontales le ha permitido seguir con sus incursiones criminales, aprovechando el debilitamiento evidente de Los Choneros en Ecuador, tras la captura de José Macías, alias Fito, el año pasado. La droga capturada por los militares en coordinación con la Policía pertenecía al CJNG.

• 2013 fue un año espectacular para el narcotráfico en Ecuador. El gobierno de la revolución ciudadana empezó un plan para la construcción de 27 puertos artesanales: cinco grandes, 12 medianos y diez pequeños, a lo largo de todo el litoral en la costa del Pacífico, desde Esmeraldas hasta El Oro. Entre 80 y 100 millones de dólares se destinaron para este programa. Su objetivo, según el discurso oficial, era favorecer a casi 18 mil pescadores del litoral ecuatoriano. El plan contempló además los depósitos de gasolina artesanal, que subsidia la mayoría de lanchas go fast. En la práctica, los siguientes años los pescadores fueron arrinconados por los narcotraficantes, pues no hubo una política de seguridad complementaria, preventiva, que los protegiera del reclutamiento criminal. El envío de drogas aumentó en un 26 por ciento los próximos cinco años.

 Por María Belén Arroyo y Arturo Torres
Alianza Código Vidrio – Vistazo

Cinco factores explican cómo llegó a Ecuador el cartel mexicano que tiene un accionar violento y que ha extendido la violencia a través de sus socios locales, ‘Los Lobos’, que expanden sus operaciones vertiginosamente a espacios insospechados como Manabí, donde por dos décadas mandaban Los Choneros.

Por información de inteligencia militar, las Fuerzas Armadas capturaron una lancha de fibra con 1,8 toneladas de cocaína en las costas de Manabí, a 69 millas náuticas de Manta, este miércoles primero de abril.

Los dos tripulantes fueron detenidos. La operación fue coordinada por la lancha guardacostas Baltra.

La embarcación había salido desde el puerto de Jaramijó, según fuentes de Inteligencia explicaron a esta alianza. La droga capturada pertenecía al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, (CJNG). Y el envío lo coordinaba su socio local ‘Los Lobos’.

En el curso de pocas semanas, totalizaron siete las toneladas incautadas en esta zona. Para los investigadores se abre una interrogante: ¿Creció la presencia de este cartel en Manabí, de la mano de la arremetida de Los Lobos, en una zona que tradicionalmente estaba bajo el control absoluto de ‘Los Choneros’, y por tanto del cartel de Sinaloa?

Cuando el líder de esta estructura, ‘El Mencho’ fue abatido en México, expertos en seguridad pronosticaban que el grupo se reconfiguraría a partir de nuevos liderazgos. Y que esa reorganización se vería en los territorios donde tiene influencia, dentro y fuera de México.

Así llegó Jalisco Nueva Generación a Ecuador

 Su aterrizaje fue cruento. La llegada de CJNG al Ecuador, a partir de 2015, trajo consigo la impronta de la muerte, en espacios públicos, en vías, puertos y en las cárceles.

No fue fruto de la casualidad, sino de una suma de factores. Aquí analizamos los cinco principales.

1. Golpe a Sinaloa

El cartel hegemónico mexicano de Sinaloa estaba golpeado desde 2014, cuando fue detenido, por segunda vez, su cabecilla el ‘Chapo Guzmán’. Él logró escapar de prisión en 2015 y fue recapturado en 2016. “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”, escribió a las 10h19 del ocho de enero de 2016, el entonces presidente de ese país, Enrique Peña Nieto en su cuenta de la red Twitter. El ‘Chapo’ se había escondido en Sinaloa, el estado donde había nacido y donde se sentía seguro. Luego de su detención, sus herederos intentaron legitimar la sucesión. No tuvieron éxito, advierte el periodista mexicano Ignacio Rodríguez Reyna.

En los años previos a ese hecho, en Ecuador operaba en forma silenciosa el socio local de Sinaloa, ‘Los Choneros’. Sin levantar olas. Con socios locales que mantenían control sobre las rutas de ingreso de la cocaína desde Colombia, desde Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. César Vernaza, Oscar Caranqui y el capitán del Ejército Telmo Castro, respectivamente, eran estos operadores.

Una decisión de política ecuatoriana contribuyó a fortalecer el predominio de ‘Los Choneros’ como el cartel fuerte en nuestro país. El correísmo impulsó un pacto de paz con las pandillas de ‘Los Ñetas’ y ‘Latin Kings’. Sin competencia visible a la vista, ‘Los Choneros’ consolidaron y afianzaron su accionar delictivo como actor hegemónico. Una de sus experticias era el envío de droga por el Océano Pacífico a Centroamérica y México. Pero la más importante era el envío de narcoavionetas desde pistas clandestinas. Luego de su declive, el campo quedó libre para el cartel Jalisco Nueva Generación.

2. Puertos artesanales en auge

En 2013 el gobierno de la revolución ciudadana empezó un plan para la construcción de 27 puertos artesanales: cinco grandes, 12 medianos y diez pequeños, a lo largo de todo el litoral en la costa del Pacífico, desde Esmeraldas hasta El Oro. Entre 80 y 100 millones de dólares se destinaron para este programa. El plan contempló además los depósitos de gasolina artesanal, que subsidia la mayoría de lanchas go fast.

Su objetivo era favorecer a casi 18 mil pescadores del litoral ecuatoriano. Inclusive se creó la empresa pública Infraestructura Pesquera del Ecuador (IPEEP). Se planeaba habilitar servicios para los pescadores artesanales, a fin de que pudieran dar valor agregado a productos de la pesca, como dorado, bonito, merluza, calamar.

En la práctica, los pescadores fueron arrinconados por el narcotráfico, pues no hubo una política de seguridad complementaria, preventiva, a diferentes niveles, que los protegiera del reclutamiento criminal.

El envío de drogas aumentó en 26 por ciento durante los siguientes cinco años, según informes de inteligencia revisados por esta alianza. La contaminación de contenedores subió en 16 por ciento, citan esas fuentes.

En última instancia, los puertos artesanales se volvieron infraestructuras críticas para el envío de drogas por el Pacífico, una actividad que intensificó el CJNG, según inteligencia.

Todo indica que el narcotraficante Édison Prado, ‘Gerald’, quien levantó un emporio para el envío de cocaína por mar, fue uno de los contactos iniciales de CJNG. Él fue detenido en 2017, en Colombia, y posteriormente extraditado hacia Estados Unidos.

Más recientemente, uno de los aliados locales de CJNG en Manabí fue Leonardo Briones, ‘Mexicano’, asesinado a mediados de 2025 en Manabí. Esta provincia es uno de los principales escenarios de la disputa entre CNJG, representado por el grupo local ‘Los Lobos’ y Sinaloa, asociado con ‘Los Choneros’.

3. Mataron a sus rivales

Entre 2013 y 2019, los principales socios del cartel de Sinaloa para las rutas de ingreso de cocaína desde Colombia fueron asesinados. Óscar Caranqui fue el primero. Lo mataron en 2013, cuando estaba en la cárcel de La Roca. En junio de 2019, William Poveda Salazar, ‘El Cubano’, fue asesinado y decapitado en la Penitenciaría de Guayaquil. Su cabeza fue usada como una pelota de fútbol y su cuerpo fue incinerado.

‘Los Cubanos’ fueron el grupo que había manejado el contrabando en el puerto de Guayaquil.

Con el crimen de su líder, y con la vejación a su cadáver, se estima que los nuevos actores de CJNG enviaban una señal de su llegada al país y su intención de fortalecer su hegemonía.

4. Violencia en cárceles

En Ecuador, la violencia se intensificó en las cárceles, convertidas en espacios de gobernanza criminal, según el reciente estudio del sociólogo Renato Rivera, para la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).

El documento identifica que la violencia es “el resultado del deterioro de la autoridad estatal en los centros de privación de la libertad, lo que ha favorecido que los actores criminales asuman el control interno y la gestión de las funciones”.

Según estos hallazgos, el narcotraficante Leandro Norero, desde las sombras, habría financiado la alianza Nueva Generación, vinculada con el CJNG.

“Esta alianza reunió a ‘Los Lobos’, los ‘Chone Killers’ (ex ‘Ñetas’), ‘Los Lagartos’ (ex ‘Gorras’ y ‘Cubanos’), ‘Los Tiguerones’ y una facción de los ‘Latin Kings’, todos ellos unidos por el objetivo de eliminar a ‘Los Choneros’ y recuperar el control del sistema penitenciario ecuatoriano.

Como respuesta, Junior Roldán (‘Junior’) y José Adolfo Macías (‘Fito’) formaron un frente común.

La guerra de las alianzas empezó en febrero de 2021. El intento de asesinato de ‘Fito’ desencadenó 79 muertes en cuatro cárceles, señala el informe de Rivera para GI-TOC. Entre 2021 y 2023 hubo más de 400 muertes en prisiones. Hasta 2024 hubo 717 crímenes. “La violencia trascendió el ámbito penitenciario”.

En 2022, cita el estudio, el traslado de líderes y asignación de pabellones según afiliación criminal ‘coincidieron con un intento de pacificación impulsado por la Alianza Nueva Generación’. Incluyó a ‘Lobos’, ‘Chone Killers’, ‘Tiguerones’ y ‘Latin Kings’. ‘Los Choneros’ no se sumaron, lo que derivó en más masacres, afirma el documento.

Manuel Zúñiga, ‘King Majestic’, de Latin Kings, no se alineó con la iniciativa de la alianza Nueva Generación. Fue asesinado en Quito.

  5. El ‘Patrón’ Norero y la plata que llegó de México a su ecosistema empresarial

Que el narcolavador Leandro Norero fue un contacto para el arribo del CJNG parece un hecho.

Sus chats, desencriptados desde la aplicación Threema, revelaron una trama de corrupción política, judicial y empresarial.

Pero hay una línea de investigación pendiente. Vistazo accedió a informes que revelan la complejidad del ecosistema empresarial estructurado alrededor de la figura del ‘Patrón’ Norero.

Una de las empresas relacionadas a esta estructura recibió 15 transferencias que sumaron aproximadamente cinco millones de dólares en los seis primeros meses de 2018.

Todas provinieron de empresas constituidas en México, con razones sociales distintas y no relacionadas con el objeto de la compañía beneficiaria.

Esta complicada arquitectura societaria y financiera pudo armar el entramado que Norero construyó para financiar a los grupos delictivos, que a partir de 2020 disputaron a ‘Los Choneros’ la hegemonía de la violencia.

Seis fases de violencia y las zonas en disputa

 Manabí, Guayas, El Oro, Imbabura, el Austro y ciertas provincias de la Amazonía son territorios en los cuales los operadores locales del CJNG buscan imponer su hegemonía por la fuerza. Quien lo explica es el general en servicio pasivo, Freddy Sarzosa, quien perteneció a la entidad hasta mayo de 2025 y hoy es un investigador académico. En su experiencia como director general de Investigaciones de la Policía advierte que el fenómeno de la violencia en el país se expresa en varias fases.

• Génesis, entre 1990 y 2000:
  Baja estructuración criminal, limitada participación de grupos delictivos transnacionales, que operaban de lleno con loscareteles colombianos.
• Expansión, entre 2000 y 2010:
  Consolidación de la estructura de ‘Los Choneros’ con alianzas internacionales mexicanas, esto es, el Cartel de Sinaloa.
• Afianzamiento, entre 2010 y 2015:
  Se monopolizaron las actividades criminales de ‘Los Choneros’ y se debilitaron las pandillas Latin King y Ñetas. Éstas se legalizaron por un acuerdo con el gobierno de la época de la revolución ciudadana, aunque emplearon esa decisión como un salvoconducto para afianzar sus operaciones en el narcotráfico.
• Debilitamiento, entre 2015 y 2020:
  Surgen con mayor inicidencia actores criminales extranjeros, como el cartel Jalisco Nueva Generación, los clanes de los Balcanes, incluidas mafias albanesas, ex miembros de las FARC que no se acogieron a la paz. Muere el líder de ‘Los Choneros’, Jorge Luis Zambrano, Rasquiña o JL.
• Atomización, entre 2020 y 2022:
  El grupo ‘Los Choneros’ se fragmenta en 11 estructuras criminales e inicia la escalada de violencia criminal, porque se abren rutas permanentes para el envío de cocaína hacia países europeos, que desde entonces es son el principal destino, por encima de EE.UU.
• Fragmentación, entre 2022 y 2025:
  Las organizaciones criminales se segmentan por la detención de sus líderes. En julio de 2025, el líder de ‘Los Choneros’, José Adolfo Macías Villamar, fue extraditado hacia EE.UU. El líder de ‘Los Lobos’, Wilmer Chavarría, fue detenido en Málaga, España. Igualmente, el responsable de ‘Comandos de la Frontera’, Roberto Álvarez, ‘Gerente’, fue detenido en Dubai. Y William Alcívar, alias comandante Willy, cabecilla de los Tiguerones, que hoy vive como empresario en España, pese a que es requerido en extradición por Ecuador.

Solo entre 2021 y 2025, 653 policías separados volvieron a la institución policial por decisiones de jueces que torpedean los intentos de depuración interna. El caso de los 8 policías que intentaban ayudar al narcotraficante Óscar Caranqui a salir del exPenal en 2006 es paradigmático. Dos de ellos, incluido un oficial, están de vuelta en esas filas. En los últimos diez años, 1.300 oficiales y clases han sido reincorporados a la Policía amparados por cuestionados fallos judiciales, pese a que fueron separados por delitos y otras actuaciones reñidas con la ley. La solución a este fenómeno no pasa únicamente por intensificar el control disciplinario sobre jueces y fiscales, sino por replantear integralmente el modelo disciplinario policial.

Por María Belén Arroyo y Arturo Torres
Alianza Código Vidrio – Vistazo

Al atardecer del sábado 11 de noviembre de 2006, Óscar Caranqui jugó voleibol con sus compañeros de prisión. Por una molestia en una de sus rodillas, se acostó temprano. Esa noche había bullicio en los corredores del exPenal García Moreno. En la celda número uno del último piso, frente a la que ocupaba Caranqui, había una competencia de baile entre un teniente y un interno. Apostaban y el premio era licor. Eso es, al menos, lo que luego relató Caranqui. Él estaba preso por narcotráfico.

Hacia las diez y cuarto de la noche, algunos policías irrumpieron en su celda, la número 11 del exPenal. Uno de los uniformados le enseñó un documento, una especie de salvoconducto para que Caranqui saliera con ‘fines investigativos’.

Ésa era solo una fachada. En realidad, el preso más famoso por delitos de narcotráfico de la época había salido ya en otras ocho ocasiones del exPenal para irse de farra, en compañía de varios policías.

Y en todas había tenido apoyo de uniformados, que le prestaban uniformes para que él se  hiciera pasar por un miembro policial para dejar el presidio, ubicado en el centro colonial de Quito.

Desde la navidad de 2005 había salido de la cárcel para divertirse en centros nocturnos. Siempre retornaba antes de las 06h00, cuando se producía el cambio de guardia.

Ese 11 de noviembre, Caranqui pensó que era una de las salidas para una noche de diversión a las que ya se estaba acostumbrando. Solo que a diferencia de las anteriores, ésta no había sido planificada.

Pero esa noche era distinta. La salida fue frustrada. Algunos medios de comunicación esperaban afuera del entonces llamado Centro de Rehabilitación número 1. Constataron que Caranqui vestía el traje gris de la policía.

Al saber que había sido descubierto, él gritó que salía con ayuda de altos oficiales. La conmoción fue tal que la Comisión de Fiscalización del entonces Congreso Nacional convocó a una sesión extraordinaria.

El 21 de noviembre de ese 2006, vistiendo traje café oscuro, camisa blanca y corbata roja, Óscar Caranqui fue testigo de primera fila. Narró que no había sido un intento de fuga el que se había producido nueve días antes. Y relató que las salidas habían sido periódicas, siempre con apoyo de policías.

Ocho días más tarde, los jueces Alberto Moscoso, Patlova Guerra y Trajano Vargas, de la segunda sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito ratificaron la sentencia de 16 años, en contra de Caranqui y su esposa, por tráfico de drogas. En 2010 él fue trasladado a La Roca. En 2013 fue asesinado en su celda. El libro que escribió, que documentaba relaciones con el poder político, no vio la luz por orden judicial.

En la institución policial empezó un proceso de purga interna lleno de complicaciones. La depuración de la policía enfrenta un gran obstáculo. Por órdenes de jueces, unos 1.300 miembros separados de la fuerza por actos de corrupción, delitos u otras irregularidadaes volvieron a la entidad por la puerta grande. Esto ocurrió en los últimos 10 años.  Lo revela a esta alianza el general Víctor Herrera, quien está a cargo de la Inspectoría General de la Policía.“Ciertos jueces -dice Herrera- se convierten en instrumentos de la impunidad. No se puede depurar esa fuerza si operadores de justicia devuelven policías desvinculados con evidencias sólidas a nuestras filas”, con el agravante de que el Consejo de la Judicatura tampoco ha intervenido para investigar y sancionar disciplinariamente a los jueces que emitieron esos fallos.

Los policías que habrían colaborado con Caranqui

La investigación interna en la policía detectó que Caranqui intentó abandonar el centro carcelario en complicidad con policías que se encontraban de guardia en esa jornada.

Los guías penitenciarios detectaron la irregularidad y se contactaron con la central de radio patrulla, que impidió la fuga. La noticia se filtró a los periodistas que estaban de turno, esa noche.

Ocho servidores policiales fueron involucrados y llamados a juicio. Cuatro subtenientes como autores directos. Además, un cabo segundo y tres policías como cómplices.

Todos fueron dados de baja en 2007. Ellos apelaron esa decisión. El Consejo de Generales firmó el 12 de diciembre de ese año la resolución que ratificaba la situación de la baja del grupo.

La justicia sentenció a ocho años de prisión a los autores directos. Y cuatro años para los cómplices. Sin embargo, apelaron a las sentencias.

Dos subtenientes, el cabo segundo y un policía lograron el sobreseimiento. De estos cuatro sobreseídos, tres han insistido en volver a la fuerza policial. Dos lo lograron.

Uno de los subtenientes fue dado de baja por primera vez el 9 de mayo de 2008. Por resolución del juez octavo de lo Civil de Pichincha, el 13 de junio de 2008, quedó insubsistente la baja. Sin embargo, el 6 de junio de 2013 fue dado de baja por segunda vez. El 22 de octubre de 2021, la unidad judicial del Distrito Metropolitano de Quito decidió su reincorporación. En diciembre de 2024 se dispuso nuevamente su salida de la entidad. En conclusión, salió en el tercer intento. Cuando salió ya ostentaba el rango de capitán.

En cambio, uno de los subtenientes y un policía, que ostentaban esas jerarquías en 2006 y que fueron sobreseídos, volvieron a la institución policial tras presentar sendos recursos judiciales.

El subteniente que recibió la baja en mayo de 2008 presentó una acción de protección. La primera sala de lo penal de la Corte de Justicia de Pichincha dejó insubsistente la baja en marzo de 2010. El 6 de junio de 2013 se decidió la baja por segunda ocasión. Pero en enero de 2022 fue reincorporado, gracias a una acción de protección. La tercera sala de lo penal, colusorio y tránsito de la Corte Provincial de Pichincha acogió su petición. Se  encuentra activo en las filas y presta sus servicios en Quito.

El policía que recibió la baja en marzo de 2008 fue reincorporado en septiembre de 2023. Esto, por efecto de la sentencia de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la corte provincial de Pichincha. Actualmente presta sus servicios en Quito. No obstante la Inspectoría apeló el fallo para que sea revisado por una instancia superior.

No son casos aislados

57 mil uniformados integran en la actualidad las filas policiales. Desde 2015, aproximadamente 1.300 policías separados de la institución, por distintas causas, volvieron a sus cargos por decisión de jueces, advierte el general Herrera, entrevistado por esta alianza.

“Estas acciones legales tienen un pie de firma, un juez responsable. Nos llama la atención que hay jueces que tienen hasta 15 a 20 casos de reincorporación. Son órdenes de jueces competentes y si no cumplimos estamos cayendo casi en el desacato e inclusive los reincorporados llegan con disposiciones de reparaciones económicas”, afirma.

Varias cartas de reclamo ha enviado la entidad al Consejo de Judicatura, para alertar de la magnitud del problema. La mayoría no han tenido una consecuencia ni una respuesta con acciones desde esa institución encargada de los procesos disciplinarios de los funcionarios judiciales.

De hecho, explica Herrera, hay una “falta de articulación”. “A veces le mandan al mismo servicio del que salieron con problemas, digamos que salieron de Antinarcóticos y tienen que regresar a Antinarcóticos”.

El mensaje de fondo, detrás de estas acciones legales recubiertas de aparente legitimidad, es la impunidad.

Solo entre 2021 y 2025, 653 policías destituidos se reincorporaron por decisiones jurídicas, con cobertura legal.

Sin embargo, para el abogado y experto en temas de seguridad Hugo Espín la solución, en este caso, no pasa únicamente por intensificar el control disciplinario sobre jueces y fiscales, sino por replantear integralmente el modelo disciplinario policial. “Esto implica fortalecer la tipificación de conductas, garantizar el respeto irrestricto del debido proceso administrativo, mejorar la calidad probatoria de los sumarios y establecer mecanismos de articulación efectiva con la justicia constitucional”.

Por tanto -agrega Espín- la reincorporación de servidores policiales destituidos no responde exclusivamente a decisiones judiciales cuestionables, sino a una problemática estructural en la que confluyen deficiencias del sistema disciplinario, el ejercicio legítimo de garantías constitucionales y la ausencia de una coordinación institucional efectiva. “La responsabilidad no puede ser atribuida de manera unilateral, sino entendida como una corresponsabilidad sistémica que exige reformas profundas y técnicamente fundamentadas”.

Cuáles son las unidades judiciales que reintegran policías destituidos

La Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo en 2022 permitió 30 reincorporaciones; en 2023, dos y una más en 2024. Suman 33.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el cantón Portoviejo, viabilizó un reingreso en 2022. Pero en 2024 dio luz verde a 15 más y en 2025 favoreció a otra petición. En total: 17.

 

La Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, de Quito, permitió siete reincorporaciones entre 2021 y 2025. La Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Valdez del cantón Eloy Alfaro: permitió seis reingresos en ese período. No son las únicas, pero sí las que más reincorporaciones han decidido en los últimos años.

Cómo se investiga la corrupción policial

Entre 2025 y lo que va de 2026, en la policía hubo 1.515 sumariados. De ese total, solo 509 casos llegaron a destitución. La causal principal, en el 61 por ciento de veces, es la ausencia injustificada del trabajo.

Esto tiene una explicación. Cuando el policía comete un delito, enfrenta dos procesos. Del penal se hace cargo la justicia. Del procedimiento administrativo disciplinario se hace cargo la entidad policial. Normalmente, al tercer día de ausencia injustificada el uniformado es separado de la entidad. Pero algunos encuentran todo tipo de argucias para justificar la falta, entre ellas, certificados médicos alterados.

“No estamos juzgando el presunto delito, estamos juzgando su ausencia y es ahí donde empiezan las argucias, como certificados médicos falsos, para conseguir órdenes de jueces competentes que piden su reincorporación. Ese bache con la justicia envía una señal de impunidad; hemos enviado varias cartas de queja a la Judicatura”, advierte Herrera.

Su mensaje es contundente. Si un policía irrespeta su uniforme y colabora con el crimen tiene dos caminos. Saldrá de las filas policiales. Y quedará a merced de las estructuras criminales. Esas, que consideran a todos sus colaboradores como seres desechables.

Las bandas Los Choneros, de Ecuador, y Los Trujillanos, de Perú, así como células armadas de Colombia, libran un sostenido enfrentamiento para controlar un sector clave de la cordillera del Cóndor, rica en oro, cobre, plomo y otros minerales. El núcleo de esa guerra criminal, en la que también han empezado a entrar Los Lobos y Los Pulpos (Perú), es el poblado fronterizo minero de Chinapintza, en Paquisha, Ecuador. Militares ecuatorianos descubrieron que para sortear los controles delincuentes peruanos izaron la bandera de Perú en Ecuador, a pocos metros del límite fronterizo, en una vía clandestina que construyeron para el contrabando de oro, cocaína, armas, químicos, explosivos… Fuerzas Armadas y la Arcom realizan operativos constantes en 17 áreas críticas de minería ilegal. (Ilustración de portada OjoPúblico/Jhafet Pianchachi) 

Por Arturo Torres
Red Investigativa Transfronteriza Código Vidrio – OjoPúblico 

Chinapintza, en plena frontera ecuatoriano-peruana, es considerado un núcleo geográfico crítico, no solo de la explotación y lavado de oro sucio de Ecuador y Perú, sino una ruta crucial que conecta a la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe con el departamento peruano del Amazonas, para el transporte y contrabando del material aurífero, combustibles, armas, explosivos y drogas.

 Atraídos por el aumento galopante de la explotación ilegal de oro en las provincias de Zamora y Morona Santiago, los grupos criminales, Los Choneros, los Trujillanos y Los Pulpos, a los que desde el año pasado año también les han seguido Los Lobos, así como células delictivas de Colombia vinculadas a los Comandos de la Frontera, junto a venezolanos, siguen la ruta que trazan organizaciones consolidadas de experimentados mineros dedicados por décadas a la extracción ilegal de oro; algunos de ellos tienen concesiones legales y licencias de comercialización, desde la década pasada.

Esas redes mafiosas se ha. expandido en todo el circuito de esta actividad ilegal: desde la explotación hasta el procesamiento y comercialización del codiciado mineral, dentro y fuera del país. Tienen licencias de comercialización, plantas de beneficio y compañías que, con una fachada de legalidad, exportan decenas de millones de dólares de oro, indica un alto oficial de la Policía, especializado en estas investigaciones por años, que pidió mantener su identidad bajo reserva.

Para este policía, el mayor problema que enfrenta Ecuador y sus países vecinos para acabar con la minería criminal no son solo los grupos delictivos. Entre los principales responsables están las poderosas mafias de mineros ilegales, que han tejido redes intrincadas de apoyo por muchos años, que incluyen políticos, autoridades seccionales, funcionarios en organismos de control en las provincias, abogados, uniformados corrompidos, tanto en Ecuador como en Perú… “Es un anillo que ningún gobierno ha podido quebrar”, señala el oficial.

Virulentos actores criminales toman la posta

En este terreno fértil de ausencia estatal y descontrol por falta de recursos y corrupción, los últimos años, en especial después de la pandemia, han florecido las organizaciones criminales de Ecuador, Perú y Colombia (células de los Comandos de la Frontera), según reportes de Fuerzas Armadas y la Policía. Hay abundantes evidencias de que las bandas y disidencias de las FARC, con formación militar, son actores gravitantes en delitos de extracción minera con graves consecuencias ambientales y sociales. Desde hace más de una década, se han especializado en el control territorial con extorsiones y vacunas a mineros informales e ilegales y a empresas, sobre todo de pequeña minería. También exigen coimas para dar seguridad a autoridades seccionales y a los conglomerados de mineros que lucran de la minería ilegal. Además el tráfico de mercurio y otros químicos, armas, municiones, explosivos, combustible y drogas, y el tráfico de especies exóticas. En esto coinciden autoridades consultadas para este reportaje de Fuerzas Armadas, la Policía, Fiscalía, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), habitantes de zona de impacto minero, especialistas y dirigentes locales.

Ese mismo patrón de rápida expansión y diversificación delictiva se repite hoy en Zamora y Morona, en la Amazonia. El capitán de Fragata Fernando Osegueda, quien está a cargo de la planificación de  la estrategia para el combate a la minería ilegal y los grupos delictivos en FF.AA., corroboró que Los Choneros y Los Lobos y otros grupos delictivos se han ido desplazando hacia esas dos provincias fronterizas por la presión de los operativos militares y policiales que han sido constantes, más al norte, tanto en Buenos Aires, en Imbabura, como en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay.

Eso no significa que las operaciones de mineros ilegales, abriendo bocaminas y extrayendo oro mineralizado en concesiones legales se haya detenido. Por el contrario, sigue ocurriendo, sobre todo en zonas montañosas de difícil acceso. En enero pasado, un equipo de esta alianza periodística llegó a Camilo Ponce Enríquez, y constató que no había presencia militar ni policial, ni en los barrios y avenidas, y tampoco en la parte rural, donde operan mineros ilegales en concesiones de compañías legales.

Un representante de seguridad de una de las empresas que tienen áreas en esta región dijo que no hay control permanente de técnicos de la Arcom en ese territorio, que se ha priorizado cuando deben acompañar a las operaciones de FF.AA. para la destrucción de maquinaria y bocaminas y captura de actores criminales en diferentes sectores. Ante este vacío, agravado por el escaso personal que tiene la Arcom en las regionales, donde también ha sido separado personal por supuestos casos de corrupción, los miembros de bandas, especialmente de Los Lobos, así como los sableros (mineros ilegales) siguen incursionando en áreas legales, porque los militares deben priorizar los patrullajes en otros frentes críticos, especialmente en la frontera con Perú. “Los propietarios de las empresas han reforzado sus dispositivos de seguridad con personal especializado (expolicías y exmilitares) y tecnología, especialmente drones para el monitoreo de sus concesiones, con lo cual han frenado a los delincuentes”, destacó el responsable de la seguridad de una minera, quien agregó que ellos proveen información a Inteligencia militar, dan alertas para que intervengan en casos de criminalidad; incluso les han donado drones y apoyado con alojamiento en sus instalaciones.

Los Trujillanos construyen vía clandestina

Además de estos grupos ecuatorianos, en este extenso sector fronterizo en Zamora Chinchipe hay una incursión permanente de Los Trujillanos y otras células de peruanos dedicados a la minería ilegal, extorsiones y secuestros, especialmente en Chinapintza. “Esta zona es muy conflictiva, hay una doble dinámica donde confluyen  el tráfico  de  combustibles, contrabando de todo tipo, especialmente de mercurio y explosivos para la minería”, destacó Osegueda.

La presencia de los Trujillanos y sableros peruanos, algunos de los cuales han sido detenidos y procesados por tenencia ilegal de armas por los militares con apoyo de la Policía, pero luego liberados en Ecuador, empezó a ser más evidente desde el año pasado cuando construyeron una vía clandestina, que conecta ambos países.

La construcción de ese camino -según informes militares en poder de esta alianza- empezó en diciembre de 2024, y fue bautizado como el “Paso Tres”. Se trata de una vía de tercer orden, entre Ecuador y Perú, de 3 kilómetros de longitud, que atraviesa la finca del ecuatoriano José C., ubicada en las coordenadas 4°3’25.5″ S, 78°33’19.446″, en el cantón Paquisha, en la parroquia Nuevo Quito. Ese tramo se trazó clandestinamente sin conocimiento del Ministerio de Defensa de Ecuador, que debe autorizar cualquier edificación en una superficie de diez kilómetros desde la frontera hacia el interior. Desde entonces, según reportes oficiales, esa vía ha sido empleada por Los Trujillanos, Los Choneros y Los Lobos, así como mineros ilegales que deben pagarles por circular con grandes camiones cargados de mineral aurífero, armas, químicos, explosivos, todo tipo de contrabando. Tampoco se descarta que sean usados para el transporte de cocaína. La suma económica como exigida depende del tipo de carga y cantidad que transportan, en especial de armas y combustible.

Presencia armada y escalada de violencia

El 17 de mayo del 2025 militares ecuatorianos confirmaron la existencia de la vía donde habían realizado reconocimientos previos, con el encuentro, en varias ocasiones, con exmilitares peruanos, que daban seguridad a una de las empresas mineras dedicadas a la explotación minera que se presume ilegal, según corroboró un oficial en conocimiento del operativo.

Es más, ese 17 de mayo los uniformados constataron que 20 metros dentro del territorio ecuatoriano Los Trujillanos fueron más audaces: colocaron un asta, de más de ocho metros de altitud, donde ondeaba la bandera roji-blanca de Perú. Se encontraba en medio de un campamento levantado a un costado de la vía donde agruparon bidones con combustible y oros equipos. Se trataba de una operación para simular que ese tramo de la vía estaba en Perú, donde operan sin contratiempos, porque no existe una presencia permanente de policías ni militares peruanos. Así buscaban evitar que los militares ecuatorianos patrullen en esa zona. Las horas siguientes, tras verificar las coordenadas, la unidad militar retiró la bandera y bloqueó la vía siguiendo las guías de los hitos limítrofes.

No obstante, y pese al control permanente de los militares, el Paso Tres sigue siendo usado, cuando los uniformados se van y deben avanzar con sus patrullajes a otros sectores.

En julio pasado uniformados del destacamento de Chinapintza detuvieron a seis peruanos armados que se trasladaban por ese trayecto desde Ecuador hacia territorio peruano. En su poder encontraron armas y municiones de diferente calibre de fabricación peruana. Fueron detenidos por porte ilegal de armas pero liberados días después por un juez en Zamora.

Cinco choneros asesinados

Pese a los patrullajes militares y las coordinaciones con la Policía y FIscalía, los hechos violentos han escalado en Chinapintza. El 8 de agosto pasado el Ejército liberó en este poblado a siete personas secuestradas por Los Trujillanos: dos eran ecuatorianos y cinco peruanos. Hubo un tiroteo entre los militares y los secuestradores, que huyeron en medio de la escaramuza. Un mes después, el 11 de septiembre, como parte de la guerra desatada por controlar ese territorio los Trujillanos asesinaron a cinco integrantes de Los Choneros en Conguime Alto, en Chinapintza, y luego huyeron a Perú .

Al día siguiente, los uniformados detuvieron a “Willie” Anchi, líder de Los Trujillanos que dirigió el asesinato de los cinco ecuatorianos https://www.infobae.com/peru/2025/09/13/guerra-de-bandas-criminales-en-la-frontera-de-peru-y-ecuador-deja-cinco-muertos-y-captura-de-cabecilla-de-los-pulpos-en-el-pais-del-norte/. En ese operativo también fueron capturados 18 individuos más de cuatro nacionalidades (13 peruanos, dos venezolanos, dos ecuatorianos y un colombiano), presuntos miembros del grupo delictivo peruano, que fueron trasladados a Loja, donde son juzgados por asesinato.

El Paso Tres es fundamental para las operaciones de todos los grupos criminales que operan en esa región fronteriza de los dos países, especialmente Los Choneros, Los Lobos y Trujillanos.

Los Choneros, liderados por José Vélez, alias “Cara de Coche”, operan, con unos 15 integrantes, en los sectores Rteimna del Cisne, La Pangui y Conguime Alto, específicamente controlando la vía denominada “La Bambi” que conduce al “Paso Tres”, indica un informe de Inteligencia

Se dedican esencialmente al cobro de vacunas, sobre todo, por el paso de maquinaria, volquetas, combustibles y alimentos al Perú. En el caso de Los Choneros, agentes de Inteligencia conocen que se han apoderado de un campamento que pertenecía a un minero, donde actualmente instalaron su base de operaciones. En el lado peruano del mismo Paso Tres operan “Los Trujillanos”.

Llegan al sector por la vía que conduce a Chinapintza, avanzando hasta Conguime Alto y también a campo traviesa, por picas y senderos en la zona selvática, a través desde la “Y” de Conguime, Guanguitza, según constataciones de los militares.

Existe una gran cantidad de oro que está siendo explotado en la zona fronteriza de Perú, donde trabajan tanto ecuatorianos como peruanos y venezolanos. Se estima que diariamente pasan entre 18 y 20 volquetas diarias a Ecuador, para procesar el material mineralizado aurífero en las plantas de beneficio de Portovelo, en la provincia de El Oro, según reportes de Inteligencia.

En el paso Tres Los Choneros exigen pagos por el tránsito de maquinaria pesada hacia Perú, argumentando que se trata de un territorio de propiedad privada. Los montos que exigen, según estimaciones de Inteligencia, son:

• Excavadora: 15.000 dólares
• Clasificadora: 10.000 dólares.
• Motores de succión y bombeo: 5.000 dólares

También cobran por el paso de hidrocarburos y abastecimientos víveres  que cruzan hacia el lado peruano en Kumpanan.

Ese grupo tiene armamento de alto calibre y vehículos pesados, lo que les permite dominar territorios estratégicos. Esto facilita el contrabando de minerales a través de rutas clandestinas que conectan Yantzaza (Ecuador) con Condorcanqui (Perú). También han construido vías ilegales para movilizar maquinaria y oro sin ser detectados por las autoridades fronterizas, indicó un oficial de Inteligencia.

Los Lobos Box (una facción de Los Lobos) operan en las zonas conocidas como La Quebrada, La Herradura y Chinapintza. Este grupo está liderado por un individuo apodado “El Muerto”. Se dedica a cobrar “vacunas” a los propietarios de las bocaminas ubicadas en sus alrededores, a cambio de una supuesta protección, exigiendo el pago de manera mensual. Los Lobos Box están liderados por alias Alexis V., alias Boxeador, junto con Édison D., alias Saoco. Boxeadro bajó con su banda desde Guayaquil para asumir el mando de Puerto Bolívar y Machala, para desplazar a Calaca y delinquir en Ponce Enríquez, indica un agente de Inteligencia. Boxeadror opera desde la zona de Macará y Aguas Verdes, en Perú, hasta Zamora.

Esa banda y Los Choneros acechan constantemente áreas bajo la concesión de varias empresas legales, entre ellas Condormining. Integrantes de ese grupo han recorrido diversas bocaminas, indagando sobre los administradores y propietarios de las minas, identificándose como “la Empresa de los Lobos”, con el propósito de exigir vacunas. Los militares no tienen la suficiente capacidad para dar protección e intervenir en todas esas zonas, mientras otras autoridades zonales simplemente no intervienen, lo cual implicó que las autoridades del Viceministerio de Minas y Arcom, en Quito, inicien procesos de investigación para sistematizar la aplicación de pruebas de confianza.

Respecto al mineral ilegal proveniente del Perú, Chinapintza constituye un punto de tránsito utilizado por mineros ilegales, tanto ecuatorianos como peruanos, dice un oficial de Inteligencia. El material extraído es transportado diariamente en volquetas tipo mula. Los ilegales explotan el material aurífero, tanto del territorio peruano como del ecuatoriano. El movimiento de las volquetas se realiza de día y de noche, con rumbo a Portovelo, donde se ha procesado el material de Fuentes lícitas e ilícitas, por varios años. En vista del daño y contaminación ambiental con mercurio y otros minerales causado en los ríos de Portovelo nueve plantas de beneficio fueron intervenidas, a partir del 12 de enero pasado las Fuerzas Armadas y clausuradas por la Arcom, que confirmó que arrojaban desechos contaminantes a las fuentes fluviales. La decisión fue tomada por la ministra de Energía y Minas, Inés Alarcón, que sucesivamente dispuso la suspensión de toda actividad minera en Napo https://www.primicias.ec/economia/mineria-napo-suspension-ines-manzano-mineria-ilegal-115165/

Además anunció que medidas de esa magnitud se están analizando para ser aplicadas en otras provincias, mientras siguen combatiendo brotes de. minería ilegal en regiones sensibles, como parques nacionales.

Delincuentes no están procesados por minería ilegal

El papel preciso que juegan las bandas y sus miles de reclutas en esta actividad delictiva aún está lleno de nubarrones, de vacíos y preguntas sin respuestas, por falta de datos fiables, explica un oficial de la Policía. Estos roles están tratando de ser identificados y entendidos por los investigadores de la fuerza pública y de la Fiscalía, que aún no cuentan con datos y estudios sólidos, que les brinden una radiografía precisa de su conexión con carteles del narcotráfico y holdings transnacionales. De sus nexos con los clanes de mafia dedicadas a la minería ilegal.

Una prueba de ese vacío de información es la ausencia de casos judicializados en la Fiscalía, que evidencien la relación directa de integrantes de grupos delictivos con la explotación, tráfico o exportación ilegal de oro y el narcotráfico, como un jugador clave. Solo en un caso se ha probado, al menos públicamente, este nexo en una investigación periodística publicada por esta alianza transfronteriza https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/.

La falta de información sobre el grado de participación y roles de los grupos en la minería criminal se explica en buena parte por las limitaciones que tiene la Fiscalía para armar casos solventes, con el apoyo de la Policía, FF.AA y otros organismos de control como Arcom. Para la investigaciones de estos delitos solo hay dos fiscales en todo el país. Uno de ellos era Hugo Carvajal, quien durante varios años estuvo al frente de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza. En entrevista con esta alianza periodística ratificó que, ante la escalada de esta dinámica criminal, en el país deberían contar, al menos, con unos 23 fiscales especializados.

Todavía no hay suficiente información para establecer hasta donde llega la participación de los grupos delictivos en la cadena de explotación ilegal de oro, destacó Carvajal. “Creo que eso lo iremos descubriendo posteriormente, una vez que se aplique una nueva directriz que fue aprobada para fortalecer esta unidad y dotarle de más personal que le permita enfocarse en casos de mayor relevancia y complejidad”. Hasta el momento todavía no tenemos ningún caso con la participación directa de miembros de grupos de delincuencia organizada en minería ilegal”, subrayó Carvajal, quien tiene una dilatada experiencia en la Fiscalía, por más de 35 años, y sin embargo acaba de ser cambiado de unidad a otra de delitos contra la vida.

Desde 2022, la Unidad obtuvo 57 sentencias condenatorias por daños ambientales por minería ilegal. Ha abierto 1.500 procesos, de los cuales 1.345 están en investigación previa y 105 en instrucción fiscal, con formulación de cargos. En el 60% de los casos las investigaciones se abrieron a partir de informes de la policía que ha intervenido con los militares por delitos flagrantes en áreas libres que no están concesionadas a ninguna persona o empresa.

En un menor porcentaje se han iniciado procesos penales por delitos cometidos en áreas entregadas a titulares mineros, que han sido ocupadas por mineros ilegales. En estos casos la mayoría de acciones también son procesadas a través de cientos de amparos administrativos presentados ante la Arcom. La entidad no tiene datos consolidados del estado de estos casos ni sus resultados, que son formalizados por los titulares mineros, denunciando que sus áreas han sido invadidas por actores delictivos dedicados a explotación criminal de oro o que los operadores contratados violaron los acuerdos establecidos.

El paraguas de buena parte de estas actividades ilegales es precisamente la limitación de ese ente de control para supervisar que los concesionarios y sus operadores privados trabajen aplicando parámetros legales y técnicos, y así no sean presas o socios del crimen organizado. El universo de control de zonas concesionadas para minería aurífera y otros minerales es inmenso, imposible de auditar de forma prolija in situ, sin herramientas tecnológicas, según fuentes de la Arcom.

De las 2.000 concesiones existentes, 518 están en Zamora Chinchipe y 118 en Morona. “La capacidad de control de las actividades de los titulares mineros y sus operadores privados en esas áreas es muy limitada, casi inexistente, por el escaso personal que tiene la ARCOM (164 funcionarios en todo el país) y por la inmensa extensión que ocupan esas zonas”, reconoció Francisco Cobo, director de Control Minero de esa entidad.

En buena parte de estos casos, según David Sánchez, experto en regulación y gestión minera, excooordinador de regulación en ARCOM, esas limitaciones abren la puerta a que las actividades de minería ilegal -dentro y fuera de las concesiones- sean financiadas e impulsadas por el crimen organizado como parte de su economía criminal. “Si no damos las herramientas suficientes como Estado a las instituciones encargadas del control, simplemente vamos a ver desde otro lugar, como los integrantes de los GDOS, como se bombardean infructuosamente montañas, para enterarnos luego como el crimen organizado y sus miles de operadores han migrado a otras zona de interés minero. Esa es la historia de los últimos diez años en Ecuador”, destaca Sánchez.

Según el Comando Conjunto de las FF.AAA. existen 17 puntos críticos de minería criminal en el Ecuador, con influencia de delincuentes organizados en la extracción ilícita de minerales. Las más sensibles están en Zamora, Morona e Imbabura. El jefe del Comando Conjunto de FF.AA., general Henry Delgado, informó que planifican operaciones a gran escala en cooperación con Estados Unidos contra organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.

Para Sánchez, uno de los factores que ha acelerado este fenómeno en Zamora y Morona es la falta de intervenciones firmes del Estado y continuas de otras entidades públicas, sobre todo en el campo preventivo, relacionado con la ejecución de una política antiminería criminal sostenible y multidimensional.

Las últimas dos décadas, las organizaciones criminales incursionaron en la minería ilegal a gran escala en Ecuador en 2015. Ese año se detectó que en La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, más de 8.000 personas vivían de la minería ilegal en una concesión de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining.

En 2019, fueron desalojados, por lo que migraron hacia la provincia de Napo, en plena Amazonía, explica José Moreno, del colectivo Napo Ama la Vida. En esta zona, el gobierno entregó varias concesiones a la empresa china Terraearth Resources para que explote oro a lo largo del río Yutzupino, lo cual está prohibido por la ley. 

Esa compañía tiene cinco concesiones suspendidas, pero se mantiene operando a través de mineros ilegales, según reportes de Inteligencia militar.   

En 2022 se realizó una operación en Yutzupino en la que se capturó 148 retroexcavadoras usadas para la extracción de arena en el río y se detuvo a seis personas. Ese mismo año, los mineros ilegales volvieron a ocupar diversas fuentes fluviales del lugar y, en alianza con el crimen organizado, se han expandido a zonas aledañas hasta llegar a Chinapintza. Cuatro años después el proceso por estos delitos anunció no se ha formalizado con el inicio de la audiencia de formulación de cargos, que ha sido postergada en varias ocasiones en Tena.