Guerra por el oro en la frontera: bandas de Ecuador, Perú y Colombia disputan el control de la minería ilegal  

Las bandas Los Choneros, de Ecuador, y Los Trujillanos, de Perú, así como células armadas de Colombia, libran un sostenido enfrentamiento para controlar un sector clave de la cordillera del Cóndor, rica en oro, cobre, plomo y otros minerales. El núcleo de esa guerra criminal, en la que también han empezado a entrar Los Lobos y Los Pulpos (Perú), es el poblado fronterizo minero de Chinapintza, en Paquisha, Ecuador. Militares ecuatorianos descubrieron que para sortear los controles delincuentes peruanos izaron la bandera de Perú en Ecuador, a pocos metros del límite fronterizo, en una vía clandestina que construyeron para el contrabando de oro, cocaína, armas, químicos, explosivos… Fuerzas Armadas y la Arcom realizan operativos constantes en 17 áreas críticas de minería ilegal. (Ilustración de portada OjoPúblico/Jhafet Pianchachi) 

Por Arturo Torres
Red Investigativa Transfronteriza Código Vidrio – OjoPúblico 

Chinapintza, en plena frontera ecuatoriano-peruana, es considerado un núcleo geográfico crítico, no solo de la explotación y lavado de oro sucio de Ecuador y Perú, sino una ruta crucial que conecta a la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe con el departamento peruano del Amazonas, para el transporte y contrabando del material aurífero, combustibles, armas, explosivos y drogas.

 Atraídos por el aumento galopante de la explotación ilegal de oro en las provincias de Zamora y Morona Santiago, los grupos criminales, Los Choneros, los Trujillanos y Los Pulpos, a los que desde el año pasado año también les han seguido Los Lobos, así como células delictivas de Colombia vinculadas a los Comandos de la Frontera, junto a venezolanos, siguen la ruta que trazan organizaciones consolidadas de experimentados mineros dedicados por décadas a la extracción ilegal de oro; algunos de ellos tienen concesiones legales y licencias de comercialización, desde la década pasada.

Esas redes mafiosas se ha. expandido en todo el circuito de esta actividad ilegal: desde la explotación hasta el procesamiento y comercialización del codiciado mineral, dentro y fuera del país. Tienen licencias de comercialización, plantas de beneficio y compañías que, con una fachada de legalidad, exportan decenas de millones de dólares de oro, indica un alto oficial de la Policía, especializado en estas investigaciones por años, que pidió mantener su identidad bajo reserva.

Para este policía, el mayor problema que enfrenta Ecuador y sus países vecinos para acabar con la minería criminal no son solo los grupos delictivos. Entre los principales responsables están las poderosas mafias de mineros ilegales, que han tejido redes intrincadas de apoyo por muchos años, que incluyen políticos, autoridades seccionales, funcionarios en organismos de control en las provincias, abogados, uniformados corrompidos, tanto en Ecuador como en Perú… “Es un anillo que ningún gobierno ha podido quebrar”, señala el oficial.

Virulentos actores criminales toman la posta

En este terreno fértil de ausencia estatal y descontrol por falta de recursos y corrupción, los últimos años, en especial después de la pandemia, han florecido las organizaciones criminales de Ecuador, Perú y Colombia (células de los Comandos de la Frontera), según reportes de Fuerzas Armadas y la Policía. Hay abundantes evidencias de que las bandas y disidencias de las FARC, con formación militar, son actores gravitantes en delitos de extracción minera con graves consecuencias ambientales y sociales. Desde hace más de una década, se han especializado en el control territorial con extorsiones y vacunas a mineros informales e ilegales y a empresas, sobre todo de pequeña minería. También exigen coimas para dar seguridad a autoridades seccionales y a los conglomerados de mineros que lucran de la minería ilegal. Además el tráfico de mercurio y otros químicos, armas, municiones, explosivos, combustible y drogas, y el tráfico de especies exóticas. En esto coinciden autoridades consultadas para este reportaje de Fuerzas Armadas, la Policía, Fiscalía, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), habitantes de zona de impacto minero, especialistas y dirigentes locales.

Ese mismo patrón de rápida expansión y diversificación delictiva se repite hoy en Zamora y Morona, en la Amazonia. El capitán de Fragata Fernando Osegueda, quien está a cargo de la planificación de  la estrategia para el combate a la minería ilegal y los grupos delictivos en FF.AA., corroboró que Los Choneros y Los Lobos y otros grupos delictivos se han ido desplazando hacia esas dos provincias fronterizas por la presión de los operativos militares y policiales que han sido constantes, más al norte, tanto en Buenos Aires, en Imbabura, como en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay.

Eso no significa que las operaciones de mineros ilegales, abriendo bocaminas y extrayendo oro mineralizado en concesiones legales se haya detenido. Por el contrario, sigue ocurriendo, sobre todo en zonas montañosas de difícil acceso. En enero pasado, un equipo de esta alianza periodística llegó a Camilo Ponce Enríquez, y constató que no había presencia militar ni policial, ni en los barrios y avenidas, y tampoco en la parte rural, donde operan mineros ilegales en concesiones de compañías legales.

Un representante de seguridad de una de las empresas que tienen áreas en esta región dijo que no hay control permanente de técnicos de la Arcom en ese territorio, que se ha priorizado cuando deben acompañar a las operaciones de FF.AA. para la destrucción de maquinaria y bocaminas y captura de actores criminales en diferentes sectores. Ante este vacío, agravado por el escaso personal que tiene la Arcom en las regionales, donde también ha sido separado personal por supuestos casos de corrupción, los miembros de bandas, especialmente de Los Lobos, así como los sableros (mineros ilegales) siguen incursionando en áreas legales, porque los militares deben priorizar los patrullajes en otros frentes críticos, especialmente en la frontera con Perú. “Los propietarios de las empresas han reforzado sus dispositivos de seguridad con personal especializado (expolicías y exmilitares) y tecnología, especialmente drones para el monitoreo de sus concesiones, con lo cual han frenado a los delincuentes”, destacó el responsable de la seguridad de una minera, quien agregó que ellos proveen información a Inteligencia militar, dan alertas para que intervengan en casos de criminalidad; incluso les han donado drones y apoyado con alojamiento en sus instalaciones.

Los Trujillanos construyen vía clandestina

Además de estos grupos ecuatorianos, en este extenso sector fronterizo en Zamora Chinchipe hay una incursión permanente de Los Trujillanos y otras células de peruanos dedicados a la minería ilegal, extorsiones y secuestros, especialmente en Chinapintza. “Esta zona es muy conflictiva, hay una doble dinámica donde confluyen  el tráfico  de  combustibles, contrabando de todo tipo, especialmente de mercurio y explosivos para la minería”, destacó Osegueda.

La presencia de los Trujillanos y sableros peruanos, algunos de los cuales han sido detenidos y procesados por tenencia ilegal de armas por los militares con apoyo de la Policía, pero luego liberados en Ecuador, empezó a ser más evidente desde el año pasado cuando construyeron una vía clandestina, que conecta ambos países.

La construcción de ese camino -según informes militares en poder de esta alianza- empezó en diciembre de 2024, y fue bautizado como el “Paso Tres”. Se trata de una vía de tercer orden, entre Ecuador y Perú, de 3 kilómetros de longitud, que atraviesa la finca del ecuatoriano José C., ubicada en las coordenadas 4°3’25.5″ S, 78°33’19.446″, en el cantón Paquisha, en la parroquia Nuevo Quito. Ese tramo se trazó clandestinamente sin conocimiento del Ministerio de Defensa de Ecuador, que debe autorizar cualquier edificación en una superficie de diez kilómetros desde la frontera hacia el interior. Desde entonces, según reportes oficiales, esa vía ha sido empleada por Los Trujillanos, Los Choneros y Los Lobos, así como mineros ilegales que deben pagarles por circular con grandes camiones cargados de mineral aurífero, armas, químicos, explosivos, todo tipo de contrabando. Tampoco se descarta que sean usados para el transporte de cocaína. La suma económica como exigida depende del tipo de carga y cantidad que transportan, en especial de armas y combustible.

Presencia armada y escalada de violencia

El 17 de mayo del 2025 militares ecuatorianos confirmaron la existencia de la vía donde habían realizado reconocimientos previos, con el encuentro, en varias ocasiones, con exmilitares peruanos, que daban seguridad a una de las empresas mineras dedicadas a la explotación minera que se presume ilegal, según corroboró un oficial en conocimiento del operativo.

Es más, ese 17 de mayo los uniformados constataron que 20 metros dentro del territorio ecuatoriano Los Trujillanos fueron más audaces: colocaron un asta, de más de ocho metros de altitud, donde ondeaba la bandera roji-blanca de Perú. Se encontraba en medio de un campamento levantado a un costado de la vía donde agruparon bidones con combustible y oros equipos. Se trataba de una operación para simular que ese tramo de la vía estaba en Perú, donde operan sin contratiempos, porque no existe una presencia permanente de policías ni militares peruanos. Así buscaban evitar que los militares ecuatorianos patrullen en esa zona. Las horas siguientes, tras verificar las coordenadas, la unidad militar retiró la bandera y bloqueó la vía siguiendo las guías de los hitos limítrofes.

No obstante, y pese al control permanente de los militares, el Paso Tres sigue siendo usado, cuando los uniformados se van y deben avanzar con sus patrullajes a otros sectores.

En julio pasado uniformados del destacamento de Chinapintza detuvieron a seis peruanos armados que se trasladaban por ese trayecto desde Ecuador hacia territorio peruano. En su poder encontraron armas y municiones de diferente calibre de fabricación peruana. Fueron detenidos por porte ilegal de armas pero liberados días después por un juez en Zamora.

Cinco choneros asesinados

Pese a los patrullajes militares y las coordinaciones con la Policía y FIscalía, los hechos violentos han escalado en Chinapintza. El 8 de agosto pasado el Ejército liberó en este poblado a siete personas secuestradas por Los Trujillanos: dos eran ecuatorianos y cinco peruanos. Hubo un tiroteo entre los militares y los secuestradores, que huyeron en medio de la escaramuza. Un mes después, el 11 de septiembre, como parte de la guerra desatada por controlar ese territorio los Trujillanos asesinaron a cinco integrantes de Los Choneros en Conguime Alto, en Chinapintza, y luego huyeron a Perú .

Al día siguiente, los uniformados detuvieron a “Willie” Anchi, líder de Los Trujillanos que dirigió el asesinato de los cinco ecuatorianos https://www.infobae.com/peru/2025/09/13/guerra-de-bandas-criminales-en-la-frontera-de-peru-y-ecuador-deja-cinco-muertos-y-captura-de-cabecilla-de-los-pulpos-en-el-pais-del-norte/. En ese operativo también fueron capturados 18 individuos más de cuatro nacionalidades (13 peruanos, dos venezolanos, dos ecuatorianos y un colombiano), presuntos miembros del grupo delictivo peruano, que fueron trasladados a Loja, donde son juzgados por asesinato.

El Paso Tres es fundamental para las operaciones de todos los grupos criminales que operan en esa región fronteriza de los dos países, especialmente Los Choneros, Los Lobos y Trujillanos.

Los Choneros, liderados por José Vélez, alias “Cara de Coche”, operan, con unos 15 integrantes, en los sectores Rteimna del Cisne, La Pangui y Conguime Alto, específicamente controlando la vía denominada “La Bambi” que conduce al “Paso Tres”, indica un informe de Inteligencia

Se dedican esencialmente al cobro de vacunas, sobre todo, por el paso de maquinaria, volquetas, combustibles y alimentos al Perú. En el caso de Los Choneros, agentes de Inteligencia conocen que se han apoderado de un campamento que pertenecía a un minero, donde actualmente instalaron su base de operaciones. En el lado peruano del mismo Paso Tres operan “Los Trujillanos”.

Llegan al sector por la vía que conduce a Chinapintza, avanzando hasta Conguime Alto y también a campo traviesa, por picas y senderos en la zona selvática, a través desde la “Y” de Conguime, Guanguitza, según constataciones de los militares.

Existe una gran cantidad de oro que está siendo explotado en la zona fronteriza de Perú, donde trabajan tanto ecuatorianos como peruanos y venezolanos. Se estima que diariamente pasan entre 18 y 20 volquetas diarias a Ecuador, para procesar el material mineralizado aurífero en las plantas de beneficio de Portovelo, en la provincia de El Oro, según reportes de Inteligencia.

En el paso Tres Los Choneros exigen pagos por el tránsito de maquinaria pesada hacia Perú, argumentando que se trata de un territorio de propiedad privada. Los montos que exigen, según estimaciones de Inteligencia, son:

• Excavadora: 15.000 dólares
• Clasificadora: 10.000 dólares.
• Motores de succión y bombeo: 5.000 dólares

También cobran por el paso de hidrocarburos y abastecimientos víveres  que cruzan hacia el lado peruano en Kumpanan.

Ese grupo tiene armamento de alto calibre y vehículos pesados, lo que les permite dominar territorios estratégicos. Esto facilita el contrabando de minerales a través de rutas clandestinas que conectan Yantzaza (Ecuador) con Condorcanqui (Perú). También han construido vías ilegales para movilizar maquinaria y oro sin ser detectados por las autoridades fronterizas, indicó un oficial de Inteligencia.

Los Lobos Box (una facción de Los Lobos) operan en las zonas conocidas como La Quebrada, La Herradura y Chinapintza. Este grupo está liderado por un individuo apodado “El Muerto”. Se dedica a cobrar “vacunas” a los propietarios de las bocaminas ubicadas en sus alrededores, a cambio de una supuesta protección, exigiendo el pago de manera mensual. Los Lobos Box están liderados por alias Alexis V., alias Boxeador, junto con Édison D., alias Saoco. Boxeadro bajó con su banda desde Guayaquil para asumir el mando de Puerto Bolívar y Machala, para desplazar a Calaca y delinquir en Ponce Enríquez, indica un agente de Inteligencia. Boxeadror opera desde la zona de Macará y Aguas Verdes, en Perú, hasta Zamora.

Esa banda y Los Choneros acechan constantemente áreas bajo la concesión de varias empresas legales, entre ellas Condormining. Integrantes de ese grupo han recorrido diversas bocaminas, indagando sobre los administradores y propietarios de las minas, identificándose como “la Empresa de los Lobos”, con el propósito de exigir vacunas. Los militares no tienen la suficiente capacidad para dar protección e intervenir en todas esas zonas, mientras otras autoridades zonales simplemente no intervienen, lo cual implicó que las autoridades del Viceministerio de Minas y Arcom, en Quito, inicien procesos de investigación para sistematizar la aplicación de pruebas de confianza.

Respecto al mineral ilegal proveniente del Perú, Chinapintza constituye un punto de tránsito utilizado por mineros ilegales, tanto ecuatorianos como peruanos, dice un oficial de Inteligencia. El material extraído es transportado diariamente en volquetas tipo mula. Los ilegales explotan el material aurífero, tanto del territorio peruano como del ecuatoriano. El movimiento de las volquetas se realiza de día y de noche, con rumbo a Portovelo, donde se ha procesado el material de Fuentes lícitas e ilícitas, por varios años. En vista del daño y contaminación ambiental con mercurio y otros minerales causado en los ríos de Portovelo nueve plantas de beneficio fueron intervenidas, a partir del 12 de enero pasado las Fuerzas Armadas y clausuradas por la Arcom, que confirmó que arrojaban desechos contaminantes a las fuentes fluviales. La decisión fue tomada por la ministra de Energía y Minas, Inés Alarcón, que sucesivamente dispuso la suspensión de toda actividad minera en Napo https://www.primicias.ec/economia/mineria-napo-suspension-ines-manzano-mineria-ilegal-115165/

Además anunció que medidas de esa magnitud se están analizando para ser aplicadas en otras provincias, mientras siguen combatiendo brotes de. minería ilegal en regiones sensibles, como parques nacionales.

Delincuentes no están procesados por minería ilegal

El papel preciso que juegan las bandas y sus miles de reclutas en esta actividad delictiva aún está lleno de nubarrones, de vacíos y preguntas sin respuestas, por falta de datos fiables, explica un oficial de la Policía. Estos roles están tratando de ser identificados y entendidos por los investigadores de la fuerza pública y de la Fiscalía, que aún no cuentan con datos y estudios sólidos, que les brinden una radiografía precisa de su conexión con carteles del narcotráfico y holdings transnacionales. De sus nexos con los clanes de mafia dedicadas a la minería ilegal.

Una prueba de ese vacío de información es la ausencia de casos judicializados en la Fiscalía, que evidencien la relación directa de integrantes de grupos delictivos con la explotación, tráfico o exportación ilegal de oro y el narcotráfico, como un jugador clave. Solo en un caso se ha probado, al menos públicamente, este nexo en una investigación periodística publicada por esta alianza transfronteriza https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/.

La falta de información sobre el grado de participación y roles de los grupos en la minería criminal se explica en buena parte por las limitaciones que tiene la Fiscalía para armar casos solventes, con el apoyo de la Policía, FF.AA y otros organismos de control como Arcom. Para la investigaciones de estos delitos solo hay dos fiscales en todo el país. Uno de ellos era Hugo Carvajal, quien durante varios años estuvo al frente de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza. En entrevista con esta alianza periodística ratificó que, ante la escalada de esta dinámica criminal, en el país deberían contar, al menos, con unos 23 fiscales especializados.

Todavía no hay suficiente información para establecer hasta donde llega la participación de los grupos delictivos en la cadena de explotación ilegal de oro, destacó Carvajal. “Creo que eso lo iremos descubriendo posteriormente, una vez que se aplique una nueva directriz que fue aprobada para fortalecer esta unidad y dotarle de más personal que le permita enfocarse en casos de mayor relevancia y complejidad”. Hasta el momento todavía no tenemos ningún caso con la participación directa de miembros de grupos de delincuencia organizada en minería ilegal”, subrayó Carvajal, quien tiene una dilatada experiencia en la Fiscalía, por más de 35 años, y sin embargo acaba de ser cambiado de unidad a otra de delitos contra la vida.

Desde 2022, la Unidad obtuvo 57 sentencias condenatorias por daños ambientales por minería ilegal. Ha abierto 1.500 procesos, de los cuales 1.345 están en investigación previa y 105 en instrucción fiscal, con formulación de cargos. En el 60% de los casos las investigaciones se abrieron a partir de informes de la policía que ha intervenido con los militares por delitos flagrantes en áreas libres que no están concesionadas a ninguna persona o empresa.

En un menor porcentaje se han iniciado procesos penales por delitos cometidos en áreas entregadas a titulares mineros, que han sido ocupadas por mineros ilegales. En estos casos la mayoría de acciones también son procesadas a través de cientos de amparos administrativos presentados ante la Arcom. La entidad no tiene datos consolidados del estado de estos casos ni sus resultados, que son formalizados por los titulares mineros, denunciando que sus áreas han sido invadidas por actores delictivos dedicados a explotación criminal de oro o que los operadores contratados violaron los acuerdos establecidos.

El paraguas de buena parte de estas actividades ilegales es precisamente la limitación de ese ente de control para supervisar que los concesionarios y sus operadores privados trabajen aplicando parámetros legales y técnicos, y así no sean presas o socios del crimen organizado. El universo de control de zonas concesionadas para minería aurífera y otros minerales es inmenso, imposible de auditar de forma prolija in situ, sin herramientas tecnológicas, según fuentes de la Arcom.

De las 2.000 concesiones existentes, 518 están en Zamora Chinchipe y 118 en Morona. “La capacidad de control de las actividades de los titulares mineros y sus operadores privados en esas áreas es muy limitada, casi inexistente, por el escaso personal que tiene la ARCOM (164 funcionarios en todo el país) y por la inmensa extensión que ocupan esas zonas”, reconoció Francisco Cobo, director de Control Minero de esa entidad.

En buena parte de estos casos, según David Sánchez, experto en regulación y gestión minera, excooordinador de regulación en ARCOM, esas limitaciones abren la puerta a que las actividades de minería ilegal -dentro y fuera de las concesiones- sean financiadas e impulsadas por el crimen organizado como parte de su economía criminal. “Si no damos las herramientas suficientes como Estado a las instituciones encargadas del control, simplemente vamos a ver desde otro lugar, como los integrantes de los GDOS, como se bombardean infructuosamente montañas, para enterarnos luego como el crimen organizado y sus miles de operadores han migrado a otras zona de interés minero. Esa es la historia de los últimos diez años en Ecuador”, destaca Sánchez.

Según el Comando Conjunto de las FF.AAA. existen 17 puntos críticos de minería criminal en el Ecuador, con influencia de delincuentes organizados en la extracción ilícita de minerales. Las más sensibles están en Zamora, Morona e Imbabura. El jefe del Comando Conjunto de FF.AA., general Henry Delgado, informó que planifican operaciones a gran escala en cooperación con Estados Unidos contra organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.

Para Sánchez, uno de los factores que ha acelerado este fenómeno en Zamora y Morona es la falta de intervenciones firmes del Estado y continuas de otras entidades públicas, sobre todo en el campo preventivo, relacionado con la ejecución de una política antiminería criminal sostenible y multidimensional.

Las últimas dos décadas, las organizaciones criminales incursionaron en la minería ilegal a gran escala en Ecuador en 2015. Ese año se detectó que en La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, más de 8.000 personas vivían de la minería ilegal en una concesión de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining.

En 2019, fueron desalojados, por lo que migraron hacia la provincia de Napo, en plena Amazonía, explica José Moreno, del colectivo Napo Ama la Vida. En esta zona, el gobierno entregó varias concesiones a la empresa china Terraearth Resources para que explote oro a lo largo del río Yutzupino, lo cual está prohibido por la ley. 

Esa compañía tiene cinco concesiones suspendidas, pero se mantiene operando a través de mineros ilegales, según reportes de Inteligencia militar.   

En 2022 se realizó una operación en Yutzupino en la que se capturó 148 retroexcavadoras usadas para la extracción de arena en el río y se detuvo a seis personas. Ese mismo año, los mineros ilegales volvieron a ocupar diversas fuentes fluviales del lugar y, en alianza con el crimen organizado, se han expandido a zonas aledañas hasta llegar a Chinapintza. Cuatro años después el proceso por estos delitos anunció no se ha formalizado con el inicio de la audiencia de formulación de cargos, que ha sido postergada en varias ocasiones en Tena.