El juez anticorrupción Renán Andrade formalizó ayer 9 de abril en la madrugada la detención de 15 de los 18 detenidos en una operación impulsada por la Inspectoría de la Policía, en coordinación con el Centro de Inteligencia y la Fiscalía. El líder de la organización era el capitán de la policía Edison M.H. Según las investigaciones, él perfeccionó el mecanismo para la perforación del poliducto, mientras era parte de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos.
Alianza Código Vidrio – Vistazo
Una política de cero tolerancia a la corrupción anunció en entrevista con esta alianza el general Víctor Herrera, quien está a cargo de la Inspectoría de la Policía. Él denunció que en los últimos diez años, unos 1.300 miembros policiales separados de las filas volvieron por argucias judiciales. Resultado de esa estrategia es precisamente la reciente captura de cinco policías, tres militares y ocho civiles que eran parte de una red de robo y comercialización de combustible en Santa Elena. El juez anticorrupción Renán Andrade formalizó ayer 9 de abril la detención de 15 de los 18 detenidos en la operación impulsada por la Inspectoría de la Policía, en coordinación con el Centro de Inteligencia y la Fiscalía.
-“Póngame ahí los 200 dólares (para) esos policías porque vamos a pasar por ellos y ellos conocen y están en el turno de la noche; no van a pelar.”. Éste es uno de los chats que constan en la investigación que desarticuló una estructura que robaba combustible. Cinco policías y tres militares se encuentran entre los involucrados. La madrugada de este jueves 8 de abril, el juez anticorrupción Renán Andrade dispuso prisión preventiva para los uniformados.
– “Ya nos vamos ahorita a la base con dos carros, los pequeños están vacíos porque no se pudo cargar, no se cargó porque no hubo presión avanzamos solo el grande y al pito avanzamos a cargar”.
El líder de la red de robo de combustibles, desarticulada este miércoles 7 de abril, era el capitán de la policía Edison M.H. Según las investigaciones, él perfeccionó el mecanismo para la perforación del poliducto, mientras era parte de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos.
Con los conocimientos que adquirió en esa unidad especializada el oficial articuló una red de colaboradores. La integraban cinco servidores policiales del eje preventivo, para facilitar el traslado de combustible conseguido en forma ilícita. Luego, era transportado en vehículos pesados para su posterior comercialización.
En esta organización delictiva también jugaron un rol clave tres militares activos y ocho civiles. Los militares coordinaban directamente con el oficial de policía, proporcionándole información logística.
-“Estamos ya saliendo con la grande de Chongón. Yo voy adelante cerrando vía y de ahí nos vamos a ir a como se llama vamos ahí… parquean un rato allá y vamos a sacar la gasolina que está media como se llama está blanca o sea súper la vamos a (cambiar) para que salga extra y ahí vamos a llevar el producto. Y voy en el carro para las canecas ahorita a lo que ya pasemos el peaje de Chongón ahí si no vamos; porque ayer los militares tenían un tanquero ahí en Chongón”, se lee en otra de las conversaciones a las que tuvo acceso esta alianza periodística.
La investigación para identificar la red y su entramado tomó un año. Estuvo a cargo de agentes de Asuntos Internos, junto con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía. Los investigadores confirmaron que los uniformados estaban involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico, desvío y uso indebido de hidrocarburos.
El operativo se realizó la madrugada de este miércoles 7 de abril de 2026. La policía, a través de la Sección de Investigación de la Conducta Policial de la Dirección Nacional de Asuntos Internos (Inspectoría) ejecutó la operación denominada “Gran Fortaleza 1”. Se realizaron 16 allanamientos en ocho provincias del país, logrando la aprehensión de 16 personas.
Los allanamientos se ejecutaron en inmuebles ubicados en Guayas, Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Orellana, donde fueron detenidos los colaboradores e involucrados.
La organización contaba con capacidad operativa para obtener hidrocarburos mediante perforaciones clandestinas a los poliductos, utilizando información sensible. Esto facilitaba tanto la sustracción como la posterior comercialización del combustible.
Una vez concluida la investigación previa, el abogado de Petroecuador Sergio Juan Ruiz Vasco presentó la denuncia por delincuencia organizada y sustracción de hidrocarburos en la Fiscalía.
El foco de las operaciones criminales era la provincia de Santa Elena. Los sitios donde los policías realizaban las perforaciones clandestinas, con coordenadas exactas, se ubicaron en el poliducto Libertad- Pascuales y Libertad-Manta.
Entre las evidencias recopiladas en la investigación se incluyen las conversaciones mantenidas entre los miembros de la red, sobre los pagos.
No habrá impunidad
En una entrevista previa con esta alianza, el general Víctor Herrera, a cargo de la Inspectoría de la policía, advirtió que rige una política de cero tolerancia a actos de corrupción en esas filas.
La institución tiene 57 mil uniformados. “Si deciden servir al crimen organizado, saldrán de las filas y quedarán a merced de las estructuras criminales que ya saben cómo pagan a sus colaboradores”, advirtió Herrera.
El oficial tiene 37 años al servicio de la institución. Explicó, con gran preocupación, que la entidad intenta depurar sus filas, pero que un preocupante número de servidores separados por actos reñidos con la ley terminan regresando. Según reveló en esta entrevista, en el curso de los últimos 10 años al menos 1.800 servidores policiales separados volvieron. Para ello utilizaron argucias como recursos de protección, facilitados por jueces. Es más, desde 2021 hasta 2025, 653 policías destituidos se reincorporaron por decisiones jurídicas. Solo en 2025 fue casi un centenar: 97 restituidos a esas filas.
16 personas en esta red
Cinco servidores policiales, entre ellos, dos sargentos, dos cabos y un oficial. Además, tres militares: dos sargentos y un cabo. Ocho civiles además fueron indentificados como miembros de esta estructura. De ellos, cinco registran antecedentes.
Este jueves en la madrugada el juez Andrade dispuso el inicio de la etapa de instrucción fiscal por 90 días. Dictaminó prisión preventiva para 15 de los detenidos. Además, una mujer cumplirá arresto domiciliario en Milagro.