Un nuevo caso de supuesto cobro de coimas en la Agencia de Regulación y Control Minero sale a la luz, a menos de un mes de que fuera separado del cargo y enjuiciado el director de Zamora Chinchipe por supuestas extorsiones a operadores mineros. Esta vez se trata de Richard Cando Jumbo, director de la zonal de Azuay, quien fue grabado pidiendo sobornos para aprobar un amparo administrativo a un concesionario minero.
Redacción Cóódigo Vidrio
Los cobros de extorsiones a los titulares de concesiones mineras son sistemáticos y persistentes en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). Esta vez el foco identificado con estas prácticas de corrupción está en el director del la Agencia en Azuay, Richard Cando Jumbo. Él asumió el cargo, con un salario de 2.400 dólares mensuales, a inicios de marzo, y a los pocos días empezó a conocerse en el sector que para agilitar la aprobación de amparos y otros trámites requeridos por empresarios mineros Cando ha venido pidiendo supuestamente el pago de coimas, según un audio al que este medio accedió.
Este caso sale a la luz, solo tres semanas después de que fuera separado y demandado en la Fiscalía, por un supuesto delito de cohecho, el entonces director de ARCOM en Zamora Chinchipe, Hernán Marcelo Soto. Según la denuncia presentada tras la divulgación de un audio, Soto también exigía coimas para entregar informes favorables a pequeños mineros. En la conversación entre Soto y un interlocutor minero identificado como “Don Holger” se describe un esquema de coordinación en zona minera que incluye el pago de USD 2.500 semanales (USD 250 por cada una de las 10 máquinas en operación), la centralización de pagos a través de un intermediario (“técnico”), el uso del término “documentos” como mecanismo de entrega, así como referencias a visitas periódicas, alertas sobre inspecciones, controles o presencia militar, y condicionamientos para la continuidad operativa.
Semanas antes de que se conociera este caso, a pocos dias de asumir la Dirección de Azuay, Cando también empezó a exigir pagos extorsivos a los representantes de empresas para entregarles amparos, otros recursos y certificados que pese a cumplir todos los requisitos legales no eran aprobados.
Estos dos casos trascienden en medio de la salida de la dirección ejecutiva de la ARCOM de Pablo Izurieta, el jueves 5 de abril pasado, quien dimitió al cargo. Fue reemplazado como director encargado por Francisco José Cruz Prada, abogado y geólogo colombiano, quien fue viceministro y secretario de Ambiente en su país. Cruz es el tercer director ejecutivo de Arcom nombrado desde la llegada de Daniel Noboa al poder, en 2023. Pese a la intervención directa de las Fuerzas Armadas en operativos contra la minería ilegal, la ARCOM no ha podido articular hasta el momento una estrategia sólida para frenar el avance de este fenómeno, que se ha agravado por la participación de bandas criminales, mafias de mineros en el territorio y narcotraficantes. Estas actividades delictivas cuentan con la complicidad de operadores dentro de la ARCOM, y otras entidades estatales, incluido el poder judicial, la Fiscalía y la fuerza pública, según informes oficiales. El sistema de control minero está permeado por agentes criminales, indican fuentes de Inteligencia. En este contexto, la llegada de Cruz tendría, precisamente, un objetivo central. Según fuentes del Gobierno, busca impulsar una depuración radical en toda la entidad.
Cando bajo sospecha por supuestas coimas
Código Vidrio accedió a un audio en el que se escucha un diálogo telefónico que mantiene Cando, de 55 años, con un representante de una minera, que en febrero le había presentado un amparo administrativo, pidiéndole que la ARCOM suspendiera las operaciones de una empresa, con la cual mantenía un contrato de operación, porque estaba realizando actividades ilegales que no estaban contempladas en el acuerdo.
Ante la falta de respuestas de Cando, y por información de otros mineros, un representante de la minera conoció que la única forma de obtener el amparo era pagarle una coima al director de Azuay, a quien le llamó para preguntarle sobre sus exigencias para que aprobar el amparo, diálogo que grabó para denunciarlo.
Este es el audio y la transcripción textual del diálogo que se dio la primera semana de marzo, a pocos días de que Cando fuera designado director:
-Minero: “Hola como le va, como esta”.
-Director de Azuay: “Cómo está, buenas noches”.
-Minero: “Solo quería hacerle una consultita, ya conversé con quien tenía que hacerlo. Los diez serían por darme a favor el amparo, ¿verdad? El que pedí. Ese”.
-Director: “Sí”.
-Minero: “Pero eso sería cuando se termine el trabajo o cómo sería, cuando termine el amparo o en medio del amparo”.
-Director: “Como usted sabe ahorita para llegar hasta eso siempre se pide un cincuenta por ciento y el otro cuando ya se vaya a realizar”.
-Minero: “A ver pero pienso que debería ser 50 cuando se realiza y cincuenta cuando sale la resolución, porque a veces las resoluciones, ha habido casos en que a nosotros se ha demorado hasta un año hasta que salga esa resolución. Entonces, por eso es que quería conversar primero con usted.Cuando hacemos esos trámites de amparos hubo uno que demoró un año en sacar. Entonces por eso le preguntaba”.
-Director: “No porque es igual, yo trabajo con el equipo y se lo hace lo más pronto posible”.
Buscamos la versión de Cando enviándole mensajes a dos de sus números celulares, registrados en la ARCOM, pero no respondió a nuestras solicitudes.
Cando, al igual que Soto fue designado director por Pablo Izurieta, junto con otros funcionarios de nivel directivo a partir del 1 de marzo, dentro de un anunciado proceso de depuración por los casos denunciados en anteriores administraciones de corrupción.
El amparo por el cual Cando exigió el pago del 50% para su aprobación fue presentado en contra de una empresa en Camilo Ponce Enríquez, que tiene desde 2012 un contrato de operación con la titular de una concesión, que en 2017 pasó a manos de otra compañía minera. Esta minera pidió en varias ocasiones que la Arcom suspendiera a la contratista que ha realizado operaciones ilegales de explotación de oro en su concesión, incumpliendo la normativa vigente. Ante la fata de respuestas de la Agencia, la minera afectada acudió ante un juez que dispuso que se realice una auditoría técnica de la operadora, que corroboró las irregularidades e incumplimientos denunciados. No obstante, este amparo aún no ha recibido una respuesta oficial de resolución, pues la empresa demandada también ha interpuesto recursos para impedir la terminación del convenio.
Redes de corrupción intactas
Fuentes de inteligencia indican que este y muchos otros casos muestran que las redes de cobros y extorsiones siguen, en buena parte, intactas a diferentes niveles en la Arcom. Especialmente entre las cabezas de las direcciones distritales de zonas, donde hay importantes concesiones para la explotación de oro. Este mecanismo se ha aplicado en varios gobiernos, conectado con decisiones que han tomado jefaturas desde el Viceministerio de Minas y la sede de la entidad de control en Quito.
Cando fue designado director de Azuay, pese a que su perfil de riesgo, evidenciado en registros del sistema financiero, revisados por Código Vidrio, es muy alto.
Informes del sistema financiero indican que Cando, oriundo de Loja, ingeniero de profesión, tiene un patrimonio de 18.399 dólares, y una serie de deudas por pagar con distintas entidades financieras, por lo cual enfrenta cinco juicios civiles, de Diners, Banco del Austro, Importadora Tomebamba, por contratos incumplidos de reserva de dominio, así como un proceso por no pago de la pensión de alimentos de uno de sus hijos.
Con esa información disponible -dice un investigador de la Policía- Cando no debía ser designado director, ni tampoco el coordinador de Zamora, cuyos ingresos, antes de ingresar a la entidad de control minero, eran totalmente inusuales. “No han existido perfilamientos apropiados y verificaciones patrimoniales, antecedentes judiciales, deudas, u otras alertas sobre vulnerabilidades de los directivos nombrados”, dice el oficial. Él recalca que no se ha aplicado hasta el momento un sistema eficaz de contrainteligencia (investigación interna de los funcionarios) y pruebas periódicas de confianza (incluido el polígrafo) para identificar quienes están en riesgo o ya han sido reclutados por las redes criminales. Este trabajo -agrega- debería estar a cargo de un organismo independiente, autónomo, de fuera de la ARCOM, estatal o privado.
Cando ya fue director en época de Vera
Cando ingresó a Arcom en mayo de 2023 para ocupar el cargo de director en Azuay, pero solo estuvo en funciones pocos días. Fue nombrado por el entonces director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr), Luis Maigón, quien fue separado por la escalada de actividades de minería ilegal y reemplazado por el coronel (r) Patricio Bonilla, en medio de denuncias de cobros que involucraron incluso al entonces ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, quien fue detenido y proceso por la supuesta venta de cargos públicos.
Maingón entró al puesto en la Agencia en agosto de 2022, nombrado por Vera quien, según Fiscalía recibió un pago de USD 150.000 en efectivo, a cambio de nombrar a Adrián Alfonso Zamora Villamar, como director de control minero de Imbabura. Villamar también está procesado por cohecho y fue llamado a juicio en calidad de posible autor. Estas gestiones de venta de cargos se concretaron a través de operadores, que también están enjuiciados.
Mafias y narcos acceden a concesiones a través de contratos de operación
En Ecuador, las empresas, contratistas y subcontratistas que no tienen títulos ni áreas mineras pueden explotar y comercializar oro y mineral a través de contratos de operación y de mandato. Incluso hay mineras que firman convenios de asociación y acuerdos verbales, aunque no están amparados por la ley. Con estos convenios (contemplados en la ley de Minería), que se consideran como arreglos entre actores privados, los contratistas han evadido “legalmente” la prohibición de acceder a zonas para hacer minería, después del cierre del catastro en 2018. Muchos operadores han sido denunciados por minería ilegal a través de amparos administrativos, que no son procesados oportunamente o en varios casos solo se agilita su aprobación con el pago de coimas. En la práctica, bajo este esquema, el catastro nunca se cerró para estos actores, aliados con mineros ilegales y grupos delictivos.
Hasta el año pasado, los titulares de pequeña minería inscribioeron 547 contratos de operación. Y 206 más están en trámite, según informes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Los acuerdos fueron inscritos en las regionales de la Agencia, que previamente emitieron informes técnicos, legales, catastrales y económicos, avalados por los registradores mineros, hoy directores zonales. Ellos son los que aprueban los acuerdos en primera instancia y notificados a la ARCOM, que en general no tiene la capacidad para comprobar la veracidad de los reportes por falta de personal y recursos.