INVESTIGACIÓN ⇒ Cuatro ecuatorianos apresados en diciembre pasado por ser parte de una red que traficó 8 toneladas de cocaína a España, son dueños de una empresa minera en Camilo Ponce Enríquez, epicentro de la explotación criminal de oro. La firma es Goldenminerals, que explotó miles de toneladas de mineral aurífero en 2023, pero no reportó la exportación ni el destino que tuvo este material. Esa compañía tenía un contrato de operación con la empresa Miderzul, que hizo exportaciones inusuales de concentrado de oro a China. El Gobierno realiza una auditoría a 1.652 concesiones, para verificar si cuentan con permisos ambientales y si presentaron informes de minerales secundarios, que es su obligación para comercializar y exportar oro.
Alianza transfronteriza CódigoVidrio – OjoPúblico
Los estrechos nexos del narcotráfico y la minería ilegal de oro quedaron expuestos en diciembre del año pasado, cuando una presunta red dedicada al tráfico de cocaína desde Ecuador hacia España fue desarticulada por la policía de ambos países. Una serie de documentos analizados para esta investigación periodística revelan que cuatro de las personas investigadas y detenidas como parte de esa organización criminal fundaron y administraron por años una minera dedicada a la explotación de oro, con el fin de lavar el dinero procedente del tráfico de drogas.
La información recabada para este reportaje, así como la investigación policial, apuntan a Goldenminerals S.A. como la minera que habría lavado el dinero del negocio de la cocaína a través de la extracción y comercialización de oro. Esa compañía es un eslabón clave, hasta hoy desconocido, de una cadena que permite entender cómo se conectan y funcionan las redes transnacionales del narcotráfico, a través del lavado de activos en conglomerados empresariales, con la minería ilegal en Ecuador.
Esta historia comienza con dos operativos importantes, en 2023 y 2024, en los que se capturaron ocho toneladas de cocaína (7,3 toneladas en España y 664 kilos en Ecuador) y la detención de ocho miembros de esta red en Ecuador y cuatro más en España. La droga provenía de Colombia y era cargada en contenedores de frutas listas para ser comercializadas a Europa.
La primera alerta de la operación de la organización, integrada por ecuatorianos y extranjeros, fue notificada a la Fiscalía en junio del 2022. Desde esa fecha agentes antidrogas empezaron a realizar seguimientos y posteriormente escuchas e interceptaciones telefónicas a algunos de los sospechosos de esta red, desmontada en diciembre pasado, denominada Gran Fénix 52 Gibraltar.
Entre los detenidos en Ecuador se encontraban empresarios, policías en retiro y un marino en servicio activo, que, según las pesquisas, tuvo un rol importante por su acceso a información privilegiada en el control marítimo.
Según la investigación fiscal, a la cabeza de la organización estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tráfico de drogas y peculado; y la persona encargada de las operaciones logísticas, era su esposa, María Auxiliadora Montesdeoca García.
En 2023, Carlos Eduardo Zambrano fundó la compañía Inmoalta Inmobiliaria, en Guayaquil, además de las empresas Inversiones Monar, en 1998, y Latexcol, en 2004.
La policía también identifica como socios de Zambrano al coronel en retiro de la policía, Julio César Miño del Hierro (quien había sido jefe de la Policía Judicial de Guayaquil y otros distritos) y a Galo Manuel Litardo García, capitán de Corbeta en servicio activo de la Marina. Además, a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, José Luis Bersoza Cóndolo (alías “Pollos”) y Édison Andrés Espín Vallejo, quienes eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracción de oro, entre otras actividades. Entre 2020 y 2024 todos tuvieron ingresos económicos que no pudieron justificar, según consta en el proceso judicial.
Un alto oficial de la Policía explicó que Zambrano se encargaba de la coordinación y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la justicia, la policía y en las Fuerzas Armadas. Según las mismas investigaciones, fue él quien contactó al coronel (SP) Julio César Miño y al capitán de Corbeta de la Marina, Galo Litardo; y él era también quien definía dónde se debía invertir el dinero. Uno de estos negocios fue la minería de oro.
Los actores detrás del negocio
Según la misma investigación policial, Carlos Zambrano y su pareja María Auxiliadora Montesdeoca vivían en una lujosa residencia en Samborondón, cantón de Guayas, valorada en 500 mil dólares.
Las pesquisas de la investigación fiscal en curso han identificado que el coronel en retiro Julio César Miño obtenía información en la policía, a través de sus redes de informantes, con el fin de que sus socios evitaran los controles en los puertos; mientras que el oficial de la Marina accedía a datos sobre los patrullajes acuáticos en los esteros. Así coordinaba el envío del cargamento en los buques, en la zona de cuarentena, antes de su salida a altamar, explicó un oficial del caso.
Mientras estuvo en la policía, Julio César Miño fue parte de diferentes unidades de inteligencia antidrogas y de crimen organizado, como la UIES y ULCO, en 2006 y 2008. Luego fue comandante en Manta y Los Ríos, territorios de elevada violencia asociada al narcotráfico. Fue en este último lugar, donde, según un oficial, Miño habría empezado a ser contactado por grupos criminales.
Actualmente siete de los detenidos guardan prisión, mientras el capitán Litardo tiene medidas sustitutivas, con prohibición de ausentarse del país y presentarse tres veces a la semana ante la Fiscalía, mientras se desarrolla el proceso judicial.
Las autoridades de Ecuador sostienen que el financiamiento de las actividades criminales de la organización provenía de las ganancias de contratos con empresas legalmente constituidas, una de ellas dedicada a la minería.
Agentes españoles y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador estiman que los financistas principales de estas operaciones serían enviados invisibles de los carteles del narcotráfico que controlan el envío de coca hacia Europa, encabezados por la mafia albanesa, con apoyo logístico de Los Lobos y otras bandas.
La estructura empresarial era para el lavado a través de la explotación y venta de oro en el mercado internacional
Narcos con fachada de empresarios
Desde diciembre del año pasado, esta alianza periodística recabó información para identificar la conexión de la red de narcos con empresas, a través de sus accionistas, su modus operandi y su relación con la explotación minera.
Esta investigación identifica que cuatro de los detenidos en la intervención policial de diciembre de 2024 son accionistas y/o administradores de la compañía minera Goldenminerals, constituida en Machala en 2018. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Edison Espín.
La empresa está activa, según el portal de la Superintendencia de Bancos. Fue propiedad de Melida B. y Alisson B., hasta 2022. Ese año fue comprada por el supuesto narcotraficante Geovanny Cruz, quien también es dueño de las firmas Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models. En esas y otras compañías también aparecen como socios y administradores Espín, Alvear y Bersoza, quien es dueño, además, de la firma Avícola Rioblanco, de cría y reproducción de ganado.
Avícola Rioblanco reporta activos por 327 mil dólares, y también era empleada para lavar dinero en efectivo, según la investigación judicial.
En su último informe económico de 2023, Goldenminerals reportó activos por 209 mil dólares. No declaró pérdidas ni ganancias. Desde 2019 mantiene similares montos de activos, pérdidas y ganancias. Esa firma minera no tiene ninguna concesión minera. Posee un contrato de operación con la empresa Cerro Azul, Miderzul, que es la titular de la concesión La Boya, ubicada en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay.
Esta modalidad, con la entrega de contratos de operación privados a terceras personas, a cambio de un porcentaje del oro extraído, es ideal para el lavado de dinero, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la minería, porque según él no son acciones reguladas o debidamente controladas.
Desde hace tres años el cantón Ponce Enríquez es el centro de la minería ilegal en Ecuador, donde operan Los Lobos y otros grupos delictivos locales y extranjeros como el Tren de Aragua. Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales más grandes y complejas, que controlan toda la cadena de producción, desde la explotación del mineral aurífero, hasta su procesamiento y fundición en las plantas de beneficio (la mayoría ubicadas en Ponce Enríquez y Portovelo, provincia de El Oro), para su exportación como lingotes o concentrado de oro (arena mineralizada), por vía aérea y marítima a varios continentes, según informes de Inteligencia.
ZONA CONCESIONADA A MIDERZUL EN PONCE ENRÍQUEZ, DONDE OPERABA GOLDENMINERALS
Los mismos reportes y apreciaciones de Inteligencia a los que se tuvo acceso para esta investigación señalan que este intrincado ensamblaje de cómo operaba Goldenminerals habría sido montado por decenas de compañías y operadores más desde 2019, con la complicidad de autoridades de las agencias de control y el Ministerio de Energía y Minas. Estos funcionarios además se encargaron de elaborar normas y reglamentos para facilitar actividades delincuenciales, sobre todo en la pequeña minería, dijo un alto funcionario del gobierno que investiga este laberinto de corrupción.
En la cúspide de esta pirámide estarían carteles, y un escalón más abajo algunos clanes familiares locales que dominan el sector de pequeña minería desde hace décadas en El Oro y Azuay, explica un agente que sigue su pista en Ponce Enríquez.
Contratos de operación
El dueño de la minera Miderzul, que extendió el contrato de operación a Goldenminerals, es Juan Pogo Labanda, quien recibió el título de la concesión la Boya en 2021, según informes del Ministerio de Energía y Minas. Como empresa contratante, Miderzul debía encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotación de mineral aurífero, pero no lo hizo, según consta en un informe oficial al que esta alianza accedió. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental.
El contrato, firmado desde 2018, tiene una duración de diez años. Establece que la contratista deberá entregarle el 7% de la producción bruta de oro, que se liquidará en el proceso de recuperación mineral en la planta de beneficio de su elección. Una copia del contrato notarizado está en poder de esta alianza.
Como garantía, el operador pagó USD 50.000. Su obligación –-según el convenio–- es explotar el yacimiento e impedir actividades de minería ilegal.
Además, el titular de la concesión puede dar por terminado el contrato cuando el contratista no realice operaciones de explotación por más de tres meses, lo cual ha sido recurrente en este caso.
Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) presumen que el área era usada para actividades extractivas ilegales que no eran reportadas, para evadir el pago de impuestos y regalías, lo cual es una práctica recurrente.
Esta alianza periodística accedió también a informes y auditorías oficiales realizadas a las operaciones de Goldenminerals en esa concesión. Según uno de los reportes, la empresa no tiene licencia ambiental desde 2017. Tampoco presentó planes de desarrollo, ni de exploración o interpretación geológica. Esto, sin embargo, no fue observado por las autoridades de la zonal de Cuenca, capital de Azuay.
Esa compañía entregó un cronograma de actividades, aunque reportó que invertiría inicialmente USD 49.337.
Sobre la explotación de mineral aurífero, un informe del 2022 observa que no presentó reportes de geología y geotécnica de la mina. Otro documento oficial de producción de labores de exploración y explotación de 2022 confirma que la empresa no desarrolló estudios de geofísica, geoquímica, sondeos ni interpretación geológica, aunque sí extraía mineral aurífero. Respecto a la extracción de minerales, indica que solo hay reportes teóricos, que no cuenta con planta de beneficio para triturar y procesar el mineral. Alquila esos servicios en Camilo Ponce Enríquez.
En 2022, Goldenminerals no tuvo consumo de combustibles en explotación minera alguna, tampoco de energía. No registró operaciones formales entre enero y diciembre de 2022, lo cual debió ser alertado por el titular minero Miderzul, para exigirle al operador que cumpla el contrato. Pero no lo hizo, según destaca el informe técnico.
En 2023, Goldenminerals reportó la explotación de 1.004 toneladas de mineral y 161 toneladas de estéril. En la declaración juramentada de manifiesto de Producción, recogida en un informe de la Regional de Azuay, además indicó que extrajo 11.613 toneladas, en un área de 197 hectáreas. Sin embargo, no especificó cómo lo hizo, con cuántos trabajadores opera o qué pasó con el material explotado: si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializó como concentrado de oro. La empresa solo indicó que empleó 5.500 galones de diésel, pero no tuvo ningún consumo de energía eléctrica.
Ante los pedidos de esta alianza, el fiscal a cargo del caso, Fernando Guerrero, no se quiso pronunciar sobre el avance de esta investigación en la conexión con la minería, pues estaba realizando algunas diligencias.
En la práctica, según expertos del sector consultados, la capacidad de las entidades de control como la Arcom, la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Energía y Minas está desbordada, por la utilización sistemática y discrecional de títulos mineros, licencias de comercialización y contratos de operación para actividades opacas, delictivas, desde hace más de cinco años.
En el país están inscritas 1.652 concesiones (388 en trámite) y 557 contratos de operación (206 en trámite). Además hay 213 plantas de beneficio (82 en trámite), y 370 licencias de comercialización (229 en trámite). Los actores criminales, vinculados con organizaciones del narcotráfico, se han beneficiado desde hace más de una década de estas modalidades contractuales, usando la fachada de pequeños empresarios mineros. “Han recibido títulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupción que permean todo el sistema”, observa un oficial del Ejército, que investiga esta dinámica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Perú.
Narcotráfico y minería ilegal van de la mano
Julia Yansura, directora del Programa de Delitos contra el Medioambiente y Financiación Ilícita, de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), destaca que el caso ecuatoriano no es una excepción. “Existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero en efectivo que obtienen por la venta de cocaína”, señala Yansura.
Entre las modalidades más usuales están las exportaciones ficticias de minerales auríferos en contenedores, que cuando han sido inspeccionados estaban vacíos. Los narcos declaran importantes envíos que en la mayoría de casos no son verificados, para recibir pagos que ingresan al sistema financiero sin ninguna dificultad. Los narcos prefieren el oro porque es mucho más fácil de transportar que el dinero en efectivo. Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones, indica Yansura. “La explotación y compra de oro, con fondos del narcotráfico, se ha ido extendiendo vertiginosamente los últimos 15 años en toda la región. Mientras el oro se mantiene al alza -destaca Yanzura- los precios de la cocaína han caído por la sobreproducción”. Esta tendencia es parte de la diversificación del modelo de negocio criminal. Los narcotraficantes siguen un esquema empresarial, buscan más rentabilidad con inversiones diversificadas, que los estados tienen dificultad en identificar y controlar con una trazabilidad más eficaz.
José Julio Neira, quien preside el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) y dirige la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), dijo en entrevista con esta alianza que el Gobierno realiza una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros, para verificar si cuentan con permisos ambientales vigentes, si han presentado los informes de minerales secundarios, que están obligados a presentar para la comercialización y exportación de minerales. También está en marcha un control integral de todas las personas naturales y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio. Para detectar posibles casos de lavado de activos, la UAFE realiza controles en toda la cadena productiva del sector minero.
Los operadores, blindados por la justicia
Aprovechando el descontrol estatal, quienes tienen contratos de operación también realizan actividades de minería criminal en áreas fuera de las concesiones asignadas para sus proyectos. Según un informe de la zonal de Cuenca, por estos casos hay 17 amparos administrativos interpuestos por titulares mineros en contra de operadores ante la Arcom, denunciando incumplimientos y prácticas de minería ilegal. Todos esos amparos han sido resueltos desde el 2020 hasta la fecha, en los cantones Camilo Ponce Enríquez y Santa Isabel, según el informe oficial.
No obstante, según representantes de una empresa minera, ese reporte de la Arcom es impreciso. Esa compañía -que pidió el anonimato por temor a represalias- presentó tres recursos de amparo administrativo, descritos como resueltos por la Arcom, pero asegura que aún no se han resuelto a su favor, están en trámite, según indican los documentos de constancia de sus denuncias a los que tuvimos acceso.
En la mayoría de los casos, dice un profesional de la empresa, son litigios que empiezan en la Arcom y pasan a la justicia ordinaria donde tardan años en resolverse o se declaran en abandono. “Los operadores interponen esas acciones en la justicia ordinaria, para impedir que les retiren contratos”, indica la fuente de esa compañía que pidió la reserva por seguridad. Uno de esos casos es el de la minera Porvenir, que fue denunciada por realizar explotación ilegal en la concesión Mollopongo, en Camilo Ponce Enríquez. En 2024, técnicos de la Arcom realizaron una inspección técnica en el sitio y verificaron las actividades ilegales durante dos meses consecutivos. De los tres amparos planteados, ninguno está resuelto, y solo en uno se emitió una multa.
Esta alianza accedió a los certificados de exportación y producción de la minera Miderzul, cuyo dueño y gerente es José Pogo Labanda. Él es titular de la misma concesión La Boya, donde también opera Goldenminerals. Entre 2023 y 2024 Miderzul exportó a China 827 toneladas de concentrado de oro, es decir arena con mineral aurífero.
Esos cargamentos se enviaron en “big bags” por vía marítima. Por estos despachos Miderzul recibió un pago de USD 2,5 millones. Según los reportes, el concentrado provino de la Boya y fue triturado en plantas de beneficio de Camilo Ponce, la principal es Metalesa, propiedad de los hermanos Milton y Fredy Romero Guaicha. Ellos también son dueños de la empresa Romero Miningcorp y tienen concesiones mineras en esa zona. En ninguno de los informes de producción o exportación de Miderzul se indica dónde están las barras de oro que se habrían obtenido de las 827 toneladas de concentrado exportadas a China.
Agentes de Inteligencia sospechan que ese material exportado por Miderzul a China por el puerto de Guayaquil sería el que explotó Goldenminerals.
Según una exfuncionaria de Arcom consultada, ese faltante debería ser investigado y aclarado por las autoridades.
María Laura Patiño, consultora financiera, experta en lavado de activos, subrayó que en Ecuador el sector minero es un espacio ideal para el blanqueo de capitales. Especialmente por la ausencia de controles integrales y seguimiento a los titulares de las concesiones, los operadores, y los propietarios de las plantas de beneficio, para que cumplan sus obligaciones. Patiño recalca que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quien es el beneficiario final. “En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores”, apunta.
Esta alianza pidió una entrevista con Juan Pogo para tener su versión sobre el contrato de operación con Goldenminerals y sus incumplimientos, así como las exportaciones de sus empresas Miderzul a China, pero no obtuvo una respuesta, hasta el cierre de este reportaje.
El 29 de enero pasado, el representante de una de sus compañías respondió a uno de nuestros correos. Dijo que él sí nos concedería una entrevista, sin especificar la fecha. Aseguró que ninguna de las firmas de Pogo ha realizado exportaciones de oro relacionadas con Goldenminerals.
Aseguró que todas sus empresas mineras están legalmente constituidas. Se dedican a la comercialización de metales y minerales, así como a brindar servicios para exportación. “Para llevar a cabo estas actividades se realiza una serie de procedimientos en los cuales incluye solicitar a la empresa que va a exportar toda la documentación que justifique la legalidad del material”, explicó.
Exportaciones de Miderzul a China
78 mineras suspendidas
Las anomalías detectadas en esta reportería no son aisladas. Son parte de un esquema turbio empleando empresas de papel, que aún no ha podido ser desmantelado por el Gobierno, que investiga sus conexiones y patrones.
José Julio Neira confirmó que 78 empresas mineras están suspendidas, con acciones administrativas sancionatorias, por ser parte de esquemas de exportaciones millonarias de oro inusuales, plagadas de irregularidades. Según estimaciones oficiales, más de USD1.300 millones en exportaciones de oro provienen de operaciones de minería ilegal.
En las inspecciones in situ realizadas por el SRI -destaca Neira- la primera anomalía encontrada es la inexistencia de empresas exportadoras en los lugares registrados como domicilio fiscal. “Son empresas fantasmas, que posiblemente son utilizadas para el cometimiento de uno o varios delitos, entre evasión fiscal, corrupción y lavado de activos”.
El mecanismo de envíos desde empresas fantasmas empezó a operar en toda su magnitud en 2023. Ese año, según reveló una investigación de Código Vidrio , las empresas de pequeña minería Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals exportaron 268 millones de dólares en oro a Emiratos Árabes Unidos y la India, 20 veces más que en 2022. Realizaron sus envíos a través de un esquema de certificados y permisos maquillados, fraudulentos, con oro extraído de minas inexistentes en sus concesiones. Sin empleados registrados en el Instituto de Seguridad Social.
Precisamente, una de las prácticas de la delincuencia organizada en el proceso minero es la creación de empresas de un día para el otro, particularmente de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), que con un capital mínimo realizan exportaciones por millones de dólares de material mineralizado, según Neira. Bajo este régimen precisamente han operado Rockgolden y Rocadorada.
Estas anomalías fueron identificadas desde fines de 2023 por funcionarios de la Arcom, que alertaron lo ocurrido a autoridades del SRI.
Esta alianza periodística conoció que para frenar estas prácticas ilícitas en la entrega y uso de las concesiones, plantas de beneficio, licencias de comercialización, y exportaciones de oro, desde el Ministerio de Energía y Minas y el Conim se impulsa una serie de reformas normativas y reglamentarias (algunas ya se aprobaron), con la cooperación de especialistas de la Arcom.
Adicionalmente, según Neira, ya se aplica el registro geolocalizado sistemático de maquinaria amarilla (retroexcavadoras que se usan para la minería ilegal), además del control ambiental en las plantas de beneficio para verificar que cuenten con los permisos ambientales vigentes. También el control de informe de minerales secundarios a los titulares de derechos previo a la exportación y el incremento de auditoras in situ en las concesiones mineras.