El concurso para Corte Constitucional entró en su recta final. Entre los candidatos hay un postulante removido como juez nacional y otro aspirante que fue un alto funcionario de Lasso.
Redacción Código Vidrio
El concurso de oposición y méritos para renovar un tercio de la Corte Constitucional llega esta semana a su etapa decisiva. Seis de los nueve postulantes que quedan en el proceso rendirán el examen oral entre el martes 18 y miércoles de 19 de febrero, que es la última fase del proceso.
La prueba se desarrollará en la Contraloría y tiene un valor de 35 puntos, al igual que la prueba escrita que se rindió la semana pasada. Los 100 puntos del concurso se completan con la calificación de la experiencia profesional y académica, que fue la primera etapa del concurso.
En este proceso de renovación de la Corte Constitucional participa un postulante que fue removido en 2019 como juez de la Corte Nacional de Justicia, por no haber superado la evaluación integral que ese año se realizó por mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-Transitorio).
Se trata de José Luis Terán Suárez, quien llegó a la Corte Nacional de Justicia en 2015, después de que fuera el ganador del concurso organizado en 2014 por el Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Jalkh. Su nota rozó la perfección: 98,5/100.
Sin embargo, después de cinco años, en 2019, Terán Suárez no tuvo el mismo desempeño y no pudo superar la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura de la época. Su calificación fue de 79,1 /100, con lo que no consiguió alcanzar el puntaje mínimo fijado para ese proceso, que era de 80 puntos.
Por esta razón, el 15 de noviembre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, resolvió remover de su cargo de juez a Terán Suárez junto a otros 8 jueces y 10 conjueces.
Sin embargo, en el caso de Terán, el efecto de la evaluación no quedó solo en su remoción. Como resultado de ese proceso, la Judicatura indicó que la declaración juramentada de enero de 2015 del entonces magistrado no había incluido toda su información patrimonial. “(…) La omisión de información en dicha declaración bien puede considerarse como falsedad ideológica, lo que conlleva a que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario inicie el sumario disciplinario en función del artículo 109, numeral 9 del Consejo de la Judicatura (sic)”, señaló un informe de la Dirección Jurídica del Consejo.
Por ese motivo, el Pleno dispuso el 12 de noviembre de 2019 que la Subdirección de Control Disciplinario abra un expediente administrativo en su contra por supuestamente haber incurrido en infracción gravísima establecida en el art. 109 numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Después de tramitar ese expediente disciplinario, el 27 de abril de 2021, el Pleno de la Judicatura responsabilizó a Terán Suárez de haber cometido la infracción gravísima de “proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su nombramiento”.
Uno de los efectos de la destitución es que el sancionado no puede trabajar durante dos años en el servicio público y, además, no puede regresar a trabajar de por vida a la Función Judicial; la Corte Constitucional jurídicamente no es parte del Poder Judicial.
Tras esa sanción, en agosto de 2021, el ahora candidato a la Corte Constitucional planteó una acción contenciosa para que se declare la nulidad de su destitución, se le reintegre a la Corte Nacional. Además que se le paguen los sueldos, salarios y beneficios que dejó de percibir. Su argumento fue que subsanó de manera reglamentaria ante la Contraloría la información que no contenían sus declaraciones juramentada y que, además, la Judicatura no tenía competencia para sancionarlo en un asunto de este tipo.
El 28 de junio de 2024, el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Quito le dio parcialmente la razón, al declarar la nulidad de su destitución, pero rechazó su pretensión de volver al cargo y recibir los recursos que dejó de recibir.
Su caso actualmente está en la Corte Nacional de Justicia, donde están en trámite la admisibilidad de los recursos de casación planteados por Terán y el Consejo de la Judicatura.
De hecho, Terán no quedó satisfecho con esa resolución jurisdiccional. Por ese motivo, solicita que le sea “i) restituido en forma obligatoria, a su cargo dentro del término de cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución; (ii) recibir las remuneraciones que dejó de percibir; (iii) recibir los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial con los descuentos que apliquen”, dice su escrito presentado el pasado viernes 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando completó su pedido de casación.
El jurista Juan Carlos Vilema explica que, al encontrarse este proceso en casación, la destitución del 27 de abril de 2021 sigue vigente.
Jorge Benavides Ordóñez es otro de los perfiles que buscan ocupar una silla en la Corte Constitucional. Llegó al concurso como parte de la terna de la Función de Transparencia y Control Social.
Además de su trayectoria en el mundo de la academia y la docencia, Benavides recientemente tuvo un paso por la actividad política. Específicamente fue un alto funcionario del gobierno de Guillermo Lasso. Allí desempeñó varios cargos de confianza del ex presidente de la República y líder del partido CREO.
Benavides fue viceministro de Trabajo, subsecretario Jurídico de la Presidencia durante el proceso de muerte cruzada de mayo de 2023 y, por último, fue presidente del Director de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), en reemplazo de Hernán Luque Lecaro, procesado por el caso de corrupción denominado Encuentro.
