- La vida de Marco Cuenca, de 48 años, pende de un hilo, en medio del silencio de las autoridades de Salud. Tras sufrir un accidente, ha esperado 74 días que las autoridades del hospital de Portoviejo, donde está internado, lo deriven a una clínica privada que pueda operarlo para salvarle la vida. Esa decisión depende de la Zonal 4 de La Zonal 4 del Ministerio de Salud. Su madre y pareja cubren los gastos de sus medicinas y duermen en las bancas del centro público, esperando la respuesta oficial. Su caso es un ejemplo más del daño que causa a miles de pacientes y sus familias el desabastecimiento de medicinas, y las deudas del Estado con el sector privado. La crisis en el sistema de salud se agrava con el paso del tiempo y la falta de insumos se traduce en falencias en la atención médica.
Redacción Código Vidrio
Despertar cada día en la sala de admisiones del Hospital de Especialidades de Portoviejo se ha vuelto una desgastante y desesperanzadora rutina para Paola Cevallos y Gladys Vera. Cada noche, ellas se recuestan sobre un cartón cubierto con sábanas que acomodan en unas bancas del centro, para intentar descansar. Viven en estas condiciones desde el pasado 18 de febrero, cuando llegaron desde Esmeraldas a la capital manabita, acompañando a Marco Cuenca, de 48 años. Él sufrió un accidente de tránsito en Esmeraldas, que inicialmente afectó gravemente su pierna derecha.
Según el reporte médico del hospital, Marco sufrió de una insuficiencia arterial aguda en la pierna derecha por más de 24 horas. La extremidad estaba pálida y fría, por lo que se le hizo un examen para determinar el estado de los vasos sanguíneos del abdomen y de la pierna derecha. Entonces se realizó una intervención que recuperó un circulación sanguínea y salvó su pierna. Sin embargo, en el examen también se determinó que tenía un rotura grave y una dilatación de la aorta que requería una intervención urgente.
El especialista que detectó esta complicación dispuso entonces una valoración en el servicio de Cirugía Cardiovascular, en donde se definió la necesidad de una derivación urgente, porque el Hospital Portoviejo no cuenta con insumos médicos para atender este tipo de complicaciones.
Pese a que se definió que era un caso que requería una atención urgente, Marco y su familia han debido esperar más de dos meses (74 días) desde cuando llegó a Portoviejo para que las autoridades del centro ordenen su derivación a otra clínica para salvar su vida. Todos los días, Paola y Gladys acuden al departamento de Bienestar Social del hospital, donde aún no reciben la autorización de autoridades del Ministerio de Salud de la Zona 4, aunque el riesgo de que Marco pueda morir de un momento a otro por una complicación es alto.
La familia compra medicinas y paga alimentación de cuidadoras
La pareja y madre de Marco duermen en el hospital porque no tienen recursos que les permitan pagar un hotel o rentar otro espacio por un tiempo indefinido. Además, hacerlo significaría sacrificar el bienestar de su ser querido. Todos los días, Marco necesita dos ampollas de un anticoagulante que le administran cada mañana y cada noche, además de otros medicamentos. Dada la falta de insumos, cuenta Paola, ellas pagan por lo menos USD 50 por la medicina que mantiene a su esposo estable. Con sus recursos prácticamente impiden que entré en un estado crítico.
Por un lado, él se empeña en recuperar la movilidad de su pierna, a través de fisioterapias en el hospital. Pero, por otro, debe cuidar su presión arterial pues su condición es de alto riesgo, según le han explicado los médicos a la familia. Y para financiar esos gastos y la alimentación de sus cuidadoras, la familia ampliada las apoya cuando puede con transferencias de algunos dólares que les permiten darse un respiro. Entre las personas que los apoyan está la hermana de Marco, quien vive en España. Su situación tampoco es favorable, pero apoya como puede. Por otro lado, el padre de Marco, quien tiene 79 años, ayuda con su pensión de jubilado.
Ante la desesperación de las dos mujeres, el 29 de abril pasado la directora médica del hospital Dalila Muñoz respondió por escrito sus preguntas. En el documento informa sobre los diagnósticos y el tratamiento que recibe Marco, además de las gestiones realizadas. Aunque hay algo de confusión por aparentes errores en en un par de fechas, se entiende que el Hospital envió desde Bienestar Social la primera solicitud de Inicio Inmediato del Trámite de Referencia a un Hospital de Tercer Nivel, con los documentos necesarios, el 20 de febrero, desde “el correo de Emergencia. No obstante, no han tenido ninguna respuesta de la Zona (4)”. Desde entonces ha insistido el 9, 17, 21, 23 y 26 de marzo; el 7, 13 y 23 de abril. Tampoco ha habido contestación.
El código de validación no se activa; la salud de Marco empeora. Él ocupa una cama en el hospital, mientras su madre y esposa duermen en las bancas de la sala de espera del hospital. Y no son las únicas. Hay otras familias que llegan de Cotopaxi, Esmeraldas y otras provincias. Entrevistadas por Código Vidrio, Gladys y Paola cuentan que, por lo general, la mayoría espera poco tiempo, pues sus familiares pasan por el quirófano y vuelven a sus casas. Así, decenas de pacientes y sus familias entran y salen después de algunos días, pero Gladys y Paola permanecen indefinidamente sin que las autoridades dispongan la derivación de Marco.
¿Cuándo y cómo se hacen las derivaciones?
La normativa más reciente sobre este tema consta en el Acuerdo Ministerial 00140-2023. Fue expedido por el Ministerio de Salud el 17 de mayo de 2023. Es el reglamento sobre el relacionamiento entre el sector público y privado de salud, para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT); y, su Reconocimiento Económico.
Allí se reglamentan los procesos administrativos para brindar atención integral a los pacientes y el pago por derivaciones tanto entre miembros de la red pública de salud como para clínicas y hospitales privados. Una derivación se inicia cuando un hospital determina que no tiene capacidad para atender a un paciente, sea por falta de especialistas y equipos o por saturación.
Andrés Corral, salubrista que gerenció el Hospital Eugenio Espejo, explica que ciertas especialidades como intervencionismo desde cirugía vascular o neurocirugía, por ejemplo, están determinadas para ciertos establecimientos de salud, sobre todo, de tercer nivel, es decir, hospitales de especialidades. En ciertos casos, también en hospitales generales o de segundo nivel.
El desabastecimiento es un síntoma que perciben los pacientes. Ellos sufren la falta de medicamentos y dispositivos, pero Corral apunta que esto solo es la punta del iceberg: es “el resultado de un debilitamiento sistemático, progresivo de todo el sector de la salud a nivel público”.
El primer paso para hacer una derivación es hacer una búsqueda en la Red Pública Integral de Salud (RPIS), que incluye a otros hospitales del Ministerio de Salud o los que le pertenecen al IESS, al ISSFA o al ISSPOL. Si en ninguno de ellos hay opciones para atender el caso en cuestión, se debe buscar opciones en hospitales privados con la Red Privada Complementaria (RPC). Para ello, el código de validación es indispensable, pues permite que luego la casa de salud que reciba al paciente pueda cobrar por sus servicios al Estado.
Cuando se recurre a la RPC, el hospital o clínica debe estar acreditada y tener un convenio vigente y una vez realizado el trámite, se coordina el traslado para brindar la atención médica requerida de inmediato. En todo este proceso, ni el paciente ni sus familiares deben pagar por la atención, pues la cuenta estará a cargo del MSP.
Clínicas privadas se resisten a recibir pacientes de entidades públicas
El sistema de salud arrastra un problema que crece con los años: un círculo vicioso entre especialistas que no pueden trabajar a cabalidad por falta de insumos y deterioro de infraestructura física y tecnológica y problemas para derivar. Las instituciones privadas manejan tarifas elevadas o se resisten a recibir a pacientes de instituciones públicas, porque los pagos tardan demasiado en llegar. Progresivamente, los hospitales y cínicas que mantenían convenios con el MSP y el IESS ya no se registran o dejan de recibir pacientes bajo estas condiciones, señala Corral.
De acuerdo con el Plan Operativo Anual del MSP, se requieren aproximadamente 687 millones de dólares para abastecer a los hospitales y centros de salud del país durante el 2026. La mayor parte de ese presupuesto debería emplearse en medicamentos (489 millones) y el resto en insumos para quirófanos (39 millones) y dispositivos médicos (150 millones). El problema es que, de acuerdo con un informe de enero pasado, solamente existen alrededor de 215 millones disponibles, lo que equivale a apenas el 31% de lo necesario. La situación es crítica, pues las necesidades no serán cubiertas tomando en cuenta que para diciembre del 2025 estaba presupuestada la asignación de 369 millones aproximadamente, para estos rubros, pero en febrero pasado hubo un ajuste que dejó la cifra en 300 millones.
“Entonces entramos en una situación complicada al extremo, crítica, porque ni el sector público con sus hospitales tiene la capacidad y el privado, que posiblemente tiene la capacidad, no tiene el interés de recibir pacientes porque el Estado tiene deudas con ellos, dice.
¿De cuánto? No está claro. Código Vidrio consultó al MSP pero no ha tenido una respuesta. El Ministerio señaló que en cuanto tenga las cifras también informará sobre cuántas derivaciones dentro y fuera del sector público se han hecho durante el 2025 y el 2026, y el porqué de las demoras en el caso del paciente esmeraldeño Marco Cuenca.
Una intervención complicada y costosa
En el caso de Marco, por ejemplo, se requiere de un procedimiento que debe ser ejecutado por personal altamente calificado y en este se emplean insumos de alto costo. En un cálculo aproximado, Corral señala que solo hablando de los dispositivos que se emplearían en un procedimiento para un paciente como él, se invertirían alrededor de USD 2.000 a 2.500 en un hospital público. Pero al derivar a la RPC, los costos podrían subir a alrededor de USD 15.000. “Ese es el costo de perder la capacidad resolutiva y no poder adquirir dispositivos por no contar con el presupuesto necesario”.
Hay equipos que escasean en la red pública, según Corral, y solo existen en hospitales de Quito, Guayaquil y Cuenca, por ejemplo. Y, en otros casos, hace falta personal con especializaciones y subespecializaciones en ciertas casas de salud. “Entonces hay recursos inmovilizados por falta de dispositivos y medicamentos o especialistas y ahí es cuando se termina derivando”.
Cansada de esperar y con miedo por la fragilidad de la salud de Marco, Gladys envió una solicitud urgente de derivación dirigida al presidente de la República, Daniel Noboa, el pasado 13 de abril. Aunque dejó dos números de teléfono, un correo electrónico y puso todas sus esperanzas en ese documento, no ha tenido ninguna respuesta.
“Quiero ir a mi casa, quiero morir en mi casa”
Marco usaba su moto para movilizarse por trabajo y actividades familiares, hasta el día en el que una camioneta habría invadido su carril, chocado contra él y luego contra un patrullero. El conductor fue detenido por los policías a cargo de ese vehículo y el proceso judicial está en marcha. La familia, dice Gladys, apoya a su hijo en este proceso, pero es inevitable quebrarse en una realidad que los abruma.
Ella y su nuera se sostienen en el cuidado de Marco, intentan descansar en las noches de hospital pero es difícil cuando el personal no deja de trabajar: en las madrugadas hay limpiezas constantes, suelen llegar nuevos pacientes y, a veces, despiertan con los llantos y gritos de personas que han perdido a seres queridos que estaban internos en el hospital. “Es algo muy duro. Creo que porque yo soy su madre y mi nuera, su esposa, aguantamos, porque realmente no tenemos otra manera de estar cerca de él. Mi hijo también está súper deprimido por todo esto que está viviendo. La vida le ha cambiado un 100%. Él lo que dice es ‘quiero ir a mi casa, quiero morir en mi casa, no quiero estar aquí en este hospital, porque no se va a dar lo que andamos buscando’”.
Gladys y Paola suspiran porque quieren animarlo aunque a veces a ellas también se les desvanece un poco la esperanza y la fe. Pero cuando despiertan, van a un lugar donde pagan 50 centavos para poder bañarse, allí mismo lavan la ropa y renuevan sus fuerzas para continuar con esta lucha por la vida.
Su motivación es ver de nuevo a Marco motivado en su trabajo como técnico de celulares y computadores o atendiendo a los clientes de la tienda que la familia tiene en Esmeraldas. Quieren ver de nuevo a ese hombre risueño hacer ejercicio a diario en el gimnasio, sonreír junto a su hijo de 13 años, con quien cada tarde entrenaba artes marciales, su disciplina favorita. Quieren probar los deliciosos platos que preparaba viendo tutoriales en YouTube o verlo disfrutar del mar junto a su hijo, pues ambos han sido siempre inseparables.
La familia está dividida, pues en Esmeraldas están el hijo y el padre de Marco, quienes intentan sacar adelante la tienda de la familia, con dificultades. Es una responsabilidad dura para un niño y un adulto mayor que tiene problemas de vista y de oído, pero que se esmera por cuidar a su nieto y espera abrazar a su hijo pronto. “Y la situación en Esmeraldas tampoco está para que se pueda abrir una tienda sin que esté un adulto, porque está caótica, porque hay extorsiones de las bandas”.
Paola se angustia porque dice que su hijo “es una criatura cuidando a su abuelo, sin papá y sin mamá. Yo estoy aquí entre la espada y la pared porque si me voy, dejo a mi esposo solo que me necesita y si me quedo, me preocupa mi hijo que está solo con su abuelo. Es complicadísimo”.
Al inicio de lo que definen como una pesadilla, la hermana del conductor que habría sido responsable del siniestro se acercó al Hospital Delfina Torres, de Esmeraldas, y se comprometió a correr con los gastos médicos. Pagó un eco que le hicieron a Marco en la pierna en un sitio privado, porque no funcionaban los equipos de la casa de salud de esa ciudad. Cuando los médicos les explicaron la situación de su pierna, decidieron llevarlo a Portoviejo y la familia del conductor de la camioneta pagó a una ambulancia privada para ese traslado. Después, desaparecieron y solo han sabido de ellos cuando se han enterado, por su abogada, de los incidentes que han causado para prolongar el proceso judicial.