LOS ELECTRIZANTES NEGOCIOS DEL CLAN GLAS

Ricardo Rivera (preso y sentenciado) no fue el único tío del exvicepresidente Jorge Glas que tuvo una #DécadaGanada durante la revolución ciudadana. Los negocios en sectores estratégicos florecieron para otros parientes por línea paterna, entre ellos su tío y su primo, al igual que para los amigos cercanos y sus empresas privadas. Destacan el empresario y dirigente deportivo Nassib Neme y Electrocables. El rompecabezas de “compadres lindos” que tienen contratos con el Estado apenas empieza a completarse.

Por: Arturo Torres y María Belén Arroyo

“Yo no tengo información. Esa no es el área que manejo. No sé de contratos”. Pedro Pablo Glas Viejó es tío paterno del exvicepresidente Jorge Glas Espinel. El ingeniero químico es gerente de comercio exterior en Electrocables, empresa a la que se vinculó hace más de 20 años.

Asegura no estar al tanto de la multiplicación de los contratos entre esa compañía y el Estado, en el área de sectores estratégicos, en los últimos años.

foto tomada del Facebook personal de Pedro Pablo Glas

Pide que le repitan varias veces el nombre de esta plataforma: Código Vidrio. Hace una pausa, de varios segundos. Pide disculpas antes de cortar la llamada telefónica, luego de reiterar que “nada conoce sobre contratos con el Estado”.

Electrocables, con un capital de $ 15 millones, se dedica a la producción de conductores eléctricos de baja y alta tensión. Sus clientes se encuentran en el sector privado (construcciones civiles y obras eléctricas) y, sobre todo, en el sector público, entre las entidades relacionadas con el campo eléctrico.

En este último, encontró un buen catalizador de contratos. Entre 2010 y 2015, firmó con el Estado 234 contratos por 56 millones de dólares, según documentos que revisamos en el portal del Servicio de Contratación Pública.

En el ranking de las mayores contratantes destaca la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL-EP, que estaba bajo el mando del ministerio coordinador de Sectores Estratégicos, del cual Glas era cabeza. Le siguen en importancia como contratantes la Empresa Eléctrica Quito y la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC.

Ese registro no incluye las contrataciones por emergencia (sin licitación), en años anteriores a 2010, que no están colgados en el Sercop. “Se suscribieron contratos para la adquisición y prestación de servicios sin los respectivos diseños, estudios y justificativos que determinen su necesidad, lo que ocasionó que los procesos de contratación no se encuentren debidamente sustentados (…) se desconoce si los bienes adquiridos constituyeron necesidades reales de la empresa…”. Así consta en el informe de Contraloría DASE-0025-2014, que cuestiona varios procedimientos contractuales a cargo de la entidad CELEC – Unidad Transelectric. Uno de ellos es el proceso SIE-Trans 039-2010, que corresponde al contrato 244-2010, firmado con Electrocables.

Si el pago de impuesto a la renta es un indicador de buena salud, su año record fue 2010, cuando pagó 1,6 millones de dólares por este rubro. Esto fue prácticamente el doble de lo que abonó en 2009. En 2005 pagó 143 mil dólares por este tributo y en 2017, más de diez veces esta cifra.

La compañía anónima fue constituida en 1981. Es una empresa familiar en la cual el grupo Neme tiene la mayor parte del accionariado, con Nassib Neme a la cabeza. El próspero empresario no oculta su cercanía con el ex presidente Rafael Correa. Según registros periodísticos, formó parte de la comitiva que viajó con el ex mandatario a Irán en 2008. No respondió nuestro requerimiento de información.

Nassib Neme es, además, presidente del club deportivo Emelec, el equipo de los amores de Correa, quien, al igual que Glas, es hincha eléctrico confeso. En la década de la revolución ciudadana, el equipo pasó de tener cifras en rojo a escribir su nombre en el podio de los campeones: logró cuatro campeonatos. En el ámbito deportivo se lo conoce como el equipo Millonario. Se ve que hace honor a su nombre, pero lo logró con el apoyo de poderosos auspiciantes con la intermediación del Gobierno de Correa.

Todo queda en familia

Foto tomada del Facebook de Pablo Glas (derecha).

Pablo Heriberto Glas Rodríguez aparece en la foto de la red social Facebook con su primo hermano, Jorge Glas Espinel. Cercanos desde tiempos juveniles. De hecho, Pablo contrajo matrimonio con Mariella Salazar, hermana de otro integrante del círculo de amigos, el abogado Ciro Morán Maridueña. Morán ocupó cinco puestos cercanos al entorno del Fondo de Solidaridad y los Sectores Estratégicos, durante la revolución ciudadana. Además, fue el hombre detrás del regreso al Ecuador de la constructora Odebrecht luego de los problemas en la central hidroeléctrica San Francisco.

Pablo Glas tuvo cargos gerenciales en dos empresas que mantuvieron contratos con el Estado: Corpecel y Sertemin. Vinculadas con la provisión de equipos eléctricos y piezas para el sector de la construcción.

Corpecel fue proveedor de un tablero de protección y control para la subestación Sigchos, contrato a cargo de la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi. El contrato fue firmado en enero de 2014. También actuó como proveedor para cementos Guapán.

Le consultamos por correo electrónico al grupo ferretero Ecuaimco, donde desde diciembre de 2017 es presidente ejecutivo. Aún esperamos una contestación.

Cortocircuitos

Plastiquim es una empresa relacionada con el grupo empresarial de la familia Neme. El nombre saltó al ojo público en septiembre de 2017, cuando el delator brasileño de Odebrecht, José Santos Filho aseguró que el ex contralor Carlos Pólit había recibido parte de los sobornos a través de transferencias depositadas en dos compañías privadas. Una de ellas, Plastiquim.

Según la investigación fiscal, la firma tramitó un crédito, sin conocer que los recursos fueron transferidos desde una de las entidades off shore de Odebrecht. La intermediación habría tenido como agente al hijo del excontralor, John Pólit, quien trabaja en el sector financiero.

Documentos a los que tuvimos acceso muestran que el pago a “Miami” (el código para Carlos Pólit) por 700 mil dólares se registró en mayo de 2014, como reconocimiento a su “ayuda” para el contrato del Acueducto La Esperanza, que forma parte del hasta hoy inexistente complejo de la Refinería del Pacífico. Odebrecht colocó el soborno en una cuenta. La empresa pagó un interés del cinco por ciento por el préstamo, desconociendo que el origen del dinero era ilícito.

Pero también Electrocables estuvo relacionada con otra denuncia. Entre 2012 y 2013 fue proveedora de la empresa exportadora de materiales de construcción Foglocons, investigada por un supuesto lavado de activos por la transferencia de 160 millones de dólares a Venezuela. Electrocables, según la Fiscalía, supuestamente recibió 24 millones de dólares por la provisión de material eléctrico, pero solo entregó insumos por 14 millones. Los implicados fueron sobreseídos definitivamente, pues la justicia estimó que no se probó el supuesto ilícito en este caso, que fue tramitado por varios jueces y fiscales.

 

‘CORREA OFRECIÓ PROTEGER AL TÍO DE GLAS’

La primera abogada de Ricardo Rivera fue testigo de la llamada del expresidente. Revela que Correa le aseguró que el juicio en su contra por el caso Odebrecht no prosperaría. El tío materno del exvicepresidente Glas, al parecer, le creyó: luego se acogió al derecho al silencio.

Por: María Belén Arroyo y Arturo Torres

En medio de la incertidumbre, una llamada telefónica le devolvió la calma. “No te preocupes que todo va a salir bien. Todo está bajo control”. Al otro lado de la línea de celular, el expresidente Rafael Correa le transmitía confianza: estaba a punto de viajar a Bélgica, pero le garantizaba que el juicio en su contra no prosperaría.

La abogada Ivonne Núnez fue testigo de la llamada. Su cliente y defendido era Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas Espinel.

Eran las 10h00 del domingo 9 de julio de 2017. Al día siguiente, Correa viajaba a Bélgica. (Nada entonces hacía pensar que volvería al país en medio del agitado panorama político semanas más tarde y que luego volvería a Europa donde hoy está prófugo).

Ivonne Núñez, abogada que defendió a Ricardo Rivera hasta julio de 2017

Con su abogada, Rivera definía la estrategia para la audiencia que debía realizarse 72 horas más tarde en el complejo judicial norte de Quito. La sugerencia de la defensa era clara: pedir el cambio de medidas cautelares (Rivera tiene más de 65 años, cumplía arresto domiciliario con un estado de salud quebrantado); colaborar con la justicia; pactar un acuerdo de colaboración eficaz. Pero esa llamada cambió todo. El tío de Jorge Glas decidió acogerse al silencio. Decisión que no cambió, ni siquiera cuando meses más tarde fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita relacionada con el caso Odebrecht.

 

[icon name=»volume-up» class=»» unprefixed_class=»»] Audio de la versión de la Dra. Ivonne Núñez

 

Núñez, una jurista guayaquileña, tuvo un papel crucial en este caso. Impulsó una acción judicial para que el proceso fuera público en lugar de tener carácter reservado.

Pero se separó de la defensa de Rivera cuando él insistió en creer en la palabra del exmandatario. “Yo le dije que esa era simplemente una llamada de despedida”. Intentamos obtener la versión de Rivera, pero el Ministerio de Justicia nos comunicó que “es imposible entrevistar a personas privadas de la libertad”. Correa, por su parte, inicialmente no se quiso pronunciar. En reiteradas ocasiones ha insistido en que el juicio contra Glas y Rivera es solo una persecución política, y no hay una sola prueba en su contra.

Dos días después de la publicación,  Correa y Rivera negaron la conversación. En su cuenta en Twitter Correa dijo que se trataba de una “infamia”. Paralelamente, en redes sociales militantes correístas difundieron una carta escrita a mano, atribuida a Ricardo Rivera. En esa misiva, él supuestamente negaba haber mantenido la conversación telefónica y en la misma línea Correa insistía en la necesidad de regular las redes sociales, a través de la ley de Comunicación.

Rivera, un ingeniero electrónico aficionado al estudio de la Ley, obtuvo su maestría en Derecho constitucional desarrollando un estudio sobre el hiperpresidencialismo. Su conclusión es que este sistema “concentra poderes en el Ejecutivo”.

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A pesar de sus críticas al modelo político, simbolizado por Correa, el tío materno de Jorge Glas no tuvo, al parecer, problemas en beneficiarse de información privilegiada sobre los sectores estratégicos.

En su correo electrónico se encontraron desde textos de la Ley de Telecomunicaciones enviados a Presidencia hasta hojas de vida de funcionarios públicos, cuya contratación sugería a su poderoso sobrino.

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Principal de TV Satelital,  Rivera se movía como pez en el agua en el negocio de las telecomunicaciones y la televisión digital.

No solo es amigo, también ha hecho negocios con el empresario Tomislav Topic, principal de la empresa Telconet. La firma accedió a un contrato para equipar y conectar a laboratorios en más de 1.200 establecimientos del país. ¿El monto? 40 millones de dólares. El contratante: Ministerio de Telecomunicaciones.

El delator de Odebrecht, el brasileño José C. Santos Filho, aseguró que la constructora pagó dos millones de dólares para poder llegar hasta el entonces ministro de Telecomunicaciones Jorge Glas. Ese pago habría abierto la puerta para el regreso al Ecuador.

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Rivera y Glas fueron socios desde mediados de los 90. Mientras Glas estuvo en el poder, mantuvo comunicaciones cifradas con su tío, quien lo habría identificado con tres códigos: Vidrio, xx1 y JG.

El tío no solo accedió a información sobre contratos con el Estado, también recibió documentos sobre ofertas privadas para la reconstrucción post-terremoto de Manabí.

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Rivera viajó hasta China en un periplo que causó extrañeza y hasta incomodidad en empresarios de ese país. No sabían si iba en representación de su sobrino, quien para entonces era Ministro de Estado. Una investigación interna para descifrar los motivos reales del viaje fue detenida, en su momento, por el propio Glas, según documentos aquí revelados. Él asegura que fue un viaje privado, y que acudió a una invitación por ser experto en telecomunicaciones y temas satelitales.

Pero Rivera insiste en que es un empresario que nunca incidió en las decisiones de su sobrino. Sí reconoce, en cambio, que pidió a Odebrecht dinero para financiar una campaña de imagen para Glas, y que esta debía realizarse en el canal de su propiedad TV Satelital. Al hacerlo, admite que él fue quien creó para su sobrino el código de Vidrio.

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Hoy, sentenciados ambos a seis años tras la sentencia por el delito de asociación ilícita, cumplen sus condenas en recintos separados. Glas en la cárcel 4 al norte de Quito, insiste en que su encarcelamiento es un trofeo político de traidores que le arrebataron la dignidad de Vicepresidente. Rivera, en cambio, cumple su pena en Guayaquil. Y debe tener tiempo suficiente para recordar esa llamada. Mientras la justicia enfoca su atención en estos dos personajes, otros familiares y amigos del exvicepresidente disfrutan a sus anchas de la década ganada.

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A LA SOMBRA DE GLAS, MORÁN ABRIÓ LA PUERTA A ODEBRECHT

Cuatro características identifican a este personaje, Ciro Camilo Morán Maridueña. Una, mantuvo bajo perfil. Dos, fue clave en la contratación de proyectos estratégicos durante la Revolución Ciudadana. Tres, su estrecha cercanía con el círculo de poder. Y cuatro, su patrimonio se cuadruplicó tras su paso por el sector público.

Por: Arturo Torres y María Belén Arroyo

Jugó un papel crucial en el retorno de Odebrecht, en octubre de 2010. Ciro Camilo Morán Maridueña ocupó importantes cargos en cinco entidades de los sectores estratégicos, entre 2007 y 2015.  El área era dirigida por el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue sentenciado por asociación ilícita.

Ambos son amigos desde hace muchos años y también son parientes políticos. Pablo Glas Rodríguez, primo del exvicepresidente, está casado con Mariella Salazar Maridueña, hermana de madre de Morán.

“Al ex vicepresidente Jorge Glas lo conozco desde hace mucho tiempo, ambos somos guayaquileños y compartimos algunas amistades, incluyendo un primo de él que está casado con una de mis hermanas. Tanto al ex Vicepresidente como al expresidente Rafael Correa les tengo mucha estimación y creo que trabajaron mucho en beneficio del país”, explica Morán al ser contactado por nosotros (aquí lea la entrevista completa)

Es la primera vez que responde a preguntas de la prensa, luego de haber dejado el gobierno de la llamada revolución ciudadana. Ahora es empresario y litigante. Está dedicado de lleno a su profesión de abogado y a gerenciar varias compañías. Posee el grupo empresarial de asesoría legal Bestlaw, con sede en Guayaquil, constituido en 2009, donde es el principal accionista. También es dueño de las firmas Explorercorp, dedicada a la construcción de obras civiles, que creó en 2012, y Morleon, que incursiona en negocios inmobiliarios desde 2010. Además mantiene inversiones en tres compañías más, según informes de la Superintendencia de Compañías.

Creó las compañías mientras fue parte de la administración de Correa. En 2007 debutó como secretario general del Fondo de Solidaridad, que entonces era presidido por Jorge Glas.

Tres años más tarde gerenció la empresa Hidropastaza. Entonces jugó un rol crucial en la negociación que permitió el retorno de Odebrecht, que había sido expulsada en 2008, tras las 257 fallas detectadas en la central hidroeléctrica San Francisco. Como consecuencia se iniciaron procesos judiciales contra los representantes de la empresa y otros funcionarios que participaron en el proyecto.

Morán confirmó que para negociar el regreso de Odebrecht se integró un equipo multidisciplinario de varias instituciones que trabajó por más de seis meses.

Los avances eran informados a Glas y a Correa, en coordinación con el exprocurador Diego García. También estuvo al tanto el entonces contralor, hoy prófugo en Miami, Carlos Pólit, enjuiciado por supuestamente recibir un soborno de 10 millones de dólares de la constructora. Más de la mitad del pago, según el exejecutivo brasileño José C. Santos, fue a cambio de desvanecer las glosas contra la constructora por el proyecto San Francisco, que ascendían a 80 millones de dólares.

En el Gobierno, Morán ocupó cargos entre 2007 y 2015. Fue secretario general del Fondo de Solidaridad, gerente de Hidropastaza, jefe del departamento Jurídico de la Celec, gerente de la Hidroeléctrica del Litoral y gerente de Ecuador Estratégico.

Para tratar de encontrar un acuerdo, los representantes de Odebrecht se comunicaban con Glas, Morán y con otras autoridades. Buscaban que el gobierno interviniera para eliminar los juicios penales y civiles y las acciones de la Contraloría. Y lo lograron.

Morán pidió al entonces contralor Pólit que considerara eliminar las glosas contra Odebrecht en San Francisco, en julio de 2010.

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Los meses previos, Odebrecht a través de su poderoso representante José C. Santos Filho, hacía lobby en vano con las autoridades ecuatorianas. En febrero se dirigió al entonces ministro de Sectores Estratégicos, Galo Borja, para plantearle una tregua y la suspensión de los juicios. En su testimonio en el juicio contra Glas y su tío Ricardo Rivera –siete años más tarde-, Santos admitió que estaba golpeando las puertas equivocadas. Entonces, según su versión, el tío de Glas le contactó para ofrecerle ayuda a cambio de un pago.

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Las semanas siguientes el nudo se desató. En octubre de 2010, el Gobierno y Odebrecht firmaron un acta transaccional que dio por terminado el conflicto. Esencialmente Odebrecht se comprometió a reparar la central y pagar 20 millones de indemnización y el Gobierno, a través de Hidropastaza, a poner fin a todas las controversias. Días más tarde, Morán envió un oficio a la jueza primera de garantías penales de Tungurahua desistiendo de la acusación particular. Inicialmente, cuando enjuició a la empresa, el régimen exigía una reparación de 400 millones de dólares, con base en cálculos de los daños y el perjuicio por los días que no operó la central.

Un hecho insólito: la Fiscalía desistió de seguir con el juicio y el contralor extinguió las glosas.  El pronunciamiento del entonces procurador Diego García se presta a varias interpretaciones. Deja abierta la posibilidad para que esos organismos sigan la investigación pero al mismo tiempo señala que el compromiso es terminar todas las controversias. Juzgue usted mismo y vea el informe adjunto.

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Morán destaca que con la firma del acta el Estado consiguió importantes beneficios (indemnización, reparación integral, equipamiento nuevo, garantías prolongadas). “Por otro lado, se ha hecho énfasis en determinar que nadie tenía derecho a exigir nada a cambio por el acuerdo. Si hicieron lo contrario, es precisamente lo que está siendo procesado por la Fiscalía”.

Este caso para la justicia no ha concluido. El fiscal Carlos Baca confirmó que aún investiga la participación de otros funcionarios públicos –cuyos nombres se mantienen en reserva- que habrían recibido 2 millones de dólares en coimas.

En 2012 Morán fue nombrado gerente de Hidrolitoral. En ese cargo firmó el acta de negociación con la brasileña OAS, para liquidar valores pendientes en el proyecto multipropósito Baba, que antes era ejecutado por Odebrecht. Esta obra también fue señalada por Contraloría, que determinó glosas e indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, los procesos no prosperaron en la justicia.

Tras su retorno al país, Odebrecht obtuvo jugosos contratos. La construcción hidroeléctrica Manduriacu, el proyecto de riego Daule Vinces, el acueducto La Esperanza y la preparación del terreno en la Refinería del Pacífico, y el poliducto Pascuales-Cuenca, la Ruta Viva y el Metro de Quito, se cuentan entre los más importantes. En la mayoría se detectaron irregularidades.

En Manduriacu, Ciro Morán volvió a negociar con Odebrecht. Como gerente de Ecuador Estratégico, el 31 de julio de 2014 adjudicó el contrato para la pavimentación de la vía Km 104, construcción del puente Gringo Pepe, y mantenimiento de la vía Chontal, por 17 millones de dólares.

En 2014, el entonces vicepresidente Jorge Glas recorrió proyectos ejecutados por Ecuador Estratégico con su gerente Ciro Morán, en Macas. Foto: Vicepresidencia de la República.

Morán autorizó la contratación de las obras sin contar con estudios técnicos y legales aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Lo hizo pese a que un mes antes Víctor Hugo Jácome, gerente de Enernorte le informó que estaba tramitando las aprobaciones respectivas ante el MTOP. Por esa omisión, la construcción de la vía tuvo fallas que debieron ser enmendadas y significaron un incremento en los costos por 5,5 millones. Por esta razón, la Contraloría envió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de Morán, que aún no se ha formalizado en un proceso judicial.

Para Morán, la Fiscalía debe archivar el informe con indicios penales por improcedente: “En todo caso hemos acudido a dar nuestras explicaciones ante dicha entidad y lo haremos cuantas veces sean necesarias. Por cierto, de ese contrato al  momento tengo entendido que existe una deuda con la contratista”.

Tras su paso por el sector público, Camilo Morán tuvo un importante crecimiento patrimonial. En su declaración de bienes del 2010, al inicio de su gestión en Hidropastaza, como bienes inmuebles incluyó un nicho en el camposanto Parque de la paz, valorado en USD 7 000 y dos cuentas bancarias con USD 4 500, respectivamente. Y dos inversiones en Estados Unidos en Statetrust Life, por USD 7 244. En total su patrimonio era de USD 68 764.

A su salida de Hidropastaza, en octubre del 2011, en sus cuentas bancarias tenía un saldo de USD 22 500, y sus inversiones llegaron a USD 11 288. Además contrajo un crédito hipotecario por USD 200 000 con la empresa Wadenjahr S.A. Su patrimonio llegó a 90 mil.

Al finalizar su paso por el sector público, en el 2015, Morán registró en sus cuentas un saldo de 17 430 dólares y realizó inversiones en Ecuador y Estados Unidos por USD 55 108 en ocho empresas: Explorercorp; Bestlaw; Morleon; Statetrust Life; Tonicorp; La Cumbre Forestal; La Vanguardia Forestal y Alicosta BK Holding.
Además registró una deuda por cobrar de 88 607 de Explorercorp. Declaró un solar en Samborondón, valorado en 143 016, y una deuda hipotecaria de  84 503. Su patrimonio, en cinco años en el sector público, se cuadruplicó: llegó a  297 555.

Según Morán, el incremento es gracias a los ingresos declarados todos los años al SRI; el mayor peso radica en la compra de un inmueble a crédito que, a medida que se va pagando, va incrementando el patrimonio. De hecho, en declaraciones anteriores al 2015, se puede verificar cómo, más bien, más alta era la deuda por dicho inmueble que el patrimonio.

Sobre sus acciones en varias empresas explica que son adquisiciones ínfimas, en función del capital social de esas firmas, las cuales venden a través de cualquier casa de valores. «En Morleon no poseo acciones, es una compañía de mis hijos constituida así por disposición de su abuela materna. Explorercorp fue una sociedad con terceros privados, que buscó diversificar los ingresos, pero el negocio fracasó y al momento está en proceso de cierre. Bestlaw S.A. sí es una empresa totalmente activa y dedicada a las labores jurídicas que son a las que me dedico todos los días».

‘Sí, con Jorge Glas compartimos algunas amistades’

Ciro Morán actualmente gerencia el bufete de abogados Bestlaw, en Guayaquil. Esta foto se publicita en su página web.

Es la primera vez que Ciro Camilo Morán da su versión sobre su paso por los sectores estratégicos del gobierno de Rafael Correa. Admite cercanía con Jorge Glas, pero niega que haya sido designado directamente por él en los cargos que ocupó en el Fondo de Solidaridad, Hidropastaza, Ecuador Estratégico.

Usted estuvo en algunas entidades del anterior Gobierno en los sectores estratégicos. Fue un hombre de mucha confianza para el exvicepresidente Jorge Glas. ¿Cómo se conocieron?
R. Suele ocurrir en algunos medios de comunicación el error de considerar que el ex vicepresidente Jorge Glas me nombraba en algunos lugares, cuando lo cierto es que desde los cargos que él ocupo no salió ningún nombramiento hacia mí. Por ejemplo, quien me nombra como Gerente en Hidropastaza EP, a cargo de la Central Hidroeléctrica San Francisco, fue el Dr. Miguel Calahorrano, y en esa época quien era el Ministro de Sectores Estratégicos era el Dr. Galo Borja. De hecho con él de ministro fue que me enviaron el nuevo pedido de la empresa Odebrecht con intenciones de llegar a un acuerdo. Al ex vicepresidente Jorge Glas lo conozco desde hace mucho tiempo, ambos somos guayaquileños y compartimos algunas amistades, incluyendo un primo de él que está casado con una de mis hermanas. Tanto al ex Vicepresidente Jorge Glas como al ex Presidente Rafael Correa les tengo mucha estimación y creo que trabajaron mucho en beneficio del país.

Usted encabezó, tanto los procesos judiciales que se plantearon contra Odebrecht por los daños en la central San Francisco, como el retorno de la empresa en 2010, cuando firmó el acta transaccional. ¿Por qué se concretó esa acta, que ha sido ampliamente cuestionada?
R. Formé parte de un equipo de trabajo que durante más de 6 meses revisó el caso; en dicho equipo participaban profesionales de varias ramas, además de la jurídica y de varias entidades del Estado a más de Hidropastaza, como el Ministerio de Electricidad, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, entre otros. Hay que hacer una aclaración importante, lo cual también en varias ocasiones lo indicó el ex Procurador General del Estado, Diego García. El acta transaccional no está cuestionada, por cuanto quien analiza profundamente, tanto lo que se reclamaba como lo que se obtuvo con la transacción, se puede dar cuenta de que el Estado consiguió muchos beneficios (indemnización, reparación integral, equipamiento nuevo, sistemas nuevos, garantías prolongadas, capacitación, operación asistida, entre otros). Por otro lado, se ha hecho énfasis en determinar que nadie tenía derecho a exigir nada a cambio por el acuerdo y si hicieron lo contrario, es precisamente lo que está siendo procesado por la Fiscalía.

En su paso por el sector público usted cuadriplicó su patrimonio, entre 2010 y 2015. Sus posesiones fueron valoradas en USD 68 764 y llegó a 297 555. ¿A qué se debe ese incremento?
R. Usted está tomando los datos entre una declaración patrimonial inicial y la última, entre ellas hubo algunas otras que le permiten tener una mejor idea. En todo caso básicamente el incremento es gracias a los ingresos declarados todos los años al SRI y el mayor peso del incremento radica en la compra de un inmueble a crédito que, a medida que se va pagando, va incrementando el patrimonio consecuentemente. De hecho en declaraciones anteriores al 2015, usted puede verificar cómo, más bien más alta era la deuda por dicho inmueble que el patrimonio.

Usted también tiene acciones en ocho empresas en Ecuador y EE.UU.: Explorercorp S.A.; Bestlaw; Morleon; Statetrust Life; Tonicorp; La Cumbre Forestal; La Vanguardia Forestal y Alicosta BK Holding.
R. No tengo ninguna acción en EE.UU. ni en otro país que no sea Ecuador. En Statetrust Life no hay ninguna acción, eso es un fondo de vida y de jubilación privado como tantos otros que se pueden adquirir en Ecuador. En Tonicorp, La Cumbre Forestal, La Vanguardia Forestal y Alicosta BK Holding son adquisiciones de acciones muy ínfimas en función del capital social de esas empresas, las cuales venden a través de cualquier casa de valores (la cantidad de acciones se puede revisar en la página web de la Superintendencia de Compañías). En Morleon no poseo acciones, es una compañía de mis hijos constituida así por disposición de su abuela materna. Explorercorp fue una sociedad con terceros privados, que buscó diversificar los ingresos, pero el negocio fracasó y al momento está en proceso de cierre. Bestlaw S.A. sí es una empresa totalmente activa y dedicada a las labores jurídicas que son a las que me dedico todos los días. Por cierto, todo lo que está aquí escrito siempre ha constado en las declaraciones patrimoniales entregadas a la Contraloría hasta que fui funcionario público, esto es enero del 2015. De ahí a la fecha tengo más de 3 años dedicado a la actividad cien por ciento privada.

En su contra hay un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por la construcción de una vía y del puente Río Pepe, cuando fue parte de la empresa Ecuador Estratégico, entre 2014 y 2015. ¿Cuál es su descargo?
R. Mi salida se dio de la empresa en enero del 2015, cuando aún el contrato estaba en plena ejecución. Producto del examen especial realizado al contrato que menciona con Ecuador Estratégico, la Contraloría determinó responsabilidades administrativas, las cuales están impugnadas en sede administrativa y pendientes de resolver. Sin embargo, de forma sorpresiva se remitió lo mismo como indicio de responsabilidad penal a la Fiscalía, la cual deberá archivarlo por improcedente y en todo caso hemos acudido a dar nuestras explicaciones ante dicha entidad y lo haremos cuantas veces sean necesarias. Por cierto, de ese contrato al momento tengo entendido que existe una deuda con la contratista, incluso muy superior a lo que supuestamente hay de perjuicio, lo cual es totalmente contradictorio, puesto que cómo puede haber un perjuicio si no se ha pagado.

San Francisco sí obró milagros para Odebrecht

El expresidente Gustavo Noboa fue incluido por la Fiscalía en la investigación de las fallas en la central San Francisco, en 2009. Luego fue excluido por falta de evidencias. Foto Presidencia.

A pesar de que la Fiscalía pidió investigar a autoridades de cuatro gobiernos consecutivos, el santo obró a favor de los ex funcionarios. Así, el primer escándalo de Odebrecht quedó al margen de la investigación de la justicia ecuatoriana.

Corría diciembre del 2009. En menos de 10 horas la Fiscalía abrió y cerró la puerta para investigar a las principales autoridades de cuatro gobiernos. El delito: presunto peculado por la concesión del crédito y los daños en la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco, a cargo de Odebrecht.

El documento, fechado 17 de diciembre, a las 08:20, está firmado por el entonces fiscal de Tungurahua, Carlos Medina Riofrío. En el escrito, que fue parte del proceso contra Odebrecht, Medina le pidió al entonces fiscal general Washington Pesántez que incluyera en el proceso a las autoridades de cuatro gobiernos, pues él no los podía investigar porque todos gozaban de fuero.

Se trataba del entonces vicepresidente Jorge Glas Espinel; los expresidentes de la República Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio; los exprocuradores del Estado, José María Borja y Xavier Garaicoa; el exprocurador Diego García; el excontralor Carlos Pólit, y el exministro de Energía Pablo Terán.

El mismo día, Medina cambió de parecer. A las 18:10 envió otro oficio a la Fiscalía indicando que revocaba el pedido de vinculación, pues antes aún debían recogerse las versiones de siete personas más.

Aunque no se concretó, el pedido fue notificado a algunos de los aludidos. El director de Patrocinio de la Contraloría, Wilson Vallejo, presentó un escrito señalando que no existían fundamentos de hecho y de derecho para dudar de las actuaciones del Contralor. “Al sustentar usted señor fiscal su revocatoria en la falta de recepción de versiones aún pendientes, se entendería que una vez receptadas se volvería a insistir en el pedido, situación absurda, por cuanto se estaría transformando a la autoridad de control, que evidenció los hechos materia de la investigación (a través de dos exámenes especiales), en sujeto investigado”.

Extrañamente, 11 días después (el 28 de diciembre) Medina remitió otro pedido al fiscal Pesántez, solicitándole que solo investigara la participación de Gustavo Noboa. El 5 de enero del 2010, Pesántez desestimó el pedido. “De la revisión del expediente no se observa fundamento legal alguno del que se desprenda que esta Fiscalía deba continuar con la investigación (…)”.

En esos días solo se conoció por los medios el pedido de investigar a Noboa, quien aseguró que su intervención en este caso se basó en informes técnicos de varias autoridades. El 29 de marzo del 2000, como presidente de la República, Noboa había firmado el decreto 258 que dio paso al crédito por USD 286 millones para la construcción de la central San Francisco.

Al ser consultado sobre su actuación, Pesántez aseguró en declaraciones a la prensa que no intervino directamente en este caso. Es más, dijo que conoció el pedido de vinculación de Noboa por los medios, pero que él no participó, pues fue una solicitud extemporánea porque el caso ya se había archivado.

La central San Francisco fue construida por Odebrecht e inaugurada con 257 fallas en enero del 2007. Retomó el proyecto a fines del 2010.

Pero el juicio estaba abierto. Era impulsado por el fiscal Medina, quien sin embargo renunció al cargo el 6 de enero del 2010 y fue reemplazado por Iván Garzón. Medina, quien es juez en Baños, no ha querido pronunciarse sobre el tema.

El exprocurador, Diego García, confirmó que el pedido de Medina de vincularlo fue incluido en el juicio pero carecía de motivación y no tuvo ningún efecto. “Creo que el fiscal de Ambato quería dejar de investigar el caso”.

El expresidente Lucio Gutiérrez afirmó que en su período no firmó ningún contrato con Odebrecht  y aclaró que únicamente se encargó de dar trámite a lo que estipulaba el contrato firmado en el 2000 por Noboa.

Además, comentó que por su condición de ingeniero civil vigiló personalmente la construcción de San Francisco. «Por eso no hicimos ninguna observación; los problemas ocurrieron después», aclaró.

El expresidente Alfredo Palacio tampoco conoció el pedido de vincularlo. «No sé a lo que se refiere ese señor fiscal. Primera noticia que tengo de este asunto», sostuvo a una periodista de El Comercio. También señaló que no tuvo «ninguna reunión» con Odebrecht cuando asumió la Presidencia. Sin embargo, reconoció que había dos proyectos que venían de antes y que en su mandato los mantuvo.

No pudimos ubicar a los exprocuradores José María Borja y Xavier Garaicoa, tampoco al exministro Pablo Terán.

Medina fue el primer fiscal en investigar el caso que se abrió luego de que empezaran a aparecer las primeras fallas en la central San Francisco, en noviembre del 2007. Cinco meses antes, la obra había sido inaugurada por el presidente Rafael Correa.

CORREA PAVIMENTÓ LA VÍA PARA ODEBRECHT

La relación del ex presidente Rafael Correa con Odebrecht empezó a cimentarse desde cuando era ministro de Economía, en 2005. A su regreso de una visita a Brasil, dispuso que se agilitara inmediatamente el pago de 14 millones que se le adeudaba a la constructora. En adelante, ya en el poder, benefició a la empresa a diferentes niveles y épocas. Para esto, no dudó en eliminar filtros en el sistema de contratación y dar su beneplácito para que se le confiaran importantes proyectos en todo el país.

Por: Arturo Torres y María Belén Arroyo

Religiosamente, los lunes –después del cambio de guardia- sesionaban en el despacho presidencial. Rafael Correa y Jorge Glas, más que Presidente y Vicepresidente, eran amigos desde pequeños. Compartían una historia personal en común, marcada por la ausencia de la figura paterna. La familia de los boyscouts los acogió con los brazos abiertos. Se volvieron incondicionales. Como un puño, que luego gestaría la llamada revolución ciudadana, hoy reducida a cenizas.

El gabinete de sectores estratégicos, en pleno, se reunía con el entonces Presidente entre dos y cuatro veces cada mes. Correa estaba informado de cuanto ocurría a su alrededor en este y otros temas. ¿Conocía y calló para proteger a su pupilo? Así se colige de una parte, hasta hoy desconocida, del célebre audio que le costó el cargo de secretario de la Presidencia a Eduardo Mangas. “Nosotros entendemos esa relación personal de infancia, de mejor amigo, de Rafael y Jorge, pero no por eso pueden arrastrarnos a todo el partido”.

Previamente, el entonces funcionario reflexionaba sobre el costo de retomar obras que se concibieron por el anterior gobierno, en un contexto de muchos recursos y poca planificación.

Esa urgencia por levantar proyectos por doquier fue una constante en la década correísta. El caudillo apenas llevaba siete meses en la Presidencia. Quería correr. Tenía prisa por viabilizar la contratación masiva de infraestructura pública. Especialmente, en los sectores hidroeléctrico y petrolero donde se concretaron proyectos sin licitación, por miles de millones de dólares.

La campaña para elegir a los 130 miembros de la Asamblea Constituyente estaba en pleno apogeo. Era el 2 de agosto de 2007.

Sin embargo, ese día, el mandatario dejó en un segundo plano sus reuniones políticas. Su agenda se enfocó en la sesión de la junta del Fideicomiso Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Estratégico e Hidrocarburífero (FIMFEISEH). A la cita acudieron los ministros de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz; de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga; y el gerente del Banco Central, Jorge Dávalos.

El entonces mandatario estaba preocupado. En tono de reclamo, cuestionó a sus colaboradores porque “Habiendo transcurrido más de seis meses del Gobierno, aún no se ha concretado ningún proyecto de inversión en las áreas estratégica e hidrocarburífera, con los recursos acumulados en el FIMFEISEH”. Justificó su premura en la crisis que atravesaba Petroecuador.

El subsecretario de Finanzas respondió que tenía un grupo de proyectos, en análisis. Entre ellos, obras de generación eléctrica y la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. El comité técnico –aseguró- realizaba estudios de factibilidad para conocimiento de la junta. Según la  Ley y el reglamento, debían contener un componente técnico, económico y ambiental.

La respuesta de Correa fue tajante. “Hay proyectos que no requieren ningún estudio de factibilidad y peor aún que contengan un impacto ambiental”. Ordenó al entonces subsecretario jurídico, Alexis Mera, que preparara un decreto para eliminar el reglamento, porque era una traba para que fluyeran los trabajos.

La preocupación era compartida por Carlos Pareja Yannuzzelli, quien para entonces era presidente de Petroecuador y participaba en esa reunión. Pareja (actualmente sentenciado por beneficiarse con la entrega de contratos), pedía “Agilidad” en la asignación de recursos para Petroecuador, pues la demora había ocasionado una grave crisis interna.

La junta concluyó con dos acuerdos. El primero: priorizar contratos de rehabilitación y tratamiento de residuos en la Refinería de Esmeraldas, además de obras de generación eléctrica. Y delegar al secretario de la Presidencia para que investigara posibles acciones administrativas y legales contra distintos funcionarios por el abandono de los proyectos desde 2006. Rodarían cabezas. Esa era, de entrada, la señal.

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Esa política –con el tiempo- perforó el sistema de contratación pública, dando paso a las declaratorias de emergencia y al giro específico del negocio. Se abrieron puertas y ventanas para la entrega de contratos a dedo y créditos atados a las condiciones de los prestamistas internacionales, especialmente chinos, que Correa tanto había cuestionado desde su campaña electoral.

La carrera desenfrenada de Correa para activar la maquinaria de la obra pública empezó mucho antes, en especial para beneficiar a Odebrecht. En 2005, cuando era ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio, se reunió con diplomáticos de la embajada de Brasil. Y confirmó el carácter prioritario del proyecto Toachi Pilatón, el cual debía efectuarse –según dijo- “Al más breve plazo posible” con la constructora brasileña.

Otro dato inédito, revelado a Código Vidrio por un alto funcionario del Banco del Estado, que pidió no exponer su identidad por seguridad, ayuda a entender los primeros acercamientos y posibles compromisos de Correa con Odebtrecht. En mayo del 2005, también en calidad de ministro él viajó a Brasil para ver posibilidades de inversiones y acuerdos económicos con el gobierno de Lula da Silva. A su retorno -contó el funcionario- Correa contactó a las principales autoridades del Banco y les preguntó por qué no habían cancelado 14 millones de dólares que le debían a Odebrecht por el proyecto de riego Carrizal Chone. Los funcionarios le contaron que no tenían suficientes fondos. Al siguiente día, por orden de Correa, desde el ministerio de Economía se dispuso la transferencia de 6 millones que faltaban para cubrir el monto adeudado a Odebrecht, que recibió el pago completo en sus cuentas inmediatamente.

Posteriormente, funcionarios del Banco del Estado viajaron también a Brasil y conocieron que Correa no solo había mantenido reuniones con autoridades gubernamentales sino con ejecutivos de Odebrecht.

Un audio filtrado en 2017 de una conversación de Fabricio Correa, hermano mayor del exmandatario, también da más elementos sobre esta relación. “Yo manejé la relación de Odebrecht al principio (Correa era presidente de la Cámara Ecuatoriano-Brasileña), porque desde que mi ñaño fue ministro se hizo pana de los manes, ellos nos ayudaron en la campaña, el que llevaba la relación era yo, que soy contratista de ellos desde 1996″. Después, Fabricio habló de una nueva reunión entre Marcelo Odebrecht y Rafael Correa, luego de un viaje del dueño de la multinacional a Quito en su avión privado. En esa cita se habrían sellado varios acuerdos, entre otros la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Contactado por este portal, Correa no quiso pronunciarse.

Semanas antes de que Correa llegara al poder, en diciembre de 2006, Marcelo Odebrecht preparó la agenda para la primera reunión presidencial en el palacio de Planalto, entre Lula y Correa, en la cual se trataron también los contratos de Petrobras. Este dato se incluye en un correo electrónico dirigido por Odebrecht a Alexandrino Alencar, que es parte del expediente Lava Jato.

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Lo cierto es que todas las decisiones se alinearon para favorecer a Odebrecht en la administración de Correa. En 2007, la empresa fue contratada para ejecutar la central hidroeléctrica Toachi Pilatón.

Diez años más tarde, Toachi Pilatón aún no funciona y solo genera pérdidas. Aquí surge una pregunta crucial: ¿Es verdad que la investigación fiscal de Odebrecht, dirigida por el exasesor presidencial Carlos Baca, fue direccionada para dejar fuera a Rafael Correa del expediente? Esa es una de las piezas que se desprende del audio entre el ex contralor Carlos Pólit y el presidente de la Asamblea, José Serrano, revelado el 26 de febrero. En él, confabulan para tramar la salida de Carlos Baca Mancheno como Fiscal General. Desde el minuto 3, se escucha esta conversación:

Serrano: “…con el propio Odebrecht ellos (la Fiscalía) parece que han arreglado la delación”.

Pólit: “Pero total, Pepe, cuando ese tipo habla, hace el testimonio anticipado (José Santos, el delator), mira lo que habla viejo, a ese lo prepararon, totalmente, y solo le preguntan: ¿Y Rafael Correa habló con usted? No, nada que ver, nada que ver”.

Esta es una ficha más de un rompecabezas que no termina de armarse.

 

Toachi Pilatón, un monumento al despilfarro

El entonces presidente Correa en una de sus visitas a Toachi Pilatón. Fuente: Presidencia.

En la capital rusa, uno de los zares de la Revolución Ciudadana concretó la firma del contrato para una obra emblemática: Toachi Pilatón.

“El Ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, ha invitado al Prefecto y al gerente a la firma del contrato en la ciudad de Moscú”, reseña una de las actas de Hidrotoapi, una de las contrapartes nacionales. Era fines de 2010. Por Ecuador, arribó una misión integrada por 25 funcionarios. Dos delegaciones más viajarían durante el año siguiente, 2011, por este mismo acuerdo.

InterRao, con sede en Moscú, sería la encargada de la parte electromecánica en la central hidroeléctrica. El montaje quedó en suspenso. La empresa china CWE asumió la ejecución de la obra civil tras la salida de Odebrecht; sin embargo, el proyecto presentó fallas técnicas por un diseño defectuoso. CWE tenía un historial de contratos en el Ecuador: había sido la contraparte de la Secretaría del Agua en el proyecto de control de inundaciones Naranjal. Ese acuerdo lo firmó en 2012 quien era Secretario en Senagua, Walter Solís.

Toachi Pilatón es un monumento al despilfarro. Aún no funciona, sus instalaciones están abandonadas. No genera un solo kilovatio de energía; pero sí causó un cortocircuito en el país. Fue el primer escándalo por un caso de soborno vinculado a un ex funcionario del gobierno de Rafael Correa. El ex ministro de Electricidad, Alecsey Mosquera, recibió –según documentos judiciales- un millón de dólares de la constructora brasileña como gratificación.

El lazo contractual entre Odebrecht y Toachi Pilatón tuvo el sello del correísmo, aunque el ex mandatario insistió en negarlo. “La contratación de Odebrecht se realizó en diciembre del 2007 por parte del Consejo Provincial de Pichincha”, según aseguró el expresidente en el enlace 520, en abril del 2017.

Sin embargo, el exgerente de la empresa Hidrotoapi, Byron Granda, explicó que el proceso contractual tuvo el apoyo de una comisión técnica constituida a instancias del Gobierno. En ella estaba Mosquera. Privado de su libertad, enfrenta un juicio por lavado de activos. Decidió acogerse al silencio. Según la acusación, el pago se realizó a través de un familiar suyo, y los recursos se destinaron a empresas privadas, Trueenergy, Tokio Traders, entre ellas.

La obra, a unos cien kilómetros de Quito, fue concesionada en 2003 a la firma argentina IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona). Un año más tarde, el Fondo de Solidaridad designó a Termopichincha para desarrollar el proyecto en conjunto. Luego apareció otro actor en escena: el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec). Entregó la concesión a Hidrotoapi, entidad creada por el Consejo Provincial de Pichincha. Para entonces ya había un acuerdo con Odebrecht. El memorando de entendimiento entre ambas fue firmado a mediados de febrero de 2006. Para la época, el prefecto era Ramiro González, hoy prófugo de la justicia ecuatoriana, por supuestas irregularidades en el manejo de la seguridad social. González dejó la prefectura, y por tanto dejó de ser presidente del directorio de Hidrotoapi, en julio de ese año. Le sucedió Gustavo Baroja en el cargo. El actual prefecto afirma que Toachi Pilatón es una de las obras más auditadas por los entes de control y la sociedad civil. La contratación de Odebrecht se concreta durante el gobierno de Rafael Correa, que a través de la comisión técnica conoció detalles de la negociación.

En febrero de 2008, IMPSA denunció fallas en el diseño (similares a las que aparecieron en la central San Francisco) y quedó relegada del consorcio. Así se rompió un acuerdo que tuvo un sello político, ya que Lula y Kirchner, mandatarios brasileño y argentino, habían firmado como testigos de la colaboración de sus países para el proyecto. Después, Odebrecht fue expulsada del país, tras los problemas en la central San Francisco. Llegaron la contratista china y la rusa, para obra civil y equipo electromecánico. Los documentos reflejan que la negociación de las condiciones contractuales estuvo a cargo del entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas. El financiamiento del proyecto es un capítulo aparte. El BIESS aportó más de 250 millones de dólares. En total, la hidroeléctrica costó cerca de 600 millones. Es una historia sin final feliz.

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La historia turbia de Odebrecht

Que Odebrecht corrompía al poder político para acceder a contratos de obra pública se conocía desde mediados de los 80 en el Ecuador.

El trasvase en la península de Santa Elena (caso CEDEGÉ) fue el primer escándalo en nuestro país, que evidenciaba prácticas corruptas de la empresa brasileña. Sus contratos tenían un denominador común: se entregaban a dedo y el costo final duplicaba el valor inicial.

El financiamiento iba atado a préstamos de Brasil a intereses altos, del 8% en promedio. La relación entre Odebrecht y las figuras de poder político en la región, con los años, se volvió más sofisticada.

Por esos años el tema era debatido en el Congreso porque con este procedimiento se “estaba favoreciendo a unas pocas constructoras extranjeras inmiscuidas en negociados de otras obras” como la vía Perimetral de Guayaquil, el Trasvase de la Península San Elena, el contrato de los Poliductos en la costa, la contratación de la Presa La Esperanza, el proyecto de agua potable Papallacta, entre otros. Esto está reseñado en un informe de 26 páginas que el entonces legislador socialista Víctor Granda presentó en 1991 a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Uno de los casos denunciados fue la contratación del trasvase en Santa Elena adjudicado a Odebrecht por 198 millones de dólares. El acuerdo tuvo sobreprecios y se concretó a través de un concurso direccionado para favorecer a la constructora brasileña, según los documentos que respaldan del informe.

Por eso la carta de Granda, que no tuvo  eco en la clase política ni en los gobiernos siguientes, es premonitoria. “No podemos propiciar la fuga de dólares, bajo conceptos tan peregrinos como una supuesta incapacidad técnica, para obras que muchas veces no pasan de simples movimientos de tierras y colocación de carpetas asfálticas, o admitir que bajo el pretexto de falsos financiamientos de gobierno a gobierno, se contrate sin licitación”. Todos sus temores con los años se cumplieron al pie de la letra.

El encantador de serpientes

El entonces presidente Rafael Correa actuó como un encantador de serpientes. En abril de 2017, sostuvo en uno de sus últimos enlaces ciudadanos que el pago de una coima de un millón de dólares de Odebrecht a su exministro Alecksey Mosquera no era ilegal sino antiético. Y que a lo mucho cometió un delito de evasión. Otra perla: No hubo   -según él- una coima sino un acuerdo entre privados. Mosquera, agregó Correa, ya no era Ministro cuando recibió el pago en un banco de Andorra en 2011. Los siguientes días, la investigación judicial desbarató la eufórica defensa de Correa. Mosquera recibió el pago del soborno en 2008, cuando era Ministro, según reveló la asistencia penal desde Andorra.

 

Estos cuatro documentos desbaratan el discurso del ex presidente Correa:

  1. Asistencia penal desde Andorra confirma que las transacciones se hicieron en 2008.

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  1. El propio Alexis Mera reconoció en mayo que fue un pago irregular y pidió vincular a Odebrecht en el caso

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  1. Odebrecht confirma que Alecksey Mosquera no fue un consultor ni realizó asesoría alguna

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  1. El Ex gerente de Hidrotoapi, Byron Granda, reconoce que si bien el Consejo Provincial de Pichincha estaba a cargo de los procesos, hubo una “comisión técnica” pedida por el Gobierno central apoyando la contratación. El ex ministro Mosquera integraba la comisión.

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Descifre el enigma de Chiquito, el mensajero de Pólit

Primera pista. El nombre o apodo de este personaje apareció en el audio que el fiscal Carlos Baca divulgó el lunes 26 de febrero de una conversación telefónica grabada aparentemente en noviembre pasado, entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit.

Baca denunció que el diálogo es una prueba de que Serrano tenía acuerdos con el prófugo Pólit para sacarlo del cargo, lo cual ya es investigado por la Fiscalía.

En una parte del audio se escucha a Pólit: “Pepe… te acuerdas el Chiquito, él te va a entregar todo, podrías indicarle todo y él va directamente a donde me digan ustedes. Podría ser inmediatamente a donde me digan ustedes, tú ya lo conoces…”.

Para entonces, Pólit ya estaba prófugo en Miami preparando una contraofensiva para posicionar su versión, luego de que se confirmara la orden de prisión en su contra por el supuesto delito de concusión en el caso Odebrecht. Está procesado por recibir 10,1 millones de dólares, según denuncias del delator José C. Santos

Las siguientes semanas se divulgó un supuesto informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por malos manejos en la Secretaría de Inteligencia, que salpicaba al fiscal Carlos Baca. Ese documento, según las  autoridades de la Fiscalía y la Contraloría, no existe entre sus archivos.

[icon name=»volume-up» class=»» unprefixed_class=»»] Audio de la conversión telefónica entre José Serrano y Carlos Pólit

 

Segunda pista. En la Contraloría, Pólit tuvo un círculo hermético de colaboradores internos y externos, de extrema confianza. Algunos eran sus parientes. Uno de ellos es Germán Rodríguez Chiquito, casado con María Elena Pólit, hermana del excontralor. Rodríguez es accionista de Consultasesoría, que en 2015 recibió un contrato de Odebrecht por 500 mil dólares por una asesoría. La propietaria de esa firma es Karina Sáenz, ex gerente del Banco Central y Viceministra del Deporte en el gobierno de Rafael Correa.

Rodríguez Chiquito ha recibido favores económicos de Pólit. De uno de ellos quedó huella en las declaraciones patrimoniales del excontralor. Pólit le prestó 150 000 dólares a Rodríguez. Cuando dejó el cargo, en junio pasado, el exjuez de cuentas ya no incluyó esa deuda en sus pasivos.

Tercera pista. Parte del grupo de incondicionales de Pólit salió a la luz cuando la subcontralora Sabeth Chamoun quiso ponerse al frente de la institución en reemplazo de Pablo Celi. La acompañaba el secretario de la institución, Adrián Bustos. En un video que por esos días se difundió en las redes Bustos aparece tratando de hacerle firmar su dimisión a Celi, que furioso rompe los papeles. Bustos acababa de asumir las funciones de Secretario General por delegación de Pólit. Semanas antes ocupó el cargo de director regional de la Contraloría en Esmeraldas.

Antes trabajó en el Consejo de Participación Ciudadana: fue asesor del entonces consejero y hoy asambleísta de CREO, Luis Pachala. Esa entidad escogió a Carlos Pólit como contralor. Él obtuvo una calificación de 100/100, tras un concurso público, en medio de cuestionamientos por la afinidad del organismo con el Gobierno. Bustos fue enrolado luego en Contraloría.

Contactado por nosotros, Bustos negó enfáticamente ser el «Chiquito» a quien se refiere el excontralor. «Ni siquiera soy chiquito, mido 1,68 m. Están tratando de dañar mi buen nombre», dijo Bustos, quien es abogado de John Pólit, hijo del excontralor.  Si bien trabajó en el Consejo de Participación, no integró la comisión que seleccionó al contralor. Y en el ente de control trabajó en la regional de Esmeraldas. «Estuve apenas un día como secretario de la Contraloría, me destituyó Pablo Celi». Pidió no ensuciar su buen nombre y su honra.

Aquí Pólit explica cómo llegó al cargo en 2007 de la mano de Rafael Correa

Durante el concurso, Pólit fue impugnado por el exasambleísta Leonardo Viteri. Lo acusaba de haber trabajado solo el 47% de los días laborables, desde cuando fue posesionado en 2007. La gestión de Pólit se extendió por 1 095 días, pero solo habría laborado 281 días, según Viteri. El resto del tiempo encargó sus funciones por viajes al exterior, asuntos particulares, oficiales y vacaciones.

Pedimos un informe sobre los días que Pólit estuvo ausente en la última década. Según ese reporte, mientras fue contralor Pólit no laboró más de un año: exactamente se ausentó 383 días del cargo, para asistir a citas internacionales y con licencias de trabajo.

Es paradójico. En la mayoría de reuniones en decenas de países en varios continentes Pólit disertaba sobre temas anticorrupción y control de recursos públicos. Ese era su fuerte. En sus exposiciones, recalcaba la necesidad de mejorar las condiciones económicas de los servidores. “Cómo exigir al empleado público que siempre y en todo lugar rechace la coima, el soborno, la gratificación por el cumplimiento de su deber, si gana un salario que no cubre la canasta básica familiar”, indica en una de sus ponencias recogidas en una publicación institucional.