Que Odebrecht corrompía al poder político para acceder a contratos de obra pública se conocía desde mediados de los 80 en el Ecuador.
El trasvase en la península de Santa Elena (caso CEDEGÉ) fue el primer escándalo en nuestro país, que evidenciaba prácticas corruptas de la empresa brasileña. Sus contratos tenían un denominador común: se entregaban a dedo y el costo final duplicaba el valor inicial.
El financiamiento iba atado a préstamos de Brasil a intereses altos, del 8% en promedio. La relación entre Odebrecht y las figuras de poder político en la región, con los años, se volvió más sofisticada.
Por esos años el tema era debatido en el Congreso porque con este procedimiento se “estaba favoreciendo a unas pocas constructoras extranjeras inmiscuidas en negociados de otras obras” como la vía Perimetral de Guayaquil, el Trasvase de la Península San Elena, el contrato de los Poliductos en la costa, la contratación de la Presa La Esperanza, el proyecto de agua potable Papallacta, entre otros. Esto está reseñado en un informe de 26 páginas que el entonces legislador socialista Víctor Granda presentó en 1991 a la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Uno de los casos denunciados fue la contratación del trasvase en Santa Elena adjudicado a Odebrecht por 198 millones de dólares. El acuerdo tuvo sobreprecios y se concretó a través de un concurso direccionado para favorecer a la constructora brasileña, según los documentos que respaldan del informe.
Por eso la carta de Granda, que no tuvo eco en la clase política ni en los gobiernos siguientes, es premonitoria. “No podemos propiciar la fuga de dólares, bajo conceptos tan peregrinos como una supuesta incapacidad técnica, para obras que muchas veces no pasan de simples movimientos de tierras y colocación de carpetas asfálticas, o admitir que bajo el pretexto de falsos financiamientos de gobierno a gobierno, se contrate sin licitación”. Todos sus temores con los años se cumplieron al pie de la letra.