Los próximos días llegará extraditado desde Chile al país Wilson Cevallos, peligroso integrante de Los Lobos, procesado por un asesinato ocurrido en Durán en 2019. En ese país, Cevallos vivía con otra identidad e incluso obtuvo la nacionalidad. En 2023 también fue capturado en ese país otro miembro de esa banda, que huyó a Santiago donde se mantuvo en la clandestinidad hasta ser extraditado.
Redacción Código Vidrio
La Corte Suprema de Chile dio luz verde a la extradición del ecuatoriano Wilson Cevallos Cruz, peligroso integrante de Los Lobos, quien fue apresado en ese país en marzo pasado.
Fuentes de la Policía dijeron que Cevallos, de 23 años, será traído al país los próximos días por Los Carabineros y entregado a autoridades ecuatorianas, que requirieron su extradición desde el 1 de abril del 2022. Entonces, el proceso fue oficializado por la Cancillería, a través de la embajada en Chile, que ingresó la solicitud de extradición de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana.
Cevallos tenía difusión roja de Interpol y está procesado por el asesinato de Bryan Adrián González Muñoz, ocurrido el 28 de febrero de 2109 en la ciudadela El Recreo, ubicada en Durán, Guayas. González fue ejecutado con tres tiros que le descargó Cevallos, quien un mes antes ya había intentado asesinarlo.
Según un reportaje publicado esta víspera por el medio digital BiobioChile, Cevallos llegó a Santiago por tierra cambiándose de identidad a Enrique David Gamarra Cruz, lo que le sirvió para burlar los controles migratorios.
Eso también le permitió obtener su residencia y hasta una cédula de identidad chilena para extranjeros, con lo cual se radicó en el barrio La Cisterna, donde precisamente fue capturado el 6 de marzo pasado por agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) de la PDI, unidad que representa a la Interpol en Chile.
Su presencia en Santiago fue alertada por la Policía ecuatoriana a sus pares en Chile, que confirmaron su verdadera identidad al cotejar sus huellas dactilares.
Ese procedimiento fue detallado por el comisario de la Interpol Chile, Ricardo Micaly. “Gracias al análisis criminal de un equipo multidisciplinario de Interpol Santiago, en conjunto con la Policía de Quito y nuestro Laboratorio de Criminalística, obtuvimos las impresiones dactilares de quién era requerido por Ecuador”.
Cevallos fue apresado nuevamente este lunes pasado, luego de que la Corte Suprema acogiera la solicitud de extradición.
“Los antecedentes aportados por el Estado requirente deben ser considerados bastante para justificar la entrega del requerido Cevallos Cruz, con la finalidad de que enfrente a la justicia ecuatoriana”, indica la resolución judicial difundida por el medio chileno.
Otro Lobo fue detenido en Santiago
No es la primera vez que un integrante de Los Lobos es detenido en Chile. En noviembre del 2023, agentes de ese país detuvieron en Santiago a un hombre de 27 años, que tenía una notificación Roja de Interpol por Homicidio, y pertenecía a la banda Los Lobos.
Carlos C. fue detenido en noviembre del 2023 en Santiago de Chile.
El ecuatoriano, habría ingresado a Chile por un paso no habilitado y se había dedicado a trabajar como peluquero en la comuna Puente Alto.
En Ecuador estaba enjuiciado como autor intelectual de un asesinato.
Según información policial, el 20 de septiembre de 2018 el malhechor citó a la víctima para devolverle dinero. En ese momento uno de los acompañantes del procesado lo asesinó a tiros.
Posteriormente, huyó de Ecuador y viajó a Chile, donde estuvo en la clandestinidad, hasta el 6 de noviembre, cuando fue capturado.
El detenido, quien luego fue extraditado a este país, estaba en la lista de uno de los 10 más buscados de Ecuador, según la policía.
Los Lobos es la banda de mayor expansión y empoderamiento los últimos años. Ha desplazado a Los Choneros, por su vertiginosa y rápida incursión en delitos que van desde el narcotráfico, microtráfico, extorsiones y minería ilegal.
Marcelo Lasso, quien fuera compañero de celda y persona de confianza del narco asesinado Leandro Norero, rindió ayer jueves 28 de marzo su testimonio en el caso Metástasis. Lasso afirmó que Norero tenía conversaciones telemáticas, llamadas y «chateos» con varios cabecillas de bandas y funcionarios, así como con el ex presidente Rafael Correa, quien supuestamente buscaba que intercediera para liberar a Jorge Glas. Desde 2009, el ascenso de ‘El Patrón’ Norero fue vertiginoso. En aquel año, como parte del pacto con el gobierno, 300 líderes de Los Ñetas y Latin Kings se afiliaron Alianza País, en Guayaquil. Luego, buena parte de los expandilleros ocupó cargos públicos.
Redacción Código Vidrio
Eran los primeros años de la «Revolución Ciudadana». Sus líderes, con Rafael Correa y Ricardo Patiño a la cabeza, en uno de sus momentos más delirantes en el poder, no dudaron en afirmar que gobernarían 200 años.
Una de las banderas de su emblemático plan fue el proceso de pacificación con las pandillas de los Latin Kings y Los Ñetas, para reinsertarlos en la sociedad. Un momento clave de ese proceso quedó inmortalizado en una fotografía tomada el 6 de septiembre de 2009 en el Ministerio del Litoral. En el retrato aparecen el entonces presidente Rafael Correa, el nacrotraficante Leandro Norero, y Ricardo Patiño, quien era ministro del Litoral y de Defensa. https://www.elcomercio.com/actualidad/seis-pandillas-firman-acuerdo-paz.html.
Esa fotografía persigue como una sombra a los líderes del correísmo. Este jueves 28 de marzo del 2024 nuevamente se regó como pólvora en las redes sociales, una vez que se realizó la audiencia para recibir los testimonios anticipados de los testigos protegidos del caso Metástasis.
Desde 2009 el ascenso de ‘El Patrón’ Norero fue vertiginoso. En aquel año, como parte del pacto con el gobierno 300 líderes de Los Ñetas y Latin Kings se afiliaron al movimiento correísta Alianza País, en Guayaquil.
La primera declaración que provocó un remezón en la sala de la Corte Nacional fue la de Marcelo Lasso, compañero de celda y persona de confianza de Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Las declaraciones de Lasso refuerzan las evidencias de cómo han operado y tejido alianzas en el país políticos de varios partidos, incluidos el correísmo y el Partido Socialcristiano, con capos del narcotráfico para buscar beneficios y burlar a la justicia.
En la parte medular de su testimonio, Lasso afirmó que Norero mantenía conversaciones telemáticas y llamadas, con la aplicación encriptada de mensajería Threema, con Rafael Correa.
Según Lasso, el capo y el ex mandatario discutían la liberación del ex vicepresidente Jorge Glas, quien fue condenado por corrupción y está prófugo, refugiado en la embajada de México. “La verdad que hablaron un par de veces. Hablaban más que todo de la libertad del señor Jorge Glas. Leandro y Daniel Salcedo estaban invirtiendo en la libertad del señor Jorge Glas, con fines políticos, pues sabían que eventualmente podía coger fuerza, podía volver a tener un cargo político y sabían que les iba a servir”, dijo Lasso, a quien la fiscal Diana Salazar le preguntó cómo sabía él que se refería a Correa.
-“Porque yo vi las videollamadas, yo lo escuché hablando. Vi su cara. Lo vi hablándote por teléfono. Yo pasaba en la celda con él (Norero)”.
-¿Cómo le decía al señor Correa?
-Mashi”.
No es la primera vez que los líderes del correísmo buscaban el apoyo de Norero para liberar a Glas. En los chats del caso Metástasis, Norero y sus abogados relatan que para liberar a Glas le pagaron al juez Emerson Curipallo (hoy preso) 250 mil dólares, para recibir a cambio favores políticos.
Según investigadores cercanos al caso, Norero se incorporó a las filas del correísmo como un joven líder desde hace 14 años. Con el tiempo, el Patrón Norero se convirtió en un eslabón entre el narcotráfico y la política.
Como ministro del Interior, José Serrano, firmó también un acuerdo con las pandillas que con los años se volvieron peligrosos grupos criminales, a la sombra del paraguas del Gobierno.
Desde 2009, cuando lideraba a Los Ñetas, Norero fue parte del acuerdo de paz que esa pandilla y los Latin Kings lograron con el gobierno.
Pese al deriva fracasada de ese acuerdo, pues hoy los Ñetas y los Latin King son peligrosos grupos criminales, ese proceso ha sido defendido por Correa en su cuenta en X. “El acuerdo de pacificación entre las pandillas urbanas Ñetas y Latin King se logró en 2009…¡hace 14 años! Fue un ejemplo para el mundo. Compararlos con organizaciones criminarles vinculadas al narcotráfico, como los Choneros, Lobos o Tiguerones es supina ignorancia o monumental mala fe”, escribió Correa en 2023.
Ascenso vertiginoso
Tras el acuerdo, el ascenso de Norero fue vertiginoso. En 2009, como parte del pacto 300 líderes de Los Ñetas y Latin Kings se afiliaron al movimiento correísta Alianza País, en Guayaquil. Luego, dentro del plan de Reinserción Económica y Social, buena parte de los expandilleros ocupó cargos en las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, así como en la Policía y hasta en las Fuerzas Armadas, según informes de Inteligencia.
Uno de los dirigentes más destacados de los Latin Kings, que ganó protagonismo, fue precisamente el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, defensor acérrimo de Correa, hoy prófugo de la justicia, procesado en Metástasis. Aleaga era al parecer un operador central de Norero en la Asamblea. El «Ruso» es uno de los sospechosos de tramar ataques contra el excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Norero fue durante años un narcolavador invisible, intocable por la protección de sus padrinos políticos. En varias ocasiones, Correa mantuvo reuniones con los líderes de las pandillas, que según anunció en ruedas de prensa tenían “propuestas para impulsar proyectos para la creación de fuentes de empleo y educación». Para ello, pedían la colaboración del Gobierno.
Otro personaje central de esa estrategia fue el exministro del Interio José Serrano, quien también firmó un acuerdo y compromiso político social con los líderes de la Corporación de Reyes Latinos y Reinas Latinas, Ñetas y Master Off Street.
Y una de las decisiones defendidas por el entonces todo poderoso Ministro fue reconocer que existían otras formas de organización y como primer paso reconocer que estas agrupaciones (las pandillas) son de la sociedad civil, que cuentan con estructuras solidas en los territorios donde funcionan y que son actores estratégicos en todo este proceso de cambio que está viviendo el país” se dijo finalmente en la exposición de motivos que logramos captar.
La Justicia ecuatoriana parece no estar dispuesta a permitir más evasivas del exembajador y empresario de China en Quito, Cai Runguo, involucrado en la red de sobornos alrededor de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Redacción Código Vidrio
La conjueza Gabriela Mier resolverá –el próximo miércoles 27 de marzo- la petición de la Fiscalía General para que se dicte orden de prisión preventiva y orden de difusión roja contra Runguo, quien también fue representante legal de Sinohydro, responsable de la construcción del proyecto hidroeléctrico.
El pedido se dio luego de que el ex representante de China no cumpliese con la medida cautelar de presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia, dictada desde marzo de 2023. De hecho, la cooperación de Rungao ha sido nula en este caso: no ha cumplido con la presentación periódica, no ha rendido versión y no se conoce con precisión sobre su paradero.
El Gobierno chino tampoco ha colaborado con las autoridades judiciales ecuatorianas en el proceso contra Rungao por su participación en la presunta red de sobornos en la que también está procesado el expresidente Lenín Moreno. Según información oficial de Fiscalía, China no ha atendido ninguna de las 10 solicitudes de asistencia penal requerida por la Justicia ecuatoriana. La Embajada de China en Quito tampoco ha dado respuesta sobre las actuaciones de su antiguo titular. Código Vidrio envió por correo electrónico un pedido de entrevista el 3 de marzo de 2024; hasta la fecha existe alguna respuesta.
El exembajador tuvo una relación amistosa con Lenin Moreno cuando ocupó la vicepresidencia de la República. Ese nexo fue clave para retomar el financiamiento del proyecto Coca Codo Sinclair. Foto archivo
En el pedido de prisión preventiva también están incluidos otros dos ciudadanos chinos que trabajaron en Sinohydro. En total 38 personas son investigadas por presuntamente haber participado en una red de sobornos que, según cálculos de Fiscalía llegó a USD 76 millones, entre 2010 y 2018.
Según los elementos de convicción del caso, Rungao supuestamente fue parte de este esquema de corrupción en su doble condición: embajador y empresario. Una de las pruebas periciales deja en evidencia que sus buenos oficios diplomáticos fueron determinantes para destrabar el financiamiento para la construcción del proyecto hidroeléctrico por parte del Eximbank, a través de su amistad con el expresidente Moreno.
Los elementos de convicción también evidencian su participación en este caso cuando era representante de Sinohydro. Fiscalía presentó un cheque a nombre de él por parte de una de las empresas con las que aparentemente funcionaba el sistema de sobornos y coimas. En total la investigación estima que recibió unos USD 40 000.
Runguo fue Embajador en Quito entre febrero de 2007 y enero de 2011. Luego se convirtió en asesor de Sinohydro y en 2013 fue nombrado como su representante legal.
El juez José Cornejo ordenó la prisión preventiva de Bibian Hernández, quien fue acusada de un presunto lavado de activos por la Fiscalía; para Luis Ortiz y Ericka Carvajal, investigados como colaboradores, dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades judiciales. Nota actualizada a las 20:15 de este jueves 21 de marzo.
Redacción Código Vidrio
El juez José Cornejo, de la Unidad Especializada en Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, ordenó la prisión preventiva de Bibian Hernández, por un presunto lavado de activos.
En este caso se investiga un lavado de activos por 18 millones de dólares. La principal acusada es Hernández por supuestamente de haber creado empresas y un sinnúmero de esquemas societarios y jurídicos para ocultar bienes de origen ilícito.
Tras la formulación de cargos y orden de prisión solicitada por el fiscal David Bermeo quedó abierta la etapa de instrucción fiscal que durará 90 días, es decir hasta mediados de junio de 2024.
Este 21 de marzo de 2024, en el Complejo Judicial Norte de Quito se reinstaló la audiencia de formulación de cargos en el caso Amistad en contra de Hernández, conocida abogada y asesora tributaria y legal en Guayaquil. En este caso también están procesados Luis Ortiz y Ericka Carvajal y las empresas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV y Global Strategy Law BHV.
Esta audiencia se ha postergado cerca de un mes y terminó hace pocos minutos con la deliberación del juez Cornejo.
Durante la presentación de cargos penales, la Fiscalía indicó que entre 2016 y 2023 Hernández y sus empresas movieron en el sistema financiero 22,4 millones de dólares. Sin embargo, en sus declaraciones en el SRI solo reportan USD 4,4 millones de ingresos en ese mismo período.
Por ese y otros desfases, la Fiscalía presume un lavado de activos por USD 18 millones. Entre los indicios presentados por la Fiscalía hay facturas inorgánicas, contratos sin objetivo y transacciones de grandes cantidades de dinero en efectivo, así como el informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), fechado el 2022, donde se incluyen reportes cruzados del SRI.
Según la UAFE, tanto Hernández como sus empresas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV y Global Strategy Law BHV tienen relaciones con actividades futbolísticas, en especial con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el Barcelona Sporting Club y Servisky, la empresa del Canal de Fútbol.
La FEF es el cliente principal de Hernández. Entre 2017 y 2019 registró ingresos al SRI por USD 770.085 que esa entidad le pagó. En el sistema financiero se encontraron además depósitos en efectivo por USD 462.739 y transferencias y cheques por USD 467.739.
La defensa desestima argumentos de Fiscalía
Sobre el contrato con la FEF, el abogado de Hernández, Alfonso Zambrano, indicó que el organismo deportivo le pagó por una asesoría que ella entregó junto con un equipo de abogados. Y que de lo cobrado su defendida facturó y tributó. “No hay ninguna irregularidad”, puntualizó.
Según Zambrano, su defendida se graduó de abogada recién en 2021, pese que desde 2016 ya empezó a generar ingresos por asesorías relacionadas al derecho. Pero aclaró que ella nunca firmó un documento o un escrito como abogada antes de graduarse. Se limitaba a entregar el servicio de asesoría financiera, contable y legal.
Dijo que la UAFE no ha reportado ningún movimiento bancario o financiero, relacionado con Hernández, que suponga que está persona o sus compañías recibieron dinero ilícito y lo transformaron. Agregó que tampoco el SRI ha mostrado información que pruebe o evidencie que Hernández y sus compañías hubiesen incurrido en defraudación tributaria. «Si el informe de la UAFE fuera suficiente, entonces no necesitaríamos un proceso. Sino, usted señor juez escucharía el informe e interpondría una sentencia de tantos años», señaló Zambrano.
El informe de la UAFE, para el abogado, no es una prueba por sí sola. “Es un documento con el que la Fiscalía debe trabajar e investigar”.
El Gobierno desmintió un supuesto espectáculo protagonizado por el presidente Daniel Noboa, durante una visita a España a fines de enero pasado, denunciado por el medio español El Debate. Según esa publicación el mandatario estuvo en un restaurante japonés hasta las 3 de la madrugada, sin tomar en cuenta los protocolos de seguridad, lo cual habría generado una queja del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. La Cancillería rechazó el contenido de la crónica que «carece de veracidad» y aclaró que no existió ninguna comunicación de protesta. Foto Presidencia de la República.
Redacción Código Vidrio
El Gobierno negó enfáticamente que el presidente Daniel Noboa hubiera protagonizado un escándalo durante una visita oficial a España, el 25 de enero pasado, saliendo al paso de una denuncia que hoy difundió el medio español El Debate.
En un comunicado oficial la Cancillería indicó que el Gobierno rechaza categóricamente el contenido de la noticia de ese medio, «ya que carece de veracidad». Agrega que no se ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno de España. Además que la Embajada del Ecuador en España mantuvo, en todo momento, una adecuada coordinación con las instancias diplomáticas correspondientes para el cumplimiento de la agenda oficial llevada a cabo en ese país. «Las aseveraciones del medio español son falsas y buscan dañar la buena imagen del Gobierno», enfatizó el comunicado.
Según ese medio español, Noboa “protagonizó un escándalo en un restaurante en Madrid e hizo un uso indebido de la escolta policial que se le asignó empleando los coches oficiales para irse de fiesta hasta altas horas de la madrugada”.
Durante esa visita en España, Noboa se reunió con el Rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y estuvo acompañado por una nutrida delegación de autoridades ecuatorianas.
El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, rechazó también la publicación y aseguró que era totalmente falsa.
Código Vidrio conoció extraoficialmente que al parecer lo que ocurrió fue un malentendido, porque la Guardia Española no fue informada oportunamente de que el presidente Noboa se desplazaría al restaurante japonés de alta cocina japonesa Ikigai. “Este desfase preocupó a las autoridades españolas que habrían querido ser informadas oportunamente y enviar un equipo escolta que acompañaba a la delegación presidencial”, indicó un funcionario, que pidió la reserva.
Pero el Mandatario fue al restaurante y salió a las 22:30 sin protagonizar ningún incidente, agregó.
“Llévenme de farra, llévenme de farra”, gritó Noboa mientras salía del restaurante del barrio de Salamanca en el que acababa de cenar, según la publicación de El Debate, que fue calificada por fuentes del gobierno como “mal intencionada”.
“Mientras esto ocurría -agrega la crónica- ante la atónita mirada de un amplio efectivo policial, que velaba por su seguridad, el presidente ecuatoriano, de manera aparente bajo los efectos del alcohol, lanzaba billetes al aire que sacaba de un fajo que guardaba en uno de sus bolsillos. Eran las tres de la madrugada del 25 de enero de 2024. el lugar donde ocurrió este episodio fue el restaurante de alta cocina japonesa Ikigai, ubicado en la calle Velázquez. El dispositivo de seguridad que presenció la escena estaba conformado por quince agentes de paisano de la Guardia Civil y diez de la Policía Nacional que estaban apostados con metralletas en los edificios aledaños. En paralelo a los agentes españoles también estuvieron presentes catorce personas de seguridad ecuatoriana, indica el reportaje.
Los escoltas habrían subido a Noboa al carro blindado con cierta dificultad. El vehículo se lo había prestado Felipe VI unas horas antes, añade el medio. Era un Mercedes Benz W220 que el Jefe del Estado sólo deja en muy contadas ocasiones. «Fue una deferencia que Su Majestad quiso tener con él por la situación tan delicada en la que está Ecuador, pero nunca nos imaginamos que lo iba a usar para irse de fiesta», contó a El Debate una de las personas que participó en la ejecución del despliegue de protección a Noboa desde la Casa del Rey. Además de este vehículo, la comitiva que acompañó al presidente ecuatoriano en la polémica cena estaba conformada por seis autos más y cuatro motocicletas de la Policía que le abrían el paso por las calles de Madrid.
Noboa no cenó sólo en Ikigai, según destaca la nota de El Debate. El Presidente habría estado acompañado de un grupo de personas de su círculo íntimo que fueron testigos del episodio. «Pegadas a él en la mesa estuvieron Sade Fritschi Naranjo, ministra ecuatoriana de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Diana Angélica Jácome Silva, asesora de Presidencia». También estuvieron Wilma Andrade, embajadora de Ecuador en España; Cynthia Gellibert, subsecretaria general del Despacho Presidencial; el teniente coronel Danilo Villena Viteri, edecán del presidente de la República, entre otros.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de España negó haber enviado una nota de protesta o una queja por estos supuestos incidentes en Madrid.
En España, el presidente Noboa participó junto a los Reyes Felipe y Sofía en la 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo.
La fiscal removida de Guayas, Yanina Villagómez, al parecer tuvo una amistad cercana con el abogado Xavier Novillo Arana, alias Novita, uno de los principales operadores en la justicia del narcotraficante Leandro Norero, procesado en el caso Metástasis. Todo indicaría que durante meses fue su confidente y consejera para que los juicios en contra del capo no prosperaran. Hoy la Fiscalía pedirá su vinculación penal al caso junto a 12 implicados más. Última actualización, viernes 15 de marzo.
Redacción Código Vidrio
A través de la estrecha relación con la entonces fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, el abogado Xavier Novillo habría accedido a información reservada sobre el avance de investigaciones en casos iniciados contra el “Patrón” Leandro Norero, que eran tramitadas en Guayaquil.
Desde enero pasado, Villagómez ha sido llamada a rendir su versión por la Fiscalía General en cinco ocasiones. La última convocatoria fue el pasado viernes 8 de marzo, a la que sí acudió, en Quito, acompañada de la Policía.
Este viernes 15 de marzo la fiscal Diana Salazar solicitará la vinculación de Villagómez junto a 12 acusados más, incluido el ex legislador del correísmo Ronny Aleaga, la académica Myriam Delgado y la colombiana Claudia Garzón. Las dos últimas eran parte de la Comisión de Pacificación de Cárceles, durante el gobierno de Guillermo Lasso.
En decenas de chats revisados por Código Vidrio se evidencia cómo Novillo, alias Novita, habría tenido reuniones con la entonces fiscal Villagómez en su despacho, en el piso 13 de la fiscalía provincial, así como fuera de esa dependencia. En las citas, según detallan las conversaciones periciadas, Villagómez le habría dado consejos y recomendaciones al abogado sobre cómo presentar escritos y organizar la defensa de Norero. El objetivo habría sido beneficiar al narco y sus familiares para que los juicios en su contra no prosperaran, fueran extinguidos. Antes de ser asesinado, en octubre del 2022, Norero enfrentó tres procesos por tráfico ilícito de armas de fuego, lavado de activos y organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización.
Este medio buscó durante varios días la versión de Villagómez, a través de mensajes a su celular. En una ocasión respondió un mensaje, pero no se pronunció cuando se le pidió una entrevista.
Novillo intercambia fotos y videos de las reuniones con la exfiscal
En los mensajes que están incluidos en el cuerpo 126 del proceso Metástasis Novillo no solo intercambió textos con Norero sino fotos y videos de las reuniones con la aún fiscal de Guayas. Incluso en uno de los chats Novillo le describe a Norero, paso a paso, su llegada a una de las supuestas reuniones con Villagómez, y le comenta que también él podía participar en el encuentro vía zoom, para lo cual le indica que ya le envió el enlace.
En este contexto, las conversaciones registradas entre Novillo y Norero empezaron el 28 de junio del 2022. Ese día, Novita le escribe al Patrón que la “dra Yani” le aseguró que no hará ninguna vinculación en uno de los procesos en su contra.
-“Qué más le contó la doctorita… Cuál es su punto de vista”, le preguntó Norero, impaciente respecto a la incidencia que podría tener en las investigaciones en su contra el juicio por narcotráfico en el que fue sentenciado en Perú, en 2018.
Novillo le respondió que Villagómez le dijo que ese era un delito que ocurrió en otro país, en Perú, y que no hay una sentencia en firme. Por lo tanto, no había un delito madre. Esos detalles proporcionados por la entonces Fiscal eran importantes y fueron trasmitidos al abogado Christian Romero al día siguiente por Novillo. Romero, también procesado en Metástasis, encabezaba el equipo de unos 20 abogados que defendían a Norero y se encargaban de sobornar a jueces y fiscales para lograr fallos favorables con dinero del narcotráfico.
La recomendación de Villagómez para la defensa de Norero -según los chats- era que presentara un nuevo escrito para que la fiscal a cargo del caso reformulara la acusación.
-“La doctora me dijo cánsale con escritos, ya no peleándote con ella. Sino diciéndole que no se ha demostrado el delito madre”.
Entonces Norero se entusiama. Le pide a Novillo, quien mantenía permanentes contactos con Villagómez, que “se asesore full con la doctora” para preparar a Romero.
En las conversaciones con la fiscal el abogado también comenta que se refirieron al juicio contra Xavier Jordán, otro procesado en Metástasis, prófugo en Miami.
“La Dra ya de una me dijo, que no la topará a su mama. Que la fiscal recibe órdenes de Toainga”.
Norero le pregunta qué le había recomendado la fiscal sobre la versión que debía rendir:
-“Qué dijo Yanina”.
-“Me dijo que vaya detarde, para hablar del tema suyo, que me puede guiar y hablar del tema de la comadre. Pero que se va a suspender lo de su comadre”, respondió el abogado al capo, en un mensaje del 30 de junio.
Las conversaciones se retomaron el 9 de julio.
-“Ya le escribí a la doctora que me reciba hoy”.
-“Con ella siempre nos vemos en la FAE”.
-“Estamos aquí”.
-“Pero hay gente rara. La doctora me va a recibir en dos horas. Yanina”
-“Voy camino para donde la dra. Le voy a enseñar eso…
-“Me avisa. Conecte al zoom”, le respode Norero.
-“Si papa, si me mando. Si me conecto pilas”
-“Ya me conecto también”, escribe Norero.
El 11 de julio Novillo acudió al despacho de la fiscal, siguiendo las directrices de la última reunión.
-“Como vamos mi dr”, saluda Norero.
-“Buen día. En (Fiscalía) provincial”, reponde Novillo y le envía una foto del expediente de la investigación previa de cohecho en cotra de José Tamayo Arana, a cargo de Yanina Villagómez.
-“Haciéndome el loco, ya me atiende, revisando el expediente de Tamayo, mientras me atienden, ya voy a entrar donde ella”.
Minutos más tarde Novillo le envió a Norero dos fotos en la sala de reuniones de la Fiscalía, con la fiscal Yanina Villagómez, que vestía un pantalón a cuadros y un buzo café.
-“Estoy aquí con ella”.
Luego le envió otro mensaje con la foto del piso 13 de la Fiscalía de Guayas, a la altura de los ascensores, donde se observa un cartel que indica que ahí funciona el despacho fiscal provincial.
El juicio contra la pareja de Rasquiña, congelado
Por otro lado, uno de los procesos donde han trascendido cuestionamientos a la Fiscal Provincial del Guayas es la causa penal 09100202000012, donde está procesada Samara Solanda Rivera Saltos, quien fue esposa del líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano alias “Rasquiña” (+). Pese a que han transcurrido más de tres años de iniciado proceso, el juez no ha fijado una fecha para la audiencia de juicio, en medio de la supuesta inacción de la Fiscal. Esto daría paso a la prescripción de la pena.
Según fuentes cercanas a la investigación de Fiscalía, dentro del círculo de amistades de la fiscal Villagómez están los tíos de Xavier Novillo: Pedro Arana y el exjuez José Tamayo Arana, quien dio paso a la rebaja de penas de 20 a 8 años para Jorge Luis Zambrano. El juez fue destituido y está enjuiciado.
Otro de los procesos que salpican a Novillo es por el delito de asociación ilícita, causa penal 09285201800323, iniciada el 2018. Entonces fue detenido junto a la Fiscal del cantón San Vicente, Angelica B. Ambos habría pactado la cantidad de $300.000 para favorecer al líder de una organización narcodelictiva. Eso fue evidenciado en audios obtenidos a través de las interceptaciones telefónicas. En este proceso el Fiscal del caso habría logrado vincular a la jueza Ana P., lo cual el proceso pasó a manos de la fiscal Provincial del Guayas Villagómez, debido al fuero. La Fiscal Villagómez asistió a la audiencia de juzgamiento, sin sustentar de manera sólida los cargos en contra de Novillo. Por lo cual los jueces de la Corte Provincial del Guayas Gaibor Gaibor Adolfo Richard, procesado en el caso Metástasis, Henry Wilmer Morán Morán y Poveda Araus José Daniel, fallaron a su favor.
Al momento de ratificarse la inocencia de Novillo, la Fiscal Villagómez no apeló. La defensa si lo hizo para que se revoque la sentencia de sus defendidos. Al llegar el proceso a la Corte Nacional se evidenció las irregularidades en el pronunciamiento de los jueces y en la actuación fiscal.
Amparados en el Art. 108 del Código Orgánico de la Función Judicial fueron sancionados como infracción grave:
– Juez Adolfo Richart Gaibor Gaibor (ponente)
– Juez José Daniel Poveda Araus
– Juez Henry Wilmer Morán Morán
– Fiscal María Yanina Villagómez Oñate
Fiscal pide 13 vinculaciones más
Este viernes 15 de marzo será la audiencia de vinculación de 13 implicados más en el caso Metástasis. Así sumarán 52 los procesados penalmente en la instrucción fiscal que se inició el 15 de diciembre de 2023. La diligencia que empezará a las 08:10 y estará a cargo del juez de la Corte Nacional Felipe Córdova.
La fiscal Diana Salazar pedirá la vinculación del exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga por su supuesto papel como operador político del narco Leandro Norero. En los chats se lo menciona como “El Ruso”.
También se pedirá la vinculación de la fiscal removida de Guayas, Yanina Villagómez, a la académica Myriam Delgado y a la colombiana Claudia Garzón, ambas parte de la Comisión de Pacificación de Cárceles durante el gobierno de Guillermo Lasso.
Además, serán procesados los empresarios accionistas de firmas dedicadas a las telecomunicaciones, informática, servicios exequiales y compraventa de inmuebles. Entre otros, Elio A., Ángel L. y Marcel L.; Eduardo R., socio en una empresa de seguridad del prófugo Fabián Camposano, alias Yankee, quien era socio de Norero y Romel T., exadministrador de una constructora.
Dos guías penitenciarios que aparecen en el expediente de Metástasis se sumarán a la causa penal. Katherine G., guía penitenciaria que aparentemente recibió dinero de la red y Carlos M., a quien la Fiscalía señala por ayudar a Norero durante su estadía en el CPL de Cotopaxi.
La teniente de policía de la Unidad Antinarcóticos Doris O., perita especializada en finanzas que actuó en los casos Yunda y Sobornos, es parte de la lista de trece vinculados.
Finalmente Juan Pablo J., colombiano proveedor de insumos médicos a hospitales públicos de Guayaquil.
La cooperación con la justicia ecuatoriana es nula por parte del exembajador chino Cai Runguo y de su gobierno. Él está procesado y jugó un doble papel para sacar adelante la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo, salpicada por un entramado de corrupción que aún está por desenredarse. Tuvo una estrecha cercanía con los expresidentes Rafael Correa y Lenin Moreno. Estudiosos de las prácticas sinuosas de China explican el concepto de la “corrupción geoestratégica”, relacionado con esa nación. En Quito, la Embajada prefiere el silencio. La Fiscalía ha solicitado diez cooperaciones penales a la potencia asiática. Ninguna ha tenido respuesta.
Redacción Código Vidrio
Del exembajador chino Cai Runguo casi no hay rastro. Desde 2016 desapareció de la escena nacional quien durante el correísmo fuera un constante visitante y comensal del Palacio de Carondelet. A partir de ese año se ha refugiado en su país, que no ha respondido niguno de los pedidos de cooperación penal para investigarlo.
Tras dejar sus tareas diplomáticas Runguo también ocupó altos cargos ejecutivos en la empresa china Sinohydro Corporation, responsable de la construcción de la cuestionada hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
El sagaz embajador chino llegó a ser amigo de los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, pero frío y lejano con la justicia ecuatoriana. Él ha preferido mantener más que una prudente distancia sobre los dos procesos penales en los que está involucrado. Por un lado en el ya célebre caso Sobornos -por el que fue sentenciado Correa- y, por otro lado, en la red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 alrededor de la construcción del Coca Codo Sinclair por parte de Sinohydro, y en el que está involucrado Moreno, su otro gran amigo.
En la Corte Nacional de Justicia recuerdan que el risueño y cálido Runguo prácticamente no colaboró con la justicia en el caso Sobornos, al punto que ni rindió versión. Todo lo dejó en manos de un abogado privado.Y fue sobreseído.
En el caso Sinohydro todo apunta a que su comportamiento distante y evasivo seguirá. Jamás cumplió la medida cautelar solicitada por Fiscalía en 2023, para que se presente periódicamente ante la Corte. La única certeza que se tiene sobre su paradero es que está en algún punto geográfico de la República Popular China.
Si bien sobre él no pesa una orden de prisión preventiva, el caso Sinohydro sigue su curso y aún está por definirse por la justicia el grado de participación que este hábil diplomático y astuto representante empresarial, quien ejerció ambos cargos cuando se habría configurado el esquema de sobornos por más de USD 76 millones para construir Coca Codo Sinclair.
El 2010 Cai Runguo fue condecorado con la orden Honorato Vásquez por el entonces presidente Rafael Correa. Foto de archivo
De hecho, fue representante del Régimen de Beijing entre febrero de 2007 y enero de 2011. Y reapareció en el escenario de inmediato, al convertirse en asesor de Sinohydro primero y en 2013 después, al ser nombrado como el representante legal de la constructora china. Ambas designaciones de Runguo no hubiesen sido posibles sin el visto bueno del gobierno comunista chino, que tiene la última palabra sobre qué hacen o no todas las compañías que operan en el gigante asiático.
Según información de Fiscalía, China poco o nada ha colaborado en las investigaciones que se adelantan sobre las coimas y sobornos que giran en torno a la hidroeléctrica, que hasta julio de 2022 presentó 17 499 fisuras, según el informe del entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el asesinado Fernando Villavivencio.
El gigante asiático tampoco parece tener mayor interés en colaborar en este proceso para aclarar la participación que tuvo en este caso de presunta corrupción Runguo, quien jugó un doble papel: embajador plenipotenciario y luego representante de una sus empresas más importantes.
Hasta 2023 ninguna de la decena de solicitudes de asistencia penal requerida por la Justicia ecuatoriana fue atendida. La Embajada de China en Quito tampoco está interesada en transparentar sus acciones en este caso. No respondió a nuestro requerimiento para mantener una entrevista con alguno de sus voceros y así abordar el papel que cumplen los embajadores de ese país en Ecuador.
Corrupción geoestratégica
Para Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, no debe sorprender a nadie que el Régimen chino no tenga deseo de colaborar en este tipo de casos, que se inscribe en lo que él denomina “corrupción geoestratégica”. “La estrategia de China es lograr contratos en áreas estratégicas, especialmente en países de América Latina. El cómo (hacerlo) involucra diferentes lógicas, sin restricciones legales. Su lógica va desde pagar sobornos hasta inclusive contratar personal vinculado al gobierno en las empresas chinas”.
La relación personal que Runguo labró con Lenín Moreno fue crucial para impulsar la construcción de Coca Codo Sinclair. Foto de archivo
Como ejemplo de estas prácticas en la región cita un pintoresco caso registrado en Bolivia. Allí se fundió en una sola historia un romance del pasado de Evo Morales y una trama de tráfico de influencias en la que estuvo inmersa una empresa china. La protagonista: Gabriela Zapata, novia de Evo hasta 2007 y quien fuera gerente comercial de la empresa China CAMC Engineering Co., que mantuvo millonario contratos con el Estado boliviano. Ella fue sentenciada.
¿Qué papel cumplen los embajadores chinos en esta estrategia? Gamarra sostiene que los diplomáticos chinos se convierten en facilitadores para alcanzar los objetivos geopolíticos trazados. “Son representantes del Gobierno de la China (para) conseguir contratos para empresas chinas. En la China la empresa privada está ligada siempre al Estado. No se puede distinguir una empresa privada del Gobierno”.
En el caso Sinohydro, los 11 elementos de convicción presentados por la Fiscalía ilustran la doble función que ejerció Rungao en Ecuador. Primero como embajador, cuando puso a tope todo su talento diplomático para conseguir que el proyecto Coca Codo Sinclair sea una realidad, cuando parecía destinado al archivo. Una de las pruebas periciales deja en evidencia que sus buenos oficios fueron determinantes para destrabar el financiamiento para la construcción del proyecto hidroeléctrico proveniente del Eximbank, también chino. A Correa le parecían impresentables las garantías exigidas y la forma en que debía dirimirse una eventual controversia.
Para impulsar nuevamente al proyecto, la relación personal que Runguo labró con Lenín Moreno fue crucial. Al punto que el propio Moreno habría conversado con Correa, explicándole que solo eran malos entendidos y que el Gobierno chino estaba dispuesto en acoplar al marco constitucional ecuatoriano los términos del crédito.
Los elementos de convicción también abarcan la faceta empresarial de Runguo al frente de Sinohydro Corporation, que está bajo la lupa de la Justicia ecuatoriana. En las delicadas funciones que entonces cumplía llegó a sus manos un cheque de una de las empresas con las que aparentemente funcionaba el sistema de sobornos y coimas de este caso. En total la investigación fiscal estima que recibió unos USD 40.000.
En 2016, el presidente de China, Xi Jinping, y Rafael Correa inauguraron la central Coca Codo Sinclair. Ocho años después la obra aún no es recibida oficialmente por el Estado por la serie de fallas y problemas en su estructura. Un juicios está en marcha. Foto de archivo
Otro dato que se conoció en la investigación del caso Sobornos fue la supuesta entrega de Runguo a Alianza país de 500 mil dólares -en enero de 2014- cuando era representante de Sinohydro: 400 mil en efectivo y 100 mil con el cruce de facturas.
A la luz de los hechos, la línea que separa el papel de embajador del de empresario luce casi imperceptible en el caso de Cai Runguo y guarda similitud donde la economía y el Estado se funden bajo los lineamientos del Partido Comunista. “En China no hay separación entre el Estado y las empresas. Por eso, cuando un embajador de ese país gestiona lo hace a nombre de un Estado que comanda a la sociedad y la economía”, explica un embajador ecuatoriano de carrera.
Del amigable Cai tampoco hay noticias desde China. No se conoce a qué se dedica o si está bajo alguna investigación disciplinaria, en el marco de la campaña anticorrupción que, desde 2012, lleva adelante el presidente chino Xi Jinping.
Apenas han transcurrido dos meses desde el inicio del año, pero los jueces ya han emitido siete resoluciones para que detenidos permanezcan en su domicilio, en lugar de ir a prisión, la mayoría son narcos. La pareja del albanés Dritan Gjika recibió este beneficio.
Alianza Código Vidrio – Revista Vistazo
El 6 de febrero, en una operación transnacional, en la que participaron 800 agentes, fueron detenidas 18 personas en Ecuador y 13 en España. En este operativo se desmanteló una red que importaba al menos cuatro toneladas de cocaína al mes desde Colombia. El líder, el albanés Dritan Gjika, está prófugo. Su pareja, Ashley R., fue detenida porque en su vivienda se encontraron dos armas.
Quince días después, su defensa pidió que se revisara la prisión preventiva. Un juez de garantías penales se la concedió y dispuso que cumpliera arresto domiciliario; advirtiendo que debía fijarse la periodicidad de su presentación ante las autoridades. Además, ordenó el uso de un dispositivo electrónico, esto es, de un grillete.
Pero el 22 de febrero, la autoridad penitenciaria SNAI certificó que “no se dispone de stock de dispositivos de vigilancia electrónica”. Por lo tanto, quedó pendiente el cumplimiento de esta disposición.
Esta redacción pidió un pronunciamiento oficial del SNAI frente al desabastecimiento de grilletes. Al cierre de esta edición, aún no recibía una respuesta oficial.
En la casa donde vivió el albanés se encontraron dos armas de fuego, una Glock y una Ruger Prescott, con alimentadoras, calibre 9 mm; dos alimentadoras SB 9mm, cada una con quince cartuchos, según los documentos del proceso judicial. La Fiscalía argumentó que la mujer había incurrido en el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Sin embargo, la defensa insistió que las armas pertenecen a su pareja y presentó los documentos según los cuales cuenta con los permisos emitidos por el Comando Conjunto de las FF.AA.
Narcos, los más beneficiados
Pero el caso no es aislado. En lo que va de 2024, siete decisiones judiciales beneficiaron a detenidos con el arresto en domicilio.
Estas decisiones beneficiaron a procesados por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en el 33 por ciento de los casos, según datos de la Policía.
En el nueve por ciento de beneficiarios, los acusados enfrentaban cargos por delincuencia organizada.
El cuatro por ciento de los beneficiarios es procesado por asesinato. Este es el caso de Marco Antonio M. (alias Marquitos), vinculado con el grupo terrorista Los Tiguerones que opera en Sauces y Esteros. Fue sentenciado a 22 años de prisión por asesinato. Recluido en el pabellón 12 del Centro de Privación de Libertad 1, tuvo tres intentos de fuga, según registros de la Policía. No solo eso. El 6 de febrero tomó cita en el hospital Monte Sinaí, con los nombres de otro detenido, para evadir a la justicia. Un juez de garantías penitenciarias que omitió todos los procedimientos y criterios técnicos que incluyen el antecedente de la tentativa de fuga, dispuso que cumpliera arresto domiciliario. El abogado defensor del acusado adujo “falta de atención médica permanente” y “para precautelar la vida”.
Además, a mediados de febrero, en una operación para capturar a los autores de un secuestro, cinco policías fueron detenidos. Para tres de ellos, las autoridades judiciales dispusieron arresto domiciliario.
En la zona 8 se cumplen 92 arrestos de este tipo. Para ello, 276 servidores policiales han sido destacados. En lugar de controlar la seguridad en las calles, vigilan que los detenidos no escapen de sus casas.
Este marzo se cumplen seis años del programa Conversando con Correa en Russia Today, el canal al servicio del Kremlin para desplegar su aparato propagandístico. El expresidente Rafael Correa, que ha hecho más de 60 episodios, es el único perfil de ese nivel que tiene su espacio de entrevistas para posicionar las críticas contra Estados Unidos y Europa y alabar el Socialismo del Siglo XXI. Ecuador sacó del aire el canal RT en noviembre de 2019, sin embargo, mantiene su influencia a través de internet.
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En 2014, el canal Actualidad RT o Russia Today publicaba un documental con el entonces presidente Rafael Correa, producido por la activista estadounidense-venezolana Eva Golinger, de quien se supo mantenía contratos con el mismo gobierno de Correa. Tal era el interés del gobierno y la cadena rusa de amplificar el mensaje, que RT reprisó el programa cada dos horas, mientras en el canal Ciudadano TV se retransmitió tres veces el viernes 23 de mayo y luego todo el fin de semana. Estaba en el auge de su popularidad Diez años más tarde, el exmandatario está fuera del país, con una condena a cuestas que le impide regresar.
Pero para los rusos sigue siendo popular y por eso tiene su programa exclusivo: “Conversando con Correa” que, aunque no conserva una periodicidad fija, se mantiene en el aire. El objetivo parece no ser un espacio informativo sino posicionar o defender un mensaje ideológico y de polarización, acorde a su personalidad y los intereses del Kremlin. Varios expertos y análisis han señalado a RT como una maquinaria de propaganda pro rusa, sobre todo en Latinoamérica, porque este canal de noticias y su difusión en redes está bloqueado en Europa, Estados Unidos y otros países. La desinformación que proviene de Rusia, que tuvo su cúspide con la guerra en Ucrania mostró hasta dónde podía llegar.
De hecho, Ecuador fue uno de los primeros países en sacar del aire a RT en 2019. El canal se transmitía por señal abierta desde 2015, cuando Fernando Alvarado, entonces secretario de Comunicación, firmó en Moscú un acuerdo para “afianzar las relaciones entre ambas naciones”. Había pasado casi un año del documental realizado a Correa y al parecer quedaron cautivados. “Hasta el momento teníamos solo el punto de vista ofrecido por la CNN, pero estamos interesados en opiniones diversas”, decía Alvarado a los periodistas de RT tras el acuerdo.
En 2019, el mismo Correa dijo: “Me siento un poco mal porque creo que es por mi culpa que sacan a Russia Today de la plataforma de canales.” Aunque con un argumento enredado en tecnicismos, la medida la tomó la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), después de las protestas indígenas de octubre que estuvieron a punto de derrocar al gobierno. Correa no solo era entrevistador de RT, sino también una fuente de opinión y análisis en ese canal que pedía la renuncia de Moreno, al igual que lo hizo después en el gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, la cadena rusa mantiene su influencia en Ecuador por redes sociales y su página web y ha tenido un papel importante en posicionar ciertas ideas como la que la dolarización es la responsable de narcotráfico en el país.
Correa no solo tiene su programa financiado por el Kremlin. Es constantemente entrevistado por periodistas de RT.
61 programas con Correa
Hace exactamente seis años se inauguraba “Conversando con Correa” en marzo de 2018, con una entrevista al intelectual Noam Chomski, para criticar la política exterior de Estados Unidos y su influencia en América Latina. Y esa es una de las líneas discursivas de sus entrevistas. Justamente, quienes estudian el impacto de la propaganda rusa coinciden en que su interés es opacar la influencia occidental en la región.
Hay tres razones que explican el atractivo de RT para el público hispanohablante: “el déficit de medios de comunicación no occidentales en América Latina, el sentimiento antiamericano en la región y el desconocimiento de las realidades de la Rusia actual”, según Vladimir Rouniski, profesor asociado de la Universidad Icesi de Columbia, citado en un informe del Reuters Institute. Y no es casualidad. Un estudio del DRFLab determinó que la palabra más usada en un conjunto de noticias de RT es EE.UU.
Y Correa se ha convertido en uno de los alfiles para este objetivo. Pero también saca su tajada: las entrevistas con exmandatarios y otros políticos alineados al Socialismo del Siglo XXI le sirven para posicionar su mensaje de “lawfare”, según el cual fue perseguido por la justicia ecuatoriana por razones políticas. Ha entrevistado en tres ocasiones a Evo Morales, en dos ocasiones a Nicolás Maduro, Cristina Fernández, Manuel Zelaya, por ejemplo, con quienes coincide en que los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI fueron las mejores épocas y que la eterna crisis de América Latina es culpa de la derecha y el capitalismo. Nunca ha invitado a alguien que lo contradiga frontalmente.
¿Pero por qué Correa? Parte de la explicación puede ser la afinidad que tuvo desde que fue entrevistado por Eva Golinger. Por otra parte, Douglas Farah, coautor del informe “Campañas de influencia Rusa en América Latina dice que: “Correa ha sido una figura importante, porque tiene la capacidad de comunicar, su proyección es potente. Es tal vez la voz más altisonante y coherente de los bolivarianos hoy en día. Mejor que Maduro, Evo ya está casi acabado, Evo no habla. Entonces Correa es una pieza muy importante y como su ataque siempre va hacia Estados Unidos, y el imperio, y el concepto de la democracia, la transparencia, la justicia y el estado de derecho occidental, eso le sirve mucho a Rusia.” Esa facilidad de palabra y convencimiento desarrolló Correa cuando empezó a hacer sus sabatinas para atacar a sus opositores y mantener al país en un estado de propaganda.
Correa ha entrevistado más de una vez a Nicolás Maduro, otro comensal del Kremlin.
Hasta ahora ha emitido 61 programas y entre los titulares que ha dado están: Noam Chomski: Los tiempos cuando EE.UU. podía derrocar gobiernos cuando quisieran ya pasaron; Mahamud Ahmadineyad (expresidente de Irán): «Si a EE.UU. le preocupa la paz mundial, que destruya primero sus propias bombas atómicas»; Nicolás Maduro: «Trump agrede a Venezuela con un odio especial, yo lo comparo con la era de Hitler»; Oliver Stone (documentalista): «EE.UU. se ha convertido en una fuerza del mal contra la gente que quiere cambiar las cosas»; Roger Waters (cantante): «Quienquiera que gobierne EE.UU., que son oligarcas y plutócratas, no tiene ningún interés en las libertades ni en la libertad», etc.
Además de entrevistador estrella, es analista invitado para hablar de las crisis económicas o seguridad del Ecuador, por ejemplo, donde cuestiona las políticas adoptadas por los tres gobiernos que se han posicionado luego de su salida. En RT nunca le han cuestionado por los escándalos de corrupción que saltaron en su administración y que cada vez la justicia va comprobando. Así RT y Correa ganan mutuamente.
Financiamiento y estrategia
Correa nunca ha comentado sobre su contrato con RT ni ha confirmado o desmentido el rumor de que cobra 16 mil dólares por cada programa. Se sabe que no tiene estudio fijo, sino que sus programas son grabados en distintas locaciones en distintos países, donde pueda reunirse con sus invitados, sobre todo en foros internacionales. Algo que no resultaría nada barato, si tiene que mover los equipos y personal de grabación.
Sin embargo, en 2019 se hizo pública la existencia del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE), una especie de fundación que creó el correísmo cuando su líder dejó el poder y se fue a vivir en Bélgica. Su objetivo es promover la imagen de Correa a nivel internacional en conferencias, foros y otros espacios. El exmandatario funge como presidente del directorio de esta organización, que fue disuelta en Ecuador en 2019, cuando se dio a conocer que recibía financiamiento de Venezuela y tendría conexión con los medios rusos.
Los entrevistados de Correa están alineados con su posición política, no hay disidencias, solo coincidencias. Y enemigos comunes.
Fue el secretario Anticorrupción del gobierno de Lenín Moreno, Iván Granda Molina, quien hizo pública la manera en la que se financiaba el IPPE. Según la denuncia, el gobierno de Nicolás Maduro, utilizó el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) para trasferir 926 mil millones de bolívares a una cuenta de esta fundación. Eso era unos 281 mil dólares. Rafael Correa recibió 96 mil dólares de ese dinero. El resto se transfirió a cuentas de exministros del correísmo como Ricardo Patino, Fausto Herrera, Diego Martínez, entre otros. Granda empezó a pedir más información, que reposaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como estados financieros de la fundación, ingresos y gastos, etc. Ante la negativa de la entrega de la información, se inició un proceso de liquidación. El IPPE operó formalmente en Ecuador desde agosto de 2017 hasta julio de 2019, cuando se ordenó su disolución.
El correísmo interpuso una acción de protección para no entregar información que consideraba reservada y protegida por el sigilo bancario, pero la justicia le negó la medida. Según lo que se difundió en ese entonces, al IPPE también habría llegado transferencias de los medios rusos. Pero, la justicia no dio paso a una investigación penal y el caso quedó ahí. Sin embargo, hasta el año anterior, María Soledad Barrera Altamirano, quien fue gerente general del Banco del Estado y una de las directivas del IPPE, insistió judicialmente para reactivar la fundación. Sin embargo, la justicia archivó el caso. Según los expedientes, Barrera argumenta que nunca se comprobó que la fundación haya incurrido en delitos, pero tampoco desmintió que hayan recibido transferencias de Venezuela y los medios rusos. Dijo que se tergiversó la información.
De todos modos, el IPEE está activo y promociona los eventos en los que participa Rafael Correa, aunque en Ecuador ya no puede tener cuentas bancarias, tras su disolución. Ni su página web ni sus integrantes han transparentado si tienen personería jurídica en otro país. A través de redes sociales del IPPE reproducen las entrevistas de Rafael Correa en RT. Es parte de la estrategia de promoción de su líder.
El tridente, integrado por el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes, y los jueces Fabiola Gallardo y Johan Marfetán funcionaba a la perfección para manipular fallos y todo tipo de recursos a favor de narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco y de sus propios intereses en Guayas. Uno de sus instrumentos principales fue el Sistema de Consulta de Procesos Judiciales (Satje).
Redacción Código Vidrio
Desde el 2019, cientos de procesos fueron direccionados a jueces a la carta, parte de una red criminal, que ha causado millonarias pérdidas a instituciones públicas, personas y empresas privadas, a través del hackeo del Sistema de Consulta de Procesos Judiciales (Satje).
Esta red de manipulación de los sorteos ha seguido operando, intocable, en medio del silencio y negligencia de las autoridades, pese a que su esquema fue descubierto y denunciado hace más de cuatro años, ante las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura, por abogados e informáticos que hicieron una auditoría interna al sistema, precisamente, en Guayaquil.
Una de las principales artífices del direccionamiento de causas desde el Satje en Guayas fue Mayra Salazar, exasesora y relacionadora pública de la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, y amante del narco Leandro Norero. Salazar también movía los hilos de la justicia para aplicar sumarios y sanciones (para los jueces que no se torcían), cambios administrativos y todo tipo de beneficios conectados con intereses del narcotráfico y sus operadores políticos en la Asamblea. Cualquier trámite tenía una tarifa.
El empleo delictivo del Satje por esta red salió a la luz el lunes pasado durante la audiencia de formulación de cargos por supuesta delincuencia organizada en contra de Muentes, Gallardo, Marfetán y nueve implicados más, dentro del caso Amistad. La acusación fue impulsada por la fiscal Diana Salazar y su equipo desde el lunes 4 de marzo pasado en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Mayra Salazar era la relacionada pública de la Corte Superior de Guayas. Recibía un salario de 2.500 dólares que era cubierto por Pablo Muentes.
El hilo conductor de esta trama quedó al descubierto en cientos de mensajes de texto encontrados en el celular de Salazar durante la investigación del caso Metástasis, que es la matriz del juicio Purga, en el que ella está detenida.
La captura de los implicados y los allanamientos en varios sectores de Guayas se concretó la madrugada del lunes durante un mega operativo, en coordinación con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Ella dispuso que el mando policial movilice en pocas horas -para evitar la fuga de información- unos 900 policías, así como toda la logística para las acciones de la Fiscalía.
La Fiscalía acusó formalmente a 12 implicados. El juez Javier de la Cadena ordenó que vayan a prisión, además de los integrantes del tridente, seis procesados más, incluidos los jueces y exjueces de la Corte Superior de Guayas Henry Taylor Terán, Nelson Mecías Ponce y Alberto Lino Tumbaco; además Ruth Solano Padilla, procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros de Pichincha.
También dictó medidas alternativas para dos procesados y arresto domiciliario para el juez Reinaldo Cevallos, por ser de la tercera edad.
Salazar aprendió a manipular el Satje
En sus chats de WhatsApp se evidencia que, como parte clave de la red, Mayra Salazar aprendió a manejar el Satje para asegurarse de que procesos de gran relevancia pasaran directamente, sin ningún sorteo, a jueces alineados con sus intereses quienes al parecer también recibían pagos por sus sentencias. El objetivo era favorecer, entre otros, a delincuentes, narcos y políticos corruptos, según resaltó la fiscal Salazar.
En los mensajes, Mayra Salazar se refiere a una serie de arreglos en los sorteos de las causas judiciales, por medio del exvocal de la Judicatura, Xavier Muñoz, quien está preso, procesado en el caso Independencia Judicial.
La utilización delictiva del Satje se ha vendido denunciando sistemáticamente desde 2019, sin que ninguna autoridad pueda frenar las manipulaciones, que involucran abogados, funcionarios y jueces.
La audiencia de formulación de cargos del caso Purga empezó el lunes a la madrugada, impulsada por la fiscal Diana Salazar y su equipo de asesoras.
Hace cuatro años, la Dirección de Gestión Procesal envió un informe a las autoridades del CNJ, alertando las vulnerabilidades del SATJE. Los informes sobre estos ilícitos empezaron a tomar cuerpo en 2020, cuando la Dirección de Transparencia y otros departamentos detectaron 120 casos que siguieron un mismo patrón: la mayoría fue ingresada como delitos flagrantes a jueces determinados, aunque se trataba de acciones constitucionales, en su mayoría acciones de protección y hábeas corpus. Los casos se ingresaron, en general, en horas y días no laborables.
“Funcionarios de Tecnología empezaron a enviar denuncias sobre los sorteos amañados en Guayaquil. Instalaron alertas en el sistema para detectar intromisiones el momento de los sorteos”, relató un técnico de la Judicatura, que pidió la reserva y fue parte de la investigación.
Así, los técnicos rastrearon los casos encausados ilícitamente desde un computador virtual, fuera de las unidades judiciales. Se identificaron 119 procesos donde se aplicó el mismo esquema. En más del 90% de los trámites se benefició ilícitamente a entidades privadas y personas naturales, en perjuicio de instituciones públicas, que perdieron las acciones interpuestas y con ello decenas de millones de dólares.
El 2020, el CNJ presentó una demanda penal en la Fiscalía, que básicamente ha ido corroborando los ilícitos e identificando muchas más vulneraciones, así como la forma en que operaba la red y todas las complejidades informáticas del sistema paralelo. Pero el caso se mantiene en indagación previa.
La jueza Fabiola Gallardo estuvo en la audiencia en la Corte Nacional de Justicia usando mascarilla.
En los peritajes realizados se determinó que 9 de 25 jueces recibieron la mayoría de procesos direccionados. Un solo juez obtuvo 46 casos constitucionales, civiles, tributarios, penales y laborales. Otros dos ministros obtuvieron 33 y 28. En promedio otros jueces recibieron 9 causas.
Gallardo, Marfetán, Tumbaco y Terán en la mira
En la matriz que fue analizada y sirvió como elemento de prueba en la demanda del CNJ hace cuatro años aparecen como destinatarios de los procesos direccionados los nombres de los jueces María Fabiola Gallardo, Johan Marfetán, Alberto Lino Tumbaco Ramos y Henry Taylor Terán, hoy procesados en el caso Purga. “Si las autoridades de control hubieran cumplido su trabajo -dice un funcionario que estuvo en las auditorías informáticas- la red no habría seguido operando desde el 2020 y los responsables, incluidos los jueces, ya estarían sentenciados”.
En mayo del año pasado, Código Vidrio publicó el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal contra cuatro exdirectores del Consejo de la Judicatura del Guayas, que facilitaron la manipulación del sorteo.
En tres meses del 2020 se identificaron 422 sorteos de causas manipuladas y direccionadas a jueces que eran parte de una lista de “elegidos” que dictaban fallos favorables. En su mayoría correspondía a acciones de protección y habeas data, con un claro perjuicio al Estado.
Entre abril de 2017 y diciembre de 2021, 396.089 causas ingresadas como flagrantes fueron asignadas manualmente a los jueces. A pesar de que el sistema cuenta con la opción para definir los horarios en los que los jueces atienden las flagrancias, 169.301 causas se derivaron a jueces que no estuvieron de turno.
La Contraloría también determinó que la funcionalidad Flagrancias del SATJE permite el ingreso de causas en otras materias, por lo que a nivel nacional 179 causas, correspondientes a los ámbitos Civil, De la familia, mujer, niñez y adolescencia, Trabajo, Garantías penitenciarias e Inquilinato fueron ingresadas al SATJE como flagrantes, aunque esta opción solo es aplicable para posibles delitos, cometidos bajo las circunstancias contempladas en el Código Penal.
De las investigaciones realizadas se pudo determinar un hackeo constante al sistema informático que sin embargo no ha sido blindado y protegido tecnológicamente para garantizar la transparencia en el acceso a la justicia.
Gallardo presidió la Corte provincial de Justicia de Guayas durante dos años. Su nombre fue incluido en una terna para reemplazar a la fiscal Diana Salazar.
Uno de los investigadores de las vulneraciones estima que la investigación penal de esta manipulación en el sistema de sorteos debería ser reactivada y vinculada al caso Purga. “Eso en vista de que de los cientos de casos que fueron ilegalmente sorteados, se desprenderían millonarias pérdidas en contra de instituciones públicas y GADS”.
Dentro de estos casos, denunciados por la Judicatura, la Superintendencia de Compañías declaró la liquidación forzosa de la empresa de seguros Interoceánica, que interpuso una acción de protección que fue direccionada a los jueces de la Corte Provincial de Guayas: Marianela Pinargote, Mauricio Suárez y Lenín Zeballos, quienes le dieron la razón a la aseguradora que ha seguido operando.
Otro caso es el de Radio “Morena”, vinculada directamente con el ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida Morán. El 18 de septiembre de 2019 los dueños de la frecuencia interpusieron una acción de protección en contra de ARCOTEL, que resolvió prohibir la renovación del contrato de concesión otorgada a esa radio y sus repetidoras, en Portoviejo y Santa Elena.
Los avances de la indagación previa no se han conocido públicamente, pese a la abundancia de elementos probatorios de posibles delitos que habrían cometido jueces, funcionarios judiciales, abogados patrocinadores y personas naturales y jurídicas beneficiarias de los sorteos manipulados.
