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INVESTIGACIÓN / Un jefe policial de la Unidad Antilavado de España estuvo involucrado en la red desmantelada la semana pasada en la operación Gran Fénix-Cantabria, en Ecuador. También fueron protagónicos un italo ecuatoriano afincado en Emiratos Árabes y un capo albanés, que lideraría la estructura. Las operaciones de blanqueo de esta organización salpicaron a un aristócrata emparentado con la monarquía española. Uno de los hilos de las actividades de lavado conduce hasta el corazón de Wall Street, hacia una empresa irlandesa de criptoactivos.

Alianza Código Vidrio – Vistazo
Por Arturo Torres y María Belén Arroyo

 Es un tridente que operó en la clandestinidad. Tras el anuncio de la captura de una veintena de personas en Ecuador, en la operación Gran Fénix-Cantabria, esta alianza periodística rastreó los tentáculos de la organización en España y Emiratos Árabes, a través de fuentes en esos países y de agentes antidrogas en Ecuador. Además, confirmó que Jackson Zambrano, presunto financista de ‘Pipo’, líder de Los Lobos, detenido en el operativo, es dueño de dos empresas mineras de Ecuador con millonarias ganancias.

Esta reportería identificó la pirámide nuclear de la estructura narcodelictiva. La trilogía de figuras que comandaba las operaciones se encuentra en lugares distantes del planeta, pero estaba conectada. Se trata de un italo ecuatoriano afincado en Emiratos Árabes, un exjefe de la policía en España y un capo albanés, cuyo rol en la estructura también es fundamental. Solo el español está preso.

El papel de estos personajes sería jerárquicamente superior al de Jackson Salazar, de 38 años, detenido en Samborondón el ocho de octubre pasado. Dos policías activos ecuatorianos del CRAC, con el grado de cabosegundo, también están procesados.

La fotografía revela que las estructuras criminales lograron penetrar al más alto nivel de los estamentos institucionales, públicos y privados, en varios países. Ecuador es un punto más en el mapa delictivo transnacional en varios continentes.

No solo hay policías activos involucrados, también figuras del mundo empresarial. Uno de los hilos de las actividades de blanqueo de capitales conduce hasta el corazón de Wall Street, hacia una empresa irlandesa de criptoactivos.

Otro, hacia una entidad constituida en California, por dos socios inversionistas. Uno de ellos resulta ser primo lejano del Rey Felipe de España, según el medio estadounidense Bloomberg.

Mientras tanto, el proceso continúa en Ecuador contra los 20 miembros del grupo de narcotráfico, acusados de delincuencia organizada. 16 están detenidos y cuatro recibieron medidas alternativas, el jueves pasado.

El cartel de Sinaloa fue la escuela de ‘Thanos’

 En registros de la policía ecuatoriana, el ciudadano italo-ecuatoriano Massimo. S. ya era identificado como un operador del cartel mexicano de Sinaloa desde 2013. Todo indica que para 2023 se instaló en Emiratos Árabes. Desde allí habría cumplido tareas de coordinación y articulación empresarial. La investigación a cargo de la fiscal Maricela García contó con una asistencia penal de Francia, para desencriptar mensajes de la aplicación SKYECC. Uno de los 757 archivos muestra que el código alfanumérico JJW3F3 era usado por este ciudadano, quien había adoptado el alias de ‘Thanos’ para esconder su verdadera identidad.

En el curso de la investigación fiscal, se detectó que el envío de un cargamento de dos toneladas de cocaína, en agosto de 2021, en Guayaquil requirió una planificación previa. Las evidencias apuntan a que ‘Thanos’ instruyó a una empresa exportadora, vía correo electrónico, para que afirmara que es cliente de una firma maderera, gerenciada por Antonio O. C. La policía verificó que el propietario de la compañía extractora de madera tenía antecedentes por tráfico de sustancias.

“Somos clientes del señor Antonio O.C. y queremos comprar nuevamente madera”, escribió Thanos para direccionar la negociación de cocaína, entre empresas con fachada de legalidad, según el expediente.

El proceso revela que participó directamente en algunos de los envíos de cocaína. Uno de ellos, escondido en un contenedor con pescado. Él habría participado en la contaminación de la carga en el cual se halló más de una tonelada, en enero de 2021, en Barcelona, España.

Desde su cuenta en la plataforma encriptada SKYECC envió la imagen de un contenedor, con policías incautando la sustancia ilícita. “Me duele mucho dar malas noticias… pero nos estrellamos saliendo del puerto”, según se recoge en el expediente.

“Lo dirigieron a la salida todo el rato los dos guardias que nos colaboran y una vez en la salida 2 dicen que se vayan a la salida 3, pero ya estaba entre dos barreras”. Según el texto de la conversación encriptada, esta conversación fue entre ‘Thanos’ y el presunto financista de Los Lobos, Jackson Zambrano, en relación a la caída de un envío.

Pero además, en otro envío de dos toneladas hacia Bélgica, los investigadores detectaron “varios paquetes tipo ladrillo con un logo o marquilla con las siglas PVT, que fue encontrada al interior de un contenedor que exportaba madera con destino a Bélgica. Esto guarda relación con las comunicaciones encriptadas, en las que existe un mensaje: PVT: ‘Pit Van Dam Thanos = PVT”.

Jefe de la policía española se ganó 34 millones de dólares  

Un jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de Madrid (UDEF) de la Policía española facilitó la llegada de los contenedores, según la justicia de ese país. Óscar Sánchez Gil habría viabilizado la entrada en España de una cuarentena de contenedores contaminados. En total, más de 70 toneladas de cocaína, valoradas en unos 2.500 millones de euros. La negociación le permitió recibir un 40 por ciento de las ganancias, lo que representa unos 30 millones de euros (34 millones de dólares) .

El jefe de Policía madrileña, a quien sus compañeros apodaban ‘Anodino’ por su personalidad aburrida y distante, era a su vez conocido como ‘Aduana’ por los miembros de la estructura criminal. Con este sobrenombre daban por hecho que él era quien viabilizaba el ingreso de los contenedores por vía marítima, y garantizaba que llegaran a su destino, sin que fueran detectados por los uniformados y las autoridades.

Fue un cargamento enviado desde Guayaquil, con 13 toneladas de cocaína, a inicios de octubre de 2024, el que permitió que los investigadores españoles confirmaran que este policía era un aliado crucial del narco. Él ingresaba a las bases de datos del Ministerio del Interior para verificar quién se encontraba bajo investigación y filtraba información privilegiada y secreta al grupo narcodelictivo que traficó droga a España, Bélgica, Portugal y Países Bajos.

Cuando su casa en las afueras de Madrid fue allanada, en el otoño de 2024, sus compañeros de  uniforme encontraron seguridades extremas. La razón era simple. Dentro de la vivienda tenía escondidos casi 20 millones de euros (22,4 millones de dólares). Según refieren reportes de ese país, los billetes fueron empacados al vacío y se escondían en el interior de las paredes.

Su esposa, también policía, era muy valorada en las filas. Su hermana había constituido una firma con el objeto de blanquear los capitales.

Detenido durante dos años por este delito, Sánchez Gil volvió a comparecer a fines de septiembre pasado ante la justicia de su país. Por las implicaciones del operativo realizado en Ecuador la semana pasada, se desprenderían nuevos elementos para que la justicia de su país continúe el proceso investigativo en su contra y así mantenerlo bajo custodia.

Por lo pronto Asuntos Internos de la policía en ese país determina cómo un oficial con un promedio de desempeño medio – bajo pasó por debajo del radar y logró ser un aliado eficiente del narcotráfico.

Las pistas del exjefe policial conducen a un narco fanático del fútbol

Las investigaciones en España conectan las actividades del expolicía Óscar Sánchez Gil con el narco Ignacio Torán.

Amante de los relojes de lujo y fanático de Real Madrid, Torán contempló usar su fortuna para contratar a futbolistas argentinos, según un reporte especializado de la agencia Bloomberg.

Torán, socio del ex policía Sánchez, fue incluido en el proceso judicial español. Eso, tras el hallazgo del cargamento de 13 toneladas de droga en un contenedor con banano procedente de Guayaquil. El destino final era el puerto mediterráneo de Algeciras. De este modo, las autoridades españolas detectaron que Torán era el receptor final de esta mercadería. Se trató de la mayor incautación de cocaína, hasta la fecha, en ese lugar.

Lo que no sabía la estructura criminal es que los investigadores ya estaban tras la pista de los integrantes y que este cargamento –del cual no dieron aviso en un primer momento- fue el decisivo para detectar a la organización.

De acuerdo con las investigaciones para detectar la ruta del blanqueo de capitales, Torán habría creado una red de sociedades holding en España, a cargo de testaferros. Gran parte de las inversiones de Torán se destinó a Dubai, donde adquirió mansiones.

Un capo albanés completa el tridente

Fuentes antidrogas consultadas en Ecuador y España coinciden, sin embargo, que junto con Torán actuaba otra figura de gran poder en la estructura.

Se trata de un capo albanés de un perfil discreto, que ha concretado varios envíos de cocaína desde Ecuador a países en varios continentes. Los clanes albaneses controlan la mayoría de rutas que empiezan en Colombia, atraviesan Ecuador y llegan hasta Europa, África, Asia y Australia. Son parte de las mafias de los Balcanes que se afincaron en Ecuador a partir de 2010. Los Balcanes incluyen media decena de naciones de reciente creación, luego de la disolución de Yugoslavia en la década de los 90s.

Por esa razón, cuando las autoridades ecuatorianas hablaron de la estructura desarticulada en Ecuador, mencionaron posibles vínculos con la mafia de los Balcanes, la mocromafia (de Marruecos) o con la estructura “Nueva Junta del Narcotráfico”. Esta alianza criminal traficó 42 toneladas de cocaína hacia Europa, entre 2020 y 2024. La droga está valorada en 1.755 millones de dólares.

“Hablamos de convergencias criminales transnacionales, que se cohesionan para hacerse más fuertes, como una sola estructura, en función de lograr impunidad y atravesar las barreras de los Estados”, explicó un agente investigador europeo. “Es una alianza de organizaciones criminales dedicadas indistintamente al narcotráfico, trata de personas, blanqueo, contrabando, terrorismo, tráfico de armas. Su objetivo es compartir rutas, mercados y actores de corrupción para gastar menos y ser más eficientes, integrándose en varias actividades”, destacó.

 La monarquía en España también fue salpicada

Las investigaciones posteriores levantaron polvareda en los más altos círculos políticos en España. Eso trascendió cuando salió a la luz que Francisco de Borbón, hijo menor del duque de Sevilla y primo lejano del rey Juan Carlos, estuvo relacionado societariamente con dos entidades financieras vinculadas a su vez con el narco Ignacio Torán. Una empresa irlandesa sería el nexo por el cual a inicios de febrero de este 2026 Francisco de Borbón fue detenido.

Sin embargo, su defensa alegó que la firma no tiene como objeto social la incursión en criptomonedas sino en software.

La Audiencia Nacional lleva esta investigación desde 2024, tras la incautación del gran cargamento de cocaína (13 toneladas) procedentes de Guayaquil en un embarque de plátanos.

Según medios españoles, horas después de la detención el hijo menor del duque presentó una fianza por 50 mil euros para recuperar su libertad, entregó su pasaporte para permanecer en el país y aseguró que colaborará con la investigación para demostrar su inocencia. Según su defensa, la investigación en su contra tiene un carácter exclusivamente preliminar.

Por cierto, otro inversionista también se encuentra bajo investigación. Se trata de Kethan S.

 Zambrano, dueño de dos mineras con millonarios ingresos 

Jackson Zambrano, supuesto nexo de la organización transnacional con Los Lobos, es dueño y accionista de ocho empresas en Ecuador.

Se trata de Agriplant, Banaplantainecu, Servicios Industriales Civiles y Eléctricos MABEDAN, Transporte de Planta Pesada Klin Logistic, Corporación de Servicios Industriales y Agrícolas 4MM. Además aparece como propietario de las compañías mineras Puregold y Minervalentina.

Puregold fue constituida en septiembre de 2021 en Guayaquil para la extracción de oro, plata y platino. En los resgistros de la Superintendencia de Compañías registra activos totales por 313 mil dólares, con un crecimiento reciente del 10%. Su patrimonio suma $180 mil, y reporta cuatro empleados en su nómina.

La firma Minervalentina fue creada en 2019. Tiene su sede en la ciudad minera de Portovelo, en El Oro. Su actividad comercial principal es la venta al por mayor de metales y minerales, complementada por la minería de oro, plata y otros metales.

A nivel de comercio exterior, la empresa destaca por su rol como exportadora activa de minerales y metales preciosos. Sus envíos, según regitros públicos, se dirigen principalmente hacia Taiwán, Estados Unidos e India. La mayor parte de su logística es por vía marítima, principalmente a través de los puertos de Guayaquil. Registra un historial acumulado que supera los 7,8 millones de dólares en valor FOB. Entre sus principales contrapartes y socios comerciales se encuentra la firma norteamericana H&H Metals Corp.

Se define como una microempresa dedicada a la intermediación comercial y minera, manteniendo una nómina administrativa pequeña y fija para coordinar los despachos logísticos.

Envíos constantes, uso sucesivos de empresas y rutas

Por lo menos 14 envíos de droga desde Ecuador hacia Europa, entre 2020 y 2024, estuvieron a cargo de esta estructura criminal. La captura anunciada por las autoridades en Ecuador, el ocho de octubre, muestra solo parte del engranaje de esta organización.

Esta reportería binacional desentraña los alcances del grupo, que manejó toda la cadena logística del tráfico en el puerto de envío y en el destino final.

Durante la investigación, la Fiscalía identificó la reiteración de envíos en años distintos; el uso sucesivo de varias personas jurídicas (empresas) y de rutas europeas. Además la intervención atribuida a distintos procesados en coordinación societaria, contactos de exportación, transporte, inspección portuaria y comunicaciones codificadas, así como la vinculación documentada entre varias de esas compañías y los mismos destinatarios, contactos o proveedores. La hipótesis fiscal no atribuye a todos los procesados idénticas funciones, pero los datos individualizados sitúan a cada uno, de manera diferenciada, en uno o más eslabones del circuito investigado.

La reiteración de cargamentos y el empleo de estructuras empresariales y logísticas, con contactos en el exterior, revelan, para quienes aparecen vinculados a los eslabones, una gran capacidad operativa para cambiar contactos, canales y medios de traslado. Con todos estos elementos la jueza de la causa ordenó la prisión de 16 implicados, y dictó medidas sustitutivas -sin prisión- para cuatro, entre ellos dos mujeres en estado de lactancia y un adulto mayor de 69 años.

Esta estructura formó un entramado empresarial mediante el cual controlaban toda la cadena logística del tráfico de cocaína, utilizando estas identidades corporativas como fachada con el fin deliberado de evadir perfiles de riesgo portuarios y camuflar los cargamentos ilícitos que terminaron en reiteradas incautaciones en el continente Europeo. Para contaminar las cargas usaron la modalidad denominada RIP-OFF o “gancho ciego”, que consiste en la introducción de sustancia ilícita en sacos de yute o maletas en un contenedor que transporta mercancía lícita, sin el conocimiento ni consentimiento del dueño de la carga o del exportador de la empresa.

En el caso de los dos agentes policiales antidrogas involucrados, integrantes de la Unidad Nacional Canina (CRAC), los investigadores documentaron que el contenedor incautado en el puerto de Algeciras con 13 toneladas de cocaína,  había sido inspeccionado por ellos en el puerto TPG, de donde salió la exportación de banano. En su descargo los policías dijeron que sí detectaron la contaminación y la reportaron a las autoridades. Sin embargo, la carga no fue retenida y fue embarcada y transportada a España.

Fuentes de la Europol confirmaron que no es la primera vez que los envíos de cocaína desde Ecuador no son reportados ni detectados por agentes antidrogas en Ecuador. “Es por eso que importantes investigaciones empiezan con las capturas en países europeos, cuyas autoridades coordinan con sus pares en Ecuador”, indicó un oficial.

La participación de policías antidrogas en estas redes transnacionales es recurrente. En la mayoría de los nueve puertos de Guayaquil operan policías reclutados por organizaciones criminales.

Es las terminales han sido identificados como colaboradores de esas estructuras unos 40 uniformados, integrantes del CRAC y la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA). En el primer trimestre de este año esas unidades fueron sometidas a controles internos y reestructuraciones con cambios de su personal. El diagrama que identifica a estos cooperantes y su papel específico para la contaminación de contenedores en puertos de Guayaquil está incluido en el proceso judicial del caso Gibraltar, y fue denunciado por esta alianza, en agosto pasado https://www.codigovidrio.com/code/una-red-narco-tejio-contactos-con-decenas-de-policias-las-relaciones-secretas-se-descubren/.

Los policías hoy están bajo la lupa. Según agentes antidrogas, esta red operaría indistintamente para cualquier organización que requiera sus servicios en los puertos. En 2024 una denuncia, revisada por Código Vidrio, llegó al Ministerio del Interior. En ese documento de cuatro páginas se describen las relaciones que mantienen varios oficiales de la Policía con miembros de grupos delictivos.

¿Cómo participaron 16 de los procesados en la red?  

1.Jenny S. S. La Fiscalía le atribuye funciones de coordinación directiva. Consta como accionista de Quality- Ecuatoriana S.A.; el número telefónico asociado a ella aparece en la documentación de movilización de un contenedor contaminado. También se la vincula societariamente con Frutti-Green, Frutafresh y Frutari-EC, exportadoras relacionadas en la imputación con varios cargamentos. Quality es una compañía constituida en Guayaquil en mayo de 2023, dedicada principalmente a la venta y exportación de banano.
2.Adriana A. S. Se encargaba de la coordinación logística. Es presidenta de Exfrucan, desde enero de 2021 y como accionista de Frutti- Green desde enero de 2023. Se la vincula además con Societa di Frutta. Exfrucan aparece en varios envíos e incautaciones de 2022 y 2023, y Societa en un contenedor contaminado.
3. Jackson Felipe Zambrano Morejón. Está vinculado con la compañía transportista All Transjj, proveedora de Quality. También está relacionado con comunicaciones extraídas de la plataform de la plataforma de mensajería encriptada SKYECC. Ahí aparece un número telefónico atribuido a su nombre en el contexto de la coordinación de una entrega. Según los investigadores ese intercambio está relacionado con la operación para exportar un contenedor contaminado, incautado en España. También se lo menciona en la estructura societaria de Agriplant.
4. Kevin O. Ch (policía antidrogas). El informe operativo señala que intervino, junto con Daniel R., en la inspección de la unidad antidrogas CRAC del preembarque de un contenedor contaminado y que se retiraron dos pallets (plataformas que facilitan el transporte de carga) del producto transportado. La imputación conecta esa inspección con el cargamento posteriormente incautado en Algeciras.
5. Daniel R.C (policía antidrogas). El informe operativo lo identifica, junto con Kevin O., como interviniente en la inspección de preembarque de un contenedor contaminado y refiere el retiro de dos pallets. Además la trazabilidad de un contenedor contaminado y la incautación posterior.
6. María M.M. Aparece como contacto financiero de Societa di Frutta en la proforma de un contenedor contaminado. El correo de ese contacto coincide con el consignado en documentación de la negociación de un container contaminado, y el número se atribuye también a ella. Se la vincula así con dos exportadoras relacionadas con cargamentos incautados.
7. Dody G. M. Se lo relaciona con varios envíos de EXFRUCAN y con Societa di Frutta. Consta como accionista y, posteriormente, gerente de Societa; la investigación relaciona a EXFRUCAN con contenedores exportados a Bélgica y Países Bajos, y a Societa con un contenedor contaminado.
8. Tatiana G. R. Consta como presidenta de Quality-Ecuatoriana desde marzo de 2024. La empresa exportó un contenedor contaminado, incautado en Algeciras con cocaína, y la información de trazabilidad y exportación.
9. Máximo M. G. Es gerente general de Quality- Ecuatoriana desde marzo de 2024. Es la empresa exportadora del contenedor contaminado incautado en Algeciras con conexión societaria y de exportación. 10. Damián C. R. Se lo identifica como gerente, representante legal o accionista de Frutti-Green, Frutafresh y Societa di Frutta. Esas compañías aparecen asociadas con contenedores contaminados.
11. Ronny M. G. El correo ronny..@hotmail.com aparece como contacto exportador en documentación relativa a contenedores contaminador; el parte integrado atribuye ese correo al procesado. El primero se vinculó con Quality y el segundo fue exportado por Societa y decomisado en Bélgica.
12. Carlos R.T. La trazabilidad consignada identifica el vehículo que ingresó con un contenedor contaminado a la terminal portuaria y señala que era conducido por Carlos R. La exportación terminó con la incautación del contenedor en Algeciras.
13. Luis O. C. En conversaciones atribuidas a SKYECC, “Thanos” instruye a interlocutores para contactar una empresa de madera y presentarse como clientes de Antonio O. Los informes relacionan esos mensajes con Echanex y con un contenedor contaminado que transportaba madera y en el que se incautó cocaína. También consta información societaria de una empresa maderera vinculada al procesado
14. Viviana E. B. Consta como presidenta y representante legal de Echanex y como accionista o presidenta de Exports Solutions VKEC. Los correos de esas empresas aparecen en mensajes atribuidos a SKYECC que instruyen cómo canalizar la relación comercial de madera. La Fiscalía conecta esos mensajes con un contenedor contaminado.
15. Marian Z. M. Consta como accionista y gerente de Societa di Frutta. Su número telefónico aparece en una proforma relativa a un contenedor contaminado, incautado en Bélgica; además, se la relaciona societariamente con ALLTRANSJJ, proveedora de Quality.
16. Edilma V. M. Consta como gerente y representante legal de EXFRUCAN, empresa vinculada en la investigación con varios contenedores incautados en Bélgica y Países Bajos. También figura como accionista y representante legal de Societa di Frutta, asociada con un contenedor contaminado.

INVESTIGACIÓN / En julio pasado el Consejo de la Judicatura (CJ) dio luz verde para que el estudio jurídico español Cremades & Calvo-Sotelo elaborara un informe de evaluación del desempeño de la Unidad de Jueces Anticorrupción, que fue suprimida dos meses después. El CJ informó que ese análisis no fue tomado en cuenta para esa decisión. En 2024, abogados del mismo bufete elaboraron un análisis que avaló la constitucionalidad del decreto emitido por la Presidencia de la República para declarar el estado de excepción, en el contexto del conflicto armado interno. En ambos casos, el bufete ofreció sus servicios de oficio, al parecer sin que ninguna autoridad se lo pidiera y aparentemente sin cobrar por sus servicios, incluidos los viajes desde España y su estadía en Ecuador. 

Investigación Código Vidrio con apoyo de Resilience Collaborative

Abogados del bufete español Cremades & Calvo-Sotelo se volvieron aliados oficiosos y oportunos de la Presidencia de la República y del Consejo de la Judicatura (CJ), en momentos claves, entre 2024 y 2026.

En su más reciente intervención en Ecuador este estudio privado entró en escena para proponerle a la Judicatura la elaboración de un informe de evaluación del desempeño de la Unidad de Jueces de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado. La propuesta de esa firma -un documento de 10 páginas en poder de este medio- fue entregada formalmente el 25 de junio pasado en Madrid, mientras la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, se encontraba en una visita oficial a España e Italia. Un mes después el pleno de la Judicatura aprobó que esa firma legal elaborara el informe, que debía estar listo en cuatro semanas, según el cronograma establecido.

La Unidad fue modificada semanas después, el 7 de septiembre por el CJ, bajo el argumento de corregir un desequilibrio operativo y optimizar los recursos en la función judicial. Eso en vista de que los jueces especializados -según la resolución- tenían muy baja carga procesal y sus competencias podían ser extendidas a otros juzgadores penales, que de hecho ya estaban conociendo este tipo de delitos en otras provincias, según indicó Caicedo a Código Vidrio. Ante  una serie de reacciones adversas, la titular de la Judicatura aclaró que no fue eliminada ni disuelta, sino «suprimida mediante un proceso de fusión y reestructuración». Las causas que antes manejaba de forma exclusiva esta unidad especial fueron asumidas por 50 funcionarios de otras judicaturas penales y la Corte Provincial de Pichincha, mientras los jueces especializados fueron cambiados a otras dependencias, para juzgar todo tipo de ilícitos.

La supresión esa entidad jurisdiccional, que operó cerca de cuatro años, desató una avalancha de críticas. Juristas, gremios, académicos y sectores políticos, así como organismos internacionales, señalaron que la Judicatura se extralimitó en sus funciones y que la decisión es una injerencia a la independencia judicial. Este tipo de decisiones que afectan la autonomía de la función judicial empezaron a escalar desde el año pasado. El gobierno de Daniel Noboa acusó en 2025 a los nueve magistrados de la Corte Constitucional de favorecer al crimen organizado, en el contexto del trámite de decenas de demandas de inconstitucionalidad de organizaciones de sociedad civil contra tres leyes aprobadas por el Ejecutivo. Los ataques del Gobierno contra la Corte son «una grave amenaza a la independencia judicial y al Estado de derecho en Ecuador», según un informe del Laboratorio del Imperio de la Ley, de la Universidad de Nueva York. El ensayo documenta varios patrones de represalia tras fallos contrarios al Ejecutivo. Investigaciones penales contra magistrados ponentes, campañas para deslegitimar a la Corte, exposición pública de los jueces con sus rostros en vallas, propuestas para recortar sus competencias y presiones administrativas sobre su funcionamiento.

⇒Para el expresidente del CJ, Fausto Murillo, de por medio hay temas mucho más sensibles que pueden afectar seriamente la economía del  país. Sobre todo porque esta unidad especializada tenía competencia para conocer las acciones de extinción de dominio de los bienes vinculados con actividades de corrupción y crimen organizado transnacional.

Los ataques sistemáticos a los jueces en Ecuador no son un caso aislado. Son parte de una tendencia de gobiernos con tintes autoritarios, de izquierda y derecha, que ha cobrado fuerza en todo el continente. El Salvador, con Nayib Bukele en el poder, aparece como el caso más evidente de ataque sistemático a la independencia judicial en la región. Abanderando la lucha contra la criminalidad, ese mandatario ha capturado todos los poderes, incluida la Corte Constitucional que dio luz verde a su reelección presidencial consecutiva. Guatemala registra ataques sostenidos contra jueces y fiscales, especialmente quienes investigan corrupción y derechos humanos, al igual que Honduras, Nicaragua y Venezuela que muestran un deterioro crónico. México destaca por la reforma constitucional al poder judicial impulsada bajo el expresidente López Obrador y continuada con las elecciones judiciales de 2025, que trasladaron el sistema de nombramiento de jueces a elección popular. En Perú, Argentina y Colombia hay tensiones recurrentes entre el Ejecutivo/Legislativo y el Poder Judicial, aunque con una intensidad variable.

La creación de la Unidad de Jueces anticorrupción se fundamentó en reformas a tres artículos del Código Penal, que establecen la existencia y necesidad imperiosa de jueces especializados para el juzgamiento de delitos de crimen transnacional complejos, que  requieren de una especialización, destacó Fausto Murillo, quien en 2022 lideró su conformación. La decisión de la Judicatura se aparta de la Convención de Palermo suscrita por el Estado Ecuatoriano en 2000, que concuerda con las exigencias de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de la cual Ecuador es suscriptor, subraya.

Su funcionamiento se volvió un imperativo después de la pandemia, en vista de que las judicaturas penales en las distintas capitales de provincia y cantones del país fueron virtualmente cooptadas por las organizaciones criminales. Esto en el contexto de la rápida transformación de Ecuador en un corredor estratégico, un santuario de negocios del crimen organizado, para sacar por sus puertos un 70% de las 3.000 toneladas de cocaína que produce Colombia, según informes de la ONU, con la intervención de carteles mexicanos y de los Balcanes y decenas de bandas locales aliadas. Mientras buena parte de los los jueces y sus familiares, especialmente en localidades de la costa, han sido amenazados otros fueron cooptados para ponerse del lado de la delincuencia y la corrupción, dijo una fuente de la Judicatura que fue parte del proceso de selección de juzgadores anticorrupción. Este fue el motivo por el cual se escogieron jueces con un alto perfil académico y ético, que solo actuaban en la unidad que se centralizó en Quito, para precautelar su seguridad.

El espaldarazo de los españoles al gobierno

No es la primera vez que abogados de Cremades & Calvo-Sotelo «colaboran voluntariamente» con autoridades ecuatorianas en temas jurídicos y constitucionales. Hace dos años, el 27 de junio de 2024, tres de sus integrantes, José Francisco Estévez, copresidente de ese bufete, Elena Fernández y Gabriel Fernández, desembarcaron en Quito para respaldar al gobierno, en nombre de la Asociación Mundial de Juristas, cuya sede está en Washington, Estados Unidos. Entonces dieron a conocer en una rueda de prensa los resultados de un informe que dijeron haber elaborado sobre la constitucionalidad del proyecto de Decreto Ejecutivo de declaratoria de estado de excepción, que el presidente Daniel Noboa estaba por presentar para su calificación a la Corte Constitucional. Los medios fueron convocados a la conferencia por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

En ambos casos los abogados españoles dijeron que actuaron de oficio, sin que ninguna autoridad o institución del país se lo pidiera, y que no cobraron un solo centavo por sus servicios para el Ejecutivo y la Judicatura. Eso incluyó que pagaran con sus recursos sus pasajes desde España a Ecuador, así como el hospedaje, alimentación y transporte en Quito. La Presidencia y la Judicatura también indicaron que los servicios de los abogados españoles fueron gratuitos.

Ni Estévez ni Elena Fernández aparecen registrados como integrantes de la Asociación Mundial de Juristas. Solo Gabriel Fernández es parte de ese organismo en calidad de delegado ante la ONU en Viena y socio de Cremades y Calvo-Sotelo.

La presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, viajó a Italia y España, entre el 13 y el 27 de junio de este año, para firmar y buscar varios convenios de cooperación con entidades académicas y judiciales de esos países. A su regreso los vocales de la Judicatura conocieron la propuesta para evaluar el desempeño de las salas especializadas de los 19 jueces anticorrupción. Para entonces los funcionarios también empezaron a analizar la pertinencia de su continuidad, su posible reorganización, fusión o supresión, según confirmaron fuentes cercanas al proceso.

La decisión de suprimir el organismo fue tomando cuerpo en medio de una serie de inconvenientes que enfrentaban los jueces anticorrupción, sin tener una respuesta efectiva y oportuna del CJ, por su excesiva carga de procesos y a la falta de personal de apoyo. Sobre todo porque estaban sometidos a jornadas extenuantes en audiencias, que en varios casos terminaban a la madrugada, en vista de que debían conocer procesos de otros de sus compañeros, encargados de otros despachos, suspendidos o destituidos.

La corrupción atenaza a la Judicatura

El CJ, que es el órgano administrativo y disciplinario del poder judicial, ha sufrido un desgaste acelerado en su credibilidad los últimos tres años, por estar envuelta en escándalos de corrupción, y por su sometimiento a intereses extrajudiciales relacionados con el crimen organizado y el poder político. Desde 2022, la Judicatura ha tenido siete presidentes, que en promedio han estado en funciones menos de un año. En este lapso ninguno ha cumplido el período completo de los seis años en el cargo, pues la mayoría ha sido encargada. Esto ha incidido directamente en una prolongada inestabilidad institucional, en medio de acciones sistemáticas para someter a jueces y funcionarios judiciales a sus intereses. Precisamente un factor que agudizó la crisis es la participación de dos de sus últimos titulares en redes de narcotráfico, manipulación de concursos y tráfico de influencias.

Un momento de quiebre que mostró la magnitud del colapso fue la abrupta salida del cargo de Wilman Terán, en diciembre de 2023. Terán, quien antes de llegar a la Judicatura era ministro de la Corte Nacional de Justicia, fue detenido y luego sentenciado en tres juicios, que suman 25 años de prisión, por su colaboración con el narcotráfico, obstrucción a la justicia y manipulación de concursos. Le sucedió en el cargo Mario Godoy, quien renunció en febrero pasado, mientras enfrentaba un juicio político en la Asamblea, que lo destituyó por incumplimiento de funciones, presiones a jueces y conflictos de interés. Estuvo dos años en funciones. Estos dos acontecimientos también marcaron el inicio de un distanciamiento del CJ de agencias internacionales que apoyaron la creación de la Unidad.

⇒Uno de los principales problemas ocasionados por la crisis sistémica del CJ fue la postergación indefinida del la designación, por consurso, de 900 jueces, que requieren juzgados, tribunales y cortes en todo el país. Estas judicaturas han sido permeadas por años por redes de corrupción que aún siguen operando, según confirmaron funcionarios a cargo del control y jueces en varias provincias. El coletazo de ese represamiento también golpeó a la Unidad de Jueces Anticorrupción, que no contaba con un banco de jueces elegibles para reemplazar a los siete titulares que habían dejado sus puestos los dos últimos años, definitiva o temporalmente, por distintos motivos. Mercedes Caicedo, quien está en el cargo desde mayo pasado, dijo que heredó ese y otros problemas acumulados por años y que ha priorizado la designación, a través de un concurso interno, de 220 jueces temporales, para lo cual logró que el Ministerio de Economía asignara una partida de 15 millones anuales.  

Consultados por Código Vidrio, cinco exjueces anticorrupción coincidieron en que en lugar de fortalecer la Unidad, Judicatura la fue torpedeando o no intervino oportunamente por sus problemas internos, sobre todo por la carga excesiva de casos. Hasta su extinción la Unidad, en sus tres instancias, tramitó 658 procesos y tuvo una tasa resolutiva del 70%, según fuentes judiciales. Cuando fue eliminada continuaban en trámite 357 causas.

Su situación se fue complicando, pese a que los juzgadores anticorrupción empezaron a emitir fallos importantes contra poderosas estructuras y actores criminales con decenas de implicados vinculados a peligrosas estructuras transnacionales. “El CJ se convirtió en la punta de lanza de la estrategia para desmantelar la Unidad que se volvió incómoda e incontrolable”, destacó un juez, que tras la supresión fue enviado a trabajar fuera de Quito, sin ninguna seguridad, pese a que había emitido fallos en casos contra peligrosos delincuentes, como la mayoría de sus colegas. También era evidente una creciente animadversión de jueces de otras unidades jurisdiccionales por el protagonismo que iban ganando los jugadores anticorrupción en casos de gran impacto.

Serrano abre la caja de Pandora

A fines de noviembre de 2025 la señal de que los jueces anticorrupción habían cruzado una línea roja para la Judicatura fue el desenlace del juicio por lavado de activos contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. El 20 de noviembre el juez Carlos Serrano, junto con dos juzgadores más de su tribunal, sentenciaron a Srdan a diez años de prisión. Semanas antes, Serrano fue presionado por el entonces director provincial del CJ, Henry Gaibor, brazo derecho de Godoy, para fallar a favor del narcotraficante https://www.codigovidrio.com/code/asi-vivio-el-juez-serrano-los-ultimos-dias-antes-de-abandonar-el-pais-el-8-de-diciembre-cuando-las-autoridades-lo-dejaron-desprotegido/. Serrano grabó los pedidos de Gaibor y luego denunció lo ocurrido públicamente, cuando el comandante de la Policía, Pablo Dávila, ordenó que los dos policías de su cápsula de seguridad dejaran de custodiarlo, pese a que el riesgo contra su vida había aumentado. En diciembre, Serrano se fue del país y las semanas siguientes la Judicatura le aceptó la renuncia. Srdan fue detenido por primera vez en 2014 y sentenciado a 17 años y 4 meses de prisión por narcotráfico. No obstante, fue liberado en 2019, gracias a fallos ilegales de jueces, que luego fueron enjuiciados y destituidos por corrupción.

Pese a este antecedente, las presiones a los jueces desde autoridades de la Judicatura al parecer no han cesado. El más reciente episodio se conoció la semana pasada cuando el medio La República difundió un audio en el que los jueces de Guayaquil Martina Aguilera y Demóstenes Díaz conversan sobre las supuestas presiones que han recibido para celebrar la audiencia y fallar en contra de Aquiles Álvarez. El abogado defensor del alcalde guayaquileño, Julio César Cueva, dijo que los audios confirman que los jueces no deliberaron de manera independiente. Sostuvo que el tribunal simplemente esperaba una resolución externa prefabricada (presuntamente redactada para perjudicar al alcalde) para firmarla como propia.

Serrano fue el segundo juzgador en abandonar la Unidad. En julio del 2025 el primero en ser destituido fue Ángel Quito por negligencia manifiesta, al ordenar medidas cautelares y la inmovilización de cuentas bancarias de una empresa que no estaba siendo procesada en un caso judicial.

Este año varios jueces más fueron investigados por la Fiscalía y sancionados por la Judicatura. En febrero fueron destituidos Christian Quito y Gabriela Lara, señalados por una infracción disciplinaria. Los operadores judiciales supuestamente habrían intentado favorecer a dos procesados del grupo Comandos de la Frontera, en el denominado caso Fachada.

El 27 de julio la Judicatura suspendió por tres meses a los jueces Silvia Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, por revocar la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de sus hermanos dentro del caso Goleada. Ese tribunal consideró de forma unánime que la Fiscalía no pudo sustentar la necesidad de mantener detenido al Alcalde; es más los argumentos presentados no correspondían al caso investigado de delincuencia organizada sino a otro delito por posible evasión tributaria. Por eso decidieron que no había suficientes elementos para sostener la prisión.

Al conocer la sanción, Uzcátegui denunció presiones previas de la Judicatura, incluyendo decisiones inesperadas que obligaron al tribunal a reprogramar audiencias en varios casos, incluido Goleada, así como intentos de intimidación. Dos días antes de que emitieran su fallo, el 3 de marzo, la Judicatura les envió un correo indicándoles que debían participar en una cumbre judicial en Panamá, a la que acudieron esa semana pero en el evento los organizadores les dijeron que ningún autoridad ecuatoriana había confirmado que irían. A su regreso de la cumbre los tres juzgadores se pronunciaron, levantando la prisión preventiva.

Inconforme con la decisión, la Fiscalía presentó una denuncia en su contra. Buscaba su destitución. Dos meses después, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó la petición del Fiscal concluyendo que los jueces cometieron una «falta gravísima de error inexcusable». Consideraron que los juzgadores no debían discutir la existencia del delito al resolver la apelación de la prisión preventiva. Pero ese fallo no fue unánime. El juez nacional Javier de la Cadena estuvo en desacuerdo. Sostuvo que no hubo error inexcusable alguno, pues los jueces provinciales se limitaron a controlar la procedencia de la prisión preventiva, que es precisamente lo que un tribunal de apelación debe hacer. Trece días después de salvar su voto, la Judicatura terminó la designación temporal de la Cadena en la Corte Nacional de Justicia, donde estaba desde 2019,  y dispuso su retorno a la Corte Provincial de Imbabura.

Para el exjuez Carlos Serrano detrás de la sanción hay un problema mucho más grande. “Lo que está en juego es la independencia de la justicia especializada para decidir, en cada causa, si la prisión preventiva procede o no. Sin importar si son mediáticas o si afectan al poder político. El juez que decide con miedo a la sanción ya no decide. Obedece”.

El alcalde Álvarez está enjuiciado por una denuncia impulsada por el fiscal general Leonardo Alarcón. El Alcalde está acusado de liderar una presunta red de delincuencia organizada y lavado de activos. El proceso ha avanzado atropelladamente en medio de debates legales y cuestionamientos sobre vicios de nulidad y una supuesta persecución política a Álvarez, quien es uno de los cuadros importantes del correísmo, movimiento opositor al régimen.

La sanción a los tres jueces desató críticas generalizadas de diversos sectores, que defendieron la legalidad y argumentación sólida del fallo. No obstante, Mercedes Caicedo defendió la decisión del Pleno del CJ, que estaba obligado por ley a sancionar a los jueces por la declaratoria previa de la Corte Nacional.

Reunión en la Judicatura

El mismo día lunes, 27 de julio, cuando el pleno del CJ sancionó a los tres jueces, Caicedo recibió en la sala de reuniones de la Presidencia a los abogados del estudio Cremades y Calvo-Sotelo. La reunión se llevó a cabo con la participación de los vocales Fabián Fabara, Alfredo Cuadros y Damián Larco (quien se conectó por videoconferencia) entre las 11:30 y las 12:00, según confirmaron fuentes de la institución. En la cita conversaron sobre la factibilidad del avance del proyecto, que fue aprobado por el pleno de la Judicatura cuatro días antes, el 23 de julio.

En la sesión ordinaria de ese día el pleno conoció los informes técnicos y jurídicos de la propuesta para el acuerdo de cooperación entre la firma española y el Consejo de la Judicatura. Eso con el fin de realizar “un estudio objetivo y de evaluación de las judicaturas especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, para generar recomendaciones para el fortalecimiento institucional del sistema de administración de justicia”.

En la sesión, el Consejo aprobó los informes favorables presentados, entre otras, por las Direcciones de Asesoría Jurídica y de Gestión Procesal, que recomendaron avanzar con el acuerdo de cooperación con el estudio Cremades y Calvo-Sotelo para fortalecer el sistema de justicia.

Reparos de la Coordinación internacional   

En la reunión que fue pública también intervino la responsable de la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo. La funcionaria advirtió que esa entidad “no posee competencia para gestionar o suscribir instrumentos de cooperación con entidades privadas, como despachos internacionales de abogados, por cuanto sus atribuciones se circunscriben a la coordinación con organismos internacionales, agencias de cooperación, conforme a la normativa institucional vigente”. En consecuencia -agregó- “cualquier acercamiento o formalización con actores del sector privado excede el ámbito competencial de esta coordinación”.

 “En mi calidad de coordinadora de relaciones internacionales, la naturaleza de nuestras funciones con las relaciones internacionales están orientadas única y exclusivamente a la cooperación o firma de instrumentos con organismos internacionales y sus socios complementarios”, concluyó. La sesión fue grabada, al igual que otras y está disponible en la cuenta de la Judicatura en YouTube.

Sin embargo, el pleno acogió la propuesta técnica del estudio español y dispuso que las direcciones correspondientes elaboraran el acuerdo que garantice no solamente la seguridad, sino también la confidencialidad de la información entregada para el estudio.

⇒Para cuando se autorizó el convenio, Cremades y Calvo-Sotelo informó a la Judicatura que su equipo de abogados ya estaba llevando a cabo “un análisis y evaluación externa e independiente sobre la situación y el encaje jurídico de la unidad judicial de garantías penales especializada en el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado”. El objetivo -según el bufete- era que la Judicatura disponga de herramientas que faciliten la toma de decisiones orientadas a la mejora y el fortalecimiento de estas judicaturas (…). Para su correcta ejecución, el CJ se compromete a colaborar, sin que ello suponga asumir gasto económico alguno”.

En la presentación de su propuesta el bufete español destacó que cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados en el asesoramiento a distintos gobiernos, organismos internacionales e instituciones públicas. Entre otros proyectos mencionaron que participaron en el diseño y la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), por encargo del presidente Bukele, quien la disolvió dos años después.

Luego de que se concretó la supresión de la Unidad, este medio pidió a Caicedo, a quien habíamos entrevistado una semana antes, que confirmara si el informe del estudio español había sido tomado en cuenta para esa decisión. Nuestra consulta fue canalizada a la Dirección de Innovación, que respondió: “El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 187-2026 (firma del acuerdo con Cremades y Castro-Sotelo) en función de los informes técnicos realizados por las direcciones de Gestión Procesal, Planificación, Innovación y de Asesoría Jurídica. De hecho, los considerandos de la Resolución recogen con claridad los insumos técnicos que la sustentaron, en los que no consta el análisis de esa firma jurídica”.

También pedimos que la Judicatura nos facilitara el informe de Cremades y Calvo-Sotelo, pero no han respondido nuestra solicitud hasta la publicación de este reportaje.

Código Vidrio solicitó una entrevista a la representante del bufete español Todora Toma, quien fue el contacto con la Judicatura para la elaboración del acuerdo de cooperación, y de la propuesta firmada por Santiago Calvo Sotelo. Hasta la divulgación de esta historia no respondió a nuestra solicitud que buscaba esclarecer cuánto habían invertido en la realización de los estudios para la Presidencia y la Judicatura y sus viajes a Ecuador.

Al justificar la decisión de suprimir la Unidad, Caicedo aseguró que no debilitaba la lucha contra el crimen organizado, pues en realidad se trató de una fusión en la que se extendió la competencia a jueces que tienen las mismas capacidades para conocer casos anticorrupción y de crimen organizado, pues los que integraban la Unidad Anticorrupción “eran iguales que el resto”. “Así buscamos elevar la tasa resolutiva, y que en las audiencias en este tipo de delitos se resuelva de manera más ágil”, destacó y agregó que este proceso de selección interna empezará con el nombramiento de cinco ministros de la Corte Nacional, que de hecho ya ha resuelto casos de delincuencia organizada como Metástasis, en el que fue parte del tribunal que dictó la sentencia, en medio de amenazas e intimidaciones que denunció en la Fiscalía.

Al ser consultada sobre el funcionamiento y resultados de la Unidad dijo que en la práctica jueces de otras provincias ya estaban tramitando casos complejos de crimen organizado, por lo cual las vacantes de los jueces anticorrupción serían llenadas con juzgadores temporales de los 222 que serán seleccionados por el pleno del Consejo. No habrá un concurso. La convocatoria es interna y está dirigida a todos los servidores que acrediten al menos cinco años en la Función Judicial, incluyendo los secretarios de los despachos.

Caicedo además destacó que se habían presentado varios conflictos de competencias, que se resolvieron a favor de jueces de otras judicaturas en procesos de delincuencia organizada, fuera del complejo norte, donde trabajaba la Unidad, en Quito.

La eliminación de las dependencias judiciales anticorrupción ha provocado la suspensión de audiencias, reubicación apresurada de jueces, falta de directrices para actuar en los procesos judiciales y un posible incumplimiento de normativas constitucionales, por lo cual ya se han presentado demandas y acciones en la Corte Constitucional. Una de las demandas fue presentada por asambleístas de la Revolución Ciudadana.

La semana pasada, los jueces de la extinta Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado, Karol Zambrano y Renán Andrade, también presentaron una acción de incumplimiento en contra de la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo. En el documento indican que con la eliminación de la unidad, la Judicatura incumplió su sentencia constitucional emitida el 19 de septiembre de 2022. En esa fecha, el Pleno dispuso al Consejo que garantizara la independencia y estabilidad laboral de los jueces anticorrupción y dejó claro que al organismo no le corresponde establecer los delitos que ellos deben juzgar.

La magistrada constitucional Alejandra Cárdenas tendrá la última palabra sobre si caben o no las demandas planteadas en este caso.

Tras la detención en Colombia de Inda Peñarrieta Tuarez y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija de Adolfo Macías, alias Fito, esta alianza accedió a detalles inéditos, poco conocidos, de los cargos en su contra.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Ya fueron noticia en el pasado. La esposa y la hija de ‘Fito’ aparecieron en titulares en enero de 2024, tras ser deportadas desde Argentina, país donde intentaban fijar su residencia. El 27 de septiembre de este año, en el municipio colombiano de Sabana de Torres (Santander) fueron detenidas por cargos relacionados con lavado de activos para la estructura criminal ‘Los Choneros’.

Esta alianza accedió a los documentos de la operación binacional. Las dos detenciones por notificación roja de Interpol fueron el resultado de la gestión de cuatro entidades en territorio colombiano.

¿Qué cargos enfrentaban al momento de la detención?
Inda Peñarrieta Tuarez fue señalada “como una de las principales operadoras financieras dentro de la organización criminal transnacional conocida como ‘Los Choneros’”, dice el documento revisado por esta alianza. Y en detalle, al relatar el historial de la esposa de ‘Fito’ la documentación precisa que: “En su calidad de gerente y accionista mayoritaria de QueenWater S.A. y de Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A. se le atribuye la administración, tenencia y ocultamiento de bienes muebles e inmuebles del esquema patrimonial (haciendas, terrenos, locales comerciales y compañías) de alias ‘Fito’”.

Michelle Macías Peñarrieta, hija de ‘Fito’, es mencionada en el documento. Se le atribuye “el ingreso insual e injustificado de USD. 435.904 al sistema financiero ecuatoriano, durante el período 2020 – 2024, lo cual no pudo ser justificado con su actividad económica declarada de venta de prendas de vestir, accesorios y perfumes”.

Además, la documentación establece que Michelle Macías, “figura como beneficiaria y titular de bienes inmuebles del entorno patrimonial de ‘Fito’, entre ellos, derechos sobre un predio rural de aproximadamente 76 hectáreas en el cantón Pichincha, Manabí”.
Según la documentación, ambas se encontraban prófugas de la justicia ecuatoriana desde 2025, cuando fueron “vinculadas formalmente al caso Blanqueo Fito. Esta investigación fue realizada por la Fiscalía, a través de la Unidad Antilavado de Activos.

“El proceso incluye el comiso de decenas de propiedades, bienes muebles y empresas fachada como la compañía de agua Queenwater S.A., de la que Inda era la accionista mayoritaria”, se lee en el documento.

A ambas, se les acusa de ser las “encargadas de liderar el blanqueo de capitales de la organización criminal”.

La enfermera que llegó a ser millonaria

Inda Peñarrieta es enfermera de profesión y había sido previamente investigada por varias causas desde 2017, entre ellas, enriquecimiento privado no justificado. Pero no fue sentenciada y tampoco fue privada de la libertad.

Eso sí, visitaba con regularidad a su esposo, Macías Villamar, en prisión. No ocultaba esas visitas y dejaba fotos en su red social en Facebook como evidencia.

Tampoco perdía la oportunidad de dejar pistas sobre sus viajes a destinos turísticos, a través de fotos en la misma red social.

A inicios de 2024, habría adquirido en efectivo, con el pago de 300 mil dólares, una propiedad en el exclusivo barrio Country Golf, en la ciudad argentina de Córdoba.

Si bien la esposa, hijos y acompañantes habían ingresado en Argentina en forma legal, los permisos les fueron revocados y ellos fueron deportados hacia Ecuador.

Por esos días Ecuador apenas superaba la conmoción. ‘Fito’ se había fugado de la cárcel regional de Guayaquil los primeros días de enero, ante la inminencia del traslado a otra prisión. Y se habían suscitado hechos de violencia generalizada. En ese contexto, el flamante gobierno de Daniel Noboa emitió la declaratoria de conflicto interno.

Queen Michelle, la youtuber que habría lavado casi medio millón

La vida de la hija de ‘Fito’ ha sido pública prácticamente desde que ella tiene 16 años. En 2019 fue nombrada Reina de la Cámara de Comercio de Manta.

Pero en 2021, cuando salía con una amiga del instituto de estética en el cual estudiaban fue secuestrada. A los pocos días fue liberada.
A través de sus cuentas en redes sociales empezó a difundir sus facetas de benefactora y de artista. De hecho adoptó el nombre artístico de Queen Michelle.

En su canal de Youtube, donde acumula más de siete mil suscriptores, difundió videos con música urbana y popular.

Uno de los temas, precisamente, se titula ‘El corrido del León’ y está interpretado por ella, junto con el mariachi Bravo. La letra de esa canción presenta a ‘Fito’ como un hombre bueno, ejemplar, protector de su familia y dispuesto a dar la vida por sus amigos leales.

En una de las tomas controversiales, aparecen imágenes de ‘Fito’ en prisión, rodeado de amigos y sosteniendo un gallo de pelea. Las autoridades penitenciarias no explicaron cómo se filmaron esas tomas, burlando los controles carcelarios. La canción exalta el rescate de la hija de ‘Fito’ y agrega que tiene la protección de san Judas Tadeo.

Sin embargo, esa protección no le alcanzó a mediados de 2025, cuando fue detenido en un bunker de Manabí. Luego fue extraditado hacia Estados Unidos.

En septiembre de 2025, el departamento de Estado de EE.UU. designó a ‘Los Choneros’ como organización terrorista extranjera. Y los incluyó en la categoría de ‘Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés).

 

Nancy López Caicedo y Cenia Vera Cevallos, juezas de la Corte Provincial de Pichincha, fueron destituidas, junto con el juez Raúl Mariño Hernández (que ya había renunciado al cargo), por el Consejo de la Judicatura (CJ), por un error inexcusable declarado por la Corte Constitucional, en 2025, al haber concedido ilegalmente dos acciones de protección que legalizaron la invasión dolosa de cientos de hectáreas en Los Ríos.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, presidido por Mercedes Caicedo, despidió a las juezas de la Sala de lo Civil y Mercantil Nancy López, Cenia Vera y al juez Raúl Mariño por desnaturalizar la garantía constitucional al aceptar acciones de protección, que pretendían dejar sin efecto los expedientes administrativos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Esta secretaría de estado determinó la posesión ilegal de cerca de 600 hectáreas de predios ubicados en el cantón Palenque, en Los Ríos, por quienes fueron beneficiados por los fallos de los jueces destituidos. El juez Mariño renunció meses atrás al cargo.

La declaratoria de error inexcusable fue comunicada  al CJ en abril, que inició su trámite en la Dirección Provincial de Pichincha, un mes más tarde y se resolvió ayer, 1 de septiembre, en el Pleno.

La hoy exjueza Vera Cevallos es reincidente. El 15 de agosto de 2024 el Pleno de la Judicatura, de esa época, moduló una sanción por error inexcusable, imponiéndole la sanción de suspensión de su cargo por el plazo de treinta (30) días, sin remuneración.

En el último trimestre el pleno de la Judicatura, también integrado por los vocales Magaly Ruiz, Damián Larco, Alfredo Cuadros y Fabián Fabara, ha destituido a 46 funcionarios judiciales, incluidos 26 jueces y se ha evitado la prescripción de 90 causas disciplinarias que estaban sin tramitarse en diferentes provincias, destacó Caicedo, quien destacó en una entrevista con Código Vidrio que se han tramitado 415 procesos disciplinarios. «Muchos de los casos han estado represados en provincias y aquí en Pichincha por meses y años, en buena parte de los casos de forma premeditada, para favorecer a los funcionarios con expedientes disciplinarios», agregó Caicedo.

En la primera causa, la número 12333-2021-00168, varias personas presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), alegando que la institución había vulnerado sus derechos porque no había adjudicado terrenos que ellos afirmaban estar ocupando desde 2011 aproximadamente. Los jueces aceptaron sus argumentos y ordenaron al MAG realizar la adjudicación de grandes extensiones de tierras a favor de los accionantes, además de permitir su inscripción correspondiente. Lo más grave fue que, mediante una acción de protección, los jueces terminaron reconociendo y declarando un derecho de propiedad sobre predios que no les pertenecían, según estableció en su declaratoria de error inexcusable la jueza de la Corte Constitucional, Alejandra Cárdenas.

Para la magistrada, esto fue ilegal. La acción de protección tiene como finalidad proteger derechos constitucionales cuando estos han sido vulnerados por actos u omisiones de autoridades o particulares, pero no puede utilizarse para declarar o constituir derechos que requieren un análisis legal y administrativo propio. En este caso, los jueces debían analizar que la adjudicación de tierras tenía que seguir los procedimientos establecidos por la legislación correspondiente. Además, durante la ejecución de la sentencia aparecieron terceros, específicamente la Asociación Agropecuaria 30 de Marzo, que afirmaban ser propietarios de esos terrenos y presentaron documentación para respaldar su posición. Incluso el propio MAG verificó que existía una sobreposición entre los terrenos que se pretendían adjudicar y el predio que la Asociación afirmaba que le pertenecía.

Sin embargo, la decisión judicial daba luz verde para avanzar con la adjudicación. Por eso, la Corte Constitucional consideró que la primera sentencia había desnaturalizado la acción de protección, pues convirtió una garantía constitucional en un mecanismo para solucionar y declarar un derecho de dominio sobre los terrenos. Esto contravenía el artículo 42 numeral 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).

Posteriormente apareció una segunda acción de protección (causa 17296-2022-00002), presentada por la Asociación Agropecuaria 30 de Marzo. Esta entidad sostenía que las actuaciones realizadas para ejecutar la primera sentencia afectaban su propiedad. La Corte Provincial de Pichincha aceptó esta segunda acción y ordenó que -al ejecutar la primera sentencia- no se afectara el inmueble que pertenecía a la Asociación, dejando sin efecto en la práctica las actuaciones relacionadas con la primera decisión.

Así, los jueces utilizaron una acción de protección para dejar sin efecto o interferir con una decisión judicial anterior. La jueza Cárdenas de la Corte Constitucional destacó que la acción de protección no procede contra providencias judiciales. Por lo tanto, los jueces de la segunda causa también desnaturalizaron la garantía constitucional.

Sentencias contradictorias

Así se produjo una contradicción evidente entre las dos sentencias: la primera ordenaba que se realizaran actuaciones para adjudicar los terrenos a determinadas personas, mientras que la segunda disponíse a que esas actuaciones no afectaran el inmueble de la Asociación Agropecuaria. Las dos decisiones refirían al mismo predio y tenían efectos incompatibles entre sí. Por eso, la Corte Constitucional determinó que existía una antinomia jurisdiccional, es decir una contradicción entre decisiones judiciales que impedía ejecutarlas correctamente.

La Corte consideró que las actuaciones de los jueces fueron lo suficientemente graves por lo cual fueron calificadas como error inexcusable. No se trató solo de una diferencia de criterio o de una equivocación menor al interpretar una norma. Los jueces utilizaron una garantía constitucional para resolver asuntos que estaban fuera de su finalidad: en la primera sentencia, para declarar o reconocer un derecho de dominio sobre terrenos, y en la segunda, para dejar sin efecto actuaciones relacionadas con otra decisión judicial. Según la Corte, estas actuaciones constituyeron un vicio procesal grave e insubsanable.

Por estas razones, la Corte Constitucional declaró que ambas sentencias eran jurídicamente inejecutables y ordenó el archivo de las causas. Además, declaró el error inexcusable de los jueces y juezas que dictaron las sentencias de las Cortes Provinciales de Los Ríos y Pichincha. La gravedad de la conducta se relacionó con que las decisiones judiciales podían producir consecuencias reales sobre la propiedad y posesión de los terrenos, incluso llegando a generar intentos de desalojo de personas que alegaban ser sus legítimas propietarias.

En síntesis, la Corte declaró el error inexcusable porque los jueces no se limitaron a proteger derechos constitucionales vulnerados, sino que utilizaron la acción de protección para resolver cuestiones que no correspondían a esta garantía. Y que el error era grave, evidente e injustificable, y no una simple equivocación judicial.

Cientos de trámites y permisos, incluidos certificados de exportación de minerales, están represados varias semanas y meses en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), según denunciaron representantes de empresas de pequeña minería al Ministerio de Energía y Ambiente, al Viceministerio de Minas e inclusive a la Presidencia de la República. (Fotoilustración referencial generada con IA de Canva)

Redacción Códóiógo Vidrio

Las últimas semanas la situación se agravó para los concesionarios mineros, especialmente porque la autoridad de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), a cargo de la revisión y aprobación de los certificados de exportación de minerales, la mayoría de oro, no ha respondido a sus solicitudes.

El responsable de aprobar los certificados es Manuel Vélez Bravo, director Técnico de Auditoría y Control Económico. En sus antecedentes Vélez tiene registrado un proceso que la Fiscalía abrió en su contra como sospechoso de narcotráfico en 2020, junto a ocho personas más en Guayaquil.

Este medio contactó a Vélez a su celular y a su correo electrónico institucional para pedirle un pronunciamiento sobre los retrasos, pero no respondió a nuestras solicitudes.

Fuentes de la Arcom indicaron que hasta la semana pasada estaban represados, sin respuesta, alrededor de 1.400 permisos de exportación de empresas de pequeña minería, lo cual afecta directamente a compañías que no han obtenido ninguna respuesta a sus solicitudes para tener un flujo de caja y poder pagar a sus empleados y cumplir con sus obligaciones tributarias con el Estado.

La inacción de los funcionarios de la Arcom se profundizó después del atentado con explosivos ocurrido hace más de dos meses, el 29 de junio, que causó severos daños al edificio donde venía operando la entidad, en el centro norte de Quito. Tras el ataque delictivo en el lugar se encontró un panfleto amenazante contra el entonces director de la Agencia, el colombiano, Francisco José Cruz Prada y varios funcionarios acusándolos de presuntos cobros de coimas y corrupción. Días después Cruz renunció al cargo y fue reemplazado por Juan Miguel Durán.

Desde entonces la mayoría de empleados de la Arcom no volvieron a acudir a esa dependencia y trabajan de manera virtual, lo cual ha generado más demoras en la atención y en todas las actividades de control, especialmente de minería ilegal en territorio, que esencialmente son ejecutadas p0r el Ejército, con el acompañamiento esporádico de autoridades de la Agencia. “Tienen muy poco personal, son muy difíciles las coordinaciones para cualquier operativo”, dijo un oficial que ha participado en las operaciones, en Zamora Chinchipe, Loja y Morona Santiago.

En las denuncias entregadas a entidades gubernamentales se indica que han agotado todos los mecanismos para tener una respuesta a los trámites para que aperueben sus certificados, que cumplen con todos los requisitos de ley, y han sido presentados oportunamente, con la documentación completa. La situación se ha complicado para varias mineras en vista de que los Documentos Aduaneros de Exportación (DAE) tienen fecha de vencimiento y ya han caducado en muchos casos pendientes, provocando un perjuicio económico significativo. Esto debido a los incumplimientos con los clientes en el extranjero que han hecho pagos por adelantado por los minerales comercializados. caducidad documental.

La Presidencia pide responder demandas de los concesionarios

Las quejas de los concesionarios han sido conocidas por la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia. El 4 de septiembre pasado, Leidi Méndez, directora subrogante de esa entidad envió un oficio (PR-DAC-2026-7286-O) dirigido al ministro de Ambiente y Energía,  Juan Carlos Blum, y al director de la Arcom, Juan Durán. En el documento les comunica que el 2 de septiembre ese despacho recibió una comunicación dirigida al presidente Daniel Noboa, en la cual un concesionario solicita la revisión y emisión de certificados de exportación para que le permitan cintinuar con los procesos de exportación.

 “En virtud de lo expuesto, adjunto la mencionada comunicación para análisis y atención dentro del ámbito de sus competencias en el marco de lo legal y factible; sírvase dar atención al requerimiento ciudadano, precautelando que reciba una respuesta célere, motivada y adecuada”, señala la Directora en su oficio. Hasta la publicación de este informe las autoridades de la ARCOM no habían tramitado los certificados.

Esta situación se agrava por cuanto ningún funcionario atiende los requerimientos de los concesionarios o de cualquier ciudadano en la sede de la ARCOM que está inoperativa por más de dos meses. Tampoco hay canales de comunicación efectivos para responder las solicitudes de los usuarios. Lo mismo ocurre en el Ministerio de Ambiente y Energía y el Viceministerio de Minas, que tampoco responden a los concesionarios para agilitar sus trámites de exportación.

Pese a los anuncios reiterativos del gobierno de reestructuración y de reformas normativas en el sector minero, la crisis de la Arcom no encuentra una salida y se ha profundizado de manera acelerada, al igual que el rápido aumento minería ilegal, según coinciden fuentes militares y de empresas mineras. Mientras en 2020 Ecuador tenía 60 puntos de extracción

Ilegal, en varias provincias, actualmente hay 650 focos de explotación criminal. Esto ha desbordado la capacidad de intervención de los uniformados, según reconoció un alto oficial del Ejército, al destacar que no cuentan con el apoyo eficaz de otras instituciones para ubicar las redes logísticas y estructuras económicas que apuntalan las actividades delictivas, especialmente en zonas fronterizas en el norte y sur del país.

Desfile de viceministros y directores

Desde noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa, llegó al poder, la Arcom ha tenido cuatro directores, mientras que el Viceministerio de Minas, cabeza de este sector, ha sido dirigido por ocho autoridades.  La alta rotación en estas entidades  refleja un promedio de permanencia menor a ocho meses por funcionario, lo que ha generado críticas sobre la inestabilidad en la política del sector minero.

Pese a la intervención directa de las Fuerzas Armadas en operativos contra la minería ilegal, la Arcom no ha podido articular hasta el momento una estrategia sólida para frenar el avance de este fenómeno, que se ha agravado por la participación de bandas criminales en el territorio. Estos grupos están aliados con mafias de mineros y carteles del narcotráfico, que lavan sus ingresos con la explotación de oro, en buena parte de fuentes ilegales, a través de decenas de empresas fantasmas.

Todas estas actividades delictivas cuentan con la complicidad de operadores en la Agencia, y otras entidades estatales, incluido el poder judicial, la Fiscalía y la fuerza pública, según informes oficiales. El sistema de control minero está permeado por agentes criminales, indican fuentes de Inteligencia.

A esto se suma la sistemática práctica extorsiva de funcionarios de esa entidad y de otros funcionarios externos, con injerencia en el sector, para agilitar todo tipo de trámites, tanto en la sede como en las regionales, según coinciden oficiales de FF.AA., de la Policía, representantes de empresas, y expertos del sector. Muy pocos procesos judiciales se han iniciado en estos casos.

Ministerio entrega dos drones a Arcom

El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) suprimió este lunes 7 de septiembre la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, que venía operando desde el 2023. La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, aseguró que la decisión no debilita la lucha contra el crimen organizado sino que la fortalece, pues amplía la competencia para que otros jueces penales -no exclusivamente los juzgadores especializados- puedan conocer ese tipo de casos.    

Redacción Código Vidrio 

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes  Caicedo, convocó este lunes a una sesión extraordinaria presencial a los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara para emitir una resolución con la cual se suprimieron las dependencias Judiciales Especializadas para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado y se modificaron las competencias en razón de la materia y del territorio de las dependencias judiciales penales, con sede en las parroquias Iñaquito y la Mariscal y la Corte Provincial de Pichincha».

«Esta decisión no debilita la lucha contra el crimen organizado, duplicamos el número de jueces que tratarán procesos anticorrupción y de crimen organizado, buscamos elevar la tasa resolutiva, y que en las audiencias en este tipo de delitos se resuelva de manera más ágil», destacó Caicedo al final de la sesión en la cual los cinco vocales votaron a favor de la medida.

La Unidad de Jueces Anticorrupción estaba compuesta por 19 juzgadores. Inicialmente 14 llegaron a esos cargos luego de un concurso de oposición y méritos y  de un curso de formación, que se realizó en 2022 por decisión de la Judicatura con el apoyo de agencias internacionales. los cinco restantes se incorporaron luego, escogidos de un banco de elegibles seleccionados en el mismo proceso.

La decisión de extinguir la Unidad se empezó a discutir semanas atrás, desde cuando se solicitaron informes de gestión a diferentes direcciones que fueron expuestos en la reunión de este lunes y justificaron la medida. Todos los reportes coincidieron en que era factible la supresión de las dependencias anticorrupción, para que sean fortalecidas por jueces penales de otras unidades judiciales de Pichincha y así acelerar el despacho de las causas. Así, los casos de corrupción y crimen organizado serán conocidas por 50 juzgadores, incluidos los 19 jueces especializados. El vocal Fabara llamó a este mecanismo una fusión de competencias.

Sin embargo, el informe que fundamenta la extinción indica que las actuales unidades de lucha contra la corrupción y crimen organizado poseen una carga procesal baja.

“Resulta jurídicamente viable la supresión y modificación de competencias de la unidad judicial de garantías penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado; el tribunal de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado y la sala especializada penal para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción…”, dice el informe.

Según la resolución, se ampliará la unidad de garantías penales con sede en Iñaquito; al tribunal de garantías penales y a la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la corte provincial de Pichincha. “Estas últimas judicaturas cuentan con la infraestructura organizativa necesaria para asimilar eficientemente este volumen de causas procesales, de acuerdo a la figura de modificación”.

La unidad judicial con competencia en delitos flagrantes de la parroquia La Mariscal de Quito, según la resolución, tiene capacidad operativa e infraestructura 24/7 “necesaria para absorber la atención inicial, calificación de flagrancia y formulación de cargos de los delitos de corrupción y crimen organizado a nivel nacional, además de los actos urgentes”.

Tres jueces anticorrupción fueron suspendidos 

Desde el año pasado la Unidad ha estado en medio de incidentes que afectaron el desempeño de sus juzgadores. El último ocurrió en julio pasado cuando la Judicatura suspendió por tres meses sin suedo a los jueces anticorrupción Silvia Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Chóez Avilés, por haber revocado la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos en el caso Goleada.

Según la Judicatura, los magistrados se extralimitaron en sus funciones al analizar el fondo de la causa en lugar de limitarse a resolver la apelación presentada por los procesados. Esto configuraría un error inexcusable que actualmente es tramitado por ese ente disciplinario y administrativo y podría desembocar en su destitución. Luego de conocer la sanción, el juez Uzcategui defendió su decisión y subrayó que no puede haber error inexcusable cuando incluso el ministro de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, avaló el fallo del tribunal, con un voto salvado, dentro del pronunciamiento de una sala de la Corte Nacional que indicó que los jueces sí habían incurrido en error inexcusable. La decisión de la Judicatura fue criticada por juristas y gremios que apoyaron la decisión de los jueces anticorrupción, y denunciaron que hubo una clara in herencia política del Ejecutivo.

Serrano desnuda presiones desde la Judicatura

 Otro hecho que evidenció la situación que ha venido atravesando la Unidad se conoció a fines cdel año pasado. El 20 de noviembre del 2025 él sentenció al serbio Jezdimir Srdan a diez años de prisión por lavado de activos, con lo cual el riesgo contra su vida aumentó, según un reporte de la Policía. Sin embargo, los días siguientes el comandante de la Policía, general Pablo Dávila, ordenó que le retiraran la protección que le daban dos agentes, como parte del protocolo de protección para los jueces de esa unidad. Semanas antes, Serrano fue presionado por el entonces director del CJ, Henry Gaibor (hoy enjuiciado penalmente), para fallar a favor del serbio. A mediados de diciembre, al verse en total indefensión, Serrano abandonó el país y renunció al cargo, denunciando públicamente la zozobra que había vivido en esos días, en los que tuvo que movilizarse solo, cambiando de rutinas y horarios todos los días.

En febrero pasado el Pleno de la Judicatura destituyó a los jueces anticorrupción Christian Quito y Gabriela Lara, señalados por presunta delincuencia organizada y tráfico de influencias, en el denominado Caso Fachada, en el que también está procesado el alcalde Álvarez. Dentro de este proceso, el 16 de enero de 2025, la Fiscalía ejecutó allanamientos en contra de los juzgadores, «luego de determinar que existían indicios suficientes que sugerían un posible plan premeditado para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas vinculadas al mencionado grupo delincuencial».

La creación de la Unidad de jueces Anticorrupción, que estaba a cargo del juzgamiento de 44 tipos penales relacionados con delitos de corrupción y delincuencia organizada transnacional, se volvió un imperativo para la administración de justicia, después de la pandemia en vista de que las judicaturas penales en las distintas capitales de provincia y cantones del país fueron virtualmente cooptadas por las organizaciones criminales. Mientras buena parte de los los jueces y sus familiares, especialmente en provincias de la costa, han sido amenazados otros han sido corrompidos para ponerse del lado de la delincuencia y la corrupción, dijo una fuente de la Judicatura que fue parte del proceso de selección de juzgadores anticorrupción. Este fue el motivo por el cual la unidad se centralizó en Quito, para precautelar la seguridad de los juzgadores.

El sustento legal recogido en los informes de las áreas técnicas del Consejo de la Judicatura, previo a adoptar la Resolución número 190-2021, que dio paso a la creación de la Unidad son:
-La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional suscrita por el Estado Ecuatoriano el 12 de Diciembre del año 2000.
-El artículo 226 del Código Orgánico de la Función Judicial.
-Los artículos 230.1 , 230.2 y 230.3 del Código Orgánico de la Función judicial, que determinan la existencia y necesidad imperiosa de jueces especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado; la existencia de tribunales especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado y la existencia de Salas Especializadas en la Corte Provincial de Justicia para el conocimiento y resolución de los recursos verticales derivados de autos y sentencias relacionadas con delitos establecidos en el numeral 1 del artículo 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial.

ENTREVISTA / Esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita fugaz de tres días a Colombia, Ecuador y Perú, en el contexto de una aumento de polémicas operaciones contra el narcotráfico, con métodos radicales, criticados por organismos internacionales. El general (sp) Luis Lara, exministro de Defensa, estima que el arribo del funcionario es una señal clara de que se intensificará la ofensiva conjunta regional contra los grupos criminales. No obstante, advierte que esas alianzas regionales, plasmadas a través de acuerdos, deben respetar la ley y la Constitución. Y que en el marco democrático de Ecuador no cabe el enfoque de la militarización del conflicto, sino el empleo de los instrumentos y organismos de seguridad, es decir de las Fuerzas Armadas y la Policía, para garantizar la paz y defender a los ciudadanos.       

Por Arturo Torres

¿Qué implica la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, a Ecuador, Colombia y Peru esta semana?
-La visita del Secretario de Estado norteamericano constituirá un elemento decisivo para fortalecer la cooperación y la coordinación de las estrategias regionales en la lucha contra el narcotrafico y los grupos criminales y de esta manera consolidar un bloque de seguridad en la región con Ecuador, Peru y Colombia. Es una señal clara de que se intensificará la ofensiva conjunta regional contra los grupos criminales. En Ecuador ya tenemos un incremento de operaciones en alta mar, donde se han destruido varias embarcaciones de pescadores ecuatorianos que presumiblemente habrían estado realizando actividades ilegales, y en Colombia también se está incrementado la ofensiva contra el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

 ¿Hacia dónde van Ecuador, Colombia y Perú como parte de la estrategia liderada por Estados Unidos contra el narcotráfico, con sus mandatarios ideológicamente de derecha? ¿Se profundizan los enfoques de militarización y mano dura, siguiendo la ruta que marca Washington?
–Los analistas internacionales coinciden en afirmar que el giro hacia la derecha de la región será un elemento decisivo para coordinar las estrategias de seguridad y defensa de los países del Pacífico sur. Se trataría de un esquema de negociar y suscribir acuerdos de países soberanos para enfrentar a un enemigo común: el crimen organizado internacional con la ayuda de EE.UU., más que de un simple alineamiento con la estrategia norteamericana. Como es lógico, esos acuerdos deberán respetar la Constitución y la leyes de cada uno de los estados participantes. La legítima defensa de los intereses nacionales, del territorio y la democracia en nuestros países. En este escenario el combate al narcotráfico y al crimen internacional organizado se debe hacer en el marco de la ley y el respeto a los principios constitucionales.

“La mano dura que debe aplicarse es la del cumplimiento de la ley, para defender a nuestros ciudadanos, recobrar la paz y defender el futuro. No se trata entonces de militarización, pues los tres países
tienen gobiernos democráticos, sino de utilizar los instrumentos y organismos de seguridad, es decir,
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para garantizar la paz, el respeto a la ley y la democracia”.

¿Qué impacto ha tenido la política estadounidense de apoyo al Ecuador en la lucha contra el crimen organizado, que con el actual gobierno también ha implicado el bombardeo de barcos en el Pacífico, que son duramente cuestionados dentro y fuera del país?
–En el contexto geopolítico de la región, la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, es el elemento decisivo, fundamental. Los estados no tienen las capacidades operativas y la información suficiente para enfrentar por sí solos a las mafias internacionales que operan no solamente en el tráfico de estupefacientes sino en el blanqueo de capitales, el tráfico de personas y de armas, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y muchos otros delitos. Frente al crimen organizado que opera a escala global, las respuestas deben ser de igual dimensión, es decir, coordinadas, estructuradas, cooperativas, multidimensionales y contundentes. Ello implica la necesaria cooperación entre estados en el ámbito de la información, la inteligencia, la formación y capacitación, la vigilancia de fronteras, la cooperación judicial, el soporte logístico y, en casos muy concretos, la realización de operaciones militares coordinadas para asestar golpes contundentes. La política norteamericana de cooperación debe ser utilizada de manera integral por Ecuador y los países vecinos, para dar pasos sólidos en la lucha contra las mafias que están incrustadas en la vida de la nación.

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⇒El general (SP) Luis Lara fue jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. y Ministro de Defensa. Tiene un diplomado en política, seguridad y democracia y uno en inteligencia en el estado contemporáneo, ambos obtenidos en Chile. Además, estudió técnicas de enseñanza militar en Brasil. Participó en el conflicto del Cenepa, en 1995, por lo cual obtuvo la condecoración Cruz al Mérito de Guerra y fue declarado héroe nacional.

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¿Cuál es el alcance que ha tenido hasta el momento el Escudo de las Américas en la región?
–Es difícil aventurar un diagnóstico completo con la información parcial o con la ausencia de información que caracteriza en general al gobierno ecuatoriano y a los restantes regímenes de la región. Resulta evidente la cooperación del Ecuador en esta iniciativa, lo que le ha colocado en situación de privilegio respecto del futuro apoyo militar en materia de seguridad y defensa. En términos de estrategia global, es obvio que el previsible alineamiento de Colombia, Ecuador y Perú, en materia de defensa y seguridad, con las políticas norteamericanas, es una buena noticia, pues fortalece y potencia el combate contra el narcotráfico, el crimen transnacional y el terrorismo, cuyos resultados son esenciales para un futuro de paz y seguridad en la región. La suscripción del acuerdo marco en materia de seguridad y defensa con EE.UU. firmado en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, bajo mi gestión en el Ministerio de Defensa, ha sido el factor decisivo para la entrega de información, la cooperación militar y policial y las operaciones coordinadas entre los dos países, que son la base de los resultados que el Ecuador ha anunciado en esta confrontación decisiva para el futuro del país. Con frontalidad debo afirmar que no es correcto ocultar la evidencia de lo que se consiguió hace muy poco tiempo en materia de seguridad y defensa.

“Cada esfuerzo, cada resultado anterior, son la base de los logros actuales. Sin las declaratorias como amenazas a la seguridad nacional del terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal, no se hubiesen podido llevar adelante las políticas del actual gobierno. Tampoco sin la organización, capacitación y equipamiento de las unidades de combate contra el narcotráfico, que apuntalamos años atrás. El régimen actual no hubiese podido actuar de inmediato en las operaciones militares emergentes contra el crimen organizado y el terrorismo. En términos de estrategia global, es obvio que el previsible alineamiento de Colombia, Ecuador y Perú, en materia de defensa y seguridad, con las políticas norteamericanas, es una buena noticia”.

¿Cómo se sentaron las bases, bajo qué mecanismos, para estrechar la cooperación durante los gobiernos anteriores con Estados Unidos?
Consideramos siempre que, frente a las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado, ya no bastan la acción de las fuerzas de seguridad de los estados, no es suficiente la voluntad política de los gobiernos, sino que es imprescindible la actuación coordinada de las naciones y el apoyo de la comunidad internacional. Justamente para conseguir apoyo internacional, en mi período de gestión, el Ministerio de Defensa elaboró la “Estrategia Integral para la seguridad y la Paz”, que sirvió de base para la negociación con EE.UU. y la suscripción del acuerdo de entendimiento con ese país. En esta estrategia se analiza la situación general, a nivel regional, la situación vecinal y la situación nacional (actualizado a noviembre de 2023), contiene el direccionamiento político, cuatro fases y sus acciones estratégicas que orientan las operaciones militares y policiales hasta llegar al control efectivo del territorio en el año 2026. Además, incluye los ámbitos estratégicos de la Seguridad Ciudadana y de la Defensa y los requerimientos para poder cumplir “La Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz”. Ante la imposibilidad del gobierno de poder atender los requerimientos de las FF.AA. y la Policía Nacional, el presidente Lasso lideró un proceso de búsqueda de apoyo internacional haciendo conocer la situación que vivía el país. Esta estrategia fue puesta en conocimiento del Comando Sur, inicialmente, y posteriormente a varios funcionarios del Congreso de EE.UU., llegando inclusive a solicitar este apoyo directamente al presidente de ese país Estas gestiones tuvieron su punto culminante el 19 de julio de 2023, fecha cuando se firmó el Memorándum de Entendimiento (MOU) para la cooperación en materia de seguridad. El MOU tiene 169 objetivos a ser alcanzados hasta el año 2030 para el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Pero adicionalmente se concretaron otros acuerdos. ¿Cuáles fueron?
-El de Asistencia en Interceptación Aérea, que contempla financiamiento, datos de inteligencia, datos de radar, soporte logístico, soporte de comando, control y comunicaciones, equipos, mantenimiento y capacitación.  El Sheep Raider Que tiene como objetivo fortalecer las actividades de cooperación en materia de aplicación de la ley entre las partes con el fin de prevenir, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas las mismas que se ejecutaran contra buques sospechosos incluidos buque sin nacionalidad; y el  SOFA, que trata sobre el status de militares y civiles de EE.UU. que puedan estar presentes en Ecuador, en visitas de buques, entrenamientos, ejercicios, actividades humanitarias entre otras.  Estos acuerdos fueron ratificados por la Corte Constitucional y han sido de gran importancia para el apoyo en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y las actividades ilegales particularmente en el mar.

El buque guardacostas ‘BAE Jambelí’, donado por el gobierno de Corea del Sur, está operando en toda su capacidad desde mayo pasado para el control antidrogas, contra la pesca ilegal y otros delitos en el mar territorial ecuatoriano, informaron fuentes de la Marina. En 2020 ese país también cedió al Ecuador dos guardacostas. Esto en el contexto de la intensificación de operativos conjuntos con Colombia y Estados Unidos.

Redacción Código Vidrio

El gardacostas BAE Jambelí se incorporó a la flota naval ecuatoriana en mayo pasado. Puede transportar tres lanchas interceptoras, un helicóptero mediano para operaciones y tiene una autonomía de navegación de 40 días en alta mar, sin necesidad de regresar a puerto. Su tamaño le permite almacenar suficiente combustible, agua y alimentos e incluso para abastecer y brindar soporte logístico a otros buques durante las operaciones en el mar.

El buque, de 105 metros de eslora, 15 metros de manga y 38 metros de altura, fue el primer patrullero de gran tamaño de la Guardia Costera de Corea, con una capacidad de 3000 toneladas. Con un desplazamiento a plena carga de 4,400 toneladas, la nave fue construida por Hyundai Heavy Industries y también navegará para vigilar el perímetro marítimo de las islas Galápagos.

Antes de ser entregado a Ecuador, el buque fue repotenciado por el gobierno coreano, para quedar en perfectas condiciones. No es la primera vez que ese país asiático dona este tipo de equipos náuticos a nuestro país. En 2020 también cedió dos guardacostas. Cada uno de ellas tiene capacidad para 27 personas y mide 53,70 metros de largo, 7,4 metros de ancho y 17 metros os de alto.

Corea y su permanente innovación

A escala global, Corea está transformando el mercado mundial de seguridad marítima al combinar su sistemático avance y destrezas tecnológicas de fabricación en la industria de construcción naval comercial con sus  capacidades de defensa marítima militar, según reportes internacionales del sector.

HD Hyundai Heavy Industries y Hanwha Ocean de Corea tienen astilleros comerciales avanzados de clase mundial y han demostrado capacidades de gestión de la cadena de suministro para construir grandes buques dentro de un presupuesto y plazo establecidos, indica un informe de CSIS, Observer Research Foundation. Esto le ha convertido en uno de los principales aliados de Estados Unidos para la provisión de equipos marítimos de seguridad militar.

Naves no tripuldas con IA

Uno de los principlaes objetivos de ese país es liderar el paradigma de la guerra naval del futuro con buques no tripulados (USV) basados en Inteligencia Atificial (IA)

La avanzada tecnología de fabricación de buques de guerra de Corea se combina con el funcionamiento de un software de IA de defensa de EE.UU. Con este objetivo Hanwha se ha asociado con Magellan Defense, y HD Hyundai con la empresa de defensa estadounidense Anduril Industries. Su estrategia es apuntalar el desarrollo conjunto de embarcaciones de superficie no tripuladas (USV) de próxima generación.

Este proyecto apunta a la expansión de buques no tripulados a gran escala que está llevando a cabo el Departamento de Defensa de EE.UU. para contrarrestar la ofensiva de volumen de China, y se ha convertido en una oportunidad para asegurar el liderazgo en el mercado de defensa autónoma de próxima generación.

EXCLUSIVA-CV/ Esta investigación revela los mecanismos de reclutamiento y la magnitud de la infiltración narco en las filas policiales. ¿Hasta dónde llegaron los contactos de los integrantes de un grupo criminal que, entre 2023 y 2024, traficó 9 toneladas de cocaína desde Ecuador a Europa? El cerebro de esta estrategia fue el narcotraficante sentenciado Carlos Zambrano, quien mantuvo su red de colaboradores y amigos por más de dos décadas con una fachada de empresario, para obtener información privilegiada y beneficios. Eso le permitió conocer a políticos y autoridades. Por su alto perfil, habría sido reclutado como intermediario por un cartel de los Balcanes.

Investigación de Código Vidrio, con el apoyo de Resilience Collaborative     

Una estructura narcodelictiva con conexiones en actividades de minería ilegal fue desmantelada a fines de 2024 en el operativo transnacional Gibraltar. Lo que no se conocía y hoy revelamos son los intrincados hilos de los contactos de dos cabecillas de esa organización que llegaron a altas filas de la Policía y otras entidades públicas y privadas, así como autoridades gubernamentales. Además esta reportería destapa los niveles de penetración que alcanzó el grupo criminal para contar con la colaboración de decenas de uniformados de unidades antidrogas en varios puertos de Guayaquil, algunos de los cuales siguen en servicio activo, bajo investigación. Y pone al descubierto las relaciones de subordinación con un cartel de los Balcanes.

Cuatro figuras fueron cruciales para el envío de la cocaína hacia Europa. El empresario Carlos Zambrano es uno de ellos. Además, tres miembros de la Policía, en servicio pasivo, eran fundamentales en la organización: el coronel (sp) Julio Miño del Hierro, exjefe de la Policía Judicial y de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO). También, el sargento Edwin Coque, quien trabajó en la Unidad de investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA), y el exagente Carlos S., alias “Sapo” o “Rana”.

Con Zambrano a la cabeza, fueron procesados y sentenciados, en 2025, por delincuencia organizada para narcotráfico, Miño, Coque, Geovanny Cruz, Laureano Alvear y José Bersoza. En este caso también estuvo procesado Galo Litardo, capitán de Corbeta de la Marina, quien fue absuelto.

Para documentar el mecanismo de penetración y reclutamiento, este equipo periodístico revisó, durante seis meses en la Fiscalía, miles de documentos, que incluyen informes periciales, versiones, análisis criminalísticos, asistencias penales internacionales, reportes de la UAFE, contratos. Los cotejó con entrevistas a decenas de fuentes. Revisó la causa judicial foliada en carpetas, tras pedidos de acceso en la Fiscalía. Descubrió que la información más significativa y relevante de este caso no consta en el expediente publicado en el Sistema de Trámite Judicial (SATJE), de libre acceso. Luego, contrastó los datos con fuentes en España y Serbia.

Una de las piezas claves fue el celular de Zambrano, un Iphone 6, que escondía muchas sorpresas. Entre otras, cientos de fotos y videos con uniformados de distintos rangos y civiles en reuniones sociales. En otras imágenes aparece junto con empresarios procesados por corrupción en la adquisición de insumos durante la pandemia, y también con políticos, como Rafael Correa, cuando aún era presidente en 2017.

Las grabaciones de las escuchas telefónicas, autorizadas por un juez dentro del proceso, revelan los alcances de Zambrano. Organizaba reuniones sociales en su lujosa residencia, con la asistencia de oficiales de la policía. Varios de ellos rindieron versiones ante el fiscal del caso. Algunos coincidieron en que el general de la policía César Zapata estuvo entre los invitados, en un asado, en 2021. Por eso, el oficial, hoy en servicio pasivo, fue llamado a declarar en la Fiscalía, donde admitió haber conversado con el empresario pero negó haber sido su amigo. Este medio pidió su pronunciamiento, pero no accedió a conceder una entrevista.

Las escuchas también captaron conversaciones de Zambrano quien menciona que le regaló chaquetas de estilo italiano al general en Guayaquil. El oficial fue Comandante de la Policía entre octubre de 2023 y agosto de 2024.

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ENGRANAJE DE LA ORGANIZACIÓN LIDERADA POR ZAMBRANO

 

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El nexo con el clan de los Balcanes

Entre 2023 y 2024 el grupo liderado por Zambrano envió a España y Países Bajos 8,7 toneladas de cocaína, descubiertas en el destino final por las autoridades, ocultas en bultos en contenedores con latas de atún, exportados por una empresa alimenticia, con sede en Manta, Manabí. Otro cargamento, de 664 kilos, fue incautado en Guayaquil. Estas capturas detonaron investigaciones transnacionales y el desmantelamiento de la organización en 2024. Nuevas indagaciones surgieron para determinar quiénes son los líderes.

En una de ellas, agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas con Coordinación Europea (UIACE) han recabado indicios y siguen la pista, con apoyo de policías españoles, del cartel balcánico que financiaba las operaciones hasta el envío desde Guayaquil. Los documentos revelan que Zambrano armó la red local.

Pero sus actividades relacionadas con hechos criminales empezaron décadas atrás. En 2002, estuvo enjuiciado en un caso de narcotráfico. Se ordenó su captura y estuvo prófugo hasta que el proceso en su contra se diluyó. Entonces ya se conocieron sus estrechas relaciones con altos oficiales y jefes de la Policía, de la época, que lo cuidaban y transportaban en vehículos oficiales en Guayaquil y Quito.

Precisamente por ese alto perfil, habría sido reclutado como intermediario de un cartel de los Balcanes, para los envíos desde Ecuador hacia Europa, indicaron agentes que trabajan con la Unión Europea. llevan adelante una investigación multinacional.

“Esta organización balcánica controla toda la línea logística del narcotráfico, desde la compra de la cocaína en Colombia, hasta la salida por los puertos de Guayaquil y su llegada a Europa”, explicó el funcionario antidrogas. Los clanes de los Balcanes (incluidos los albaneses, serbios y montenegrinos) se convirtieron en menos de diez años, en los principales protagonistas de la expansión del negocio de la cocaína hacia Europa. Despegaron en el crimen transnacional desde Ecuador por varios factores. El principal es que la demanda de cocaína se disparó en Europa con la llegada de la pandemia del Covid-19.

El grupo liderado por Zambrano, alias “Carlitos”, despuntó después de la pandemia. Siguiendo esa pista esta alianza documentó cómo la estructura penetró en las filas policiales, corrompiendo, esta vez, a unos 40 uniformados en unidades especiales en varios puertos, así como varios militares y trabajadores. Los uniformados cumplen todavía diferentes funciones en las terminales, según un oficial Antinarcóticos. El diagrama que identifica a estos cooperantes y su papel específico para la contaminación de los contenedores en puertos de Guayaquil está incluido en el proceso.

Los policías hoy están bajo la lupa, en una investigación previa que se derivó del caso Gibraltar. Según agentes antidrogas, esta estructura operaría indistintamente para cualquier organización que requiera sus servicios en los puertos. En 2024 una denuncia, revisada por Código Vidrio, llegó al Ministerio del Interior. En ese documento de cuatro páginas se describen las relaciones que mantienen varios oficiales de la Policía con miembros de grupos delictivos. La última radiografía de las conexiones de uniformados con el crimen apareció en el caso Metástasis, en 2022. En este proceso la Fiscalía comprobó la operación de una estructura de delincuencia organizada, liderada desde la cárcel por el narcotraficante Leandro Norero (+). Entre sus operadores tenía jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos, que fueron sentenciados.

La Policía refuerza medidas de confianza

El Inspector general de la Policía, Víctor Herrera, explica que ante las alertas que han recibido sobre la participación de uniformados en redes delictivas en los puertos para el envío de cocaína la institución ha reforzado las medidas de control interno y contrainteligencia para fortalecer la autodepuración.

En particular al general Herrera le preocupa la contaminación detectada entre uniformados de la Unidad de investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA) y el Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC).

“Hay un esquema que estamos aplicando de rotación continua. Los policías que están en unidades sensibles de control antidrogas no pueden quedarse más de un año en un solo puesto. Además deben someterse, en ese mismo período, a pruebas de confianza como el polígrafo. Si no pasan son separados de la unidad”, destaca Herrera.

También alerta que un problema de fondo es la restitución a unidades especiales de policías que han sido dados de baja por cometer delitos. “Es muy grave que uniformados sancionados vuelvan a la institución por fallos de los jueces, que estamos obligados a cumplir. Entonces vemos que los niveles de influencia y contaminación de las organizaciones criminales no solo afectan a la Policía, sino a Fuerzas Armadas, a la justicia y la Fiscalía. Todo esto alienta la impunidad”.

“Los más peligroso -advierte Herrera- es que muchos grupos delictivos también son integrados por expolicías, que conocen bien cómo opera la institución y se encargan de reclutar a personal en servicio activo. El último mes (julio) nueve policías han sido asesinados por sicarios en Manabí. Los investigadores estiman que seis tenían vínculos con bandas. Cinco fueron dados de baja y eran parte de unidades antidrogas.

Contratos con la Casa Militar

La organización liderada por Zambrano combinaba actividades de narcotráfico y lavaba sus recursos en otras empresas, incluida Goldenminerals, dedicada a la minería ilegal, según reveló Código Vidrio https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/. Miembros del grupo también consiguieron contratos con el Estado, aprovechando sus influencias políticas. El que se encargó de cuajar esos negocios en el sector público fue Geovanny Cruz, dueño de un taller de reparación de autos. Entre 2023 y 2024, su principal cliente fue la Casa Militar Presidencial, a cargo de la seguridad del Primer Mandatario. Esta entidad le pagó en ese lapso más de 722 mil dólares por servicios de mecánica automotriz. También tuvo como cliente al Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica de la Fuerza Terrestre, por más de siete mil dólares.

La trayectoria del empresario

Zambrano, de 63 años, se educó en Quito en un colegio privado regentado por la orden salesiana y viajó a Estados Unidos en la adolescencia. Volvió para graduarse de la secundaria. Su familia tenía una buena posición económica.

En su juventud, a mediados de los 90s, llegó al sector camaronero en Cojimíes, al norte de Manabí. Por esos años conoció a altos oficiales de varias unidades especiales, en especial del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Quien le presentó a algunos de los oficiales de esa unidad fue un médico guayaquileño que practicaba tiro. Al percatarse de que las condiciones de la unidad eran modestas y rudimentarias, Zambrano hizo una importante donación económica para mejoras en las instalaciones, con lo cual se ganó el aprecio y reconocimiento de los uniformados, según recordó un exoficial de esa Unidad.

Sus relaciones salieron a la luz en 2002, en un informe del entonces inspector de la Policía, general Édgar Vaca (+), quien dirigió una investigación interna recabando testimonios de policías en torno al narcotraficante Carlos Hong Mayorga. La Fiscalía también investigó el caso que se judicializó estableciendo que el general Abraham Correa y otros oficiales visitaban el taller de Hong y supuestamente tuvieron reuniones con él.

En 2002 Hong fue sentenciado a seis años de prisión por narcotráfico. Lideraba una banda que operaba en Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Fue detenido en una mecánica de pintura de vehículos, al norte de Quito, donde se encontraron 122 kilos de cocaína. Tres meses después el general Correa y su ayudante, un capitán, fueron procesados y sobreseídos por la Corte Superior, que descartó su participación en algún ilícito. Zambrano también fue absuelto. Correa dejó la Policía.

Encuentro informal con Correa

Cuando el remezón pasó, los siguientes años Zambrano retomó su actividad empresarial e incluso se convirtió en el representante local de dos firmas panameñas. De a poco retomó sus contactos con sus amigos en la Policía y en otras entidades públicas y privadas. Para ponerlos de su lado, apeló al mismo mecanismo. Les entregaba obsequios caros como relojes Rólex, prendas de diseñador, entre otros. Los invitaba a reuniones donde bebían whisky y deliciosa comida.

En su celular, Zambrano guardó cientos de fotos y videos de sus encuentros, algunos fortuitos, con distintas figuras públicas y privadas, con oficiales en servicio activo y pasivo, con uniforme y de civil. En una de ellas aparece con Xavier Jordán, quien está enjuiciado como uno de los autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El 7 de marzo de 2017, a las 20:00, en la cámara de su celular registró en vídeo y una fotografía de un encuentro informal con el entonces presidente en funciones Rafael Correa, quien vestía una camisa blanca de lino. Sonrientes, ambos saludan afectuosamente, cruzan unas palabras y se abrazan, luego posan para la cámara de Zambrano. Otros dos acompañantes, hombres, no identificados, se encuentran en el grupo. A sus espaldas, una pantalla muestra un partido de fútbol y el espacio parece ser un bar restaurante, que los analistas no pudieron identificar. Las paredes están llenas de nombres de personas, escritas con marcador con distintas caligrafías. Esas imágenes, con la fecha en que fueron tomadas, forman parte del proceso judicial. En su declaración, al ser procesado, Zambrano no fue interrogado sobre este hecho. Tampoco se encontraron evidencias de otros contactos o nexos con el exmandatario.

Solicitamos una entrevista con el expresidente Correa, a través del equipo de comunicación de su movimiento en Quito, pero no obtuvimos una respuesta hasta la publicaciòn de esta historia. Correa estuvo en el poder hasta mayo de 2017. Luego abandonó el país y viajó a Bélgica. En Ecuador tiene un sentencia en firme de ocho años de prisión por el delito de cohecho

El tráfico se disparó en plena pandemia

Entre 2019 y 2020, el empresario contactó al entonces coronel de la policía Julio Miño del Hierro. El oficial ejercía por esos años el cargo de director de la Policía Judicial de Guayas. En esas funciones pudo haber borrado el pasado judicial por narcotráfico de Zambrano, según se desprende de la investigación interna en las filas, recogida en un informe policial adjuntado al proceso del caso Gibraltar.

En 2022, en un taller mecánico, Zambrano conoció al sargento de la policía, en servicio pasivo, Edwin Coque. Su cuñada estaba enferma y la esposa de Zambrano le dio apoyo espiritual. Coque se dedicaba a la venta de carros chocados. La relación de amistad se hizo cada vez más cercana. El sargento retirado, quien salió de la entidad en 2020, le comentó que era amigo de uniformados que trabajaban en la UIPA de la Policía

De esta manera, Zambrano, empezó a coordinar con los dos exmiembros policiales, el coronel y el sargento, que darían la logística indispensable para el envío de cargamentos de droga.

Para ello usaron teléfonos celulares específicos, con la aplicación encriptada Zangi, de origen armenio que era usada por el Tren de Aragua, por sus altos niveles de hermetismo, y que la mafia rosarina había adoptado para sus comunicaciones. Para ocultar sus actividades Zambrano y Miño del Hierro adoptaron las identidades de dos generales de la Policía y con esos nombres registraron sus contactos en sus teléfonos celulares. El sargento Coque era el contacto con los policías de la UIPA.

Miño del Hierro se encargaba de la logística relacionada con el envío, para lo cual reservaba un cupo para exportación de contenedores. Cada cupo (booking) tiene un código alfanumérico.

En el proceso judicial salió a la luz que Miño del Hierro, además, ‘manejaba’ dos grupos de policías en puestos estratégicos. El primero estaba liderado por un teniente coronel, con ocho subordinados a su servicio. Y el segundo estaba dirigido por un mayor, con ocho policías a su cargo.

Así se armaba el rompecabezas en el puerto

La modalidad de revisión en puertos consiste en que dos de cada tres contenedores son abiertos, dependiendo de la información de perfilamiento que reciben los policías. Así los agentes confirman con inspecciones apoyadas con canes si existe o no una contaminación con droga, con base en datos sobre cargas reportadas con mayor riesgo.

Miño informaba cuál era el contenedor contaminado (la jerga que usaban es ‘el preñado’), luego de comprobar que la empresa exportadora escogida para el envío era la adecuada. La caja “preñada” no era revisada, gracias al direccionamiento que recibía uno de los ofiociales reclutados, a cargo del control.

Los policías en puertos se encargaban de abrir los dos contenedores limpios y no inspeccionaban el que contenía la cocaína, ubicado en el primer piso, por orden del uniformado, también cooperante de la banda. Era fundamental coordinar los envíos con los turnos de los policías que colaboraban.

El valor negociado que recibían los encargados de ocultar la droga en los cargueros era 700 dólares por kilo. Se pagaban una vez que el barco estuviera en alta mar, ya que la organización consideraba que en ese punto terminaba su responsabilidad con los clientes finales en Europa.

“La caja preñada nuestra es la que termina en 7120”. Este mensaje aparecía en el celular del excoronel Miño del Hierro. Se refería al cargamento de cocaína que el grupo envió a fines de diciembre de 2023 hacia España.

El cargamento fue detectado en España. Esto motivó un desacuerdo entre los miembros de la organización: ellos creían haber enviado 700 kilogramos de cocaína, pero fueron descubiertas más de seis toneladas.

Operadores criminales en empresas de servicios

En Guayquil operan dos puertos concesionados y ocho terminales portuarias privadas, que no tienen las mismas exigencias legales que los concesionados. Manejan en conjunto el 92% del comercio exterior de Ecuador. Las terminales concesionadas son Posorja DP-World y Contecom, que tienen contratos con el Estado, el cual regula sus operaciones de seguridad y establece obligaciones para el control. Estas facilidades concentran los envíos más grandes de carga al exterior, especialmente frutas y productos del mar. Entre los puertos privados más importantes destacan: TPG (Terminal Portuario de Guayaquil), Naportec (Bananapuerto), Fertisa y Trinipuerto. Aunque en todos hay presencia de unidades antinarcóticos, solo las terminales concesionadas tienen obligaciones contractuales para cumplir exigencias legales, el resto se rige por actos administrativos de la Autoridad Portuaria.

Fuentes de Antinarcóticos indicaron que  hay casos de contaminación en la mayoría de puertos, tanto concesionados como privados, donde el problema es recurrente: en varias terminales se han detectado cooperantes internos, reclutados por organizaciones del narcotráfico.

En especial -según coinciden un oficial de la Policía y dos jefes de seguridad portuaria- un grave problema son las empresas privadas de seguridad y de servicios como alimentación que también han sido infiltradas o pertenecen a cabecillas de alguna banda que usan testaferros. El personal es reclutado para facilitar la contaminación con droga. En junio pasado, en uno de los puertos fueron despedidos 20 trabajadores identificados como operadores delictivos, según fuentes portuarias. Este mecanismo se consolidó en el contexto del incremento de la producción y demanda de cocaína a escala global. Ecuador se volvió un eslabón en esa cadena por sus características únicas: la ubicación geográfica de este país, entre Colombia y Perú, los más grandes productores de esa droga; y, una economía dolarizada desde el año 2000, que facilitó el flujo y lavado de dinero del narcotráfico en la economía formal.

Las conversaciones con el General

El empresario vivía en la urbanización Bonaire, Samborondón, con su esposa María Auxiliadora. Ambos se casaron muy jóvenes: de eso hace más de 43 años. Ella revelaría, en el juicio por delincuencia organizada que fue víctima de maltrato psicológico. Sufría de depresión y estaba medicada.

Daba terapias de sanación para familiares de policías con enfermedades crónicas. El empresario aprovechó esta práctica para estrechar vínculos con los uniformados.

Otro método de enganche eran las invitaciones a reuniones y fiestas en su residencia. Allí acudían policías de distintas jerarquías, incluidos coroneles y generales, vestidos de uniforme y también de civil.

Uno de los conocidos de Zambrano era el entonces general de la Policía César Zapata Correa. Fue ascendido al cargo de comandante de la Policía el siete de octubre de 2023. Estuvo en funciones hasta agosto de 2024, en los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa.

En el curso de la investigación fiscal se determinó que Zambrano habló varias ocasiones con el general Zapata. “A veces hablábamos, comíamos, nos reuníamos. Nos reíamos”, declaró Zambrano, al ser interrogado por el fiscal Fernando Guerrero.

En una llamada telefónica, que fue interceptada en el caso, Zambrano fue grabado mientras conversaba con alguien, a quien le menciona que “sería bueno llevarle unas levas (chaquetas a Zapata) porque sale seguido en televisión”.

Cuando el empresario fue interrogado sobre esta conversación, por el fiscal, mencionó que tenía amistad con el dueño de un establecimiento de ropa de caballero, y que le facilitó al oficial unas chaquetas, “como cortesía, por amistad”. Aclaró en su versión que el general no tenía ropa de civil. En esa declaración, afirmó que Zapata recibió las chaquetas y que no necesitaron arreglo alguno, pues le quedaron a la perfección. El exclusivo almacén confecciona ropa a la medida, con líneas diseño italiano en Guayaquil.

El oficial negó relación alguna con el empresario

Zapata fue llamado a declarar en Fiscalía. Negó una relación de amistad con el empresario. De hecho, afirmó que bloqueó su contacto, para no recibir sus llamadas. Aclaró que su trayectoria policial de más de 35 años fue limpia y nunca tuvo relaciones comerciales, ni de otro tipo, con él.

Pero Zambrano contradijo al excomandante. A fines de enero de 2024 –cuando Zapata era comandante de la Policía- mantuvieron una conversación telefónica, que también fue interceptada y motivó varias preguntas del Fiscal.

De acuerdo con el empresario, un mayor de la Policía le pidió concretar el pase de una uniformada, de una provincia a otra, ya que se trataba de una colega embarazada, que además es hija única, y que fue trasladada a un sitio distante. Para lograrlo, Zambrano dijo que habló con Zapata, personalmente, en el almacén italiano de ropa de caballeros, donde se reunieron.

“Él hizo el pedido, habló por teléfono, no sé si con el director de Personal, o alguien más. A los 20 minutos recibió la respuesta de que el cambio no era posible, porque esa uniformada tenía dos alertas críticas en la Unidad Antinarcóticos. Había pertenecido a la UIPA”. Ésta es la Unidad antidrogas de Puertos y Aeropuertos.

Zapata afirmó que en su “larga y reconocida trayectoria mantuvo tratos amables con muchas personas”, por cuanto “mi trato cotidiano fue cordial, amable y gentil”.

Reconoció haber conversado con Zambrano, el 25 de enero de 2024, cuando estaba al frente de la Policía. Insistió que se trataba del pedido para otorgar seguridad y protección a una autoridad pública. Citó el nombre de Hugo González, quien por esas fechas presidía la Corte de Justicia de Guayas. Meses más tarde el servidor judicial fue destituido por colaborar con el crimen organizado, del cual recibió favores y hasta ‘panes de pascua’. No obstante, el oficial negó haber conocido a González y aclaró que no recibió petición alguna para concretar el pase de la uniformado a la UIPA.

Con Zambrano -dijo Zapata- “mantuve conversaciones triviales, como cualquier otro conocido me pudo haber llamado, y dichas conversaciones nunca se llegaron a plasmar”.

La parrillada en Bonaire

Durante el juicio un Oficial de la Policía pidió rendir su versión sobre las circunstancias en las cuales conoció al empresario Zambrano.

En 2021 el uniformado fue trasladado a Guayaquil para realizar el curso de ascenso. “Durante el minuto cívico me dieron la disposición de dar un discurso sobre redes sociales y la injerencia en la Policía”, explicó.

Al término de evento le dijeron que Zapata, entonces jefe de la Zona 8 de Guayaquil, Durán y Samborondón, quería plasmar ese discurso en un proyecto ejecutable para ese distrito. Con ese fin debía trasladarse al Cuartel Modelo para concretar una reunión. Sin embargo, la cita se postergó por la agenda apretada del jefe policial.

Luego de las seis de la tarde, tras esperar en vano, el Oficial recibió la orden de dirigirse a un domicilio particular, en la urbanización Bonaire, según declaró el Oficial.

Llegó a la ubicación que le enviaron. “Allí estaban otros ciudadanos, creería que son oficiales en servicio pasivo, muy antiguos para mí (…). Fui recibido por el dueño de la casa que posteriormente conocí que se llamaba Carlos Zambrano. Estaban el ayudante de mi general (Zapata), su secretario, otros oficiales, mi persona y su seguridad; habían preparado una parrillada”.

“Después de conversar varios temas en los que yo no participaba, políticos, deportivos, jocosos, el general (Zapata) me manifestó: ‘Explíqueme cómo es el tema y discúlpeme la informalidad, aquí estamos entre amigos’”.

Dijo que detalló su proyecto durante aproximadamente 30 minutos y se retiró de esa residencia.

Reconoció que luego, en el transcurso de varios años, se encontró con Zambrano tres veces más en eventos deportivos y sociales en Guayaquil, Manabí y Quito.

También mencionó que tuvo un encuentro fortuito con el excoronel Miño en el mismo restaurante en el centro norte de Quito, donde coincidieron. Mencionó que acostumbra visitar ése y otros sitios con su grupo de amigos.

Cuando el fiscal le preguntó a Zapata por qué le presentó al mayor a Zambrano, respondió: “Yo no le presenté al mayor al señor Carlos Zambrano, yo no le presenté”.

A continuación, el abogado del excomandante interrumpió el interrogatorio. Dijo que su defendido ya no respondería más preguntas del fiscal, ni de ninguna de las partes. La diligencia terminó ese momento intempestivamente.

Contactamos a Zapata para saber cómo conoció a Zambrano, sobre los regalos y la reunión en su domicilio. “Lo que conocía lo dije. No puedo atender su entrevista. Gracias”, respondió en un mensaje escrito desde su celular.

Otros uniformados de distintas jerarquías fueron llamados por fiscalía a declarar. Uno de ellos, perteneciente al GIR, afirmó que Zambrano le fue presentado en 2021 por dos de sus superiores en servicio pasivo. Dijo que conversó varias veces con él, quien tenía preocupación por temas de seguridad. Zambrano se enteró que el jefe directo de este uniformado intentaba lograr un traslado al exterior y se ofreció para conseguir el cambio, sin éxito. El policía afirmó que el empresario lo invitó a su cumpleaños, que empezaría desde la tarde, pero recién llegó en la noche, por sus obligaciones laborales. Detalló que en el festejo encontró a varios oficiales de la Policía, que vestían de civil. Uno de ellos era el entonces general Zapata.

 Sentenciados con penas reducidas en el caso Gibraltar

 El ex policía Carlos S. C., quien era conocido como ‘Rana’ o ‘Sapo’, no fue vinculado al proceso. Cuando el cargamento de más de seis toneladas fue descubierto en España, los miembros del grupo dieron señales de alarma. Uno de ellos afirmó que había recibido amenazas de muerte por parte de ‘Sapo’, quien se sintió traicionado, al enterarse que la cantidad de droga enviada era diez veces más grande de lo que él conocía. Surgieron dudas de que alguien del grupo estaba coordinando a espaldas del resto otros envíos de cocaína. No fue procesado, por razones de tiempo, pues las pruebas en su contra aparecieron en la última etapa del juicio.

El primer desenlace del caso Gibraltar ocurrió en diciembre de 2025. Siete de los implicados fueron sentenciados. Dos de los principales responsables recibieron penas reducidas, bajo el argumento de que en la fase crucial de la investigación fiscal revelaron información trascendental para esclarecer el caso. Se trata de Zambrano, condenado a dos años y cuatro meses de prisión, “aplicando el principio de favorabilidad y el atenuante trascendental”, y de Julio César Miño, que también recibió una pena de dos años y cuatro meses, por su cooperación con datos que abrieron otras líneas de investigación.

Bajo esas mismas consideraciones atenuantes, el resto de implicados: Laureano Alvear, Geovanny Cruz y Edwin Coque, fueron sentenciados a 20 meses de cárcel, mientras José Berzosa y Juan Pablo Calle recibieron las penas más altas, de cinco años, aunque su papel en la estructura criminal fue más bien secundario, como operadores. Pese a la magnitud de esta operación transnacional la Fiscalía aún no ha abierto una investigación de lavado de activos, con la base de un delito precedente de narcotráfico, para tratar de recuperar las ganancias que tuvo la red, destacaron los agentes antidrogas.

Zambrano, según informes del sistema financiero, registra 20 propiedades, adquiridas en Samborondón, Pedernales, Buena Fe y Quito. Entre 2020 y 2024 tuvo ingresos por $311.410. El coronel Miño ha seguido recibiendo su pensión de oficial retirado de la Policía. Entre 2020 y 2025 recibió pagos de la institución por $257.584. En sus cuentas tuvo ingresos por $408.122.

La radiografía de esta estructura y sus mecanismos de penetración revela la importancia que los últimos años han cobrado los intermediarios con alto perfil empresarial o político para los clanes de los Balcanes. Sobre todo, después de que se impusiera el requisto de un visado para los albaneses desde 2022, y del fortalecimiento y coordinación de operaciones transnacionales entre la Policía de Ecuador, Europol y otras agencias internacionales antidrogas.

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* Esta Investigación tuvo el apoyo de Resiliencie Collaborative, una ONG sin fines de lucro

Una compañía de Manta estuvo involucrada, entre 2020 y 2025, en dos ocasiones consecutivas, en el envío de 11 toneladas de cocaína a Europa. Dos bandas de narcotraficantes, una de ellas liderada por el serbio Jezdimir Srdan, utilizaron su planta de producción y sus camiones para transportar la droga en distintos años, según informes antidrogas. Ambos grupos fueron investigados en los casos Gibraltar y Finisterra. En esta última causa hay nueve acusados, con el serbio Srdan a la cabeza. Cinco están prófugos. Este sábado 22 de agosto estaba previsto el inicio de la audiencia para conocer la sentencia en su contra por delincuencia organizada.

Investigación Código Vidrio con el apoyo de Resilience Collaborative

Se adaptan constantemente. El uso de una empresa exportadora de atún en Manta revela los mecanismos de los capos de los Balcanes, para ajustar los engranajes del tráfico de cocaína, a gran escala, hacia Europa. El esquema tiene cuatro componentes claves. El empleo sistemático de las mismas compañías exportadoras; las modalidades cambiantes de contaminación; el cierre y apertura de firmas y, la participación de la misma red de colaboradores en los puertos.

Esta investigación descubrió este patrón, tras revisar durante casi un año los expedientes de los casos Finisterra y Gibraltar. Ambos tienen un mismo hilo conductor: una atunera que venía operando en Manta y fue utilizada por dos organizaciones criminales para el envío de 11 toneladas de cocaína hacia España, Bélgica y Países Bajos, en períodos distintos, entre 2020 y 2025.

En ese período, integrantes de las dos bandas ocultaron la cocaína tanto en la planta de esa exportadora de productos de mar, como en los contenedores que transportaban la carga hacia el puerto de Guayaquil, indican partes policiales incluidos en los procesos. Según informes de los agentes antinarcóticos, uno de los accionistas de la atunera supuestamente colaboró para facilitar el embalaje y transporte de la droga en el caso por delincuencia organizada.

En septiembre de 2024 ocurrió un primer desenlace con el desmantelamiento del grupo liderado por el serbio Jezdimir Srdan y ocho personas más, incluidos otro serbio, un albanés, varios ecuatorianos y un colombiano. Varios están detenidos, acusados por lavado de activos. El juicio por delincuencia organizada para narcotráfico se desarrolla por cuerda separada y está por terminar.

Aunque las organizaciones que enviaron la droga en cargamentos de atún operaron en períodos distintos, por separado, tienen un punto convergente: fueron estructuradas y financiadas por clanes de los Balcanes, integrados por serbios, albaneses y de otras nacionalidades. Controlan toda la línea logística del narcotráfico, desde la producción, en Colombia, hasta la salida de terminales marítimas en Ecuador y la entrega de la cocaína refinada en puertos europeos y de otros continentes.

A partir de la pandemia del Covid-19, las transnacionales balcánicas, además de los carteles mexicanos, transformaron a Ecuador en un corredor estratégico, un santuario de negocios del crimen organizado, para sacar por sus puertos un 70% de las 3.000 toneladas de cocaína que produce Colombia, según informes de la ONU https://theconversation.com/colombia-is-producing-more-cocaine-than-ever-and-more-is-reaching-australian-shores-261745. Es decir que a este país ingresan 2.100 toneladas, valoradas en 4.200 millones de dólares.

Si bien los clanes balcánicos despegaron hace seis años en el contexto de la explosión global en la industria de la cocaína desde Europa, sus robustas estructuras echaron raíces en Ecuador una década antes. Un caso emblemático que mostró la dimensión de lo que estaba por venir ocurrió el 17 de junio de 2019 en Filadelfia, Estados Unidos. Ese día, el buque “MSC Gayane” hizo escala en ese puerto, tras zarpar de Freeport, Bahamas. Al atracar, las autoridades inspeccionaron la embarcación y, casi por accidente, descubrieron 16,5 toneladas de cocaína, la mayor incautación marítima en la historia de EE.UU. La tripulación era de nacionalidad montenegrina y estaba encabezada por Vladimir Penda, quien se declaró culpable de narcotráfico.

En una investigación del caso a petición del gobierno estadounidense, la consultora IBI Consultants descubrió que la coca se cargó en un buque frente a las costas de Ecuador, utilizando unas ocho lanchas rápidas que salieron desde el puerto de Manta. Los tripulantes de Montenegro tenían una vasta experiencia en el transporte de cocaína y aceptaron el encargo a cambio del pago de 50.000 dólares para cada uno. El buque, que navegó al Atlántico por el canal de Panamá, realizaba la travesía desde Filadelfia hasta el puerto de Rotterdam (Países Bajos), donde se tenía previsto descargar y vender cerca del 60 % del cargamento. En esta megaoperación se asociaron narcos de El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Montenegro.

⇒Precisamente, el grupo liderado por el serbio Srdan en Ecuador estaba compuesto por integrantes de varias nacionalidades y había realizado grandes envíos de cocaína, que seguían un esquema muy similar al caso Gayane: los buques eran contaminados, no solo en los puertos, sino en alta mar, con lanchas rápidas, que salían desde las costas de Ecuador y Colombia. En el intercambio de mensajes de esa banda se detallan destinos distantes como Rusia, Asia y Australia. Tenían la intención de comprar un buque para exportar frutas desde Ecuador.

8.688 latas rellenas con 1,5 toneladas de coca

En el caso Finisterra por delincuencia organizada, cuyo proceso judicial fue revisado por este medio en la Fiscalía, la empresa exportadora fue investigada por el envío de 1,5 toneladas de cocaína ocultas en latas de atún, embaladas supuestamente en su planta de producción, según los informes de la Policía, enviados a los fiscales que han dirigido la investigación: Galiano Balcázar y Janeth Cueva. También hay indicios de que la contaminación se realizó en un lugar cercano, en un galpón que alquilaron los narcotraficantes para esa operación.

Este grupo empleaba la aplicación de mensajería SKYECC, pagada por suscripción. Por pedido de la Fiscalía, a través de una asistencia penal internacional, la Policía de Francia interceptó el flujo de comunicación de 70.000 usuarios y descifró un millón de mensajes de sus integrantes, desde 2020. Entre los textos, además de identificar a alias “Brate” (Srdan), se ubicó a “Odín” (Danny William Naula, ya detenido y procesado, quien era el brazo ejecutor y dinamizador económico del grupo), y a alias Negro, Flaco, Hermano, Colo y Tío.

El serbio llegó a Ecuador antes de 2013, como parte de la oleada de ciudadanos de países balcánicos, con los albaneses a la cabeza. Empezaron a arribar tras la vigencia de la Ciudadanía Universal, desde 2009. Esta garantía, que se ha ido restringiendo progresivamente, por quejas de la comunidad internacional, permite el ingreso de cualquier extranjero al Ecuador, sin la necesidad de una visa ni la obligación de entregar su pasado judicial.

En 2014, Srdan fue detenido y sentenciado a 17 años y 4 meses de prisión por narcotráfico. No obstante, fue liberado en 2019, gracias a fallos ilegales de jueces, que luego fueron enjuiciados y destituidos por corrupción. Entonces viajó con su pareja Alexandra Fernández a Serbia, donde permaneció cerca de un año. Cuando las aguas se calmaron volvió a Ecuador, con otra identidad. Armó estructuras para el envío de cocaína y un conglomerado empresarial, para lavar el dinero fruto del narcotráfico. Multiplicó sus operaciones delictivas aprovechando el encierro por la pandemia y la drástica reducción de controles de policías y militares, que estaban dedicados a enfrentar las secuelas letales del virus, cuyo epicentro fue Guayaquil.

Entre abril de 2020 y febrero de 2021, Srdan traficó 5 toneladas de cocaína hacia Bélgica y Holanda. En Ecuador fueron incautados 7 despachos de 3,4 toneladas. La más grande, de 1.523.200 gramos del estupefaciente, fue descubierta el 3 de octubre de 2020 por la Policía en un contenedor transportado en un camión Kenwort, por el conductor José A. Él salió con la carga desde la empresa atunera, ubicada en Manta. La droga estaba oculta en 8.688 latas de atún.

El conductor declaró que luego de abandonar la empresa fue interceptado por varias personas que lo obligaron a bajar del vehículo y lo retuvieron. “Regresaron después de 40 minutos con el carro y me dijeron ‘tú dale, colabora que no pasa nada’. Yo me subí al carro, seguí mi ruta hacia Guayaquil y luego de pasar Montecristi, un patrullero de la Policía me detuvo y encontró las latas con la droga”, declaró el chofer, que estuvo preso tres meses y fue liberado. “Yo salí al mes de ese trabajo, me di cuenta de lo que estaba pasando: el dueño de la empresa de transporte Transmot, Alfredo Abad, era de esas personas que le gustaba ensuciar a los conductores. Ocho meses después lo mataron con su esposa, por narcotráfico”.

Mensajes y fotos desencriptados 

La versión del conductor contrasta con los mensajes que Srdan enviaba desde su celular a Naula, para coordinar la operación de embalaje de la cocaína en los enlatados, en la planta de la firma atunera. De eso quedó constancia en miles de mensajes que el narco serbio intercambió con Naula y otros miembros de la estructura.

El 6 de febrero de 2020, el serbio Uros Kolakovic, brazo derecho de Srdan, tuvo conversaciones desde su celular con Lucio Burbano, alias “Negro”, también vinculado al proceso. En varios mensajes -que este medio revisó- le envió imágenes del área de producción donde se realizaba la contaminación de las latas de atún.

Según el informe criminalístico de un agente del caso, esas fotografías les permitieron a los investigadores conocer el nivel en la cadena logística que tenía la red delictiva. En este caso, los cabecillas pudieron acceder, “a través de colaboradores de la empresa”, a las especificaciones técnicas y las características de sus productos de exportación: las latas de atún y su etiquetado. Además, la forma en que eran preparadas.

En otros chats, entre el 12 y 13 de febrero de ese 2020, el mismo Srdan envió imágenes del área de producción donde empacaban los atunes, según concuerdan los análisis policiales. Cuatro días después, Kolakovic se comunicó con otro interlocutor, al pin 4DF575. Se trata del narco colombiano Dionisio de Jesús Vera Olmos, alias el “El Flaco”, que también se había asociado con la red de Srdan y tenía conexiones con el Cartel del Golfo. “Flaco, están haciendo un problema donde no lo hay, acá se está trabajando exclusivamente para ti y tu grupo, no hay más ofrecimientos ni coqueteos con nadie, ya los propios dueños te han dado la palabra y compromiso; a más de eso está el viejo de por medio y con él hay una relación de amistad de años con esta gente”.

A eso se suma una cadena de notas, enviadas entre febrero y marzo, por Kolakovic a otros miembros de la banda, adjuntando una serie de imágenes sobre el proceso de elaboración de cocaína compactada, con tamaños similares a los de una lata de atún. Esto
-para los analistas de la UIACE- era un indicio más de que esta organización no solo contaba con la línea de logística para el envío, sino con la línea de producción.

Un grupo de mujeres en el empacado

Tras este período de pruebas y verificaciones, la primera semana de junio un grupo de mujeres llegó a la planta improvisada para empacar la droga en las latas, pegar las etiquetas y sellar los recipientes, con prensas mecánicas, que habían comprado con fondos que llegaron desde España. Para esta logística Kolakovik pidió que le entregaran 70 mil dólares. “Ya llegó la primera tanda de las chicas”, escribió uno de los colaboradores a Kolakovik, el 9 de junio en un texto, al que adjuntó varias fotografías. Ahí aparece un pequeño grupo de mujeres trigueñas, de mediana edad. Una de ellas, en primer plano, lleva gorra y viste una camiseta blanca y un jean. En otras imágenes se observa decenas de paquetes de droga, envueltos con una cinta de embalaje rojiza. Y a fines de julio alias Príncipe, identificado por la Policía como líder de una red delictiva, asesinado en 2022, le envió a Kolakovic fotos del procesamiento de clorhidrato de cocaína en lo que los analistas presumen era un laboratorio.

Para apresurar el empaquetamiento de la droga luego llegó otro grupo de hombres, también ajenos a la empresa, que se encargaron de completar de forma artesanal el rellenado de las 8.688 latas con el alcaloide. Uno de los colaboradores que estaba vigilando esas actividades le envió a Kolakovic fotos de los individuos y de las prensas de sellado, y le escribió un texto. Le explicaba que luego de que las latas fueron selladas les rociaron un componente químico para inhibir el olor de la sustancia, para que no fuera detectada por lo canes en las inspecciones antinarcóticos, una vez que la carga llegara a uno de los puertos en Guayaquil. Por esos mismos días, alias “Cuencano”, identificado como Wellington Córdova, le informó al serbio sobre las coordinaciones que realizaba sobre las fechas de ingreso del camión con el contenedor “preñado” al puerto. “El transportista nuestro está cuadrando para que esos viajes, para donde necesitamos, los asignen a él”. Este mensaje, según los analistas del caso, implicaba la colaboración activa del conductor del contenedor José A.

El 3 y 4 de octubre Lucio Burbano, alias Negro, envió Kolakovic fotos de la captura del camión y la detención del chofer así como las noticias que se publicaron al día siguiente en varios medios.

⇒Durante la pandemia se establecieron severas restricciones a la circulación de vehículos. Para sortear esas limitaciones los integrantes de la banda, con Srdan y Kolakovic a la cabeza,  obtuvieron 61 salvoconductos de la Subsecretaría de Gobierno. Y el ejecutivo de la empresa consiguió 17 permisos, en 2020, según informes del Ministerio de Telecomunicaciones.

Los agentes consiguen más evidencias

En el cuerpo Nro 39 del proceso se incluye la transcripción de un audio que uno de los integrantes le envió al narco Dionisio de Jesús Vera, alias “El Flaco”.  “Flaco me dice M. que es el sobrino que ya te respondió y te dio toda la seguridad del caso y te lo digo yo, de nuevo hablé con Rodrigo y hablé con M. hace 20 minutos. Me dieron toda la seguridad de que no tienen ningún otro compromiso y que el compromiso adquirido contigo y con tu gente es para largo, a ellos no les interesa solamente trabajar una vez. Quieren trabajar de largo, ya todo está en tus manos y se lo dije también al viejo. Y te repito hay tres mil cajas hechas, solamente falta poner etiqueta, tu gente no ha contestado los correos, tu gente no ha mandado el diseño de la etiqueta de ellos, porque tiene que ir con la etiqueta de ellos…”. El audio fue grabado el 17 de febrero de 2020. Cinco años después, en febrero del 2025, “El Flaco” fue asesinado en Guayaquil. Su cuerpo fue encontrado desmembrado y abandonado dentro de tres  costales en la vía Perimetral. Para entonces las unidades especiales de Ecuador y Europa ya habían entrado de lleno en la etapa final de seguimientos a la estructura de Srdan, que fue capturado en noviembre de 2024. Vera cobró notoriedad por ser parte del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es la organización armada ilegal más grande y poderosa de ese país. Cuenta con cerca de 10.000 integrantes y opera en unos 23 departamentos, controlando el narcotráfico transnacional, la minería ilegal y las extorsiones.

En el análisis de las conversaciones en la plataforma SKYECC, incluido en el proceso, los investigadores indicaron que el ejecutivo supuestamente sería identificado con los seudónimos: “Rafa, Ratón y Speedy”. Según se desprende de esos diálogos “El ciudadano participó en el hecho material en el cual se le atribuye el rol de colaborador”, indica el reporte enviado a la Fiscalía.

El 29 de septiembre de 2020, 4 días antes de que el cargamento saliera con las latas de atún contaminadas, un miembro de la banda le envió un audio a Kolakovic. Esta es la transcripción “…Amigo ya está confirmado el booking ya lo tiene la secretaria de ratón el problema es que ratón hoy anda con gente del fideicomiso y todo el día (ha) andado fuera de oficina. Él no puede coger y pedir que pasen un booking a una persona diferente. Él tiene que llegar a la oficina, entiéndeme ya está confirmado, solamente hay que pasarlo. Me dijo que si alcanzaba a llegar a su oficina me lo pasaba enseguida y si no mañana a primera hora, sin falta, lo tenía pero que ya está confirmado el booking, ya está confirmado…”.

En tres audios más los miembros de la organización también mencionan a “Ratón”, coordinando diferentes trámites administrativos dentro y fuera de la empresa, para concretar el despacho de las latas contaminadas con droga.

Relevo de fiscales en la Unidot

Esa cadena de mensajes y audios descifrados, así como varios informes criminalísticos, fueron suficientes evidencias para que, en diciembre de 2025, la fiscal Janeth Cueva pidiera la vinculación del ejecutivo de la empresa, que fue detenido en Manta junto a seis implicados más.

La indagación del caso Finisterra fue impulsada inicialmente por el fiscal Galiano Balcázar. Hasta fines de noviembre del 2025 él era uno de los fiscales más experimentados de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).

Esta entidad se creó en 2018, en medio del avance hasta ese momento silencioso de estructuras delictivas internacionales en Ecuador. Fue un proyecto que se apuntaló con una selección rigurosa de fiscales y una capacitación sistemática en técnicas investigativas con el apoyo de varios países, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea.

Otro puntal de esa estrategia fue la creación de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito, que comenzó a operar en diciembre de 2022. Está compuesta por más de 20 magistrados especializados en juzgamiento de crímenes complejos y transnacionales de gran envergadura. Todos ingresaron a través de un concurso con apoyo financiero de agencias internacionales.

Entre los jueces seleccionados estuvo Carlos Serrano. El 20 de noviembre del 2025 él sentenció a Jezdimir Srdan a diez años de prisión por lavado de activos, con lo cual el riesgo contra su vida aumentó, según un reporte de la Policía. Sin embargo, los días siguientes el comandante de la Policía, general Pablo Dávila, ordenó que le retiraran la protección que le daban dos agentes, como parte del protocolo de protección para los jueces de esa unidad. Semanas antes, Serrano fue presionado por el entonces director del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor (hoy enjuiciado penalmente), para fallar a favor del serbio. A mediados de diciembre, al verse en total indefensión, Serrano abandonó el país y renunció al cargo, denunciando públicamente la zozobra que había vivido en esos días, en los que tuvo que movilizarse solo, cambiando de rutinas y horarios todos los días.

En octubre de ese año llegó al cargo de fiscal general encargado, Leonardo Alarcón.  En una de sus primeras decisiones importantes, a nivel administrativo, cambió a la mayoría de los fiscales de la Unidot, incluido Wilson Toainga, que fue su antecesor y el mentalizador de la creación de esa unidad. Alarcón justificó su decisión argumentando que los relevos eran necesarios para oxigenar la institución y para que los fiscales más experimentados pudieran aportar con sus conocimientos en otras unidades del país. En ese contexto, la fiscal Cueva reemplazó a Balcázar.

El 26 de febrero pasado, Cueva emitió un dictamen abstentivo a favor de siete de los 16 procesados, incluido un accionista de la atunera. Cuando pidió su vinculación expuso ante el juez 23 elementos de convicción en su contra, recabados por los analistas antidrogas de la Policía. Entrevistada por este medio, días después de emitir ese dictamen, la Fiscal enfatizó que revisó prolijamente el expediente y que no encontró evidencias sólidas que probaran la participación del directivo de la atunera y los seis implicados restantes, de forma reiterativa y permanente, en cada uno de los once hechos delictivos que dieron origen a este caso.

Sobre el ejecutivo de la empresa la Fiscal dijo que en ningún chat, informe o versión, se identifica su participación con su identidad, nombres y apellidos completos. “Solo se interpreta que corresponde a un alias o sobrenombre, lo cual no es suficiente para atribuirle su participación en este delito”, apuntó Cueva. Su defensa también presentó descargos sobre los elementos de convicción, que no fueron suficientemente contrastados para probar su participación. Más bien, los análisis de los chats sugieren que otros dos accionistas de la firma estuvieron en contacto con los miembros de la banda.

⇒El juicio por delincuencia organizada y narcotráfico en el caso Finisterra entró en su recta final. Para este sábado, 22 de agosto, estaba previsto el inicio de la audiencia de juzgamiento para dictar la sentencia en contra de los acusados Jezdimir Srdan, José Eduardo Acebo, Jilson Murillo la Rosay Carlos Zambrano Salazar. Los cinco procesados restantes no podrán ser condenados porque están prófugos. El fallo será dado a conocer por la jueza ponente del Tribunal Anticorrupción, Edith Arévalo. La pena máxima por este delito es diez años de prisión.  

La misma empresa empleada por dos redes

Agentes antidrogas dijeron que no era la primera vez que la misma empresa era utilizada para el tráfico de cocaína. Entre 2023 y 2024, en contenedores de esa firma atunera otra organización criminal envió 9 toneladas de cocaína a España y Países Bajos. Esta vez utilizaron el mecanismo del “gancho ciego”. Bajo esta modalidad, los containers que transportaban los atunes enlatados fueron contaminados con bultos dentro y fuera de la planta de la empresa.

¿Qué papel jugó la atunera en el caso Gibraltar?  El 10 de noviembre de 2023 el capitán de policía Franklin S. emitió un parte policial, dando a conocer la intención de la posible organización delictiva de realizar el envío de varios contenedores a España. Detalló el código de reserva SZLU 920 7120. En el teléfono del coronel (sp) Julio César Miño del Hierro se encontró un chat que decía: “La caja ‘preñada’ nuestra es la que termina en 7120, ésa hay que cuidar”. La reserva se realizó el 9 de noviembre.

Al siguiente día la empresa envió el contenedor con las siglas TCNU 3511 885, y al realizar el preembarque se encontraron 558 kilogramos de cocaína ingresados mediante el método “gancho ciego”.

Entonces la Fiscalía requirió información a la firma. En su respuesta, “dio a conocer no solo pormenores del primer envío del contenedor” que tenía asignado el código TCNU 3511 885, “sino además detalló datos del movimiento del la caja que tenía como destino España, que terminaba en los cuatro últimos dígitos 7120”.

Por intercambio de información con agencias policiales de ese país europeo, supieron que era una de las incautaciones más grandes realizadas en ese país. “La sustancia fue contaminada en el interior del producto”. En las cajas se encontraban siete toneladas de clohidrato de cocaína.

La incautación generó un problema dentro de la estructura, ya que Sapo o Rana reclamaba que fue engañado pues solo le habían pagado por el transporte de 800 kilos. Cuando supo que fueron 7 toneladas amenazó de muerte a dos de los integrantes del grupo delictivo.

El 3 de abril de 2024 fue incautado un contenedor con dos toneladas 770 kilos de cocaína “bajo la misma modalidad de la caja enviada con destino a España. Es decir en el interior del producto lícito que eran lomos precocidos de atún”. Esto fue detectado en Rotterdam.

La decisión de enviar el primer despacho de la droga, a través de esta empresa, se tomó el 31 de octubre de 2023, según las imágenes periciadas encontradas en el celular de Miño.

Cuando el fiscal le preguntó a ese exoficial -sentenciado el año pasado por narcotráfico y delincuencia organizada- qué rol jugaba la empresa atunera dijo: “Entiendo que el rol de esta empresa es la que conseguía los cupos en el puerto y enviaba el manejo de cargas. Normalmente las empresas facilitan los números o las reservas que ellos hacen para que quienes van a enviar contenedores tengan los cupos y la ecompañía coordina esos permisos. Cuando a mí me llegaba la información que decía que la empresa va a ser la que envía, mandaban a que se verifique si esa firma tenía algún problema legal, el historial, en su trayectoria, si no ha tenido problemas de droga o de caer contenedores. Sobre alias La Rana, decía que la empresa estaba limpia”.

 Carlos Zambrano, líder de la banda que envió la droga a España, sentenciado en el caso Gibraltar, también ratificó que la contaminación se hacía dentro de la empresa. Aclaró que no conocía detalles, pero que de eso estaba al tanto el sargento Edwin Coque, quien escuchó que “el jefe de planta y otros colaboradores sabían sobre esas operaciones”.

En el segundo envío “me doy cuenta de que la contaminación es en la misma empresa y me dicen: ‘no hay problema porque lo hacen ahí dentro”, relató Zambrano en su versión.

Autoridades policiales presentaron una queja en contra de la Fiscal en la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura porque no estaban de acuerdo con los argumentos del dictamen abstentivo, especialmente por los elementos que pesaban en contra del ejecutivo de la empresa. En el ámbito disciplinario, la investigación se abrió formalmente en la Judicatura el 12 de marzo de 2026. Sin embargo, no prosperó porque las siguientes semanas se emitió un informe disponiendo el archivo de la denuncia, con lo cual no se dio paso a un sumario disciplinario en contra de la funcionaria.

El directivo de la atunera es oriundo de Manta, Manabí, una de las provincias más peligrosas del país, donde nació la banda de Los Choneros, socios históricos del cartel de Sinaloa. Es considerado un punto estratégico de la salida de lanchas y barcos pesqueros con cocaína hacia Centroamérica y EE.UU., por más de dos décadas.

Según análisis de Inteligencia financiera antidrogas, esta provincia, particularmente Manta y Portoviejo, se consolida como uno de los principales focos del lavado de activos en Ecuador, impulsado principalmente por el narcotráfico a gran escala. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) identifica a esta como una zona de máxima amenaza de contaminación financiera. 

En su versión en el caso Finisterra, el ejecutivo negó cualquier participación o conocimiento sobre los presuntos delitos por los cuales inicialmente fue detenido. Recordó que en 2019 un contenedor de la planta de la atunera ya fue contaminado con cocaína. El camión con la carga -según su versión- fue desviado de un convoy, del que también eran parte otros dos vehículos, que llevaban atún enlatado hacia el puerto. Eran custodiados por dos automóviles encargados de la seguridad. Después de varias horas el camión reapareció, pero había sido contaminado con cajas de atún con droga, que no fueron empacadas en la empresa. No tenían la misma etiqueta.

“En ninguna parte del expediente existe una participación mía en estas operaciones. Existen fotos internas de la compañía, también se habla de una aplicación que en mi vida la he escuchado o he visto”, enfatizó. “En mi puesto no tengo nada que ver con la comercialización o exportación. Mi trabajo es netamente producción y calidad, supervisión de los trabajadores y limpieza. En el expediente hay conversaciones sobre las cuales no tengo idea a lo que se refieren. También hay una captura de pantalla donde están las iniciales  de las cuales no conozco”.

Luego de liquidar esa empresa atunera en 2023, el directivo constituyó otra compañía. Esa firma opera en las mismas instalaciones a las afueras de Manta, según pudo constatar un equipo de esta alianza en una visita a mediados de junio pasado.

Desde 2023, él está casado con una manabita que es accionista y administradora en siete empresas de productos del mar, alimentos y repuestos. Su familia tiene una gran influencia, por muchos años, en el sector empresarial, especialmente pesquero. Incluso ha concretado alianzas de entidades gremiales, donde ocupan cargos directivos, con una entidad gubernamental. Y han apoyado eventos benéficos de la Gobernación de Manabí. 

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* Esta Investigación tuvo el apoyo de Resiliencie Collaborative, una ONG sin fines de lucro