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Es la primera vez que Ciro Camilo Morán da su versión sobre su paso por los sectores estratégicos del gobierno de Rafael Correa. Admite cercanía con Jorge Glas, pero niega que haya sido designado directamente por él en los cargos que ocupó en el Fondo de Solidaridad, Hidropastaza, Ecuador Estratégico.

Usted estuvo en algunas entidades del anterior Gobierno en los sectores estratégicos. Fue un hombre de mucha confianza para el exvicepresidente Jorge Glas. ¿Cómo se conocieron?
R. Suele ocurrir en algunos medios de comunicación el error de considerar que el ex vicepresidente Jorge Glas me nombraba en algunos lugares, cuando lo cierto es que desde los cargos que él ocupo no salió ningún nombramiento hacia mí. Por ejemplo, quien me nombra como Gerente en Hidropastaza EP, a cargo de la Central Hidroeléctrica San Francisco, fue el Dr. Miguel Calahorrano, y en esa época quien era el Ministro de Sectores Estratégicos era el Dr. Galo Borja. De hecho con él de ministro fue que me enviaron el nuevo pedido de la empresa Odebrecht con intenciones de llegar a un acuerdo. Al ex vicepresidente Jorge Glas lo conozco desde hace mucho tiempo, ambos somos guayaquileños y compartimos algunas amistades, incluyendo un primo de él que está casado con una de mis hermanas. Tanto al ex Vicepresidente Jorge Glas como al ex Presidente Rafael Correa les tengo mucha estimación y creo que trabajaron mucho en beneficio del país.

Usted encabezó, tanto los procesos judiciales que se plantearon contra Odebrecht por los daños en la central San Francisco, como el retorno de la empresa en 2010, cuando firmó el acta transaccional. ¿Por qué se concretó esa acta, que ha sido ampliamente cuestionada?
R. Formé parte de un equipo de trabajo que durante más de 6 meses revisó el caso; en dicho equipo participaban profesionales de varias ramas, además de la jurídica y de varias entidades del Estado a más de Hidropastaza, como el Ministerio de Electricidad, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, entre otros. Hay que hacer una aclaración importante, lo cual también en varias ocasiones lo indicó el ex Procurador General del Estado, Diego García. El acta transaccional no está cuestionada, por cuanto quien analiza profundamente, tanto lo que se reclamaba como lo que se obtuvo con la transacción, se puede dar cuenta de que el Estado consiguió muchos beneficios (indemnización, reparación integral, equipamiento nuevo, sistemas nuevos, garantías prolongadas, capacitación, operación asistida, entre otros). Por otro lado, se ha hecho énfasis en determinar que nadie tenía derecho a exigir nada a cambio por el acuerdo y si hicieron lo contrario, es precisamente lo que está siendo procesado por la Fiscalía.

En su paso por el sector público usted cuadriplicó su patrimonio, entre 2010 y 2015. Sus posesiones fueron valoradas en USD 68 764 y llegó a 297 555. ¿A qué se debe ese incremento?
R. Usted está tomando los datos entre una declaración patrimonial inicial y la última, entre ellas hubo algunas otras que le permiten tener una mejor idea. En todo caso básicamente el incremento es gracias a los ingresos declarados todos los años al SRI y el mayor peso del incremento radica en la compra de un inmueble a crédito que, a medida que se va pagando, va incrementando el patrimonio consecuentemente. De hecho en declaraciones anteriores al 2015, usted puede verificar cómo, más bien más alta era la deuda por dicho inmueble que el patrimonio.

Usted también tiene acciones en ocho empresas en Ecuador y EE.UU.: Explorercorp S.A.; Bestlaw; Morleon; Statetrust Life; Tonicorp; La Cumbre Forestal; La Vanguardia Forestal y Alicosta BK Holding.
R. No tengo ninguna acción en EE.UU. ni en otro país que no sea Ecuador. En Statetrust Life no hay ninguna acción, eso es un fondo de vida y de jubilación privado como tantos otros que se pueden adquirir en Ecuador. En Tonicorp, La Cumbre Forestal, La Vanguardia Forestal y Alicosta BK Holding son adquisiciones de acciones muy ínfimas en función del capital social de esas empresas, las cuales venden a través de cualquier casa de valores (la cantidad de acciones se puede revisar en la página web de la Superintendencia de Compañías). En Morleon no poseo acciones, es una compañía de mis hijos constituida así por disposición de su abuela materna. Explorercorp fue una sociedad con terceros privados, que buscó diversificar los ingresos, pero el negocio fracasó y al momento está en proceso de cierre. Bestlaw S.A. sí es una empresa totalmente activa y dedicada a las labores jurídicas que son a las que me dedico todos los días. Por cierto, todo lo que está aquí escrito siempre ha constado en las declaraciones patrimoniales entregadas a la Contraloría hasta que fui funcionario público, esto es enero del 2015. De ahí a la fecha tengo más de 3 años dedicado a la actividad cien por ciento privada.

En su contra hay un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por la construcción de una vía y del puente Río Pepe, cuando fue parte de la empresa Ecuador Estratégico, entre 2014 y 2015. ¿Cuál es su descargo?
R. Mi salida se dio de la empresa en enero del 2015, cuando aún el contrato estaba en plena ejecución. Producto del examen especial realizado al contrato que menciona con Ecuador Estratégico, la Contraloría determinó responsabilidades administrativas, las cuales están impugnadas en sede administrativa y pendientes de resolver. Sin embargo, de forma sorpresiva se remitió lo mismo como indicio de responsabilidad penal a la Fiscalía, la cual deberá archivarlo por improcedente y en todo caso hemos acudido a dar nuestras explicaciones ante dicha entidad y lo haremos cuantas veces sean necesarias. Por cierto, de ese contrato al momento tengo entendido que existe una deuda con la contratista, incluso muy superior a lo que supuestamente hay de perjuicio, lo cual es totalmente contradictorio, puesto que cómo puede haber un perjuicio si no se ha pagado.

A pesar de que la Fiscalía pidió investigar a autoridades de cuatro gobiernos consecutivos, el santo obró a favor de los ex funcionarios. Así, el primer escándalo de Odebrecht quedó al margen de la investigación de la justicia ecuatoriana.

Corría diciembre del 2009. En menos de 10 horas la Fiscalía abrió y cerró la puerta para investigar a las principales autoridades de cuatro gobiernos. El delito: presunto peculado por la concesión del crédito y los daños en la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco, a cargo de Odebrecht.

El documento, fechado 17 de diciembre, a las 08:20, está firmado por el entonces fiscal de Tungurahua, Carlos Medina Riofrío. En el escrito, que fue parte del proceso contra Odebrecht, Medina le pidió al entonces fiscal general Washington Pesántez que incluyera en el proceso a las autoridades de cuatro gobiernos, pues él no los podía investigar porque todos gozaban de fuero.

Se trataba del entonces vicepresidente Jorge Glas Espinel; los expresidentes de la República Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio; los exprocuradores del Estado, José María Borja y Xavier Garaicoa; el exprocurador Diego García; el excontralor Carlos Pólit, y el exministro de Energía Pablo Terán.

El mismo día, Medina cambió de parecer. A las 18:10 envió otro oficio a la Fiscalía indicando que revocaba el pedido de vinculación, pues antes aún debían recogerse las versiones de siete personas más.

Aunque no se concretó, el pedido fue notificado a algunos de los aludidos. El director de Patrocinio de la Contraloría, Wilson Vallejo, presentó un escrito señalando que no existían fundamentos de hecho y de derecho para dudar de las actuaciones del Contralor. “Al sustentar usted señor fiscal su revocatoria en la falta de recepción de versiones aún pendientes, se entendería que una vez receptadas se volvería a insistir en el pedido, situación absurda, por cuanto se estaría transformando a la autoridad de control, que evidenció los hechos materia de la investigación (a través de dos exámenes especiales), en sujeto investigado”.

Extrañamente, 11 días después (el 28 de diciembre) Medina remitió otro pedido al fiscal Pesántez, solicitándole que solo investigara la participación de Gustavo Noboa. El 5 de enero del 2010, Pesántez desestimó el pedido. “De la revisión del expediente no se observa fundamento legal alguno del que se desprenda que esta Fiscalía deba continuar con la investigación (…)”.

En esos días solo se conoció por los medios el pedido de investigar a Noboa, quien aseguró que su intervención en este caso se basó en informes técnicos de varias autoridades. El 29 de marzo del 2000, como presidente de la República, Noboa había firmado el decreto 258 que dio paso al crédito por USD 286 millones para la construcción de la central San Francisco.

Al ser consultado sobre su actuación, Pesántez aseguró en declaraciones a la prensa que no intervino directamente en este caso. Es más, dijo que conoció el pedido de vinculación de Noboa por los medios, pero que él no participó, pues fue una solicitud extemporánea porque el caso ya se había archivado.

Pero el juicio estaba abierto. Era impulsado por el fiscal Medina, quien sin embargo renunció al cargo el 6 de enero del 2010 y fue reemplazado por Iván Garzón. Medina, quien es juez en Baños, no ha querido pronunciarse sobre el tema.

El exprocurador, Diego García, confirmó que el pedido de Medina de vincularlo fue incluido en el juicio pero carecía de motivación y no tuvo ningún efecto. “Creo que el fiscal de Ambato quería dejar de investigar el caso”.

El expresidente Lucio Gutiérrez afirmó que en su período no firmó ningún contrato con Odebrecht  y aclaró que únicamente se encargó de dar trámite a lo que estipulaba el contrato firmado en el 2000 por Noboa.

Además, comentó que por su condición de ingeniero civil vigiló personalmente la construcción de San Francisco. «Por eso no hicimos ninguna observación; los problemas ocurrieron después», aclaró.

El expresidente Alfredo Palacio tampoco conoció el pedido de vincularlo. «No sé a lo que se refiere ese señor fiscal. Primera noticia que tengo de este asunto», sostuvo a una periodista de El Comercio. También señaló que no tuvo «ninguna reunión» con Odebrecht cuando asumió la Presidencia. Sin embargo, reconoció que había dos proyectos que venían de antes y que en su mandato los mantuvo.

No pudimos ubicar a los exprocuradores José María Borja y Xavier Garaicoa, tampoco al exministro Pablo Terán.

Medina fue el primer fiscal en investigar el caso que se abrió luego de que empezaran a aparecer las primeras fallas en la central San Francisco, en noviembre del 2007. Cinco meses antes, la obra había sido inaugurada por el presidente Rafael Correa.

En la capital rusa, uno de los zares de la Revolución Ciudadana concretó la firma del contrato para una obra emblemática: Toachi Pilatón.

“El Ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, ha invitado al Prefecto y al gerente a la firma del contrato en la ciudad de Moscú”, reseña una de las actas de Hidrotoapi, una de las contrapartes nacionales. Era fines de 2010. Por Ecuador, arribó una misión integrada por 25 funcionarios. Dos delegaciones más viajarían durante el año siguiente, 2011, por este mismo acuerdo.

InterRao, con sede en Moscú, sería la encargada de la parte electromecánica en la central hidroeléctrica. El montaje quedó en suspenso. La empresa china CWE asumió la ejecución de la obra civil tras la salida de Odebrecht; sin embargo, el proyecto presentó fallas técnicas por un diseño defectuoso. CWE tenía un historial de contratos en el Ecuador: había sido la contraparte de la Secretaría del Agua en el proyecto de control de inundaciones Naranjal. Ese acuerdo lo firmó en 2012 quien era Secretario en Senagua, Walter Solís.

Toachi Pilatón es un monumento al despilfarro. Aún no funciona, sus instalaciones están abandonadas. No genera un solo kilovatio de energía; pero sí causó un cortocircuito en el país. Fue el primer escándalo por un caso de soborno vinculado a un ex funcionario del gobierno de Rafael Correa. El ex ministro de Electricidad, Alecsey Mosquera, recibió –según documentos judiciales- un millón de dólares de la constructora brasileña como gratificación.

El lazo contractual entre Odebrecht y Toachi Pilatón tuvo el sello del correísmo, aunque el ex mandatario insistió en negarlo. “La contratación de Odebrecht se realizó en diciembre del 2007 por parte del Consejo Provincial de Pichincha”, según aseguró el expresidente en el enlace 520, en abril del 2017.

Sin embargo, el exgerente de la empresa Hidrotoapi, Byron Granda, explicó que el proceso contractual tuvo el apoyo de una comisión técnica constituida a instancias del Gobierno. En ella estaba Mosquera. Privado de su libertad, enfrenta un juicio por lavado de activos. Decidió acogerse al silencio. Según la acusación, el pago se realizó a través de un familiar suyo, y los recursos se destinaron a empresas privadas, Trueenergy, Tokio Traders, entre ellas.

La obra, a unos cien kilómetros de Quito, fue concesionada en 2003 a la firma argentina IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona). Un año más tarde, el Fondo de Solidaridad designó a Termopichincha para desarrollar el proyecto en conjunto. Luego apareció otro actor en escena: el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec). Entregó la concesión a Hidrotoapi, entidad creada por el Consejo Provincial de Pichincha. Para entonces ya había un acuerdo con Odebrecht. El memorando de entendimiento entre ambas fue firmado a mediados de febrero de 2006. Para la época, el prefecto era Ramiro González, hoy prófugo de la justicia ecuatoriana, por supuestas irregularidades en el manejo de la seguridad social. González dejó la prefectura, y por tanto dejó de ser presidente del directorio de Hidrotoapi, en julio de ese año. Le sucedió Gustavo Baroja en el cargo. El actual prefecto afirma que Toachi Pilatón es una de las obras más auditadas por los entes de control y la sociedad civil. La contratación de Odebrecht se concreta durante el gobierno de Rafael Correa, que a través de la comisión técnica conoció detalles de la negociación.

En febrero de 2008, IMPSA denunció fallas en el diseño (similares a las que aparecieron en la central San Francisco) y quedó relegada del consorcio. Así se rompió un acuerdo que tuvo un sello político, ya que Lula y Kirchner, mandatarios brasileño y argentino, habían firmado como testigos de la colaboración de sus países para el proyecto. Después, Odebrecht fue expulsada del país, tras los problemas en la central San Francisco. Llegaron la contratista china y la rusa, para obra civil y equipo electromecánico. Los documentos reflejan que la negociación de las condiciones contractuales estuvo a cargo del entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas. El financiamiento del proyecto es un capítulo aparte. El BIESS aportó más de 250 millones de dólares. En total, la hidroeléctrica costó cerca de 600 millones. Es una historia sin final feliz.

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El entonces presidente Rafael Correa actuó como un encantador de serpientes. En abril de 2017, sostuvo en uno de sus últimos enlaces ciudadanos que el pago de una coima de un millón de dólares de Odebrecht a su exministro Alecksey Mosquera no era ilegal sino antiético. Y que a lo mucho cometió un delito de evasión. Otra perla: No hubo   -según él- una coima sino un acuerdo entre privados. Mosquera, agregó Correa, ya no era Ministro cuando recibió el pago en un banco de Andorra en 2011. Los siguientes días, la investigación judicial desbarató la eufórica defensa de Correa. Mosquera recibió el pago del soborno en 2008, cuando era Ministro, según reveló la asistencia penal desde Andorra.

Estos cuatro documentos desbaratan el discurso del ex presidente Correa:

1. Asistencia penal desde Andorra confirma que las transacciones se hicieron en 2008.

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2. El propio Alexis Mera reconoció en mayo que fue un pago irregular y pidió vincular a Odebrecht en el caso

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3. Odebrecht confirma que Alecksey Mosquera no fue un consultor ni realizó asesoría alguna

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4. El Ex gerente de Hidrotoapi, Byron Granda, reconoce que si bien el Consejo Provincial de Pichincha estaba a cargo de los procesos, hubo una “comisión técnica” pedida por el Gobierno central apoyando la contratación. El ex ministro Mosquera integraba la comisión.

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Primera pista. El nombre o apodo de este personaje apareció en el audio que el fiscal Carlos Baca divulgó el lunes 26 de febrero de una conversación telefónica grabada aparentemente en noviembre pasado, entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit.

Baca denunció que el diálogo es una prueba de que Serrano tenía acuerdos con el prófugo Pólit para sacarlo del cargo, lo cual ya es investigado por la Fiscalía.

En una parte del audio se escucha a Pólit: “Pepe… te acuerdas el Chiquito, él te va a entregar todo, podrías indicarle todo y él va directamente a donde me digan ustedes. Podría ser inmediatamente a donde me digan ustedes, tú ya lo conoces…”.

Para entonces, Pólit ya estaba prófugo en Miami preparando una contraofensiva para posicionar su versión, luego de que se confirmara la orden de prisión en su contra por el supuesto delito de concusión en el caso Odebrecht. Está procesado por recibir 10,1 millones de dólares, según denuncias del delator José C. Santos

Las siguientes semanas se divulgó un supuesto informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por malos manejos en la Secretaría de Inteligencia, que salpicaba al fiscal Carlos Baca. Ese documento, según las  autoridades de la Fiscalía y la Contraloría, no existe entre sus archivos.

[icon name=»volume-up» class=»» unprefixed_class=»»] Audio de la conversión telefónica entre José Serrano y Carlos Pólit

Segunda pista. En la Contraloría, Pólit tuvo un círculo hermético de colaboradores internos y externos, de extrema confianza. Algunos eran sus parientes. Uno de ellos es Germán Rodríguez Chiquito, casado con María Elena Pólit, hermana del excontralor. Rodríguez es accionista de Consultasesoría, que en 2015 recibió un contrato de Odebrecht por 500 mil dólares por una asesoría. La propietaria de esa firma es Karina Sáenz, ex gerente del Banco Central y Viceministra del Deporte en el gobierno de Rafael Correa.

Rodríguez Chiquito ha recibido favores económicos de Pólit. De uno de ellos quedó huella en las declaraciones patrimoniales del excontralor. Pólit le prestó 150 000 dólares a Rodríguez. Cuando dejó el cargo, en junio pasado, el exjuez de cuentas ya no incluyó esa deuda en sus pasivos.

Tercera pista. Parte del grupo de incondicionales de Pólit salió a la luz cuando la subcontralora Sabeth Chamoun quiso ponerse al frente de la institución en reemplazo de Pablo Celi. La acompañaba el secretario de la institución, Adrián Bustos. En un video que por esos días se difundió en las redes Bustos aparece tratando de hacerle firmar su dimisión a Celi, que furioso rompe los papeles. Bustos acababa de asumir las funciones de Secretario General por delegación de Pólit. Semanas antes ocupó el cargo de director regional de la Contraloría en Esmeraldas.

Antes trabajó en el Consejo de Participación Ciudadana: fue asesor del entonces consejero y hoy asambleísta de CREO, Luis Pachala. Esa entidad escogió a Carlos Pólit como contralor. Él obtuvo una calificación de 100/100, tras un concurso público, en medio de cuestionamientos por la afinidad del organismo con el Gobierno. Bustos fue enrolado luego en Contraloría.

Contactado por nosotros, Bustos negó enfáticamente ser el «Chiquito» a quien se refiere el excontralor. «Ni siquiera soy chiquito, mido 1,68 m. Están tratando de dañar mi buen nombre», dijo Bustos, quien es abogado de John Pólit, hijo del excontralor.  Si bien trabajó en el Consejo de Participación, no integró la comisión que seleccionó al contralor. Y en el ente de control trabajó en la regional de Esmeraldas. «Estuve apenas un día como secretario de la Contraloría, me destituyó Pablo Celi». Pidió no ensuciar su buen nombre y su honra.

Durante el concurso, Pólit fue impugnado por el exasambleísta Leonardo Viteri. Lo acusaba de haber trabajado solo el 47% de los días laborables, desde cuando fue posesionado en 2007. La gestión de Pólit se extendió por 1 095 días, pero solo habría laborado 281 días, según Viteri. El resto del tiempo encargó sus funciones por viajes al exterior, asuntos particulares, oficiales y vacaciones.

Pedimos un informe sobre los días que Pólit estuvo ausente en la última década. Según ese reporte, mientras fue contralor Pólit no laboró más de un año: exactamente se ausentó 383 días del cargo, para asistir a citas internacionales y con licencias de trabajo.

Es paradójico. En la mayoría de reuniones en decenas de países en varios continentes Pólit disertaba sobre temas anticorrupción y control de recursos públicos. Ese era su fuerte. En sus exposiciones, recalcaba la necesidad de mejorar las condiciones económicas de los servidores. “Cómo exigir al empleado público que siempre y en todo lugar rechace la coima, el soborno, la gratificación por el cumplimiento de su deber, si gana un salario que no cubre la canasta básica familiar”, indica en una de sus ponencias recogidas en una publicación institucional.