El tridente, integrado por el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes, y los jueces Fabiola Gallardo y Johan Marfetán funcionaba a la perfección para manipular fallos y todo tipo de recursos a favor de narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco y de sus propios intereses en Guayas. Uno de sus instrumentos principales fue el Sistema de Consulta de Procesos Judiciales (Satje).
Redacción Código Vidrio
Desde el 2019, cientos de procesos fueron direccionados a jueces a la carta, parte de una red criminal, que ha causado millonarias pérdidas a instituciones públicas, personas y empresas privadas, a través del hackeo del Sistema de Consulta de Procesos Judiciales (Satje).
Esta red de manipulación de los sorteos ha seguido operando, intocable, en medio del silencio y negligencia de las autoridades, pese a que su esquema fue descubierto y denunciado hace más de cuatro años, ante las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura, por abogados e informáticos que hicieron una auditoría interna al sistema, precisamente, en Guayaquil.
Una de las principales artífices del direccionamiento de causas desde el Satje en Guayas fue Mayra Salazar, exasesora y relacionadora pública de la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, y amante del narco Leandro Norero. Salazar también movía los hilos de la justicia para aplicar sumarios y sanciones (para los jueces que no se torcían), cambios administrativos y todo tipo de beneficios conectados con intereses del narcotráfico y sus operadores políticos en la Asamblea. Cualquier trámite tenía una tarifa.
El empleo delictivo del Satje por esta red salió a la luz el lunes pasado durante la audiencia de formulación de cargos por supuesta delincuencia organizada en contra de Muentes, Gallardo, Marfetán y nueve implicados más, dentro del caso Amistad. La acusación fue impulsada por la fiscal Diana Salazar y su equipo desde el lunes 4 de marzo pasado en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El hilo conductor de esta trama quedó al descubierto en cientos de mensajes de texto encontrados en el celular de Salazar durante la investigación del caso Metástasis, que es la matriz del juicio Purga, en el que ella está detenida.
La captura de los implicados y los allanamientos en varios sectores de Guayas se concretó la madrugada del lunes durante un mega operativo, en coordinación con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Ella dispuso que el mando policial movilice en pocas horas -para evitar la fuga de información- unos 900 policías, así como toda la logística para las acciones de la Fiscalía.
La Fiscalía acusó formalmente a 12 implicados. El juez Javier de la Cadena ordenó que vayan a prisión, además de los integrantes del tridente, seis procesados más, incluidos los jueces y exjueces de la Corte Superior de Guayas Henry Taylor Terán, Nelson Mecías Ponce y Alberto Lino Tumbaco; además Ruth Solano Padilla, procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros de Pichincha.
También dictó medidas alternativas para dos procesados y arresto domiciliario para el juez Reinaldo Cevallos, por ser de la tercera edad.
Salazar aprendió a manipular el Satje
En sus chats de WhatsApp se evidencia que, como parte clave de la red, Mayra Salazar aprendió a manejar el Satje para asegurarse de que procesos de gran relevancia pasaran directamente, sin ningún sorteo, a jueces alineados con sus intereses quienes al parecer también recibían pagos por sus sentencias. El objetivo era favorecer, entre otros, a delincuentes, narcos y políticos corruptos, según resaltó la fiscal Salazar.
En los mensajes, Mayra Salazar se refiere a una serie de arreglos en los sorteos de las causas judiciales, por medio del exvocal de la Judicatura, Xavier Muñoz, quien está preso, procesado en el caso Independencia Judicial.
La utilización delictiva del Satje se ha vendido denunciando sistemáticamente desde 2019, sin que ninguna autoridad pueda frenar las manipulaciones, que involucran abogados, funcionarios y jueces.
Hace cuatro años, la Dirección de Gestión Procesal envió un informe a las autoridades del CNJ, alertando las vulnerabilidades del SATJE. Los informes sobre estos ilícitos empezaron a tomar cuerpo en 2020, cuando la Dirección de Transparencia y otros departamentos detectaron 120 casos que siguieron un mismo patrón: la mayoría fue ingresada como delitos flagrantes a jueces determinados, aunque se trataba de acciones constitucionales, en su mayoría acciones de protección y hábeas corpus. Los casos se ingresaron, en general, en horas y días no laborables.
“Funcionarios de Tecnología empezaron a enviar denuncias sobre los sorteos amañados en Guayaquil. Instalaron alertas en el sistema para detectar intromisiones el momento de los sorteos”, relató un técnico de la Judicatura, que pidió la reserva y fue parte de la investigación.
Así, los técnicos rastrearon los casos encausados ilícitamente desde un computador virtual, fuera de las unidades judiciales. Se identificaron 119 procesos donde se aplicó el mismo esquema. En más del 90% de los trámites se benefició ilícitamente a entidades privadas y personas naturales, en perjuicio de instituciones públicas, que perdieron las acciones interpuestas y con ello decenas de millones de dólares.
El 2020, el CNJ presentó una demanda penal en la Fiscalía, que básicamente ha ido corroborando los ilícitos e identificando muchas más vulneraciones, así como la forma en que operaba la red y todas las complejidades informáticas del sistema paralelo. Pero el caso se mantiene en indagación previa.
En los peritajes realizados se determinó que 9 de 25 jueces recibieron la mayoría de procesos direccionados. Un solo juez obtuvo 46 casos constitucionales, civiles, tributarios, penales y laborales. Otros dos ministros obtuvieron 33 y 28. En promedio otros jueces recibieron 9 causas.
Gallardo, Marfetán, Tumbaco y Terán en la mira
En la matriz que fue analizada y sirvió como elemento de prueba en la demanda del CNJ hace cuatro años aparecen como destinatarios de los procesos direccionados los nombres de los jueces María Fabiola Gallardo, Johan Marfetán, Alberto Lino Tumbaco Ramos y Henry Taylor Terán, hoy procesados en el caso Purga. “Si las autoridades de control hubieran cumplido su trabajo -dice un funcionario que estuvo en las auditorías informáticas- la red no habría seguido operando desde el 2020 y los responsables, incluidos los jueces, ya estarían sentenciados”.
En mayo del año pasado, Código Vidrio publicó el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal contra cuatro exdirectores del Consejo de la Judicatura del Guayas, que facilitaron la manipulación del sorteo.
En tres meses del 2020 se identificaron 422 sorteos de causas manipuladas y direccionadas a jueces que eran parte de una lista de “elegidos” que dictaban fallos favorables. En su mayoría correspondía a acciones de protección y habeas data, con un claro perjuicio al Estado.
Entre abril de 2017 y diciembre de 2021, 396.089 causas ingresadas como flagrantes fueron asignadas manualmente a los jueces. A pesar de que el sistema cuenta con la opción para definir los horarios en los que los jueces atienden las flagrancias, 169.301 causas se derivaron a jueces que no estuvieron de turno.
La Contraloría también determinó que la funcionalidad Flagrancias del SATJE permite el ingreso de causas en otras materias, por lo que a nivel nacional 179 causas, correspondientes a los ámbitos Civil, De la familia, mujer, niñez y adolescencia, Trabajo, Garantías penitenciarias e Inquilinato fueron ingresadas al SATJE como flagrantes, aunque esta opción solo es aplicable para posibles delitos, cometidos bajo las circunstancias contempladas en el Código Penal.
De las investigaciones realizadas se pudo determinar un hackeo constante al sistema informático que sin embargo no ha sido blindado y protegido tecnológicamente para garantizar la transparencia en el acceso a la justicia.
Uno de los investigadores de las vulneraciones estima que la investigación penal de esta manipulación en el sistema de sorteos debería ser reactivada y vinculada al caso Purga. “Eso en vista de que de los cientos de casos que fueron ilegalmente sorteados, se desprenderían millonarias pérdidas en contra de instituciones públicas y GADS”.
Dentro de estos casos, denunciados por la Judicatura, la Superintendencia de Compañías declaró la liquidación forzosa de la empresa de seguros Interoceánica, que interpuso una acción de protección que fue direccionada a los jueces de la Corte Provincial de Guayas: Marianela Pinargote, Mauricio Suárez y Lenín Zeballos, quienes le dieron la razón a la aseguradora que ha seguido operando.
Otro caso es el de Radio “Morena”, vinculada directamente con el ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida Morán. El 18 de septiembre de 2019 los dueños de la frecuencia interpusieron una acción de protección en contra de ARCOTEL, que resolvió prohibir la renovación del contrato de concesión otorgada a esa radio y sus repetidoras, en Portoviejo y Santa Elena.
Los avances de la indagación previa no se han conocido públicamente, pese a la abundancia de elementos probatorios de posibles delitos que habrían cometido jueces, funcionarios judiciales, abogados patrocinadores y personas naturales y jurídicas beneficiarias de los sorteos manipulados.
Creo que ya nada puede sorprendernos, como hoy que en la Asamblea no hubieron suficientes votos para respaldar a la señora fiscal Diana Salazar, no puede ser de dependamos de 137 personas ( asambleístas) que toman desiciones por los 18′ de ecuatorianos, me reuso aceptarlo.