En diciembre de 2022 los jueces José Luis Alarcón y Mary Quintero declararon inocentes a 17 acusados de narcotráfico, y echaron a la borda casi dos años de una investigación transnacional que detectó tres estructuras narcodelictivas. A fines de febrero, más de 14 meses después, el Tribunal de Garantías Penales de Manta revirtió ese fallo. Determinó que 17 de 18 procesados son culpables, aunque anteriormente otros jueces habían declarado su inocencia.
Alianza Código Vidrio – Vistazo
La justicia se pronunció. En diciembre de 2022, dos jueces dictaminaron que un grupo de personas acusadas de apoyar la logística para el tráfico de drogas eran inocentes. Pero todo cambió el último día de febrero de 2024. El Tribunal de Garantías Penales de Manta determinó que 17 de los 18 procesados son culpables. Quince fueron señalados como autores o coautores, y sentenciados a 16 años de prisión. Dos, en cambio, fueron hallados cómplices, fueron condenados a nueve años.
Es uno de los casos más controversiales de los últimos tiempos, porque dejó en entredicho la actuación judicial, pese a las abundantes pruebas de la participación de los procesados en el delito de narcotráfico.
Bautizado Poseidón o Pangueros Locos demandó una investigación de un año y medio. Se trataba de tres estructuras dedicadas al envío de cocaína por vía marítima hacia México y Estados Unidos. Los primeros indicios fueron detectados en agosto de 2020: apuntaban a que unas 20 toneladas de droga se habían enviado en los dos años previos, a través del Pacifico.
A través de tres Asistencias Penales Internacionales, la justicia de Estados Unidos compartió análisis químicos de toneladas de droga incautadas por guardacostas de ese país; nombres y apellidos de aprehendidos; fotografías de los procedimientos; evidencias halladas en las narcoembarcaciones, incluyendo las características de los teléfonos satelitales. En suma, la investigación transnacional permitió documentar las comunicaciones entre capitanes y dueños de buques, para fijar “las coordenadas, los días y las horas para abastecer de combustible a las lanchas que transportaban la droga”.
Durante dos años, la red habría traficado 20 toneladas de cocaína desde Ecuador a Estados Unidos. Foto de archivo
Dos ciudadanos ecuatorianos fueron extraditados de España hacia Estados Unidos, en el contexto de este proceso penal.
Según los investigadores, las lanchas abastecían de combustibles y otros medios logísticos en apoyo a narcoembarcaciones.
El 27 de octubre de 2021, en un operativo policial transnacional, apoyado por agencias de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional de ese país, fueron detenidas varias embarcaciones.
Para sustentar la acusación, un agente estadounidense rindió versión durante seis horas y media en el contexto del proceso judicial.
Lo sorprendente ocurrió a fines de 2022. Dos de los tres jueces, José Luis Alarcón y Mary Quintero, no hallaron méritos en la acusación. Dictaminaron la inocencia de los procesados.
Sin embargo, tanto Fiscalía como la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales (UNIDT-DIGIN), presentaron un recurso de apelación de la sentencia que confirmaba el estado de inocencia de los 18 procesados.
El 29 de febrero de 2024, el Tribunal de Garantías Penales de Manta aceptó el recurso de apelación y sentenció a los responsables conforme al artículo 221 del COIP. En él, se tipifica como delito las actividades de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización.
Las noticias manipuladas se revisan continuamente en la plataforma a través de verificadores de publicaciones. Y para evitar que el contenido pernicioso se propague, la red prioriza los post de cuentas cercanas y preferenciales. También mantinene una línea constante de capacitación de organizaciones de ‘fast checking’ y en intervención de controladores de contenidos. Las advertencias en cuentas que buscan el debate y las provocaciones, como las provenientes del medio ruso RT, son visibles.
Redacción Código Vidrio
En la principal red social del grupo Meta, la regulación de la desinformación pasó de las advertencias a la eliminación y suspensión de cuentas que divulgan información falsa. Así lo hizo público la misma plataforma en el 2020, cuando anunció un control más estricto a las ‘fake news’ con un nuevo proceso de verificación.
El control se intensificó tras polémicas como la denuncia por una supuesta venta de información de 87 millones de usuarios a la consultora política Cambridge Analytica, que le costó a Facebook una multa de USD 5.000 millones, impuesta en el 2019.
El problema salió a la luz con decenas de reportajes e informes donde se indicó que la red social persuadió a votantes del Reino Unido para mostrarse a favor del referéndum del Brexit, en el 2016, con publicaciones erróneas que posteriormente fueron eliminadas.
Para recuperar su reputación la plataforma invirtió en la implementación de un proceso de comprobación que se hizo más visible luego del 2020. Así lo recuerda Roberto Moreano, docente de Periodismo de la UDLA y experto en periodismo digital.
Esa inversión, explica Moreano, se evidenció en distintas aristas como en la capacitación de organizaciones de ‘fast checking’ y en intervención de controladores de contenidos. Las advertencias a manera de contexto que ahora se observan en algunas publicaciones de medios, también se aplicaron.
En determinadas noticias del canal Russia Today (RT en Español) en esta red, por ejemplo, las aclaraciones que da Facebook sobre su procedencia aparecen junto a cada post (anexo 1).
En el 2018, la regulación más estricta de FB ya dio sus frutos con una primera identificación pública de 82 páginas creadas en Irán y que incumplieron reglamentos base de Facebook, sobre “comportamiento falso coordinado”.
El contenido desde Rusia, en la mira
La campaña desinformativa proveniente desde Rusia, en el contexto de la guerra con Ucrania, también fue identificada en esta red en septiembre del 2022. En ese año, Facebook detectó al menos 1.600 cuentas falsas que se utilizaban para la difusión de noticias manipuladas y malintencionadas.
El contenido se introdujo en países como Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, y claro, Ucrania. Y los hallazgos continuaron en los meses siguientes y hasta en el 2023.
El estudio ‘Desinformación y Guerra’ sobre verificación de imágenes rusas falsas sobre este conflicto, y divulgadas por la revista Íconos en enero del 2023, analizó a ocho plataformas y concluyó que Facebook alojó la mayor cantidad de imágenes manipuladas desde Rusia. El análisis se realizó en publicaciones difundidas entre enero y abril del 2022.
Este uso preferencial del que se vale el poder político en redes como Facebook, para persuadir a los usuarios, está estrechamente ligado a lo emocional. Así lo comenta Pablo Escandón, docente de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar.
“Quienes están buscando posicionar un tipo de relato recurren a estos espacios, donde está una gran parte de personas para generar conversación, diálogos, debates y todo lo que provoque y lleve a la gente a discutir algo”, enfatiza el docente.
Para Escandón, los grupos políticos ya saben cómo “influir emocionalmente sobre cierto grupo de usuarios” en redes como Facebook, donde prima lo visual. De allí que los comentarios a distintas publicaciones se difunden casi sin mesura, y como consecuencia, la conversación motiva al algoritmo a posicionar dicho contenido.
Capturas de pantalla de la transmisión en vivo de RT, del 21 de agosto del 2023
Pero, aunque las publicaciones en Facebook -que incluyen contenido político y polémico- provoquen todo tipo de reacciones y debates, sí pasan por filtros y regulaciones. Eso se puede observar, por ejemplo, en una transmisión en vivo que el canal RT realizó la noche del 21 de agosto del 2023. Ese día se conoció que el entonces candidato Daniel Noboa y la opción del correísmo, Luisa González, se enfrentarían en el balotaje por la Presidencia de Ecuador.
El post que fue publicado tres veces alcanzó las 7.000 visualizaciones al menos hasta el 28 de febrero del 2024 y obtuvo 221 likes, 35 reacciones y 70 comentarios. Sin embargo, de los mismos solo se visualizan 16 comentarios en total y en ninguno de ellos aparecen insultos, amenazas, frases negativas u otra reacción malintencionada.
A decir de Escandón, en momentos electorales como aquella primera vuelta para elegir al Primer Mandatario ecuatoriano se vuelve más evidente el control que aplica Facebook a las publicaciones. Pero eso no quiere decir que hay una censura total de contenidos.
El algoritmo, la clave para discernir las publicaciones
Cristian Espinosa, director de Cobertura Digital, coincide en que aunque Facebook ha intentado aplicar algunos procesos de regulación incluso a través de verificadores externos no han resultado ser “lo suficientemente rápidos” para detener a toda la desinformación que circula en este espacio. Uno de los inconvenientes, añade Espinosa, es que hay menos contenido en tiempo real que se vuelve más difícil para analizar.
Lo que hace esta red, a través de su algoritmo, es seleccionar el contenido que le resulte más relevante para cada usuario de acuerdo con sus preferencias. De allí que, al ingresar a la ventana de inicio de cada perfil, las primeras noticias o post que aparecen en cada cuenta provienen de contactos o grupos más frecuentados y cercanos a cada persona.
“Facebook busca controlar qué tipo de contenido le llega a cada usuario dependiendo sus preferencias y lo que va aprendiendo del usuario mismo”, explica el experto Joako Cadena, experto en Marketing Digital, en una de sus clases virtuales disponibles en línea.
Por todo eso, la creación de cuentas falsas para la difusión de la información pierde terreno de a poco en esta plataforma, donde el seguimiento a las cuentas consideradas falsas no se queda solo en el intento. De hecho, una de las pistas para detectarlas es la cantidad mínima de seguidores, tal y como lo comentó Nathaniel Gleicher, responsable de políticas de seguridad de Facebook, en enero del año pasado.
Y aunque la revisión del origen de una publicación depende de un par de clics, la contrastación de información aún es un paso que omite la mayoría de los usuarios que navegan en esta red social. Esa fue una de las conclusiones que se desprendieron del estudio ‘La era de la desinformación y de las noticias falsas en el ambiente político ecuatoriano de transición’, publicado por la Universidad San Francisco de Quito en el 2019.
Las autoras de este análisis, Fernanda Tusa y María Belén Durán, coinciden en que los usuarios “simplemente comparten (el contenido) por impulso, por el simple hecho de que esa publicación refuerza sus creencias e ideologías”.
El sistema Ecu911 tiene 6.500 cámaras. En 2022 se necesitaban 2.200, pero solo se compraron 540 aparatos, por falta de fondos. Hace cinco años, la plataforma diseñada e implantada por la empresa china CEIEC debía entrar a un proceso de modernización, que aún no se concreta. El código chino de protocolo cerrado no permite adaptar tecnología moderna y genera una dependencia con China. En el gobierno de Rafael Correa la videovigilancia se usaba para espiar opositores y periodistas, desde la Senain, a través de un sistema espejo. El director del Ecu911, Bolívar Tello, no respondió nuestros pedidos de entrevista.
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“Hay algunos despistados que nos quieren hacer creer, solo por oponerse al gobierno, que nos sobra plata y que nos podemos dar el lujo de no utilizar nuestros recursos naturales. Vaya disparate, compatriotas, la historia sabrá juzgarlos. El Ecu911 brindará cobertura integral de seguridad. (…) Si salvamos una sola vida, ya será ganancia. Estas son obras del nuevo país, del nuevo Estado, del nuevo sector público”. Era el discurso del entonces presidente Rafael Correa en septiembre de 2014, cuando inauguraba el centro Ecu 911 en Portoviejo, Manabí. Uno de los 16 que se construyeron a nivel nacional y con una plataforma tecnología de la empresa China National Electronics Export & Import Corporation (CEIEC).
Aunque Correa argumentaba que la inversión de este proyecto provenía de las ganancias generadas por la explotación de recursos naturales, lo cierto es que la mayoría de esos fondos llegó de créditos de bancos chinos. Las negociaciones entre los dos gobiernos iniciaron en 2011, después de algunas visitas de funcionarios ecuatorianos a China.
Según un informe de Contraloría que auditó los contratos, se aplicó el mismo modelo de negociación y contratación de la central hidroeléctrica Coca-Coco Sinclair, en 2009: los famosos “créditos atados”. Es decir, China prestaba el dinero y Ecuador estaba obligada a contratar una empresa pública del país asiático para la obra.
Así, CEIEC obtuvo al menos tres contratos para el Ecu911, entre la implementación de la plataforma tecnológica, por 171 millones de dólares, y la construcción de seis centros en diferentes provincias por 38 millones. La empresa tenía la obligación de dar soporte y mantenimiento durante algunos años, luego de lo cual todo el sistema debía entrar en procesos de actualización, repotenciación o modernización.
Pero eso no ocurrió. Con la llegada de Lenín Moreno al poder y la fractura con su antecesor Correa, se empezaron a cuestionar las obras y créditos provenientes de China. El nuevo gobierno comenzó a buscar otros socios y otras alternativas para el Ecu911, pero al mismo tiempo quería reducir el gasto público.
La actualización no fue más que una quimera si se analiza la variación de los presupuestos anuales de la institución. Para el 2014, el Ecu911 tuvo un presupuesto codificado de 216 millones de dólares, aunque devengó 197. Para los siguientes años, ese monto fue bajando hasta que, en 2022, se proyectó un presupuesto de 40 millones y solo se devengó 10 millones.
La reducción del gasto aplicado a todo el sector público impidió la modernización de la plataforma. Y así han pasado más de cinco años. El Ecu911 ha tenido que recurrir a contrataciones parche para ir actualizando el software y equipos como cámaras, a medida que cumplen su vida útil o se dañan.
Un sistema de código cerrado
El Ecu911 es una infraestructura con varios subsistemas, al que se conectan instituciones como la Policía, Bomberos, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Salud, municipios, entidades que trabajan en la gestión de riesgos, etc. Es algo muy complejo, pero tiene dos macro componentes: la atención de emergencias, que es cuando una persona sufre un accidente o es víctima de violencia y requiere ayuda urgente; y la videovigilancia, para monitorear, por ejemplo, espacios públicos, sitios de riesgos naturales, para alertar y prevenir cualquier peligro. Con el paso de los años se han ido comprando más cámaras y otros equipos, pero así mismo muchas otras quedaron obsoletas. Algunos de los subsistemas ya han fallado.
El principal problema del Ecu911 es que se asienta sobre una plataforma de protocolo cerrado. Eso significa que es muy difícil o imposible que los equipos actuales, nuevos, se puedan conectar con este sistema. Foto archivo
Según datos de 2022, había cerca de 6.500 cámaras, pero unas 1.100 estaban inhabilitadas, fuera de servicio. Es decir, en videovigilancia el Ecu911 solo operaba al 83 por ciento de su capacidad. Eso significa menos zonas vigiladas. En julio de ese año inició un proceso de contratación y se necesitaban 2.200 cámaras; sin embargo, solo se compraron 540, pues no había más presupuesto. Es decir que el sistema requiere adquirir 1.660 cámaras para operar al 100 por ciento.
Pero no es solo eso. A finales de 2023 inició un proceso de contratación para repotenciar el sistema de almacenamiento. En Esmeraldas, por ejemplo, colapsó el sistema y tuvieron que almacenar el contenido en los centros de Portoviejo e Ibarra. “Generando un impacto negativo para la seguridad de ese cantón”, explica el proceso contractual. Es un parche sobre otro.
En 2022, el entonces director del Ecu911, Juan Zapata, explicó en una comparecencia en la Asamblea Nacional que el principal problema del Ecu911 es que se asienta sobre una plataforma de protocolo cerrado. Eso significa que es muy difícil o imposible que los equipos actuales se puedan conectar con este sistema. Por ello, Zapata informó que se trabajaba ya en un proyecto de modernización total para reemplazarlo por uno de protocolo abierto, que permita que las actualizaciones y conexión de nuevos equipos y tecnología sea más fácil.
En esa misma comparecencia, el entonces director de Tecnología del Ecu911, Juan Pablo Torres, dijo que la modernización contaría con cámaras que permitan el reconocimiento facial, lectura de placas de vehículos y la analítica de video. Explicó, además, que gran parte del código, protocolos y manuales de la plataforma de CEIEC estaban escritos en chino y que algunos de los técnicos Ecu911, capacitados por esa empresa, renunciaron. Los funcionarios explicaron que no solo era difícil trabajar con CEIEC por los problemas que representaba el protocolo cerrado, sino porque en 2020 el gobierno americano sancionó a esta empresa asiática. El argumento del Departamento del Tesoro de EE.UU. fue que CEIEC había colaborado para “restringir el servicio de internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra oponentes políticos” en Venezuela.
De hecho, CEIEC aterrizó primero en Ecuador y el modelo de Ecu911 luego se exportó a Venezuela, donde se llama VE911. Allá también tiene otros contratos como el de vigilancia penitenciaria, al igual que lo tuvo en Ecuador con el contrato de grilletes electrónicos que fue cuestionado por Contraloría.
En 2022, el entonces director del Ecu911, Juan Zapata, explicó en una comparecencia en la Asamblea Nacional que el principal problema del Ecu911 es que se asienta sobre una plataforma de protocolo cerrado.
Sin embargo, un artículo académico de Carla Álvarez, docente del Instituto de Altos Estudios Ecuatorianos (IAEN), descarta que el Ecu911 en Ecuador haya implantado un sistema de vigilancia autoritario y persecución. Apunta que el sistema se adecuó a las necesidades del país y permitió la incorporación de un sistema de seguridad integral. Además, sirvió de ejemplo para otros países de la región que copiaron el modelo. Para Álvarez, el fondo es que la implementación y decaimiento de Ecu911 han estado influenciados por las alineaciones de política exterior de los gobiernos de turno. No obstante, en 2019 una investigación del New York Timeswww.nytimes.com/2019/04/24/technology/ecuador-surveillance-cameras-police-government.html. reveló que durante el gobierno de Rafael Correa la videovigilancia se usaba para espiar opositores y periodistas, ya que en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) operaba un sistema espejo que proyectaba la información de las chamarras del ECU911.
En 2022, el entonces asambleísta Juan Cristóbal Lloret cuestionaba que antes de la sanción a CEIEC, en 2019, ya se habían presentado dos ofertas de repotenciación, pero que no se hicieron por los recortes al gasto público. Una de las ofertas provenía de la misma CEIEC por 134 millones de dólares y otra de la empresa Sitecsys por 150 millones, según la propia información del Ecu911. Lloret lamenta que han pasado ya cinco años desde que se debía hacer una repotenciación. No obstante, el argumento de las siguientes administraciones fue una modernización para reemplazar la plataforma por completo, lo cual requiere de más recursos.
Situación cada vez más crítica
Pero más allá de las afinidades políticas, la situación del Ecu911 es cada vez más crítica. Hay equipos que ya van a cumplir 10 años y su tecnología es obsoleta. No se sabe si hay un plan de modernización o si continúan las contrataciones parche, o cuántas cámaras están funcionado. Esta alianza periodística intentó, en reiteradas ocasiones, durante las últimas tres semanas, tener una entrevista con el actual director de la entidad, Bolívar Tello, pero su equipo de comunicación dijo que su agenda estaba copada.
Según datos de 2022, había cerca de 6.500 cámaras, pero unas 1.100 estaban inhabilitadas, fuera de servicio. Es decir, en videovigilancia el Ecu911 solo operaba al 83 por ciento de su capacidad. Foto de archivo
Un exfuncionario de alta jerarquía en el Ecu911, que prefiere el anonimato, confirmó a que desde hace años hay un plan de modernización con dos opciones: la primera es contratar a una empresa que cambie todo el sistema, pero el costo es elevado, unos 500 millones de dólares; y la segunda, contratar a una empresa que brinde el servicio y se le debería pagar anualmente unos 70-100 millones de dólares. Cualquiera de las dos opciones seguramente requerirá de un préstamo de los multilaterales. Esta fuente dijo también que ya se barajaron ofertas de diferentes países, pero al parecer no hay nada en concreto.
A finales de enero, Tello expuso que la herramienta Mobile Locator permite rastrear un número telefónico para determinar su ubicación. Esto sirve, por ejemplo, en casos de emergencia de personas desaparecidas o que se pierden en una montaña. Pero también es usada por la Policía, previa orden judicial, para rastrear a alguna persona investigada o requerida por la Justicia.
Tello dijo que hay protocolos para el uso de Mobile Locator: que todo funcionario que entra al sistema tiene sus credenciales y todo queda grabado en una ficha, que no se puede borrar en caso de que se requiera investigar algún caso o detectar mal uso de la herramienta. Por el caso Villavicencio, confirmó que Fiscalía ha hecho nueve peticiones relacionadas a funcionarios que hicieron rastreos de números celulares, aunque Tello no puede asegurar que todos estos casos sean parte de la investigación sobre Villavicencio o sobre el proceso Metástasis.
Bolívar Tello, director del Ecu911, compareció ante la comisión de la Asamblea que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. No respondió nuestros pedidos de entrevista. Foto cortesía Asamblea
Si bien se negó que, desde el Ecu911, a través de la herramienta Mobile Locator, se pueda hacer escuchas, sí se puede determinar la ubicación de una persona e incluso hacer seguimiento mediante las cámaras. Ante la revelación de Tello, el asambleísta Adrián Castro, vicepresidente de la Comisión, pidió declarar la reserva de la sesión. “Nos pueden estar haciendo seguimientos ahora mismo, a políticos, a cualquier persona, a nuestros allegados. Esto es extremadamente grave. Todos estamos expuestos”, dijo el legislador azuayo, quien se comprometió a requerir más información al respecto de cómo se maneja esa aplicación y cómo se detectan casos de uso indebido.
Pero esto no es nuevo, un informe institucional de 2022 da cuenta que Mobile Locator ya recibió una actualización “con el fin de mitigar el mal uso del servicio, por lo que en atención a la solicitud realizada por Operaciones se modificó los roles, perfiles de usurarios de la Policía y se eliminó la opción para Inteligencia”. El informe no entra en más detalles al respecto. El informe de la Comisión del Caso Villavicencio se presentará en marzo y es posible que aparezcan más datos sobre el papel del Ecu911 en seguimientos selectivos.
De momento, no se sabe si el plan de modernización contempla nueva tecnología con mayores controles para evitar estos seguimientos selectivos o si solo depende de depurar el personal y tener mejores protocolos. Pero esa es la situación del Ecu911 en este momento.
La abogada Bibian Hernández envió a este medio una entrevista publicada en el sitio digital Noticiasd. En ella se defiende de acusaciones en su contra, en vísperas de la audiencia de formulación de cargos por un supuesto lavado de activos. Publicamos el cuestionario íntegro, a manera de réplica, por tratarse de la primera vez que ella se pronuncia.
La consultora, investigada por la Fiscalía de Ecuador en un caso de lavado de activos, entrega documentos y denuncia sesgo en el proceso: «Es un marketing jurídico mediático».
Bibian Hernández Velasteguí llega a la entrevista con un legajo de documentos. Lo primero que hace es mostrar un certificado de la Contraloría General del Ecuador, en el cual consta que nunca ha sido funcionaria pública.
También enseña un reporte del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), para evidenciar que tampoco ha contratado con el Estado. Ni ella ni sus empresas. Y por último muestra la constancia de la Universidad Estatal de Guayaquil, que confirma que se graduó de Abogada de los Tribunal y Juzgados de la República del Ecuador, así como el registro de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) que respalda su título bajo el código 1006-2021-2258920.
“¡Con pruebas desmonto cada acusación inventada en mi contra!”, insiste Hernández. “No soy ‘una operadora’ jurídica ni política de nadie, como pretenden posicionar. Eso es una infamia. Incluso el equipo de juristas que dirijo se dedica como especialidad al área tributaria. Nunca he trabajado para el Estado. Vengo de la empresa privada, a la que me volqué en largas jornadas para mantener como madre soltera a mis tres hijos”.
Esta es la primera entrevista de Bibian Hermita Hernández Velástegui (Ambato, 53 años). Su nombre ha resonado desde que el pasado 30 de enero de 2024 la Fiscalía allanó las oficinas de su estudio jurídico en Guayaquil e incluso la casa de su madre, con el aparente fin de recabar pruebas en el bautizado Caso Amistad, en el que la Fiscalía del Ecuador, dirigida por Diana Salazar, investiga un presunto lavado de activos.
Se dice que usted boga a favor del expresidente Correa. ¿Cuál es su relación con él? Existe una amistad respetuosa. Hace muchísimo tiempo, él, sin conocerme, me dio la mano en un momento muy crítico de mi vida. Le guardo profunda gratitud.
Entonces, ¿por qué la fiscal Diana Salazar dirige los dardos hacia usted? No lo sé. Lo que sí sé es que es un proceso viciado de irregularidades. Hacen un allanamiento después de que comparecí voluntariamente. Allanan hasta la casa de mi madre. Hasta el momento la Fiscalía ha espulgado cada ápice de mi vida y ha pedido a los bancos reportes de mis movimientos financieros, para hacer un análisis profundo. Pierden el tiempo. Me he ganado honestamente cada centavo con mi trabajo. Pueden agarrarme de los tobillos y sacudirme y no van a encontrar dinero mal habido: soy la cabeza de una corporación jurídica, de 40 abogados, que tenemos éxitos en las áreas tributarias y también civiles. Allí están todos los reportes en detalle ante el SRI.
La Fiscalía relaciona el lugar de unas oficinas suyas, con una empresa de Leandro Norero. ¿Eso es cierto? Eso es impreciso. Lo explico. Yo soy la gerenta y representan legal de dos compañías: Global Strategy Law Bhv C.A. y Asesoramiento Global Integral Abogados Abbhv S.A. Como sus nombres lo indican, la una es defensa tributaria y la otra es asesoría y gestión estratégica en el área tributaria. Mis empresas alquilaban unas oficinas hasta abril de 2021 en el edificio Sky Building, norte de Guayaquil. Esas oficinas rentadas (y muestra los contratos de arrendamiento) fueron entregadas cuando nos cambiamos a nuestras oficinas en Puerto Santa Ana. Ahora, que años después esas oficinas del Sky Building hayan sido compradas o arrendadas por X empresa, empresa ligada a Norero o a no sé quién, no es mi problema ni mi responsabilidad. Que pregunten al dueño del edificio o al dueño de esas oficinas o sus arrendatarios. Querer a hilar fino por esto es una barbaridad jurídica, así como un desacierto o una evidente persecución. No hay sustento alguno. Soy inocente de cualquier delito que se me quiera buscar. He sido siempre, siempre, una mujer apegada a derecho. En mi vida personal y profesional. Estoy absolutamente segura de mis acciones y de mis empresas.
¿Usted conoció o mantuvo conversaciones con el narcotraficante Leandro Norero? Están diciendo que soy íntima de Norero y yo a Norero no le conocí ni los dientes. No conozco al señor Norero ni en su primera, tercera o quinta generación. ¡Jamás en mi vida lo he visto! Ningún abogado cercano a él ha estado en mi estudio o ha pedido reunión alguna. No sé de dónde ha salido este invento. Insisto, soy experta en tributación, con un equipo jurídico especializado en esa área. Nuestra área, insisto, es la tributaria. De hecho, para atender a un potencial cliente, este primero pasa por el Área de Riesgo y Auditoría, para saber si cumple con sus obligaciones con el Estado. Luego, si estoy de acuerdo con atender, primero a ese potencial cliente lo ve un abogado del equipo. En este estudio jurídico somos muy estrictos con el cumplimiento de las reglas.
En la audiencia de formulación de cargos, ¿el fiscal del caso podrá mostrar pruebas en su contra por lavado de activos? No van a encontrar nunca un dólar por lavado de activos. Y no lo encontrarán por una sencilla razón: antes de firmar contratos con nuestros clientes, primero son analizados por el área de Riesgo y Auditoría. Hacemos un examen para validar la licitud de los recursos de nuestros potenciales clientes, antes de aceptar trabajar con ellos. Es decir, verificamos que el origen de los recursos, con los cuales van a pagar nuestros servicios, sean debidamente justificados. Además, estos clientes deben firmar un documento de licitud de fondos. Si no lo hacen, simplemente no aceptamos al cliente. Trabajamos para las corporaciones más importantes del país. Y nos tomamos muy en serio estos filtros y controles, por nuestra propia reputación y, sobre todo, por la de nuestros clientes.
El periodista Arturo Torres, quien escribe para Vistazo, Primicias, Código Vidrio y es frecuentemente entrevistado en Ecuavisa, es quien ha lanzado las acusaciones en su contra, sin precisar fuentes. Él ha denunciado que usted tuvo vínculos comerciales con NexoGlobal, la empresa clave en el Caso Sobornos. ¿Eso es cierto? A este señor hay que enseñarle a verificar, contrastar y que tenga claras las normas deontológicas del oficio periodístico. Estoy de acuerdo que el periodismo investigue y escriba la verdad. Al señor Torres le faltó investigar. Si solo ve NexoGlobal está perdido. Lo invito que venga a mi oficina aquí en Guayaquil para entregarle la información que solicite. Nuestros libros están abiertos. NexoGlobal es una y no representa toda la cantidad de clientes que tenemos.
¿Por qué el periodista Torres también acusa que sus empresas tienen ingresos en los últimos años por 15 millones de dólares? Debería preguntarle a él qué interés particular tiene. No creo que sea interés periodístico, porque ni siquiera investiga correctamente. Tampoco ha pedido el contraste de rigor como manda la norma. Nuestras empresas facturan anualmente mucho más que eso. Puede ir al Servicio de Rentas Interas y evidenciarlo con nuestras declaraciones de impuestos. Puede venir y ver nuestros libros contables. No tengo ningún miedo, porque siempre he actuado de forma recta y apegada en derecho, en mi vida personal y profesional. He demostrado ser una profesional responsable y honesta. Pero una calumnia ocasiona daños irreparables. Solo pido que cuenten la verdad. Enfrentaré cada infamia, demostrando que el odio político y el marketing jurídico mediático no podrán jamás prevalecer sobre la verdad. Todas las calumnias y perjuicios ocasionados recibirán su legal y justa respuesta. No se debe ganar un juicio apoyado de un marketing jurídico mediático.
¿Por qué la Fiscalía ha puesto celeridad en este proceso? Si la Fiscalía actúa con inusitada celeridad en este proceso, muchas gracias. Pero que lo haga respetando el debido proceso. Y si lo hace de otra forma, el tiempo dará la respuesta. Este, sin embargo, ha sido un proceso viciado de irregularidades; ha iniciado mal, han encaminado la investigación con un evidente sesgo.
¿Usted ha sido cercana o fue amiga de la fiscal Diana Salazar? ¿Hubo amistad entre ustedes? (Hay un largo silencio antes de responder). No estoy preparada, aún, para contestar esa pregunta, como verdadera y honestamente debo hacerlo. Yo respeto y respetaré a las personas que han estado en mi círculo laboral, personal y han tenido una claridad absoluta de quién soy como ser humano y como profesional. Decir algo o hablar de la fiscal general, yo no lo voy a hacer. A lo mejor su pregunta ya está contestada, el día que fueron a hacer el allanamiento en mi casa, con todo un contingente policial y el fiscal llegados exclusivamente desde Quito”.
DESINFORMACIÓN.Amenazas, insultos y desinformación circulan sin filtro en redes sociales y se multiplican en momentos políticos coyunturales específicos. Rusia es un actor preponderante. El “poder agudo” de Putín y sus seguidores también usan la plataforma para incidir con su discurso en América Latina.
Alianza Código Vidrio – Vistazo
Los tuits con amenazas, insultos o incitación al odio en contra de funcionarios públicos o usuarios en general no se vetan en la plataforma X, antes Twitter. Tampoco aquellos mensajes que aplauden asesinatos, apoyan acciones violentas y hasta conflictos armados. El pretexto–según sus políticas de uso- es el libre debate de ideas.
La difusión de contenido en esta plataforma funciona como una cascada en la que se mezclan hechos informativos, ‘reposteos’ o copias de los mensajes con las reacciones de otros usuarios detrás de cuentas verdaderas y falsas, todo sin regulación.
Para Alexis Serrano, editor del medio de comunicación digital Ecuador Verifica, nunca hubo un verdadero control en X ni antes ni después del cambio de propietario (la red pasó a manos de Elon Musk en julio del 2023).
Una de las tareas de Ecuador Verifica es revisar publicaciones que generan dudas sobre su veracidad y circulan en redes sociales. Serrano trabaja en ese portal desde septiembre del 2021 y, por su experiencia, afirma que desde entonces no ha constatado filtro alguno en X, al igual que en redes similares como las pertenecientes a Meta (Facebook o Instagram).
De estos vacíos regulatorios se aprovechan los autores de las ‘fake news’ para lanzar datos erróneos “como botellas de náufrago” –como describe Serrano-, y llegar a usuarios que “muerden el anzuelo” y contribuyen con la difusión de contenido incompleto, descontextualizado o falso.
Un tigre sin dientes
Cuando una publicación incumple con los parámetros de X se envían mensajes de advertencia y lo mismo ocurre cuando detectan un posible contenido falso o engañoso. Pero las alertas se queda en eso. A lo mucho sugieren una revisión a información que sirva de contexto sin pedir a los usuarios que eliminen su post. Y en consecuencia, cuentas que se valen de la difusión de ‘bulos’ desinformativos tienen una ventana abierta para actuar. Impunes.
Uno de los actores que se beneficia de este camino asfaltado para la desinformación es el canal oficialista Rusia Today (RT) y otros medios afines como Sputnik, blogs políticos cercanos a la doctrina rusa, entre otros. De hecho, RT ya es conocido por este tipo de difusión y por hacerse eco de contenidos malintencionados o falsos. Eso ocurrió, por ejemplo, en una publicación del 20 de enero de enero de 2024, en la que se afirmaba que las fuerzas de seguridad argentinas habían matado a 32 personas, desde que Javier Milei asumió el poder.
La publicación -que aún era visible, al menos, hasta el pasado 31 de enero- alcanzó más de 63.000 visualizaciones en X. El post incluye un link con la noticia, en la que citan a la ONG Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional como única fuente. Del post se desprendieron casi 180 comentarios a favor y contra del contenido.
De esa cantidad, al menos 66 comentarios desmentían la noticia, otros 52 apoyaban la denuncia de la ONG y 56 se mostraban a favor del supuesto asesinato y hasta pedían más muertes. El trino del usuario @Cernunnos667 es una muestra: “Mientras sean delincuentes, adelante, 32 es poco. Hay que quintuplicar ese número”. Ese texto sumó más de 3.000 visualizaciones y 122 ‘me gusta’.
Todas las cuentas que se muestran a favor de esta denuncia de asesinato fueron creadas en distintos años y países, aunque sí tienen otro factor común: 10 tienen banderas de Rusia, China o Irán junto con el nombre de sus usuarios.
La desinformación se activa en momentos de crisis
Gary Pulla, investigador y director del Centro de Gestión de la Información Científica y Transferencia Tecnológica, concuerda en que Rusia usa las redes sociales de Latinoamérica como estrategia para manipular la opinión pública a su favor. Y la falta de control de plataformas como X en contextos claves, como las campañas electorales, las convierte en herramientas eficientes para lograr su cometido.
Estas prácticas, también son sistemáticas entre sus seguidores ideológicos, como grupos políticos latinos, incluido el correísmo.
En octubre del 2023, por ejemplo, la campaña para la segunda vuelta presidencial fue un escenario perfecto para los intentos desinformativos. En esa ocasión, los mensajes falsos y manipulados para desprestigiar tanto a los candidatos Daniel Noboa como a Luisa Gonzáles (RC) no tuvieron control en X.
Eso ocurrió con la noticia que se publicó en la cuenta Zoom EC, conocida por su afinidad con el correísmo. El post titulaba: “Estos son los que buscan la desdolarización en el Ecuador!”.
La publicación del 1 de octubre del 2023 tuvo 3.886 reproducciones y aunque fue desmentida por medios como Ecuador Verifica y AFP, no ha sido borrada. En su contenido se afirmaba que la entonces candidata a la vicepresidencia, Verónica Noboa, descalificaba la dolarización a través de un video editado de una conferencia virtual que duró más de una hora.
La manipulación en tiempos de crisis políticas, a la que se refiere Pulla, es evidente desde las cuentas en X y Facebook de RT, que tienen noticias claramente parcializadas con altos alcances de reproducción. Por ejemplo, la nota titulada Andrés Arauz: «Lasso cumplió con su misión de destruir al Ecuador», tras el anuncio de la muerte cruzada, alcanzó las 112.000 reproducciones, 1.200 reposteos y 2.200 ‘likes’, en agosto del 2023.
Ejemplos de publicaciones falsas, amenazas e insultos se riegan casi a diario en X sin censura. La Fiscal Diana Salazar es uno de los blancos de los ataques.
El pasado 18 de enero, desde la cuenta del asambleísta de RC, Walter Gómez, se afirmaba que una encuestadora habría demostrado que el 72.08 % de ecuatorianos no confiaban en la Fiscalía General. Y aunque ese dato fue desmentido horas después, de manera oficial, el post no fue eliminado de esta cuenta. De hecho, hasta el 29 de enero tuvo 13.000 visualizaciones.
Pero eso no es todo. El post tiene más de 800 comentarios en los que se incluyen insultos en contra de la Fiscal y amenazas de muerte, que tampoco han sido eliminadas.
Coyunturas políticas polémicas y hechos que causan conmoción, como la irrupción de un grupo terrorista al estudio de TC Televisión durante su noticiero de mediodía, el pasado 9 de enero, son escenarios ideales para lanzar post desinformativos que alcanzan miles de reproducciones. Uno de los más conocidos, y que tuvo su origen en esta red, fue una alerta de un supuesto secuestro en el Metro de Quito, que incluía una fotografía. Ese mensaje salió de la cuenta EmergenciasEc, que supera los 300.00 seguidores y cuyo origen es Estados Unidos.
La Policía y las autoridades del Municipio capitalino desmintieron el supuesto ataque, minutos después de ser publicada esa alerta. En realidad, la imagen fue tomada de un simulacro de amenaza de bombas químicas, realizado en agosto del 2023. Aun así, la publicación tuvo 33.800 visualizaciones y se compartió –solo en X- 229 veces.
El ‘poder agudo’ de China y Rusia
Los investigadores estadounidenses Christopher Walker y Jessica Ludwing calificaron como el “poder agudo” a la intención de gobiernos como Rusia y China de inmiscuirse ideológicamente en otras naciones, a través de la manipulación informativa.
El término se desarrolló en el informe Sharp Power: Rising Authoritarian Influence, publicado por la Fundación Nacional para la Democracia. Allí se concluyó que ambos gobiernos buscan influir en sus audiencias, a través de la distorsión de la información. Y para ello se valen del acceso libre a redes sociales y de una inversión mínima en ellas.
La ONG Reset, de Reino Unido, que analiza intentos de manipulación de contenidos digitales y políticos, también divulgó un informe sobre campañas rusas desinformativas en redes, en julio del 2023.
En su investigación “Ven por los memes, quédate por la propaganda del Kremlin” sugieren un “mercado de la manipulación” dirigido por el oficialismo de este país y que opera en redes como Facebook para regar propaganda política en naciones africanas de habla francesa. En ese territorio se detectó la operación de una red de 57 páginas creadas en redes como Facebook, con publicaciones que llegaron hasta usuarios de Latinoamérica.
La agencia de noticias EFE, con su segmento de verificación de noticas falsas, ha detectado 80 publicaciones manipuladas y falsas sobre la ofensiva rusa contra Ucrania, esparcidas en espacios como X, Facebook y YouTube, desde febrero del 2022. La más icónica es la acusación rusa de “montaje” ucraniano al ataque de la población de Bucha, en marzo del 2023.
Y como esos se pueden encontrar decenas de archivos y procesos verificaciones de noticias falsas que tienen a Rusia como protagonista.
SOLUCIONES
La alfabetización digital, la alternativa
Pulla y otros analistas coinciden en que la solución para disminuir los objetivos de la desinformación en redes, no radican en las limitaciones y o control estatal en plataformas como X. La sugerencia recae en la alfabetización digital para que los usuarios aprendan a verificar su propio consumo noticioso y no se alimenten de una única fuente.
“Twitter es la raíz de la desinformación pero donde más se difunde es en WhastApp. Los canales y las plataformas al final del día son solo instrumentos. Es en la comunidad dónde debemos trabajar muy fuerte en formación digital”, comenta el docente y analista Andrés Jaramillo.
La problemática es una realidad en la población más joven. A esa conclusión llegó un estudio realizado por estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, denominado Ponte pilas con la desinformación, que encuestó a 100 universitarios el 2023. Entre los principales hallazgos se detectó justamente que la desinformación es más consumida por jóvenes de la generación Z que usan las “redes sociales” cuando buscan noticias.
“Controlar la desinformación requiere de un enfoque multifacético que incluya educación digital, promoción de la alfabetización mediática, verificación de hechos y transparencia en las fuentes” apunta María Dolores Brito, docente de la USFQ y quien fue parte de esta iniciativa.
La audiencia de formulación de cargos en contra de Bibian Hernández, Luis O., Ericka C. y dos personas jurídicas, por presunto lavado de activos en el caso denominado Amistad, que debía realizarse hoy, se pospuso para el próximo lunes 4 de marzo. Hernández dice que las denuncias en su contra son infamias, parte de un show mediático y odio político. Su abogado Alfonso Zambrano aclara que no tiene ninguna vinculación con el caso Metástasis.
Redacción Código Vidrio
El juez José Sebastián Cornejo Aguiar, de la Unidad de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, difirió la diligencia de formulación de cargos por pedido de la defensa de uno de los investigados, según informó la Fiscalía.
El nombre de Hernández saltó a la palestra a fines de enero, cuando la Fiscalía allanó varias oficinas en Samborondón y Guayaquil. Su nombre también aparecería citado en dos chats del caso Metástasis, en el contexto de las gestiones que varios interlocutores realizaban a favor de la agenda de impunidad del narco Leandro Norero. La Fiscalía investiga su presunta relación con abogados y jueces vinculados a ese caso.
En una carta remitida a varios medios, Hernández indicó que las acusaciones y la información sobre su caso son falsas y evidencian un campaña en la que confluyen el juego de la política y un show mediático para perjudicarla.
“A lo largo de mi vida, y quienes me conocen pueden dar fe de ello, he demostrado ser una profesional responsable, íntegra, honesta, dedicada y comprometida con la verdadera justicia, misma que tanto ha sido golpeada en los últimos años”, indicó en su pronunciamiento.
“Es con esa justicia auténtica que enfrentaré cada infamia, demostrando que el odio político y el show mediático no podrán jamás prevalecer sobre la verdad (…). Me sostiene en este momento, el respeto y afecto recibido por amigos y sobre todo clientes. Mi mayor gratitud por su leal e inquebrantable apoyo en estos momentos de adversidad”, agregó.
La investigación en contra de Hernández es por un posible lavado, relacionado con la creación de empresas y esquemas societarios y jurídicos para supuestamente ocultar el origen de los recursos.
Mientras ejerció el cargo de asambleísta, el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio dijo que Hernández era una operadora política de Rafael Correa. En los registros de la Función Judicial no consta que ella haya patrocinado alguna de sus causas. Se registran causas contra Hernández por supuesta estafa.
Ella también trabajó en la Federación Ecuatoriana de Fútbol como abogada externa desde 2017 y registró su título en el Sernescyt en 2021.
RÉPLICA
El doctor Alfonso Zambrano Pasquel nos envió una carta sobre la nota publicada el pasado viernes 23 de febrero, titulada «Estos son los contratos secretos de Bibian Hernández, la colaboradora cercana de Correa».
En su carta, el abogado Zambrano indica que a su defendida «Hernández Velastegui se vincula, sin ser cierto, con alguna actividad profesional relacionada con el señor Leandro Norero que estuvo mencionado con hechos delictivos, que son investigados en el caso METASTASIS.
«Se afirma también sin ser cierto que se le formularían cargos a la abogada Bibiana Hernández por un presunto lavado de activos por el caso METASTASIS.
«Se trata de una vinculación no contrastada que afecta y lesiona la honra la dignidad y el prestigio profesional y empresarial de la abogada Hernández Velastegui pues se trata de una profesional reconocida por su actividad como asesora empresarial y que jamás ha ejercido la profesión como abogada sin tener el título, como también se afirma en la noticia que solicito sea rectificada de acuerdo con la garantía constitucional prevista en el artículo 66 de la Constitución Política de la República del Ecuador que preserva el derecho a la honra a la dignidad y al buen nombre de mi representada, pues expresamente señala: Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario (…).
«Se puede contrastar de manera inequívoca la inexistencia de ninguna relación con el señor Leandro Norero, pues no existe ningún correo o comunicación de cualquier índole que le pueda ser atribuido personalmente a la abogada Bibiana Hernández.
«Le agradezco atender el derecho a la rectificación que le asiste a mi representada, autorizando que se inserte la presente comunicación aclaratoria, a efectos de que de alguna manera se repare el agravio injustificado del cual ha sido víctima, que afecta incluso a su núcleo familiar».
NOTA DE LA REDACCIÓN: En el informe al cual se refiere el doctor Alfonso Zambrano nunca se menciona que a la abogada Bibian Hernández se le formularán cargos en el caso Metástasis, que investiga un esquema de delincuencia organizada. En el reportaje en mención se indica que la formulación de la Fiscalía General será por un caso de un supuesto lavado de activos, tras unos allanamientos en Samborondón y Guayaquil. Y que su nombre está mencionado en dos chats del caso Metástasis, que investiga la red del narcotraficante Leandro Norero y sus conexiones con jueces y abogados.
Alfonso Zambrano, abogado de Bibian Hernández, quien es investigada por un supuesto lavado de activos en el caso Amistad, desmintió que ella tuviera relación alguna con el expresidente Rafael Correa ni con la Revolución Ciudadana y que todas sus actividades están enmarcadas en la ley. Además, aseguró que no ejerció como abogada antes de tener su título el 2021.
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Según Zambrano, Hernández ha ejercido su profesión de abogada y ha dado servicios de asesoría a diferentes empresas, por lo cual ha facturado todos sus ingresos, y no tiene ninguna relación con un supuesto delito de lavado de activos.
“Yo he sido abogado del expresidente Rafael Correa, pero Bibiana Hernández no ha tenido ninguna relación laboral con él ni con la Revolución Ciudadana, tampoco ha sido funcionaria pública”, recalcó.
Este próximo lunes la Fiscalía formulará cargos en contra de Hernández acusándola de un supuesto lavado, semanas después de que se realizarán hallanamientos en Guayaquil y Samborondón.
En rueda de prensa, Zambrano también negó que su defendida hubiera ejercido como abogada antes de obtener su título en 2021. “No ha firmado un solo documento como abogada antes del 2021”, aseguró.
En 2017 Hernández fue contratada como asesora por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), con un salario de 2.000 dólares, más IVA, encargada de diferentes áreas, “en las que ella tenga que desarrollar actividades públicas o privadas”, según la copia del contrato que firmó con el entonces presidente FEF, Carlos Villacís, al que este medio accedió.
Zambrano dijo que su cliente ha sido victima de una campaña de desprestigio y que “es constitucionalmente inocente”.
Sobre la relación de Hernández con el caso Metástasis, Zambrano subrayó que no hay un solo solo chat que la vincule con el narcotraficante Leandro Norero, cabeza de la red que es investigada por la Fiscalía. “Ninguna empresa de Bibian Hernández tuvo nada que ver con Norero”, dijo el abogado.
EXCLUSIVA. Bibian Hernández al parecer ejerció el Derecho sin tener título; recién lo obtuvo en 2021. La audiencia para formulación de cargos en su contra, por presunto lavado de activos, fue diferida para la mañana de este lunes 26 de febrero. Entre 2011 y 2023, recibió 15 millones de dólares en ingresos. Tuvo vínculos comerciales con NexoGlobal, la empresa clave en el Caso Sobornos, en el que fue sentenciado el expresidente Rafael Correa. Nota actualizada el 26 de febrero con el pronunciamiento de Hernández, quien asegura que las denuncias en su contra son infundadas y difamatorias.
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Descrita como la operadora política del correísmo. El nombre de Bibian Hernández saltó a la palestra a fines de enero, cuando la Fiscalía allanó las oficinas de esta abogada que al parecer ejerció la profesión como asesora legal sin haber tenido registrado su título: éste fue inscrito recién en febrero de 2021, según la página de Senescyt revisada por esta alianza.
El proceso por presunto lavado de activos se sigue contra Bibian Hermita Hernández, Luis Carlos O., Ericka C. y las empresas Global Strategy Law Bhv C.A. y Asesoramiento Global Integral Abogados Abbhv S.A., dirigidas por Hernández.
Su nombre aparece citado en dos chats del caso Metástasis, por delincuencia organizada, en el contexto de las gestiones a favor de la agenda de impunidad del narco Leandro Norero. Puntualmente se evidenciaría su supuesta relación con los abogados y jueces de ese proceso.
En una carta dirigida a varios medios, Hernández desmintió cualquier relación ilegal en el caso de lavado de activos y dijo que se trataba de un juego político y un show mediático para difamarla. Su abogado, Alfonzo Zambrano también envió una carta a este medio aclarando que la abogada no tenía ninguna relación con el caso Metástasis (https://www.codigovidrio.com/code/se-pospone-formulacion-de-cargos-de-bibian-hernandez-que-desmiente/).
Esta alianza mapeó la actividad comercial de la investigada y las empresas a las que representa. En total, ella habría recibido ingresos superiores a 15,3 millones de dólares. En ese mismo período, habría tenido egresos por 4,5 millones de dólares, según fuentes del sistema financiero.
Sus relaciones contractuales secretas salen a la luz. Tanto Bibian Hernández como Asesoramiento Global Integral Abogados Abbhv S.A. mantuvieron contratos por 103 mil dólares con NexoGobal S.A. Esta firma, actualmente en fase de liquidación, fue la entidad usada como fachada durante el gobierno de Rafael Correa, según el esquema descrito en el caso Sobornos 2012-2016.
Una oficina paralela a la Presidencia de la República gestionaba recursos, que llegaban como donaciones por parte de empresas privadas para financiar las campañas electorales del coreísmo. A cambio, las empresas donantes recibieron contratos públicos. NexoGlobal fue la firma que encubría estos hechos y les daba un manto de aparente legalidad contractual. Pamela Martínez Loayza, exjueza constitucional y exasesora del presidente Correa, fue una de las cabezas de este entramado. Esto no es casual, Hernández tuvo relación comercial con el entorno de la defensa del caso Sobornos.
Un pago de cien mil dólares vincula supuestamente a Hernández con un empresario implicado en una investigación internacional por lavado de oro.
Asesoramiento Global Integral Abogados Abbhv S.A. tuvo ingresos por 5 millones de dólares entre 2017 y 2022; en ese período tuvo egresos por un millón de dólares. Global Strategy Law Bhv C.A., por su parte, registra ingresos por cien mil dólares en ese período; en tanto que sus egresos representan algo más de diez mil dólares.
El nombre de Bibian Hernández se conoció públicamente después de que la Fiscalía hizo allanamientos en Guayaquil y Samborondón, dentro de un caso de lavado de activos. Foto cortesía Fiscalía
Un cliente TOP de ambas empresas y de la abogada Hernández es una firma constructora que resultó beneficiaria de la ilegal subdivisión de contratos, por parte de una contratista de origen chino.
Asesora legal de la Federación de Fútbol sin título
Desde mayo de 2017, Hernández se volvió asesora en temas legales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con un contrato por servicios profesionales, para el pago de dos mil dólares mensuales, más IVA, a través de factura. Llegó al cargo, a pesar de no tener su título registrado aún en el Senescyt, por influencia de un abogado de planta de la Federación. Ambos estarían, a su vez, relacionados con la adjudicación que una firma constructora recibió en mayo de 2018 para la construcción de la Casa de la Selección, en Daule, según documentos revisados por esta alianza.
El título de Hernández aparece registrado en el Senescyt el 2 de febrero del 2021.
Como asesora externa estuvo a cargo del seguimiento de importantes casos que enfrentaba la FEF en los que obtuvo fallos favorables.
Nacida en Quisapincha, provincia de Tungurahua, en diciembre de 1971, Hernández llegó a construir una red de empresas que la relacionan con personajes señalados por actos de corrupción. Entre ellos, representantes de firmas mencionadas como causantes del perjuicio al ISSPOL (seguridad social de la Policía).
Hernández aparece en registros de la Federación como Doctora con especialidad legal, desde 2017
Los archivos del Senescyt ratifican que Hernández inscribió su título en 2021, cuatro años después de empezar a trabajar como asesora legal en la FEF.
En Miami, Hernández constituyó tres firmas, una de ellas, especializada en asesoría para figuras políticas.
En su base de relaciones comerciales se encuentra un abogado que fungió como director de Asesoría Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Él, a su vez, fue defensor de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, propietarios de Sky Jet Elite. Esta empresa fue creada en Miami en 2011, luego de que el segundo de ellos dejara la Dirección de Aviación Civil. La justicia estadounidense relacionó a la compañía con casos de narcotráfico
El portal de causas judiciales muestra que Hernández fue procesada en el pasado por el delito de estafa.
Cambio abrupto de planes. Ecuador anuncia que no entregará material bélico a un país en conflicto. El canje de equipos militares con Estados Unidos se queda sin piso, aunque en enero pasado el presidente Daniel Noboa anunció el canje de chatarra rusa por equipos bélicos nuevos de Estados Unidos por 200 millones de dólares. No es casual que, al mismo tiempo, Rusia haya levantado sanciones a cinco exportadoras de banano. Moscú puso en marcha su batería de desinformación para desprestigiar el intercambio de arsenal.
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“Ecuador no enviará material bélico alguno a un país que tenga un conflicto armado internacional. Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, como miembro, nosotros promulgamos la resolución de conflictos, siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estas controversias”. Con esta declaración, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dejó sentada la posición oficial: Ecuador no concretará el canje de equipo militar de origen ruso con Estados Unidos. Así, queda sin piso el anuncio que, a inicios de enero, hiciera el presidente Daniel Noboa. El mandatario había mencionado la inminencia del intercambio de -lo que él denominó- “chatarra” por arsenal nuevo, de fabricación estadounidense, valorado en 200 millones de dólares para enfrentar la crisis de seguridad.
La suspensión del canje fue informada, el tercer viernes de febrero, por el embajador ruso en Quito, Vladimir Sprinchan, a agencias internacionales de noticias, y difundida en los canales oficiales de ese país.
La confirmación oficial ecuatoriana llegó días después, este lunes 19 de febrero. La canciller Sommerfeld compareció ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social del Legislativo. Su presentación tomó más de dos horas.
Quien preside la comisión, el asambleísta Patricio Chávez Zavala, representa a la fuerza política afín a la revolución ciudadana. Él fue embajador en Rusia durante el gobierno de Rafael Correa. En su juventud, estudió ingeniería mecánica en Moscú.
En su etapa diplomática, Chávez fue el artífice de importantes acuerdos que allanaron el camino para que Rusia se volviera un socio clave en la compra de banano y otros productos. Estuvo al frente de la embajada ocho años, desde 2007 al 2015. En su período en Moscú ocurrió el incidente mundial por la huida del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Snowden, de Hong Kong a Rusia, mientras era buscado por las autoridades de Estados Unidos, para detenerlo por la filtración a la prensa de información considerada de seguridad nacional. Antes de llegar a Moscú, Snowden había pedido que Ecuador le concediera el asilo, para lo cual incluso recibió un salvoconducto que fue emitido por el entonces cónsul en Londres, Fidel Narváez. El plan era que Snowden llegara finalmente a Ecuador, con el apoyo de Rusia, que sería un país de paso, tras su llegada de Hong Kong.
Rusia dinamitó el canje
El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la entrega de supuesta chatarra rusa a Estados Unidos, a cambio de armamento para combatir a los grupos delincuenciales en Ecuador, destapó una campaña de desinformación de los medios oficialistas rusos RT y Sputnik.
Esos medios cuestionaron en sus publicaciones la ayuda que ofreció Estados Unidos al Ecuador. Sputnik apunta hacia supuestas injerencias en la soberanía ecuatoriana. Por su lado, RT habla de plan para ‘colombianizar’ a Ecuador y convertirlo, junto a Argentina, en el patio trasero estadounidense.
RT publicó el 8 de febrero pasado una nota titulada “Poder blando, mano dura: cómo Washington intenta aislar a América Latina de otros socios”, a propósito de las reuniones que Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE.UU. tuvo en Ecuador y en Uruguay. El video habla de las críticas y desconfianza de la central sindical uruguaya y de las intenciones de EE.UU. de conseguir que países de la región cambien armamento ruso por otros equipos de nueva tecnología. Se trata, según Sputnik, de una estrategia para “cazar lealtad”.https://actualidad.rt.com/video/498512-washington-intenta-aislar-america-latina-socios
En 1997, Ecuador compró a Rusia siete helicópteros MI para transporte de tropas. Estos aparatos iban a ser entregados a Estados Unidos, que los enviaría a Ucrania. Foto de archivo
Uno de los actores recurrentes que RT expone en sus notas es la Conaie. Por ejemplo, el 24 de enero publicó una noticia sobre un comunicado de esa organización indígena en el que se habla de un “intervencionismo” de Estados Unidos en Latinoamérica, “la potencia que nos considera su patio trasero”. Afirma que la cooperación ha “atentado la soberanía y los intereses nacionales, imponiendo doctrinas de seguridad con incidencia geopolítica”. La Conaie pidió transparencia sobre los alcances y los resultados de la cooperación.https://actualidad.rt.com/actualidad/496865-movimiento-indigena-ecuador-transparentar-acuerdo-eeuu
Sputnik publicó el 28 de enero su nota “Ecuador está cada vez más cerca de EEUU: por qué quiere deshacerse de su armamento ruso”. “El trasfondo de esta situación es en realidad que las tensiones entre Estados Unidos y Rusia ya han llegado a la región latinoamericana, después de que la administración de Noboa decidiera que puede deshacerse del armamento que le había comprado al país eslavo en 2008”.https://sputniknews.lat/20240128/ecuador-cada-vez-mas-cerca-de-eeuu-por-que-quiere-deshacerse-de-su-armamento-ruso-1147754088.html
RT hila fino y publica textos como el titulado “Colombianizar a Ecuador o los efectos reales de las visita del Comando Sur”. “Ahora, con un ingreso en seguridad más activo de los EE.UU. y específicamente del Comando Sur y de Antinarcóticos, entonces la situación de Ecuador se vuelve mucho más similar a la colombiana de los últimos 30 años, donde las fuerzas militares estadounidenses instalaban bases militares, se involucraban en la lucha antiguerrillera y antinarcótica, invertían ingentes recursos y, en paralelo, la exportación de cocaína aumentaba exponencialmente”.https://actualidad.rt.com/opinion/ociel-ali-lopez/496887-colombianizar-ecuador-visita-comando-sur
En la nota “»Existe peligro de injerencia de EEUU en la soberanía de Ecuador», publicada el 26 de enero, Sputnik habló sobre la vía libre que la Corte Constitucional dio a dos acuerdos para cooperación militar entre EE.UU. y Ecuador, firmados el año pasado por el presidente Guillermo Lasso. “Causa preocupación en varios sectores políticos y sociales de este país suramericano debido al peligro que representaría la presencia militar para la soberanía nacional, opinó a Sputnik una legisladora ecuatoriana”. Se refiere a Patricia Núñez, de la Revolución Ciudadana.https://sputniknews.lat/20240126/existe-peligro-de-injerencia-de-eeuu-en-la-soberania-de-ecuador-1147754341.html
En la nota también se toman declaraciones del expresidente Rafael Correa, una fuente constantemente consultada por los medios rusos, al igual que su coideario y amigo, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Sputnik recordó que Correa, en días pasados, afirmó que EE.UU. quería impulsar en Ecuador algo parecido al Plan Colombia. “Los críticos del Plan Colombia señalan que fue usado para justificar la expansión de la influencia de EEUU en la región”.
Tras su posesión, el presidente Daniel Noboa se reunió con el embajador ruso Vladimir Sprichan.
El discurso de los medios rusos sobre Ecuador y las armas
El periodista ecuatoriano Julio Vacacela vive en Dinamarca. En ese país, se sigue con atención las noticias desde Rusia y Ucrania, debido a la guerra que mantienen hace casi dos años. Él se ha concentrado en analizar lo referente a las restricciones que Rusia puso al banano ecuatoriano.
Aunque Rusia no ha aceptado oficialmente que tanto esto como la prohibición de ingreso de ciertas flores desde Ecuador, por supuestas plagas, es su respuesta ante el intercambio de armas entre Ecuador y EE.UU., según Vacacela “tanto los medios como la propia opinión pública rusa dan por hecha esta relación de causalidad y, en gran medida, la justifican”. Explica que en muchas columnas de opinión hay un tono de indignación sobre el asunto, que le resulta entendible por el momento bélico que vive el país.
Sobre la forma en la que los medios están tratando la tensión entre Ecuador y Rusia, apunta: “Más que desinformación, entiendo que Rusia es un país en guerra donde cualquier hecho entendido como ofensa va a provocar un sentimiento de venganza. En este momento la mesura no vende y apelar al patriotismo es un recurso eficaz para ponerse la venda antes de que se produzca la herida del desabastecimiento”.
El analista internacional Santiago Orbe sostiene que las narrativas no se construyen al azar, “se construyen desde el lado que usted se ponga: del lado de los opositores, los que lanzan las piedras, o del lado de los represores, que controlan a los lanzapiedras. ¿De qué lado se quieren poner ahora la comunicación?” Agrega que se ha puesto de moda la mediatización de la información, de los conflictos, del terror y del miedo. En este caso, afirma que lo que hace RT o Sputnik no está muy alejado de lo que hace CNN, por ejemplo: mientras los unos entrevistan a Vladimir Putin, los otros responden con una entrevista a Volodimir Zelenski, presidentes de Rusia y Ucrania, respectivamente.
Tanto Rusia como EE.UU. y China intentan acercarse a Latinoamérica porque ninguno quiere perderse el espectro en Latinoamérica y quieren mantener su presencia en el ámbito comercial, político y otros. “Fuera de la narrativa de los medios de comunicación, todo esto es geopolítica y política estratégica”.
El embajador Vladimir Sprinchan se reunió en varias ocasiones con la canciller Sommerfeld, para expresarle la molestia de su gobierno por el acuerdo con EE.UU.
El origen del problema
El equipamiento de fabricación rusa que Ecuador iba a entregar a EE.UU. fue catalogado como chatarra por el presidente Noboa. Sin embargo, el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Kevin Sullivan, informó que en realidad se trata de equipo bélico que se enviaría a Ucrania, como apoyo en medio de la guerra desatada tras la invasión rusa en febrero de 2022. Según el Kremlin, Ecuador no ha respondido a sus planteamientos para darle mantenimiento. El asunto ha escalado al punto en que Rusia está cerrando las puertas al banano y a las flores ecuatorianas.
Orbe señala que el país cometió un error en un indelicado proceso que se constituye en una violación al derecho internacional, por una falta de asesoría adecuada. Ecuador recibió el armamento ruso para que defienda su soberanía y existe un convenio firmado el 27 de noviembre de 2008, en donde se especifica que el material donado por Rusia a Ecuador no puede ser entregado a un tercer país y, según Orbe, mucho menos cuando existe un conflicto internacional tan evidente en el que participan Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN. Y esto pasa porque en los últimos cuatro gobiernos no hubo una política internacional ni un norte para guiar las acciones del país y para que en el sistema internacional se reconozca su posición.
Agrega que esta no es solo una cuestión política, sino que pone al país en un tema geopolítico y geoestratégico del que no se puede desentender. “La diplomacia es el conjunto de conocimientos y aptitudes para conducir con acierto las relaciones pacíficas entre los estados. No ha habido diplomacia efectiva, aunque contamos con extraordinarios funcionarios diplomáticos. Parece que no están siendo tomadas en cuenta sus opiniones porque las decisiones son coyunturales y entonces no se aplica inteligencia y tacto en las relaciones internacionales”.
