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“Contesta, mal parido. Triple htp. Sigue hablando y te callamos”. Éste es el texto de la amenaza que recibió Rommel Esteban Pérez, hoy desempleado, que denunció un esquema de cobros indebidos por parte del círculo cercano de la vicepresidenta Verónica Abad. Esto dio origen al caso Nene, expediente fiscal que por indicios de posible participación de esa alta autoridad, se trasladó por fuero de corte a la Corte Nacional de Justicia. Este viernes 14 de junio, la Asamblea se alista a conocer el caso y pronunciarse sobre la situación de Abad.

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El denunciante Rommel Esteban Pérez recibió también una amenaza previa. En ella, quienes buscan intimidarle describen la ubicación de sus familiares queridos y le exhortan a callarse, para salvaguardar su integridad.

Pérez vivía en Guayaquil y se vinculó a la campaña para la candidatura de Abad a la Alcaldía de Cuenca. El proceso electoral se realizó en febrero de 2023.

Por sus servicios debía recibir 1.500 dólares pero recibió algo menos del 50 por ciento. Se unió a otros excolaboradores para iniciar una acción judicial, tras lo cual el grupo recibió diez mil dólares para subsanar las obligaciones pendientes.

Según su versión, dos días después de su elección, Abad lo contactó para integrar el círculo de funcionarios en la Vicepresidencia.

Un mes antes de la posesión, en diálogos por chat, Abad le habría recomendado conversar con “Daniel”. Se trataría de Daniel Redrován Palomeque, quien a pesar de no tener nombramiento en esa entidad habría decidido, desde el hotel Marriot, sobre contrataciones y sueldos.

El ocho de diciembre de 2023, hacia las 20h30, en ese hotel se habría producido la reunión en la cual se habría pactado el esquema de pagos. En inicio, Pérez habría aceptado recibir 1.500 dólares de sueldo y entregar 1.700 dólares a sus interlocutores, cada mes. Se trataría del hijo de la vicepresidenta, Sebastián Barreiro, y del asesor político de la segunda mandataria, Daniel Redrován.

Barreiro, según su registro laboral, trabajó en la Gobernación del Azuay entre 2021 y 2023, con un sueldo de 1.154 dólares. También consta que laboró en la Defensoría Pública.

En cambio Redrován, según sus registros de identidad, tiene una discapacidad. Según conoció esta alianza extraoficialmente, salió desde Perú hacia Israel, sin registros de que haya regresado al país.

Los pagos y la letra de cambio

Según la denuncia, por tener que trasladarse de ciudad, ya que el cargo se localizaba en Quito, Pérez no pudo cumplir el acuerdo y entregar el pago. Pero había firmado una letra de cambio por más de 30 mil dólares en garantía. Se trasladó inclusive hacia Cuenca, en procura de obtener ese documento de vuelta, para poder salir del país, ya que con los cambios administrativos en la Vicepresidencia se había quedado sin el puesto de trabajo.

En este contexto, mantuvo un diálogo con el hijo de la Vicepresidenta, en el cual se mencionan las negociaciones para el pago. La pericia confirma la veracidad del diálogo, y consta en el proceso judicial. Aquí un extracto:

-Rommel Esteban Pérez: Serían 1.300 de diciembre y 1.300 de enero, serian 2.600.

-Sebastián Barreiro: Simón

-Pérez: Ya, y no me puedes ayudar con algo (pide una rebaja, argumenta que no tiene plata por gastos imprevistos de movilización de ciudad).

-Barreiro: Y cuánto es algo… Sabes qué con unos 2.100, ya.

-Pérez: 2.100 tengo que darte y me quedo con 500.

-Barreiro: Simón, simón, para que estés fresco, ya mi cholo.

Nuevos nombres de figuras políticas salen a la luz, en medio de la investigación por supuesta concusión que salpica a la vicepresidenta, María Verónica Abad Rodas. Esta vez se trata del exasambleísta por Santo Domingo, Gruber Zambrano. A su nombre está registrado el alquiler de la suite en el hotel donde se negoció el pago indebido. El exlegislador negó vinculación alguna, y dice que puede ser un error o una falsificación de su firma en el contrato de arrendamiento de la suite. El denunciante de los cobros a cambio del nombramiento ha recibido amenazas contra su vida, desde un número de Colombia. El brazo derecho de la Vicepresidenta, Daniel Redrován Palomeque -sin nombramiento en esa entidad- habría salido hacia Israel desde Perú. Era quien decidía todo en la Vicepresidencia: un factótum sin cargo. Y según la investigación conocía de los pagos indebidos, al igual que el hijo de Abad.

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No rindió su versión en el caso “Nene”, diligencia para la cual estuvo citada para este jueves 13 de junio, por vía telemática. El dedo acusador de Fiscalía apunta hacia la Vicepresidenta de la República, por “elementos que permiten inferir de manera lógica la elevada probabilidad de la participación de María Verónica Abad Rodas”, en los hechos investigados.

Su brazo derecho, Daniel Redrován Palomeque, no tenía funciones oficiales en la Vicepresidencia, pero era quien tomaba las decisiones cruciales en esa entidad. En diciembre, Redrován viajó hacia Tel Aviv (Israel), pero no lo habría hecho desde Ecuador, sino desde Perú, porque tenía prohibición de dejar el país por una causa judicial en su contra, según conoció esta alianza.

Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, hijo de la Vicepresidenta, habrían tenido conocimiento de los cobros indebidos a cambio de cargos públicos, según la investigación fiscal que sustenta el caso Nene. El proceso penal buscará esclarecer si estos hechos fueron conocidos por la segunda mandataria. Ella ha insistido en que no estaba al tanto, y afirmó que es víctima de persecución política, en una coyuntura en la cual el Presidente en funciones se niega a encargarle el poder, mientras actúa en campaña hacia las elecciones generales de 2025.

Mientras la Asamblea se apresta a conocer el caso, nuevos elementos surgen en la investigación fiscal.

Un exlegislador. Según el expediente, la negociación del pago irregular a cambio del puesto público se realizó en el hotel Marriot, de Quito, el 8 de diciembre de 2023, alrededor de las 20h30. Una pericia confirmó que tres personas estuvieron en el sitio: el denunciante Rommel Esteban Pérez, y por la parte contratante, Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, ninguno de los dos tenía relación laboral con la Vicepresidencia de la República.

El contrato de arrendamiento de dos suites en el Marriot está a nombre de Gruber Zambrano Azua, quien fue legislador en el período que empezó en 2021. Zambrano llegó por el Partido Social Cristiano y a inicios de junio de ese año se desvinculó de esa tienda política. Posteriormente fue independiente. También fue gobernador de Santo Domingo de los Tsáchilas en el gobierno de Guillermo Lasso.

El fiscal Leonardo Alarcón le convocó a explicar las razones por las cuales el arrendamiento de la suite consta a su nombre, al igual que la factura. A través de su abogado, Zambrano explicó que como asambleísta arrendó suites en el hotel Marriot por tratarse de un lugar seguro, ya que durante su estadía en Quito residió en ese lugar. Refirió que, al verla en el aeropuerto, sugirió a la Vicepresidenta electa alojarse en ese lugar. E insistió en que por un error o por una falsificación, el alquiler de la suite seguiría constando a su nombre.

El valor mensual del alquiler de dos suites se acerca a los tres mil dólares y está impago, según la administración del hotel. El administrador comentó que con regularidad había visto a la Vicepresidenta, en esas instalaciones. Según coincidieron varios exfuncionarios de esa entidad, ese hotel era el centro de operaciones, y en ocasiones estaba presente en lar reuniones la Vicepresidenta.

Pero, ¿qué inculparía a la Vicepresidenta?

1. La versión de Rommel Esteban Pérez, el denunciante. Según su declaración, la propia Vicepresidenta electa lo llamó 48 horas después del triunfo en urnas, para pedirle que se vinculara a su grupo cercano de colaboradores en esa institución. Él había trabajado con el equipo de campaña de Abad para la Alcaldía de Cuenca, en labores relacionadas a comunicación social. Las elecciones seccionales se realizaron en febrero de 2023. A Pérez se le había ofrecido un pago de 1.500 dólares por su trabajo. De ese monto recibió menos de la mitad; se unió al grupo de excolaboradores impagos, quienes a través de un proceso judicial obtuvieron la cancelación de sus haberes. El denunciante reveló que le llamó la atención que la misma Vicepresidenta electa lo convocara a colaborar, tomando en cuenta el antecedente de la acción judicial interpuesta para que cancelaran los honorarios a todo el grupo de la campaña seccional de 2023. Ella le habría insistido en que requería funcionarios de mucha confianza.
2. Desde Barcelona, donde reside desde febrero de 2024, el exsecretario general de la Vicepresidencia, Marco Polo Molina, afirmó en su versión que quien dispuso el ingreso de Rommel Esteban Pérez a esa entidad fue “la señora vicepresidenta Verónica Abad”. Esto, a pesar de que el contratado no tenía el perfil profesional idóneo para el cargo de coordinador general de comunicación, pues tiene apenas título de bachiller.
3. De conversaciones telefónicas extraídas del celular del denunciante, se extraen diálogos con la propia Vicepresidenta electa. El 24 de octubre de 2023, un mes antes de la posesión, ella le habría mensajeado: “Estebitan , estamos en reunión, Daniel ya te hablará para proponerte y saber si estás de acuerdo”. Menciona la necesidad de establecer condiciones claras para no tener problemas. El contexto de la investigación afirma que “Daniel” era su brazo derecho en la Vicepresidencia, Daniel Palomeque, a quien exfuncionarios identifican como su asesor político.
4. Una exfuncionaria de Vicepresidencia mencionó que el hijo de la segunda mandataria preguntaba detalles internos del funcionamiento de la entidad y averiguaba datos sobre el fondo rotativo para reposición de viajes. En su versión ante Fiscalía, ella reconoció que le observó sobre lo inadecuado de esas preguntas, pero asumió que él averiguaba esos datos para agilitar trámites, en nombre de su madre.
5. De acuerdo con versiones de otros exfuncionarios, tanto el hijo de la VP como su esposa dictaminaban los lineamientos de la política de comunicación en esa entidad, sin tener cargo ni nombramiento.
6. La influencia del círculo íntimo de la VP, su hijo Sebastián, su nuera y su “asesor político”, en el manejo de la Vicepresidencia es parte de la investigación. De hecho, en una reunión con la Embajada de China participó su hijo, su asesor Daniel Redrován. Los diplomáticos de ese país, inclusive, les regalaron un presente, según la versión del exsecretario.

Las organizaciones criminales han convertido a la Amazonía andina en un territorio en disputa debido a la débil presencia del Estado: asesinan líderes indígenas e invaden sus territorios y áreas protegidas. Y aunque los cultivos ilegales de hoja de coca no son la principal causa de la deforestación, entre el 2018 y 2022, su incremento en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú ha sido alarmante. Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, con sus socios La Silla Vacía, Vistazo, Código Vidrio y El Deber, expone cómo la reconfiguración de los poderes criminales está transformando el mapa de la droga en la región y expandiendo el control en la selva baja.

Con la colaboración de Iván Paredes (en Bolivia)

A más de 3.730 metros de altitud, en Oruro, las autoridades de Bolivia hallaron en enero de este año lo que puede ser una de las incautaciones de droga más grande y sofisticada de estos tiempos: 8,7 toneladas de cocaína impregnadas como barniz en  miles de tablones de madera que iban a transitar primero a Chile y luego Panamá, para llegar después llegar a Bélgica y finalmente a Países Bajos.

Este decomiso muestra el auge del tráfico de drogas en la región, que ahora tiene como principal foco de disputa el territorio amazónico. Mientras el Perú, Colombia y Bolivia continúan siendo el epicentro de la producción de cocaína en el mundo y Ecuador dejó de ser una zona de tránsito para convertirse en el centro de la distribución, las mafias del narcotráfico han puesto su atención en la invasión de tierras indígenas y bosques amazónicos para extender la frontera de la hoja de coca ilegal.

Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, con sus socios La Silla Vacía en Colombia, Vistazo en Ecuador y El Deber en Bolivia, identifica que la reconfiguración de las organizaciones criminales está modificando el mapa de la droga, expandiendo los cultivos ilegales de hoja de coca en áreas protegidas.

Solo entre 2018 y 2022, según cifras oficiales, la deforestación en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú superó el millón de hectáreas. Pero la situación más alarmante se presentó en Bolivia, donde la pérdida de bosques alcanzó, solo el 2023, más de 696 mil hectáreas, que representa un aumentó del 27 % respecto al año anterior, según los reportes de Global Forest Watch.

Gran parte de esta destrucción está relacionada al avance de las plantaciones de coca sobre suelos de bosques. El análisis de datos espaciales y estadísticos realizado por el equipo de OjoPúblico revela que en Perú, el 64% de la deforestación (356 mil hectáreas) correspondió a zonas de la Amazonía donde los cultivos de coca se han acentuado.

Acelerados por la innovación genética, la tecnificación de recursos, el empoderamiento de actores criminales internacionales que han tomado el control de las plantaciones y de las rutas hacia Brasil, se ha impuesto un nuevo orden en el mercado de la coca en medio una crisis que atraviesa el precio de la hoja de coca en Colombia.

 El nuevo orden territorial del crimen

Las zonas de la Amazonía en donde los últimos años se están extendiendo los cultivos de hoja de coca son las localidades ubicadas en las fronteras. Así ocurre en la frontera de Perú con Colombia y Brasil, en la denominada triple frontera: las plantaciones crecen en las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí. Pero también ocurre hacia el sur, en la frontera de Perú con el estado de Acre (Brasil), y en los límites de Bolivia con Perú y Brasil. Y se repite, en el norte, en la frontera de Ecuador con Colombia.

En la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, límite con la provincia colombiana del Putumayo y la provincia peruana del mismo nombre, la deforestación pasó de 6.824 hectáreas en 2020, a 9.146 hectáreas en 2022, lo que representa un incremento del 34%. Es la segunda provincia de la Amazonía ecuatoriana con mayor pérdida de bosques. En primer lugar se ubica Morona Santiago, también frontera con Perú, con 9.828 hectáreas deforestadas el 2022.

Desde las riberas de los ríos  Putumayo, que atraviesa  Brasil, Colombia y Perú, y Yavarí, que separa Perú de Brasil; hasta las fronteras de Perú con Bolivia y Brasil, los cultivos de hoja de coca se extienden en Ecuador, Perú y Bolivia impulsados por grupos criminales que captan y muchas otras veces, invaden los territorios de las comunidades indígenas para forzarlos a sembrar coca.

El avance de los cultivos coincide con el fortalecimiento de seis grupos criminales que tienen el control territorial de estas fronteras amazónicas: Primer Comando Capital y el Comando Vermelho (de Brasil, con influencia y presencia en Perú), Comando de la Frontera y Frente Carolina Ramirez (de Colombia, con influencia y presencia en Ecuador y Perú), y Los Lobos y Los Choneros (de Ecuador, con presencia en Perú).

Variación de hoja de coca en la Amazonia (2021-2022)

 

En Perú, entre 2018 y 2022, la superficie cultivada de hoja de coca se incrementó en los distritos amazónicos de la frontera con Colombia, Brasil y Bolivia, principalmente, en las regiones Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

De este grupo, el aumento más elevado de cultivo de hoja de coca se registró en el sector conocido como Callería, Ucayali. Sobre esta área, el incremento fue de más de siete veces: entre 2018 y 2022 pasaron de 1.047 a 7.846 hectáreas.

En el mismo tiempo, en la zona conocida como Bajo Amazonas –que corresponde a la frontera peruana con Colombia y Brasil, entre las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí– los cultivos aumentaron cuatro veces: pasaron de 277 a 1.211 hectáreas. Una situación similar se registra en Sandia, en la frontera con Bolivia.

Los datos de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) de Bolivia a los que se accedieron para esta investigación confirman que Sandia es uno de los puntos de inicio del tráfico de coca desde Perú hacia Bolivia, en las localidades de Palmeras y Miraflores.

En los últimos años, también se ha incrementado el decomiso de cocaína en territorio amazónico. Entre 2018 y 2023, según los datos de la Dirección Antidrogas de la Policía a los que OjoPúblico tuvo acceso, en los distritos de Callería y Masisea, también en Ucayali frontera con Brasil –donde las investigaciones apuntan a la presencia del Comando Vermelho– se triplicó la incautación de Pasta Básica de Cocaína (PBC). En 2018 se confiscó 100 gramos de cocaína, y el 2023 la cifra superó los 14 kilos.

El informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia identificó al 2023 que el 65% de los cultivos de coca del país se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo. De acuerdo a estas cifras, en 2021, solo la zona del Putumayo albergaba 31.874 hectáreas de coca, pero el 2022 alcanzó las 53.648 hectáreas, lo que representa un aumento del 68%.

En este mismo departamento de la frontera con Perú y Ecuador, la pérdida de bosques representó el 6% (116.427 hectáreas) de toda la deforestación colombiana entre 2013 y 2022, última cifra sobre la que las autoridades tienen registro.

En el departamento colombiano de Nariño, que limita con las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Carchi, en 2022 hubo más de 59.000 hectáreas con sembríos de hoja de coca, según el mismo reporte de la Unodc.

El avance de estos cultivos en Colombia ha sido histórico, y como ocurre en Perú y Bolivia, se da sobre territorios indígenas (18% de tierras afectadas) y áreas naturales protegidas (21%).

La coca en áreas naturales protegidas

En Perú, Colombia y Bolivia, según la información proporcionada por las autoridades, hay penetración de cultivos de hoja de coca sobre áreas protegidas, y junto a estas plantaciones se instalan laboratorios de procesamiento de cocaína y pistas de aterrizaje clandestinas usadas para el transporte de droga.

En Bolivia, la siembra se ha registrado en 6 de las 23 áreas protegidas nacionales y 4 de estas se encuentran en la Amazonía. En los seis parques hay un total de 435 hectáreas de coca, con un leve descenso respecto a 2021, cuando se llegó a 452 hectáreas. El caso más crítico es el del Parque Nacional Carrasco, ya que alberga el 51% de los cultivos de coca en áreas protegidas, con 224 hectáreas.

A diferencia de lo que ocurre en Colombia y Perú, hasta octubre del 2023, según las cifras recogidaspor la Unodc para Bolivia, el cultivo de hoja de coca disminuyó entre 2021 y 2022. Esta caída también se reflejó en zonas amazónicas.

En Perú, la superficie de coca sobre áreas naturales protegidas alcanzó el 16% de las 95.008 hectáreas monitoreadas en 2022. De este grupo, la mayor parte (39,4%) se concentró en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, con 277 hectáreas cultivadas.

Por su parte, en Colombia el 49% de los cultivos de coca se encuentran en zonas categorizadas como manejo especial, entre las que se encuentran parques naturales (21%), resguardos indígenas (18%), terrenos de comunidades afrodescendientes (4%) y reservas forestales (2%).

En 2021, un 37% de los cultivos se concentraron en parques de la Amazonía colombiana y un 24% en resguardos de esa región. La Serranía de la Macarena, en Meta, La Reserva Natural Nukak, entre Caquetá y Guaviare, y La Paya en Putumayo, fueron los parques más afectados por la siembra. El 60% de la deforestación en 2022, a su vez, ocurrió en zonas de protección la mayoría del bioma amazónico.

En territorio ecuatoriano, a pesar de la poca información proporcionada por la policía sobre la presencia de plantaciones de hoja de coca, la actividad tiene vínculos e impactos en el pueblo indígena Siona, que vive permanentemente amenazada por grupos de foráneos que invaden sus tierras para el cultivo de coca, indica un informe de la Defensoría del Pueblo de Ecuador al que accedió la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico y que se hace público por primera vez.

Actores criminales

En la cadena productiva del narcotráfico, las plantaciones y la producción de cocaína, así como el control de las rutas, responde a organizaciones criminales multinacionales que tienen presencia en los países de frontera. La Red Transfronteriza de OjoPúblico identificó a dos provenientes de Brasil (Primer Comando Capital y el Comando Vermelho), igual número en Colombia (Comando de la Frontera y Frente Carolina Ramirez) y en Ecuador, las bandas de Los Lobos y Los Choneros.

Las disidencias colombianas detectadas, aunque se enfrentan entre ellas por el control territorial especialmente en el río Putumayo en la frontera con Guaviare y Meta colombianos, como ha reportado La Silla Vacía, tienen relaciones de colaboración con los principales grupos criminales brasileños. Esto hace que la sumatoria del poderío de todos incremente su influencia y alcance territorial a lo largo de este territorio.

Fuentes de seguridad de Ecuador consultadas para esta investigación atribuyen a los Comandos de la Frontera el control de la mayoría de laboratorios y cristalizaderos en el cordón fronterizo entre Putumayo y la región de Sucumbios, así como del cobro de extorsiones y cupos a los campesinos que siembran la hoja de coca.

Este territorio ecuatoriano, según datos policiales de ese país, también es una ruta terrestre para el traslado de cocaína y su salida hacia los puertos de la costa.

Además, como se corroboró en esta investigación, a las familias del pueblo indígena Siona que viven en la frontera con Colombia, estos grupos les ofrecían un pago de 4 millones de pesos colombianos (cerca de mil dólares, al tipo de cambio vigente) por una sola siembra y cosecha de hoja de coca. . “Luego [de esta situación] la familia debe obligatoriamente vender la producción al grupo que le entregó el dinero”, detalla el documento defensorial que, por la gravedad del caso, solicita medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Detrás de las amenazas al pueblo siona en Colombia y Ecuador, de acuerdo a entrevistas con fuentes locales, se encuentran los Comandos de la Frontera, que actualmente están enfrentados con el frente Carolina Ramírez. Estos grupos armados están integrados por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El grupo de los Comando De la Frontera también tiene nexos con el grupo de los Lobos —que operan en Ecuador y Perú— y, en menor medida, con Los Choneros. Además, estas bandas son proveedoras de combustible para que los Comandos de la Frontera puedan procesar la cocaína, coinciden investigadores entrevistados.

Innovación y tecnología: enclaves de la coca 

La producción de droga, a partir de la hoja de coca, ha generado en los últimos años nuevas modalidades y procesos para su posterior envío —desde Sudamérica— a otras latitudes internacionales como Estados Unidos o países de la Unión Europea.

En diferentes visitas realizadas al lado peruano, altos mandos policiales señalaron a OjoPúblico que han identificado más de 100 de laboratorios de producción de droga en territorios cercanos a la provincia del Putumayo. Sin embargo, el poco presupuesto y personal asignado no permite una intervención en estos lugares.

En el caso ecuatoriano, según indicaron fuentes de inteligencia policial, el procesamiento de hoja de coca ocurre en dos niveles. El primero es cuando se produce la pasta básica de cocaína (PBC) y el segundo cuando esta se cristaliza para obtener clorhidrato de cocaína.

“Para cristalizar la PBC y obtener clorhidrato de cocaína, es necesario procesarla con técnicas y sustancias específicas, como ácido sulfúrico, permanganato de potasio, acetona y ácido clorhídrico. Se utilizan diferentes equipos, como hornos microondas y prensas, por la complejidad de este proceso, la cristalización [en Ecuador] a menudo no se lleva a cabo en las cuencas cocaleras, sino en ciudades grandes”, detalla un documento policial al que accedió Vistazo para esta publicación.

LAS ZONAS DE LA AMAZONÍA EN DONDE LOS ÚLTIMOS AÑOS SE ESTÁN EXTENDIENDO LOS CULTIVOS DE HOJA DE COCA SON LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LAS FRONTERAS.

En los últimos cinco años, la Unodc ha identificado en Colombia una nueva dinámica del narcotráfico denominada enclaves, referida a los centros de concentración, tecnificación y mejoramiento de los procesos de la siembra, extracción, producción y comercialización de la droga.

En el caso de la Amazonía, la mayoría de estos lugares se han establecido en la frontera del Río Putumayo para garantizar el ingreso de insumos, así como la salida de la coca y sus derivados. Además, con la caída de las FARC, el control recayó en sus grupos disidentes: el frente Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera.

El impacto de los enclaves, según un especialista de la Unodc entrevistado por La Silla Vacía, es que antes en un departamento como el Putumayo había bosque y en el medio pequeños cultivos de coca que sembraban los campesinos o comunidades indígenas. Pero ahora lo que se ve son enormes hectáreas taladas y deforestadas.

A diferencia de los manchones de coca cultivados de a pocos en años, en los enclaves los grupos arrasan con todo en una sola zona, rompiendo corredores biológicos y el equilibrio de los bosques. El área calculada por este tipo de afectación, según un estudio del 2022 de distintos investigadores, supera los 188.000 kilómetros cuadrados (18’800.000 hectáreas), más que el área total de Corea del Sur.

Este fenómeno ha sido estudiado por la científica Dolors Armenteras, y lo llama el efecto de borde. “Es resultado de unas transiciones que se generan cuando se fragmentan los bosques, es decir, los bordes se crean donde se termina el bosque y empieza un pedazo de tierra con una cobertura totalmente diferente que expone esos bordes a desecación. No retiene la humedad y está más expuesto a especies invasoras y al sol, viento, etcétera”, señala la investigadora en una entrevista con La Silla Vacía.

La dinámica de los precios 

Aunque en el último año se ha hablado mucho de la crisis de la coca en Colombia, el análisis comparado de los precios de la hoja de coca en la región ofrece nuevas luces.

Las cifras oficiales de Perú y Colombia muestran que el costo de la hoja de coca cambia según la localidad y el período revisado. En Colombia no se cuenta con información oficial actualizada, pero –en promedio– La Silla Vacía identificó que se aprecia un aumento en el precio —en moneda local— para el período 2013 a 2018. En este tiempo la hoja de coca pasó de 2.014 pesos colombianos (USD 0,5 al cambio actual) por kilo a 2.250 (USD 0,57).

Este incremento se dio en las zonas colombianas de Putumayo-Caquetá, Corredor Amazónico, Meta-Guaviare y Orinoquía. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos no dispone de datos actuales y actualmente están en un proceso de cambio metodológico debido a las nuevas dinámicas de la coca.

Leonardo Correa, director del Simsi de la Unodc para la Región Andina y Cono Sur, declaró a La Silla Vacía para esta investigación que los precios de la coca y sus derivados se han mantenido estables en los últimos años, si se comparan desde 2005. Sin embargo, esta oficina ha reevaluado su sistema de medición pues ahora el precio es variable dependiendo del lugar donde se consulte. Antes era homogéneo dado el monopolio que tenían las FARC en la zona amazónica.

«SON MENOS LOS CAMPESINOS QUE ESTÁN ACCEDIENDO AL MERCADO PORQUE NO HAY COMPRADORES Y HAY CONFLICTO ENTRE LOS COMPRADORES».

El especialista también advirtió que hay zonas donde los grupos criminales “compiten con precios diferentes” así como grupos de personas que vende el producto barato “para salir rápido” de esa actividad. “Son menos los campesinos que están accediendo al mercado porque no hay compradores y hay conflicto entre los compradores”, explicó.

En Perú, la información oficial y más actualizada indica que el precio promedio nacional de la hoja de coca es de USD 2,14 por kilo. Este valor cambia según la zona. Desde 2020, los distintos montos están divididos en seis puntos: el Corredor Amazónico (Ucayali y amazonía central), el Huallaga, el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el Sur Amazónico, La Convención – Kosñipata y la Triple Frontera. Los tres últimos agregados desde los reportes de hace tres años.

El valor más alto de la hoja de coca se encuentra en el Sur Amazónico (Puno y Madre de Dios)donde alcanza los USD 3,33 por kilo. Mientras que en el caso de la Triple Frontera (Bajo Amazonas y Putumayo) el costo se reduce a USD 2,11 el kilo y en el Corredor Amazónico (Pichis – Palcazú y Aguaytía) el precio cae a USD 1,9 el kilo.

Fuentes del Ministerio del Interior explicaron a OjoPúblico que esta diferencia responde a costos adicionales presentes en la Amazonía como la construcción de pistas de aterrizaje, las avionetas y el pago a otras personas que participan en la producción de la cocaína.

Los valores históricos de la hoja de coca muestran una caída del 52,8% si se comparan las cifras del 2014 con las de mayo del 2023, último período analizado por Devida, entidad del estado peruano que monitorea los cultivos.

Hace una década, el precio superaba los USD 4,54 el kilo pero ahora el costo promedio nacional llega a los USD 2,14. Y esa caída ha sido constante. En 2019 —otro período revisado— el precio llegaba a USD 3,29 por kilo.

Si se revisan los montos por zonas, el precio también tuvo una caída considerable para el caso del Corredor Amazónico peruano. En este lugar, el preció cayó en 55,3% para el período 2013 a 2023. Pasó de USD 4,26 a USD 1,90. En el Huallaga bajó de USD 5,46 a USD 2,11 (caída de 61,3%) y en el Vraem de USD 3,91 a USD 2,01.

Líderes asesinados

Que la amazonía se haya convertido en el nuevo escenario en disputa del narco, no solo invade tierras y deforesta, a su paso, la violencia de los grupos armados que ahora controlan las plantaciones, amenaza y asesina a líderes de pueblos indígenas amazónicos. Entre el 2017 y el 2022, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los municipios de Colombia con cultivos de coca la población civil sufrió 2,8 veces más amenazas y 4,3 veces más homicidios que en los municipios sin presencia de cultivos de coca.

Entre 2021 y 2024, según los registros oficiales, hubo 109 asesinatos de líderes indígenas en Colombia, Ecuador y Perú. En Perú, 10 de los asesinatos se registraron contra líderes que denunciaban la invasión de sus tierras por parte de grupos criminales dedicados al sembrío de coca para el narcotráfico. Una de las últimas víctimas ha sido Benjamín Flores Ríos, del pueblo indígena kakataibo, en la provincia de Atalaya, región Ucayali, muy cerca a la frontera con Brasil.

Colombia, según el último reporte de la organización Global Witness, lidera la lista de países de asesinatos a líderes indígenas con 60 muertes. Esta cifra representa casi el doble de asesinatos registrados en 2021.

En un 84% de la región amazónica los líderes sociales enfrentan riesgos de acuerdo a la Defensoría del Pueblo colombiana. Y una de las causas es la oposición a la siembra de cultivos de coca, especialmente, en el Bajo Putumayo, en la frontera con Ecuador, y en la cuenca del río Caquetá, donde además los Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez  se disputan el control.

En Ecuador, en los últimos años, las muertes de líderes indígenas han estado vinculada a su rechazo a proyectos petroleros y mineros. Entre 2009 y 2014, por lo menos, tres dirigentes amazónicos de ese país fueron asesinados por oponerse a estos sectores. Sin embargo, en febrero de este año, Alberto Quiñónez junto a su sobrino de 12 años —ambos de la comunidad indígena Chachi— murieron al caer a una quebrada luego de que el auto donde viajaban fuera baleado.

El asesinato ocurrió en Esmeraldas, provincia ecuatoriana ubicada en territorio limítrofe con Colombia y amenazada por el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación. En el lado colombiano de esta localidad se encuentran amplios cultivos de hoja de coca.

Aunque los cultivos de hoja de coca no sean la principal causa de la deforestación en la Amazonía andina, sí constituyen una de las actividades que más rápido se están extendiendo, y en muchos casos, como ocurre en Perú y Ecuador, con mucha violencia. Esta nueva configuración del crimen, tras la desmovilización de las FARC y el avance de las organizaciones criminales de Brasil, suponen nuevos desafíos para la protección de los bosques y sus principales defensores, los pueblos indígenas.

Al otro lado, en Colombia, el surgimiento de enclaves altamente tecnificados, como señalan los investigadores, también está dejando por fuera del negocio a muchos pequeños campesinos con procesos más artesanales que dependían de estos ingresos y ahora quedan fuera, generando una severa crisis económica en estas localidades.

El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado tendrá la última palabra. Este jueves, los jueces Maribel Tapia, Esteban Coronel y Lauro Sánchez, conocerán la Acción de Protección interpuesta por una empresa embotelladora de agua para que el Gobierno ordene la caducidad de las tres concesiones mineras, otorgadas en La Maná, Cotopaxi, a la minera Comiange, que habría operado sin licencia ambiental y ha causado graves daños ambientales alertados pero no sancionados por los organismos de control.    

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La compañía Comiange ha causado severos daños ambientales en la zona y ha operado sin contar con licencias ni permisos ambientales. Los últimos años ha trabajado omitiendo las observaciones de organismos de control, que han sido incapaces de frenar sus actividades reñidas con la ley, según se indica en la Acción de Protección, presentada por el abogado Gonzalo Muñoz.

Esto en medio de la inacción de las principales autoridades de los ministerios de Ambiente y Energía así como la Agencia de Regulación y Control (ARCOM), que fueron informados de todas las irregularidades y anomalías en decenas de informes técnicos, emitidos por distintos funcionarios, los últimos ocho años. En este período estuvieron en el poder Rafael Correa, Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa; no obstante, ninguno sancionó en consecuencia a la minera, propiedad de Miguel Angueta Enríquez.

Lo insólito en este caso es que, según los documentos citados en la Acción, la minera ha realizado acciones extractivas de oro sin tener licencias ambientales. Esto ha sido denunciado sistemáticamente por los afectados a los entes de control, que no intervinieron para frenar los supuestos abusos.

Eso ha provocado severas afectaciones a la flora y fauna de esta zona rica en biodiversidad, con bosques primarios y fuentes de agua únicas donde la minera posee las concesiones de pequeña minería Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, que recibió en 2015. Las zonas de explotación se divisan claramente desde el aire como heridas abiertas en medio de la rica y exuberante vegetación de esta región, que conecta a la Sierra con la Costa, y es muy apreciada para actividades agrícolas y ganaderas.

“En este caso se ha demostrado la violación de nuestro derecho a la seguridad jurídica y a los derechos de la naturaleza”, indica la empresa demandante, cuyas instalaciones colindan con las zonas de explotación minera. “La autoridad de la que emanan las omisiones que violan los derechos constitucionales de mi representada son el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y la ARCOM”. Concretamente, sus representantes legales: las ministras Andrea Arrobo Peña y Sade Fritschi Naranjo y Gustavo Tapia Buenaño, director de la Agencia.

Con esos antecedentes, la empresa afectada pidió que el Tribunal declare la violación de sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica y los derechos de la naturaleza, amparados por la Constitución. Y para reparar las violaciones recurrentes los últimos ocho años solicitó que los jueces dispusieran la actuación inmediata de las instituciones públicas demandas, para que cumplan su función de control, ordenando la caducidad de las tres concesiones mineras y la prohibición de ejercer cualquier actividad en el área de influencia del recurso hídrico.

Buscamos la versión de los representantes de la empresa minera pero no respondieron a nuestras llamadas.

Entre las pruebas de las violaciones legales y constitucionales se citan 22 documentos oficiales. Estos incluyen sendos informes técnicos, expedidos por las autoridades de los tres entes demandados, donde, entre otras cosas, se establece que:

-La empresa minera no cuenta con una licencia ambiental para sus actividades en todas sus concesiones.

-No emplea las disposiciones técnicoambientales específicas para actividades de explotación, ni maneja técnicamente los desechos peligrosos.

-Incumple el Reglamento de Seguridad y Salud, pues quienes laboran en el interior de la mina no utilizan la ropa necesaria e implementos de seguridad, tampoco existe señalética para operar.

-Las áreas de explotación no prestan condiciones seguras ni cuentan con los actos administrativos, según la Ley de Minería.

-El área minera XIMENA I fue suspendida por una medida cautelar dictada en auto de inicio de proceso administrativo sancionador; no obstante, la suspensión no fue ejecutada porque era competencia del entonces Ministro de Energía,  mediante resolución motivada, lo cual nunca ocurrió.

–El titular minero incumplió la normativa porque no empleó las disposiciones técnicas específicas para actividades de explotación, ni hizo un apropiado manejo a los desechos peligrosos.

-Desde 2016 se confirmó que las relaveras y piscinas de sedimentación no poseían un diseño técnico apropiado; lo que es más, no contaban con los actos administrativos previos de conformidad con la Ley. Tampoco existe un sistema de pararrayos ni sistema de descarga de corriente estática

-Según la Arcom, el tipo de extracción que ha realizado la empresa ha sido considerada minería ilegal. Adicionalmente, la minera no ha presentado los actos administrativos previos y ha incumplido con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-Tras una inspección in situ, se concluyó que las 3 concesiones: XIMENA, XIMENA I Y CAMPOS NORSUL tampoco poseían los actos administrativos previos, por lo cual se consideran operaciones inseguras, pues la explotación es inadecuada y representa un riesgo inminente para los trabajadores.

-Desde mayo del 2016, se evidenció en un informe que a la propiedad minera ingresó maquinaria pesada para remover terreno y filtrar el oro, puesto que tanto los suelos como aguas son ricos en minerales; no obstante, esto no justifica la explotación indebida ni el daño que se produce al medio ambiente y al propietario del terreno. La dimensión del terreno afectado es de aproximadamente 6 hectáreas.

–Se evidenció que posiblemente la concesión minera Campo Nosur está obstruyendo el flujo natural de los cuerpos hídricos y las piscinas de la concesión XIMENA 1 no se encuentran autorizadas por la SENAGUA.

Con base en esas evidencias, la compañía demandante señala que hubo omisiones graves y persistentes del Ministerio de Energía y Minas para ejercer su rectoría y control sobre las concesiones mineras en la Maná; del Ministerio del Ambiente, por no aplicar el oportuno control ambiental y verificar que no existan actividades mineras sin permisos, y la omisión de la ARCOM en ejercer el control sobre las actividades mineras sin actos previos necesarios como la suspensión de las operaciones ilegales.

Luego de conocer la Acción de Protección, los jueces empezarán etapas de estudio y deliberación antes de expedir una resolución, lo cual tomará varios días.

En un nuevo incidente procesal, el médico Patricio Toscano (foto) recusó, a través de su abogado, a la jueza Daniela Camacho, buscando impedir que conozca el recurso de casación de la sentencia por homicidio culposo de Michelle Cobo, ocurrido en 2017.  Los padres de la joven temen que el caso quede en la impunidad por supuestas presiones extrajudiciales. En este caso tuvo un actuación polémica el exjuez Byron Guillén.        

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Una vez que fracasó la estrategia de que la sentencia por homicidio culposo contra los médicos Patricio Toscano Reyes, Carlos Hurtado Bucheli y María Eugenia Muñoz, fuera declarada prescrita, uno de sus abogados defensores presentó una demanda de recusación contra la jueza Daniela Camacho.

La recusación será resuelta por el juez Manuel Cabrera, quien pidió al abogado del médico Toscano, Jorge Luis Ortega, que complete la demanda y presente pruebas que respalden si cabe o no el recurso. Ante lo cual el abogado pidió copias certificadas de:
-Acta de sorteo del 28 de febrero del 2023, mediante la cual se designó al Tribunal de Casación.
-Providencia que confirme si Toscano, Hurtado y Muñoz Jaramillo, fueron sentenciados al 7 de febrero del 2019. Además que se indique el tiempo transcurrido desde cuando se dio inicio a la formulación de cargos, el 17 de agosto del 2017.
-Fallo emitido 10 de octubre del 2023 en el cual los jueces Daniella Camacho y Walter Samno Macías, en voto de mayoría, se pronunciaron en contra de la prescripción de la condena, por lo cual decidieron que el proceso avance a la etapa de casación.

En octubre del año pasado, precisamente, Camacho y Macías, integrantes de la Sala Penal, establecieron que a Toscano aún le restaban por cumplir dos años, siete meses y 22 días de prisión; a Hurtado dos años, 10 meses y 20 días, y, finalmente a Muñoz, dos años, 10 meses y 20 días. Es decir que no cabía ninguna prescripción de sus condenas, que había sido solicitada por los condenados.

Quien si les dio la razón fue el entonces juez de esa Sala, Byron Guillén, quien salvó su voto mostrándose a favor de la prescripción. Y fue más lejos. Divulgó su criterio jurídico en redes sociales, en un hecho sin precedentes en la Corte. No es usual que los ministros mediaticen sus fallos, menos aún si son de minoría y no causan ningún efecto en el pronunciamiento de mayoría.

Este lunes 3 de junio, la Fiscalía abrió una indagación contra Guillén por un presunto concusión, después de que el sentenciado Daniel Salcedo revelara que le pagó 70 mil dólares al exjuez para que lo beneficiara en un caso de lavado de activos, que se tramitaba en la Corte Nacional. Esos días Salcedo viajó a Panamá y poco después el proceso no prosperó, por lo que Guillén le devolvió 60 mil dólares mediante trasferencias a cuentas de sus amigos en Portoviejo, pero aún le debe USD 10 mil.

El exjuez también enfrenta otra investigación  por cohecho. En el caso Independencia Judicial, Guillén fue señalado por el exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, quien reveló que él intermedió para que se reuniera en Brasil con el expresidente Rafael Correa, en marzo de 2023. El exmandatario tenía un plan de regreso al Ecuador si se daba paso a un recurso de revisión planteado por Ramiro Galarza, uno de los sentenciados en el Caso Sobornos. «Si le aceptaban, el caso se caía» porque se anulaba la sentencia. Entre quienes se encargarían de admitir el recurso estaba Guillén. quien ayer fue descalificado del concurso para Defensor Público, por falta de probidad notoria. También es investigado por supuestos beneficios al narco asesinado Leandro Norero.

«Solo esperamos que los jueces fallen en derecho»

A inicios del mes pasado, la Sala Penal de la Corte había fijado para el miércoles 29 de mayo la audiencia del recurso de casación presentado por los procesados a la condena, que los últimos cinco años ha sido corroborada por jueces de todas las instancias.

José Molina, abogado de la familia Cobo, dijo que la recusación a la jueza Camacho es un incidente más dentro de la cadena interminable de dilaciones de los abogados de los sentenciados para impedir que en este caso se haga justicia. “Los sentenciados han tratado por todos los medios posibles de dilatar este proceso, de entorpecerlo. Han sido siete años de una lucha desigual, en medio de presiones de todo tipo”, dijo Molina.

Una vez que esta semana se resuelva la recusación, la Sala fijará nueva fecha para conocer el recurso de casación, que será resuelto por los conjueces Javier de la Cadena y Manuel Cabrera Esquivel, y Camacho si se niega el pedido.

Gabriel Cobo, padre de Michelle, se mostró angustiado por todas las dilaciones de los abogados de los sentenciados, que buscan a toda costa que el caso quedé en la impunidad, para lo cual han recurrido a todo tipo de maniobras. «Solo esperamos que los jueces se ciñan a la ley, que fallen en justicia, una justicia que nos ha sido negada por cerca de siete años», destacó Cobo.

Durante el juicio, la Fiscalía probó que Toscano no tenía la licencia de médico cirujano, aunque así se promocionaba entre sus pacientes.

El 16 de julio de 2106, Michelle Cobo entró al quirófano de la Clínica San Gabriel, donde Toscano también realizaba operaciones estéticas, para someterse a una lipoescultura. Tenía 20 años. Un día después falleció por una infección generalizada, causada por la bacteria más letal de los estreptococos, de la cual se contagió en el quirófano de ese centro.

La Fiscalía ratificó que Toscano y Carlos Hurtado fueron responsables de su deceso, por su negligencia en la aplicación rigurosa y científica de medidas sanitarias. Y también acusó a Muñoz, entonces gerente de la Clínica, por permitir una cirugía que el centro no estaba en capacidad de realizar ni contaban con los permisos correspondientes. Todos los jueces que conocieron el proceso se pronuciaron por la culpabilidad de los tres.

Una vez que el correísmo fracasó en su estrategia de sacar a la fiscal Diana Salazar, a través del juicio político en la Asamblea, busca una nueva ruta para evadir las murallas de la Fiscalía, que se han vuelto infranqueables por más de cinco años. La vía sería el Consejo de Participación con el fin de injerir en la designación del nuevo fiscal. Y el medio: una acción de protección que se resolverá este jueves 30 de mayo, a las 13:00, planteada por Nicole Bonifaz, afín al correísmo,  quien intenta recuperar la presidencia del organismo. 

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A sabiendas de que el camino de la Legislatura está bloqueado, retomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es la vía más expedita para llegar al corazón de la Fiscalía General. Dentro de los siguientes 11 meses ese organismo deberá designar al reemplazo de Salazar, cuyo período terminará en abril del 2025.

El objetivo del correísmo es ubicar a un fiscal afin a sus intereses, con un perfil de afinidades y sobre todo lealtades. Mientras Rafael Correa estuvo en el poder fueron designados fiscales Washington Pesántez, Galo Chiriboga y Carlos Baca. Los dos últimos fueron parte de su gobierno, defensores de su proyecto político.

El ‘Caballo de Troya’ para burlar las defensas de la Fiscalía y llegar hasta el despacho que hoy ocupa Salazar parece haber tomado la forma de una acción de protección. Hasta el momento, no obstante, no ha pasado de ser un simple registro noticioso en una agenda dominada por temas como la inseguridad, la crisis con México, los zapatos del Presidente en su Informe a la Nación, entre otros.

Se trata de la acción de protección de la consejera Nicole Bonifaz para recuperar la presidencia del CPCCS, un cargo al que llegó con la ayuda del correísmo. En mayo de 2023, la mayoría correísta bajo el membrete de ‘Liga Azul’ nombró a Alembert Vera como presidente del Consejo y a Bonifaz como su vicepresidenta.

La cercanía entre Bonifaz y el correísmo no es nueva: fue asesora de José Serrano cuando presidió la Asamblea en 2017. Por eso a nadie le sorprendió que fuese la elegida para ser vicepresidenta del CPCCS, lo que la catapultó a la Presidencia de ese organismo cuando en octubre de 2023 la Corte Constitucional destituyese a Alembert Vera.

Uno de los puntos que más llama la atención es el tiempo que se tomó Bonifaz para plantear esta garantía jurisdiccional para recuperar la presidencia del CPCCS. Tardó más de 40 días después de la supuesta violación a sus derechos y tras haber declarado que “no se aferra al cargo”.

«La acción de protección es una garantía que tiene el propósito de solventar violaciones constitucionales graves que, por su naturaleza, no pueden esperar el pronunciamiento de un juez ordinario. Lo que pretende a través de una decisión jurídica es revertir una decisión política», sostiene el constitucionalista Juan Francisco Guerrero.

Para él, esta acción de protección carece de fundamento, pues el Pleno del CPCCS tiene la competencia legal para designar autoridades y la competencia para removerlos con el voto de la mayoría: 4 consejeros.

“Acción desnaturalizada”

Por la temporalidad y la aparente falta de fundamentos, desde el CPCCS, el presidente Andrés Fantoni, la vicepresidenta Mishelle Calvache y los consejeros Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto emitieron un comunicado señalando que la acción de Bonifaz es «desnaturalizada».

No obstante, Calvache ha ido más allá. En una entrevista con Notimundo, señaló que le resulta extraño que la acción de protección «coincida con el exhorto que el CPCSS hizo a Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, para que active la sentencia 1219-22-EP/22 de la Corte Constitucional”. Y así se designe al presidente titular de la Judicatura.

Sus palabras se refieren al pedido del 8 de mayo de 2024 firmado por Andrés Fantoni, presidente del CPCCS a Román, para que notifique formalmente que el cargo de presidente titular de la Judicatura está vacante para así solicitar a la Corte Nacional la terna para la designación del reemplazo. Es decir, 5 días antes de que Bonifaz presentara su acción de protección.

La vacante del presidente del Consejo de la Judicatura se registró el 20 de diciembre de 2023 por la renuncia de Wilman Terán. Desde entonces, pasaron dos exhortos del CPCCS y casi 5 meses para que Álvaro Román notificara oficialmente de la ausencia del titular que él reemplaza por su condición de presidente suplente dictaminado por la Corte Constitucional.

¿Un Consejo de la Judicatura con alfiles correístas?

En este contexto a Álvaro Roman se le solicitó activar el mecanismo constitucional que implicaría su salida del cargo. Su reemplazo significaría un nuevo intento de reposicionamiento político en la Judicatura, donde se han incorporado varios cuadros identificados o vinculados con el correísmo.

El primero que salta a la vista es el actual director general encargado, Hernán Calisto, quien está en ese cargo desde el pasado abril. Calisto es reconocido en la esfera judicial por haber sido uno de los hombres de confianza de Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura entre 2013 y 2018. De hecho, Calisto fue su director del Consejo de la Judicatura de Pichincha.

De acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, el Director General de la Judicatura tiene amplias atribuciones y potestades sobre los jueces, pues la ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial; dirige y supervisa la administración de los recursos humanos, financieros, administrativos y los procesos de selección y evaluación.

Otro de los cuadros afines al correísmo es el ex asambleísta de Pachakutik, Darwin Pereira Chamba, quien en el periodo legislativo 2021-2023 fue parte de la mayoría legislativa liderada por la revolución ciudadana, entonces llamada Unes. De hecho, llegó a ocupar la segunda vicepresidencia del Congreso con el respaldo del correísmo.

En la actualidad Pereira se desempeña como Jefe Departamental Nacional de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura. Su vinculación fue solicitada expresamente por la vocal Solanda Goyes y para un cargo de mayor rango.»Magíster Darwin Stalin Pereira Chamba para el cargo de Subdirector (A) de Evaluación de Talento Humano de la Direcion Naconal de Talento Humano, perfil referido y solicitado por la Dra. Narda Solanda Goyes Quelal en su calidad de Vocal del Consejo de la Judicatura», señala Gloria Salazar, directora de Talento Humano, en el Memorando CJ-DNTH-2024-2025-M firmado electrónicamente el 22 de abril de 2024.

Sin embargo, acabó enrolado como Jefe Departamental de Derechos Humanos y desde ese cargo ha estado en contacto con jueces y juezas. Fuentes del Consejo de la Judicatura agregan que trabaja cerca de la vocal Goyes, en especial en su «propuesta de evaluación de desempeño y productividad de juezas y jueces». En efecto, el 30 de abril Pereira estuvo en Azuay en la presentación de esa propuesta. Estuvo sentado en la mesa principal justo frente a juzgadores. Lo mismo hizo el 1 de mayo en Tunguarahua y el 6 de mayo en Guayas, siempre junto a la vocal Goyes y como auditorio jueces y juezas de esas jurisdicciones.

La vocal Goyes es esposa de Fausto Camacho, exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y quien actualmente participa en el concurso que organiza el CPCCS para volver a ser vocal electoral.

Si bien el análisis y definición sobre la garantía jurisdiccional de Bonifaz está en manos del Tribunal de Garantías Penales, hay antecedentes de «pedidos» desde el Consejo de la Judicatura para que se resuelva en determinada forma este tipo de acciones.

El más claro ejemplo fue el «Caso Vocales» investigado por la Fiscalía, en el que los ex vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo presuntamente cometieron tráfico de influencias al solicitar en 2022 a jueces de la Corte de Pichincha que acepten una acción de protección de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, con la que pretendía regresar a su puesto; casi un calco a la pretensión de Bonifaz. Como resultado Barreno y Morillo fueron llamados a juicios y removidos de sus cargos como vocales.

La audiencia para tratar la acción de protección de Bonifaz estaba fijada para el 13 de junio, pero el Tribunal Penal la adelantó para este jueves 30 de mayo. La sede para el desarrollo de la audiencia es el Complejo Judicial de Quitumbe, donde el 16 de mayo coincidencialmente estuvo Álvaro Román para “conmemorar” el séptimo aniversario de la creación de esas instalaciones, una celebración no muy común.

Mientras que en el seno del CPCCS Augusto Verduga, uno de los consejeros identificados con el correísmo, no dudó en exteriorizar el interés que despierta la silla que ocupa Diana Salazar. En su cuenta de Twitter dijo: “he solicitado formalmente que, en la próxima sesión ordinaria, demos inicio al proceso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado”. En su tuit adjuntó un memorando remitido a Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, el cargo al que desea regresar Bonifaz, el ‘Caballo de Troya’ del correísmo, y que es clave para conducir el concurso de Fiscal.

Este miércoles 29 de mayo la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia conocerá en audiencia el recurso de casación que presentaron los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado a la sentencia condenatoria por el homicidio culposo de Michelle Cobo, hace 8 años. 

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Tras siete años, el juicio por el homicio culposo de la joven Michelle Cobo, como secuela de una operación estética, entra en una etapa de definición. 

Este miércoles 29 de mayo la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia conocerá  en audiencia el recurso de casación que presentaron los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado, y la abogada María Eugenia Muñoz a la sentencia condenatoria, que fue corroborada por jueces de todas las instancias de primero y segundo nivel. 

José Molina, abogado de la familia Cobo, dijo que desde el año pasado la defensa de los condenados ha buscado sistemáticamente incidentar el juicio buscando la prescripción. En octubre, precisamente, la Sala de lo Penal de la Corte negó el pedido de prescripción de la pena presentado por los sentenciados.

Para la magistrada Daniela Camacho y su colega Walter Macías ese pedido no tenía sustento legal alguno, por lo cual lo único que cabía es que se conociera el recurso de casación sin más dilaciones, pues con la demora se ha revictimizado a la familia Cobo Ramírez.

«Los familiares, especialmente los padres de Michelle, han sufrido por las dilaciones constantes del proceso, que estaba en riesgo de quedar en la impunidad», observó Molina, quien también cuestionó la actuación del entonces juez Byron Guillén, (hoy candidato a Defensor Púbico), que salvó el voto para dar paso a la prescripción y luego viralizó su pronunciamiento en X, pese a que el proceso estaba todavía en trámite.

La convocatoria a la audiencia para que los jueces de la Corte Nacional conozcan el recurso de casación se decidió el 9 de mayo pasado, por la insistencia de los demandantes. 

En octubre pasado, la Sala Penal estableció que a Toscano aún le restaban por cumplir dos años, siete meses y 22 días de prisión; a Hurtado dos años, 10 meses y 20 días, y, finalmente a Muñoz, dos años, 10 meses y 20 días. 

En los siete años que ha tardado el juicio se ha probado que Toscano, quien era dueño de la Clínica Steticus, no tenía la licencia de médico cirujano. 

El 16 de julio de 2106, Michelle Cobo entró al quirófano de la Clínica San Gabriel, que fue clausurada, confiando en Toscano para realizarse una lipoescultura. Ella tenía 20 años y ningún problema de salud. Un día después falleció por una infección generalizada, causada por la bacteria más letal de los estreptococos, en el quirófano de ese centro.

La Fiscalía estableció que Toscano y Carlos Hurtado fueron responsables de su deceso, por su negligencia en la aplicación rigurosa y científica de medidas sanitarias. Y también acusó a Muñoz, entonces gerente de la Clínica, por permitir una cirugía que el centro no estaba en capacidad de realizar ni contaban con los permisos correspondientes.

En estos siete años, la Fiscalía probó que Toscano, quien era dueño de la Clínica Steticus, una de las más renombradas de Quito, no tenía la licencia de médico cirujano. 

El exjuez de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén, es uno de los más opcionados para ganar el concurso de Defensor Público, aunque enfrenta una indagación previa por supuesto cohecho y es investigado por su relación con el caso Metástasis. Además fue cuestionado por su falta de imparcialidad en el caso por el homicido culposo de la joven Michel Cobo, ocurrido en 2017.  

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El exjuez de la Corte Nacional, Byron Guillén, quien encabeza el concurso para Defensor Público, no acudió el miércoles pasado, 22 de mayo del 2024, a rendir su versión en la indagación que enfrenta en la Fiscalía por un supuesto cohecho.

Guillén al ser consultado por Código Vidrio dijo que no acudió porque su abogado tenía que cumplir otras diligencias, pero que asistirá a dar su versión cuando sea convocado nuevamente.

En diciembre pasado, Guillén participó junto con una delegación de Ecuador en la Conferencia Anticorrupción de los Estados Partes, realizada en Atlanta, Estados Unidos.

Mientras estuvo en la Corte, Guillén tuvo una actuación polémica en el juicio en el que los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado fueron sentenciados por el homicidio culposo de la joven Michelle Cobo, que este miércoles entrará en la recta final de resolución, cuando la Corte Nacional de Justicia conozca el recurso de casación que plantearon los condenados, incluida la abogada María Eugenia Muñoz, gerente de la clínica donde se practicó la cirugía estética.

Tras la sentencia, los abogados de los condenados han intentado sistemáticamente que el proceso sea declarado prescrito, para así dejar insubsistente el fallo. Precisamente, en octubre del año pasado la Sala de lo Penal de la Corte negó el pedido de prescripción de la pena presentado por los tres condenados.

Para la magistrada Daniela Camacho y su colega Walter Macías ese pedido no tenía sustento legal, por lo cual lo único que cabía es que se conociera el recurso de casación sin más dilaciones.

Estuvo en desacuerdo y salvó su voto Byron Guillén, quien luego, el 13 de octubre del 2023, incluso divulgó su criterio jurídico en redes sociales, en un hecho sin precedentes en la Corte. No es usual que los ministros mediaticen sus fallos, menos aún si son de minoría y no causan ningún efecto en el pronunciamiento de mayoría. Aunque Guillén justificó la divulgación como un tema de debate.

 El mismo 13 de octubre, los tres sentenciados interpusieron recursos de aclaración y ampliación, que fueron negados en diciembre. El 8 de mayo pasado, la defensa de Gabriel Cobo, padre de la joven fallecida en 2017, pidió que se fijará la fecha para la audiencia de casación, que fue atendida al día siguiente. Esta diligencia se realizará este próximo miércoles.

¿Guillén nexo de Correa?

Guillén es indagado por un supuesto cohecho junto al exjuez  Luis Rivera, quien tampoco acudió a dar su declaración, la semana anterior, aduciendo que estaba en Estados Unidos donde se le habría caducado su visa. En la indagación 74-2024 ambos fueron convocados a rendir sus versiones en la Fiscalía, el pasado miércoles 22 de mayo, a las 11:00.

Tanto Guillén como Rivera también son investigados por su supuesta participación en los casos Independencia Judicial y Metástasis.

Ambos eran miembros de la sala penal de la Corte Nacional y han sido cuestionados por su falta de imparcialidad en varios procesos a su cargo.

En el caso Independencia Judicial, Guillén fue señalado por el exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, quien está detenido, pero está cooperando, y rindió un testimonio anticipado.

Muñoz reveló que para protegerse de la persecución del gobierno de Guillermo Lasso buscó apoyo político. Así, conoció al expresidente Rafael Correa por intermedio de los jueces Luis Rivera y Byron Guillén. Por eso, se reunió con el expresidente en el hotel Tivoli Mofarrej de Sao Paulo, Brasil, en marzo de 2023. En el encuentro, Correa le pidió que apoye a Terán, entonces presidente de la Judicatura, a cambio de respaldarlo ante un eventual juicio político en la Asamblea, aseguró Muñoz.

Asimismo, dijo que el exmandatario tenía un plan de regreso al Ecuador si se daba paso a un recurso de revisión planteado por Ramiro Galarza, uno de los sentenciados en el Caso Sobornos. «Si le aceptaban, el caso se caía» porque se anulaba la sentencia. Quienes se encargarían de admitir el recurso eran Guillén y Rivera, con lo cual Correa podría regresar al país. Correa admitió haberse reunido con Muñoz en Brasil, pero negó que hubieran llegado a un acuerdo para anular su juicio.

Fuentes cercanas a Guillén indicaron que la versión de Muñoz no tiene ningún sustento, que es totalmente falsa.  Guillén prefirió no pronunciarse al respecto para no entorpecer la indagación de Fiscalía que es reservada.

El año pasado, Guillén rindió su versión libre y voluntaria en la Fiscalía por el caso Metástasis y negó tener alguna participación en actos de corrupción.

Fue mencionado en los chats de Leandro Norero que se conocieron en el caso de presunta delincuencia organizada, donde están involucrados jueces, fiscales, policías en servicio activo, entre otros  funcionarios públicos.

Según Guillén, «se tomaron su nombre» y aseguró no conocer a Héliver Angulo, alias ‘Estimado’, uno de los abogados del narcotraficante Leandro Norero. «No es mi amigo, no me preocupa en lo absoluto«, dijo Guillén a los medios de comunicación antes de ingresar a la Fiscalía.

El nombre de Guillén aparece en los chats entre alias ‘Estimado’ y Leandro Norero. El primero le dice al narcotraficante: “El habeas corpus en la Corte Nacional está asegurado con jueces como Byron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia».

ENTREVISTA. El contralor del Estado, Mauricio Torres, no se anda por las ramas. Quiere ponerle el cascabel al gato. Lleva adelante una serie auditorías internas a directivos, auditores y funcionarios que se guardaron informes para que caducaran, no fijaron glosas ni responsabilidades pese a evidencias abundantes, ocultaron alertas de incrementos injustificados en sus patrimonios. Favorecieron a exfuncionarios glosados. Según el Contralor, que lleva cerca de seis meses en funciones, en la Contraloría ha venido operando una estructura criminal en perjuicio del estado desde el 2008, cuando llegó al cargo Carlos Pólit, quien acaba de ser hallado culpable de lavado de dinero en Estados Unidos. 26 funcionarios son investigados penalmente en la Fiscalía, pero siguen laborando en la institución. Hay 3.000 informes que caducaron.

Por Arturo Torres

La Contraloría enfrenta el peor momento de su historia. El excontralor Carlos Pólit acaba de ser hallado culpable por lavado en Estados Unidos, y su predecesor, Pablo Celi, también fue sentenciado por corrupción. Con seguridad ellos no actuaban solos, tenían una estructura que operó por años en la Contraloría. ¿Qué acciones ha tomado usted para identificar a otros funcionarios involucrados en esta maquinaria criminal?
Empecé con tres exámenes de auditoría interna, o sea estamos haciendo exámenes a los propios funcionarios y auditores e la Contraloría, especialmente en las direcciones de responsabilidades, de revisiones y de predeterminaciones, que son las áreas más sensibles, donde van las responsabilidades. Es donde se han bajado a las glosas. Donde se negociaban las glosas, o inclusive se guardaban los informes hasta que caduquen por el paso del tiempo, digamos que se notificó, pero ahí quedó, no se siguieron los siguientes pasos.

¿No había algún sistema automatizado de alertas sobre los procesos?
No, todo hacían manual, se lo guardaron a discreción. Cuando yo llegué había como 3 mil informes caducados. Estamos investigando, ya vamos a saber con exactitud cuántos son.

 ¿Alrededor de 3 mil, es una estimación?
Es un cálculo, yo presumo. Pero con el examen que estamos haciendo vamos a tener la realidad. Que se quedaron, que no fueron despachados. Solo les guardaron y ya, se acabó todo.

 ¿Pero qué mecanismos se aplicaron?
Ocultaban los documentos, se los guardaban, o los desaparecían para así echar abajo todos los exámenes que les interesaban. Con eso se extinguieron glosas, multas… Cuando ya caducan los exámenes no se pueden notificar. La caducidad, ya sea en predeterminación o en responsabilidades. Se caducaron, se guardaron esos exámenes. Con la revisión que estamos haciendo a cada unidad vamos a determinar quiénes son los responsables, cuántos caducaron, y cuáles son las causas. Porque en algunos casos van a decir, “es que faltó personal” ya, pero eso no pueden ser todos. Y si yo si hubiera sido director de esa unidad hubiera priorizado, los de mayor cuantía acá, o empecemos después.

¿Para cuándo estiman que estaría listo, el resultado de las auditorías?
Yo creo que en un mes más ya tenemos los resultados de la auditoría.

Si funcionaba esta congeladora para hacer caducar los informes anteriores, también se han denunciado casos en los cuales los auditores simplemente no fijaban responsabilidades de diferente tipo, aunque había suficientes evidencias para hacerlo. ¿Qué se puede hacer en esos casos?
Tenemos algunos casos de esos. Estamos ya con cerca de 5 auditorías. En este momento la unidad interna de la Contraloría, que tuve que reestructurarla totalmente, está con mucho trabajo.

¿Tienen cinco auditorías concretas?
Aproximadamente son cinco, ya con declaraciones juramentadas. En un caso se hizo una auditoría a una entidad de contratos por 12 millones de dólares. Los auditores habían sido  cambiados tiempo atrás y no encuentran nada. Nosotros llegamos aquí, tuvimos ya una denuncia de eso. Analizamos el examen y en verdad hay muchas cosas que los auditores no dijeron nada. Ocultaban la información, solo faltaba decir “felicitaciones, siga adelante”. Revisamos y encontramos bastantes cosas, irregularidades. Es que hicimos un examen al examen, podría decirse. Ya no podemos revertir los resultados, ellos ya dejaron sacramentando a la entidad, pero lo que estoy haciendo es a los auditores, ellos tendrán que ir a la cárcel por haber hecho eso.

¿Entonces cometieron delitos?
Claro, ahí tenemos en la Refinería del Pacífico, otro examen. En otro caso también habían tenido guardadas en auditoría interna unos pedidos de declaraciones juramentadas a los servidores de la Contraloría, que habían hecho el contraste y tenían diferencias de 200 mil, 300 mil dólares. Una ex servidora de aquí, con un sueldo de 1.600, tenía en un momento 400 mil dólares, en tres años de patrimonio. Esto estaba guardado.

¿Se habían establecido discrepancias en los patrimonios de los auditores y ellos y sus cómplices ocultaron los resultados?
Ya estaba hecho el contraste, se establecieron irregularidades, había que hacer el examen. Analizamos una declaración del 2023 con la de 2018 y aumenta 500 mil. Pero se guardaron esos hallazgos.

 ¿Y quién establece qué pasa con los patrimonios de los funcionarios?
En planificación, nosotros pedimos que ellos hagan perfiles. Por ejemplo, yo pedí de todos los funcionarios de Contraloría los contrastes. Y a todos los que tuvieron aumento de patrimonio les estoy haciendo un examen. Aquí a los propios servidores. Pero esos que ya estaban ahí guardados son de gente que trabajó conjuntamente con los ex contralores, y tenían aumentos de patrimonio. Y que se guardaron la auditoría interna y no lo sacaron.

¿Entonces hablamos de que operaba un estructura criminal?
Claro, justo es una estructura. Hay estudios jurídicos que trabajan acá adentro, entonces no es malo tener un estudio jurídico y defender al que tiene una glosa. El problema es que hay gente de aquí que les daba información. Trabajan en conjunto para beneficiarse con los estudios.

¿Eran juez y parte?
Por supuesto. Hemos ya tratado de levantar algunos, algunos inclusive han renunciado. Hay personas que vacunaban aquí.

¿Cómo lo hacían?
Por ejemplo, el caso que me llegó la denuncia. Llegaba por ejemplo el examen que estaba caducado. Iba a salir ya el informe caducado diciendo “mire, caducó entonces usted ya no tiene nada”. Y les llamaban antes de que salga diciendo “mira, quieres que te arregle, da tanto”. Igual ya iba a salir, o sea estaba ya arreglado porque estaba caducado. Y aparte les iban a cobrar.

 ¿En lugar de auditar el uso de recursos públicos la Contraloría se usó para delinquir?
Totalmente. Esto estuvo ocurriendo mucho tiempo, pero estamos cambiando radicalmente, es la etapa de una refundación. Todavía deben haber algunos rezagos, pero estamos todos los días cambiando gente. La gente que trabajaba con estas personas está en Pomasqui, la mayoría, no están aquí en la sede. No puedo hacer nada, no puedo sacarlos porque están en investigación.

¿Son procesos abiertos que empezaron desde que usted inició?
Incluso en la Fiscalía.

¿Cuántos casos hay en la Fiscalía?
Son 26 servidores. Algunos, dos o tres, incluso son testigos protegidos, fueron parte de procesos. No los puedo tener aquí, pero tampoco los puedo botar.

¿Están procesados penalmente?
Están procesados penalmente, están en investigación en la Fiscalía. No puedo hacer nada hasta que salga algo para poderlos despedir. En otros casos sí se les abrió sumarios administrativos porque han seguido haciendo cosas, encontramos un caso de una persona que los activos estaba cobrando en la cuenta de la esposa. Tenemos otro caso en el que una servidora sacó la resolución ella, sin ser la autoridad jurídica, para beneficiar algunas cosas. Y con esa resolución comenzaron a hacer un montón de cosas ilícitas. Eso fue entre 2020 y  2021. Tuvimos que despedirla. Esa persona ya está afuera; estamos con varios sumarios administrativos. A otras personas yo mismo les he llamado a pedir la renuncia, algunos han renunciado, otros no se quieren ir.

¿Cuántas personas han sido sancionadas por estos temas?
Están con sumario administrativo como 5 o 6 personas.

¿Auditores?
De todo, la mayoría son de responsabilidades. Son las direcciones de juzgamiento, que se llama aquí. Tenemos también personal que ha renunciado en las direcciones de juzgamiento. Yo les he dicho “pasa esto, así que mejor váyanse”; algunos se han ido. No he podido comprobar, pero el hecho de que se vayan es porque hay algo. Hubo un caso que nos quisieron engañar con una auditoría a una empresa cuyo examen hicieron caducar a propósito. Les pedimos la renuncia a los responsables. Eran 7 millones de dólares. Me enteré y tuve que actuar enseguida. Nos siguieron una acción de protección, ganamos 11 millones para el Estado.

¿Entonces están en una etapa de identificar, sancionar y enjuiciar a los responsables. Luego se cuantificará el daño?
Exacto, ahora estamos buscando qué podemos rescatar de todo lo que tienen guardado. Para ir sacando antes de que se nos caduque. Es un trabajo duro, tenemos que reforzar el área de responsabilidades para que vayan detectando cuáles son las que todavía están rescatables. Encontramos 200 nombres de personas que nunca inscribieron las responsabilidades que les fijaron, no presentaron ni la impugnación, y no les inscribieron. Siguen trabajando hasta ahora.

 ¿200 exfuncionarios que fueron destituidos por glosas pidieron seguir trabajando en el sector público?
Así es: fueron destituidos. Y los funcionarios de Contraloría nunca inscribieron esas sanciones en el Ministerio de lo Laboral.

¿Sin la notificación no hubo ninguna consecuencia para que no vuelvan a ejercer cargos?
Sí. Ahí está el caso del exdirector del IESS, Richard Espinoza, la exministra Lady Zuñiga. No fueron inscritos 200 nombres. Fueron destituidos, pero nunca se inscribieron en el Ministerio.

¿Y por lo tanto podían seguir ejerciendo?
Y están ejerciendo. Siguen ejerciendo. Si no se quieren inscribir yo no puedo hacer nada.

¿Entonces, después de esta etapa, la realidad es que los procesos en los que estos funcionarios intervinieron son irreversibles, están en firme?
Claro. Estoy ahora buscando quiénes son los responsables para que paguen eso. Estamos haciendo auditoría interna también de los 200 nombres. Pero cambiamos todo. Es otro personal que no estaba trabajando antes en esta dirección. Son otros funcionarios, con un nuevo director, y queremos resultados. Si no les hago un examen también a ellos.

 ¿Cómo garantizar que este procedimiento no vuelva a ocurrir si no hay un sistema preventivo, que no sea discrecional de los funcionarios?
Ya tenemos el sistema preventivo, ya tenemos alertas, tanto para las auditorías como para el juzgamiento, cuando van a caducar nos dan alertas en la computadora. Tengo un sistema que también estamos controlando desde aquí, que veo como entra el informe, como sale, dónde se rebajan las cosas.

 ¿Es una trazabilidad?
Sí, comenzamos ya. Cosas que se pueden hacer aquí mismo. No hemos comprado un sistema. Estamos haciendo los programas. Con el mismo personal de aquí, sin gastar nada, estamos tratando de hacer programas que no había.

Uno de los mecanismos que aplicaba el ex contralor Pólit era que todos los exámenes importantes y glosas debían ser aprobados por él o a quien designe. Bajo ese esquema se ponían en la congeladora algunos de los informes para proteger a las autoridades del gobierno que eran intocables, a su amigos, o simplemente para negociar con ellos, exigir coimas.
En mi caso no es así. Cada director hace los exámenes y aprueba esos informes. Lo que llega al contralor y a los subcontralores es, por ejemplo, el tratamiento de recursos. Por ejemplo, en mi caso yo niego o acepto los recursos de revisión, pero que superan el monto de $90.000. A partir de ahí, yo soy el que niega o acepta el recurso. El subcontralor hace, en cambio, la parte de responsabilidades, acepta o niega tal monto. Son los directores de cada unidad los que hacen eso.

Los nueve policías, que serían parte de una red de tráfico de combustible para la minera TearraEarth, en Napo, fueron liberados y trasladados para seguir ejerciendo funciones en otras provincias, durante 120 días. A la cabeza de la organización es investigado el teniente coronel Davis Manuel Silva, quien desde este lunes ocupará el cargo de subcomandante de Morona Santiago.     

 Redacción Código Vidrio

El teniente coronel Davis Manuel Silva y ocho policías más, que fueron detenidos el miércoles 16 de mayo, investigados por ser parte de una supuesta red de tráfico de combustibles para minería ilegal en Napo, fueron liberados.

Los uniformados estuvieron detenidos cinco horas, tras varios operativos y hallanamientos en tres provincias, para recabar más pruebas sobre la red que es investigada desde enero pasado por operar a favor de la empresa minera china TerraEarth, que en varias ocasiones ha sido denunciada por operar con mineros ilegales en las concesiones que posee. Y de provocar daños severeos al ambiente, que no han sido remediados.

Luego de ser liberados los uniformados fueron reasignados desde Napo, donde trabajaban, para seguir con sus funciones a otros comandos en varias provincias. Desde este lunes 20 de mayo Silva ocupará el cargo de sucomandante policial en Morona Santiago, otra zona diezmada por la explotación ilegal de oro.

Los subalternos de Silva también fueron reasignados temporalmente, durante 120 días, a Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Qunindé, Pichincha, Babahoyo y Quevedo.

Este operativo se ejecutó como parte de una indagación previa que ejecuta la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía, por un supuesto delito de cohecho, por delitos en contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles.
Como parte de la red también fueron identificados tres ciudadanos chinos, ejecutivos de TerraEarth en Napo, que no pudieron ser detenidos para investigaciones el miércoles pasado, ya que unos 200 comuneros que también realizan actividades de minería ilegal, los protegieron. Incluso uno de los chinos se refugió en una habitación de la empresa que tenía blindaje de seguridad desde donde disparó a los agentes, que debieron retirarse del lugar.

De acuerdo con la información oficial, la estructura está compuesta por diez policías, siete civiles y tres chinos, articulados para almacenar combustible que luego era vendido, en Joya de los Sachas, Napo, a TerraEarth. A cambio de coimas de la minera china los agentes agilitaban trámites para movilizar hidrocarburos para la minería ilegal. En los hallanamientos los policías retuvieron 12 dispositivos móviles, USD 4.000 en efectivo, documentos, un CPU y un arma con munciones.

Las operaciones de esta organización criminal incluían no solo transportar y vender el combustible, sino agilitar los trámites para movilizarlo y usarlo en minería ilegal, a cambio de dinero que les pagaban funcionarios de TerraEarth, según la investigación. El operativo se extendió a las provincias de Pichincha y Orellana.
Pese a los cuestionamientos por los perjuicios ambientales que causó en Yutzupino,TerraEarth consiguió la licencia ambiental para su proyecto minero Tena, de más de 7.000 hectáreas.

Esa compañía tiene derecho sobre las concesiones Talag, Anzu Norte, El Icho y Confluencia, a orillas del río Napo, muy cerca de Tena, capital de la provincia. Una de las principales acusaciones en contra de la empresa es que ha permitido que grupos que se dedican a la minería ilegal continuaran extrayendo materiales de concesiones a su cargo, en las que las operaciones estaban suspendidas por orden de las autoridades.