Denuncia sobre mal uso de helicóptero ruso, accidentado en Pastaza, en la lupa de la Contraloría

El presunto uso indebido de dos aeronaves del Ejército en enero pasado es analizado por la Contraloría, que recibió una denuncia formal a inicios de este mes. Ese documento señala como supuesto responsable al comandante del Ejército Fernando Adatty. En la Fuerza Terrestre no hubo un pronunciamiento sobre este caso, que también es conocido por el Comando Conjunto y la Presidencia.    

Redacción Código Vidrio

La Contraloría analiza la denuncia de un presunto uso indebido de dos aeronaves del Ejército. Una de ellas es el helicóptero MI-171, que se accidentó en abril pasado en Pastaza, causando la muerte de sus ocho ocupantes.

A inicios de este mes, la abogada Lorena Terán presentó la denuncia por supuesto peculado en la Contraloría, dirigida al titular de la institución, Mauricio Torres.

Fuentes de ese organismo confirmaron que recibieron el documento, que está bajo revisión para valorar si amerita o no iniciar un examen especial.

Entre 2017 y 2024, la entidad de control ha realizado cuatro auditorías a la contratación, mantenimiento y adquisición de repuestos de los helicópteros multipropósito MI. En todos los procesos contractuales, realizados por la Brigada de Aviación del Ejército Nro 15 Paquisha y por el Ministerio de Defensa (en una ocasión), la Contraloría detectó irregularidades, incumplimientos contractuales, pérdidas onerosas para el Estado, direccionamientos, entre otras anomalías.

Según la denuncia más reciente, entre el 24 y el 26 de enero de este año, el comandante del Ejército, Fernando Adatty, habría hecho un uso discrecional del helicóptero ruso MI-171 y del avión M28. Eso habría violentado el Plan de Sostenimiento de Operaciones Aéreas Cóndor XXIV, al transportar en esos aparatos a dos civiles: su hijo y uno de sus amigos.

Durante esos tres días, el general Adatty se desplazó en el avión PZL M28, matrícula AEE-208, y en el helicóptero, matrícula AEE-485. Tres meses más tarde, el helicóptero se precipitó a tierra cuando era piloteado por el teniente Jaime Cordones Ortega.

Esa nave siniestrada en Pastaza en abril era parte de la flota de siete helicópteros rusos MI, adquiridos en 1998 por el Ejército para transporte de tropas y equipos. Cinco de esos aparatos (480-481-482-484 y 486) no estaban operativos por falta de repuestos y mantenimiento. Por eso, el Gobierno quiso entregarlos a Estados Unidos, como chatarra, a cambio de 200 millones de dólares, para triangularlos a Ucrania. Esa negociación, sin embargo, fue torpedeada por Rusia que como retaliación restringió las exportaciones de banano desde Ecuador, lo cual obligó a que el Gobierno suspendiera el acuerdo con Washington.

El MI-171, que acompañó a la comitiva encabezada por el general Adatty, era parte de ese lote adquirido el 98. Sin embargo, no iba a ser entregado a EE.UU. porque era el único que funcionaba: operó hasta el día del accidente.

Según la denuncia, el Comandante se trasladó por vía aérea a Morona Santiago acompañado por cuatro oficiales, así como de su hijo Fernando Adatty y su amigo, Leonardo Velásquez. “No existe ninguna justificación para que el general Adatty haya llevado, como si se tratara de un paseo familiar, a su hijo y su mejor amigo en un recorrido oficial, eso implica un uso indebido de bienes del Estado con fines particulares”, dijo Terán, al ser consultada por este medio.

En el Manifiesto de Pasajeros del vuelo revisado por Código Vidrio constan los nombres del alto oficial y cuatro militares más, así como los de su hijo y el amigo de éste. Ese reporte fue presentado junto a la denuncia como evidencia de que los dos civiles habrían sido transportados en naves militares, sin ninguna autorización expresa, al margen de los reglamentos vigentes. También se adjuntó un video en el cual se observa el momento de su llegada a la pista de la Brigada de Patuca.

Regulación para el transporte de civiles    

Los vuelos de aeronaves militares del Ejército están regulados en el Plan de Sostenimiento de las Operaciones Aéreas Cóndor XXIV, vigente desde este año. En ese documento revisado por este medio se detallan las normas de seguridad para el cumplimiento de las Operaciones Aéreas establecidas por el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército.

Entre las disposiciones obligatorias que se deben cumplir se destaca el artículo 5, que indica: “Es prohibido transportar pasajeros civiles cuando se efectúen vuelos de instrucción, operaciones militares o especiales; únicamente se autoriza personal civil en los vuelos logísticos o cuando son parte de pedidos específicos de entidades gubernamentales, tramitados y autorizados a nivel del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las FF.AA.”.

En las tres Órdenes de Vuelo autorizadas por la Aviación del Ejército para los desplazamientos de las dos aeronaves, entre el 24 y el 26 de enero, se indica que el objetivo oficial de dos de los viajes era “Transporte de Personal” y, en otro de los vuelos, “Transporte de Personal y Abastecimiento”. Fuentes del Ejército dijeron que el comandante viajó a la zona para asistir a los actos conmemorativos por el conflicto del Cenepa y que su hijo y amigo eran parte de sus invitados, para la ceremonia en Patuca.

Ante el pedido de Código Vidrio, en la Dirección de Comunicación del Ejército respondieron que el general no se pronunciaría sobre la denuncia. Tampoco hubo una respuesta sobre un pronunciamiento oficial del Comando Conjunto de las FF.AA., que también recibió la denuncia, al igual que la Presidencia de la República.

En los próximos días, Adatty será calificado, junto con los generales de su promoción Pablo Velasco, Juan López, Alexander Levoyer y Franklin Pico, para ascender al grado de general de División.

Este medio accedió a las tres Órdenes de Vuelo que dieron luz verde para los desplazamientos de las dos naves.

-En el documento del 24 de enero se especifica la ruta Balbina (Sangolquí)-territorio nacional-Balbina, entre las 07:30 y las 17:30.  Y la misión: Transporte de personal y abastecimiento.

-En el del 25 de enero, la ruta Shell-Macas-Patuca-Shell, entre las 11-30 y 13-30. Misión: transporte de personal.

-Y el 26 de enero, la ruta: Patuca-Gualaquiza, entre las 14:00 y 14:30. Misión: transporte de personal y abastecimiento.

En ese periplo, ambas naves realizaron entre 10 y 12 horas de vuelo, cada una. El costo de operación por cada hora de vuelo del helicóptero es de 6.326 dólares y del avión 3.656.

Piloto y copiloto sancionados

Durante su periplo en Morona, la comitiva encabezada por el jefe del Ejército viajó en el avión M28. Estaba acompañado por sus asistentes, el teniente coronel Augusto Torres, el mayor Gabriel Cevallos y dos clases. De acuerdo con los protocolos de viaje, en el desplazamiento también participaba el helicóptero MI-171.

El 25 de enero, el avión no pudo despegar desde Macas. El aeropuerto se había cerrado, debido a un percance de otra aeronave, que quedó varada en medio de la pista.

Cerca de las 16:30, Adatty decidió que la comitiva continuara con el viaje a Patuca, según lo previsto, en el helicóptero ruso. Por su gran tamaño, esta nave usualmente era empleada para transporte de tropa, vituallas y equipos.

Ese momento, el helicóptero ya estaba encendido, con dos de sus motores funcionando y sus tripulantes en el interior, siguiendo los manuales de vuelo. Al mando de la nave estaba el mayor Juan Pablo Narváez y como su copiloto el teniente Jaime Cordones; él falleció meses después en el accidente en Pastaza.

El helicóptero despegó con rumbo hacia Patuca, donde aterrizó cerca de las cinco de la tarde.

Cuando la comitiva desembarcaba, el teniente coronel Marcelo Torres habría pedido al coronel Narváez y al teniente Cordones, que le entregaran en un papel sus nombres y grados por escrito. Eso en vista de que el jefe del Ejército había dispuesto que los sancionaran por no haberle saludado, ni rendido honores, antes de subir al aparato, en Macas.

 

En contra de los dos oficiales se iniciaron procesos disciplinarios, en los cuales los defiende la abogada Terán. La defensa presentó descargos que evidenciaron que los tripulantes no podían abandonar el helicóptero, una vez que se había iniciado el proceso de encendido. El 1 de abril, el proceso fue archivado en contra del teniente Cordones, quien falleció días después. El mayor Narváez fue sancionado con un día de arresto, lo cual fue impugnado. Las semanas siguientes se declaró la nulidad parcial del proceso, que hoy es tramitado por el coronel Diego Cattán Barreiro, comandante del Grupo Aéreo 45, pese a que los plazos establecidos para resolver estos procedimientos administrativos ya terminaron.

El accidente ocurrido en abril dejó a la flota de helicópteros de fabricación rusa inoperativa. El helicóptero 483 se accidentó hace más de una década. En 2010, la Fuerza Terrestre compró dos helicópteros MI (487 y 488), que no funcionan, por falta de mantenimiento (overhaul) y repuestos.