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Tras dos años de lucha, Julia Sánchez y Luis Fernando Vargas, padres de Aarom, el niño que murió poco antes de cumplir los nueve años, sienten que su sufrimiento servirá para que otros que como él viven con alguna discapacidad o vulnerabilidad, cuenten con un protocolo de atención médica que garantizará su derecho a la salud y a la vida.  El pasado 28 de junio se realizó el acto de reparación a la familia en el Hospital del IESS-Quito Sur.

Por Ana María Carvajal

A la familia del pequeño Aarom Vargas Sánchez solo le queda una conexión espiritual con él desde ese 14 de mayo de 2022. Por eso, el pasado 28 de junio en el acto de reparación que se realizó en el Hospital IESS-Quito Sur, acatando una sentencia judicial, lo primero que quisieron escuchar fue un pasaje bíblico, leído por un sacerdote católico. Fue un momento especial para los padres, hermana, tíos, primos, amigos y otras familias de niños con discapacidad que asistieron a esta casa de salud.

Tras dos años de duelo y lucha, Julia Sánchez y Luis Fernando Vargas, padres de Aarom, el niño que murió poco antes de cumplir los nueve años, sienten que el sufrimiento de su hijo servirá para que otros que como él viven con alguna discapacidad o vulnerabilidad, cuenten con un protocolo de atención médica que garantice su derecho a la salud y a la vida.

En agosto de 2023, Código Vidrio develó la historia de Aarom. El niño falleció al poco tiempo de ser trasladado al Hospital Padre Carollo, luego de pasar más de 20 horas de sufrimiento por una grave perforación en su intestino. El niño tenía síndrome de Down y, por esa condición, su umbral de dolor era muy bajo, explicó entonces su madre. Como el pequeño no se quejaba tanto ni presentaba fiebre, la atención fue lenta. Y los resultados de los exámenes que le realizaron tardaron en llegar. Sus padres notaron un bulto en el abdomen del niño. Además, el traslado demoró, cuando finalmente los médicos supieron que requería una intervención quirúrgica urgente, pero no podían hacérsela ahí, pues el IESS Quito Sur no cuenta con unidad de Cirugía Pediátrica.

En el acto del viernes pasado, el IESS cumplió con la sentencia que le dispuso presentar disculpas públicas en el área de Emergencia de ese hospital. Al acto acudieron varias autoridades de esa casa de salud, incluida la doctora Diana Parrales, gerente del Hospital IESS-Quito Sur, quien se dirigió a los padres de Aarom y dijo que más allá de la disposición, estaban allí “por un compromiso moral, a título personal, a título profesional y a título institucional, no solo como Hospital General del Sur de Quito sino como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (…). Como profesionales de la medicina, nos preparamos para salvar vidas y ese es el pacto que hoy venimos a sellar en memoria de Aarom y como un acto de reconocimiento a él y a ustedes, su  familia”, dijo.

Además, explicó que por Aarom empezaron el Protocolo de Atención Integral Aarom que empezó a implementarse de manera obligatoria como norma, a todo el personal médico y de apoyo con el objetivo de mejorar su atención y que está basado en evidencia médica. Contiene -dijo- nuevos pasos fundamentales para aplicarse desde que un paciente llega a la Emergencia.

Empieza con el triaje visual, toma inmediata de signos vitales, admisión pronta al paciente, pase a sala de observación, con atención de un pediatra y prioridad de triaje 3. Si el paciente requiere de hospitalización, se hará la documentación de forma inmediata y si no, tendrá su primer control en máximo 72 horas luego de salir de la institución. La idea es que la atención inicial tenga una demora máxima de 60 minutos.  Este protocolo incluirá capacitación en ese y otros hospitales y casas de salud de la institución.

“El hecho de dar a conocer el caso es sentar un precedente para que no vuelvan a ocurrir estas desgracias como pasó con mi hijo. Tuvo que pasar eso para que hagan conciencia. Salvar vidas no es una opción, es una decisión que ustedes toman como médicos cuando se reciben, pienso yo. A este luto Dios no le dio nombre. Muere el esposo, queda viuda, muere la madre, queda el huérfano. Pero esto no tiene nombre, si muere un hijo Dios no le dio nombre”, dijo Julia Sánchez antes de relatar la agonía de su pequeño. “En el Padre Carollo había 90% de posibilidades de que mi hijo no salga y a pesar de eso le operaron. Ya se quedó en la cama. Ya mi hijito se quedó en la cama, fuerte guerrero. Decidí alzar mi voz y demandar, pero fue para sentar un precedente, para que no vuelva a pasar esto con ningún niño ni ninguna persona con discapacidad”.

Hugo Cahueñas encabeza el equipo jurídico que representó a la familia de Aarom. Él es profesor de la Universidad San Francisco y miembro de la Clínica Jurídica de esa institución. Junto con alumnos de la facultad de Derecho trabajó en ese caso y lograron que la acción de protección favoreciera a la familia. Este pedido no incluía medidas de reparación económica, explica el abogado.

Sin embargo, el tribunal conformado por los jueces Esteban Coronel (ponente) Fernando Sánchez y Mabel Tapia Rosero, resolvió que el niño tenía doble vulnerabilidad y que debían establecerse varias medidas, incluida una indemnización de USD 25.000. Ese valor aún no ha sido entregado a la familia, dijo Cahueñas, pero el IESS informó que el monto ya tiene partida presupuestaria y los certificados llegarán oportunamente. “Las disculpas públicas constituyen una medida que se llama de satisfacción que busca cubrir aquellos aspectos a los que la reparación económica no llega, pero jamás se va  reparar una vida, menos la pérdida de un hijo, dijo Julia. Ese vacío será eterno, pero es un avance importante”.

Al final del acto, Julia y Fernando develaron una placa en memoria e Aarom que deberá permanecer siempre en la sala de Emergencias del IESS Quito Sur, como un recordatorio de la historia del pequeño cuya sonrisa se apagó por falta de atención médica oportuna.

La Maná, en Cotopaxi, es un puente megadiverso único entre Cotopaxi y Los Ríos. Sus hermosos parajes naturales, el agua (su recurso más preciado), la historia y la leyenda confluyen. Además de su megadiversidad, es un patrimonio arqueológico. Es considerada la última morada de los incas-quiteños y de su monarca Atahualpa.

Por Ana María Carvajal
Fotos de Armando Prado

Todo en La Maná es único. Desde su historia, el modo en que nació como cantón, cómo se pobló, cómo ha crecido, las historias que forman parte de su imaginario colectivo. Y ese es precisamente el centro de su encanto, que ha dado origen a leyendas que son un patrimonio de los habitantes de esta zona megadiversa, rica en bosques primarios y fuentes de agua, sumamente apreciadas, por su riqueza mineral.

La Maná se volvió un foco de atención desde el mes pasado cuando se conoció que hace ocho años la empresa minera Comiange estaba contaminando su frágil ambiente, arrasando con su flora y fauna, por prácticas extractivas ilegales, sin contar con licencias ambientales. Eso con la complicidad y silencio de funcionarios de organismos de control. La semana pasada la justicia ordenó la suspensión de toda actividad minera de esa empresa.

El miércoles pasado un equipo de Código Vidrio se trasladó a esa zona. Para llegar a La Maná desde Quito hay que tomar la Panamericana Sur y desviarse por la ruta La Maná-Pujilí-Latacunga. El día está despejado y nos permite apreciar paisajes de ensueño, con multicolores parches de sembríos, en las laderas de los montes, que contrastan con la vegetación endémica de la zona. Es una ruta culebrera y de descenso pronunciado que tiene numerosos miradores, con vistas espectaculares, en las comunidades de Zumbahua, Tigua, Apagua, Pilaló…

En el trayecto, los matices del verde van cambiando y también los naranjas, amarillos, rojos y rosas de flores y hojas. Entre más se aproxima al subtrópico, los cerros y montañas se vuelven más densos en vegetación; el frío intenso del páramo, -que en ciertos puntos baja los cero grados-, va cambiando y elevándose hasta bordear los 24 o 25 grados cuando se llega a La Maná, ubicada en una zona subtropical de mucha humedad.

En las calles principales de este pequeño poblado hay movimiento. Una de las más concurridas es la av. 19 de Mayo, donde se encuentran decenas de restaurantes de comida tradicional ecuatoriana e internacional. En esa vía también se encuentran los principales hoteles de la ciudad.

Otro punto concurrido es el Parque Lineal La Pista. Allí, las familias salen con los niños a jugar incluso por las noches, los atletas corren en la pista. Otros simplemente pasean o aprovechan para comer en los restaurantes que hay en los alrededores. La zona es muy segura.

Pero, sin duda, la riqueza vital de La Maná está fuera de su centro poblado. Sus atractivos se entremezclan  entre sus hermosos parajes naturales, ríos y cascadas, la historia y la leyenda. Sus atributos privilegiados como uno de los polos energéticos del planeta que algunos estudiosos destacan. Este cantón cotopaxense está a 20 minutos de Valencia y a 40 minutos de Quevedo, en la provincia de Los Ríos.

En esa zona aún hay varias hectáreas de bosque húmedo subtropical, que se forma entre 200 a 600 metros sobre el nivel del mar y que colinda con El Chocó, según el biólogo Santiago Yerovi. Allí, la temperatura fluctúa entre 24 y 28 grados y la humedad puede llegar al 90 %, ya que la lluvia puede superar los 4.000 milímetros cúbicos al año. Precisamente el agua es la que sostiene este ecosistema, tanto desde el cielo como de fuentes subterráneas.

Para comprender mejor ese universo natural único, Yerovi está levantando un estudio que tomará un año. El biólogo afirma que existe muy poca información sobre la riqueza del bosque de La Maná,  donde en pocos minutos se puede constatar la presencia de hasta 30 especies de aves y 300 tipos de insectos. Esa es solo una primera aproximación a este bosque en el que, además, hay todo un mundo de anfibios, reptiles, mamíferos aún por explorar. Por ejemplo, se han visto varios tipos de lagartijas, serpientes equis, dos especies de coral, entre otras.

Un descubrimiento inesperado cambió la historia de La Maná

Un personaje del que todo lamanense ha oído hablar es el “doctor Sotomayor”. Así lo llaman siempre y todos tienen su propia versión sobre lo que él descubrió, porque es importante para ese lugar. Dos años antes de que La Maná lograra su ansiada cantonización, ocurrió un hecho misterioso, desconcertante. Guillermo Sotomayor había explorado años atrás sus tierras y extrajo oro de ese rico bosque húmedo y caluroso. También encontró vestigios arqueológicos que fue coleccionando. Pero un día empezó a tener experiencias que lo detuvieron en su afán minero.

La gente en La Maná afirma que Sotomayor encontró varias rocas, algunas en forma de pirámide y una de ellas se asemejaba a aquellas que se asocian a la cultura masónica y que, según la gente de La Maná, es una antena cósmica. Esta se complementaría con la pirámide Guiza en Egipto, y con una hallada de lo que hoy es Irak, que fue entregada por masones expulsados a Benjamin Franklin en la naciente república de Estados Unidos. Es la imagen que habría inspirado al famoso diseño del billete de un dólar. El mito dice que la tercera pirámide es la que Sotomayor habría encontrado en La Maná, exactamente a una distancia que representaría el 30% de la tierra de la gran pirámide de Egipto.

Sin embargo, su hija Alegría Sotomayor en una entrevista la medio Tours en Ecuador Xplorer, relató que a inicios de los ochenta su padre le contó que soñaba y visualizaba imágenes y las tallaba. Entre ellas estaban las famosas pirámides y una serpiente. Lo hacía porque creía que tenían un significado. “Es increíble, es un secreto que se llevó a la tumba. Él tenía su laboratorio, se despertaba a la medianoche y decía tuve un sueño y se ponía a dibujar. Me preguntaba ¿qué te parece? Le decía ¿qué es? Y él me respondía: ‘yo no lo sé’”.

§ La Maná, en Cotopaxi, es un puente entre la Sierra y la Costa. Está situada a unos 150 km de Latacunga y a 33 kilómetros de Quevedo. Es una zona agrícola exportadora de banano, tabaco fino, cacao, café, abacá, yuca (mandioca) y plátano verde. También es rica en minerales, especialmente oro. Tiene unos 42 mil habitantes. Además de sus riqueza en biodiversidad, de fuentes de agua y minerales, es un patrimonio arqueológico. Es considerada la última morada de los incas-quiteños, donde se rendía culto al malqui Atahualpa, último monarca del Tahuantinsuyo. §

Germán Albán, arquitecto y promotor de la cantonización a inicios de los años 80, dice que los mandalas o las rocas de La Maná son solo un componente de un lugar que es un centro sobre el que se teje el misterio. Sobre esta historia se construyó un mito que se alimenta de la energía que se siente claramente en este pueblo mágico, rodeado por más de veinte cascadas en su jurisdicción y cantones vecinos de Pujilí y Pangua. Su suelo es rico en minerales y perfecto para cultivar banano, cacao, palma, caña de azúcar, café, brócoli, naranja, mandarina, maracuyá y otras delicias. De hecho, el suelo de La Maná es de los más fértiles de Cotopaxi y en su parroquia rural, Pacayacu, se desarrolla una feria de ganado bovino que permite un intercambio comercial entre la sierra y la costa.

Las historias que relata la gente van desde que Sotomayor construyó un ovnipuerto y que aún hay muchos misterios que esconde el bosque, las piedras y las pirámides colocadas en los tanques que construyó en las fuentes de agua viva. Además de la primera marca Agua Viva, que comercializó luego de descubrir que en sus terrenos, mucho más preciado que el oro, era el agua que proviene desde el volcán Cotopaxi, por  debajo de la tierra. Fue esa misma agua milagrosa la que, según los relatos familiares, salvó la vida de su hija Alegría, cuando los médicos decían que no había esperanzas de que sobreviviera.

Tanto se extendieron las historias de ovnis y sucesos extraños por la energía de la zona, que los trabajadores de la embotelladora Splendor comentan que inclusive una acaudalada empresaria construyó hace algunos años en esta zona un búnker para refugiarse, cuando se vaticinaba que el mundo se acabaría en 2012.

Ese acontecimiento no ocurrió pero la construcción sigue allí como un testimonio de esa historia, muy cerca de un resort, en forma de pirámide, que está próximo a inaugurarse y empleará a habitantes de esta zona, como un polo de desarrollo turístico.

Mucho de ese misticismo se conserva en la tecnología que hoy todavía se usa en Estero Hondo para obtener el agua de esa zona. El agua se extrae de los acuíferos y viaja por tuberías de acero quirúrgico e imanes con el fin de garantizar que mantenga sus propiedades hasta llegar a los consumidores. Este proceso es aplicado precisamente en la planta de Splendor.

Naturaleza, vestigios y caminos por explorar

La Maná como hoy se conoce es un pueblo muy joven. Su iglesia, que es uno de sus atractivos, se construyó apenas en 1953 y su carretera hasta esa época era conocida como la vía las Siete Lomas, de acceso de Pujilí a Quevedo. Tiene tres parroquias, la más grande, La Maná, que es la única urbana, y Guasaganda y Pucayacu, que son rurales.

Sus atractivos están dentro de sus límites como sus vecinos, pero su gente afirma que La Maná es el centro de operaciones, pues la zona urbana de Pujilí está a 2 horas y 40 minutos de sus límites con el siguiente cantón.

Algo parecido ocurre con Pangua. Uno de los atractivos de la zona es el río Calope, que es el límite natural entre ambos cantones. Unos metros más adelante están las Siete Cascadas, que están en un terreno privado, al que se puede acceder por un dólar de entrada. Están ubicadas en el Recinto La Envidia, que pertenece a Pangua. Allí trabaja Benito Ramos, quien recibe a los visitantes que suelen recorrerlas en una o dos horas.

Algunos prefieren acampar y allí les prestan el servicio. Ramos cuenta que la llegada de turistas ha aumentado, porque la Prefectura recientemente habilitó un paso provisional por el río para vehículos. Por más de un año, la gente solo podía avanzar a pie, pues el río creció en marzo de 2023 y se llevó el puente.

La Tumba de Atahualpa

El lugar es atractivo para ecuatorianos y extranjeros. El último miércoles de junio, Fanny Calvache, de Latacunga, llevó a unos amigos y a su familia a visitar las cascadas, para que pudieran disfrutar de la comida, la naturaleza y la hospitalidad de los lugareños. La idea era aprovechar la visita de Érika Haro, de 18 años, quien es hija de un manabita y una salcedense, pero nació en Barcelona, España y vive allí. Para ella es una experiencia emocionante disfrutar de la libertad que siente en medio de los parajes naturales de Ecuador. “Han sido días increíbles”, dice.

Uno de los rincones que más historia y misterio encierran son las ruinas de Malqui Machay, en la parroquia Guasaganda. Este lugar es considerado la posible tumba de Atahualpa, según la teoría de la historiadora Tamara Estupiñán, quien señala que su nombre sería una clara pista: Malqui significa cadáver del Inca, y Machay describe un sitio de descanso final. Ella hizo una larga investigación documental e in situ y encontró las ruinas en ese lugar, pero su trabajo está en suspenso. Sin embargo, se pueden conocer los vestigios ya expuestos y contagiarse del misticismo del lugar. El ingreso es por un camino en la vía entre Chugchilán y Pucayacu.

En La Maná hay varios sitios para hospedarse. Uno de ellos es El Refugio de Grace Hotel, de Holger Cepeda y Carmita Zambrano. Cepeda cuenta que cada vez que llegan visitantes les recomienda visitar ese lugar, pero también la Cascada del Milagro, en Pujilí, el Guadual, los cerros Tilipulo, La Maná y La Virgen, la cascada Lomapí y comer delicias de verde, yuca y carnes preparadas con ganado criado en la zona. La cascada del Oso o La Cueva de los Murciélagos son otras alternativas.

A Cepeda, como a muchos de los tenderos y meseros y dueños de otros locales de La Maná le gusta contar historias curiosas. Por ejemplo, les relata la vez cuando el ingeniero Sotomayor, dueño del Estero Sagrado, en ese entonces se candidatizó a presidente de la República. “Él decía que con el oro del Estero Hondo se pagaría la deuda externa y que el agua sería el negocio del futuro. Yo creo que no se equivocó”, dice.

Aunque en principio él fue de los promotores de la minería y, según cuenta Albán, tenía sacos llenos de oro en su oficina, luego entendió que era más importante cuidar el medioambiente y apoyó los sueños de volver cantón a La Maná. Como todos, era un migrante que se enamoró de ese lugar: Cepeda nació en Puembo, Sotomayor era de Quevedo y Albán de Latacunga. Los tres se encontraron en La Maná y la vieron crecer hasta convertirse en el cuarto cantón más poblado de Cotopaxi, con sueños de crecer, sin perder su encanto natural.

Albán cuenta que en medio de la década que tomó la cantonización y los eternos viajes hacia Quito por la sinuosa carretera, un día Sotomayor les regaló media barra de oro. El comité de cantonización compró la otra mitad y tallaron en el lingote: La Maná. Lo trajeron con cuidado a Quito y se lo entregaron como un símbolo de la riqueza que significaba su tierra para el país al entonces presidente del Congreso, Raúl Baca Carbo. Entre risas, recuerda que el político lo recibió con gusto y agradecimiento. Hubo abrazos y optimismo, pero la meta no se logró.

La Maná se convirtió en cantón el 19 de mayo de 1986, cuando Averroes Bucaram dirigía el parlamento y León Febres Cordero presidía el Ecuador. Los lamanenses celebraron su triunfo en el Congreso y claro, al regresar a su tierra organizaron su primer comité de fiestas. Desde entonces, cada año en esa fecha hay algarabía en sus calles.

 

El excomandante del Ejército, Luis Altamirano, sostiene que el Consejo Supremo de las FF.AA. está mal asesorado por su departamento jurídico, que excluyó del ascenso para general de División al director de Operaciones, Alexander Levoyer. Asegura que el Mando no le permitió participar al oficial en la calificación, aplicando una normativa de forma retroactiva, lo cual es ilegal e inconstitucional. Altamirano fue jefe de la Fuerza Terrestre cuando Levoyer entró en el proceso para ascender de coronel a general de Brigada. Él elaboró el informe que luego le sirvió a Levoyer para ser promovido, en agosto de 2021, por su desempeño destacado en la guerra de El Cenepa. En ese conflicto, cuando era capitán de Artillería, en 1995, Levoyer comandó la unidad que derribó cuatro helicópteros del ejército peruano. Además cumplió 15 misiones de fuego de artillería de saturación área, con el lanzamiento de 609 cohetes tierra-tierra. Esas operaciones tuvieron un efecto devastador sobre el adversario y fueron determinantes para ganar el conflicto, subraya el exjefe de la Fuerza Terrestre. 

Por Arturo Torres

-El Consejo Supremo de las FF.AA. excluyó de la calificación de ascenso al general Alexander Levoyer, quien apeló esa decisión ante el Ministro de Defensa. Usted fue parte del Consejo que años antes lo calificó para ascender a general de Brigada. ¿En qué se basó el Mando para justificar la exclusión de Levoyer de este último proceso?
-El 24 de enero de 2023, con la promulgación de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, se incluyó como requisito específico para el ascenso al grado de General de División, que el postulante haya contado con la resolución favorable del Consejo de Oficiales Generales o del Consejo Supremo de las FF.AA., lo cual inhabilitaría el ascenso del general Alexander Levoyer. Sin embargo, esta norma se expidió luego de la fecha en la cual fue promovido del grado de coronel a general de Brigada, la que corresponde al 10 de agosto de 2021. En este contexto, el asesoramiento jurídico no consideró preceptos básicos que constan en el Código Civil. Entre otros, el art. 7 el cual indica que la ley no dispone sino para lo venidero, no tiene efecto retroactivo. Esto significa que este cambio promulgado en 2023 debe aplicarse para las promociones que aún no han sido calificadas para el grado de General de Brigada, en la fecha indicada.

-La defensa de Levoyer destaca que la Comisión integrada para los ascensos estableció unilateralmente que no cumplía los requisitos para entrar en la selección, pues el consejo de generales del Ejército, en 2021, no dio paso a su ascenso, aunque luego reconoció que se había equivocado en una valoración de una nota y lo promovió. Entonces la exclusión no tendría un sustento jurídico, es ambigua y subjetiva. ¿Cuál es su criterio?
-Durante ese proceso yo ejercía las funciones de Comandante del Ejército, y por lo tanto presidía el Consejo de Generales. En el proceso de calificación, el entonces coronel Levoyer no fue considerado para el ascenso al grado de general de Brigada. Posteriormente el oficial presentó una solicitud de reconsideración al Consejo, argumentando que uno de los requisitos que le permitiría alcanzar el puntaje, de 350 sobre 500, para ser promovido al grado de general de Brigada, no se había considerado de forma positiva. Pidió que se reconsiderara el ítem “Permanencia en unidades de riesgo por un lapso no menor a 5 años”, en vista de que la Batería de Artillería Ametralladora Misil N-21., no se encontraba considerada como unidad de riesgo, pero había participado durante el conflicto del Alto Cenepa. Cabe recalcar que la Directiva sobre Unidades de Riesgos había sido aprobada luego de este evento histórico.

«Durante su permanencia como comandante de la Batería de Artillería Ametralladora Misil N-21. Alexander Levoyer asumió, a la vez, las funciones de Coordinador de Apoyo de Fuegos de Artillería, contando para ello con parte de una Batería de Lanzadores Múltiples de Cohetes BM-21 (artillería de campo), y una sección de cañones de 105 mm. Esta fue una de las unidades fundamentales durante las operaciones en la guerra del Cenepa, fue responsable del derribo de cuatro helicópteros del Ejército del Perú. Además cumplió con 15 misiones de fuego de artillería de saturación de área, mediante el lanzamiento de 609 cohetes tierra-tierra. Estos dos elementos tuvieron un efecto devastador sobre el adversario, pues restringió por completo el acceso a los helicópteros de ataque y transporte enemigos, impidiendo el ataque aire-tierra (con fuego de ametralladoras y rockets) a nuestras tropas y produciendo el alargamiento de las líneas logísticas de apoyo a las fuerzas peruanas en tierra. Además, el fuego de artillería terrestre generó un desbalance estratégico en el campo de batalla, al no disponer el adversario – en el sector de operaciones del Cenepa- de material similar o equivalente; más allá de las bajas y daños materiales causados, influyó en forma importante en el estado anímico del adversario por la enorme superioridad de apoyo que esta capacidad bélica permitía».

¿Y qué pasó con la solicitud de Levoyer para que se tomen en cuenta en su calificación su desempeño como Comandante en la Batería de Artillería fue aceptada? 
No fue aceptada. Posteriormente el coronel Levoyer apeló al Consejo Supremo de las FF.AA., sin recibir una aceptación, retornando el tramité al Comando del Ejército. En estas circunstancias, el Consejo de Generales del Ejército negó por tercera ocasión la revisión del proceso. En mi calidad de Comandante del Ejército presenté un informe en el que argumenté que se trataba de un error de la administración, pues no tenía lógica alguna que se sostenga en una decisión por una Directiva de Unidades de Riesgos, que no se compadecía con la realidad del pasado de la institución, y de la persona que estaba siendo evaluada. Con base a este informe, el coronel Levoyer realizó un pedido extraordinario de revisión al Ministerio de Defensa, que pese al alargamiento de la respuesta jurídica -más allá de los plazos establecidos- dispuso su ascenso.

-Levoyer también indica que se lo excluyó de la selección en un proceso unilateral, que violó su derecho a la defensa, pues nunca fue notificado con el inicio de este procedimiento administrativo, para que pudiera presentar sus pruebas de descargo. ¿En estos casos cómo se manejan los procedimientos en la Comisión de Ascensos? ¿Es usual que decidan excluir a cualquier oficial sin pedirle su versión para no dejarlo en la indefensión?
-El Consejo Supremo de las FF.AA. para iniciar el proceso de calificación debió recibir el parecer jurídico del Ejército, en el cual se estableció la existencia del no cumplimiento del requisito constante en la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de FF.AA. Sin embargo, como expliqué anteriormente, la aplicación de esta normativa tendría un carácter retroactivo, toda vez que el general Levoyer, al publicarse la misma ya se encontraba en el grado de General de Brigada. Este parecer debió ser analizado en el Consejo Supremo, como órgano regulador de carrera, para el caso pertinente. En este sentido debió observarse lo consagrado en el artículo 11 de la Constitución, que establece: “Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”. Debe entenderse que el ascenso militar es un derecho, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. En el presente caso se incluyó un requisito posteriormente, luego de haber alcanzado el grado actual. Cabe recalcar que el general Levoyer no ha sido sujeto a un proceso de evaluación de su desempeño en el grado, pues al argumentar el no cumplimiento del requisito mencionado, ha quedado inhabilitado de tal procedimiento. Eso pese a que ha tenido una función destacada en las asignaciones encomendadas. Su conducta no solo ha mostrado el liderazgo y profesionalismo que demanda las funciones cumplidas, sino el compromiso y voluntad importante de enfrentar la situación que el Ecuador atraviesa.

-Levoyer efectivamente ha tenido una carrera destacada, es considerado un oficial íntegro por sus compañeros y subalternos, siempre ha estado entre las primeras antigüedades, incluso tuvo un desempeño valiente, destacado, en la guerra del Cenepa, por lo cual fue condecorado. ¿Cuál es la señal que está dando el mando de FF.AA. a sus miembros cuando excluye de esta forma, sin motivación ni argumentos legales sólidos, a un oficial que es visto como un referente y un ejemplo?
-No conozco si más allá del señalamiento de la inhabilidad que se le imputa al General Alexander Levoyer -de ingresar al proceso de evaluación y selección para el siguiente grado- se haya establecido otros argumentos. Estimo que no. Es importante comprender más allá de la persona, un elemento fundamental en un estado de derecho, es la seguridad jurídica, en este caso con respeto a la regulación de la carrera militar. Imaginemos que el día de mañana se modifica la ley referente al ascenso que debe cumplir cualquier miembro de las FF.AA., esta alteración o cambio no puede regir para la promoción al próximo grado, sino para los subsiguientes. La Constitución, en el artículo 76, también es un elemento que debe entrar en el análisis jurídico. Este artículo indica: «En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”.

-Se ha denunciado constantemente que los procesos de ascensos a generales tienen un grado alto de subjetividad, que en algunos casos ampara la promoción de oficiales que tienen padrinos, o excluye a quienes no han sido obsecuentes con quienes están en el mando y han sido críticos. ¿Cómo evalúa la independencia y madurez del actual Mando, su ecuanimidad, para evaluar de forma justa a los oficiales?
-Uno de los desafíos en todo proceso de evaluación es el grado de objetividad que puede lograrse. Alrededor de los procedimientos que se aplican hay una serie de elementos que necesariamente recaen en aspectos subjetivos, y que difícilmente pueden ser valorados en una escala numérica o que generen un consenso absoluto. Sin duda, es necesario que quienes conforman estos órganos reguladores de la carrera militar se desprendan de intereses particulares o sectarios. Con ello no digo que esto haya ocurrido en el presente caso. A lo largo de cerca de 40 años de permanencia en FF.AA., he visto situaciones excepcionales de aplicación diferenciada de la norma, en procesos de reconocimiento de desempeño o sancionatorios. El mando debe recordar que conductas de esta naturaleza destruyen la fe en la institución, afectando la credibilidad del sistema y alentando a prácticas reprochables. Es por ello que casos como estos deben ser revisados, argumentados adecuadamente, sin que ello quebrante las leyes o normas. En mi opinión, ha existido debilidad en el asesoramiento jurídico, con base a los aspectos que se ha señalado. No es responsable de mi parte, con base a este hecho establecer un criterio de la madurez del mando, pues justamente, basado en este concepto, al no contar con información más amplia de lo sucedido me veo impedido de establecer un juicio de valor en tal sentido.

-Desde enero pasado, el presidente Daniel Noboa declaró la guerra interna contra 22 grupos narcoterroristas. Y puso a las FF.AA. y la Policía al frente de un conflicto que se libra en varias provincias. ¿Cuán lógico es que por motivos burocráticos y administrativos el Mando mande a su casa a cuatro generales que ocupaban puestos claves en el Ejército, en medio del conflicto?
-Las FF.AA se han caracterizado por procesos rigurosos de selección para el ascenso, más aún cuando se califica para el grado de general, toda vez que un aspecto que se considera es que cualquiera de los seleccionados estaría en la posibilidad de ocupar el cargo de comandante de una de las ramas de las FF.AA. Esto no quiere decir que haya una infalibilidad completa. En tal sentido entiendo que el proceso desarrollado haya observado aspectos del cual no puedo pronunciarme al desconocer sus detalles, no así en el caso del General Alexander Levoyer, toda vez que es público, y ha sido el único oficial de los cuatro que ha solicitado un procedimiento de apelación al Ministerio de Defensa.

-Usted es un estudioso del ajedrez. ¿Se puede decir que en este caso, en plena partida, el Mando sacrificó dos alfiles, una torre y un caballo para conservar el último caballo?
-El ajedrez es un juego que conlleva una serie de estrategias que permite el uso de celadas o combinaciones. El sacrificio, denominado de esa forma, se lo hace en el marco de los dos elementos señalados anteriormente, procurando obtener un resultado posicional superior frente al adversario, a pesar que el resultante inmediato conduzca a una deficiencia material, esto es en piezas disponibles en el tablero. Un sacrificio -en este apasionante juego- pretende alcanzar mejores resultados. Ahora bien, si hay un mal calculo en las variantes que devienen de un sacrificio sus resultados pueden ser catastróficos. En este contexto no me atrevo a decir que se trate de un “sacrificio”, sino más bien del resultado de un proceso, que entiendo debe ser justificado a quienes no han sido seleccionados para el ascenso. Recordemos que el ajedrez es un juego en donde la ubicación de todas las piezas son visibles a los dos contendores. La vida real, por experiencia propia, lo compararía con un juego de cartas, allí saber jugar es importante, pero no siempre produce los mejores resultados, pues la fortuna o coincidencias influyen grandemente. Aún más cuando es un juego que puede estar sujeto a “mañas” o “trampas”. En el ajedrez esas mecánicas no existen. Espero que conservemos el “As” de la baraja, pues el General Alexander Levoyer le ha dado “una buena mano” al juego perverso del crimen organizado en las funciones que le ha correspondido ejecutar.

-¿Cuál es su lectura sobre las decisiones que está tomando el Mando, concretamente esta última de sacar a cuatro altos oficiales en tiempos de conflicto? Eso no desnudaría una falta de estrategia,  que busque logros eficaces, a mediano y lago plazo, con el empleo racional y eficaz de los escasos recursos humanos, sobre todo de altos oficiales con una alta preparación, con los que cuenta las FF.AA.
-Los procesos administrativos de selección y calificación para los ascensos no deben estar alejados de la realidad que afronta el país. Sin embargo, estos se sujetan a normativas específicas que deben ser observadas. La concepción operacional militar es independiente de la administración de la institución, tanto en este caso así como en otros relacionados a la regulación de la carrera militar.

¿Cómo ve el desenlace más favorable de esta crisis a propósito de las decisiones que tomó el mando sobre el ascenso del general Levoyer?Fundamentalmente debe resolverse el tema jurídico, pues se debe discutir si la norma vigente es o no aplicable a la situación del general Alexander Levoyer, tal como ya lo he expresado.

¿Cree que el Ministro de Defensa enmendará las equivocaciones del Mando, cuánto tiempo tiene para pronunciarse?
-Estoy convencido que el presente caso tendrá una respuesta favorable, pues más allá de la hoja de servicio del general Levoyer hay un error jurídico en el asesoramiento al mando militar, al aplicar la normativa vigente en un claro sentido retroactivo. El Ministro deberá pronunciarse en un máximo de 30 días, desde la presentación de la apelación. Cabe recalcar, que una respuesta favorable, abre la puerta a que el referido oficial recién pueda ser sometido al proceso de evaluación para el ascenso por parte del Consejo Supremo, pues esto no se ha cumplido, al ser excluido a este procedimiento por encontrarse inhabilitado.

-¿Qué ocurriría si el Ministro niega la apelación, puede el general Levoyer interponer una demanda en la Corte Constitucional?
-En el caso que se niegue la apelación, no cabe la presentación de un recurso extraordinario de revisión, pues no existe instancia superior al ministro de defensa en términos de la facultad administrativa en FF.AA. Lo que sí es procedente es que el general Levoyer presente al Ministro de Defensa una solicitud de revisión de la decisión, para que esta cartera de Estado proceda con una autotutela administrativa, la que es una facultad que posee la autoridad -en este caso el ministro- de hacer frente a un pedido de revisión. Concluido este trámite, en el caso que persista una negativa a que sea sometido al proceso de calificación, el general Levoyer habrá agotado todas las instancias administrativas en la institución militar, por lo cual deberá ser separado obligatoriamente de la misma, sin que ello le impida apelar la decisión al Tribunal Contencioso Administrativo. Esa es otra historia, una bien larga.

¿Sea cuál fuere la decisión del Ministro, cómo evalúa usted el liderazgo del actual Mando?
-Liderar una institución demanda varias cualidades profesionales y personales, esto conlleva mantener una perspectiva innovadora, la cual no se sujeta a la exclusiva gestión y administración de la coyuntura. Es importante caminar hacia procesos de cambio importantes para que  las FF.AA. estén a la altura de las circunstancias para un futuro impredecible y de abundante incertidumbre. El resultado de la Guerra del Cenepa fue un trabajo de años, de prospección y anticipación. En este marco el factor político es importante, hoy enfrentamos lo urgente; sin embargo, no podemos perder de vista la necesidad de ver más allá del día a día que enfrenta el país. Estimo que este repensar, despojados del interés de cada uno de los componentes que forman las FF.AA. debe primar ante todo. No me atrevo a dar un juicio de valor sobre el liderazgo del actual Mando, pero considerando los procesos de selección a los que han sido sujetos son actualmente los más representativos de la institución armada en término de méritos, preparación y cualidades profesionales.

-Desde el año pasado, los militares de las tres fuerzas han estado sometidos a ritmos forzados para enfrentar el crimen organizado y sus diferentes manifestaciones. Las tropas están cansadas, saturadas. ¿No es un error del Gobierno seguir apelando a lo punitivo, tratando de contener la criminalidad exclusivamente con militares y policías? El cansancio de las tropas se evidenciaría también en la salida de más miembros de FF.AA. El año pasado, 6.000 militares pidieron la baja, según denuncias de la prensa. ¿Cuál es su apreciación sobre este fenómeno?
-Estimo que el numérico presentado no es correcto, es importante puntualizar que la salida del personal de FF.AA., no es cíclica, existen picos, normalmente causados por la incertidumbre de la normativa que les regirá a futuro en términos de la seguridad social, al cual se añaden otros factores. La salida histórica en las tres ramas militares oscilan entre 1.100 a 1.300 al año. Los picos más representativos se presentaron en 2015 y 2016, con un numérico de bajas de aproximadamente de 1.700, cada año, justamente producto de las pretendidas reformas a la seguridad social militar que se encontraban en debate por parte del gobierno de turno. Otro importante número elevado de salidas se produjo en 2022, con un total de 2.130, causado nuevamente por la incertidumbre de las reformas que trabajaba el Ministerio de Defensa en ese año. Allí una falta de pedagogía. No en tanto, en 2023 dejaron FF.AA aproximadamente 1.170 uniformados. En esta año hasta el mes de mayo el estimado apenas sobrepasaba los 500 efectivos, lo que se puede catalogar como una situación de normalidad, producto de la no selección para ascensos, cumplimiento de tiempo de servicio o desvinculaciones voluntarias. Ahora bien sin desconocer este “rumor” de un crecimiento de pedidos de baja, es preciso que se aclare desde el Ministerio de Defensa, pues su efecto genera zozobra y produce una imagen negativa, así como más bien puede inducir a que esto genere un aumento de solicitudes. Sin embargo, es preciso reconocer que hay una presión elevada sobre los miembros de la institución militar, pues su forma de operar y rotación es muy diferente a otras instituciones. Esto lógicamente genera un desgaste en el personal militar; sin embargo, la adecuada planificación administrativa puede alivianar las difíciles circunstancias a las que se encuentran sujetos el personal uniformado. Consideremos que hay unidades que sus sistemas de trabajo son de 28 días de actividades seguidas, sin horario fijo, con descansos de cuatro a seis días. Sin embargo, la preparación a la que los miembros de las FF.AA. son sujetos son una garantía a la misión encomendada a FF.AA.

El general Alexander Levoyer apeló y pidió la nulidad de la decisión del alto mando de las Fuerzas Armadas que lo excluyó -sin ninguna motivación jurídica, violentando sus derechos legales y constitucionales- de participar en el proceso de calificación para ascender a general de División. El Ministro de Defensa deberá resolver el pedido del oficial, que es director de Operaciones en el Ejército. 

Redacción Código Vidrio

Hasta el lunes 24 de junio, cuando apeló esa resolución ante el Ministerio de Defensa, no se conocía públicamente que el director de Operaciones del Ejército, Alexander Levoyer, había sido excluido de la selección para ascender a general de División.

Ese día, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) anunció que en el proceso de selección entre los cinco generales de la promoción 85 solo fue ascendido a ese grado el jefe del Ejército, Fernando Adatty.

Así, el mando militar dejó fuera del Ejército (la fuerza más numerosa de FF.AA.) a los generales Pablo Velasco, Alexander Levoyer, Juan López y Franklin Pico, en medio del conflicto interno que el gobierno mantiene contra 22 grupos narcoterroristas, desde enero pasado.

La decisión del mando ha generado malestar entre oficiales y miembros de la tropa de las diferentes fuerzas. Sobre todo, por la decisión de no calificar a Levoyer, quien es respetado por su liderazgo, desempeño sobresaliente y su vocación de servicio durante su carrera militar de 40 años. Desde enero, ha sido la cabeza de las operaciones de Fuerzas Armadas contra los grupos criminales en todo el país. Anteriormente estuvo al Frente de la Fuerza de Tarea Esmeraldas, que logró una significativa reducción de los índices delictivos, según reportes del Gobierno.

Hasta que se resuelva la apelación en el Ministerio de Defensa, en los próximos días, Levoyer seguirá ocupando el cargo de Director de Operaciones.

El general (SP) Paco Moncayo, cuestionó la última resolución del mando de sacar a cuatro generales en medio de una guerra interna. “Si estamos en guerra no podemos estarnos desangrando nosotros mismos. Cómo podemos perder la experiencia de personas que han estado combatiendo en el terreno. Se están aplicando las normas burocráticas (de calificación para ascensos) que pueden estar muy bien en época de paz”, observó Moncayo, quien fue jefe del Comando Conjunto de FF.AA. durante la victoria de la guerra del Cenepa, en 1995. Precisamente, Levoyer combatió cuando era capitán de Artillería en el conflicto con Perú. Fue condecorado con el reconocimiento Encomnio Solemne “por su excepcional valor precautelando la defensa y soberanía nacional” en esa guerra.

“Creo que debe haber una reflexión al interior de las FF.AA., porque nadie está acusando a los generales no ascendidos de ninguna actitud delictual o inmoral de ningún tipo; sino que en esta estricta forma que tenemos, desde mucho tiempo atrás, de calificar los ascensos hay que diferenciar si estamos en guerra o en época de normalidad. Hoy estamos en una guerra, nos hacen falta recursos humanos valiosos”, destacó Moncayo en una entrevista en radio Democracia.

Los generales dejan a Levoyer en indefensión

Al anunciar su decisión, el Comaco indicó el lunes anterior que la selección de Adatty “obedeció a un proceso transparente, con estricto apego a las leyes y reglamentos de FF.AA.”. No obstante, en la apelación presentada por Levoyer se evidencian violaciones legales y constitucionales flagrantes, descritas y fundamentadas en un alegato de 23 páginas, revisado por Código Vidrio, que deberá ser resuelto por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Levoyer pidió la nulidad de la resolución del Consejo Supremo, encabezado por el contralmirante Jaime Vela. Sostiene que el Consejo de FF.AA. “violó sus derechos constitucionales a la defensa, debido proceso e igualdad ante la ley”.

El oficial fue excluido, según la apelación, sin ninguna justificación legal, de manera unilateral, sin que haya podido presentar sus pruebas de descargo, lo cual lo dejó en indefensión.

Estos hechos empezaron a evidenciarse desde el 5 de junio pasado. Ese día, la Comisión Especial del Consejo expidió el informe COSUPRE-CE-2024-001-O titulado: «Sobre las inhabilidades de los superiores Generales de Brigada de la promoción 85 arma de la Fuerza Terrestre». Ese reporte fue conocido por el Consejo Supremo dos semanas después, el 19 de junio, en una sesión ordinaria. Participaron los contralmirantes Vela, Miguel Córdova, comandante de la Marina, y el brigadier Celiano Cevallos, jefe de la Fuerza Aérea.

En vista de que el informe de la Comisión detallaba señalamientos y conclusiones jurídicas de un supuesto incumplimiento de un requisito para el ascenso de Levoyer, antes de tratarlo y tomar una decisión, el Consejo Supremo debió convocarlo -según mandan la Constitución y la ley-  para que pudiera defenderse en una audiencia. Pero no lo hizo. Tampoco le pidió sus descargos ni le notificó su decisión la Comisión que estableció la presunta inhabilidad para el ascenso.

“Al no notificarle con el proceso, el Consejo Superior lesionó el derecho a la defensa del general Levoyer”, destacó su abogado Xavier Ramírez.

Ante las violaciones al debido proceso, el 20 de junio Levoyer pidió al contralmirtante Vela ser recibido en comisión general para defenderse, lo cual no fue proveído en forma oportuna.

¿Por qué el Consejo sacó a Levoyer de la calificación? Según el mando, el oficial no podía entrar en la calificación porque en febrero del 2021 el Consejo de Oficiales del Ejército, en primera instancia, lo había declarado no apto para ascender de coronel a general de Brigada. Esa decisión, sin embargo, fue apelada por Levoyer ante el Ministerio de Defensa, argumentando que el Consejo se había equivocado en el puntaje de una de sus calificaciones.

Dos meses después, el entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y el Consejo Superior de Generales del Ejército, le dieron la razón. Revocaron la negativa a ascenderlo, por errores de fondo y forma, y aprobaron su ascenso a general de Brigada.

Pese a que esas decisiones están ejecutoriadas y en firme, el Consejo no las tomó en cuenta y tuvo su propia interpretación subjetiva de la norma. Así, el Mando motivó su decisión de excluir a Levoyer en un acto administrativo (la negativa inicial del ascenso) que fue revocado el 2021.

¿El Consejo Supremo interpretó la Ley?

En esencia, el Consejo Supremo estima que Levoyer no podía participar en la última selección porque en primera instancia no fue calificado para ascender a general de Brigada, el 2021.

Pero en este caso, según el jurista Ramírez, es claro que la actuación del Consejo no tiene ningún fundamento legal, ya que Levoyer sí fue ascendido, por sus méritos. Y esa resolución es la que está vigente y prevalece habilitándolo para entrar en la calificación para general de División. «La decisión del Mando supone una limitación en el ejercicio de sus derechos, que grava o penaliza el hecho de impugnar resoluciones sin fundamento del Mando».

La interpretación del Consejo, agrega Ramírez, viola expresamente la Ley de Personal de las FF.AA., que establece un mandato de objetividad y sujeción a los requisitos normativos específicos previstos y la prohibición de acudir a hechos subjetivos.

Todos estos elementos configuran, según la apelación, violaciones a la Constitución y la Ley, que acarrean la nulidad de la resolución del mando, que deberá ser analizada por el Ministro de Defensa.

Si se acepta su apelación, el Consejo Superior debe resolver sobre el fondo del asunto para que Levoyer pueda ser considerado en el proceso de selección y calificación para el ascenso a general de división.

El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado ordenó este martes 25 de junio que la empresa Comiange cese todas sus actividades de minería en La Maná, Cotopaxi.

Redacción Código Vidrio

Los tres jueces anticorrupción del Tribunal de Garantías Penales aceptaron parcialmente la Acción de Protección interpuesta por una empresa embotelladora de agua, para que el Gobierno ordenara la caducidad de las tres concesiones mineras, otorgadas en La Maná, Cotopaxi, a Comiange. Desde el 2016, esa compañía ha provocado graves daños al ambiente en esta zona de gran riqueza natural, alertados pero no sancionados por los organismos de control.

En su pronunciamiento, los jueces dispusieron que la minera suspenda inmediatamente sus operaciones, hasta que cumpla todos los requisitos exigidos por las leyes, incluido el otorganiento de una licencia ambiental, informó Gonzalo Muñoz, abogado de la empresa que impulsó la demanda.

Los juristas también dispusieron que las autoridades de Ambiente, y de la Agencia de Regulación y Control Minero realicen una inspección en la zona donde están las tres concesiones de la minera, e informen al Tribunal si persiste la afectación ambiental, que deberá ser remediada en su totalidad.

Desde el 2016, según la demanda y los informes de entidades gubernamentales, las operaciones de la minera han provocado severas afectaciones a la flora y fauna de esta zona rica en biodiversidad, con bosques primarios y fuentes de agua. Esa empresa posee las concesiones de pequeña minería Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, que recibió en 2015.

Las zonas de explotación se divisan claramente desde el aire como heridas abiertas en medio de la rica y exuberante vegetación de esta región, que conecta a la Sierra con la Costa, y es muy apreciada para actividades agrícolas y ganaderas.

En su pronuncamiento oral (la sentencia escrita se entregará a las partes dentro de 15 días), los jueces dispusieron que las autoridades realicen un análisis de la documentación e inicien o continúen procesos sancionatorios a la empresa, incluida la caducidad de las concesiones.

Además pidieron que el Ministerio del Ambiente informe sobre la investigación previa que la Fiscalía habría iniciado en contra de la empresa por supuestos delitos ambientales.

En otra parte del fallo, dispusieron que se realizara una auditoría de los procesos que debían iniciarse en contra de las concesiones por la Procuraduría del Estado, y que las autoridades entreguen informes quincenales del avance de sus disposiciones.

Por último los jueces pidieron que la sentencia sea difundida entre los funcionarios a nivel nacional y delegaron a la Defensoría del Pueblo para el control de ejecución del fallo.

Inacción de las autoridades

Los últimos ocho años Comiange ha operado al margen de la ley, en medio de la inacción de las principales autoridades de los ministerios de Ambiente y Energía así como la Agencia de Regulación y Control (ARCOM), que fueron informados de todas las irregularidades y anomalías en decenas de informes técnicos, emitidos por distintos funcionarios. En este período estuvieron en el poder Rafael Correa, Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa; no obstante, ninguno sancionó en consecuencia a la minera, propiedad de Miguel Angueta Enríquez.

Desde 2016, Comiange recibió, al menos, 22 llamados de atención y sanciones de diferentes organismos de control a través de memorandos, oficios e informes técnicos del Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación. Pero esas sanciones no han pasado de los papeles. No se han concretado en un retiro de las tres concesiones para explotar oro en La Maná, según establece la Ley.

El 23 de mayo de 2016 la Agencia de Regulación -entonces conocida antes por el acrónimo ARCOM- emitió el Memorando No. ARCOM-R-CR-STCM-2016-0037-ME donde se indicaba que la concesión minera Ximena 1 no contaba con los actos administrativos de operación y que realizaba actividades de explotación sin ninguna autorización de los dueños del terreno.

También en 2016 se emitió otro memorando, un informe técnico y un oficio en contra de las concesiones de Comiange. El otro memorando fue también de la Agencia de Regulación, en el cual se concluyó que el tipo de minería practicada en Ximena 1 es considerada “minería ilegal”. Adicionalmente, indicaron que Comiange no presentó “los actos administrativos previos y ha incumplido con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito minero”.

El Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control minero y el Ministerio de Energía han emitido memorandos, oficios e informes técnicos desde 2016 alertando las ilegalidades sistemáticas de esta empresa. Sin embargo, mantienen intocables sus tres concesiones en el Cantón La Maná. Este martes la justicia decidirá si el Gobierno debe suspender sus operaciones mineras. 

Redacción Código Vidrio

Este martes 25 de junio el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dará un veredicto oral sobre la Acción de Protección interpuesta por una empresa embotelladora de agua. A través de este recurso se busca que el Gobierno ordene la caducidad de las tres concesiones mineras, otorgadas en La Maná, Cotopaxi, a la minera Comiange por sus violaciones sistemáticas a la Ley, y los graves daños causados al ambiente.

Gonzalo Muñoz, abogado de la embotelladora, informó que la primera audiencia -realizada el 6 de junio- se suspendió. “Es común que en este tipo de acciones la primera audiencia se suspenda, así los jueces tienen más tiempo para revisar las evidencias que presentamos”, dijo Muñoz.

Comiange, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), se dedica a la “extracción y preparación de minerales estimados principalmente por su contenido de metales no ferrosos: aluminio (bauxita), cobre, plomo, zinc, estaño, manganeso, cromo, níquel, cobalto, molibdeno, tántalo y vanadio”.

Según la Superintendencias de Compañías, se constituyó e inició actividades a partir del 12 de enero de 2004, en Cotopaxi. Miguel Angueta Enríquez está registrado como Gerente General y Guido Angueta Hinojosa como Presidente de la minera. En el SRI la compañía está registrada con el RUC 1791915992001.

En el registro de la Superintendencia de Compañías hay dos números telefónicos a nombre de la minera: uno de celular y otro fijo, a los cuales llamamos para buscar un pronunciamiento sobre el proceso constitucional que busca suspender sus operaciones, pero no tuvimos ninguna respuesta.

Durante esta reportería también buscamos las versiones del Ministerio de Ambiente, de la Agencia de Regulación y Control de Energía  y del Ministerio de Energía y Minas. Hasta la publicación de este informe las autoridades no respondieron a nuestros pedidos.

Comiange tiene una empresa asociada, denominada Rome Gold, que se dedica exclusivamente a la extracción de oro en tres concesiones que tienen en el Cantón La Maná: Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul.

Estas concesiones han desatado un conflicto entre Comiange y la empresa embotelladora, desde 2016. Ese año la minera comenzó “un proceso devastador del entorno de la propiedad de la empresa y de grave riesgo de afectación a las fuentes de agua autorizadas, debido a que sus trabajados incumplen las disposiciones técnico-ambientales y operan sin licencia ambiental, ni permisos de aprovechamiento de recursos hídricos”, según se indica en la Acción de protección interpuesta por la embotelladora.

“Nos sorprende que los Ministerios de Ambiente, de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables nunca hayan tomado acciones contundentes contra esta minera. Sólo unas sanciones económicas leves. Porque no es la primera vez que esta compañía es denunciada”, destacó Muñoz.

Contactamos al Ministerio del Ambiente para conocer los motivos por los que no se han llevado a cabo acciones más contundentes contra la minera Comiange. Indicaron que establecerán un vocero para que nos diera una  respuesta, lo cual no se concretó hasta el cierre de este informe.

22 sanciones sin ninguna consecuencia

Desde 2016, Comiange recibió, al menos, 22 llamados de atención y sanciones de diferentes organismos de control a través de memorandos, oficios e informes técnicos del Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación.

Pero esas sanciones no han pasado de los papeles. No se han concretado en un retiro de las tres concesiones para explotar oro en La Maná, según establece la Ley.

El 23 de mayo de 2016 la Agencia de Regulación -entonces conocida antes por el acrónimo ARCOM- emitió el Memorando No. ARCOM-R-CR-STCM-2016-0037-ME donde se indicaba que la concesión minera Ximena 1 no contaba con los actos administrativos de operación y que realizaba actividades de explotación sin ninguna autorización de los dueños del terreno.

También en 2016 se emitió otro memorando, un informe técnico y un oficio en contra de las concesiones de Comiange. El otro memorando fue también de la Agencia de Regulación, en el cual se concluyó que el tipo de minería practicada en Ximena 1 es considerada “minería ilegal”. Adicionalmente, indicaron que Comiange no presentó “los actos administrativos previos y ha incumplido con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito minero”.

“No sólo están ocasionando un daño ambiental considerable en el sector sino que también mantienen unas condiciones de trabajo que violan las leyes”, comentó Muñoz, quien confirmó que dentro de la Acción de Protección también se busca que los trabajadores dentro de estas actividades mineras cuenten con todas las protecciones necesarias.

El 16 de junio de 2016 se emitió el Oficio Nro. MAE-DPACOT-2016-0707 desde el Ministerio del Ambiente donde se verificó el incumplimiento de la normativa ambiental a través de las inspecciones realizadas a las concesiones Ximena y Campo Norsul.

En el caso de la concesión Ximena, el Ministerio del Ambiente corroboró el daño ambiental en La Maná y que la Comiange no contaba con la licencia ambiental para actividades mineras.

Para el Campo Norsul, de igual forma, no cuenta con licencia ambiental. Tras una revisión y verificación de los informes de monitoreos ambientales de agua, suelo y ruido con la normativa ambiental, determinaron que no cumplían con los parámetros acreditados y establecidos por el ministerio.

En julio de ese mismo año se emitió el Informe Técnico RH_F_RG1_DHG_002_2016 desde la Agencia de Regulación y Control del Agua donde se indicaba que «posiblemente la concesión minera Campo Norsul está obstruyendo el flujo natural de los cuerpos hídricos y las piscinas de la concesión Ximena 1 no se encuentran autorizadas por la SENAGUA».

En 2017, 2018, 2019 y 2020 el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y el Ministerio de Energía y Minas continuaron emitiendo informes sobre las irregularidades en el trabajo de las tres concesiones de la Comiange.

Por ejemplo, el 6 de marzo de 2020 la Agencia de Regulación y Control Minero emitió el Memorando Nro. ARCOM-R-CR-CM-2020-0061-ME donde daba a conocer el informe técnico de seguimiento y control a la concesión minera Campo Norsul por «una inspección in situ, con la cual se ha verificado el incumplimiento de la normativa que regula la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito minero. De igual manera se evidenció que el área minera no tiene los actos administrativos previos de conformidad con la Ley de Minería y siguen generando pasivos ambientales y haciendo uso y descarga de recursos hídricos.»

Comiange, según la Acción de Protección interpuesta por la embotelladora, llevaría 12 años trabajando en actividades mineras sin una licencia ambiental, aumentando de manera progresiva sus daños al ambiente desde el año 2016.

El presunto uso indebido de dos aeronaves del Ejército en enero pasado es analizado por la Contraloría, que recibió una denuncia formal a inicios de este mes. Ese documento señala como supuesto responsable al comandante del Ejército Fernando Adatty. En la Fuerza Terrestre no hubo un pronunciamiento sobre este caso, que también es conocido por el Comando Conjunto y la Presidencia.    

Redacción Código Vidrio

La Contraloría analiza la denuncia de un presunto uso indebido de dos aeronaves del Ejército. Una de ellas es el helicóptero MI-171, que se accidentó en abril pasado en Pastaza, causando la muerte de sus ocho ocupantes.

A inicios de este mes, la abogada Lorena Terán presentó la denuncia por supuesto peculado en la Contraloría, dirigida al titular de la institución, Mauricio Torres.

Fuentes de ese organismo confirmaron que recibieron el documento, que está bajo revisión para valorar si amerita o no iniciar un examen especial.

Entre 2017 y 2024, la entidad de control ha realizado cuatro auditorías a la contratación, mantenimiento y adquisición de repuestos de los helicópteros multipropósito MI. En todos los procesos contractuales, realizados por la Brigada de Aviación del Ejército Nro 15 Paquisha y por el Ministerio de Defensa (en una ocasión), la Contraloría detectó irregularidades, incumplimientos contractuales, pérdidas onerosas para el Estado, direccionamientos, entre otras anomalías.

Según la denuncia más reciente, entre el 24 y el 26 de enero de este año, el comandante del Ejército, Fernando Adatty, habría hecho un uso discrecional del helicóptero ruso MI-171 y del avión M28. Eso habría violentado el Plan de Sostenimiento de Operaciones Aéreas Cóndor XXIV, al transportar en esos aparatos a dos civiles: su hijo y uno de sus amigos.

Durante esos tres días, el general Adatty se desplazó en el avión PZL M28, matrícula AEE-208, y en el helicóptero, matrícula AEE-485. Tres meses más tarde, el helicóptero se precipitó a tierra cuando era piloteado por el teniente Jaime Cordones Ortega.

Esa nave siniestrada en Pastaza en abril era parte de la flota de siete helicópteros rusos MI, adquiridos en 1998 por el Ejército para transporte de tropas y equipos. Cinco de esos aparatos (480-481-482-484 y 486) no estaban operativos por falta de repuestos y mantenimiento. Por eso, el Gobierno quiso entregarlos a Estados Unidos, como chatarra, a cambio de 200 millones de dólares, para triangularlos a Ucrania. Esa negociación, sin embargo, fue torpedeada por Rusia que como retaliación restringió las exportaciones de banano desde Ecuador, lo cual obligó a que el Gobierno suspendiera el acuerdo con Washington.

El MI-171, que acompañó a la comitiva encabezada por el general Adatty, era parte de ese lote adquirido el 98. Sin embargo, no iba a ser entregado a EE.UU. porque era el único que funcionaba: operó hasta el día del accidente.

Según la denuncia, el Comandante se trasladó por vía aérea a Morona Santiago acompañado por cuatro oficiales, así como de su hijo Fernando Adatty y su amigo, Leonardo Velásquez. “No existe ninguna justificación para que el general Adatty haya llevado, como si se tratara de un paseo familiar, a su hijo y su mejor amigo en un recorrido oficial, eso implica un uso indebido de bienes del Estado con fines particulares”, dijo Terán, al ser consultada por este medio.

En el Manifiesto de Pasajeros del vuelo revisado por Código Vidrio constan los nombres del alto oficial y cuatro militares más, así como los de su hijo y el amigo de éste. Ese reporte fue presentado junto a la denuncia como evidencia de que los dos civiles habrían sido transportados en naves militares, sin ninguna autorización expresa, al margen de los reglamentos vigentes. También se adjuntó un video en el cual se observa el momento de su llegada a la pista de la Brigada de Patuca.

Regulación para el transporte de civiles    

Los vuelos de aeronaves militares del Ejército están regulados en el Plan de Sostenimiento de las Operaciones Aéreas Cóndor XXIV, vigente desde este año. En ese documento revisado por este medio se detallan las normas de seguridad para el cumplimiento de las Operaciones Aéreas establecidas por el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército.

Entre las disposiciones obligatorias que se deben cumplir se destaca el artículo 5, que indica: “Es prohibido transportar pasajeros civiles cuando se efectúen vuelos de instrucción, operaciones militares o especiales; únicamente se autoriza personal civil en los vuelos logísticos o cuando son parte de pedidos específicos de entidades gubernamentales, tramitados y autorizados a nivel del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las FF.AA.”.

En las tres Órdenes de Vuelo autorizadas por la Aviación del Ejército para los desplazamientos de las dos aeronaves, entre el 24 y el 26 de enero, se indica que el objetivo oficial de dos de los viajes era “Transporte de Personal” y, en otro de los vuelos, “Transporte de Personal y Abastecimiento”. Fuentes del Ejército dijeron que el comandante viajó a la zona para asistir a los actos conmemorativos por el conflicto del Cenepa y que su hijo y amigo eran parte de sus invitados, para la ceremonia en Patuca.

Ante el pedido de Código Vidrio, en la Dirección de Comunicación del Ejército respondieron que el general no se pronunciaría sobre la denuncia. Tampoco hubo una respuesta sobre un pronunciamiento oficial del Comando Conjunto de las FF.AA., que también recibió la denuncia, al igual que la Presidencia de la República.

En los próximos días, Adatty será calificado, junto con los generales de su promoción Pablo Velasco, Juan López, Alexander Levoyer y Franklin Pico, para ascender al grado de general de División.

Este medio accedió a las tres Órdenes de Vuelo que dieron luz verde para los desplazamientos de las dos naves.

-En el documento del 24 de enero se especifica la ruta Balbina (Sangolquí)-territorio nacional-Balbina, entre las 07:30 y las 17:30.  Y la misión: Transporte de personal y abastecimiento.

-En el del 25 de enero, la ruta Shell-Macas-Patuca-Shell, entre las 11-30 y 13-30. Misión: transporte de personal.

-Y el 26 de enero, la ruta: Patuca-Gualaquiza, entre las 14:00 y 14:30. Misión: transporte de personal y abastecimiento.

En ese periplo, ambas naves realizaron entre 10 y 12 horas de vuelo, cada una. El costo de operación por cada hora de vuelo del helicóptero es de 6.326 dólares y del avión 3.656.

Piloto y copiloto sancionados

Durante su periplo en Morona, la comitiva encabezada por el jefe del Ejército viajó en el avión M28. Estaba acompañado por sus asistentes, el teniente coronel Augusto Torres, el mayor Gabriel Cevallos y dos clases. De acuerdo con los protocolos de viaje, en el desplazamiento también participaba el helicóptero MI-171.

El 25 de enero, el avión no pudo despegar desde Macas. El aeropuerto se había cerrado, debido a un percance de otra aeronave, que quedó varada en medio de la pista.

Cerca de las 16:30, Adatty decidió que la comitiva continuara con el viaje a Patuca, según lo previsto, en el helicóptero ruso. Por su gran tamaño, esta nave usualmente era empleada para transporte de tropa, vituallas y equipos.

Ese momento, el helicóptero ya estaba encendido, con dos de sus motores funcionando y sus tripulantes en el interior, siguiendo los manuales de vuelo. Al mando de la nave estaba el mayor Juan Pablo Narváez y como su copiloto el teniente Jaime Cordones; él falleció meses después en el accidente en Pastaza.

El helicóptero despegó con rumbo hacia Patuca, donde aterrizó cerca de las cinco de la tarde.

Cuando la comitiva desembarcaba, el teniente coronel Marcelo Torres habría pedido al coronel Narváez y al teniente Cordones, que le entregaran en un papel sus nombres y grados por escrito. Eso en vista de que el jefe del Ejército había dispuesto que los sancionaran por no haberle saludado, ni rendido honores, antes de subir al aparato, en Macas.

 

En contra de los dos oficiales se iniciaron procesos disciplinarios, en los cuales los defiende la abogada Terán. La defensa presentó descargos que evidenciaron que los tripulantes no podían abandonar el helicóptero, una vez que se había iniciado el proceso de encendido. El 1 de abril, el proceso fue archivado en contra del teniente Cordones, quien falleció días después. El mayor Narváez fue sancionado con un día de arresto, lo cual fue impugnado. Las semanas siguientes se declaró la nulidad parcial del proceso, que hoy es tramitado por el coronel Diego Cattán Barreiro, comandante del Grupo Aéreo 45, pese a que los plazos establecidos para resolver estos procedimientos administrativos ya terminaron.

El accidente ocurrido en abril dejó a la flota de helicópteros de fabricación rusa inoperativa. El helicóptero 483 se accidentó hace más de una década. En 2010, la Fuerza Terrestre compró dos helicópteros MI (487 y 488), que no funcionan, por falta de mantenimiento (overhaul) y repuestos.

• Durante los últimos años, Los Lobos se han involucrado cada vez más en la minería ilegal de oro en siete de las 24 provincias de Ecuador, según informes de inteligencia revisados por Código Vidrio y Mongabay.
• Los Lobos, que también operan con el cartel Jalisco Nueva Generación de México, han ingresado a áreas de minería ilegal de oro, extorsionando o expulsando a los pequeños mineros. Han tomado el control de casi todas las etapas de la cadena de suministro de este mineral.
• Ayer, 17 de junio, hubo un operativo militar para quitarles el control a los miembros de esa banda de tres minas en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay, que es su principal bastión de actividades criminales. Hubo dos detenidos, sometidos luego de enfrentamientos a tiros. 
• El grupo ha llegado a áreas remotas, incluido el Parque Nacional Podocarpus, en la frontera con Perú, donde los informes muestran que operan miles de mineros ilegales como parte de lo que los expertos describen como un violento asalto criminal a la región amazónica ecuatoriana.
• Líderes indígenas dicen que tienen cada vez más miedo de denunciar por temor a represalias, mientras que varios funcionarios locales que se oponen a la minería ilegal han sido atacados e incluso asesinados. Nota actualizada este 18 de junio de 2024.

Por Dan Collyns y Arturo Torres
Alianza transfronteriza Código Vidrio – Mongabay

El camino que conduce al Parque Nacional Podocarpus serpentea alrededor de montañas exuberantes y boscosas que parecen extenderse infinitamente en el horizonte. Cubriendo 1,463 kilómetros cuadrados, el parque va desde las estribaciones de los Andes orientales hasta la selva tropical, abarcando las provincias de Loja, al oeste, y Zamora Chinchipe, al este. Se extiende desde el páramo, un arbustal alpino brumoso, a 3 600 metros sobre el nivel del mar, hasta la selva tropical a 900 metros, con cascadas y ríos cristalinos llenos de rocas como el Bombuscaro.

Pero incluso este lugar remoto, nombrado en honor al único género de árboles de coníferas en Sudamérica, no ha escapado de la ola de crimen que azota a Ecuador. Una sola banda criminal, Los Lobos, ha intentado extender su control en el corazón del parque en los últimos años.

Según informes de inteligencia revisados por Mongabay y Código Vidrio, desde septiembre de 2023 se estima que unas 2.200 personas, ecuatorianas y también peruanas, colombianas y venezolanas, trabajaban ilegalmente en una docena de sitios diferentes dentro del parque. Incluyen a aquellos que cobran por dinamita para abrir rocas y túneles, para empujar carros y trituradoras de rocas, así como aquellos que suministran comida, combustible, drogas como cocaína y marihuana, e incluso trabajadoras sexuales. Los lugares son tan remotos, como un área conocida como San Luis, en lo profundo del parque, que incluso a tropas militares especialmente entrenadas para la selva les toma 12 horas a pie para llegar a este lugar.

Cada minero está obligado a pagar una cuota de extorsión, o vacuna, de hasta $1.000 cada mes a la banda, que vende drogas y contrabandea armas y explosivos desde Perú. No obstante, en esta región ha existido resistencia a las operaciones criminales de Los Lobos; los informes revisados por esta alianza indican que a fines de febrero de este año, cuatro miembros de la banda fueron asesinados en enfrentamientos con mineros que se negaron a pagarles. En represalia, Los Lobos mataron a dos hombres, supuestamente familiares de los mineros en comunidades fuera del parque.

Pero Podocarpus es solo uno de las últimos blancos de la banda. Debido al reciente aumento en la minería ilegal de oro en Ecuador y al aumento del valor de este mineral en los mercados internacionales, la minería aluvial en todo el país está atrayendo una actividad criminal más intensa.

Documentos de inteligencia, así como datos compartidos por tres oficiales y agentes con Mongabay y Código Vidrio, confirman que la banda dominante en el país es Los Lobos, por delante de la banda rival de narcotraficantes Los Choneros.

Este lunes 17 de junio, decenas de militares realizaron un operativo en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, que es uno de las zonas de extracción minera controlada por Los Lobos, en complicidad con operadores que trabajan en diferentes entidades públicas, como el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero, el Ministerio de Energía, entre otras. En la incursión fueron detenidos dos presuntos miembros de esa banda y se incautaron armas y municiones.

«Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas están expandiendo su cartera de servicios a otras actividades criminales», dijo Renato Rivera, coordinador técnico del Observatorio del Crimen Organizado.

«Sobre todo, no solo se han dedicado al flujo de cocaína desde Colombia hacia los puertos, sino también a controlar y extorsionar operaciones mineras ilegales en el país, especialmente en la Amazonía y en la sierra donde se han expandido mucho».

Para el especialista en seguridad chileno Pablo Zeballos, estos grupos delictivos que controlan operaciones mineras ilegales son parte de una tendencia emergente de diversificación de los mercados criminales.

«En regiones de Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia, estas actividades están siendo controladas por redes criminales y organizaciones transnacionales que someten a las personas a extorsión, explotación y semiesclavitud, así como a una devastación ambiental significativa», dijo  a Código Vidrio y Mongabay Zeballos, un exoficial de inteligencia de Carabineros de Chile especializado en crimen organizado transnacional.

La fiebre del oro en el Podocarpus

Durante los últimos siete años, la banda ha estado involucrada en la minería ilegal de oro en siete provincias de Ecuador, desde Imbabura en el norte, Napo, Orellana y Sucumbíos en el noreste amazónico, hasta Azuay y Zamora Chinchipe en el sur, según entrevistas y documentos de inteligencia. En cada sitio, han extorsionado o asesinado a los mineros para tomar el control, mientras se encargan de toda la cadena de suministro.

«Los Lobos han llegado armados hasta los dientes a este lugar que antes era pacífico», dijo Oscar Peralta, guardabosques jefe del Parque Nacional Podocarpus a Mongabay y Código Vidrio, mientras patrullaba en su automóvil. «No podemos entrar en esas áreas sin apoyo militar; estamos desarmados».

Agregó que «hay mucho oro en San Luis [donde tiene lugar la minería] en Podocarpus; la gente dice que se pueden ver las vetas de oro en la tierra».

El atractivo del oro, descubierto por una compañía minera extranjera a fines de la década de 1970, pero nunca explotado antes de la creación del parque en 1982, no ha disminuido. «La gente recuerda dónde está y lo busca», nos dice un guardabosques del parque, pidiendo no ser identificado.

El parque alberga 1 200 especies de plantas endémicas, así como el raro oso andino (Tremarctos ornatus), el tapir de montaña (Tapirus pinchaque), el puma (Puma concolor), el jaguar (Panthera onca) y el ciervo más pequeño del mundo, el pudú norteño (Pudu mephistophiles). El parque solo se puede acceder por senderos en cuatro puntos de entrada en su perímetro. En su interior, el terreno es tan accidentado y la vegetación es tan densa que pocos, incluidos los guardabosques del parque, pueden navegar a través de él.

«[Los Lobos] han intentado sin éxito ingresar a sectores controlados por grandes grupos de mineros ilegales en Zamora», nos dijo un agente de inteligencia militar que sigue sus rastros en la provincia de Zamora Chinchipe, también bajo condición de anonimato. En estas áreas, especialmente en el parque, los mineros han establecido una presencia armada y tienen grandes redes de informantes que advierten sobre la llegada de forasteros.

A fines de febrero,  un periodista de esta alianza siguió a un convoy militar hasta uno de los puntos de entrada del parque, conocido como Loyola.

Los soldados del 17º Batallón de la Selva acampaban en la entrada sureste del parque. Gary Fuentes, capitán del batallón, dijo que decenas de personas habían cruzado un puente colgante en la salida del parque, entre ellos venezolanos y colombianos, mientras que soldados del batallón fueron en busca de miembros de la banda y mineros.

Desde las orillas del río San Luis, el camino al parque estaba marcado por huellas de excavadoras. Los soldados detuvieron a algunos hombres y mujeres como parte de su búsqueda, mientras caminaban hacia la salida del puente colgante.

Uno de ellos, Jackson Guevara, de 29 años, dijo que había caminado cuatro horas. Afirmaba haber buscado oro en los relaves dejados por las excavadoras.

Negó cualquier participación en actividades criminales, diciendo que solo estaba tratando de proveer para su familia. «La situación es muy difícil. No tuve suerte [encontrando oro], todo lo que hice fue endeudarme [comprando] comida», dijo. «En un buen día, puedo ganar $300, pero a veces pasan tres o cuatro días sin ganar nada».

Muchos de los jóvenes desempleados debido a la pandemia de COVID-19 recurrieron a la minería ilegal o se unieron a pandillas criminales. En marzo de 2024, la tasa de empleo adecuado de Ecuador, que incluye a trabajos que pagan más del salario mínimo, fue de solo el 34.4%.

«Pienso mucho en cómo afecta al parque, pero no hay otro lugar para trabajar», dijo Guevara. Los soldados lo dejaron pasar, junto con los otros hombres y mujeres que dijeron ser solo trabajadores y cocineros.

La minería de ríos para extraer oro, conocida como minería aluvial, no es nueva en la región, dijo José Villa, de 55 años, guardabosques que ha pasado 37 años protegiendo a Podocarpus. Pero en los últimos años, «ha crecido porque más allá de la contaminación y destrucción que causa, ahora hay más delincuencia», dijo.

Vertiginoso crecimiento de la minería ilegal

Se ha detectado una rápida expansión en la minería ilegal de oro en Ecuador recientemente, que en 2021 cubrió 7.495 hectáreas (18.520 acres) de tierra, más de 10. 000 estadios de fútbol, o un aumento del 300% desde 2015, según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina. Este rápido aumento, impulsado por los precios récord del oro a nivel internacional, ha atraído a las bandas de narcotráfico más poderosas al lucrativo mercado que también les permite lavar más fácilmente las ganancias del comercio de cocaína.

Por la promesa de dinero fácil, la minería se infiltra fácilmente en los pueblos pobres que viven de la agricultura, particularmente en las comunidades indígenas donde los jóvenes, con dinero en efectivo de la minería, a menudo gastan sus ganancias en alcohol, mientras que las mujeres se involucran en relaciones con extranjeros que se mudan a otras minas, muchas veces abandonando a sus hijos.

Los líderes comunitarios que se oponen a la minería, como Washington Tiwi, de 50 años, quien es presidente de la Federación Shuar en la región de Zamora Chinchipe, enfrentan amenazas de muerte si hablan.

«Salimos en los medios y los mineros siempre están buscando ver quién está causando problemas. Como sucedió con el compañero José Tendetza», dijo, refiriéndose a un líder Shuar que se opuso a la minería de cobre en el proyecto Mirador, una operación legal en la misma región, que fue asesinado en 2014.

Tiwi dijo que la reciente presencia de sicarios contratados que trabajan para bandas hace que sea mucho más peligroso denunciar. «Digamos que soy un minero y este líder realmente me está molestando. Puedo pagar para resolver el problema», dijo Tiwi, cuya comunidad de Kiim creó la reserva protegida Tiwi Nunta de 5.497 hectáreas (13,583 acres), en el margen del Parque Nacional Podocarpus.

«Nosotros, los líderes, estamos amenazados, pero las autoridades se hacen la vista gorda por sobornos y detrás de eso está la delincuencia organizada», agregó Tiwi.

Los informes sobre la presencia de Los Lobos datan de 2019, pero las autoridades, especialmente el Ejército y la Policía, enfrentan problemas para combatirlos debido a la filtración de información sobre sus operaciones. Una fuente de inteligencia que habló con Mongabay y Código Vidrio, bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo que Los Lobos tienen grandes redes de colaboradores, incluidas autoridades locales, policía y fiscales.

Investigadores policiales y militares advierten en sus informes que algunos funcionarios municipales, regionales y policiales parecen ser accionistas en concesiones mineras ilegales y utilizan su poder político para beneficiarse.

Aquellos que no colaboran a cambio de dinero se mantienen callados y no intervienen por miedo, dijo la fuente.

El crimen violento ha aumentado en Ecuador, con un incremento seis veces mayor en la tasa de homicidios en los últimos tres años, según un estudio de Fernando Carrión, experto en seguridad del Instituto de Ciencias Sociales de América Latina en Quito. Entre 2020 y 2023, la tasa pasó de 7.84 homicidios por cada 100 000 habitantes, a 47.28.

La demanda global de cocaína ha transformado a las bandas locales en empresas criminales multimillonarias, respaldadas por carteles mexicanos que han traído su brutalidad característica, evidente en la guerra de pandillas en las cárceles que ahora también ha salido a las calles.

Además, la economía dolarizada de Ecuador y su ubicación entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, lo convierten en un punto de tránsito ideal para mover drogas hacia Estados Unidos y Europa. En 2023, Ecuador ocupó el puesto 11 de homicidios intencionales a escala mundial.

En enero, el presidente Daniel Noboa calificó a 22 grupos criminales como terroristas, autorizando al Ejército a «neutralizarlas» «dentro de los límites del derecho internacional humanitario». De estos grupos, solo Los Lobos ha logrado dominar el lucrativo comercio ilícito de oro.

Alcaldes ejecutados por Los Lobos

La Policía dice que Los Lobos es el principal sospechoso en los recientes asesinatos a sangre fría de dos alcaldes locales que se opusieron a sus actividades en puntos críticos de minería ilegal en Ecuador.

José Sánchez, de 52 años, fue abatido a tiros por sospechosos vestidos con uniformes militares que usaban cascos y chalecos antibalas, mientras trotaba con un guardia de seguridad en el cantón de Camilo Ponce Enríquez, un centro de minería ilegal en la provincia de Azuay. Ambos fueron asesinados en el lugar el 17 de abril, con más de 20 disparos.

Sánchez había denunciado públicamente a Los Lobos y había sobrevivido a dos intentos de asesinato el 2023. El alcalde estaba coordinando una operación a gran escala con el Ejército y la Policía para desmantelar a los bastiones criminales de Los Lobos en sectores clave del cantón, que limita con la provincia de El Oro. Un oficial de Inteligencia alega que el asesinato fue en represalia por el arresto a finales de marzo de Vicente Angulo, conocido como Comandante Vicente, uno de los cabecillas de Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez.

Angulo era un prófugo acusado de crimen organizado, y estaba enjuiciado junto con otros cinco miembros de la banda. Jugó un papel vital en la extorsión a los mineros, según los informes de inteligencia, mientras coordinaba el envío de explosivos y armas contrabandeadas desde el sur a otras provincias del país donde la banda ha aumentado su presencia.

El antecesor de Sánchez como alcalde, Baldor Bermeo, también fue atacado en febrero de 2023 por sicarios contratados que lo hirieron gravemente con disparos. Este no fue el primer intento: un año antes, un ataque a una mina, propiedad de Bermeo, dejó tres muertos y cinco heridos.

Todos estos actos de violencia extrema han escalado desde 2023, ya que las fuerzas armadas de Ecuador han golpeado a Los Lobos en una serie de redadas, incautando armas en Camilo Ponce Enríquez.

Dos días después del asesinato de Sánchez, sospechosos en motocicletas dispararon y mataron a Jorge Maldonado, alcalde del cercano cantón de Portovelo, en El Oro. Maldonado era un empresario minero y tenía intereses en al menos dos minas de oro en cantones de la provincia de Azuay. Con una tradición minera que se remonta al siglo XIX, Portovelo es un centro de procesamiento y refinación de oro, pero también de lavado de oro extraído ilegalmente.

El oro, un recurso poderoso para lavar dinero

Zeballos dijo que el oro obtenido ilegalmente se lava a través de empresas pantalla que el estado no puede supervisar ni controlar, pese a las regulaciones contra el lavado de dinero.

En los últimos años, dijo, el oro se ha convertido en la moneda más valiosa en el mundo criminal, dada la increíble facilidad con la que puede introducirse en la economía legítima en todo el mundo. Esta tendencia respalda la teoría, compartida por el experto en seguridad Douglas Farah, presidente de IBI Consultants LLC, de que América Latina está experimentando una tercera ola de delitos transnacionales.

«Se han caracterizado por su capacidad para evolucionar rápidamente, por su naturaleza transnacional, su enfoque en fortalecer su marca y la creación de una red compleja de relaciones e interconexiones entre diferentes entidades criminales», dijo Zeballos.

La silenciosa expansión transnacional de Los Lobos

Advirtió que Los Lobos, banda vinculada al poderoso cártel Jalisco Nueva Generación de México, no solo está diversificando rápidamente su cartera criminal, sino que también está cruzando fronteras nacionales. Hay evidencia de que está activa en Chile, Perú y Colombia, donde sus líderes han formado alianzas con bandas locales y grupos armados, especialmente en áreas fronterizas, agregó.

Los Lobos continúan extrayendo oro de la región de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Según una fuente de inteligencia, transportan el oro unos 1.000 kilómetros al sur, a las localidades de Portovelo y Camilo Ponce Enríquez, donde las refinerías funden el mineral en lingotes de oro de 18 quilates. Según la fuente, los conductores de camiones pagan sobornos para evadir los controles policiales, llevando entre $40.000 y $60.000 por viaje, para extorsionar a las autoridades.

Pero Los Lobos no solo extraen oro de alrededor de 20 minas ilegales; también extorsionan a más de dos docenas de concesiones mineras legales en el cantón de Camilo Ponce Enríquez. Además, imponen una tarifa de entre $300 y $900 a cada minero ilegal que quiera trabajar, en forma de «participación». Todas estas actividades criminales le reportan a Los Lobos un estimado de $3.6 millones al mes, o $43.2 millones de dólares al año, según los números citados en los informes de inteligencia compartidos con nosotros.

De vuelta en los límites del Parque Nacional Podocarpus, la vida en la comunidad shuar de Kiim continúa su ritmo bucólico. Por la tarde, las familias se bañan en las aguas frescas del río que da nombre a su comunidad, que fluye desde la cresta alta detrás del pueblo. Todavía está limpio, a diferencia del río Yacuambi que ha sido contaminado por los desechos de la minería ilegal, y marca la entrada a la comunidad indígena conectada a una carretera principal.

Para Tiwi, cuyo nombre Shuar, Kiro, significa «una rana cuyo canto anuncia la lluvia», la minería ilegal no solo contamina el agua de su río, sino también su forma de vida tradicional, que alguna vez estuvo libre del abuso de drogas y alcohol y de la influencia negativa de los forasteros que ofrecen dinero para explotar sus tierras.

Consciente del riesgo existencial, Tiwi dijo que todo lo que puede hacer es enfrentarse a la minería e intentar reforzar la identidad cultural de los Shuar. No hacer nada, dijo, significaría el fin de su cultura.

«Tengo a mi esposa y mis hijos, no quiero perder mi vida, tengo que luchar por ellos», dijo.

 

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-El financiamiento de la investigación para esta historia provino del Fondo de Periodismo Amazónico del Centro Pulitzer. El presupuesto para el viaje al Parque Nacional Podocarpus provino de Conservation Global.

 

“Cuando llegué ahí estaba ella, y me dice: Viejo, venga, tenemos que evacuarnos ahora mismo, pasaron los armados en un bote diciendo que salgamos lo más rápido porque viene la balacera de lado a lado y una bala puede jodernos’… Tanto que hemos trabajado pa’ tener que dejar todo botado… me da mucho sentimiento”.

*Foto de apertura: cuadro elaborado para este proyecto por el pintor Siekopai, Wilfrido Lusitande

Alianza transfronteriza  Vistazo – Código Vidrio – Ojo Público

Por María Belén Arroyo y Arturo Torres

El dramático testimonio de una indígena del pueblo Siona en Ecuador fue recogido a mediados de septiembre de 2023 por una organización de derechos humanos que trabaja en la zona. Se trata de un ciudadano Siona que denunció el impacto que vive este pueblo ante el rápido y violento avance de grupos armados del narcotráfico que operan en esta parte del territorio indígena, en la frontera amazónica que comparten Ecuador (Sucumbíos) y Colombia (Putumayo). Los ataques y amenazas se han incrementado desde que las bandas vinculadas al tráfico de drogas se disputan el control del territorio.

Los atentados y hechos de violencia de septiembre afectaron a 164 personas en el lado de Colombia. La autoridad política de Ecuador en esta frontera recibió información sobre enfrentamientos y el avance de los actores armados hacia centros poblados. Unos recibieron la orden de evacuar. Otros, por el contrario, fueron obligados al confinamiento y se restringió su derecho a la libre movilidad, ya que la ruta de movilización fluvial fue suspendida.

En esta zona opera el grupo armado denominado Comandos de la Frontera, que se disputa el control con la otra organización criminal, Frente Carolina Ramírez. Ambos se formaron luego de la desmovilización de las FARC (tras el acuerdo de paz del 2016) y están integrados por sus disidentes. Diferentes líderes locales en la frontera señalan que ambos bandos amenazan al pueblo indígena amazónico Siona, tanto en Colombia como en Ecuador.

El pueblo Siona habita en ambos lados de la frontera amazónica. En Ecuador su población se estima entre 350 y 400 habitantes, asentados en tres comunidades: Puerto Bolívar, Bi’aña y Orahuëaya. Hacia Colombia, se estima que son más de 1.800 personas que viven a orillas de los ríos Putumayo, Piñuña Blanco y Cuehembí, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo (provincia de Putumayo).

Peligro de extinción

“Parecemos mendigos, estando en nuestra misma tierra … la gente no puede circular bien, no podemos ir a nuestras casas ceremoniales, no podemos ir a pescar, a la cacería… nos da miedo salir”. 

Un indígena Siona, que vive en el extremo norte de Ecuador, relató así a un equipo de la Defensoría del Pueblo de este país los problemas que afectan a su pueblo indígena. En su alerta, esta entidad señala que los siona se encuentran en “inminente riesgo de exterminio”. Y aunque el documento data de enero de 2019, hasta ahora no se había hecho público.

El informe del equipo de la Defensoría sustenta a su vez el pedido para la adopción de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El documento de 30 páginas, de febrero de 2019, fue obtenido por esta alianza, a través de un pedido de información.

El pueblo amazónico Siona se encuentra, por el lado ecuatoriano, en la provincia de Sucumbíos, la cual a su vez limita con Colombia y Perú. El río Putumayo separa Ecuador y Colombia, pero para el pueblo Siona es un puente, más que un límite. 

Los Siona de Ecuador y Colombia comparten problemas: la amenaza de organizaciones narcodelictivas, articuladas con grupos de minería ilegal; la presencia de grupos que deforestan y tienen un efecto destructivo sobre la selva amazónica, además, las actividades extractivas.  

Una de las comunidades más afectadas en el lado ecuatoriano ocupa un territorio de 2.400 hectáreas, en la ribera del río Putumayo, donde viven unas cien personas. El nombre se omite para precautelar la vida e integridad de sus miembros, pues han recibido amenazas de muerte. 

A inicios de 2019, miembros del grupo narcodelictivo La Mafia llegaron armados hasta una casa en la zona. Informaron a esa familia que iban a matar a las autoridades locales que se opusieran a la siembra de hoja de coca. 

“Estamos pelando los dirigentes que están en contra y no dejen sembrar”. Ésta habría sido la advertencia, según recoge el documento de la Defensoría del Pueblo. 

Todo lo anterior contrasta con la versión policial, que relativiza la existencia de plantaciones de hoja de coca en Ecuador.

El 23 de marzo de este año, la Policía respondió a un requerimiento de esta alianza, sobre el número de hectáreas de hoja de coca destruidas. “No se han determinado cultivos consolidados en el territorio nacional, sin embargo, existen plantaciones silvestres, endémicas de la zona que han sido cuantificadas por el número de plantas destruidas, ya que no se abarca la cuantificación de hectáreas”. Según el reporte de la Policía, entre 2021 y 2023 se destruyeron 31.585 plantas de hoja de coca en la zona amazónica. Esta cantidad no sumaría ni una hectárea de cultivo, puesto que, según la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, los cultivos de coca tienen entre 50 mil y 100 mil plantas por hectárea.

Un agente de Inteligencia explicó que desde 2019 alrededor de 30 plantaciones de hoja de coca, de entre 2 y 5 hectáreas de superficie, fueron erradicadas por los militares.

El marco legal vigente determina que el control de las franjas de frontera está en manos del Ejército. Sin embargo, por la violencia detonada a inicios de enero de 2024, el decreto presidencial 111 también involucró a estos uniformados en el control interno, a partir de la declaratoria de conflicto armado no internacional.

https://www.vistazo.com/politica/nacional/grupos-terroristas-del-ecuador-se-han-convertido-en-objetivos-militares-no-vamos-a-retroceder-ni-a-negociar-MA6604608

No hay estudios locales que establezcan la correlación entre hectáreas deforestadas en la Amazonía y área de cultivo de hoja de coca. En la provincia de Sucumbíos creció la tasa de deforestación, pasando de 6.824 hectáreas en el período 2018 – 2020, a 9.146 hectáreas en el lapso comprendido entre 2020 y 2022, según la información enviada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a pedido de esta alianza. Sucumbíos es la segunda provincia de la Amazonía ecuatoriana con mayor tasa de deforestación. Entre 2020 y 2022, la deforestación bruta promedio en Ecuador es 95.570 hectáreas por año. Es la segunda cifra más alta desde 2008, según los datos entregados por ese Ministerio.

El pueblo amazónico que denunció hostigamiento por parte de grupos narcodelictivos afirma que está en peligro la especie arborífera del Yagé, que tiene un significado ritual.

Esclavizados por la siembra y el raspado de la hoja

Según el informe de verificación in situ de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana, en el territorio Siona, desde 2017 se mantenían actividades de reclutamiento de jóvenes, “mediante incentivos económico, para la siembra y raspado de coca o actividades de control militar”. La oferta mensual oscilaba entre 1,5 y 2 millones de pesos. Esto representa, al tipo de cambio actual, unos 520 dólares por mes. El documento también relata el caso de cuatro niños y adolescentes reclutados por la fuerza. Quienes recolectan la hoja de coca son conocidos como “raspachines”, localmente.

A las familias residentes en esta comunidad les ofrecían un pago: unos 4 millones de pesos (cerca de mil dólares, al tipo de cambio vigente) para sembrar y cosechar hoja de coca, “luego de lo cual la familia debe obligatoriamente vender la producción al grupo que le entregó el dinero”, según el documento defensorial que pide medidas cautelares a CIDH. 

La población, según la denuncia, quedaba en estado de vulnerabilidad extrema. “En caso de que la siembra se dañe, la persona está obligada a devolver la plata, teniendo que trabajar con los grupos, en las actividades y por el período que ellos definan”.

Para la fecha de la investigación defensorial, La Mafia y las exFARC mantenían un acuerdo. La primera compraba de manera directa la coca y pagaba un impuesto a la segunda, para transitar por la zona. 

Actualmente el actor armado predominante en la zona es el grupo de los Comandos de la Frontera, CDF, en pugna con el Frente Carolina Ramírez.

De acuerdo con el pedido de medidas cautelares a la CIDH, “Grupos armados estructurados por exmiembros de las FARC operan y atraviesan de manera indistinta los territorios indígenas a ambos lados de la frontera, provocando, entre otros impactos, constantes hostigamientos, amenazas y ataques contra la población y de manera particular, contra sus líderes más representativos”.

El documento recoge la encrucijada de estos pobladores, quienes viven en medio de dos frentes. Atemorizados por los grupos armados irregulares, que imponen medidas que les obligan a adoptar sus códigos de comportamiento, que incluyen pena de muerte para quienes se resistan. Y acorralados por la fuerza pública, que les acusa de colaborar con los irregulares.

El reporte defensorial relieva que mientras se realizaba la investigación de campo, murió uno de los sabios ancianos, agobiado por el cierre de una fuente de agua, que tenía un valor sagrado para ese pueblo. También enfatiza que las actividades extractivas de petróleo ponen en peligro a la sobrevivencia de los Siona.

La CIDH había dictado medidas cautelares a favor del pueblo Siona, ubicado en el territorio de Colombia, en julio de 2018. Esto no evitó, sin embargo, el ataque de septiembre de 2023 en el lado ecuatoriano. Defensores de derechos humanos explicaron fuera de grabación que el riesgo es inminente para este pueblo.

Cultivos, laboratorios y minería ilegal

Desde enero hasta abril de 2024, militares desmantelaron al menos siete hectáreas de sembríos de hoja de coca en la provincia de Sucumbíos, según informó un agente de Inteligencia a esta alianza. En los primeros meses del año, dos laboratorios de procesamiento de pasta base fueron destruidos, en la misma zona. También se desmontó una refinería artesanal. Según este investigador, los grupos irregulares están “desesperados” por acceder a gasolina para procesar la hoja de coca.

“El procesamiento de la hoja de coca consta de dos etapas: la primera, en la que se transforma la hoja en pasta básica de cocaína (PBC); y la segunda, en la que se cristaliza la PBC para obtener clorhidrato de cocaína. En la primera etapa, la hoja se combina con ácido sulfúrico, carbonato de sodio y kerosene en una poza de maceración para extraer el alcaloide de la planta y concentrarlo en la PBC. La PBC es más fácil de transportar que la hoja, su producción es relativamente económica”, según un informe de Policía. “Para cristalizar la PBC y obtener clorhidrato de cocaína, es necesario procesarla con técnicas y sustancias específicas, como ácido sulfúrico, permanganato de potasio, acetona y ácido clorhídrico. Se utilizan diferentes equipos, como hornos microondas y prensas, por la complejidad de este proceso, la cristalización a menudo no se lleva a cabo en las cuencas cocaleras, sino en ciudades grandes”, detalla el documento.

Los investigadores atribuyen a los Comandos de la Frontera (CDF), un grupo armado colombiano escindido del Frente 48 de las FARC, el control de la mayoría de laboratorios y cristalizaderos en el cordón fronterizo entre Putumayo y Sucumbíos, así como del cobro de extorsiones y vacunas a los campesinos que siembran la hoja de coca. Los últimos años esta estructura criminal de formación militar tuvo un vertiginoso crecimiento, que va de la mano con la diversificación de su portafolio criminal. Éste incluye actividades de minería ilegal no solo en Sucumbíos sino en otra provincia amazónica, Orellana, limítrofe con Perú.

El grupo de los CDF tiene vasos comunicantes con Los Lobos -que también operan en Perú- y esporádicamente con los Choneros, brazos delictivos locales, con los cuales intervienen en minería ilegal. Además estas bandas aprovisionan a los CDF de gasolina y combustible para procesar la hoja de coca, según coinciden dos de lo investigadores entrevistados para este informe. 

https://www.vistazo.com/actualidad/internacional/detienen-a-presunto-sicario-de-la-banda-ecuatoriana-los-lobos-en-peru-estaba-a-punto-de-cometer-un-asesinato-ED5757677

El 22 de marzo de 2024, un militar que hacía labores de inteligencia en Barranca Bermeja, cantón Cascales provincia de Sucumbíos, murió durante la emboscada de un grupo de 15 hombres armados. Las autoridades presumen que se trataba del grupo CDF, que protegía a uno de sus altos cuadros, reveló uno de los agentes. 

El cabo segundo Daniel Valencia ofrendó su vida “en cumplimiento del sagrado juramento de defender a sus conciudadanos y a su Patria”, afirmó el Ejército. Realizaba labores de inteligencia en búsqueda de nexos entre los CDF y otras actividades ilegales.

https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/un-soldado-ecuatoriano-fallecio-tras-ser-emboscado-por-mas-de-una-decena-de-sujetos-armados-en-sucumbios-FX7055733

En una operación de seguimiento, el Ejército llegó hasta la provincia de Orellana, y desmanteló una zona de minería ilegal. El  grupo delictivo respondió con armas de fuego y uno de los irregulares falleció.

https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/ejercito-abate-a-un-sujeto-en-operacion-contra-la-mineria-ilegal-en-orellana-ED7104611

 Actores armados, alianzas y conflictos

Unas 30 mil hectáreas tienen cultivos de hoja de coca en el territorio colombiano del Putumayo, en la región amazónica. En Nariño, que colinda con las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Carchi, hay aproximadamente 45 mil hectáreas con sembradíos de hoja de coca, según informes en poder de esta alianza.

“Es una zona delicada. El problema que tiene Colombia en la frontera con los disidentes de las FARC, en Nariño y Putumayo, es complejo. Al no tener el componente ideológico, los actores armados han transformado su accionar en un tema delincuencial vinculado al narcotráfico”, explicó en entrevista para esta alianza el general Fernando Adatty, comandante general del Ejército ecuatoriano.

Ecuador por el control de Fuerzas Armadas y el Ejército, en la frontera,  ha logrado frenar la existencia de sembríos. Sí hay laboratorios y ahora se incrementa un mecanismo adicional para financiar su actividad delictiva, la minería ilegal, agregó.

El alto oficial explicó la complejidad de la tarea asignada al Ejército, “Se le encargaron responsabilidades que otras funciones del Estado no cumplieron”, dijo en entrevista.

El jefe del Ejército confirmó que “estos grupos narcodelictivos están buscando adueñarse del recurso minero y financiar sus actividades”.

“Hay laboratorios, inclusive se han encontrado cristalizaderos. Son grupos armados que extorsionan a mineros ilegales, les tienen que pagar vacuna, peaje o parte de sus ingresos a los ilegales”.

Explicó que “Hay zonas y grupos relacionados con Lobos y con Choneros, a veces disputan el territorio. A veces llegan a acuerdos con estos grupos para mantener el control, dependiendo de los cabecillas, hay acuerdos o hay disputas”.

Según pudo identificar esta alianza, el grupo CDF se unió desde 2021 a las FARC-Segunda Marquetalia. Este es el grupo narcoterrorista conformado por guerrilleros que se negaron a entregar las armas. Su cabecilla: Iván Márquez. 

El coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército, explicó que CDF trabaja para el Comando Vermelho. “Cuidan los diferentes corredores en territorio ecuatoriano”. Pazmiño califica a Comando Vermelho como una “protomafia”, una estructura con capacidad superior a un cartel, que en algún momento se puede convertir en una mafia.

CDF está involucrado en toda la cadena del narcotráfico, en Putumayo y Sucumbíos. Inicialmente se encargaban de la protección a los cultivos y cristalizaderos, mientras que su socio La Constru está a cargo los contactos internacionales para negociar los cargamentos, según informó un agente investigador.

El grupo CDF mantiene disputas con el Frente Primero Carolina Ramírez, que opera desde Cabo Pantoja, una localidad peruana de Loreto ubicada a orillas del río Napo, en la desembocadura del río Aguarico, cerca de la frontera con Ecuador. En esta región, al sur oriente de Ecuador y Colombia, también hay complejos de laboratorios donde se procesa la droga que es negociada con carteles brasileños.