El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado ordenó este martes 25 de junio que la empresa Comiange cese todas sus actividades de minería en La Maná, Cotopaxi.
Redacción Código Vidrio
Los tres jueces anticorrupción del Tribunal de Garantías Penales aceptaron parcialmente la Acción de Protección interpuesta por una empresa embotelladora de agua, para que el Gobierno ordenara la caducidad de las tres concesiones mineras, otorgadas en La Maná, Cotopaxi, a Comiange. Desde el 2016, esa compañía ha provocado graves daños al ambiente en esta zona de gran riqueza natural, alertados pero no sancionados por los organismos de control.
En su pronunciamiento, los jueces dispusieron que la minera suspenda inmediatamente sus operaciones, hasta que cumpla todos los requisitos exigidos por las leyes, incluido el otorganiento de una licencia ambiental, informó Gonzalo Muñoz, abogado de la empresa que impulsó la demanda.
Los juristas también dispusieron que las autoridades de Ambiente, y de la Agencia de Regulación y Control Minero realicen una inspección en la zona donde están las tres concesiones de la minera, e informen al Tribunal si persiste la afectación ambiental, que deberá ser remediada en su totalidad.
Desde el 2016, según la demanda y los informes de entidades gubernamentales, las operaciones de la minera han provocado severas afectaciones a la flora y fauna de esta zona rica en biodiversidad, con bosques primarios y fuentes de agua. Esa empresa posee las concesiones de pequeña minería Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, que recibió en 2015.
Las zonas de explotación se divisan claramente desde el aire como heridas abiertas en medio de la rica y exuberante vegetación de esta región, que conecta a la Sierra con la Costa, y es muy apreciada para actividades agrícolas y ganaderas.
En su pronuncamiento oral (la sentencia escrita se entregará a las partes dentro de 15 días), los jueces dispusieron que las autoridades realicen un análisis de la documentación e inicien o continúen procesos sancionatorios a la empresa, incluida la caducidad de las concesiones.
Además pidieron que el Ministerio del Ambiente informe sobre la investigación previa que la Fiscalía habría iniciado en contra de la empresa por supuestos delitos ambientales.
En otra parte del fallo, dispusieron que se realizara una auditoría de los procesos que debían iniciarse en contra de las concesiones por la Procuraduría del Estado, y que las autoridades entreguen informes quincenales del avance de sus disposiciones.
Por último los jueces pidieron que la sentencia sea difundida entre los funcionarios a nivel nacional y delegaron a la Defensoría del Pueblo para el control de ejecución del fallo.
Inacción de las autoridades
Los últimos ocho años Comiange ha operado al margen de la ley, en medio de la inacción de las principales autoridades de los ministerios de Ambiente y Energía así como la Agencia de Regulación y Control (ARCOM), que fueron informados de todas las irregularidades y anomalías en decenas de informes técnicos, emitidos por distintos funcionarios. En este período estuvieron en el poder Rafael Correa, Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa; no obstante, ninguno sancionó en consecuencia a la minera, propiedad de Miguel Angueta Enríquez.
Desde 2016, Comiange recibió, al menos, 22 llamados de atención y sanciones de diferentes organismos de control a través de memorandos, oficios e informes técnicos del Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación. Pero esas sanciones no han pasado de los papeles. No se han concretado en un retiro de las tres concesiones para explotar oro en La Maná, según establece la Ley.
El 23 de mayo de 2016 la Agencia de Regulación -entonces conocida antes por el acrónimo ARCOM- emitió el Memorando No. ARCOM-R-CR-STCM-2016-0037-ME donde se indicaba que la concesión minera Ximena 1 no contaba con los actos administrativos de operación y que realizaba actividades de explotación sin ninguna autorización de los dueños del terreno.
También en 2016 se emitió otro memorando, un informe técnico y un oficio en contra de las concesiones de Comiange. El otro memorando fue también de la Agencia de Regulación, en el cual se concluyó que el tipo de minería practicada en Ximena 1 es considerada “minería ilegal”. Adicionalmente, indicaron que Comiange no presentó “los actos administrativos previos y ha incumplido con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito minero”.