“Cuando llegué ahí estaba ella, y me dice: Viejo, venga, tenemos que evacuarnos ahora mismo, pasaron los armados en un bote diciendo que salgamos lo más rápido porque viene la balacera de lado a lado y una bala puede jodernos’… Tanto que hemos trabajado pa’ tener que dejar todo botado… me da mucho sentimiento”.
*Foto de apertura: cuadro elaborado para este proyecto por el pintor Siekopai, Wilfrido Lusitande
Alianza transfronteriza Vistazo – Código Vidrio – Ojo Público
Por María Belén Arroyo y Arturo Torres
El dramático testimonio de una indígena del pueblo Siona en Ecuador fue recogido a mediados de septiembre de 2023 por una organización de derechos humanos que trabaja en la zona. Se trata de un ciudadano Siona que denunció el impacto que vive este pueblo ante el rápido y violento avance de grupos armados del narcotráfico que operan en esta parte del territorio indígena, en la frontera amazónica que comparten Ecuador (Sucumbíos) y Colombia (Putumayo). Los ataques y amenazas se han incrementado desde que las bandas vinculadas al tráfico de drogas se disputan el control del territorio.
Los atentados y hechos de violencia de septiembre afectaron a 164 personas en el lado de Colombia. La autoridad política de Ecuador en esta frontera recibió información sobre enfrentamientos y el avance de los actores armados hacia centros poblados. Unos recibieron la orden de evacuar. Otros, por el contrario, fueron obligados al confinamiento y se restringió su derecho a la libre movilidad, ya que la ruta de movilización fluvial fue suspendida.
En esta zona opera el grupo armado denominado Comandos de la Frontera, que se disputa el control con la otra organización criminal, Frente Carolina Ramírez. Ambos se formaron luego de la desmovilización de las FARC (tras el acuerdo de paz del 2016) y están integrados por sus disidentes. Diferentes líderes locales en la frontera señalan que ambos bandos amenazan al pueblo indígena amazónico Siona, tanto en Colombia como en Ecuador.
El pueblo Siona habita en ambos lados de la frontera amazónica. En Ecuador su población se estima entre 350 y 400 habitantes, asentados en tres comunidades: Puerto Bolívar, Bi’aña y Orahuëaya. Hacia Colombia, se estima que son más de 1.800 personas que viven a orillas de los ríos Putumayo, Piñuña Blanco y Cuehembí, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo (provincia de Putumayo).
Peligro de extinción
“Parecemos mendigos, estando en nuestra misma tierra … la gente no puede circular bien, no podemos ir a nuestras casas ceremoniales, no podemos ir a pescar, a la cacería… nos da miedo salir”.
Un indígena Siona, que vive en el extremo norte de Ecuador, relató así a un equipo de la Defensoría del Pueblo de este país los problemas que afectan a su pueblo indígena. En su alerta, esta entidad señala que los siona se encuentran en “inminente riesgo de exterminio”. Y aunque el documento data de enero de 2019, hasta ahora no se había hecho público.

El informe del equipo de la Defensoría sustenta a su vez el pedido para la adopción de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El documento de 30 páginas, de febrero de 2019, fue obtenido por esta alianza, a través de un pedido de información.
El pueblo amazónico Siona se encuentra, por el lado ecuatoriano, en la provincia de Sucumbíos, la cual a su vez limita con Colombia y Perú. El río Putumayo separa Ecuador y Colombia, pero para el pueblo Siona es un puente, más que un límite.
Los Siona de Ecuador y Colombia comparten problemas: la amenaza de organizaciones narcodelictivas, articuladas con grupos de minería ilegal; la presencia de grupos que deforestan y tienen un efecto destructivo sobre la selva amazónica, además, las actividades extractivas.
Una de las comunidades más afectadas en el lado ecuatoriano ocupa un territorio de 2.400 hectáreas, en la ribera del río Putumayo, donde viven unas cien personas. El nombre se omite para precautelar la vida e integridad de sus miembros, pues han recibido amenazas de muerte.
A inicios de 2019, miembros del grupo narcodelictivo La Mafia llegaron armados hasta una casa en la zona. Informaron a esa familia que iban a matar a las autoridades locales que se opusieran a la siembra de hoja de coca.
“Estamos pelando los dirigentes que están en contra y no dejen sembrar”. Ésta habría sido la advertencia, según recoge el documento de la Defensoría del Pueblo.
Todo lo anterior contrasta con la versión policial, que relativiza la existencia de plantaciones de hoja de coca en Ecuador.
El 23 de marzo de este año, la Policía respondió a un requerimiento de esta alianza, sobre el número de hectáreas de hoja de coca destruidas. “No se han determinado cultivos consolidados en el territorio nacional, sin embargo, existen plantaciones silvestres, endémicas de la zona que han sido cuantificadas por el número de plantas destruidas, ya que no se abarca la cuantificación de hectáreas”. Según el reporte de la Policía, entre 2021 y 2023 se destruyeron 31.585 plantas de hoja de coca en la zona amazónica. Esta cantidad no sumaría ni una hectárea de cultivo, puesto que, según la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, los cultivos de coca tienen entre 50 mil y 100 mil plantas por hectárea.
Un agente de Inteligencia explicó que desde 2019 alrededor de 30 plantaciones de hoja de coca, de entre 2 y 5 hectáreas de superficie, fueron erradicadas por los militares.
El marco legal vigente determina que el control de las franjas de frontera está en manos del Ejército. Sin embargo, por la violencia detonada a inicios de enero de 2024, el decreto presidencial 111 también involucró a estos uniformados en el control interno, a partir de la declaratoria de conflicto armado no internacional.
No hay estudios locales que establezcan la correlación entre hectáreas deforestadas en la Amazonía y área de cultivo de hoja de coca. En la provincia de Sucumbíos creció la tasa de deforestación, pasando de 6.824 hectáreas en el período 2018 – 2020, a 9.146 hectáreas en el lapso comprendido entre 2020 y 2022, según la información enviada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a pedido de esta alianza. Sucumbíos es la segunda provincia de la Amazonía ecuatoriana con mayor tasa de deforestación. Entre 2020 y 2022, la deforestación bruta promedio en Ecuador es 95.570 hectáreas por año. Es la segunda cifra más alta desde 2008, según los datos entregados por ese Ministerio.
El pueblo amazónico que denunció hostigamiento por parte de grupos narcodelictivos afirma que está en peligro la especie arborífera del Yagé, que tiene un significado ritual.
Esclavizados por la siembra y el raspado de la hoja
Según el informe de verificación in situ de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana, en el territorio Siona, desde 2017 se mantenían actividades de reclutamiento de jóvenes, “mediante incentivos económico, para la siembra y raspado de coca o actividades de control militar”. La oferta mensual oscilaba entre 1,5 y 2 millones de pesos. Esto representa, al tipo de cambio actual, unos 520 dólares por mes. El documento también relata el caso de cuatro niños y adolescentes reclutados por la fuerza. Quienes recolectan la hoja de coca son conocidos como “raspachines”, localmente.
A las familias residentes en esta comunidad les ofrecían un pago: unos 4 millones de pesos (cerca de mil dólares, al tipo de cambio vigente) para sembrar y cosechar hoja de coca, “luego de lo cual la familia debe obligatoriamente vender la producción al grupo que le entregó el dinero”, según el documento defensorial que pide medidas cautelares a CIDH.
La población, según la denuncia, quedaba en estado de vulnerabilidad extrema. “En caso de que la siembra se dañe, la persona está obligada a devolver la plata, teniendo que trabajar con los grupos, en las actividades y por el período que ellos definan”.
Para la fecha de la investigación defensorial, La Mafia y las exFARC mantenían un acuerdo. La primera compraba de manera directa la coca y pagaba un impuesto a la segunda, para transitar por la zona.
Actualmente el actor armado predominante en la zona es el grupo de los Comandos de la Frontera, CDF, en pugna con el Frente Carolina Ramírez.
De acuerdo con el pedido de medidas cautelares a la CIDH, “Grupos armados estructurados por exmiembros de las FARC operan y atraviesan de manera indistinta los territorios indígenas a ambos lados de la frontera, provocando, entre otros impactos, constantes hostigamientos, amenazas y ataques contra la población y de manera particular, contra sus líderes más representativos”.
El documento recoge la encrucijada de estos pobladores, quienes viven en medio de dos frentes. Atemorizados por los grupos armados irregulares, que imponen medidas que les obligan a adoptar sus códigos de comportamiento, que incluyen pena de muerte para quienes se resistan. Y acorralados por la fuerza pública, que les acusa de colaborar con los irregulares.
El reporte defensorial relieva que mientras se realizaba la investigación de campo, murió uno de los sabios ancianos, agobiado por el cierre de una fuente de agua, que tenía un valor sagrado para ese pueblo. También enfatiza que las actividades extractivas de petróleo ponen en peligro a la sobrevivencia de los Siona.
La CIDH había dictado medidas cautelares a favor del pueblo Siona, ubicado en el territorio de Colombia, en julio de 2018. Esto no evitó, sin embargo, el ataque de septiembre de 2023 en el lado ecuatoriano. Defensores de derechos humanos explicaron fuera de grabación que el riesgo es inminente para este pueblo.
Cultivos, laboratorios y minería ilegal
Desde enero hasta abril de 2024, militares desmantelaron al menos siete hectáreas de sembríos de hoja de coca en la provincia de Sucumbíos, según informó un agente de Inteligencia a esta alianza. En los primeros meses del año, dos laboratorios de procesamiento de pasta base fueron destruidos, en la misma zona. También se desmontó una refinería artesanal. Según este investigador, los grupos irregulares están “desesperados” por acceder a gasolina para procesar la hoja de coca.
“El procesamiento de la hoja de coca consta de dos etapas: la primera, en la que se transforma la hoja en pasta básica de cocaína (PBC); y la segunda, en la que se cristaliza la PBC para obtener clorhidrato de cocaína. En la primera etapa, la hoja se combina con ácido sulfúrico, carbonato de sodio y kerosene en una poza de maceración para extraer el alcaloide de la planta y concentrarlo en la PBC. La PBC es más fácil de transportar que la hoja, su producción es relativamente económica”, según un informe de Policía. “Para cristalizar la PBC y obtener clorhidrato de cocaína, es necesario procesarla con técnicas y sustancias específicas, como ácido sulfúrico, permanganato de potasio, acetona y ácido clorhídrico. Se utilizan diferentes equipos, como hornos microondas y prensas, por la complejidad de este proceso, la cristalización a menudo no se lleva a cabo en las cuencas cocaleras, sino en ciudades grandes”, detalla el documento.
Los investigadores atribuyen a los Comandos de la Frontera (CDF), un grupo armado colombiano escindido del Frente 48 de las FARC, el control de la mayoría de laboratorios y cristalizaderos en el cordón fronterizo entre Putumayo y Sucumbíos, así como del cobro de extorsiones y vacunas a los campesinos que siembran la hoja de coca. Los últimos años esta estructura criminal de formación militar tuvo un vertiginoso crecimiento, que va de la mano con la diversificación de su portafolio criminal. Éste incluye actividades de minería ilegal no solo en Sucumbíos sino en otra provincia amazónica, Orellana, limítrofe con Perú.
El grupo de los CDF tiene vasos comunicantes con Los Lobos -que también operan en Perú- y esporádicamente con los Choneros, brazos delictivos locales, con los cuales intervienen en minería ilegal. Además estas bandas aprovisionan a los CDF de gasolina y combustible para procesar la hoja de coca, según coinciden dos de lo investigadores entrevistados para este informe.
El 22 de marzo de 2024, un militar que hacía labores de inteligencia en Barranca Bermeja, cantón Cascales provincia de Sucumbíos, murió durante la emboscada de un grupo de 15 hombres armados. Las autoridades presumen que se trataba del grupo CDF, que protegía a uno de sus altos cuadros, reveló uno de los agentes.

El cabo segundo Daniel Valencia ofrendó su vida “en cumplimiento del sagrado juramento de defender a sus conciudadanos y a su Patria”, afirmó el Ejército. Realizaba labores de inteligencia en búsqueda de nexos entre los CDF y otras actividades ilegales.
En una operación de seguimiento, el Ejército llegó hasta la provincia de Orellana, y desmanteló una zona de minería ilegal. El grupo delictivo respondió con armas de fuego y uno de los irregulares falleció.
Actores armados, alianzas y conflictos
Unas 30 mil hectáreas tienen cultivos de hoja de coca en el territorio colombiano del Putumayo, en la región amazónica. En Nariño, que colinda con las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Carchi, hay aproximadamente 45 mil hectáreas con sembradíos de hoja de coca, según informes en poder de esta alianza.
“Es una zona delicada. El problema que tiene Colombia en la frontera con los disidentes de las FARC, en Nariño y Putumayo, es complejo. Al no tener el componente ideológico, los actores armados han transformado su accionar en un tema delincuencial vinculado al narcotráfico”, explicó en entrevista para esta alianza el general Fernando Adatty, comandante general del Ejército ecuatoriano.
Ecuador por el control de Fuerzas Armadas y el Ejército, en la frontera, ha logrado frenar la existencia de sembríos. Sí hay laboratorios y ahora se incrementa un mecanismo adicional para financiar su actividad delictiva, la minería ilegal, agregó.
El alto oficial explicó la complejidad de la tarea asignada al Ejército, “Se le encargaron responsabilidades que otras funciones del Estado no cumplieron”, dijo en entrevista.
El jefe del Ejército confirmó que “estos grupos narcodelictivos están buscando adueñarse del recurso minero y financiar sus actividades”.
“Hay laboratorios, inclusive se han encontrado cristalizaderos. Son grupos armados que extorsionan a mineros ilegales, les tienen que pagar vacuna, peaje o parte de sus ingresos a los ilegales”.
Explicó que “Hay zonas y grupos relacionados con Lobos y con Choneros, a veces disputan el territorio. A veces llegan a acuerdos con estos grupos para mantener el control, dependiendo de los cabecillas, hay acuerdos o hay disputas”.
Según pudo identificar esta alianza, el grupo CDF se unió desde 2021 a las FARC-Segunda Marquetalia. Este es el grupo narcoterrorista conformado por guerrilleros que se negaron a entregar las armas. Su cabecilla: Iván Márquez.
El coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército, explicó que CDF trabaja para el Comando Vermelho. “Cuidan los diferentes corredores en territorio ecuatoriano”. Pazmiño califica a Comando Vermelho como una “protomafia”, una estructura con capacidad superior a un cartel, que en algún momento se puede convertir en una mafia.
CDF está involucrado en toda la cadena del narcotráfico, en Putumayo y Sucumbíos. Inicialmente se encargaban de la protección a los cultivos y cristalizaderos, mientras que su socio La Constru está a cargo los contactos internacionales para negociar los cargamentos, según informó un agente investigador.
El grupo CDF mantiene disputas con el Frente Primero Carolina Ramírez, que opera desde Cabo Pantoja, una localidad peruana de Loreto ubicada a orillas del río Napo, en la desembocadura del río Aguarico, cerca de la frontera con Ecuador. En esta región, al sur oriente de Ecuador y Colombia, también hay complejos de laboratorios donde se procesa la droga que es negociada con carteles brasileños.