El pasado 8 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia cerró formalmente el expediente, ratificando la culpabilidad de Patricio Toscano y de su colega Carlos Hurtado, por la muerte de Yadira Cáceres. Los dos galenos también fueron condenados por el fallecimiento de Michelle Cobo, pero interpusieron un último recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional. En ambos casos fueron condenados por mala práctica profesional.

Redacción Código Vidrio

Andrés Paz está agobiado. Por más de seis años busca que la muerte de su esposa Yadira Cáceres no quede impune. Aunque logró una victoria en el área penal, en las cortes civiles está atrapado en un laberinto.

A mediados del 2015, Cáceres confió en la fama del médico Patricio Toscano, quien difundía sus servicios de cirujano plástico en redes sociales y medios de comunicación. Ella tenía 39 años y un hijo. Durante la investigación de su muerte, la Fiscalía encontró pruebas sólidas de una mala práctica profesional. Una está recogida en un video, en el cual se puede observar que los médicos jugaban y bromeaban en medio de la intervención, en la cual sufrió la perforación de su hígado.

El pasado 8 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia cerró formalmente el expediente, ratificando la culpabilidad de Patricio Toscano y de su colega Carlos Hurtado. Los dos son los primeros galenos sentenciados por mala práctica profesional, bajo normativas del Código Penal del 2014.

Fue el último recurso que podía presentar la defensa de los acusados. Perdieron en todas las instancias judiciales. Y en 2019 la  jueza constitucional Carmen Corral también negó su acción extraordinaria de protección.

Dos años después, los magistrados de la Corte Nacional, Byron Guillen, Fernando Loaysa y Esteban Cárdenas, ratificaron la sentencia, prohibieron a los médicos volver a trabajar y los condenaron a pagar una indemnización de 135.448 dólares.

Para recibir ese dinero debió iniciar otra demanda en el campo civil, que se convirtió en un nuevo calvario para Paz. “Aún falta la reparación integral que hasta el momento no se hacen responsables, ya se puede imaginar cómo me siento”.

Él tuvo que contratar peritos, pagar la movilización de policías, fotocopiar documentos y otras ayudas para que los judiciales no tengan justificación para demorar sus decisiones. Sin embargo, las dilaciones son constantes, sus oficios desaparecen entre las pilas de carpetas de los secretarios.

Paz dijo que que en los años que tomó el litigio ha gastado 90.000 dólares. Pero pese a que la justicia falló a su favor está frustrado. “Las leyes del Ecuador son muy frágiles en verdad. Pero bueno hay que seguir presionando, no me queda más”, relató a este portal.

Él no quiso llegar a un acuerdo económico, que los acusados le pedían con insistencia para evitar la condena. “Lo único que busco es justicia, mi esposa no fue la única víctima de Toscano y Hurtado.

Otra condena por la muerte de Michelle Cobo

Los padres de la joven Michelle Cobo también llevan cinco años buscando que termine el tortuoso juicio que cofirmó en varias instacias judiciales que hubo mala práctica profesional. Ella falleció a mediados del 2016 en la Clínica San Gabriel. También confió en Toscano.

En junio del 2020, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional condenó a Toscano y Hurtado a cumplir una condena de seis años de prisión. Es la máxima sanción contemplada para la reincidencia en casos de mala práctica profesional.  En su decisión también condenaron a María Eugenia Muñoz, ex gerenta de la Clínica, a tres años de prisión.

Los tres sentenciados acudieron a la Corte Constitucional para tratar de sortear esta decisión, por una supuesta vulneración de sus derechos. El caso está en trámite desde diciembre del año pasado. La última diligencia fue en abril, cuando la Sala de Admisibilidad aceptó los recursos de Toscano, Hurtado y Muñoz.

Desde entonces, el trámite sigue en estudio. Hasta que se tome una decisión, la Policía mantiene en suspenso la orden de búsqueda y captura en contra de los médicos y la abogada.

Los sentenciados y sus defensas afirman que no hubo negligencia ni mala práctica, por lo cual acudirán a cualquier instancia para defender sus derechos.

 

Tuvo la Alcaldía de Quito a sus pies. Por ser hijo del Alcalde, Sebastián Yunda Yunda accedió a información reservada y privilegiada. Se benefició de auspicios y contratos para su banda musical. Usó la infraestructura pública y el personal del Municipio para sus fines particulares. Direccionó concursos y contratos…

Redacción Código Vidrio

Eso se concluye, no solo de la lectura de los chats extraídos del celular de Sebastián, el Baby Yunda, sino de los informes periciales, reportes financieros y versiones recogidas dentro de la instrucción fiscal que dirige la fiscal Mónica Tirado. Son piezas que encajan, según pudimos corroborar en nuestra propia verificación.

Pese a todos los indicios, ayer, lunes 20 de septiembre, el juez Máximo Ortega no dispuso la prisión preventiva del hijo del Alcalde, solicitada por la fiscal. En cambio, sí acogió el pedido de prisión contra otro miembro del clan Yunda, César, tío de Sebastián, que en los chats está registrado como Cesario. Los dos familiares del Alcalde removido están fuera del país, según Interpol. Cesario, en México y Sebastián, en Bolivia.

Una versión es clave para entender cómo operó este esquema, que para la fiscal Tirado configura una posible asociación ilícita, aunque no se descarta el tráfico de influencias.

Se trata del testimonio de quien fue la asesora del despacho del Alcalde, Cinthya Puga Flores. Ella rindió su versión ante la Fiscalía, la semana pasada.

Su experiencia como periodista, relacionadora pública y organizadora de eventos le permitió apoyar al Alcalde de Quito, Jorge Yunda, apenas fue electo, a fines de marzo de 2019. Entonces la contrató como funcionaria pública.

Hasta mediados de mayo, cuando Yunda se posesionó del cargo, transcurrió un período de transición. En ese lapso, Puga contó que en ese lapso atendía hasta 200 llamadas diarias para el Alcalde electo.

El 2 de abril de ese año, antes de la posesión del Edil, conoció a su hijo, Sebastián Yunda Yunda. “La cercanía con Sebastián viene desde la transición porque él ya identifica en mí un potencial para ayudarle en su carrera artística, ya que por mi amplia experiencia en relaciones públicas (…) tengo una amplia base de contactos y de amistades privadas, esa información privada mía es la que se le comparte a Sebastián Yunda Yunda”.

Según Puga, apoyó al hijo del Alcalde por un tema humano; sin interés económico de por medio y sin usar el aparataje del Cabildo para esas gestiones.

La comunicadora dijo que los partes policiales y la prensa sacaron de contexto ciertas conversaciones que mantuvo, vía chat de celular, con el hijo de quien a la época era su jefe. Pero las evidencias la contradicen.

Contradicciones

Las gestiones fueron a tiempo completo para que la banda viajara a Estados Unidos. Puga declaró que el grupo musical 4am, del cual Sebastián Yunda Yunda forma parte, intentaba realizar una gira en Estados Unidos y que ella se limitó a ayudar a sus miembros con los trámites para que obtuvieran la visa. “Ellos hicieron los trámites normales para sacar la visa, en ningún momento se utilizaron bienes ni fondos municipales para tales fines, son netamente la colaboración al hijo de mi jefe, que desde el lado humano se dio una ayuda intercambiando estos contactos privados”.

A uno de los miembros de la banda, inclusive, le puso “a cambio” (le prestó) el dinero “netamente” para que pudiera sacar la cita. Y que el viaje no se concretó, porque la embajada negó la visa. Ella afirmó que compartió su número de cuenta bancaria para que le repusieran el valor del trámite del visado, no como pago de una comisión.

Lo que la exfuncionaria no contó consta en estos chats:

1. Sebastián Yunda se enteró de la invitación al viaje a Estados Unidos, porque accedió a información privilegiada de la Alcaldía, relacionada con la agenda de su padre.

2. Sebastián Yunda proponía que el miembro de la banda al que le negaron la visa se reuniera con un excanciller de la República, cuya hija estaba a cargo de las relaciones internacionales en el Municipio.

3. Al tiempo que facilitaba una carta que justifique el pedido del trámite de visa hacia Estados Unidos, la exasesora le tenía al tanto de las gestiones para auspicios comerciales a su banda.

Interés en la agenda del Alcalde

La ex asesora Puga afirmó que “La información que le he proporcionado a Sebastián Yunda es netamente contacto o ubicación de dónde está su padre, cualquier uso que se haya dado de eso, yo no podría responder”.

Pero los chats revelan las verdaderas motivaciones del hijo del Alcalde.

1. Yunda hijo dejó claramente especificado que le interesaba conocer la agenda con embajadores, por el tema de su banda musical.

 

Uso de infraestructura pública para fines privados

El intercambio de mensajes con funcionarios de la Secretaría de Salud revela que el hijo del Alcalde tuvo acceso VIP al uso de las pruebas Covid-19 que compró el Municipio (contrato que originó la investigación fiscal en curso), al igual que sus amigos, miembros de la banda 4 am.

 

2. Sebastián Yunda pedía que la Intendenta no realizara controles a un evento en que participaría su agrupación musical. “Y si en caso van, que sea un control de rutina básico, no más”.

 Fijación del hijo del Alcalde en temas de interés público

1. Sebastián Yunda accedió a información privilegiada sobre contratos y licitaciones, dejó en claro cuál era su posición y la de su familia.

Acceso a información privilegiada sobre contratos

1. Los chats de Sebastián con el empresario chino Wang Yilong, a quien llamaba Dalong, revelan un esquema de pagos, y definición de términos para el contrato de cámaras de seguridad Hikvision, que firmó el municipio de Quito.

2. Los chats con César Yunda Pancho (tío de Sebastián) confirman un esquema de pagos irregulares, al explicar que no se pueden dejar rastros de transferencias y pagos.

3. Queda evidencia del cobro a través del empresario chino, y del interés del tío César en cobrar los valores pactados.

4. Hay indicios de que pactan con los participantes en el concurso de las cámaras de seguridad.

5. Hay además evidencias de que la mamá de Sebastián Yunda (o alguien que él identifica con ese calificativo), tiene conocimiento de los pagos del empresario chino

 

Contratos para la banda

La ex asesora de despacho de la Alcaldía afirmó -en su versión- que a través de contactos privados se generaron auspicios para el lanzamiento de la primera canción del grupo 4am. Insistió en que entre los auspiciantes, del sector privado, no están contratistas del Municipio de Quito. “Dichos contactos son de mi base personal y las marcas no mantienen ninguna relación contractual con el Municipio de Quito”.

Sin embargo, el director de cultura del Municipio de Quito fue el manager del grupo liderado por el hijo del Alcalde. Ahí empezó el conflicto de intereses.

1. El hijo del Alcalde pedía los contactos de prefectos, alcaldes y autoridades locales, para impulsar la contratación de su banda musical, en las fiestas de cantonización.

 

2. Quedan indicios de que Yunda hijo recibió 30 mil dólares en forma de auspicios de Geinco, una firma investigada por los contratos con el Municipio.

ENTREVISTA. El embajador de Rusia, Vladimir Sprinchan, avanza a toda máquina, como el icónico ferrocarril Transiberiano de su país. Desde su llegada al Ecuador, en febrero pasado, Sprinchan no ha parado: todas las semanas mantiene una apretada agenda de reuniones con autoridades y representantes de distintos sectores, en el campo público y privado. Su misión es reactivar completamente las relaciones con Ecuador, que estuvieron congeladas desde 2018, con el gobierno de Lenin Moreno, quien privilegió la alianza con Estados Unidos. Dio un giro de 180 grados en relación a su antecesor, Rafael Correa, que se acercó a Rusia desde 2009, devenido en un socio estratégico. 
El embajador ruso hoy busca cuajar varios acuerdos bilaterales. Los principales son el convenio para el empleo de energía nuclear, con fines pacíficos, en el campo de la salud, que se está negociando desde la Secretaría de Control y Aplicaciones Nucleares del Ministerio de Energía, la construcción de un ferrocarril, que dinamice el transporte entre Quito y Guayaquil y se conecte con Colombia, y la venta de vacunas Sputnik V.

Por Arturo Torres

Antes de venir al Ecuador usted fue embajador en Bolivia, ¿Cuál es su perspectiva de la diferencia entre los dos países? ¿Cuáles serían las características de la relación de Ecuador con Rusia?

En Bolivia y Ecuador hace poco tiempo se cambiaron los gobiernos. Mi país tuvo, con el régimen de Evo Morales, unas relaciones muy eficaces, muy amplias, en la esfera de tecnologías avanzadas como la construcción de un Centro de Tecnologías de Energía Nuclear, en hidrocarburos, en el espacio cósmico, además de unos proyectos económicos en construcciones de carreteras. En los próximos años se van a realizar construcciones de plantas, para coches con motores de gas líquido. En Ecuador, los últimos 4 años del gobierno de Lenin Moreno lamentablemente la relación se enfrió, estuvo congelada, y se paralizaron varios proyectos, como la utilización de espacio cósmico en fines científicos, el uso pacífico de energía nuclear, la homologación de títulos de ecuatorianos que se graduaron en universidades rusas, entre otros.

Todos esos proyectos se han retomado, inclusive los presidentes Putin y Lasso mantuvieron una conversación telefónica, según tengo entendido.  

Así es. Durante su conversación telefónica, el 5 de agosto, mi Presidente presentó a su Mandatario varias ofertas en distintas esferas económicas y humanitarias, entre nuestros países. Todas estas ofertas se van a transformar en una hoja de ruta, para definir qué hacer, los responsables, fuentes financieras, etcétera. Tuve reuniones con varios ministros responsables de cada área mencionada en la charla telefónica para avanzar y su resultado depende, obviamente, de la voluntad de ambas partes. Se integró una comisión intergubernamental de colaboración económica y comercial, científica, donde participan varios ministerios, empresarios, productores, agricultores y transportistas. Estamos activando este organismo que no se había reunido desde 2019. Ya se han celebrado, por ejemplo, varias reuniones de productores de bananas, de flores ecuatorianas con sus socios rusos, que serán respaldados por ambos gobiernos.

En septiembre se esperaba que llegue un primer lote de vacunas Sputnik ¿Cómo está ese acuerdo para la importación?
Yo tuve contacto con el presidente Lasso, el 21 de abril, a los 10 días de su victoria en las elecciones. Se presentó ese tema de importación de la vacuna rusa al Ecuador. Inmediatamente después de la transición del mando del 24 de mayo iniciaron las negociaciones entre ambos gobiernos. Lamentablemente, Ecuador no estuvo en el inicio de esa campaña de industrialización de nuestra vacuna y de exportación para nuestros socios extranjeros, como Argentina que firmó el contrato para mandar la vacuna y producirla, en octubre del 2020. Inicialmente estaba previsto que llegue un primer lote en septiembre. La embajada no participa en las negociaciones, porque es la responsabilidad de los gobiernos, en el marco de un acuerdo comercial y económico. Nuestra tarea, nuestro compromiso, es de ayudar a los socios a acercarse. Rusia no solo ofrece Sputnik V, que se utiliza en más de 66 países, sino también de Sputnik Light, que es una vacuna menos eficaz. Sputnik V tiene el 94, 9% de eficacia y Sputnik Light alrededor de 70%, pero es más fácil de transportar, no es necesario mantener esas condiciones de 18 grados bajo cero, es de una sola dosis… Esa base de cooperación, no solamente implicaría la compra de nuestra vacuna sino la posibilidad de industrializarla para su producción en Ecuador.

 ¿Esto se enmarcaría en el acuerdo que había con la universidad Yachay, para construir una fábrica que pueda elaborar vacunas?
Sí, hay esa experiencia con otros países. En Argentina, por ejemplo, además de la importación de la vacuna rusa se industrializa la vacuna.

Esto va a tomar tiempo, de todas formas.
Es necesario inicialmente presentar posibilidades, técnicos de parte ecuatoriana. Si hay un laboratorio, si es necesario construirlo.

Otro acuerdo que se está retomando, y fue parte del primer convenio macro que se firmó en el 2009, en el gobierno de Rafael Correa, es el del uso de energía atómica con fines pacíficos ¿Cómo está ese proyecto?
Sí. Desde 2019 se está trabajando ese borrador en Ecuador. Como me comentó el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, ya está en el estado de aprobar unos términos finales. Ese es un convenio marco, en el que no se habla de proyectos concretos, detallados; es necesario obtener aprobaciones de parte del parlamento porque la aplicación de la energía lo requiere, aunque sea con fines pacíficos. Es para utilizar tecnologías a favor de la medicina, agricultura, economía, ingeniería, investigaciones de materias primas. En cualquier caso, es energía nuclear, si antes no existía esa rama, esa esfera en su país, son necesarias leyes y documentos que permitan utilizar esta tecnología. Eso se trabaja con la Agencia de Energía Nuclear. En cualquier caso se imponen medidas de seguridad y participan varias estructuras especializadas como el Ministerio de Defensa, el de Gobierno y otros organismos. Esto es para muchos años, pero es necesario crear una base jurídica. Estamos muy cerca del fin del trabajo por la parte ecuatoriana, según me comentaron en la Cancillería y en el Ministerio de Energía. Esta tecnología es muy usada en detección temprana del cáncer. 

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“El acuerdo es para utilizar tecnologías y energía nuclear, con fines pacíficos, a favor de la medicina, agricultura, economía, ingeniería, investigaciones de materias primas”.

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¿En qué otros campos se puede aplicar la energía nuclear?
En la agricultura, en la radiación de los productos agropecuarios, que permite preservarlos por 6 meses y más. Ecuador tiene mucha exportación de productos de agricultura, bananas, otras frutas, rosas. Esta energía no afecta a los productos, pero permite protegerla de parásitos, plagas, es un protector. Dentro de unas semanas esperamos una delegación técnica de Moscú, de nuestra agencia de Energía Nuclear que se llama Rosatom. Van a presentar proyectos concretos, técnicos.

En el tema de financiamiento ¿habría una contraparte, un apoyo de Rusia para financiar eso o solo depende de recursos ecuatorianos?
Depende de negociaciones entre las dos partes. En Bolivia, por ejemplo, mi Gobierno otorgó 300 millones de dólares para la construcción de ese centro especializado para manejo de energía nuclear. El acuerdo entre Rusia y Ecuador depende de las posibilidades de negociaciones de parte del gobierno ecuatoriano. Teniendo en cuenta que además de temas sociales, como la salud, hay temas comerciales para productores, para empresarios que puedan participar en esos proyectos. Pero yo le voy a subrayar de nuevo que la Embajada no va a participar en las negociaciones, participan representantes de los sectores involucrados.

¿Ustedes son un puente?
Sí, un puente. A propósito, en Rusia tenemos una agencia pública que se llama Expocentro que asegura con fuentes financieras la mayoría de los proyectos de empresas rusas con socios extranjeros. En caso de que desaparezca la empresa o aparecen situaciones de fuerzas mayores, el gobierno de Rusia, a través de esta agencia, asegura el desarrollo de este proyecto. Teniendo en cuenta que esa Agencia de Energía Nuclear, es un organismo público.

 

¿Cuál sería la propuesta para un probable proyecto de los trenes?
En mi país se conoce un sueño desde hace muchos años de Ecuador de construir un ferrocarril de Quito a Guayaquil. No solamente para los turistas sino para la industria, para materias primas, para mineros, para productores. Se presentó esa oferta en el gobierno de Lenín Moreno, pero no presentó interés. Hace dos meses nuestra empresa, que es privada, y la más importante en la esfera de ferrocarriles y de construcciones de locomotoras y de vagones, llamada Sienara, presentó su oferta de no solamente construir, sino de unir, de buscar un conglomerado de empresas, porque es un tema muy caro que necesita inversiones de muchos socios. En ese proyecto hay un tema más interesante, Colombia está de acuerdo en conectar sus ferrocarriles con ese tren de Ecuador, para crear un corredor ferroviario más grande. Sienara tiene la confirmación del gobierno de Colombia de ese proyecto.

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“El tren no solo sería para los turistas sino para la industria, para materias primas, para mineros, para productores. Se presentó esa oferta en el gobierno de Lenín Moreno, pero no mostró interés”

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¿Colombia está de acuerdo?
Sí. Y claro que necesita tiempo para verificar las condiciones, verificar territorios, verificar cuánto va a costar ese proyecto. Porque es un proyecto no para un año, es un proyecto para 5 o 10 años de construcción, pero va a crear unas condiciones favorables para sus productores, para su economía.

¿El presidente Iván Duque está de acuerdo con esto?
Yo conozco que el presidente Duque está de acuerdo con el establecimiento de relaciones económicas de la Comunidad Andina con la Unión Económica Euroasiática. Sobre esa idea del ferrocarril, ya se conoce el acuerdo de la Ministra de Economía o de Ferrocarriles. Pero de parte del gobierno, conoce el presidente Duque.

Otro aspecto importante de la relación con Rusia es la entrega de 100 becas anuales para universitarios.
Hemos tenido reuniones con el secretario de la Senescyt para hablar ese tema. Cada año, en los últimos tres o cuatro años, Rusia otorga 100 becas de estudios gratuitos, a estudiantes jóvenes, que solo pagan el transporte y acá, en las mismas condiciones que los rusos, tienen viviendas y todo eso. Además de esas 100 becas, alrededor de 500 jóvenes viajan a Rusia a estudiar en base de contratos comerciales; entonces cada año son 600 jóvenes que aprenden especialidades, profesiones universitarias para cursos completos de 6 años. Son 5 años de estudio, entonces 6 años. Es una cantidad grande y desde los años 60 o 70 Rusia prepara profesionales para su país, ellos están organizados en una asociación de los Profesionales de Universidades de la Unión Soviética y Rusia. La idea de ese acuerdo es reconocer el título, en ambos países. Un agrónomo de Rusia se reconoce agrónomo en Ecuador, un médico en Ecuador se reconoce como médico en Rusia.  Todo eso es necesario actualizar. Hace 5 años, en 2016, mi Gobierno presentó un borrador de ese acuerdo de evolución de títulos, que está caminando.

¿Y ahora retomaron?
Sí, ahora retomamos. El Ministerio de Educación participa en un Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas que dicen “¿Por qué estudian en otros países? Tienen que estudiar en Bolivia, porque tenemos un sistema de educación muy bueno”. Bien, pero es la posición del Gobierno, cada joven puede elegir dónde estudiar, su país u otro país. Además, no hay especialidades modernas en muchos países, como manager en medioambiente, de ecología. Hay otras carreras, por ejemplo, con las tecnologías nucleares, si no existe esa esfera, no hay esa especialidad en la lista de profesiones y estudios, y no se reconoce cuando regresan. Ahora se habla de la creación de una agencia de espacio cósmico regional, de la CELAC. Ecuador como miembro de esa agencia espacial va a buscar especialistas, en Ecuador no hay dónde preparar especialistas cósmicos. Es necesario cambiar la lista de las especialidades en cada país con la aparición de esas ramas de economía.

Veo que ya en el ámbito más gubernamental ha habido intercambio. Han ido policías, militares a recibir cursos en Rusia de capacitación…
Sí, para el Ministerio de Gobierno y más concreto para la Policía. Se realizan varios cursos a corto plazo, no solamente en Rusia. En primer lugar en la región, en Nicaragua, tenemos un centro del Ministerio del Interior de Rusia. En mi país no hay esa diferencia de policía y de Ministerio de Gobierno. El ministerio de Gobierno, de Asuntos Interiores de Rusia encabeza la Policía. Ese ministerio tiene un centro regional, funciona en Nicaragua. Cada año, más o menos, 10 o 15 policías, oficiales de Policía ecuatorianos acuden. Este año conozco que ya participaron unos oficiales, para la segunda parte del año se preparan otros cursos.

¿Eso se realiza en Nicaragua?
La mayoría son en Nicaragua, más cerca, más barato el transporte, no es necesario un traductor, todo es en español.

¿Desde hace cuánto tiempo tienen esta cooperación para capacitar policías?
Más o menos, como yo conozco, son 8 o 7 años. En tiempo del Gobierno de Lenín Moreno también participaron porque los policías no son políticos, ellos tienen tareas especiales, técnicas, jurídicas.

¿Hay algún acuerdo en el campo de seguridad militar que esté en marcha?
Hay interés, pero es un tema bastante delicado, parece que no podemos discutirlo, analizarlo públicamente aún. Pero el interés existe de ambas partes.

ENTREVISTA. Galo Robalino es el nuevo director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), ex Senain. Asumió el cargo el 31 de agosto pasado, tras una fugaz transición que encabezó el ministro de Defensa, Fernando Donoso, y duró menos de dos meses. Al día siguiente de su posesión, el jefe de los sistemas de Inteligencia nos recibió en su despacho, en la sede del Centro, en Lumbisí, 40 minutos al oriente de Quito. En este diálogo, Robalino asegura que la Inteligencia ya no emplea para espiar ni hostigar opositores y periodistas, que fue una práctica recurrente en el gobierno de Rafael Correa. Hoy se orienta a la elaboración de productos y alertas que llegan directamente al Presidente. Otro anuncio importante es la elaboración de la Ley de Inteligencia, que será presentada para su aprobación en la Asamblea, dentro de un mes.       

Por Arturo Torres

¿Qué pasó en el período en el que usted fue subdirector del CIES, durante el proceso de reorganización, que inicialmente se le encargó al Ministro de Defensa. En qué han estado trabajando estos dos meses?
– Definimos que el objetivo central era que el CIES básicamente debía enfocarse en que la información sobre amenazas debía llegar a la Presidencia de una forma sólida, oportuna y en tiempo real, sin sesgos ni un matiz político, sin ningún direccionamiento. Así el presidente y su gabinete pueden tomar las mejores decisiones. Es fundamental que no se piense solo en el gobierno, sino en el Estado, en el país, queremos enfocarnos en lo estratégico.

Precisamente eso es lo que ocurrió en la Senain, que se creó para ser usada en función de los intereses del correísmo, como una maquinaria para hostigar, perseguir y espiar opositores y periodistas. ¿Cómo puede usted garantizar que el Centro no vuelva a orientarse hacia ese tipo de prácticas ilegales?
– Bueno, el presidente ha sido muy claro. Lo dijo el día martes en el salón amarillo, durante mi posesión como director, que el CIES va a marcar la diferencia con el antiguo Senain, que la inteligencia se orientará hacia el bienestar del Estado, sin lineamientos políticos. Se acabó la era del espionaje político a opositores y periodistas.

¿Descarta entonces un sesgo en las operaciones y un cambio del enfoque del nivel operativo al estratégico?
– Totalmente, yo soy una persona muy apegada a la democracia, a la ley, en consecuencia con la posición del presidente Guillermo Lasso. Estamos con los mismos lineamientos y parámetros.

¿Cuál es su experiencia y formación, por qué aceptó ponerse al frente de los sistemas de inteligencia?
– Yo he sido empresario en muchos aspectos, pero hoy pienso que el país necesita de quienes estemos dispuestos a sacrificar un poco de tiempo y dedicárselo al país. Uno como empresario normalmente ve esta situación de lejos; por eso, en gran medida, es que ha pasado lo que ha pasado en los años anteriores. Viene gente, a lo mejor con otros fines, con incompetencia.

¿Desde el CIES, cuáles van a ser los enfoques ahora que usted ha tenido acceso a información y entiende mejor su lógica. En qué han estado trabajando a nivel organizacional?
– Hemos trabajado muy de cerca con los subsistemas. Específicamente con la Dirección General de Inteligencia de la Policía (DGI), y la inteligencia de las Fuerzas Armadas, el G2, así como el SRI, la UAFE, las Aduanas, entre otras entidades. Procesamos todos estos resultados de búsqueda específica de información y presentamos un solo producto. Este reporte es la parte final que llega a la Presidencia, en temas vitales.

¿Qué tipo de productos le han hecho llegar al presidente?
– Sobre distintas amenazas contra la seguridad del estado, en tiempo real.

¿Por qué enfatiza usted en tiempo real?
– La información de Inteligencia debe ser oportuna. El mejor ejemplo para graficarlo es lo que ocurrió durante el paro indígena de octubre de 2019. El Gobierno no tuvo información oportuna, nunca vio venir la crisis que se venía, para poder enfrentarla a tiempo, buscando soluciones antes de que escale el problema.

¿O sea, la anticipación es fundamental?
– Es importante saber lo que puede pasar, dar escenarios, evitar que pasemos a la etapa de apagar incendios.

¿Ahora quieren enfocarse en prevenir los incendios?
-Claro, nuestro trabajo es ayudar a prevenir los incendios, saber dónde van a ocurrir, por qué, motivar decisiones ágiles para que esos incendios no ocurran.

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“La información de Inteligencia debe ser oportuna. El mejor ejemplo para graficarlo es lo que ocurrió durante el paro indígena de octubre de 2019. El Gobierno no tuvo información oportuna, nunca vio venir la crisis que se venía”.

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Pero el trabajo del CIES no solo tiene que ver con la elaboración de informes y alertas oportunas. También debe asegurar conexiones fluidas y coordinación entre los subsistemas, que han mantenido rivalidades por mucho tiempo. ¿Existe el mecanismo para que las autoridades tomen rápidamente decisiones, con cooperación efectiva de los subsistemas de Policía y FF.AA.?
– El CIES es una secretaría adscrita a la Presidencia. Por lo tanto, estamos siempre en total comunicación con el Presidente, los subsistemas se articulan plenamente a ese objetivo.

¿Usted tiene línea directa con el Presidente?
– Totalmente. tengo la confianza del Presidente, por eso estoy aquí.

¿Cuáles han identificado ustedes como las principales amenazas para la seguridad del Estado?
– El narcotráfico, la delincuencia, la corrupción, la minería irregular. Tenemos problemas en fronteras, en pasos clandestinos.

¿Y para enfrentar esas amenazas cómo opera el CIES?
– Tenemos analistas que reciben informes que pedimos a los subsistemas. Ellos procesan la información y con la supervisión y direccionamiento apropiado se elaboran los productos. Pero, por ejemplo, si tenemos que pedir algo a la DGI, si es información delicada, debe actuar en coordinación con la Fiscalía y con la autorización de un juez de ser el caso. Nosotros arbitrariamente no hacemos ninguna operación, que está a cargo de los subsistemas.

Precisamente, la Senain hacía esas operaciones al margen de la ley, escuchas telefónicas, seguimientos…
– Totalmente. Hoy en día las escuchas o alguna intervención siempre deben ser aprobadas por Fiscalía y un juez.

¿Cuán importante es que un civil esté al frente para acercar a la Policía y FF.AA?
– Siempre el civil es el equilibrio, ese es el es patrón en un sistema democrático. Hoy en día tenemos la mejor de las relaciones con las Fuerzas Armadas. Es más, el ministro de Defensa, un exoficial de la Armada, estuvo a cargo de la transición e hizo un buen papel. La relación con el mando de la Policía es excelente, así como con el Ministerio de Gobierno.

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“Nosotros tenemos analistas que reciben informes que pedimos a los subsistemas. Ellos procesan la información y con la supervisión y direccionamiento apropiado se elaboran los productos de inteligencia”.

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¿Entonces, los subsistemas policial y militar ya están trabajando de manera coordinada y cooperan con toda la información que requieren?
– Estamos trabajando de manera coordinada, y además tenemos mucho apoyo internacional. Usted sabe que la inteligencia no es solamente de un país, es mundial, y necesitamos la colaboración de muchas partes.

¿Cómo se puede lograr, se han firmado acuerdos de cooperación con otros países para fortalecer el intercambio de información?
– Sí. Estamos trabajando coordinadamente, es importante no cerrarse a la ayuda que podamos recibir de gobiernos como Colombia, Estados Unidos…

¿En el tema de la cooperación internacional, qué más implica?
– Además del intercambio de información, el tema de la capacitación es muy bueno.

Otro aspecto pendiente, absolutamente importante, es el de la Ley de Inteligencia. ¿Han avanzado ustedes con ese proyecto, cuándo lo presentarán?
– Estamos trabajando mucho en eso, con ayuda de los subsistemas. Pensamos que unas pocas semanas lo tendremos listo, estamos puliendo ciertos detalles. Yo pienso y aspiro que en máximo unos 30 días estamos listos con eso.

¿Con el proyecto de ley?
– Sí, con el proyecto de la ley de Inteligencia.

¿Y cuál es el trámite que sigue? Una vez que ustedes terminen…
– Presentarlo a la Asamblea, cuando tengamos toda la retroalimentación del resto de subsistemas. Ya está bastante socializado.

Era un vacío, no había ley de Inteligencia
– No tenemos ley de Inteligencia, todos los países la tienen.

¿Qué es lo que están proponiendo en ese proyecto legal?
– El CIES es una secretaría adscrita a la presidencia. No solo es importante cambiar el nombre. Es relevante, por ejemplo, agregar ciertas cosas por ciberseguridad. Tuvimos problemas hace un mes y medio en CNT. Necesitamos empoderarnos del tema para apoyar con ciberseguridad en el sector público, crear protocolos en los ministerios, e incluso apoyar a compañías privadas para que no se repitan los hackeos reportados en varias entidades públicas y privadas. El CIES será el órgano rector sobre este tema.

¿Harán recomendaciones para que todas las empresas del Estado puedan estar preparadas frente a un ataque de este nivel?
– Sí, también para las empresas privadas.

¿El proyecto de ley tiene algún referente especial, algún país, como legislación?
– Cada país tiene una realidad distinta. Somos un país muy diverso. Es una ley de Inteligencia adaptada a nuestro país, por eso es importante la socialización, vamos por buen camino.

¿Esta socialización incluye no solamente a gente especializada, o de la sociedad civil también?
– Es gente especializada, gente del Gobierno y de la Asamblea, que es fundamental.

¿Qué posibilidad hay de que la aprueben, CREO no tiene mayoría legislativa?
– Yo pienso que por el bien del país, debería ser aprobada.

Cuando usted llegó al CIES, ¿cuáles fueron los principales problemas que encontró?
– Encontré una institución debilitada, que requiere volverse firme, reforzarse para el servicio de todo el estado. Reinstitucionalizarse.

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“Nosotros no venimos a repetir las prácticas irregulares del pasado, no venimos a malgastar el dinero, ni emplearlo para nuestro beneficio, mucho menos los gastos especiales”.

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Otra preocupación es el uso de gastos especiales, pues hubo abusos, desvío de millones de dólares para beneficios particulares de exfuncionarios del correísmo. Por el hecho de ser reservados, no están expuestos a una rendición de cuentas. ¿Cómo piensa generar confianza para que la gente sepa que esos fondos no se emplearán discrecionalmente?
– El presidente Lasso ha demostrado ser una persona correcta, que cumple lo que ofrece. Quienes lo apoyamos estamos convencidos de sus propuestas. No venimos a repetir las prácticas irregulares del pasado, a malgastar el dinero, ni emplearlo para nuestro beneficio, mucho menos los gastos especiales. Durante mi posesión, Guillermo, quien es un amigo personal, nos pidió no despilfarrar, gastar solamente en lo necesario.

¿El uso de gastos especiales va a ser manejado en función de los operativos que se requieran, desde los subsistemas?
– Absolutamente, para lo que el Gobierno, el Estado, necesiten para su normal funcionamiento

Se gastaron más de 300 millones de dólares en gastos especiales durante el correísmo, y buena parte de esto fue para pagos ajenos a operaciones de Inteligencia.
– Es una locura. Venimos de la parte privada, el privado es muy austero en sus gastos. De la misma forma nos manejaremos acá. Solamente en invertir, no digo gastar, digo invertir en lo necesario, en lo que el país necesita, ni un centavo más.

¿Cómo es un día normal de un director de Inteligencia?
– Empezamos acá a las 8 de la mañana, pero la información ya llega desde las 7:30 desde los subsistemas. Esa información debo priorizarla, escoger lo realmente importante parea informarle de ser el caso inmediatamente al Presidente, a la Ministra de Gobierno, el Secretario de la Administración Pública.

¿Entonces a usted le van llegando alertas desde temprano sobre temas cruciales?
– Así es. Yo las valoro, veo lo que es importante y lo remito al Presidente. Estoy en alerta hasta las 9 o 10 de la noche, los siete días de la semana.

¿Sobre el esquema de organización, a mediano plazo, cuáles son las mayores amenazas para el Gobierno?
– El siguiente reto del gobierno, tras cumplir en el tema de la vacunación, es la economía. Luego, en orden de prioridades, está la seguridad, toca controlar el tema del narcotráfico, que es gravísimo.

Respecto al narcotráfico, se cree que es un problema exclusivo de la Policía, pero es más complejo, atañe a distintas entidades como FF.AA. en frontera, a la Agencia de Regulación y Control, para controlar el contrabando de combustibles, la Marina, en el mar… ¿La información que generan también llegará a estas entidades para que puedan trabajar juntas, que cooperen eficazmente para enfrentar esta amenaza de manera transversal?
– Correcto, en este momento las Fuerzas Armadas están trabajando muy bien. Usted vio la decisión del Presidente para colocar el radar en Montecristi. Es un trabajo mancomunado, hay que controlar los combustibles, eso ya se viene, está en la mira.

¿Está identificado el tema de los combustibles?
– Totalmente, por eso mismo es que el subsidio de los combustibles no baja. Porque va normalmente a estas situaciones de narcotráfico. El Presidente está clarísimo, tiene esos pasos. Y nosotros vamos a contribuir con la información exacta de dónde está el origen de los problemas y esto va a ser en no más de 30 días. Estamos avanzando. En no más de 30 días definiremos dónde hay que apretar las tuercas.

 

Chats y escuchas, además de otras evidencias, sustentan la instrucción fiscal a la que ayer 2 de septiembre fueron vinculados Jorge Zambrano, Rasquiña, su pareja Samara Rivera, su abogado Harrison Salcedo y cuatro implicados. Entre ellos funcionarios penitenciarios, acusados de una supuesta asociación ilícita.  

Redacción Código Vidrio

“Rasquiña” no quería dejar un solo cabo suelto para recuperar su libertad. Su pareja, Samara Rivera se convirtió en una intermediaria, un puente para facilitar su excarcelación. Ella, que está recluida en la prisión de Latacunga, mantenía contactos telefónicos constantes con Jorge Luis Zambrano, Rasquiña, su abogado Harrison Salcedo y con funcionarios judiciales y de la Secretaría Nacional de Atención Integral de las Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

Esa es una de las evidencias que constan en el proceso judicial que la Fiscalía inició en junio pasado por la liberación de “Rasquiña”. Desde ese mes él, su pareja y su abogado, Harrison Salcedo, son investigados, junto con cuatros implicados más, funcionarios judiciales y del sistema penitenciario, por todas las maniobras supuestamente ilícitas que fraguaron para obtener su excarcelación.

Ayer, Rasquiña, Salcedo y Rivera fueron vinculados, junto a cuatro implicados más, a la instrucción fiscal por una supuesta asociación ilícita.

La jueza Ángela Bustillo dispuso la prohibición de salida del país de los procesados, quienes deberán presentarse periódicamente al juzgado. La jueza no dio paso al pedido de la Fiscalía de ordenar su prisión preventiva.

Inicialmente, el caso fue abierto por delincuencia organizada, pero el 26 de agosto la agente fiscal de Guayas, Jacinta Andrade, pidió a la jueza que se cambiara el tipo penal a asociación ilícita. Además, solicitó incluir en la instrucción a los siete los sospechosos, lo cual ocurrió ayer, miércoles 2 de septiembre, en Guayaquil.

Días antes de ser vinculado, Salcedo, quien es conocido entre sus amigos como Hulk, arremetió contra la fiscal Diana Salazar. En un video difundido en redes, acusó a la Fiscal de haber participado supuestamente en una reunión para conspirar contra el presidente Lenin Moreno, en octubre pasado. Pero esa declaración que filmó Salcedo tiene un error de fondo. En el segundo 68 el abogado dice que en la cita también estuvo “el contralor Pólit”, quien para la época vivía en Miami, donde se instaló desde junio de 2017, tras ser implicado en el caso Odebrecht.

Salcedo también es abogado del ex vicepresidente Jorge Glas y del asambleísta Eliseo Azuero, involucrado en el presunto reparto de puestos en hospitales públicos, así como de dos de los tres agentes de tránsito detenidos por ser parte de la banda delictiva, encabezada por los israelíes Shy Dahan (asesinado) y Oren Sheinman.

Llamamos a Salcedo a su celular pero no respondió nuestros mensajes. Ayer difundió un video en el que aparece en una cama y dice que ha sido operado de la columna. Denuncia que su vinculación es una maniobra para acallarlo por las denuncias de corrupción contra el gobierno, y que se pretende dejar en indefensión a sus clientes.

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Los chats de WhatsApp y mensajes de voz que son parte del proceso

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Uno de los funcionarios que estaba en contacto con Rivera es Jefferson Hinojosa, quien trabajaba en el departamento de Diagnóstico del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, donde Zambrano cumplía su condena. Él fue detenido el 24 de abril pasado, luego de que certificara fraudulentamente que el ex Jefe de Los Choneros cumplía con todos los requisitos para obtener la prelibertad.

En esa documentación no tomó en cuenta los traslados de pabellón que tuvo Zambrano por su conducta y menos aún el fallo judicial que echó abajo la forjada rebaja de penas del detenido, de 20 a 8 años de prisión.

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No es la primera vez que Harrison Salcedo está enjuciado. En el 2103 fue sentenciado y cumplió una pena de seis meses por falsificación de documentos privados.

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Según las investigaciones del denominado caso Enlace, Hinojosa conversó con Samara Rivera, el 9 de abril pasado. Ese día ella le envío el siguiente mensaje: “Mi querido Cristian, cómo le va. Le saluda Samara, Cristian quería pedirle un favor súper especial, lo que pasa es que están pidiendo, le está pidiendo el juez a ustedes, como centro, la justificación de la boleta. La boleta ya está ahí donde ustedes y el jurídico tiene que hacer un documento para justificar y que le juez sepa que todo lo de Jorge Luis están bien para su libertad. Mi pregunta cuándo el coronel estará ahí en el centro para que de una vez me ayuden con el documento jurídico y él pueda firmar”.

No se conoce la respuesta del funcionario de prisiones. No obstante, una conversación interceptada, que es parte del juicio, demuestra que estuvo en contacto permanente con la funcionaria de la Corte de Latacunga, Daniela Benítez y con el juez Santa María para hablar sobre el caso y buscar la salida de Rasquiña.

Sus diálogos se concentraban en los detalles sobre el reporte de la SNAI a favor de Jorge Zambrano y cómo podían salir airosos de los cuestionamientos en su contra.

Hay varios chats y conversaciones de Rivera con Hulk Mena (Salcedo), quien insistentemente se refiere a la necesidad de presionar a las autoridades que conocen el caso de su defendido para liberarlo. “Déjeme conversar con el doctor Santa (juez San María), para ver qué nos dice, si él quiere asumir el riesgo de despachar la prelibertad sin la sustentación de la audiencia, con esta directriz él podría hacerlo…”.

En otro de los diálogos interceptados, el juez Santa María le pide a Hinojosa que remita el informe antes de la audiencia y le pregunta si será favorable a Zambrano, a lo cual le responde afirmativamente. La razón que detalla es que supuestamente el fallo judicial que lo sentenciaba a 20 años de prisión no estaba ejecutoriado.

El judicial se sorprende y le pregunta ¿por qué? La respuesta fue que los jueces dejaron de conocer la causa, que no fue apelada, pero tampoco oficiaron la terminación del proceso. Este aparente error lo usarían para aplicar el beneficio de prelibertad, lo cual efectivamente se concretó en junio.

Este miércoles 2 de septiembre, a las 13:30, se realizará la audiencia de vinculación del abogado Harrison Salcedo y seis implicados más, en el juicio que investiga la liberación de Jorge Luis Zambrano, Rasquiña, con base en un fallo fraudulento que redujo su condena de 20 a 10 años. La supuesta intervención ilícita de Salcedo en este caso es investigada desde hace varias semanas atrás por la Fiscalía, que, al parecer, cuenta con nuevos elementos para vincularlo. Incluidos chats materializados de uno de los celulares de los procesados.

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En las indagaciones del Ministerio Público constan las transcripciones de cómo se logró liberarlo ilegalmente. El 20 de marzo pasado, Samara Rivera, pareja del ex jefe de Los Choneros, recibió un audio de un contacto grabado como “Hulk Mena”. Es el sobrenombre con el cual se conoce a Salcedo, Mena es su segundo apellido.

De los 40.000 presos, 25.720 (el 64,3%) son parte de los diez grupos delictivos identificados por la Policía. Los principales son Los Choneros (12.000 miembros) presentes en los presidios de Cotopaxi, Santo Domingo, Manabí y Guayas. Y Los Lobos (8.000), en Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo, Guayas, Chimborazo, Azuay, El Oro. Acumularon poder aprovechando la debilidad estatal, evidenciada en el déficit de agentes penitenciarios, la falta de presupuesto, la corrupción generalizada y el fracaso del modelo de rehabilitación, que mantiene en indefensión a la mayoría de personas privadas de la libertad.

Redacción Código Vidrio

Los Choneros y Los Lobos son las organizaciones criminales que mandan en los presidios más grandes del país.

Un informe de la Coordinación de Seguridad Penitenciaría de la Policía, al que Código Vidrio tuvo acceso, mapeó a estos grupos criminales, que han ganado poder aprovechando la debilidad estatal, evidenciada en el déficit de agentes penitenciarios, la falta de presupuesto, la corrupción generalizada y el fracaso del modelo de rehabilitación.

De los 40.000 presos repartidos en 37 centros carcelarios, 25.720 (el 64,3%) son parte de las diez asociaciones delictivas identificadas por la Policía.

Las principales megabandas son Los Choneros, con 12.000 miembros, presentes en los presidios de Cotopaxi, Santo Domingo, Manabí y Guayas. Y Los Lobos, con 8.000 integrantes, en Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo, Guayas, Chimborazo, Azuay, El Oro.

Por su número de integrantes, las dos organizaciones juntas son equiparables a un ejército. Las Farc, antes de desmovilizarse, tuvieron 19.000 armados en sus filas.

En influencia, a Los Choneros y Los Lobos, les siguen las Águilas, Tiguerones, Chone Killer y Fatales.

Según informes de inteligencia Antinarcóticos, Los Choneros son el brazo armado del cartel de Sinaloa, mientras Los Lobos dan seguridad a Jalisco Nueva Generación, que disputa el control de rutas y exportación de cocaína en Ecuador, especialmente desde 2016.

El descomunal poder que han adquirido las bandas, especialmente desde mediados de la década pasada, desbordó al Estado, que ha sido incapaz de aplicar efectivas políticas de rehabilitación, que sean una real alternativa de reinserción, según varios analistas.

Un tema clave que explica este fenómeno es la sobrepoblación carcelaria. Además de desbordar la capacidad de atención gubernamental, empoderó a las bandas, que mantienen un perverso esquema de cobros y coacción a los privados de la libertad.

El hacinamiento, en promedio, bordea el 30%. Hay 10.000 internos sobre la capacidad real de los centros.

Otro factor determinate es la criminalización del microtráfico, aplicada desde el gobierno de Rafael Correa. La captura de micro traficantes (en su mayoría pequeños consumidores) se disparó desde el 2015, tras las reformas de las tablas de tráfico y consumo de drogas. Este también es uno de los desencadenantes de la debacle de la política penal, según un reporte de la Defensoría Pública.

Por un lado, se ha reunido en grandes centros penitenciarios a delincuentes de alta peligrosidad. Por otro, con esta política punitiva se termina encarcelando a pequeños consumidores, adictos, en su mayoría personas en extrema pobreza. Ellos se vuelven carne de cañón de las megabandas, que los reclutan para proveerles de droga y alinearlos en sus acciones criminales.

Bastión criminal

Así, las cárceles se han convertido en un bastión para las organizaciones criminales, que operan de la mano con los carteles y con el microtráfico a nivel interno.

Esto también está conectado con el aumento del narcotráfico y otros delitos conexos, como el sicariato, en el país. En lo que va del año se han capturado más de 70 toneladas de cocaína. El último decomiso fue hace dos semanas: la Policía descubrió 10 toneladas del alcaloide en Guayaquil. El año pasado fueron incautadas 130 toneladas del estupefaciente, cifra récord que este año también será superada, según previsiones de Antinarcóticos.

La disputa que libran los carteles mexicanos se reproduce en las prisiones, que los últimos años han sido el escenario de sangrientas matanzas. El último episodio ocurrió el pasado 22 de julio cuando los choques armados entre esas bandas dejaron 74 fallecidos y más de 100 heridos en los centros de Guayaquil y Cotopaxi.

Para Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes infractores (SNAI), el crecimiento descomunal de estas organizaciones criminales requiere acciones urgentes, que incluyen medidas a distinto nivel, que ya han sido analizadas en varias reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).

Para enfrentar la crisis, el Gobierno decidió asignar 75 millones de dólares en los próximos cuatro años, según anunciaron la semana pasada varias autoridades, con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, a la cabeza.

En ese contexto, se presentó el «Plan de reestructuración para el sistema penitenciario».

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RADIOGRAFÍA DE LAS ORGANIZACIONES QUE OPERAN EN LAS CÁRCELES

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Cobo explicó que los recursos se destinarán a atender las necesidades de infraestructura, tecnología, seguridad y talento humano. «La situación del sistema penitenciario es precaria, caótica, peligrosa y anárquica, con efectos negativos para la seguridad del Estado”, apuntó Cobo, quien anunció que las acciones urgentes comprenden la implementación del trámite de beneficios penitenciarios para reducir el hacinamiento y mejorar la clasificación de las personas privadas de libertad de acuerdo con los niveles de seguridad.

¿Agentes o rehenes?

La violencia en los centros ha escalado vertiginosamente. Mientras en 2019 hubo 32 homicidios intencionales, el 2020 llegaron a 51, y en lo que va de este año ya suman 126 asesinatos. La mayoría (59) ocurrió en la Penitenciaría del Litoral.

Los principales grupos criminales se financian del narcotráfico y el microtráfico, así como de las extorsiones en los centros. Cuentan con el apoyo de funcionarios públicos y personal privado, que trabaja en las cárceles y facilita el ingreso de armas, celulares, droga…

Para afianzar su hegemonía, Los Choneros y Lobos también reclutan integrantes de las pandillas/naciones y minorías de otras bandas pequeñas, quienes cambian su hegemonía de acuerdo a cada centro, destaca el informe de la Policía.

Actualmente en los centros trabajan 1.477 servidores penitenciarios, y se requieren 4.642. Hay un déficit de 3.165 agentes. Los casos más críticos están en Guayas, donde hay un agente por cada 240 presos; en Azuay, con un servidor por cada 92 detenidos y Cotopaxi, con un funcionario para vigilar 90 internos. Las normas y parámetros internaciomales establecen que por cada 10 presos debe existir un guía penitenciario.

En la práctica este es un factor determinante para el descontrol estatal de las prisiones, según el estudio de Seguridad Penitenciaria.

“La ausencia de autoridad es cubierta por liderazgos emergentes y el surgimiento de grupos violentos de auto disciplina en las prisiones”, destaca el informe.

Otro factor crítico es el hacinamiento, que es del 30%. En los dos centros de Guayas, Cotopaxi, Azuay y Manabí están hacinados 22.812 privados de libertad (59% del total).

Las llaves, en poder de los presos

Entre los principales problemas detectados están el deficiente control y supervisión de las actividades en las prisiones, agravados por la falta de tecnología de videovigilancia apropiada.

En general, según el reporte de Inteligencia carcelaria, las llaves de las celdas y pabellones están en en poder de los presos, quienes manipulan las seguridades y se desplazan internamente en cualquier horario.

Los cabecillas de las organizaciones delictivas continúan liderando y ordenando actividades ilícitas en los territorios, fuera de las prisiones, para el microtráfico y muertes violentas.

Tampoco existe un control legal y disciplinario de las actividades que realizan los detenidos, lo cual alienta la impunidad.

Producción Código Vidrio

Parecen escenas de una película violenta ficticia, pero no lo son. Evidencian el alcance de las organizaciones criminales atrincheradas en los centros penitenciarios del país. Este portal revela en exclusiva videos inéditos, que muestran a detenidos disparando fusiles de largo alcance, como si fueran francotiradores entrenados en el centro penitenciario de Cotopaxi.

Las imágenes fueron captadas la tarde y noche del pasado miércoles 21 de julio. Ese día, un motín en ese centro dejó diez fallecidos y 35 heridos. En simultáneo, actos violentos en el centro de detención de Guayaquil dejaron un número similar de víctimas.

Los crímenes cometidos en las prisiones son investigados por la Fiscalía, que recaba versiones y otros indicios para determinar quiénes fueron los responsables.

Las imágenes inéditas, que revela Código Vidrio, muestran un detenido, con la vestimenta anaranjada, en actitud de francotirador. Dispara desde el techo de la torre 3 de la cárcel de Cotopaxi, mostrando tener total dominio del área. Maneja a la perfección el arma de largo alcance.

En determinado momento, otro interno que lo acompaña señala blancos hacia los cuales debe dirigir los disparos.

Luego de diez minutos otro preso sigue disparando, pero esta vez solo se observa la parte superior de su cuerpo.

Veinte minutos después de iniciado el tiroteo, por el mismo acceso a la torre 3 ingresa un uniformado hacia esa terraza. Se trata de un agente penitenciario. De inmediato, cuatro presos con trajes anaranjados llegan al lugar. Luego se observa al funcionario siguiendo las instrucciones de los detenidos. En cierto momento, parecería que el uniformado es coaccionado por varios de los privados de la libertad.

Cuando cae la tarde, los detenidos hacen señales con los brazos para comunicarse con otros. El uniformado penitenciario finalmente deja la torre, acompañado por varios de ellos.

Tomas desde las torres 2 y 4, del mismo centro de Cotopaxi, revelan, en cambio, a los internos mientras destruyen instalaciones e infraestructura de telecomunicaciones. Aparentemente, se trata de los inhibidores de señal de celular.

Luego de destrozar los equipos los arrojan desde la terraza.

Al día siguiente de ese volento motín carcelario, el Gobierno designó al coronel (r) Fausto Cobo para dirigir el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Un documento interno de la Policía al que tuvimos acceso advierte la penetración y hegemonía de organizaciones criminales dentro de las cárceles. Los choneros aún mandan: tienen 12 mil integrantes, repartidos en las cárceles de Guayas, Manabí, Cotopaxi y Santo Domingo.

Los Lobos, cuentan con 8 mil miembros en seis cárceles. Le siguen las Águilas, con 1.500 reclutados, en Guayas; los Tiguerones, con 1.200 seguidores, en Guayas y Esmeraldas; los Lagartos, con mil integrantes, en Guayas y los Chone Killer, con 900 miembros, en Guayas.

En una reciente requisa carcelaria, la Policía encontró siete explosivos tipo granada y un rocket lanzagranadas. Además, 86 armas de fuego y 2.574 municiones.

En la casa donde se encontraron casi 10 toneladas de cocaína en Guayaquil, en días pasados, se hallaron también armas de grueso calibre y municiones.

La Policía y la Fiscalía investigan si existen conexiones entre esta operación y las acciones armadas en las prisiones.

Ecuador importó más de 11 mil toneladas de desechos plásticos desde distintos países el 2020. Este es el tercer país de Latinoamérica que más importa basura sintética. Empresas ecuatorianas traen desechos plásticos desde 37 países. Estados Unidos es el que más exporta desechos plásticos hacia esta nación. Más de 39 mil toneladas de residuos ingresaron entre 2016 y 2019.
20 empresas son las que mayor cantidad de desechos importan a Ecuador. Ingresan ese material para elaborar diferentes productos. No hay normativas claras ni políticas públicas para exigir a los fabricantes y a los consumidores un tratamiento amigable, no contaminante, con el ambiente. Buena parte esos residuos se arrojan indiscriminadamente y tardan decenas y hasta cientos de años en degradarse.
Producción: Brigette Mancheno, Koyna Herrera y Esteban Cárdenas, estudiantes de Periodismo de la USFQ, Para este trabajo también se incluyeron datos publicados por Susana Morán en Plan V.
Coordinación Tania Orbe y dirección Arturo Torres.