La magistrada Vanessa Baraitser negó hoy miércoles el pedido de libertad bajo fianza para el fundador de WikiLeaks. La misma jurista rechazó, el lunes 4 de enero, la solicitud de extradición de EE.UU. por motivos de salud, pues existiría el riesgo de que se quitara la vida si es enjuiciado en ese país. Sin embargo, rechazó el argumento de sus abogados de que estaba protegido por garantías de libertad de expresión. La justicia estadounidense apelará el fallo. Nota actualizada este 6 de enero.
Redacción Código Vidrio
La jueza Vanessa Baraitser negó la libertad bajo fianza a Julian Assange, tres días después de que rechazara una solicitud de Estados Unidos para extraditarlo.
Estados Unidos anunció que apelaría la decisión de no extraditarlo y pidió que Assange permaneciera en prisión mientras el proceso estaba en trámite. Baraitser indicó en su último fallo que «hay motivos fundados para creer que si Assange es liberado no se entregará a la corte ni enfrentará el proceso de apelación».
Los fiscales estadounidenses argumentaron en la audiencia celebrada este miércoles 6 de enero que Assange ya había demostrado que era «capaz de hacer todo lo posible para evitar la extradición», refiriéndose a la violación de su arresto domiciliario en 2010, cuando enfrentaba un proceso de extradición a Suecia. Luego se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres.
Para los defensores de Assange, en vista de que la corte había fallado a su favor, con respecto a la solicitud de extradición, Assange cumpliría la ley. En ese contexto, ofrecieron medidas estrictas para asegurar, tanto a la fiscalía como al tribunal, que Assange no se fugaría, incluido el arresto domiciliario si se le concedía la fianza.
Baraitser rechazó los argumentos, indicando que Assange «ya había demostrado que estaba dispuesto a desobedecer la orden de este tribunal» y que «las condiciones estrictas que se le habían impuesto anteriormente no hicieron nada para evitarlo».
El lunes la jueza Baraitser negó la extradición del activista y hacker australiano a Estados Unidos por razones humanitarias, pues estimó que el riesgo de que cometa suicidio es inminente. Los funcionarios de justicia estadounidenses anunciaron que apelarán la decisión ante una instancia judicial superior, para lo cual tienen un plazo de diez días.
La jueza también rechazó las afirmaciones de la defensa de que Assange estaba protegido por garantías de libertad de expresión, diciendo que su «conducta, si se prueba, equivaldría a delitos en esta jurisdicción que no estarían protegidos por su derecho a la libertad de expresión». Además descartó previamente el resto de los argumentos presentados por sus abogados. Por ejemplo, la magistrada descartó la alegación de los abogados de Assange de que los cargos en su contra tenían “motivaciones políticas” y de que no tendría un juicio justo en ese país.
En EE.UU. Assange está acusado de 18 cargos de violación a la Ley de Espionaje (data de 1917) por obtener y publicar “información clasificada”, delitos por los que recibiría una condena de 175 años de cárcel.
«La impresión general es de un hombre deprimido y algunas veces desesperado, que teme de su futuro», según la jueza.»Al enfrentar condiciones de aislamiento casi total sin los factores de protección que limitaron sus riesgos en HMP Belmarsh [la cárcel británica donde está recluido], estoy convencida que los procedimientos descritos por EE.UU. no evitarán que el señor Assange encuentre una manera de suicidarse y por esa razón he decidido que la extradición sería opresiva por causa de daño mental», agregó.
Así, el australiano sortea momentáneamente la posibilidad de enfrentar a la justicia estadounidense de la que ha estado escabulléndose como una liebre desde el 2010.
Ese año marcó un quiebre definitivo para Assange y su portal de publicación de filtraciones, Wikileaks. El 5 de abril, ese sitio publicó el video Collateral Murder. Una pieza de 38 minutos grabado desde un helicóptero Apache estadounidense de un ataque a una población civil, ocurrido el 12 de julio de 2007 en Bagdad, la capital de Iraq. En la violenta arremetida militar murieron una docena de personas, entre ellas el fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen y su ayudante Saeed Chmagh. La difusión del video fue un remezón sin prcedentes para el gobierno de Barak Omaba, que había llegado al poder con la promesa de luchar por la defensa de los derechos humanos y de cerrar Guantánamo.
Cuando el gobierno aún tratada de ubicar al responsable de la filtración, otro bombazo estremeció a la Casa Blanca. En julio de 2010, WikiLeaks difundió los Afghan War Diaries, un paquete de 91.000 informes militares, en los que se detallaban centenares de muertes de civiles en Afganistán, en manos de soldados estadounidenses.
Hacia fines de ese castarófico 2010, llegó el golpe de gracia para el régimen de Obama. Esta vez la onda expansiva llegó desde el Cablegate: una filtración que recibió Wikileaks de 251.287 telegramas enviados al Departamento de Estado de Estados Unidos desde las cientos de embajadas y consulados en todo el mundo. Esta vez los cables diplomáticos fueron entregados a los medios The New York Times, El País, Der Spiegel, Le Monde y The Guardian, que relizaron su propia reportería para contrastar y verificar la información, antes de publicarla.
Para ese momento, las agencias de espionaje estadounidenses ya habian descubierto a la reponsable de la letal filtración: la exsoldado y analista de inteligencia Chelsea Manning, que fue detenida y encerrada en una prisión militar en Virginia por casi un año. Luego fue formalmente enjuiciada y condenada a 25 años de prisión, por la masiva entrega de informes reservados a WL En 2017 Manning fue indultada por el entonces presidente Barak Obama.
Desde entonces, aunque continuaron las filtraciones (documentos sobre detenidos en Guantánamo, sobre la industria de la vigilancia), la atención se enfocó sobre Assange, que de un momento a otro se había convertido en un adalid de la libertad de expresión, con una dimensión planetaria. Pero, sobre todo, se volvió el principal objetivo de varios gobiernos, especialmente EE.UU., Gran Bretaña y Suecia, donde la justicia los requería por acusaciones de violación y sexo no consentido.
Entonces, Assange voló a Londres, en diciembre de 2010, y se presentó en una comisaría para responder por un pedido de captura de Interpol por la denuncia en Suecia. Estuvo detenido pocos días pero después fue liberado bajo fianza.
El plan B fue el asilo por inminencia de su extradición
En febrero del 2011, una corte de distrito en Gran Bretaña dictaminó que Assange debía de ser extraditado a Suecia. Por esos días un nuevo jugador entró en escena: el gobierno de Rafael Correa, que buscaba desesperadamente acceder a los cables diplomáticos de Ecuador, que ya estaban siendo difundidos por los diarios El Comercio y El Universo.
En Londres la misión de acceder a los cables fue encomendada al cónsul Fidel Narváez, quien contactó inmediatamente a Assange que accedió a publicar todos los cables de Ecuador en la plataforma de WikiLeaks. Ese fue el inicio de la relación del gobierno de Correa con Assange”, contó Narváez, al ser entrevistado en su momento por Código Vidrio.
En adelante empezó a tomar cuerpo la idea de asilar a Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Desde entonces empezaron los preparativos para asilarlo, era el plan b de Assange ante la inminencia de su extradición a Suecia, que fue dispuesta en junio de 2012. Entonces, el 19 de junio ingresó a la sede ecuatoriana donde se asiló y permaneció cerca de siete años, hasta abril de 2018 cuando fue expulsado y entregado a las autoridades inglesas. Durante su permanencia en la embajada violentó las normas del asilo, sobre todo por su interferencia en la política de otros estados, como EE.UU. y España.
Luego de banadonar la sede, las autoridades inglesas lo sentenciaron a una pena de 50 semanas de prisión, por violar los términos de su libertad condicional, en 2010.
Mientras cumplía su condena, en septiembre empezó su juicio de extradición a EE.UU., que acusa a Assange de un supuesto delito de conspiración para obtener información de defensa nacional, siete delitos de obtención de información de defensa nacional, nueve delitos de revelación de información y un delito más de conspiración para la comisión de intrusión en ordenadores. La causa se lleva adelante en la División de Alejandría de la Corte de Virginia.
Conforme el proceso avanzó, los abogados de Assange han alegado que se trata de una persecución política despiadada del gobierno estadounidense. Defensores de derechos humanos y especialistas de organismos internacionales han exigido su liberación, argumentando que está encausado por ejercer su labor de periodista, al dinfundir información de interés público.
Relator de ONU pidió que Trump perdone a Assange
“Señor presidente, hoy le pido respetuosamente que perdone a Julian Assange”, reza una misiva abierta dirigida el 22 de diciembre pasado al presidente de Estados Unidos Donald Trump por el relator especial* sobre tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, Nils Melzer.
El experto en derechos humanos afirma que Assange ha estado privado de la libertad arbitrariamente durante los últimos diez años. “Este es el alto precio a pagar por tener el valor de publicar para el mundo información verdadera sobre los malos manejos del gobierno”, señala.
El indulto “rehabilitaría a un hombre valiente que ha sufrido injusticia, persecución y humillación durante más de una década simplemente por decir la verdad”, agrega.
El perdón presidencial sería una de las últimas cartas de Assange si la jueza inglesa da paso hoy a la extradición, que también es cuestionada por varios gobiernos, sobre todo el de Rusia. Analistas estiman que Trump podría perdonar al australiano si la justicia inglesa aprueba que sea enjuciado en EE.UU., pues no le convendría que durante el proceso pudiera revelar detalles de su relación con la divulgación de Wikileaks de miles de correos de los demócratas durante la campaña presidencial de 2016.
La carta del relator a Trump refiere haber visitado a Assange en el penal de Belmarsh junto con dos médicos independientes, y asevera que su salud se ha deteriorado al punto de poner en peligro su vida.
“Assange sufre de una afección respiratoria documentada que lo hace extremadamente vulnerable al brote de COVID-19 que estalló recientemente en esa prisión”, advierte.
Juzgar a Assange por revelar malos manejos en Estados Unidos o donde sea equivale a “matar al mensajero” en vez de corregir el problema expuesto en la publicación, lo que sería “incompatible con los valores fundamentales de la justicia, el estado de derecho y la libertad de prensa, estipulados en la Constitución estadounidense y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país”, destaca Melzer.