La aplicación de los indultos para descongestionar las cárceles es compleja. Pese a que el Gobierno informó a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) que se han emitido reportes para que se apliquen beneficios penitenciarios a 536 detenidos, esa meta, si se concreta, tomará tiempo.
Redacción Código Vidrio
Tras la última masacre que el 12 de noviembre dejó 68 asesinados y 25 heridos en la Penitenciaría del Litoral, la CIDH urgió al Estado a adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar la vida y los derechos de las personas detenidas que están bajo su custodia, investigar los crímenes e identificar a los responsables.
En este contexto, la CIDH envió un cuestionario (nota técnica 506-21/CIDH/SE/MPCT-SA) al Gobierno con varias interrogantes, que fue respondido desde la Secretaría de Derechos Humanos. El informe de 17 páginas está firmado por Andrea Romo, Directora de Protección y Reparación Integral.
Ese documento se envió días antes de que una delegación de la Corte Interamericana de DD.HH. llegara al país, el 2 de diciembre pasado. En esa visita, que tomó tres días, los comisionados visitaron los centros carcelarios de Guayaquil y Cotopaxi y se reunieron con distintas autoridades públicas. No pudieron ingresar a la Penitenciaría, donde han ocurrido los brotes más cruentos.
Código Vidrio accedió al informe que entregó el Gobierno a la CIDH. Una de las partes medulares se refiere a las medidas que se han tomado para enfrentar la crisis carcelaria desde mayo, entre ellas la disminución del hacinamiento en los centros carcelarios.
Para reducir el hacinamiento, entre agosto y octubre de este año, se han emitido los informes para que se apliquen beneficios penitenciarios a 536 detenidos. La documentación -agrega el informe- ha sido entregada al sistema de justicia, con el que se está coordinado su aplicación.
No obstante, fuentes del sistema penitenciario dijeron que llegar a esa meta es muy complicado. La liberación de esos detenidos no solo depende del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes (SNAI) sino del sistema judicial.
Entre los posibles beneficiarios se encuentran quienes podrán ser indultados directamente por el Presidente Guillermo Lasso. Hasta el momento, unas diez personas han recibido el perdón del Mandatario.
Hasta octubre pasado había 37.679 internos en los 54 presidios del país, que tienen capacidad para albergar 30.169 personas. Es decir que hay un hacinamiento (plazas faltantes) de 7.510 (24,8%.). El presidio de Los Ríos, con 151%, es el que tiene más hacinamiento, seguido por el centro Nro 5 de Guayas, con 129%; El Oro, con 110%, y Santo Domingo, con el 101%.
De los 37.679 presos, el 61% tiene sentencia y y 39% está procesado, sin una condena en firme.
Sobre las cárceles donde han ocurrido los hechos más violentos, el Gobierno explicó a la CIDH que están en Cotopaxi, Azuay y Guayas, que reúnen 21.836 detenidos. La mayoría se concentra en 6 centros de Guayas, donde están encerradas 15 mil personas.
Los delitos que concentran el mayor número de presos son:
-Drogas (28,19%)
-Contra la propiedad (26,17%)
-Contra la integridad sexual (16,18%)
-Contra la vida (13,47%)
-Contra las personas (4,36%)
-Contravenciones y apremio de alimentos (11,63%).
Solo una fallecida en las cárceles de mujeres
Los enfrentamientos en las prisiones no son recientes. Las masacres cobraron otra dimensión desde el 2019. Dejaron de ser motines convencionales y se convirtieron en disputas violentas entre las megabandas, especialmente Los Choneros, Lobos, Lagartos y Tiguerones.
Mientras hasta el 2018 hubo 98 fallecidos en las cárceles, en los tres últimos años se reportaron 414 asesinatos. Solo este año hubo más de 300 crímenes, en los presidios de varones. Estos datos de extrema violencia contrastan radicalmente con lo ocurrido en las cárceles de mujeres.
En el país hay 5 de centros de privación de libertad de mujeres. Hasta la fecha solo ha ocurrido un hecho de violencia en Guayaquil. Ocurrió el 4 de julio de 2021. Ese día fue asesinada Sindy Mosquera Rivas, en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nro. 2. Luego, la subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, en coordinación con la dirección de Inteligencia e Investigaciones de SNAI, trasladó a 15 detenidas a diferentes centros del país.
Este traslado, según el informe, permitió restaurar la seguridad, mantener el orden al interior del centro y evitar que escalen otros hechos de violencia.
Investigaciones de la Fiscalía
Entre las acciones emprendidas para investigar los crímenes, la Fiscalía informó que abrió 24 investigaciones previas (noticias del delito) y ha realizado 156 impulsos fiscales. Además, 568 diligencias investigativas entre autopsias, exámenes médicos legales, versiones, reconocimiento de lugar de los hechos, reconocimiento de diligencias y solicitud a varias instituciones del Estado.
Para esta tarea, la fiscal Diana Salazar conformó un equipo especializado de fiscales para el conocimiento y trámite de las investigaciones, que está dirigido por el Coordinador de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional –UNIDOT. En ste año se han identificado 7 eventos violentos de grave conmoción en los centros.
Además, entre enero y octubre, la Policía ha realizado 122 operativos para decomisar objetos prohibidos en las cárceles: 69 en Guayas, 31 en Cotopaxi y 22 en Azuay.
En su respuesta a la CIDH, el Gobierno explicó que la situación carcelaria se debe comprender en el contexto de la seguridad no solo nacional sino regional, caracterizada por una fuerte presión del crimen organizado transnacional. En especial del narcotráfico, que ha dinamizado una serie de economías ilegales lideradas por grupos que operan dentro y fuera de las cárceles y que tienen conexiones con carteles internacionales.
Para enfrentar la crisis, el régimen emprende un plan, a cuatro años plazo, con un financiamiento de 74 millones de dólares.
Este proyecto tiene cuatro ejes:
-Infraestructura, con énfasis, en los presidios más grandes, en Guayaquil, Cuenca y Latacunga.
-Tecnología: con adquisiciones de cámaras, sensores y escáneres.
-Rehabilitación: que incluye inversiones en los ejes de tratamiento, talleres y educación.
-Personal, con capacitación y equipamiento de agentes de seguridad penitenciaria.
En su respuesta a la CIDH el Gobienro explicó que la situación carcelaria se debe comprender en el contexto de la seguridad no solo nacional sino regional, caracterizada por una fuerte presión del crimen organizado transnacional. En especial del narcotráfico, que ha dinamizado una serie de economías ilegales lideradas por grupos que operan dentro y fuera de las cárceles y que tienen conexiones con carteles internacionales.