Las denuncias de corrupción y vínculos de altos oficiales de la Policía y Fuerzas Armadas con el crimen organizado no son recientes. La explosiva declaración del embajador de EE.UU., Fitz Patrick, sobre la existencia de “narcogenerales” a los que han retirado las visas nos traslada al año 2009.
“La corrupción es generalizada en las filas de la Policía de Ecuador. Quien fue su comandante, Jaime Hurtado, usó su poder para extorsionar, acumulando dinero y propiedades, facilitar el tráfico de personas y obstruir investigaciones contra compañeros corruptos”.
Esa es una de las conclusiones de la entonces embajadora Heather Hodges, en un cable que envió al Departamento de Estado en 2008.
En ese cable -divulgado por WikiLeaks- se indica que con esa información EE.UU. le retiró a Hurtado y su familia la visa.
Esta semana la Embajada de Estados Unidos oficializó el retiro de la visa a los generales de la Policía Víctor Arauz, Pablo Rodríguez, Édgar Correa y Paulo Terán. Los cuatro oficiales fueron cesados de sus cargos, en agosto de este año, luego de que no superaran una evaluación de ascenso.
Hurtado fue comandante entre abril del 2008 y junio del 2009. Antes ocupó importantes funciones en la Policía, donde «comenzó sus corruptas actividades en los años 90». Todas esas prácticas, según la embajada, eran bien conocidas en el alto mando policial.
Los estadounidenses estaban seguros de que el entonces presidente Rafael Correa también las conocía cuando lo nombró comandante. «Las corruptas actividades descritas dañan la inversión norteamericana en Ecuador. Los inversores se muestran reacios a arriesgar su patrimonio porque saben que pueden ser extorsionados por agentes corruptos de los cuerpos de seguridad».
Según la embajada, Hurtado prestó asistencia a los traficantes de personas, creando así oportunidades de entrar en EE.UU. a delincuentes y terroristas.
Otro punto clave que se menciona son los cambios que trajó la Constitución del 2008, para proteger a los agentes corruptos y debilitar los controles.
«Debido a estos fallos institucionales, los oficiales de la Policía apenas se exponen a un castigo cuando se implican en actos corruptos. Con jueces y políticos corruptos, esta situación está más acentuada en las altas esferas del poder».
Mientras Hurtado fue comandante, Correa dio un golpe de gracia a todo el sistema de seguridad nacional y de Inteligencia. Además ordenó la desaparición de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), que golpeaba a las FARC y al narcotráfico, en coordinación estrecha con EE.UU. y Ciolombia.
En 2008, esta unidad descubrió la relación de los hermanos Jefferson, Miguel y Édison Ostaiza, capturados con 4 toneladas de cocaína en Esmeraldas, con funcionarios del gobierno. En la campaña del 2006, ellos fueron militantes y financistas de la campaña presidencial de Alianza País. Los Ostaiza traficaban la coca de las FARC para el cartel de Sinaloa.
Pero las conexiones del gobierno de Correa con las FARC llegaron mucho más llejos. Apenas llegó al poder, Correa nombró embajador en Venezuela, al general René Vargas Pazzos, excomandante del Ejército.Vargas apoyó de lleno a Correa en la campaña, a través de la Alianza Bolivariana Alfarista, que aglutinó 30 movimientos identificados con la corriente de Hugo Chávez.
El exjefe del Ejército era afín a las proclamas “revolucionarias” de las FARC y crítico feroz de EE.UU. En 2003 Vargas visitó a Raúl Reyes, segundo de las FARC en un campamento en el Putumayo, para coordinar acciones de apoyo en contra del Plan Colombia, ideado para terminar con las FARC y sus aliados de los carteles.
Semanas después le extendió un certificado de honorabilidad a Nubia Calderón en el que se asegura que es una «persona honrada, de conducta intachable que la ha hecho merecedora de la confianza de todos los que han tenido la oportunidad de tratarle». Calderón era representante de las FARC en Ecuador y fue detenida en Sucumbíos con $7 000 que no pudo justificar. La carta sirvió para que ella pudiera recuperar el dinero.
El año siguiente, Vargas arrendó una de sus grandes haciendas en la Bocana del Búa, en Santo Domingo de los Tsáchilas, al “gordo” Oliver Solarte, jefe financiero del frente 48 de las FARC. Él se encargaba de cuajar la compra de coca para Sinaloa y transportarla desde Colombia a Ecuador.
Con el alias de Casimiro, Solarte se movía con libertad dirigiendo un grupo de unos 15 colombianos que asesinaron a más de diez personas en la zona. Algunos de los asesinados habían presenciado el aterrizaje de helicópteros con armados y el ingreso de camiones que llevaban cocaína.
Por años, Santo Domingo ha sido un punto medular para el tráfico de cocaína, pues conecta vías que vienen desde la frontera con Colombia con las rutas de salida a las playas de Manabí, por donde salen lanchas y barcos hacia Centroamérica. Cuando la información salió a la luz en el libro El Juego del Camaleón Vargas dijo que nunca supo que se trataba de Solarte.
Uno de los principales contactos del gordo Oliver fue el capitán del Ejército Telmo Castro, a quien reclutó Sinaloa para dar seguridad y ocuparse de la logística en Ecuador.
Según informes de Inteligencia, Castro contaba con la protección de altos oficiales del Ejército, con quienes tenía reuniones, les invitaba a fiestas y viajes. De la noche a la mañana Castro tuvo un crecimiento exhorbitante de su patrimonio, compró propiedades y autos.
Pese a que se había convertido en un acaudalado oficial, ninguno de sus superiores lo investigó. Fue detenido por la Policía cuando llevaba cocaína en un camión que simulaba ser del Ejército. Su relación con altos oficiales del Ejército y políticos nunca se investigó. Fue asesinado en 2019 en la cárcel de Guayaquil, luego
