Las denuncias de corrupción y vínculos de altos oficiales de la Policía y Fuerzas Armadas con el crimen organizado no son recientes. La explosiva declaración del embajador de EE.UU., Fitz Patrick, sobre la existencia de “narcogenerales” a los que han retirado las visas nos traslada al año 2009.

“La corrupción es generalizada en las filas de la Policía de Ecuador. Quien fue su comandante, Jaime Hurtado, usó su poder para extorsionar, acumulando dinero y propiedades, facilitar el tráfico de personas y obstruir investigaciones contra compañeros corruptos”.

Esa es una de las conclusiones de la entonces embajadora Heather Hodges, en un cable que envió al Departamento de Estado en 2008.

En ese cable -divulgado por WikiLeaks- se indica que con esa información EE.UU. le retiró a Hurtado y su familia la visa.

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Esta semana la Embajada de Estados Unidos oficializó el retiro de la visa a los generales de la Policía Víctor Arauz, Pablo Rodríguez, Édgar Correa y Paulo Terán.  Los cuatro oficiales fueron cesados de sus cargos, en agosto de este año, luego de que no superaran una evaluación de ascenso. 

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Hurtado fue comandante entre abril del 2008 y junio del 2009. Antes ocupó importantes funciones en la Policía, donde  «comenzó sus corruptas actividades en los años 90». Todas esas prácticas, según la embajada, eran bien conocidas en el alto mando policial.

Los estadounidenses estaban seguros de que el entonces presidente Rafael Correa también las conocía cuando lo nombró comandante. «Las corruptas actividades descritas dañan la inversión norteamericana en Ecuador. Los inversores se muestran reacios a arriesgar su patrimonio porque saben que pueden ser extorsionados por agentes corruptos de los cuerpos de seguridad».

Según la embajada, Hurtado prestó asistencia a los traficantes de personas, creando así oportunidades de entrar en EE.UU. a delincuentes y terroristas.

Otro punto clave que se menciona son los cambios que trajó la Constitución del 2008, para proteger a los agentes corruptos y debilitar los controles.

«Debido a estos fallos institucionales, los oficiales de la Policía apenas se exponen a un castigo cuando se implican en actos corruptos. Con jueces y políticos corruptos, esta situación está más acentuada en las altas esferas del poder».

Mientras Hurtado fue comandante, Correa dio un golpe de gracia a todo el sistema de seguridad nacional y de Inteligencia. Además ordenó la desaparición de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), que golpeaba a las FARC y al narcotráfico, en coordinación estrecha con EE.UU. y Ciolombia.

En 2008, esta unidad descubrió la relación de los hermanos Jefferson, Miguel y Édison Ostaiza, capturados con 4 toneladas de cocaína en Esmeraldas, con funcionarios del gobierno. En la campaña del 2006, ellos fueron militantes y financistas de la campaña presidencial de Alianza País. Los Ostaiza traficaban la coca de las FARC para el cartel de Sinaloa.

Pero las conexiones del gobierno de Correa con las FARC llegaron mucho más llejos. Apenas llegó al poder, Correa nombró embajador en Venezuela, al general René Vargas Pazzos, excomandante del Ejército.Vargas apoyó de lleno a Correa en la campaña, a través de la Alianza Bolivariana Alfarista, que aglutinó 30 movimientos identificados con la corriente de Hugo Chávez.

El exjefe del Ejército era afín a las proclamas “revolucionarias” de las FARC y crítico feroz de EE.UU. En 2003 Vargas visitó a Raúl Reyes, segundo de las FARC en un campamento en el Putumayo, para coordinar acciones de apoyo en contra del Plan Colombia, ideado para terminar con las FARC y sus aliados de los carteles.

Semanas después le extendió un certificado de honorabilidad a Nubia Calderón en el que se asegura que es una «persona honrada, de conducta intachable que la ha hecho merecedora de la confianza de todos los que han tenido la oportunidad de tratarle». Calderón era representante de las FARC en Ecuador y fue detenida en Sucumbíos con $7 000 que no pudo justificar. La carta sirvió para que ella pudiera recuperar el dinero.

El año siguiente, Vargas arrendó una de sus grandes haciendas en la Bocana del Búa, en Santo Domingo de los Tsáchilas, al “gordo” Oliver Solarte, jefe financiero del frente 48 de las FARC. Él se encargaba de cuajar la compra de coca para Sinaloa y transportarla desde Colombia a Ecuador.

Con el alias de Casimiro, Solarte se movía con libertad dirigiendo un grupo de unos 15 colombianos que asesinaron a más de diez personas en la zona. Algunos de los asesinados habían presenciado el aterrizaje de helicópteros con armados y el ingreso de camiones que llevaban cocaína.

Por años, Santo Domingo ha sido un punto medular para el tráfico de cocaína, pues conecta vías que vienen desde la frontera con Colombia con las rutas de salida a las playas de Manabí, por donde salen lanchas y barcos hacia Centroamérica. Cuando la información salió a la luz en el libro El Juego del Camaleón Vargas dijo que nunca supo que se trataba de Solarte.

Uno de los principales contactos del gordo Oliver fue el capitán del Ejército Telmo Castro, a quien reclutó Sinaloa para dar seguridad y ocuparse de la logística en Ecuador.

Según informes de Inteligencia, Castro contaba con la protección de altos oficiales del Ejército, con quienes tenía reuniones, les invitaba a fiestas y viajes. De la noche a la mañana Castro tuvo un crecimiento exhorbitante de su patrimonio, compró propiedades y autos.

Pese a que se había convertido en un acaudalado oficial, ninguno de sus superiores lo investigó. Fue detenido por la Policía cuando llevaba cocaína en un camión que simulaba ser del Ejército. Su relación con altos oficiales del Ejército y políticos nunca se investigó. Fue asesinado en 2019 en la cárcel de Guayaquil, luego

 

 

La aplicación de los indultos para descongestionar las cárceles es compleja. Pese a que el Gobierno informó a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) que se han emitido reportes para que se apliquen beneficios penitenciarios a 536 detenidos, esa meta, si se concreta, tomará tiempo.    

Redacción Código Vidrio

Tras la última masacre que el 12 de noviembre dejó 68 asesinados y 25 heridos en la Penitenciaría del Litoral, la CIDH urgió al Estado a adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar la vida y los derechos de las personas detenidas que están bajo su custodia, investigar los crímenes e identificar a los responsables.

En este contexto, la CIDH envió un cuestionario (nota técnica 506-21/CIDH/SE/MPCT-SA) al Gobierno con varias interrogantes, que fue respondido desde la Secretaría de Derechos Humanos. El informe de 17 páginas está firmado por Andrea Romo, Directora de Protección y Reparación Integral.

Ese documento se envió días antes de que una delegación de la Corte Interamericana de DD.HH. llegara al país, el 2 de diciembre pasado. En esa visita, que tomó tres días, los comisionados visitaron los centros carcelarios de Guayaquil y Cotopaxi y se reunieron con distintas autoridades públicas. No pudieron ingresar a la Penitenciaría, donde han ocurrido los brotes más cruentos.

Código Vidrio accedió al informe que entregó el Gobierno a la CIDH. Una de las partes medulares se refiere a las medidas que se han tomado para enfrentar la crisis carcelaria desde mayo, entre ellas la disminución del hacinamiento en los centros carcelarios.

 Para reducir el hacinamiento, entre agosto y octubre de este año, se han emitido los informes para que se apliquen beneficios penitenciarios a 536 detenidos. La documentación -agrega el informe- ha sido entregada al sistema de justicia, con el que se está coordinado su aplicación.

No obstante, fuentes del sistema penitenciario dijeron que llegar a esa meta es muy complicado. La liberación de esos detenidos no solo depende del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes (SNAI) sino del sistema judicial.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran quienes podrán ser indultados directamente por el Presidente Guillermo Lasso. Hasta el momento, unas diez personas han recibido el perdón del Mandatario.

Hasta octubre pasado había 37.679 internos en los 54 presidios del país, que tienen capacidad para albergar 30.169 personas. Es decir que hay un hacinamiento (plazas faltantes) de 7.510 (24,8%.). El presidio de Los Ríos, con 151%, es el que tiene más hacinamiento, seguido por el centro Nro 5 de Guayas, con 129%; El Oro, con 110%, y Santo Domingo, con el 101%.

De los 37.679 presos, el 61% tiene sentencia y y 39% está procesado, sin una condena en firme.

Sobre las cárceles donde han ocurrido los hechos más violentos, el Gobierno explicó a la CIDH que están en Cotopaxi, Azuay y Guayas, que reúnen 21.836 detenidos. La mayoría se concentra en 6 centros de Guayas, donde están encerradas 15 mil personas.
Los delitos que concentran el mayor número de presos son:
-Drogas (28,19%)
-Contra la propiedad (26,17%)
-Contra la integridad sexual (16,18%)
-Contra la vida (13,47%)
-Contra las personas (4,36%)
-Contravenciones y apremio de alimentos (11,63%).

Solo una fallecida en las cárceles de mujeres

Los enfrentamientos en las prisiones no son recientes. Las masacres cobraron otra dimensión desde el 2019. Dejaron de ser motines convencionales y se convirtieron en disputas violentas entre las megabandas, especialmente Los Choneros, Lobos, Lagartos y Tiguerones.

Mientras hasta el 2018 hubo 98 fallecidos en las cárceles, en los tres últimos años se reportaron 414 asesinatos. Solo este año hubo más de 300 crímenes, en los presidios de varones. Estos datos de extrema violencia contrastan radicalmente con lo ocurrido en las cárceles de mujeres.

En el país hay 5 de centros de privación de libertad de mujeres. Hasta la fecha solo ha ocurrido un hecho de violencia en Guayaquil. Ocurrió el  4 de julio de 2021. Ese día fue asesinada Sindy Mosquera Rivas, en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nro. 2. Luego, la subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, en coordinación con la dirección de Inteligencia e Investigaciones de SNAI, trasladó a 15 detenidas a diferentes centros del país.
Este traslado, según el informe, permitió restaurar la seguridad, mantener el orden al interior del centro y evitar que escalen otros hechos de violencia.

Investigaciones de la Fiscalía

Entre las acciones emprendidas para investigar los crímenes, la Fiscalía informó que abrió 24 investigaciones previas (noticias del delito) y ha realizado 156 impulsos fiscales. Además, 568 diligencias investigativas entre autopsias, exámenes médicos legales, versiones, reconocimiento de lugar de los hechos, reconocimiento de diligencias y solicitud a varias instituciones del Estado.

Para esta tarea, la fiscal Diana Salazar conformó un equipo especializado de fiscales para el conocimiento y trámite de las investigaciones, que está dirigido por el Coordinador de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional –UNIDOT. En ste año se han identificado 7 eventos violentos de grave conmoción en los centros.

Además, entre enero y octubre, la Policía ha realizado 122 operativos para decomisar objetos prohibidos en las cárceles: 69 en Guayas, 31 en Cotopaxi y 22 en Azuay.

En su respuesta a la CIDH, el Gobierno explicó que la situación carcelaria se debe comprender en el contexto de la seguridad no solo nacional sino regional, caracterizada por una fuerte presión del crimen organizado transnacional. En especial del narcotráfico, que ha dinamizado una serie de economías ilegales lideradas por grupos que operan dentro y fuera de las cárceles y que tienen conexiones con carteles internacionales.

Para enfrentar la crisis, el régimen emprende un plan, a cuatro años plazo, con un financiamiento de 74 millones de dólares.

Este proyecto tiene cuatro ejes:
-Infraestructura, con énfasis, en los presidios más grandes, en Guayaquil, Cuenca y Latacunga.
-Tecnología: con adquisiciones de cámaras, sensores y escáneres.
-Rehabilitación: que incluye inversiones en los ejes de tratamiento, talleres y educación.
-Personal, con capacitación y equipamiento de agentes de seguridad penitenciaria.

En su respuesta a la CIDH el Gobienro explicó que la situación carcelaria se debe comprender en el contexto de la seguridad no solo nacional sino regional, caracterizada por una fuerte presión del crimen organizado transnacional. En especial del narcotráfico, que ha dinamizado una serie de economías ilegales lideradas por grupos que operan dentro y fuera de las cárceles y que tienen conexiones con carteles internacionales.

La Corte de Guayaquil sentenció a cinco años de cárcel a la ex fiscal Ángela Beltrán por asociación ilícita al favorecer con sus actuaciones a los narcotraficantes Robinson Arroyo y Víctor Endara, condenados por el tráfico de 600 kilos de cocaína (foto). Según las evidencias, como escuchas telefónicas y chats, Beltrán recibió un soborno de 300 mil dólares del abogado de los implicados Xavier Novillo, en acuerdo con la jueza Ana Posiligua, el secretario Walter Zambrano y la abogada Johana Pezo. No obstante, los jueces los declararon inocentes.

Redacción Código Vidrio

El juicio por asociación ilícita contra la ex fiscal manabita Angélica Viviana Beltrán parece sacado del guión de una narconovela. Entre los principales protagonistas de esta zaga están una jueza, un secretario de la Fiscalía, dos abogados y un enfermo terminal, usado como testigo falso.

El 2 de diciembre del 2017, unidades especiales de la Policía desarticularon una organización criminal liderada por Robinson Arroyo y Víctor Hugo Endara, cuando pretendían transportar 600 kilos de cocaína a EE.UU. en una avioneta Cessna, de bandera mexicana y matrícula ecuatoriana, que debía despegar desde el aeropuerto Los Perales, en Manabí. La droga pertenecía al cartel de Sinaloa.

En el operativo fueron detenidos nueve individuos, entre ecuatorianos, colombianos y mexicanos. Robinson Arroyo es considerado un peso pesado entre las organizaciones del nartcotráfico, y era seguido por el FBI.

Tras la captura, el proceso pasó a manos de la fiscal Beltrán. Y un mes después del operativo Impacto 43 empezó a dar un giro inesperado, con la aparición de un personaje suigéneris: Vicente Benítez, un manabita de 56 años, quien se autoinculpó y dijo ser responsable de la “producción de la droga”.

En esos días, Benítez ya sufría una enfermedad terminal (Sida) y murió seis meses después de confesar su supuesto delito. Según las investigaciones de Antinarcóticos, el testigo era falso, había sido comprado por los abogados de los narcotraficantes para declarararse culpable y así el dinero sería entregado a su familia.

No era la primera vez que Benítez actuaba como testigo. Antes también se había presentado a testificar en otros casos de narcotráfico, para descargar la responsabilidad de otros implicados, con la anuencia de jueces y fiscales.

Basándose en ese testimonio, Beltrán pidió modifcar la tipología del delito contra Arroyo, Endara y el resto de implicados. Así, no los acusó de tráfico de cocaína sino de producción, que implica una pena mucho menor, aunque fueron capturados con todas las evidencias de manera flagrante.

Por narcotráfico, la pena, en función de la cantidad decomisada, no habría sido menor a 13 años. Como productores, sus sentencias oscilan entre 7 y 10 años de reclusión.

Pero la fiscal Beltrán no solo cambió la tipología del delito. También pidió que el juez recibiera el testimonio abreviado de los implicados, que aceptaban su culpabilidad y así recibirían otra rebaja de sus penas. Durante la investigación, la fiscal tampoco aceptó otras vinculaciones que pedía la Policía.

Como parte de los seguimiento de la operación Impacto 3,  los investigadores confirmaron que las acciones de la fiscal fueron planificadas con los abogados de la organización delictiva. Los agentes Antinarcóticos descubrieron el plan gracias a las escuchas telefónicas que hacían a las conversaciones de los cabecillas de la red, desde 2017.

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En enero del 2018, grabaron uno de esos diálogos, en el cual uno de los integrantes de la banda dice que pagaron 300.000 dólares para que sus abogados pacten con la Fiscal, que también se habría puesto de acuerdo con la jueza, el secretario de la Fiscalía y los abogados de los sentenciados para obtener rebajas de penas.

“La estrategia es que todos salgan en diez meses. La fiscal está del lado de nosotros… Es la que ordena todo eso”, dice uno de los diálogos registrados en las escuchas, corroboradas por un perito dentro del juicio.

Las escuchas también les permitieron a los policías acceder a los teléfonos de la fiscal y el resto de funcionarios judiciales, donde encontraron las fotografías que se enviaban a los narcotraficantes para demostrar el avance de las operaciones y cómo se acogían en la justicia los testimonios a su favor. Era la evidencia de que estaban haciendo sus trabajo por el soborno.

Los chats con el abogado Novillo y la hoja de ruta

Entre los indicios consta la pericia telefónica realizada al Iphone de Robinson Arroyo (0939344329), que fue pinchado por el SICOM. En ese teléfono se descubrió un chat de WhatsApp con el numero 0981092161, registrado en la agenda de contactos como ABO NOVILLO, que en un cotejamiento de voz se determinó que se trataba del abogado Xavier Alexander Novillo Arana.

En los mensajes  se describe, paso a paso, todas las actividades judiciales que se realizaban para liberar a los 9 procesados, así como la cantidad de dinero que requería para entregarle a la Fiscal y Juez. Como muestra de su “profesionalismo”, la jueza les remitía fotografías de las versiones recogidas, entre ellas la de Javier Esteban Suárez Álava, quien vinculaba al testigo falso. El testimonio del testigo falso tiene el pie de firma de la abogada Johanna Gabriela Del Pezo. Además, en los mensajes se encontraron fotografías de los oficios de la fiscal Beltrán Vallejo pidiendo a la jueza Ana Ofelia Posiligua (encargada del despacho) hora y fecha para reformular cargos, vinculación y abreviado. Es decir, los requerimientos por los cuales pagaron $ 300.000.

Con todas estas evidencias, el 27 de abril del 2018 la jueza encargada de la presidencia de la Corte de Guayas, Esperanza Moreano, abrió el proceso por asociación ilícita contra la jueza Posligua, Mendoza, Novillo y Del Pezo. La jueza no ordenó sus detenciones, dictó medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país de los acusados.

El fallo fue apelado y los investigadores insistieron en la detención de los sospechosos, que fue aprobada el dos de mayo. No obstante, 20 días después el juez Francisco Morales, encargado de la Presidencia de la Corte de Guayas, les concedió una fianza de $4.632 a todos los implicados, con lo cual obtuvieron su libertad.

Un desfile de jueces esquivos

Desde esta fecha, el caso empezó a tamabalear, con un sinnúmero de retardos y contratiempos. Argucias procesales para dilatar los fallos y excusas sistemáticas de varios jueces. Hasta noviembre la Fiscalía no lograba concretar la audiencia preparatoria del juicio. No había fechas pendientes y cuando por fin lo consiguió el nuevo presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur, se inhibió de conocer el juicio.

Su decisión se basó en las supuestas acciones que provocaría la nulidad de lo investigado, por eso pidió que se pronuncie la Corte Provincial de Justicia de Manabí, donde la red narco fue desmantelada.

La jueza Laura Sabando,  a cargo de la presidencia  de la Corte de Manabí, también se inhibió de conocer la causa. Argumentó que su colega de Guayas no podía haber tomado esa resolución, pues era él quien legamente estaba encargado de tramitar el juicio.

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Los chats evidencian las negociaciones del supuesto pago a operadores judiciales

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El juez Sabando respondió que no era responsable y devolvió el expediente a Manabí. Entonces, la jueza manabita pidió que la Corte Nacional de Justicia sea la que dirima la controversia.

Todas estas dilaciones jugaban a favor de los integrantes de la red de narcotráfico, que por los beneficios concedidos por los jueces buscaban recuperar su libertad en cualquier momento.

En enero del 2019, un año después de las investigaciones, la Corte Nacional dirimió la polémica y resolvió que el juicio se tramite en Guayas.

Sin embargo, otro incidente surgió en el camino: el juez Manzur no podía llevar el caso y fue reemplazado por Francisco Morales. Él realizó la audiencia previa del juicio en contra la fiscal Beltrán; la jueza Posligua, Mendoza, Arroyo y Del Pezo, además de los cabecillas de la banda que iban a ser los presuntos beneficiados de esa asociación ilícita.

El juez estimó que había méritos suficientes para procesarlos penalmente y elevó el expediente a la Sala Penal de la Corte de Guayaquil.

Desde esa diligencia hasta la expedición de la sentencia transcurrió un año y medio más. En este período sobrevino otra avalancha de dilaciones con diligencias suspendidas, retrasos y otros incidentes.

Este último lunes 14 de julio, la Sala Penal de la Corte de Guayas dio a conocer su sentencia. Condenó por asociación ilícita a cinco años de cárcel a la fiscal Beltrán y a los principales integrantes de la red: los narcotraficantes Robinson Arroyo y Víctor Hugo Endara, que ya habían sido condenados anteriormente a 19 años de prisión en el caso principal, por el tráfico de 600 kilos de coca.

Pese a que las pruebas indican que la fiscal, al parecer, no actuó sola sino con otros funcionarios y abogados, los jueces Richard Gaibor Gaibor (ponente), Henry Morán Morán y José Poveda Arauz declararon la inocencia del resto de implicados. Concretamente los jueces absolvieron a Ana Posligua Ronquillo (ex jueza de San Vicente, quien dio paso al cambio del tipo penal y la vinculación del testigo falso); Walter Zambrano (secretario de la fiscal, quien colaboró con el abogado Novillo para recibir una serie de versiones); Xavier Novillo Arana (quien coordinó con la fiscal y la jueza, con el pago de $ 300.000, el cambio de tipo penal, el ingreso de testigo falso y el procedimiento abreviado de los detenidos en el aeropuerto los Perales); y Johana Del Pezo Zambrano (abogada del testigo falso, que falleció 6 meses después de dar su versión auto inculpándose).

El fallo puede ser apelado por la Fiscalía o cualquiera de las partes hasta este viernes, para que la Corte Nacional lo revise. Fuentes cercanas a la investigación, temen que la Fiscal del caso no apele la sentencia, en vista de las actuaciones sospechosas de otros funcionarios judiciales en este caso.

La empresa China Camc Engineering está en el top ten de las mayores proveedoras del Estado ecuatoriano, junto con Sinohydro, para la adjudicación de obras bajo la figura del Régimen Especial. Este es un tipo de contratación cuyo denominador común son los procesos contractuales sin concursos ni estudios de mercado. 

Por Doris Olmos

Entre enero y diciembre del 2020, China CAMC se encuentra en el ranking de los 20 mayores proveedores adjudicados del país con 16,2 millones de dólares. En el 2015 se ubicó en el primer lugar, con 224’3 millones, mientras el 2018 fue séptima, con 50,3 millones de dólares.

Este domingo, Código Vidrio reveló que CAMC ganó un contrato de 40 millones de dólares hace dos años pero asignó ilegalmente a una empresa subcontratista la construcción total de 2.100 casas. Esto no solo viola la ley de Contratación, también generó un conflicto que desembocó en la paralización durante seis meses de las obras, que debían estar terminadas el año pasado. El contrato entregado en el gobierno de Lenin Moreno se financia con un crédito del Banco de Desarrollo de China, entidad que presta en condiciones poco transparentes a Ecuador.

Caída y limpia. En los últimos ocho años, Ecuador se endeudó en más de 15 mil millones de dólares en contratos bajo esta figura legal para que sean dierccionados hacia compañías chinas . Las contrataciones más grandes fueron para inversión en infraestructura, bienes y servicios, donde las empresas chinas mandaron y se beneficiaron directamente. La plata viene de China y vuelve a China, a través de sus empresas. Luego Ecuador cubre los créditos con petróleo que en estos casos está comprometido hasta el 2024.

Por ejemplo, en agosto de 2010 Ecuador y el Banco de Desarrollo de China (CDB) suscribieron un préstamos por 1.000 millones de dólares, de los cuales 100 millones, correspondientes al tramo B, fueron empleados para financiar la construcción del ECU 911. Es decir, el 10% del crédito general ya estaba preasignado para la obra con una empresa china.

Tal y como estaba previsto, el 14 de febrero de 2011 se realizó la invitación directa a una empresa china para que participe en el proyecto. En esa ocasión la elegida fue la China National Electronics Import & Export. La invitación se hizo con el oficio MICS-D-2011-119.

Para favorecer a las empresas chinas se usaron todo tipo de instrumentos y argucias contractuales. Se emitieron resoluciones para declarar en emergencia algunos proyectos. La resolución 013, del 15 de diciembre del 2011, permitió declarar en emergencia la ejecución de determinadas obras y contratar de manera directa con empresas públicas del gobierno de China, señaladas por la embajada.

En esta línea, el 16 de diciembre de 2011 las autoridades realizaron una invitación directa a la empresa CAMC ENGINEERING CO. LTD para que presentara su oferta para la construcción de la obra civil de los edificios del ECU 911, que consistía en 12 centros regionales/locales, un centro nacional y una sala de operaciones.

Un informe de Contraloría sobre esta obra (DAAC-0173-2015) detectó que existía diferencias en cantidades entre valores planillados y verificados. Igualmente, que “los planos de registro anexos al expediente de cada uno de los centros SIS ECU 911 de Portoviejo, Machala, Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Quito, no corresponden a lo verificado físicamente”.

También detectó que los trabajos tienen deficiencias constructivas como presencia de fisuras, humedecimientos en adoquines y bordillos, fallas en los sistemas de riego exterior…

La Plafaforma Gubernamental Financiera, proyecto que se levantó sobre una extensión de aproximadamente 5 hectáreas, es otra obra construida con el mismo mecanismo de atar créditos chinos a proyectos.

Una parte de su financimiento proviene del Tramo B de la línea de Crédito III del convenio de cinco partes, firmado entre Ecuador y el Banco de Desarrollo de China, cuyo monto global fue de 2.000 millones de dólares. La obra, cuyo precio inicial fue de 198 millones, fue adjudicada igualmente a CAMC. En este proceso, la Contraloría determinó que los encargados usaron una modalidad de contratación de precio y plazo fijos, no contemplada en la   Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según consta en el informe DNA1-0020-2018.

Igualmente, determinó que “no existe documentación sobre la viabilidad técnica y económica como parte de los procedimientos de contratación para la construcción y fiscalización de la Plataforma…”. Además, que la experiencia del personal de fiscalización no fue evaluada conforme a los prámetros contenidos en los pliegos de contratación, así como incumplimientos en calidad y cantidad de equipos eléctricos y electrónicos.

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La participación de las empresas chinas no fue una casualidad. Los préstamos otorgados a Ecuador tenían una condición: las contratistas debían ser compañías de ese país. De esta manera, garantizaban que el dinero siempre regresara  a sus bolsillos.

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Este tipo de negociación la manejó años atrás el Banco de Desarrollo de Brasil y su principal beneficiaria fue Odebrecht, que organizó una red de corrupción para apropiarse de los contratos a escala regional.

En total, 12 empresas chinas fueron las mayores beneficiadas de los contratos de reconstrucción vial, educativa y de infraestructura. Hasta el final del gobierno de Correa, en el 2017,  se contrataron 11 mil millones de dólares bajo Régimen Especial.

Las empresas chinas también han dejado una estela de corrupción en el país. La justicia ecuatoriana sancionó su participación en los sobornos para financiar las campañas electorales del movimiento político de Rafael Correa y abrió otros expedientes penales para resolver las denuncias de sobreprecios, fallas en las construcciones y pagos indebidos a funcionarios ecuatorianos. Incluso existe información revelada por la Fiscalia según la cual la empresa Camc transfirió dinero para el desvanecimiento de glosas.

Leyes a la carta…China

El panorama legal en Ecuador también fue modificado con el arribo de los créditos chinos. Desde el 2013, se impulsaron reformas a la Ley de Contratación Pública para acelerar los convenios de Régimen Especial. Una de las principales modificaciones fue terminar con los estudios previos por parte de la Contraloría, el órgano que velaba para que no se violen las normas legales.

En su reciente visita a Ecuador, el secretario de  Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló sobre este tema. “No estamos pidiendo a los países que opten entre Estados Unidos y China, ni queremos contener a China o frenarla de alguna forma. Lo que sí queremos es apoyar las normas más altas”.

Principalmente, la autoridad estadounidense se refirió a la relación directa que mantiene el Estado chino con su empresa privada. En ese sentido, señaló: “que los países tengan cuidado y pongan atención en las inversiones, porque desgraciadamente en el caso de China no hay una separación entre la empresa privada y el Estado e igualmente es desafortunado que si esas empresas le piden lo que quiere el Estado lo tienen que hacer. Y, obviamente, cuando se trata de derechos humanos, de privacidad y seguridad, esto puede ser un gran desafío. Entonces,  lo que hablamos con nuestros amigos en Ecuador es tener cuidado en las inversiones en áreas sensibles. Por ejemplo, que tengan el escrutinio necesario para que el país receptor y su pueblo también estén protegidos”.

La Contraloría ha tenido varias observaciones y recomendaciones sobre las obras que ha construido Camc Engineering Co. Ltd. Por este motivo, la asambleísta Ana Belén Cordero solicitó un informe sobre el avance en el proceso de multas a la empresa, entre otra documentación. Sobre este tema, el organismo de control respondió que este análisis será considerado en el Plan Anual de Control del año 2022.

*Este proyecto periodístico fue financiado por una beca de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

La china CAMC ganó un contrato de 40 millones de dólares pero asignó ilegalmente a una empresa subcontratista la construcción total de 2.100 casas. Esto no solo viola la ley de Contratación, también generó un conflicto que desembocó en la paralización durante seis meses de las obras, que debían estar terminadas el año pasado. El contrato entregado en el gobierno de Lenin Moreno se financia con un crédito del Banco de Desarrollo de China, entidad que presta en condiciones poco transparentes a Ecuador. 

Por Arturo Torres y Doris Olmos

Una de cal y otra de arena. Así avanza la edificación de 2.095 viviendas contratadas por el gobierno de Lenín Moreno a la empresa China CAMC. Una serie de irregularidades en la ejecución de este contrato trastocó el desarrollo del proyecto que ha perjudicado a más de dos mil familias ecuatorianas, así como a cientos de trabajadores y proveedores.

CAMC no solo recibió un contrato a dedo por 40 millones de dólares para construir 2.095 viviendas sino que subcontrató a la compañía ecuatoriana Newglobal S.A. para que edificara las obras en 12 provincias.

Así, por arte de magia, inicialmente la firma china fue solo una intermediaria. La edificación de las casas, que dos años después aún están en menos del 35% de su ejecución, en promedio, fue encargada a la constructora local, en franca violación de la Ley de Contratación. Esta ley prohíbe que un subcontratista reciba más del 30% de la realización de un proyecto.

CAMC actuó al margen de la ley sin que el entonces gerente de la empresa pública Casa Para Todos, Édison Morán, el administrador del contrato ni los fiscalizadores de la obra intervinieran para detectar y frenar las irregularidades. Tampoco habría actuado el entonces ministro de Vivienda, Julio Recalde, aunque fue presidente del Directorio de la empresa pública, creada por el anterior gobierno en 2017, según confirmaron autoridades del régimen actual.

No es la primera vez que la firma china echa mano de estas prácticas turbias. Un informe de la Contraloría determinó que actuó de la misma manera en la construcción de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua. Para estas obras también subcontrató otras empresas, sin la autorización requerida, y sobre los límites de los porcentajes permitidos.

Código Vidrio revisó los documentos de la contratación y los avances del proyecto, recabó entrevistas y testimonios que permitieron descubrir un posible esquema fraudulento, que fue confirmado por las actuales autoridades del gobierno.

“Al llegar al Ministerio heredamos vacas con peste y gallinas enfermas. Uno de los mayores problemas que encontramos fue por la contratación con CAMC en Casa Para Todos; los 19 proyectos a su cargo estaban paralizados por falta de pagos a la subcontratista Newglobal, que realmente asumió todos los trabajos”, reconoció el ministro de Vivienda, Darío Herrera, en entrevista con Código Vidrio. “El problema se desencadenó por los altos niveles de subcontratación de CAMC”.

Andrés Pino, gerente de la empresa Casa Para Todos, explicó que ante la serie de irregularidades, una de sus primeras decisiones, al asumir su cargo, fue pedir un examen especial a la Contraloría.

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Al inicio de su administración, Lenin Moreno ofreció edificar 325.000 casas, pero en el camino la cifra se fue desplomando

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“Los auditores deberán establecer todas las responsabilidades y si cabe pedir la actuación de la Fiscalía. Algunos proyectos no debieron empezar, tal como estaban diseñados. Todo estuvo mal hecho; extrañamente ni los fiscalizadores ni el administrador detectaron que CAMC había delegado toda la construcción ilegalmente a un subcontratista”, destacó Pino, al advertir que las negligencias fueron responsabilidad de las autoridades del gobierno anterior y CAMC.

Buscamos las versiones del exgerente y del exministro Recalde, pero no pudimos ubicarlos. Antes de asumir el cargo en Vivienda, en julio del 2020, Recalde fue gerente de la empresa Ecuador Estratégico, desde octubre de 2017. Fue nombrado en ese puesto por su amplia experiencia como arquitecto y constructor de proyectos inmobiliarios.

En abril del 2019, el Consejo de Participación Ciudadana pidió que la Contraloría investigara la gestión de Recalde al frente de esa empresa, con base en un informe de investigación que detectó presuntos delitos y corrupción en la construcción de las Unidades del Milenio.

China presta, China impone

Casa Para Todos fue publicitado por el gobierno de Moreno como uno de sus proyectos emblemáticos de vivienda popular de bajo costo. Fue financiado con un crédito de 109,3 millones de dólares del Banco de Desarrollo de China (CDB), para la construcción de 4.608 casas. Las empresas chinas CAMC, Shandong y Sumec ganaron los acuerdos, bajo la figura de giro específico de negocio. Esto significa que no hubo concursos ni licitación. Fueron escogidas de un listado de 19 compañías estatales enviado por el gobierno chino.

El giro específico del negocio es parte de las reglas de juego que impone China para entregar los créditos, al margen de la Ley de Contratación Pública. De hecho, cuando la empresa púbica Casa Para Todos se creó, en agosto de 2017, Moreno decidió que todos sus contratos se hicieran bajo esa modalidad y solo con firmas chinas.

Los desembolsos para las obras se realizan directamente desde el CDB a las cuentas de las empresas asiáticas, que operan con absoluta discrecionalidad, bajo un patrón de opacidad y secretismo.

Pese a que ha estado salpicada por denuncias de corrupción, CAMC es una contratista consentida de los gobiernos ecuatorianos desde el 2013. Ese año se dispararon los contratos de régimen especial, que llegaron a los 3 mil 600 millones de dólares.

Ansioso por contar con más recursos, el entonces presidente Rafael Correa abrió las puertas de par en par a los chinos. Emprendió los acuerdos de endeudamiento más agresivos con el gigante asiático, que se volvió nuestro principal acreedor y socio para la construcción de proyectos estratégicos.  Los créditos son cubiertos, en su mayoría, con petróleo que está comprometido hasta el 2024.

La última década, CAMC construyó, entre otras obras, la Plataforma Gubernamental Financiera, la obra civil del ECU 911, la Unidad Educativa Yachay. Además, los hospitales de Portoviejo, Guasmo Sur, Esmeraldas, Perdernales y Monte Sinaí. Según informes del Servicio de Contratación de Obras, en estas últimas cinco obras hubo sobreprecios de hasta el 100%.

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Sobre los montos, condiciones y términos de los créditos otorgados por el CDB a Ecuador, hay poca información. Sin embargo, un estudio de la organización Latinoamérica Sustentable determina que más de 9 mil millones de dólares colocó en créditos ese banco a Ecuador entre 2005 y 2020. No se sabe con certeza qué proyectos se financiaron con esos recursos, pero sí es claro que ese banco chino no tiene definidos estándares ambientales para evaluar la ejecución de los proyectos que financia.

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CAMC encarga toda la obra a Newglobal  

La construcción de las viviendas arrancó en febrero del 2020. Para el proyecto, CAMC subcontrató a Newglobal, que contaba en su nómina con 900 empleados, aunque parte de ellos aparecían como trabajadores en la nómina de CAMC para disfrazar la subcontratación total, según fuentes de Vivienda.

Así, la firma ecuatoriana empezó la construcción de 2.100 viviendas en 15 localidades rurales del país. El tiempo previsto para terminar los inmuebles fue de nueve meses. Debían estar listas para fines del 2020. Por la construcción de cada vivienda se pagó 19 mil dólares.

Los proyectos están ubicados en Santo Domingo, Pichincha, Cañar, Azuay, El Oro, Guayas, Manabí, Imbabura, Esmeraldas, Loja, Zamora y Los Ríos. Se edificaron en terrenos donados por los gobiernos locales.

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Meses antes de terminar su mandato, el gobierno de Moreno exigió a CAMC contratar más obreros para adelantar los trabajos y responder a los requerimientos del entonces ministro Recalde, quien pedía realizar preinauguraciones. Necesitaba mostrar resultados, a cualquier precio. Entonces la firma china presionó a Newglobal, que aceleró las obras a la espera de los pagos por esos gastos adicionales.

No obstante, en medio de los apuros estalló la crisis. Desde abril de 2021, CAMC dejó de pagar a Newglobal, que tampoco pudo cubrir los salarios de sus empledos y otros subcontratistas. Los 19 proyectos de los tres grupos a cargo de la firma china se paralizaron, causando desconcierto y preocupación entre miles de personas relacionadas directa e indirectamente con las obras.

¿Por qué se frenaron los desembolsos? Para recibir los pagos, los contratistas enviaban todas las planillas del proyecto al administrador del contrato. Este funcionario certificaba que los documentos estaban en orden, con todos los justificativos de los costos por los trabajos realizados, según el cronograma, y remitía un informe favorable al gerente de Casa para Todos, quien a su vez autorizaba el pago, notificando al Ministerio de Economía. Esta cartera se comunicaba con las autoridades del CDB para que finalmente pagaran a CAMC.

Al subcontratar a Newglobal, CAMC no ató los hitos acordados para la construcción de las obras, en tiempo y avance de las construcciones, con las condiciones establecidas en el contrato firmado con Casa Para Todos, explicó el ministro Herrera. Tras detectar que los hitos de cumplimiento no coincidían, el Ministerio de Economía no autorizó los desembolsos y el Banco dejó de pagar a la empresa china, que se quedó sin liquidez.

Asfixiada por la falta de recursos, Newglobal notificó los incumplimientos de CAMC al gerente de Casa Para Todos, Édison Morán, quien no respondió las alertas ni intervino oportunamente para encontrar una solución al conflicto, indicó el hoy titular de la empresa, Andrés Pino.

Las siguientes semanas los pagos no llegaron, obligando a Newglobal a suspender indefinidamente los trabajos.

Uno de los proyectos paralizados está localizado en el cantón Santa Rosa, en El Oro, donde se levantaron 120 casas en obra gris, que no tienen acabados. Incluso fueron invadidas por los trabajadores que antes las construyeron. Los obreros decidieron tomarse el lugar y vivir allí varias semanas, por el incumplimiento en sus pagos.

Aunque las autoridades locales ya los desalojaron, según relata el alcalde de Santa Rosa, Larry Vite, esas viviendas, ubicadas en un terreno de 1,7 hectáreas, registran un 32% de avance.

“A esta obra la han visitado varios ministros. Solo cuando una autoridad llega a verlas, hay cuatro personas que van a barrer el lugar. Conversamos y dialogamos con los funcionarios y el paso a seguir era la reunión con los compañeros en Quito para que puedan retomar esta actividad en territorio. Al menos, en este cantón no se ha cumplido todavía”, dijo Vite.

En el nuevo cronograma, este proyecto estará listo en febrero del próximo año.

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La construcción de las casas en Santa Rosa tiene un avance del 26%

CAMC termina ulitateralmente el contrato

En junio, cuando el problema estalló, el apoderado de CAMC en Ecuador, Tang Gi, comunicó a Newglobal la decisión de terminar el contrato unilateralmente por la suspension de las obras. En su notificación, revisada por Código Vidrio, especificó como causales el abandono de las obras y el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, según los compromisos asumidos en el cronograma de trabajo.

En la notificación enviada a Newglobal y a Casa Para Todos, Tang Di destacó que su empresa podía terminar el contrato cuando se contrapusiera a sus intereses o afectara su equilibrio económico, “sin derecho a reclamo ni indemnización alguna” de la subcontratista.

CAMC asegura que no tiene ninguna deuda con la constructora ecuatoriana, a la cual acusa de haberle perjudicado. Por este motivo le aplicó multas por los retrasos y pidió a Seguros Oriente el pago de las garantías de buen uso de anticipo y fiel cumplimiento del contrato, por 5 millones de dólares.

El 11 de junio, la mandataria de Newglobal, Tatiana Paredes, le respondió a CHINA CAMC, impugnando “la arbitraria notificación de supuestos incumplimientos y terminación unilateral del contrato, basadas en informes técnicos, económicos absurdos e interpretaciones antojadizas y subjetivas”.

En relación al alegado abandono de las obras -agregó- “usted esta en pleno conocimiento de que nosotros no hemos dado ninguna orden de suspensión de trabajos, pues esa fue una decisión de Casa Para Todos. Con un reclamo formal, hago saber a usted que el monto de planillas no pagadas por el incumplimiento de los hitos restó liquidez a Newglobal, por lo tanto exigimos el pago de los valores ejecutados y notificados a sus representantes”.

Tras esas puntualizaciones, Paredes solicitó a Tang Di que se dejaran sin efecto, por improcedentes e ilegales, la notificaciones de terminación unilateral.

Contactamos a la gerente de CAMC, Angela Huang, que no repondió nuestra solicitud de entrevista. Luego llamamos a la abogada de la compañía, Mariling Mejía, quien contestó que no podía pronunciarse sobre las irregularidades y conflictos generados en los proyectos.

También pedimos la versión de Tatiana Paredes, apoderada de Newglobal, pero prefirió no pronunciarse.

Seis meses de paralización

El gerente de Casa Para Todos, Andrés Pino, informó que la construcción de las 2.095 casas a cargo de CAMC se reinició el mes pasado, una vez que CAMC terminó su relación con Newglobal y retomó los trabajos con su propio personal, comprometiéndose a no rebasar el 30% de subcontratación.

“Estos dos últimos meses hemos puesto la casa en orden, recorrimos el 80% de los proyectos y encontramos los mayores problemas en Santo Domingo, Santa Rosa y Arenillas. Si bien no hay daños estructurales, las viviendas están deterioradas (vidrios rotos, puertas dañadas) y abandonadas; debimos resolver conatos de invasiones”.

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Los proyectos de Arenillas, Déleg y Mácara

En estas tres zonas CAMC tiene a su cargo la edificación de 470 viviendas, pero los avances son menores al 43%, y en el caso de Santo Domingo debían estar terminadas en agosto pasado.

Tras la llegada del nuevo gobierno, los funcionarios constataron que en la Gerencia de Casa Para Todos ni siquiera tenían una matriz de control de los avances de las obras. La información que proporcionó el anterior gerente era ambigua, tampoco pudo justificar porqué no aplicaron multas ni sanciones por los incumplimientos de CAMC ni las negligencias del administrador y el silencio de los fiscalizadores.

Incluso, el nuevo gerente encontró en su despacho la notificación que envió Newglobal informando la falta de pagos de CAMC. “Mi antecesor no hizo nada con esa notificación, que yo sepa. Pedí una respuesta a CAMC y se limitó a responder que había terminado su relación contractual con esa constructora”.

“Cuando llegamos Casa Para Todos estaba desmantelada, desarticulada, operaba totalmente desvinculada de los 221 GADS, sin políticas ni un plan estratégico”, destacó el ministro Herrera.

“Hemos estado a punto de acudir a nivel diplomático para solucionar los incumplimientos de CAMC; debimos cambiar estructuras que no funcionaban, era un esquema diseñado para que el entonces ministro decidiera todo, ese modelo era ideal para abrir grietas de corrupción”.

Bajo este esquema, por ejemplo, los fiscalizadores son juez y parte, ya que al mismo tiempo son funcionarios de Casa Para Todos. En por eso que el régimen decidió que en adelante los fiscalizadores serán contratados en el sector privado.

Altos ejecutivos de CAMC apagan el incendio

Desde octubre, los representantes internacionales de CAMC han llegado al país para mantener reuniones con el Ministro de Vivienda y el Gerente de Casa Para Todos y analizar todos los incumplimientos de los trabajos. En las citas, los delegados del gobierno chino se comprometieron a terminar los proyectos, pero buscan que las autoridades ecuatorianas no les impongan más multas por los retrasos o que su cuantía no sea alta. Tanto el Ministro como el Gerente dijeron que todos los retrasos serán penalizados, de acuerdo al contrato.

Por los incumplimientos, hasta octubre la empresa china recibió cinco multas por 1,5 millones de dólares. Cinco fiscalizadores, de los 20 que auditan todos los proyectos, fueron despedidos, así como el administrador del contrato que fue reemplazado.

¿Pero hay indicios de corrupción en la anterior administración?
“Es probable, pero eso debe investigar y confirmar la Contraloría. Yo puedo determinar omisión o falta de funciones, puedo cambiar a los fiscalizadores y pedirles la renuncia, pero no puedo entrar en el campo penal, sin contar con el examen de los auditores”, explica Pino.

Para retomar la marcha de todos los proyectos, se agilitaron los desembolsos del Banco de Desarrollo a CAMC, que se han ejecutado en un 90%, más de 85 millones de dólares.

Hasta el momento, las empresas Shandong y Sumec registran avances de cumplimiento de más de 70%, en promedio, y están dentro de los cronogramas de los contratos. Tienen a su cargo la construcción de 2.513 casas.

Desde este mes está prevista la entrega de las primeras 682 viviendas del proyecto financiado por China.

Al inicio de su administración, Lenin Moreno ofreció edificar 325.000 casas, pero en el camino la cifra se fue desplomando. Para el 2019 el plan cambió y ofreció invertir 1.700 millones de dólares para construir 220.000 casas subvencionadas total o parcialmente por el Estado.

Finalmente, al dejar el poder, Moreno se refirió a la construcción de 159.000 viviendas, aunque no aclaró si estaban concluidas o en ejecución. Solo aseguró que en ese total consolidado se incluían casas entregadas, contratadas y programadas.

Los datos del actual Gobierno difieren de esas cifras. Según sus informes, solo 10.000 viviendas contratadas por el anterior gobierno están en construcción.

*Este proyecto periodístico fue financiado por una beca de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

En el año y medio largo de convivencia con la covid-19, la clase media ha perdido la calidad de vida y el bienestar alcanzados con años de sacrificio. Las mujeres se vieron sobrecargadas de trabajo y violentadas en el encierro; la salud mental se deterioró; los pacientes no covid fueron víctimas de cierres intempestivos y prolongados de servicios sanitarios, y los trabajadores tuvieron que rebuscarse la manera de mantener los ingresos tras los despidos. Este especial colaborativo elaborado por un equipo de periodistas de nueve países -incluido Ecuador- y siete medios de comunicación reconstruye historias atravesadas por el sufrimiento a partir de testimonios de los protagonistas y de voces de expertos de las principales ciudades suramericanas.

En menos de tres meses, Marco Navarro pasó de gerenciar una agencia de comunicación y publicidad a criar pollos y sembrar hortalizas en el patio de su casa en Cuenca para pagar la hipoteca y el colegio privado de sus hijos y mantener el hogar. También empezó a padecer episodios recurrentes de insomnio, aunque no sabe si son producto de las preocupaciones económicas por la quiebra de la empresa o una secuela de la covid que afectó a su familia.

La pandemia borró la bonanza de años anteriores con cuyas ganancias compró a crédito la vivienda de sus sueños, que incluye un espacio amplio para que los niños jueguen, un jardín pequeño y árboles frutales al costado. Por la crisis, del presupuesto se eliminaron las vacaciones, la ropa nueva, los juguetes, el gimnasio y las reparaciones del vehículo. El carrito del mercado también se enflaqueció; ya no tiene golosinas ni productos que no sean indispensables. Pero gracias a la amplitud del terreno, Marco y Carmen, su esposa, montaron la huerta y el gallinero y aunque no les sobra nada, él dice que “al menos comida no falta”. Ahora él está arrancando de nuevo en un trabajo que consiguió después de un año, pero sigue durmiendo mal. Las heridas dejadas por la crisis siguen abiertas y les falta tiempo para cicatrizar.

No hay duda de que la covid golpeó con mayor fuerza a los más pobres, pero también es cierto —y poco se ha escrito sobre ello— que la crisis social y económica aparejada a ella provocó una caída sin precedentes en la calidad de vida y el bienestar de las clases medias latinoamericanas. Diversas entidades ya habían registrado un estancamiento en los avances socioeconómicos en los cinco años previos. Pero la pandemia aceleró el deterioro hasta el punto de que el Banco Mundial estima que durante el primer año los países retrocedieron dos décadas en reducción de la pobreza y equidad. Según el organismo, entre 2019 y 2020, la clase media se contrajo de 38,4 a 37,3 por ciento, una merma que contrasta con 2018, cuando por primera vez el número de hogares en este estrato superaba el de hogares en situación de pobreza o de vulnerabilidad.

Describir la clase media es complejo. Es una franja amplia donde caben desde obreros calificados que ganan salarios cercanos al mínimo decretado en sus países, que no pasan hambre, tienen techo y servicios básicos, hasta profesionales acomodados con acceso a créditos bancarios, seguros médicos particulares, posibilidades de viajar y capacidad de ahorro. El Banco Mundial sitúa en esa zona a quienes devengan entre 13 y 70 dólares diarios.

Ese sector de ingresos heterogéneos es un soporte importante de la economía: aporta fuerza de trabajo al sistema productivo, paga impuestos y, sobre todo, sostiene y dinamiza el consumo gracias a su capacidad de gasto. Por eso, cualquier afectación en el campo económico y el cierre de empresas —podría llegar al 20 por ciento según la estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal— repercuten en hogares como el de la familia Navarro. La caída en sus ingresos amenaza con ampliar la brecha de desigualdad y la precarización laboral.

La clase media es también un indicador de progreso y avances en equidad y ejercicio de los derechos humanos. En la medida en que las personas se consolidan en ese segmento de la pirámide socioeconómica, son más educadas, con mayores posibilidades de decidir y de tener empleos calificados. Así contribuyen a pasar de ser sociedades basadas en la producción de bienes primarios, en las industrias extractivas, con poca cualificación de la masa laboral, a ser sociedades basadas en el conocimiento.

Aunque la pandemia afectó a todos los estratos sociales, la situación de la clase media es más difícil que la de los extremos de la pirámide, pues aunque la benefician algunas medidas estatales, estas han sido insuficientes. Al estar en el centro, sus integrantes no son tan pobres como para recibir ayudas directas —sobre todo transferencias monetarias o subsidios en servicios públicos—. Muchos tampoco son tan ricos ni están inscritos en el sector formal de la economía como para acogerse a las medidas de apoyo a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. De hecho, 54,4 por ciento de sus trabajadores son informales, según el Banco Mundial. Esto significa que ante una calamidad carecen de seguro de desempleo o médico o de recursos en los fondos de pensiones. Los ahorros apenas duran unos meses. Deben hacer malabares para subsistir.

Un equipo periodístico regional de nueve países y siete medios de comunicación elaboraron un especial colaborativo Cicatrices de la pandemia que da testimonio de cómo millones de personas de la clase media se han adaptado a las realidades impuestas por las cuarentenas severas del comienzo y a las restricciones posteriores. En algunos casos reflejan su tránsito a las estadísticas donde se inscriben los más vulnerables. Los nuevos pobres de la región.

Las proyecciones del Banco Mundial y de la Cepal coinciden en que durante el primer año de la pandemia cerca de 22 millones de latinoamericanos dejaron de ser clase media y pasaron a ser vulnerables o definitivamente pobres. Sin embargo, el Banco Mundial precisa que, al mismo tiempo, 17 millones de personas llegaron a los estratos medios, sobre todo por el programa de transferencias masivas y temporales entregadas por el Gobierno de Brasil. Es decir, en 2020 la caída neta fue de 4,7 millones de individuos.

Esa movilidad social descendente obedece en buena parte a la pérdida de empleos que, según los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2020 afectó a 26 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe. Otros disminuyeron sus ingresos porque les cambiaron las condiciones laborales o pasaron del sector formal al informal y, por ejemplo, empezaron a trabajar por cuenta propia.

A comienzos de 2021, por primera vez en su vida, el chileno Rodrigo Salinas,  profesor de inglés de 44 años, se inscribió al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un programa gubernamental mediante el cual una familia de cuatro personas como la suya recibe 620 dólares mensuales. La suma dista mucho de los 1.800 dólares que ganaba en 2019, pero su ingreso había caído a cero, carecía de trabajo estable y se había gastado los tres retiros de su ahorro pensional autorizados.

El año pasado, su esposa, que trabaja en ventas, fue suspendida durante seis meses antes de que le cancelaran el contrato. Durante ese lapso, ella misma se pagó el salario con el seguro de cesantía. La pareja también se acogió a la norma que postergó el pago de la cuota del crédito hipotecario. Ella ya consiguió empleo, con menor sueldo, y él hace carreras en su automóvil con la aplicación de transporte DiDi. Ahora temen por su futuro. Los auxilios financieros están a punto de terminar.

En contraste, algunos recibieron el impulso que necesitaban para despegar. En Argentina, el profesor de economía Pedro Dhers y su esposa, Mechi, se sorprendieron al ver cómo la gente requería los servicios de la empresa de decoración de interiores que ella había fundado cuando quedó cesante en 2019. La pandemia llegó cuando tenía seis o siete meses de experimentación y apenas estaban conociendo a los clientes. “En marzo de 2020 teníamos incertidumbre de qué iba a pasar y, contrario a lo que nos imaginábamos por un entorno de desempleo, de pymes cerradas, de poco consumo, nos empezó a ir bien —cuenta el docente—. Al estar todo el mundo en sus casas, muchos empezaron a decir ‘ok este va a ser mi lugar de trabajo y de vida durante vaya uno a saber cuánto tiempo’ y decidieron hacer cambios”.

En un sector bien distinto pero muy golpeado, como el del turismo y el entretenimiento, las ayudas también provinieron de la gente. Zaperoco, conocido en Cali, Colombia, como el templo de la salsa, se sostuvo durante poco más de un año sin recibir clientes ni ayudas del Gobierno con aportes de sus seguidores y ventas de camisetas e instrumentos musicales. Pero el 8 de abril de 2021 el lugar que vio nacer al famoso Grupo Niche y a la Orquesta Guayacán no aguantó más y cerró sus puertas tras 27 años de funcionamiento. Tres meses después, reabrió gracias al “diezmo” de los fieles de la salsa.

Las estadísticas muestran que dentro de los miles de personas que quedaron en la cuerda floja en materia laboral las más impactadas son las mujeres: la empleabilidad femenina retrocedió más de una década de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Además, 15,4 por ciento salieron del mercado de trabajo frente a 11,8 por ciento de los hombres, según el informe “Panorama social de América Latina 2020” de la Cepal.

Macarena Castañeda fue madre en enero de 2020, antes de que se registrara oficialmente el primer caso de covid en Chile. Se vio obligada a retornar a casa de sus padres, junto a su pareja, pues ambos perdieron su empleo en medio de la pandemia. Pasó el encierro amamantando mientras se conectaba a clases de sus estudios de posgrado. Buscó trabajos esporádicos, pero debió recurrir a sus ahorros para la jubilación para mantenerse: “Todo se ha ido en pagar deudas y cubrir los gastos de la niña”, dice. Hoy, tras pasar dos largas olas de covid con su familia, se prepara junto a su pareja para allegar en casa de su suegra, ya que el encierro y la crisis han complicado la convivencia con sus papás y aún no les alcanza para independizarse.

Lo más grave en el ámbito laboral, sin embargo, no es perder el empleo, sino la sobrecarga de trabajo que significó el encierro. La sociedad ha normalizado que los hombres son los proveedores y que su ámbito es externo, mientras que las mujeres se deben a lo privado y al cuidado de los niños y los mayores. Esa labor extenuante no es remunerada y las obliga a doblarse aun sin estar bien preparadas. “No es lo mismo ser enfermera a ser prácticamente maestra de preescolar. Fue un cambio muy brusco”, relata Nélida Leiva, una enfermera venezolana que tenía que hacer tareas con sus hijas al llegar de los turnos de 24 horas en el hospital. Ella, sin embargo, considera que, aunque el hombre es la parte fuerte de la casa, “la mujer es la que edifica un hogar”, debe mantener el orden y por eso tiene que trabajar más.

La situación también es más dramática porque la pandemia las obligó a encerrarse en las casas y las expuso a mayores niveles de violencia de género que, a veces, terminan en feminicidios. Según el informe de Naciones Unidas de 2020 “Las repercusiones de la COVID-19 en las mujeres y niñas”, las agresiones contra ellas crecieron 25 por ciento en los países que llevan registros —algunos ni siquiera la separan de otros tipos de violencia y revuelven las cifras con las de riñas, inseguridad o accidentes de tránsito—. Es más, a menudo las autoridades subestiman las denuncias como le ocurrió a una instructora de zumba paraguaya, víctima de los celos y reclamos de su pareja que llegó al maltrato físico y psicológico. “Ah, violencia psicológica no más” le respondieron cuando acudió a interponer la denuncia.Como si no bastara, al separarse perdió la custodia de sus hijos menores que la presionan para que regrese con el agresor.

Las mujeres, por supuesto, no son las únicas arrinconadas por la convivencia 24 horas con las mismas personas, la falta de contacto con amigos o compañeros o la incertidumbre sobre el futuro. Sin distingo de género o edad, las pérdidas económicas, las alteraciones de las rutinas y la soledad pasaron una abultada factura en la salud mental y física que aún no se ha saldado. Algunos de sus efectos solo se conocerán dentro de años, cuando aparezcan las secuelas del estrés y la ansiedad que en algunos casos condujeron a depresiones profundas como la que experimentó Clara Scalise en Argentina. “Estaba tirada en mi cama, dormía todo el día. Pasaba de comerme todo a no poder comer. Lloraba desconsoladamente, sin saber por qué” cuenta desde Buenos Aires, donde, después de un tratamiento con antidepresivos, poco a poco ha retornado a la vida social, pero admite que todavía le cuesta relacionarse con los demás.

Para otros, la factura llegó en forma de interrupciones de tratamientos médicos, en postergación de cirugías necesarias, aunque no vitales, o en dosis reducidas de los medicamentos ante la imposibilidad de conseguirlos o de costearlos. Para tratar de contrarrestar el daño, la telemedicina se ha erigido como una alternativa, pero no acaba de convencer a los pacientes ni a los médicos porque por su carácter lejano no puede remplazar la presencialidad.

“Fue un calvario tener cáncer en plena pandemia” relata la paraguaya María Estela Galeano, al recordar que debido a que el hospital donde la atendían se destinó solo a pacientes covid, ella tenía que acudir a un lugar para practicarse los exámenes y a otro para someterse a la quimioterapia. “En ese transcurso me agarró coronavirus. Fue leve y logré superarlo”, agrega. Muchas compañeras de enfermedad ni siquiera recibieron atención. “Ahora están con metástasis porque interrumpieron los tratamientos. Por algo los médicos dicen que el tratamiento de cáncer debe ser a tiempo y en forma”, resume esta mujer que fue diagnosticada con cáncer de mama hace tres años.

Los primeros informes de organismos multilaterales especializados indican que tomará décadas que los países de Latinoamérica y el Caribe vuelvan a exhibir los niveles de empleo y consumo que fueron pulverizados por la covid. Parte del éxito dependerá de la rapidez y eficiencia en los programas de vacunación, cuyos resultados son muy dispares. En el informe “The gradual rise and rapid decline of the middle class of Latin America and the Caribeean”, publicado en mayo de 2021, el Banco Mundial señala que uno de los mayores desafíos es garantizar la disponibilidad de las vacunas y convencer a la población reacia a vacunarse. Agrega que solo Chile había reportado progreso significativo (49 dosis administradas por cada 100 habitantes), mientras que en otros los resultados eran muy pobres (entre 1 y 13 dosis administradas por cada 100 personas).

Humberto Castillo Martell, director del Instituto Nacional de Salud Mental de Perú, resume lo vivido por la clase media en la pandemia: “Las personas que estaban teniendo un buen nivel de vida de pronto se vieron afectadas por estas grandes pérdidas de trabajo, de seres queridos, por el encierro y la soledad. En ese proceso se genera mucho sufrimiento porque requiere volver a adaptarse, volver a recuperar su seguridad, lo cual es ciertamente difícil”.

La recuperación ya está en marcha. Los peores días empiezan a quedar atrás, las economías se abren cada vez más y el empleo está repuntando. Pero las heridas apenas se están cerrando. Falta mucho para que cicatricen y dejen de doler.

Vea el especial completo Cicatrices de la pandemia en este enlace.

Cicatrices de la pandemia es un trabajo impulsado desde la alianza editorial entre SembraMedia y ARCO en el marco de Velocidad. Tuvo el apoyo del ICFJ y Luminate. Investigación realizada por Ciper, El Pitazo, El Surti, Red/Acción, Ponte Jornalismo, Posta Podcast (Argentina) y CONNECTAS.

Guillermo Oglietti, subdirector de Celag, creó una sociedad offshore en Uruguay, en diciembre de 2017. Desde ahí transfirió 400 mil euros, unos 500 mil dólares, a la empresa UC Global, para cubrir el costo de la seguridad del expresidente Rafael Correa y su familia en Bélgica, por un año. Correa nunca ha querido revelar el nombre de la empresa, solo aseguró al diario Página 12 que era “sin fines de lucro”. Oglietti fue parte del gobierno de la revolución ciudadana: entre 2015 y 2018 recibió una beca Prometeo, trabajó en el Ministerio de lo Laboral y en el SRI. Es un economista argentino de izquierda populista que creó la empresa Celag en 2014 y la consultora Neurona, que tiene relaciones con Podemos, en España. Ni Correa ni Oglietti respondieron a nuestras peticiones de entrevista. El tema cobra actualidad, a propósito de la difusión de los Pandora Papers, que empezaron a publicarse desde este domingo.  

Redacción Código Vidrio

El expresidente Rafael Correa y el argentino Guillermo Oglietti tienen muchas cosas en común. No solo proclaman las bondades del Socialismo del Siglo XXI y son parte del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), sino que tejieron una estrecha relación de favores económicos.

En el discurso, ambos son feroces críticos de los paraísos fiscales y las empresas offshore, como símbolos del neoliberalismo global que incentiva la evasión tributaria y el  secretismo de empresas en todo el planeta. Incluso, en 2016, luego de que varios de sus funcionarios aparecieran con firmas en paraísos fiscales, en la investigación de Panama Papers, Correa reaccionó indignado e impulsó una consulta popular, que aprobó la prohibición de que autoridades públicas o de elección popular tuvieran inversiones o bienes en paraísos fiscales o empresas offshore, so pena de sufrir consecuencias legales.

Hasta ahí el discurso. En la práctica, Correa y Oglietti no tienen reparos en aprovechar el mecanismo de creación de firmas offshore por conveniencia mutua.

El primer capítulo de esta historia se remonta a mayo de 2017, cuando Correa estaba a pocos días de dejar el poder. Entonces firmó un decreto para que el gobierno ecuatoriano cubriera, una vez fuera del Palacio, los gastos de su seguridad y de su familia en Bélgica y Francia, por un período de hasta un año, que se podía extender.

Así, en junio de 2017 la administración de Lenin Moreno contrató a la empresa UC Global para que diera protección y vigilancia a Correa, su esposa y tres hijos. La misma empresa había protegido a las hijas del exmandatario, entre 2014 y 2017, en Francia y estuvo a cargo de la seguridad de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres.

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El contrato de Oglietti con UC Global

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Para la seguridad de la familia Correa-Malherbe el dispositivo implicaba el uso de 4 vehículos, 4 conductores y 5 agentes (2 solo para Correa). Esto quedó consignado en el contrato firmado por el entonces jefe del Servicio de Protección Presidencial (SPP), brigadier Ricardo Brito y Morales y David Morales. El costo por este servicio fue de 1 millón 140 mil dólares por un año, $95.000 mensuales.

Entre 2017 y 2018, los tres agentes de UC Global acompañaban a Correa en todos sus desplazamientos a otros países europeos.

En mayo de 2018, cuando se cumplió un año del contrato, el gobierno de Moreno decidió dejar de pagar la seguridad de Correa y su familia a Global. El antecendente fue la ruptura entre ambos, meses atrás.

No obstante, Correa resolvió seguir contando con UC Global para su vigilancia y protección y la de su familia. Para cubrir esos gastos acudió a su amigo y excolaborador durante su gobierno, Guillermo Oglietti.

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Constitución de Cruper en Uruguay

Documento que certifica la primera transferencia de 200 mil euros, desde Cruper hacia las cuentas de UC Global, en Madrid, España.

 

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El argentino es economista, subdirector de Celag, que creó como empresa en 2014 en Quito, y recibía apoyo financiero del régimen. El centro de pensamiento forma parte del eje regional de la difusión político-ideológica a favor del correísmo y de líderes populistas del socialismo latinoamericano y español.

Precisamente, Oglietti fue uno de los fieles devotos de la revolución ciudadana, en cuyo gobierno despegó como un becario Prometeo. En este programa ganó durante un año (2015-2016) un mensual de 4.630 dólares, según los registros de la Secretaría de Educación Superior. Recibió 58.993 dólares por investigaciones en ciencias sociales, periodismo e información, todo proveniente de fondos públicos.

En ese mismo período, el argentino fue director del Centro de Estudios del Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales. Luego fue contratado como asesor, de escala 2, en el Servicio de Rentas Internas, con un sueldo superior a los 3.000 dólares.

Estuvo en Ecuador de manera permanente entre 2015 y 2018. En este período realizó unos 12 viajes a Venezuela, según registros migratorios que revisamos. Fuentes del gobierno estiman que Oglietti era uno de los  enlaces entre Correa y el gobierno de Maduro.

Entre el 19 y el 26 de junio de 2019 estuvo por última vez en en Quito y luego voló a Córdoba, Argentina, donde al parecer reside actualmente.

Precisamente su última estadía en este país coincidió con los días en que Correa y su familia dejaron de contar con la subvención económica del gobierno para tener la seguridad de UC Global en Bélgica. El 1 de junio de 2018, Oglietti firmó, como director de la firma Cruper S.A. un contrato con David Morales, administrador de la compañía de seguridad.

Cruper es una offshore domiciliada en Montevideo, Uruguay. Es una ciudad muy apreciada por inversionistas que buscan exenciones tributarias y reserva de las operaciones financieras que realizan. Estas firmas son creadas con mucha facilidad en ese país, que garantiza el ingreso y salida de capitales, que pueden, o no, provenir de fuentes ilícitas. Son, en muchos casos, empresas de pantalla para encubrir todo tipo de operaciones.

La sociedad de Oglietti se creó en diciembre del 2017 y está domiciliada en Colonia 981-305. Cuatro meses más tarde, el 4 de abril de 2018, él fue nombrado director. Como principal directivo de la firma concretó el contrato con Morales por pedido y sugerencia de Correa.

La operación con Cruper, según confirmó Morales, fue recomendada por Correa, que dejó sentada la necesidad de la renovación con Global en varios correos electrónicos. Este intercambio de mensajes se ha presentado como prueba en la justicia española, dentro de una demanda contra Morales que le planteó el exmandatario fugitivo en Bélgica.

Por el año de servicio, desde Cruper se hicieron varios pagos, según Morales. En total, Oglietti transfirió 400 mil euros, unos 500 mil dólares a Global. El primer desembolso, por 200 mil euros, se traspasó el 5 de julio de 2018, desde el banco Bandes Uruguay S.A. al Novo Banco, SA de Lisboa, Portugal, y de ahí a la cuenta de UC Global en el Banco Santander-Madrid. El segundo abono llegó el siguiente año.

En una entrevista con el diario argentino Página 12, publicada en octubre de 2018 https://www.pagina12.com.ar/149253-quieren-exterminar-a-la-izquierda-con-vocacion-de-poder, Correa dijo que la protección que recibía era básica, “gente desarmada, necesito tener al menos un chofer que sepa conducir en caso de emergencia. Lo paga una institución. No puedo decir cuál. La discusión en Ecuador es tan tonta que dicen ´¿si es tan popular para qué necesita protección?´ Pero además de eso, suponiendo que no tenga ningún enemigo personal, que es imposible, tengo secretos de Estado”. Y al ser consultado sobre si la empresa que pagaba por su seguridad era privada o pública respondió: “Es, digamos, sin fines de lucro”.

Morales contó que el pago desde la offshore uruguaya cubría la vigilancia de Correa, que mantenía un equipo de tres agentes, con quienes se movilizaba en un jeep Range Rover, y otro vehículo para su esposa y su hijo menor en Bélgica. También eran vigiladas las hijas del exmandatario solo si estaban en ese país, o cuando toda la familia se trasladaba a Francia.

En mayo de 2018, Correa decidió desistir de la contratación con UC Global, pero inicialmente empleó los servicios de dos agentes que le brindan seguridad todo el tiempo, en sus desplazamientos dentro y fuera de Bélgica. Uno de ellos es el español Ernesto Ruiz, que lo ha acompañado en todos sus viajes, incluidos los que ha realizado a México, Venezuela y España. Cubrir estos gastos implica un pago aproximado de 10.000 euros mensuales, por cada uno, además de los gastos por pasajes y hoteles.

Buscamos la versión de Oglietti en Celag, desde  la semana pasada, pero no respondió a nuestras inquietudes. También contactamos a Amuari Chamorro, para tener un pronunciamiento de Correa, que tampoco contestó.

Oglietti, un inquieto empresario

“En nuestra latinoamérica existen dos estrategias favoritas muy nocivas para aumentar la rentabilidad del capital. La más visible es la evasión de capitales al exterior vía fuga. Las ganancias siempre se trasladan artificialmente hacia destinos tributariamente más benévolos”, escribía Guillermo Oglietti en el 2014, en un ensayo para Celag.

Desde este centro una de las líneas sostenidas de todos los personajes políticos y académicos que exponen y escriben artículos y ensayos es la crítica al neoliberalismo y algunas de sus prácticas, como el fomento de las offshore y los paraísos fiscales.

Aunque el Servicio de Rentas Internas (SRI) no incluye a Uruguay en su lista de paraísos fiscales, la Unión Europea ha observado en varias ocasiones a ese país por la facilidad para crear en su territorio sociedades privadas de papel, donde fluyen fácilmente fuertes capitales, provenientes de operaciones que buscan mantenerse anónimas. Es considerado un lugar seguro para el lavado de dinero.

Oglietti no solo aplicó sus conocimientos en economía en el campo académico sino que se convirtió en un intrépido empresario. En Quito creó Celag y la consultoría Neurona, empresas vinculadas con los mayores representantes del Socialismo del Siglo XII y de la izquierda de Sudamérica y España.

En 2014 se asoció con sus colegas prometeos Sergio Martín Carrillo y  Alfredo Serrano Mancilla para crear Celag. El centro tiene en su consejo consultivo a Correa, el boliviano Álvaro García Linera, el brasileño Emir Sader, el colombiano Gustavo Petro, y el español Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, que cogobierna en España.

Oglietti es el mayor accionista de Celag, luego de que en 2019 Mauro Andino le cediera el 25 por ciento de su paquete accionarial. Él siempre fue su director y con ese cargo contrató a Correa para que fuera profesor y asesor político. El nexo laboral arrancó en el 2018: el exmandatario fue el encargado de la “preparación, elaboración y dictado de charlas académicas”, por un pago mensual de 8.000 dólares.

El contrato siguió y, según Correa, hasta el momento es editor de su revista política y económica. Su sueldo se desconoce, pero es parte de sus ingresos junto a su trabajo como entrevistador en Russia Today, el canal financiado por el gobierno de Vladimir Putin, asesor y conferencista, cuyos montos ha mantenido en reserva.

Celag declaró en cero el pago de tributos en 2018 y 2019 al SRI. En 2017 pagó 22.534 dólares, mientras en 2016 fueron de 4.064.

Con la consultora Neurona, Oglietti buscaba entrar con todo a la difusión de publicidad y propaganda en las campañas electorales. En noviembre del 2016, el argentino creó esta empresa junto a la mexicana Andrea López, justo antes de la campaña presidencial que ganó Lenin Moreno.

El 2017 fue el mejor año para esa empresa, que pagó como Impuesto a la Renta 11.680 dólares y 3.925 por impuesto a la salida de divisas. En 2018 y 2019 declaró cero al SRI. Por eso, posiblemente Oglietti transfirió sus acciones al mexicano César Hernández Paredes.

Hernández es investigado por recibir fondos de Podemos, provenientes del estado español para su campaña electoral, para elaborar productos comunicacionales a través de Neurona.