Las causas de la tormenta policial

 

En Ecuador, desde su retorno a la democracia en 1979, los modelos de seguridad se han aplicado por la Policía en función de la tendencia ideológica de los gobiernos de turno.

Por ello, tomando en cuenta que el eje de control siempre ha sido el poder político, con el Ejecutivo a la cabeza, es necesario iniciar este largo viaje partiendo del modelo heredado desde que 27 de febrero de 1975, cuando el general Guillermo Rodríguez Lara, como Jefe Supremo, expidió la Ley Orgánica de la Policía Nacional, cambiando el nombre a Policía Nacional. También creó el Ministerio de Gobierno (antes Ministerio del Interior), y la Subsecretaría de Policía, encargada de la coordinación entre la institución y el gobierno. Estas entidades tuvieron un papel preponderante en los años venideros, pues precisamente desde las oficinas ministeriales se toman decisiones que  afectan el control de la seguridad del Estado, que posteriormente se consideraría como «Seguridad Ciudadana».

En sus orígenes la Policía, como herencia de su creación institucional, mantenía la estructura y organización jerárquica militar. Eso, en un país de matices como el Ecuador, no trajo sino una confrontación interinstitucional entre FFAA y Policía, que desencadenó una profunda rivalidad, motivada en competencias y capacidades.

De hecho, eso se evidenció en la creación de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, que delimitó la capacidad operativa policial en cuanto a armamento y munición para uso institucional, subordinando la autorización para compra de estos insumos a la decisión del Comando Conjunto de las FFAA. Entonces no se pensó en su misión específica, sino en una posible confrontación entre ambas instituciones.

En enero de 1981, en la presidencia de Jaime Roldós, se inició una huelga en la institución policial. El motivo fue que luego de año nuevo aún no se había pagado a los policías sus sueldos y bonificaciones a las que tenían derecho. La protesta terminó luego de un proceso de negociación liderada por el Ministro de Gobierno sin que ello haya destado una confrontación.

Este evento generó también una respuesta en la legislación positiva, pues se delimitó el accionar policial y se fomentó la proliferación de reclamos atribuibles a la violación de derechos humanos, considerando que los principales titulares de estos derechos son precisamente las personas en conflicto con la Ley.

Desde fines de los años 80, la Policía se vio envuelta en una serie de cuestionamientos, especialmente en temas vinculados a violación de derechos humanos, actos de corrupción y niveles de inseguridad crecientes, con un manejo poco técnico de la problemática que se desbordaba en varias provincias, principalmente de la costa. Las acciones de gobierno, por su parte, se limitaban a buscar alternativas para combatir estos flagelos, pero en medio de una marcada inestabilidad política y económica que generaba constantes enfrenamientos entre la Policía y sectores sociales. En muchos casos, los policías terminaban siendo procesados por cumplir con su deber de ejecutar acciones decididas por el Ejecutivo, a través del mando, para el mantenimiento del orden.

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Con la reforma a la Constitución de 2008 y la llegada del modelo de la denominada «revolución ciudadana» una vez más se cuestiona la estructura policial en su conjunto. Se habla de la necesidad de cambiar el modelo de policía con raíces militares y convertirla en una policía más «ciudadana». Entonces se crea la Comisión de la Verdad, cuya única finalidad fue perseguir presuntos delitos cometidos por oficiales retirados con el objetivo de posicionar en el imaginario de la población que se estaba depurando a la Policía desde sus orígenes.

Esta misma doctrina dispuso la liberación de cientos de reos que no tenían sentencia como producto de un abultado y hasta hoy día excesivamente burocrático sistema judicial. A la receta del «éxito» en la seguridad ciudadana se sumó la incorporación de tablas de consumo o tablas de porte no penalizado de sustancias sujetas a control en todos sus niveles y fijando montos de ínfima cuantía para despenalizar las acciones delictivas.

Se debe reconocer el afán de ese gobierno por realizar una modernización de los equipos básicos de protección y dotación para el cumplimiento de la misión específica constitucionalmente asignada a la Policía de mantener la seguridad, pero no sin tener en consideración que el costo fue el incremento de la injerencia política en la estructura policial, al punto que se estableció una nueva rectoría y dependencia absoluta del poder político. Ello fue notorio en la designación de cargos en todos los niveles de la institución policial creando las «Comisiones de Pases» que no eran otra cosa que la decisión ministerial de colocar a sus allegados en puestos claves de la seguridad y a sus no allegados en los recónditos lugares que el territorio nacional permite.

Esta realidad conlleva igualmente la afectación de familias y la merma profesional, pues hasta hoy se mantiene una discrecionalidad marcada en la designación para cursos de capacitación nacional o internacional, pues este es un componente trascendental para garantizar la permanencia o separación de la vida institucional.

En el 2010 es relevante el acontecimiento del 30 de septiembre cuando ocurrió la insubordinación policial en el Regimiento Quito, contra el entonces presidente Rafael Correa. Tras esos sucesos el gobierno nhizo un cambio radical del modelo de gestión policial y la visión de desconcentración de los cuarteles policiales bajo lo que se denominó «Plan Seguridad Ciudadana y re Reformulación del 2010». Así se estableció un modelo de gestión policial que se soporta sobre el concepto de policía comunitaria, que implicó una inversión enorme en la contrucción de las llamadas UPC (unidades de Policía Comunitaria) a nivel nacional; que en la práctica diaria se torna inadecuadas a la realidad, pues para su funcionamiento en condiciones óptimas se debe considerar los turnos del personal asignado y las condiciones de judicialziación en caso de ejecutar cualquier forma de detención, pues ello conlleva horas en los procesos de aseguramiento de los detenidos y su correspondiente judicialización, dejando el sector en estado de abanadono mientras se cumplen con las diligencias judiciales. Esta problemática ha determinado que la ciudadanía en muchos casos proteste por la falta de respuesta policial ante los llamados de emergencia, así como la gran inversión logística que este modelo exige.

Se efectuaron procesos de desconcentración y la creación de circuitos y subciruitos, creando sistema de control de productividad del personal. Para muchos de los ideólogos de este sistema, basado en la dispersión de unidades policiales y presencia activa en territorio, se consiguió una reducción importante de varios de los indicadores de la inseguridad delictual como son el porcentual de robos (2011-2014) y al persistente descenso de los homicidios (2010-2015). Pero ello en realidad debe ser analizado en su real dimensión frente al incremento de las cifras negras y la desmotivación ciudadana de presentar denuncias que no tienen respuesta alguna o encuentran una verdadera solución al evento sucedido, pues el sistema investigativo no solo que se encuentra saturado, sino que es selectivo en la determinación de investigaciones y resultados reales.

La Tasa de Homicidios descendió de 18,74, en 2009, a 7,2, en 2014. El 2015 se redujo el índice de homicidios aproximándose a 6 por cada 100.000 habitantes, un índice histórico que hacía 33 años no se repetía. Este mismo valor, el 2009, ubicaba la tasa de homicidios en 18,74; el descenso fue del 32%. Sin embargo, el Estado policial se impuso en Ecuador. Sobre todo, porque la capacidad policial se incrementó significativamente por la inversión millonaria que se realizó en medios que fueron ampliamente cuestionados como la adquisición de patrulleros marca KIA, inapropiados para las tareas de patrullaje y con denuncias de sobreprecios.

La realidad geográfica y operativa del sistema policial superó la capacidad que estos vehículos podrían brindar. No obstante, ya cumplida la vida útil de la flota completa, no se ha realizado ningún proceso para su reemplazo por vehículos más acordes a las exisgencias del servicio de seguridad en el país, no solo en el perímetro urbano como aparentemente se consideró al realizar esta compra, sino acorde a la realidad rural del Ecuador.

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Ahora, frente a las críticas de la vinculación de efectivos policiales al submundo delincuencial, existen varios eventos que forzaron una investigación sobre elementos de las propias filas policiales. Uno de ellos es el sonado «caso Hong», en el cual un General en servicio activo estuvo bajo la mira de la justicia, sin que haya sido finalmente sentenciado. Otro fue el escandaloso «Caso Pases», que impuso una pena privativa de la libertad al ex Comandante, con muchos cuestionamientos sobre las verdaderas motivaciones de esta investigación y sus resultados, por la proximidad de los investigados al poder político de turno.

El 2011 en un cable diplomático, escrito en 2009, publicado por el diario «El País». En esa comunicación la embajadora estadounidense Heather Hodges dijo que «la corrupción entre los agentes de la Policía de Ecuador es amplia y bien conocida» y que «los inversionistas de EEUU se muestran reacios a arriesgar sus recursos a sabiendas de que podrían ser objetivo de los corruptos los agentes del orden«. Esta situación vuelve a aflorar frente al reciente anuncio del embajador estadounidense, Michael Fitzpatrick, quien al referirse a las acciones anticorrupción mencionó, en una entrevista en el medio digital Primicias, que se están retirando visas a los generales investigados por varios casos de connotación.

No obstante, el Embajador riesgosamente deja en un cuestionamiento ampliado a todos los oficiales generales de la Policía, en servicio activo y pasivo, pues no se precisó las acciones judiciales que podrían existir. Tampoco puntualizó a quienes se refería en particular. Una declaración tan general no le hace bien a una lucha frontal contra la corrupción como la que pretende realizar el gobierno del Presidente Lasso y a las actuaciones de Antinarcóticos, que este año ya desembocaron en la captura de 190 toneladas de droga, 153 de coca.

Es fundamental mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y mecanismo de transparencia de los funcionarios llamados a hacer cumplir la Ley. Existen actualmente varios procesos en carpeta que deberán ser materia de análisis en profundidad por la justicia. Sobre todo se deberá considerar que un oficial de la Policía es un funcionario público cuyos ingresos están limitados al sueldo que percibe del Estado, y que cualquier valor adicional deberá ser justificado para sustentar un patrimonio coherente.

Todos los oficiales de las FFAA, Policía e inclusive de los demás cuerpos de seguridad considerados por el cuestionado COESCOP deben someterse a un mayor escrutinio público. Solo así se podrá desarrollar un nivel de confianza en su gestión.

No se pueden dejar de lado la existencia de pruebas de confianza realziadas a todos los Oficiales de la Policía de manera permanente en cada uno de los procesos de calificación previo a los ascensos jeárquicos. Históricamente se conoce que estas han sido superadas por unos oficiales y minimizadas para otros que no las aprobaron. No obstante, ostentan cargos de alta responsabilidad en la seguridad nacional, pese a no cumplir ese requisito.

La óptica sesgada de las calificaciones de concepto ha sido igualmente puesta en duda. Ha servido para privilegiar las relaciones de subordinación al poder político más que a la calidad de los oficiales evaluados. Por este motivo, en múltiples ocasiones la justicia común y el accionar constitucional han fallado con serios cuestionamientos a los procesos de evaluación, previo el ascenso de los oficiales, sin que el Estado haya aplicado rectificaciones hasta el momento. No se puede olvidar que un ACTO administrativo se motiva con otro ACTO administrativo; no hacerlo infiere caer en la discresionalidad o el abuso de poder; condiciones que son precisamente alegadas por las defensas de los cuatro generales restituidos por una sentencia, que fue apelada por la Presidencia.

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El crecimiento de la problemática de la inseguridad también va de la mano con el incremento poblacional y los fenómenos de la migración agresiva que ha vivido el país, con ciudadanos errantes en condición de calle. Por ello, se planteó, ya en el 2011, la necesidad de incrementar el pie de fuerza a 70.000 policías, para cubrir la necesidad en el 2017, además de aumentar los agentes especializados en áreas técnicas, tácticas e inteligencia. Todas estas condiciones se suman cuando se debe analizar la problemática de la violencia que vive el Ecuador. No se puede desconocer un estado de excepción y varios de emergencia que han sido dispuestos por la conmoción interna que produce la violencia criminal y las condiciones de lesa humanidad que existen en los mal llamados Centros de Rehabilitación. Este número no ha sido alcanzado hasta el momento por la falta de presupuesto, así como por la inversión logística que se requiere, tomando en cuenta que la Policía no ha entregado uniformes de dotación desde el 2015, cuando cerró sus operaciones la cuestionada y fallida empresa FABREC.

Es importante anotar que la violencia es causa y consecuencia del ciclo de la pobreza y el estancamiento económico, producto de 14 años de ignorar la productividad y apostarle al gasto estatal. Esas condiciones han generado el caldo de cultivo para el aparecimiento cada día más frecuente de alternativas económicas vinculadas a diferentes tipos de delitos muy rentables que contaminan a la población joven del país, especialmente en la frontera, convertida en semillero para el crimen organizado y la violencia estructurada.

Estos conceptos de violencia, inseguridad, percepción de inseguridad, se han vuelto cotidianos en medio de sociedades cada día más convulsionadas que han desencadenado actos de violencia generalizada y caótica como la manifestada en octubre de 2019 en Ecuador. Son las condiciones similares que pusieron a Colombia en un enfrentamiento generalizado, que hoy es analizado por la CIDH. Estos eventos tampoco están tan lejos de lo acaecido en Chile o los chalecos amarillos en Francia, o en Washington, con la toma del Congreso por partidarios del expresidente Donald Trump. Todos estos fenómenos dejan profundas huellas y enseñanzas para los sistemas de seguridad. Sino aprendemos del pasado el futuro es muy riesgoso para todos.

Ecuador no cuenta con una herramienta jurídica consolidada para la defensa de los ciudadanos, que garantice a los funcionarios de las entidades encargadas de hacer cumplir la Ley niveles mínimos de seguridad jurídica. La antítesis de ellos es el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP). Está vigente desde junio del 2017, el COIP (2014), con sus múltiples reformas, que dejan profundas dudas sobre la forma de juzgar y las verdaderas garantías para mejorar el sistema de justicia con las innumerables críticas que lo rodean.

Esos cuerpos normativos nacieron bajo la óptica del gobierno “revolucionario” y su visión de  la solidaridad y la reconstitución del tejido social. Pero, las acciones de los gobiernos de turno, en los últimos 14 años, están muy distantes de esas proclamas.

Le corresponde al actual mandatario Guillermo Lasso enfrentar sus consecuencias, para lo cual deberá desapegarse de viejas falanges de esta nueva trova que trajo la revolución de la seguridad ciudadana. Adoptar medidas efectivas para establecer conceptos de prevención activa y reactiva, coordinación interinstitucional para el desarrollo de programas de seguridad sostenibles con el talento humano y recursos indispensables. Adicionalmente, debe fortalecer los sistemas de inteligencia y procesamiento sistemático de la información antidelincuencial para la correlación de eventos a escala nacional.

Eso es indispensable cuando vivimos una era de organizaciones delictivas, no de delincuencia de oportunidad, como la amenaza principal. Se suman los factores externos del ingreso de armas y dinero del narcotráfico y delitos conexos. El desafío de la seguridad no puede ser materia de improvisación. Hay que sepultar los discursos líricos esgrimidos por los principales responsables del incremento de la violencia ciudadana.

Es hora de desprenderse de las ideologías caducas, recuperando la sensatez del pensamiento lógico y el pragmatismo en las acciones de control. Esto debe ir de la mano de la aplicación de nuevas tecnologías que han sido exitosas en el resto del mundo. Nos hemos llenado de estudios elaborados por iluminados del conocimiento como el Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia 2019–2030, Plan de Seguridad Integral 2019-2030, Plan Estratégico de la Policía 2017-2021 y el Plan Estratégico Integral de Seguridad Fronteriza Frontera Norte 2018. Todos se han sumado a las cientos de estrategias enunciadas en cada rendición de cuentas de las entidades de seguridad, que no aterrizan en acciones efectivas.

El Presidente deberá respaldarse activamente con personas que realmente asuman el compromiso de ser parte de la solución en un problema complejo. No solo de aquellos que buscan perpetuarse en estas estructuras con resultados nefastos. Es hora de tener funcionarios con decisiones efectivas, sin compromisos ocultos, para empujar un cambio radical en el rumbo que tiene la inseguridad, que actualmente es el principal problema del país. Como ha dicho el presidente Lasso, la seguridad será prioridad en su gobierno hasta recuperar la paz ciudadana y gobernabilidad absoluta en todos los rincones del país. No pueden existir cárceles sin Dios ni Ley, ni ciudades sumidas en el miedo o la violencia.