El cabecilla de las disidencias de las FARC, Juan Hernando Hurtado Rodríguez, alias ‘El Paisa’, fue capturado hoy en Lago Agrio.

Redacción Código Vidrio

El cuarto líder de las disidencias conocidas como ‘Carlos Patiño’ fue apresado en un operativo combinado, transnacional, entre los ejércitos de Ecuador y Colombia.

Un informe de la detención, al que accedió Código Vidrio, detalla que Hurtado pretendía asumir el liderazgo de ese grupo que delinque en Cauca y tenía la intención de extender el Comando Frontera hacia Ecuador.

Las últimas semanas, “El Paisa” se había trasladado a Nueva Loja, Sucumbíos, con el fin de convertirse en el coordinador con el GIA ‘Comandos de Frontera’ y así expandir el brazo armado y de narcotráfico del Comando Coordinador de Occidente, especialmente de la estructura Carlos Patiño. ‘El Paisa’ es un gran conocedor de las rutas del narcotráfico en el sector de frontera hacia Sudamérica (debido a sus antecedentes delincuenciales en la Columna Móvil Teófilo forero).

Fue el relevo de alias ‘El Sosper’, que fue asesinado en diciembre del 2021 y era el jefe financiero de los Comandos de la Frontera, antes conocido Frente 48 de las Farc, que por años fue liderado por Olidem ‘El Gordo’ Solarte.

El 14 de marzo del 2021 apareció un video en el que Los Comandos de la Frontera- Ejército Bolivariano (C.D.F.-E.B.) realizaban varios anuncios, uno de ellos era la intención de unirse a las Farc-Segunda Marquetalia. En la grabación aparecía El Paisa junto al dirigente de las FARC, Jesús Santrich.

El Paisa se había retirado del proceso de paz el 2018. Eso debido a la incursión de un comando armado de unos 30 hombres que buscaba sacarlos a la fuerza de la ETCR de Miravalle, en San Vicente del Caguán, en Caquetá. Ese día se encontraba con Iván Márquez y la mayor parte de las fuerzas especiales farianas de La Teófilo Forero.

El Paisa reapareció en agosto de 2019, cuando junto a Iván Márquez, Jesús Santrich y Romaña, entre otros, anunciaba que retornaba a la lucha armada.

En el video divulgado por la Agencia de Prensa Análisis Urbano El Paisa reapareció hablando por primera vez después de haberse retirado del proceso de paz entre las Farc y el Estado colombiano. Anunció que las Farc- Segunda Marquetalia y Los Comandos de la Frontera- Ejército Bolivariano (C.D.F.-E.B.) se habían aliado para enfrentar al gobierno de Iván Duque Márquez.

Coordinación binacional

La detención fue fruto de la coordinación de Inteligencia Militar (Ecuador y Colombia) con la Fiscalía de Sucumbíos y la Unidad de Inteligencia Trasnacional Policía. Contó con la intervención de las unidades de criminalística, antinarcóticos, GOE y UMO de la Policía.

‘El Paisa’ fue trasladado a la frontera Ecuador-Colombia con fines de inadmisión, por no contar con documentos de identificación, para ser entregado a las autoridades colombianas. En ese país s requerido por el delito de Concierto para Delinquir Agravado y Amenazas, lo cual se enmarca en la condición de BUSCADO en notificación Azul de la Interpol.

Los uniformados detuvieron al colombiano tras allanar un inmueble en Nueva Loja, ubicado en las calle Bella Esperanza y Marcabeli esquina, en el barrio San Valentín.

ANÁLISIS. En octubre del 2021, los ecuatorianos despertaron con un nivel de violencia inusitada que desconocían. En los presidios más grandes las bandas se enfrentaron causando muertes sangrientas y despiadadas: los reclusos no repararon en decapitar y mutilar a otros internos que difícilmente podían ser identificados por los peritos forenses.

Este nivel de violencia ya se ha visto antes en México y Brasil, lo cuál despierta el interrogante sobre si Ecuador podrá experimentar en los próximos meses los mismos índices de criminalidad mexicanos y brasileños. En 2021, el índice de homicidios en México fue de 26 por 100.000 habitantes, el de Brasil fue del 18.5, mientras que el de Ecuador llegó al 14, el doble del año anterior.

Hasta el momento,  la respuesta del presidente Guillermo Lasso a las masacres carcelarias  fue decretar el Estado de Emergencia y enviar tropas y tanquetas a reforzar la presencia policial en las calles y tratar de retomar el control de los presidios, una respuesta táctica, por ende, de corto plazo. Esta suele ser la misma receta de otros gobiernos latinoamericanos ante estallidos de violencia. En los últimos años, Ejército y policías militarizadas han sido desplegados para mantener el orden público en Trinidad y Tobago, México, Perú, Brasil y Colombia, sin evidencia consistente de una mejora estructural de la seguridad en estos países.

Decretar Estados de Emergencia sirve para que los gobernantes den discursos duros en contra del crimen, intentando no dañar su imagen ante sus votantes. Así, el problema, con sus causas complejas y soluciones de largo plazo, solo se patea hacia adelante.

Una respuesta de largo plazo al fenómeno del crimen organizado requiere una estrategia sostenible en el tiempo. Dicha estrategia debe ser concertada entre el gobierno nacional, los gobiernos seccionales y la Asamblea, incluyendo a la oposición.

Incluir a la oposición es fundamental para las estrategias de largo plazo. Las razones son elocuentes:

1) En democracia, la oposición vuelve a ser gobierno. Para que esta oposición no patee el tablero de la estrategia a largo plazo, es necesario hacerle parte de los acuerdos.

2) Lasso es un gobierno con minoría en el Parlamento, tiene menos de un tercio de los asambleístas; por ende, necesita construir consensos para implementar sus políticas.

Las estrategias exigen diagnósticos bien estructurados, idealmente lejos de la pasión política, guiados por evidencias empíricas. A los problemas del mundo real, de la gente, no le importa mucho la ideología del gobernante de turno.

El primer diagnóstico es que Ecuador está en un proceso acelerado de volverse parte del supply chain del negocio internacional de la cocaína, que empieza en Colombia, que produce el 70% de la cocaína consumida en el mundo y donde el kilo promedio cuesta US$ 1.260.

En los destinos finales, donde se consume la mercancía, el kilo llega a costar 25 veces más, como en Estados Unidos (US$ 32.000 el kilo) y 47 veces más en Europa (US$ 60.000 el kilo). Este es un mercado completamente desregulado, con abultadas tasas de ganancias, donde los productores dictan las reglas. Los puntos de distribución y venta se disputan a sangre y fuego.

La cocaína producida en Colombia y Perú tiene múltiples rutas para llegar hacia Estados Unidos y Europa. En Brasil, los gigantescos ríos de la jungla amazónica sirven como ruta hacia los puertos de la costa atlántica. En los últimos 20 años, con el crecimiento del negocio de la cocaína, la violencia creció en estas zonas del territorio brasileño, incluso en momentos de bonanza económica y mejora de la distribución del ingreso. En Ecuador, también las rutas y las zonas cercanas a los puertos de exportación experimentan un alza en los índices criminales.

En Brasil, la falta de estrategia del Estado para controlar las cárceles y tener una diagnóstico claro del problema del narcotráfico desencadenó la creación de pandillas dentro de los penales. La más importante es el Primer Comando de la Capital (PCC), creada después de que la policía antimotines de São Paulo mató a 111 detenidos en una rebelión en 1993. Con el paso de los años el PCC evolucionó hacia un cartel transnacional. Hoy controla rutas de comercio de cocaína y armas en toda América de Sur y exporta droga hacia Europa por los puertos brasileños.

Pobre información de Inteligencia

El segundo diagnóstico es que el Estado ecuatoriano tiene que ser capaz de producir información de calidad sobre el crimen en el país. Sin inteligencia, el combate al crimen se verá restringido a tanquetas, sin un efecto duradero a mediano y largo plazos. Inteligencia es ser capaz de detectar flujos financieros sospechosos de lavado de activos, de rastrear el suministro de armas y municiones a grupos criminales, hacer el mapeo del estándar de actividades criminales (cuándo y dónde suceden los distintos delitos). Finalmente, la inteligencia de las fuerzas de seguridad tiene que estar entrenada y equipada para solucionar crímenes y descabezar pandillas, desmontar estructuras.

El negocio internacional de la cocaína es el principal factor de desestabilización de los estados y las sociedades en América del Sur. La región tiene el 6% de la población, pero concentra el 19% de los homicidios del planeta.

Las últimas guerras de larga escala en la región fueron la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), cuando Brasil, Argentina y Uruguay lucharon en contra de Paraguay, y la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Chile enfrentó Bolívia y Perú. El último conflicto convencional ocurrió en 1995, entre Ecuador y Perú, en el alto Cenepa. Las fronteras sudamericanas han sido más estables que las europeas, asiáticas y africanas, pero la Guerra contra las Drogas desestabiliza toda la región.

Llama la atención que en las cumbres entre los  jefes de Estado en América del Sur no se haya tratado con frontalidad el fracaso común del combate al crimen transnacional. Lasso podría buscar un liderazgo regional encabezando una iniciativa que empiece a promover un diálogo de intercambio de experiencias entre los países de la región. Hoy en día no hay ninguna iniciativa relevante de coordinación regional.

Una propuesta en este sentido tendría que vencer resistencias y desconfianzas en las burocracias y fuerzas de seguridad nacionales (muchas veces parte del negocio de la cocaína). Sin embargo, América del Sur tendrá, tarde o temprano, que lidiar de forma coordinada con su gran problema geopolítico. Lasso podría relanzar su imagen como un líder innovador y que busca concertar.

ENTREVISTA. La firma del tratado de libre comercio con China es una de las prioridades estratégicas del gobierno este año, aunque la experiencia en este tipo de negociaciones evidencia que puede tomar más tiempo. No obstante, el canciller Juan Carlos Holguín se muestra optimista, aunque admite que el acuerdo no se firmará si las condiciones son desfavorables para el país, especialmente para el sector industrial, que no está en capacidad de competir con el gigante asiático. El Canciller niega que esa negociación con China pueda afectar la relación con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y cooperante en seguridad y defensa. Otros ejes de su estrategia son la diplomacia de transición ecológica, enfocada en la protección de la reserva marina de Galápagos y ensamblar acuerdos de cooperación regional para enfrentar las transnacionales del crimen organizado.

Por Arturo Torres

Pregunta. El presidente Lasso acaba de firmar un memorándum de entendimiento para un tratado de libre comercio con China. Y anunció que el acuerdo se podría concretar este año. ¿Es eso posible? En general las negociaciones de este tipo, por su complejidad, tienen múltiples rondas de negociación y suelen tomar varios años. ¿Han previsto ese escenario, cómo lo van a enfrentar?

Respuesta. De manera estratégica lo que hicimos fue iniciar oficialmente la negociación del acuerdo comercial con China. Por supuesto hay sensibilidades de algunos sectores en nuestro país como el productivo, pero no hay ningún apuro por llevar a buen puerto una negociación. No es solo el presidente Guillermo Lasso el que ha dicho que podemos firmarlo este año sino el presidente chino Xi Jinping, quien ha puesto como vara que eso pueda ocurrir a fines de este año, en la cumbre China Lac, que tendrá su sede en Guayaquil. Esta es una gran señal porque, en estos casos, solo la negociación para un memorándum de entendimiento suele tomar más de un año; en nuestro caso tomó cerca de 60 días. Cuarenta y cinco días antes de la visita del Presidente a China, el ministro de Producción, Julio José Prado, mantuvo reuniones técnicas con sus  homólogos en China, y nos pusimos de acuerdo en un memórandum que se consolidó en la visita. Automáticamente esta misma semana iniciaremos mesas técnicas, estamos preparando informe técnico para solicitar autorización al Comex, para el inicio de las negociaciones. Una vez que se cumpla con el pedido, los equipos negociadores de ambos países iniciarán los diálogos para ponerse de acuerdo en todos los términos de referencia del acuerdo y empezar primeras rondas de negociaciones, a partir del segundo semestre de este año.

P. En general estos acuerdos suelen tomar mucho más tiempo. Chile negoció en cuatro años su acuerdo con China. Tres años le tomó a EE.UU. Incluso una renegociación puntual llevó dos años. Colombia, en la época del presidente Álvaro Uribe, intentó negociar un acuerdo con China pero no lo pudo concretar porque les quisieron imponer condiciones lesivas para su mercado interno, por lo cual los industriales colombianos se opusieron. ¿No es probable que se repita un escenario parecido con nosotros?

R. No estamos obligados a firmar un acuerdo de libre comercio si las condiciones no son favorables para el país, la única manera de que Ecuador tenga una perspectiva de apertura es porque el acuerdo debe generar mayor bienestar y resultados significativos en los bolsillos de ecuatorianos, en exportadores pequeños y medianos. Creemos firmemente en que la posibilidad de acuerdo con China es muy positiva para Ecuador; en las negociaciones previas logramos tener en pocos días acuerdos beneficiosos para el país. Además, es el momento de aprovechar del posicionamiento del presidente Lasso para lograr negociación expedita, no solo basada en beneficio de algunos sectores productivos sino de todos los ciudadanos. Lo que puedo reafirmar es que no empezará la negociación sin la consolidación de un cuarto adjunto de primer nivel con todos los sectores involucrados en el ecosistema del tratado desde el inicio. Es la única manera en que podamos avanzar a la par con objetivo del tiempo, sin que ningún sector se vea perjudicado en sus intereses frente a China. Es difícil comparar el mercado de Colombia con Ecuador pero debemos ver los beneficios de negociaciones de TLC tanto de Chile como Uruguay. Este último país logró de manera expedita su negociación además de un nuevo momento post pandemia. Es parte de una visión diplomática más pragmática: la pandemia ha generado cambios en coyunturas comerciales a escala global. Hace pocos años no habría sido posible ver a varios países firmando tratados de este tipo con países pequeños, con los cuales no había acuerdos comerciales; pero dado el nivel de crisis de abastecimiento por la pandemia hay la necesidad de estrechar lazos comerciales. Ecuador está listo para asumir ese rol de proveedor exitoso de varios productos en el mundo.

P. Si piensan aprobar el acuerdo en este año, ¿tienen estudios previos sobre las ventajas y desventajas que ese tratado tendrá para los productores e industrias del país. ¿Hay un diagnóstico de riesgos?

R. Para llegar al plan de gobierno, en relación con los acuerdos de comercio, el tanque de pensamiento de Guillermo Lasso analizó por varios años, de manera académica y técnica, los retos del tratado, con sus ventajas y desventajas. Cuando llegamos al Gobierno el ministro Prado ha hecho un gran trabajo para analizar las alertas que tenemos. En un acuerdo de libre comercio con China el sector industrial es un puntal bastante delicado, pues nosotros no seríamos capaces de competir con países de mayor desarrollo industrial. Entonces hay campos sensibles que han sido analizados en detalle como el textil, prendas de vestir, calzado, vehículos, repuestos, electrodomésticos. Son varios sectores que nos despiertan una alerta sobre todo lo que debemos tomar en cuenta en la negociación. La idea también es aprovechar otro tipo de sectores que se verán altamente beneficiados. Ecuador es el principal exportador de camarón a China, pero en banano tenemos la alerta de una reducción de exportaciones a esa nación. Lo importante es hacer una compensación con el tratado. Por otro lado, con el ministro Prado, en esta visión de diplomacia comercial, es crucial entender cómo vamos compensando con otras industrias, qué mercados son atractivos para ellos. Para el sector textil, por ejemplo, es muy importante lo que negociamos con EE.UU. Por eso hablamos de diez tratados que no tienen una lista de prioridad, estamos abriendo la negociación diplomática al mismo tiempo.

P ¿Cuál es la lista de productos que entrarían en el tratado de libre comercio y cómo van a reducir el riesgo de que los chinos nos inunden con productos y acaben con nuestra incipiente industria local?

R. Hay que entender cuál es la competencia de cada ministerio. Todo lo que es comercio, más allá de ser parte de una política exterior, es implementado por el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. El equipo negociador que integramos ambas carteras, liderado por el presidente Lasso en el más alto nivel, tiene una hoja de ruta coordinada. En términos generales puedo decir que los productos beneficiados serán banano, camarón, pescado, cacao, madera, tubérculos, hortalizas, entre otros, que son prioridad. Pero será el ministro Prado el que anuncie al país el arranque oficial de las negociaciones y cómo se piensa el acuerdo con el cuarto adjunto. La pitahaya es muy importante. No estaba dentro de nuestros protocolos de negociación iniciales, pero se logró que ingrese como uno de los productos para ser exportados a China, es una de las frutas con mayor oportunidad de venta.

P. El Gobierno inicia esta nueva etapa de las relaciones con China en medio de un ambiente de abierta confrontación del gigante asiático y su aliado Rusia con EE.UU. ¿Es este es el momento más adecuado para iniciar una nueva etapa de relaciones con China, con el inicio de un tratado de libre comercio, sin que esto afecte las relaciones con EE.UU. nuestro principal socio comercial?

R. Soy crítico del análisis de Código Vidrio sobre el manejo diplomático de Ecuador, al que catalogaron como un recorrido en aguas turbias. Hay que entender cuál es nuestro rol en este juego geopolítico en el mundo. Tenemos relaciones amistosas con casi todos los países. Guardando ciertas líneas firmes en términos de DD.HH. y democracia, creo que este momento hemos aprovechado la visión estratégica de más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador, para establecer una relación comercial transparente con muchos países. Con EE.UU. estamos en el mejor momento de las relaciones, hay una gran cooperación de la cual estamos muy agradecidos, especialmente en seguridad, migración y defensa. También hemos logrado que Washington genere un hecho histórico a través de la intervención de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que acaba de presentar un proyecto de ley exclusivamente para Ecuador. Esa norma, una vez aprobada, nos permitirá fortalecer de manera decisiva la relación bilateral. Podremos tener más cooperación y recursos para aspectos que van desde la lucha contra el crimen organizado hasta la cooperación económica y comercial. Días antes de la visita a China tuve la oportunidad de mantener una larga reunión con el secretario de Estado, Antony J. Blinken, con quien además hemos tenido una bitácora de trabajo concreta muy provechosa. EE.UU. tiene también una relación comercial con China permanente y significativa. Por ello, se entiende nuestra posición y de otros países de concretar tratados en esta nueva coyuntura mundial. Nuestro gobierno actuará siempre respetando los principios más básicos de soberanía y, sobre todo, en la coyuntura actual, respecto a lo que está pasando en algunos lugares del mundo (posible invasión de Rusia a Ucrania). Esa es nuestra misión: Ecuador tiene la posibilidad de una acción más determinante en la Organización de las Naciones Unidas, como candidato a miembro del Consejo de Seguridad, por eso trabajamos con mucha prudencia en conversaciones transparentes con todos los gobiernos, buscando su apoyo. El reto del presidente Lasso es tener una diplomacia pragmática y, al mismo tiempo, ágil, dinámica y respetuosa, sabiendo que hay líneas rojas que si algún momento deben discutirse Ecuador las va a tomar. Por ejemplo, la discusión sobre la democracia en nuestra región.

P. ¿No hay un riesgo de que un acuerdo comercial con China afecte posibles futuros tratados con EE.UU., en vista de que las tensiones entre ambas potencias siguen escalando?

R. EE.UU. está en etapa en que los tratados de comercio justo con otros países no son una prioridad. Por eso, hay que aprovechar, más bien, las oportunidades que EE.UU. nos ofrece en esta coyuntura; debemos ir cumpliendo los pasos pertinentes para estar preparados cuando se abra posibilidad real de concretar un tratado. El Gobierno anterior logró un acuerdo de ocho puntos determinantes; nosotros estamos esperando la aprobación en el Senado de esta ley, trabajada de manera bipartidista. Siempre hay que tener prudencia, pero debemos entender que la diplomacia comercial es solo uno de los ejes. Entramos también en la diplomacia de transición ecológica, que nos une con una serie de países especialmente con propuestas como Galápagos donde hay mucho interés de instrumentos de financiación bilateral. Ahí las conversaciones con países de la Unión Europea (UE) son determinantes. Otro eje es sobre la movilidad humana, hay un proyecto importante de regularización de migrantes con el respaldo de Canadá y la ONU. Por eso es importante no solo entender la relación con énfasis en EE.UU. y China sino las grandes oportunidades que tenemos con la UE, sobre migración, ciencia y tecnología y diplomacia de transición ecológica. En seguridad y diplomacia de la paz tenemos conversaciones constantes con EE.UU., Colombia, México e Israel. No es lo mismo tener cooperación con EE.UU. sobre el crimen organizado, que con México sobre el problema en las cárceles, que enfrenta esos fenómenos en su sistema penitenciario.

P. ¿Cuál es la posición de Ecuador respecto a la política del no alineamiento activo, que es una doctrina que vienen aplicando varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú y Chile? Sobre todo, porque la última década nuestra región ha sido un escenario importante del conflicto entre EE.UU., aún la primera economía del mundo, y sus esfuerzos por impedir el ascenso y de China. Vivimos lo que varios expertos catalogan como el resurgimiento de una nueva guerra fría, enfocada en el campo comercial y tecnológico de comunicaciones. 

R. Ecuador tiene que mantener su posición histórica y sobre todo de mucha prudencia sobre lo que será el rol probablemente, si el objetivo se cumple, de integrar el Consejo de Seguridad de la ONU. Tenemos la oportunidad, después de 30 años, de participar, de ser actores relevantes en medio de una guerra fría probable. Ecuador debe saber jugar su rol de posicionamiento mundial, y si logramos apoyos necesarios para llegar al Consejo de Seguridad, nos permitirá tener una posición frontal en defensa del valor más importante que es la paz.

P. Otro tema sensible con China es Galápagos. ¿Cómo se le piensa exigir a esa nación que deje de pescar con su flota de 300 barcos en el límite de la zona exclusiva, si no está dentro de nuestro mar territorial? Es evidente la depredación de especies y las consecuencias lesivas para el ecosistema marino.

R. La política exterior del presidente Lasso sobre la transición ecológica, a partir de la protección de los oceános que se presentó en la cumbre en Glasgow, en octubre, busca generar un gran ecosistema de protección marítimo. Vamos a estar en la ONU el primero de marzo presentando junto a Costa Rica parte de esta inciativa de protección. Los diálogos sobre la pesca ilegal no son solo con China sino con varios países. Pero específicamente en relación con China, en la conversión telefónica que el presidente Lasso tuvo con su par Xi Jinping ya se hizo público que ese tema fue tratado y lo hemos abordado con equipos técnicos, con buenos resultados. Si vemos lo que ocurrió el 2021 sobre pesca ilegal y presencia de buques de otros países, este año tuvimos una disminución significativa, frente a lo ocurrido en años anteriores. Ha habido declaraciones directas de los dos gobiernos sobre dos temas específicos que están sobre el tapete: pesca ilegal y deuda. La buena noticia es que el presidente Jinping mostró el compromiso de China para la lucha contra la pesca ilegal.

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Perfil. Juan Carlos Holguín tiene 39 años. Ha incursionado en emprendimientos desde los 18 años, sobre todo en los campos deportivo, de innovación y tecnológico. Fue candidato a Alcalde de Quito por CREO y es uno de los hombres más cercanos al presidente Guillermo Lasso. Tiene un BA en Comunicación por la Universidad San Francisco de Quito. Obtuvo un máster en Políticas Públicas en Georgetown University, donde enfocó su investigación en mecanismos de diplomacia blanda. Obtuvo además una maestría en Desarrollo por la UNSAM de Argentina. Es candidato a PhD en Gobierno por la Universidad de Navarra.

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P. Un tema crucial para el país es el de la seguridad con enfoque regional. ¿Existe una estrategia para reforzar la cooperación, por ejemplo, con Brasil, que ha sufrido un grave problema de inseguridad por manejo de organizaciones criminales en las cárceles? De hecho, de las prisiones en Brasil precisamente surgió el Primer Comando de la Capital, que hoy es el cartel más importante de ese país, para la comercialización de cocaína. ¿Hay algún proyecto o intención de estrechar la cooperación en este campo?

R. Así es. Precisamente tuve una reunión con el canciller de Brasil mientras estuvimos en Cartagena, Colombia, hace tres semanas. Uno de los puntos más importantes era mantener una reunión bilateral, que lamentablemente no se dio, entre los presidentes de ambos países, para tratar temas sobre seguridad y el manejo penitenciario. Esperamos consolidar la reunión bilateral lo antes posible, hay ofrecimiento de Brasil de apoyo en seguridad. En las próximas semanas tendremos una buena noticia.

P. A nivel internacional es evidente el fracaso de la guerra contra las drogas, con un enfoque exclusivamente punitivo, a través del uso de medidas policiales, de fuerza. ¿No es esta la oportunidad para que Ecuador lidere una iniciativa para fomentar un debate que busque enfrentar al narcotráfico de una manera distinta, desde un enfoque multicausal, que pasa por el reconocimiento de que es un problema de macroeconomía, y que deberíamos debatir incluso su regularización, la legalización de las drogas?

R. Creo que el abordaje, especialmente del crimen transnacional organizado, debe darse desde los mecanismos regionales de integración, tanto de la Celac como Prosur. La migración riesgosa en frontera, que está siendo abordada por el Grupo de Acción Inmediata, del que somos parte, liderado por México, nos permite comprobar que el trabajo conjunto tiene más efecto que el unilateral. Hablamos de una guerra contra los carteles transnacionales en muchos países donde los fenómenos que enfrentamos son muy similares, tanto en narcotráfico, como el tráfico de personas, microtráfico y consumo interno. Enfrentamos fenómenos comunes de vulnerabilidad. También hay que entender que el negocio de tráfico de personas es prácticamente similar en ganancias al del narcotráfico.

P. ¿Cómo operan estas organizaciones criminales?

R. A través de la formalidad, por ejemplo obtienen permisos aéreos de vuelos chárter hacia lugares estratégicos de migración riesgosa, con un sistema de pago de entre 7.000 y 20 mil dólares, por migrante, para llegar a EE.UU. Estos grupos operan aplicando redes de extorsión vinculadas a los carteles del narcotráfico. México está haciendo un abordaje interesante a la venta de las armas que usan en las dos actividades: narcotráfico y tráfico de personas. Un tema que, por ejemplo, hemos tratado en las reuniones bilaterales con otros países es el efecto de ciertos videojuegos que alientan a una cultura de la droga y criminalidad. Esta problemática debe enfrentarse desde mecanismos regionales.

P. Entonces, en el Gobierno hay una plena constatación de que el problema del crimen transnacional que implica diversificación de actividades e inversiones en minería, pesca, turismo, negocio inmobiliario, debe enfrentarse de manera regional, pues ningún estado lo puede hacer solo?

R. Totalmente, el problema de minería ilegal que en Colombia y Perú no solo tiene su base en grupos irregulares sino en los mismos carteles del narcotráfico, es un fenómeno compartido. Las próximas semanas tendremos una reunión con Perú donde este es uno de los temas de abordaje común, incluso se lo discute en la Alianza del Pacífico.

P. Otro bloque importante es la Unión Europea. ¿Cuál es la hoja de ruta? 

R. Hay una relación muy fluida, este mes he tenido algunos encuentros con el representante de la UE en Ecuador. Nuestro equipo hace un seguimiento de esos temas, especialmente la cooperación sobre el cambio climático es uno de los más importantes. Varios países europeos, como Francia, han presentado proyectos de financiamiento no reembolsable para la protección de oceános y de bosques amazónicos. También sobre movilidad humana, especialmente de regularización, Ecuador tuvo ventaja pues lo teníamos como una prioridad en plan de gobierno. El 18 de diciembre el subsecretario Luis Bayas presentó la propuesta de regularización. Hemos tenido gran respuesta de países de la UE y sobre todo de donantes como Canadá y también del sistema de ONU y mutilaterales como el Banco Mundial. También seguimos conversando para tener apoyo de varios países para la visa Schengen, aplicamos una estrategia doble, tanto en la UE como a nivel bilateral, con cada país. España, en este caso, juega un papel fundamental, es un país con grandes oportunidades de inversión.

P. Gran Bretaña es otro socio clave para Ecuador. ¿Cómo han pensado la relación con ese país y qué se está concretando?

R. Hay una muy buena relación, su apoyo ha sido fundamental en el tema de Galápagos. Acaba de regresar de una gira por Ecuador el ministro de Ambiente de Reino Unido, Zac Goldsmith, con quien tuvimos una reunión a nivel presidencial, en la que abordamos la protección de océanos, que tiene un plan a mediano plazo. Nuestro embajador en Reino Unido, Sebastián Corral, está trabajando en aprovechar el instrumento comercial, luego del Brexit, para tener una relación mucho más fluida.

Más de la tercera parte de los presos en Ecuador padece 20 tipos de enfermedades. Son 10.468 personas que dependen íntegramente del Estado para su tratamiento. Su condición destapa los problemas estructurales que en la última década colapsaron el sistema penitenciario.
En medio de las masacres del año pasado fueron arrinconadas al abandono.
Esta es su radiografía.

Por Arturo Torres, con la colaboración de Doris Olmos en el  procesamiento de datos, infografías y video

Los hermanos Carlos y Geovanny Doha son parte de los invisibles, miles de víctimas silenciosas, colaterales de las masacres ocurridas los dos últimos años en las cárceles ecuatorianas. Ambos padecen hipertensión y diabetes crónica.

Desde mayo pasado, están encerrados en la Penitenciaría del Litoral, donde el 2021 fueron asesinados 180 internos, en medio de cruentas disputas de las megabandas criminales. Ellos fueron recluidos en esa prisión, aunque aún no han sido sentenciados en última instancia, al igual que el 40% de los 36.599 presos que viven en 47 cárceles del país, según informes penitenciarios a los que accedimos.

La llegada de los hermanos Doha se produjo en medio de las sucesivas revueltas en la ´Peni´, que por meses dejaron sin atención a los internos más vulnerables, quienes padecen enfermedades crónicas y catastróficas (incurables), también a personas con discapacidad y de la tercera edad. Estos eventos pusieron en la lupa a una población desamparada por el Estado y la sociedad. Muchas de ellas sin sentencia judicial son víctimas de un sistema penal que hace muchos años les dio la espalda y hoy continúan sufriendo por la falta de atención médica, la ausencia de servicios básicos y el hacinamiento.

Para esta investigación hicimos pedidos de información y accedimos a informes del Ministerio de Salud, Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno y organismos de Derechos Humanos. Con toda esa información levantamos nuestras propias bases de datos, que dimensionan la magnitud de la crisis carcelaria y sus causas.

En los presidios ecuatorianos se reportan 20 tipos de enfermedades. Más de la tercera parte de los internos padece uno o varios de esos males. Son 10.468 personas que dependen absolutamente del Estado para su tratamiento, según informes del Ministerio de Salud. De esas, 5.906 tienen hipertensión, 1.369 diabetes, 1.162 VIH Sida, 857 tuberculosis y 52 cáncer, entre otros males como gastritis y adicciones a las drogas.

De ese universo, 1.890 sufren afecciones crónicas, pero no reciben ningún tratamiento especializado ni tienen acceso continuo a medicamentos, exámenes, o dietas. En este grupo, buena parte son mayores de 65 años. En los presidios hay aproximadamente 500 personas de la tercera edad.

José M. es uno de ellos. Al ser entrevistado vía celular, cuenta que está preso ocho años y espera que los jueces autoricen su liberación, pues ya cumplió más del 60% de su condena y tiene derecho a ese beneficio. Está recluido en el pabellón de Atención Prioritaria en la cárcel regional de Guayaquil junto a 66 adultos mayores y 200 enfermos de mediana y alta gravedad.

Desde que empezaron las masacres -relata- los cabecillas de las bandas, con la complicidad y silencio de las autoridades, los han obligado a hacer huelgas de hambre, para impedir la actuación de la Policía durante los amotinamientos. “Nos han usado como escudos humanos. No nos han permitido comer varios días. Por semanas y hasta meses no recibimos ninguna medicina, ni siquiera paracetamol, que es el único medicamento que a veces nos dan para el dolor”.

Las revueltas provocaron la suspensión de la atención médica, pues el personal de salud ha sido retenido y los dispensarios fueron saqueados, reconoce Andrés Corral, subsecretario de Provisión de Servicios del Ministerio de Salud. “Cuando hay eventos de violencia los médicos salen y atienden desde fuera de los presidios”.

Otra situación que complicó el panorama fue la pandemia. Hasta diciembre del 2021, 2.450 presos se han contagiado con Covid-19, que representa un 40% de todos los internos. En dos años fallecieron por esa enfermedad 167 internos y  actualmente el 93% de los presos está vacunado, lo cual ha controlado los contagios, impidiendo nuevos brotes.

Tras la última masacre, que en septiembre pasado dejó 119 asesinados, las autoridades policiales no han podido ingresar a ese centro para retomar el control, pese a que el gobierno de Guillermo Lasso dispuso el estado de excepción y envió un contingente de cientos de uniformados. Tampoco pudo ingresar a verificar la situación de los internos una misión de la Comisión Interamericana de DD.HH. que estuvo en el país en diciembre.

Las causas del colapso

La severa crisis carcelaria es hoy el principal problema de inseguridad del país. Es consecuencia del abandono estatal y de una suma de decisiones equivocadas de varios gobiernos que mantienen al sistema en coma.

Entre las principales causas del descalabro están el hacinamiento; el abuso de la prisión preventiva; la creación de decenas de nuevos delitos; la construcción de enormes ciudades carcelarias, que se volvieron incontrolables; el empoderamiento de las megabandas por el narcotráfico; la corrupción de funcionarios estatales, así como la falta de presupuesto y ausencia de programas rehabilitación.

§§ El hacinamiento se profundizó con los años, según estudios del SNAI. A mayo del 2008, en las cárceles estaban recluidas 13.125 personas. Trece años después (mayo de 2021), ese número se triplicó: llegó a 38.999 presos. Una sobrepoblación que para noviembre del año anterior alcanzó el 27,60% de hacinamiento, y ese es el punto más bajo de los últimos cinco años §§

Para enfrentar la sobrepoblación, en el mejor de los casos, solo se aumentó el número de camas, pero no se amplió la infraestructura con más espacios, como recomiendan organismos especializados. El espacio estándar es de 6 m2 por persona en una celda individual y 4 m2 en celda colectiva, además de un baño. En algunas prisiones del país, hay hasta nueve internos en celdas para cuatro.

Entre mayo del 2008 y mayo del 2021 en el régimen de Rafael Correa hay picos que evidencian acciones que modificaron, positiva o negativamente, el ritmo de crecimiento poblacional. El 2009 hubo una reducción del 12% con relación al año anterior, entre otras cosas por la campaña gubernamental “cero presos sin sentencia” y el indulto a las denominadas mulas del narcotráfico, que dejó en libertad a 2.221 personas.

Sin embargo, este tipo de quiebres súbitos son una excepción, no la regla. El 2010, según un estudio de la Defensoría Pública, hubo un giro punitivo en la política criminal del correísmo. Esto se reflejó en el aumento del 14,8% de personas en prisión en un solo año, entre el 2010 y el 2011.

 

 

 

 

A partir del 2014 hubo otro quiebre. Empezó a aplicarse el Código Orgánico Integral Penal, que incluyó una batería de nuevos delitos penales alrededor de la violencia contra la mujer, el sicariato y el no pago de pensiones alimenticias. También se endurecieron las penas. Se incrementaron las condenas acumulativas hasta 40 años de prisión.

Otro detonante fue la criminalización del microtráfico. La captura de microtraficantes (en su mayoría pequeños consumidores) se disparó desde el 2015, tras las reformas de las tablas de tráfico y consumo de drogas, según un reporte de la Defensoría Pública. El efecto fue inmediato. Ese año la población carcelaria creció en un 15%. Pasó de 23.531 a 27.093 detenidos.

§§ Las reformas más recientes del Código Penal, de junio de 2020, empeoran el panorama. Se crearon más delitos como la obstrucción a la justicia, sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado, entre otros §§

“Con esta bendita reforma, para julio de este año tendremos de nuevo un hacinamiento incontrolable”, advierte Alexandra Mantilla, experta criminalista, quien al momento de esta entrevista, en diciembre pasado, era directora de Beneficios Penitenciarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes (SNAI). La salida de Mantilla ocurrió tras el cambio de director del SNAI, Fausto Cobo, quien fue reemplazado por el general de la Policía, Pablo Ramírez. En el actual gobierno, desde mayo pasado, se han nombrado cuatro directores, lo cual impide una continuidad en la política carcelaria, según fuentes del SNAI.

La sobrepoblación complica el control por la insuficiencia de agentes penitenciarios que siempre serán insuficientes. Hay 1.550 guías para una población que a noviembre del 2021 se ubicaba en 36.599 presos. Se requieren 5.000 agentes.

Sin medicinas ni tratamientos

La Peni es el recinto más grande del país. Aunque tiene una capacidad para 5.000 personas, alberga cerca de 8.000, que están al cuidado de 180 agentes penitenciarios y menos de 60 funcionarios administrativos. Hay seis médicos generales.

En esta cárcel, de 12 pabellones, no hay agua potable. Su estructura y servicios básicos son deplorables. En las celdas la temperatura llega a 40 grados, existe un solo ventilador y una pequeña ventana que permite el ingreso de aire fresco; en su interior conviven hasta nueve detenidos, aunque solo tienen capacidad para cuatro. Hay estrechas literas o vetustas hamacas, con fundas plásticas enrolladas. Los presos se turnan para dormir en las camas y en el piso. Este ambiente es un caldo de cultivo para contagios masivos de todo tipo de enfermedades como la tuberculosis, el mal de las prisiones, de la pobreza.

En este recinto carcelario la falta de atención y de medicamentos agravó la salud de los enfermos, sobre todo crónicos, según reportes de la Defensoría del Pueblo. Precisamente, desde agosto pasado, dos meses después de su encarcelamiento, la condición médica de los hermanos Carlos, de 42 años, y Geovanny Doha, de 40, se deterioró aceleradamente.

Giovanny padece diabetes e hipertensión por más de tres años, antes de su detención se trataba con metformina. En prisión dejó de recibir el medicamento y a las pocas semanas empezó a sufrir diarreas, dolores abdominales, en las piernas y brazos, fiebres continuas y mareos. Su hermano Carlos tiene un cuadro más delicado. Además de esos síntomas por su enfermedad preexistente ha tenido migrañas severas, que le provocan náuseas y vómitos, según un informe médico adjuntado al proceso judicial.

 

Dependiendo de la etapa de la enfermedad, fuera de las cárceles un diabético puede gastar entre 80 y 1.000 dólares mensuales, entre medicamentos, consultas de rutina, dieta vigilada. Al ser una dolencia aguda, que aparece cuando el páncreas no produce insulina, es necesario monitorear constantemente el estado del paciente, pues afecta nervios y vasos sanguíneos. En las prisiones no hay presupuesto destinado para cubrir los gastos para tratar a los enfermos crónicos.

Debido a las complicaciones y desatención de las autoridades carcelarias, su hermana Mariela Doha presentó un recurso de Hábeas Corpus ante la jueza de garantías Penitenciarias, Carmen Mendoza porque en sus visitas constató que sus hermanos no tenían acceso a alimentos ni medicina, lo que aceleró la gravedad de su salud, especialmente la de Geovanny, que no tiene vesícula.

Entonces pidió su traslado a un hospital de especialidades para recibir un tratamiento, que inicialmente fue aprobado por las autoridades del Ministerio de Salud, pero desacatado por el Director de la cárcel. Los días siguientes, por orden de la jueza Mendoza ambos fueron examinados por médicos del presidio que confirmaron su grave deterioro físico y emocional.

El 28 de diciembre la jueza convocó a una audiencia para resolver la demanda por la vulneración a sus derechos constitucionales a la salud y la vida, que fue auspiciada por Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente de DD.HH. “Nuestra única pretensión era que se les practicaran exámenes médicos, que sean tratados y reubicados en un pabellón donde estén con personas que tengan la misma condición, para que puedan recuperarse”, explicó Navarrete.

El médico Álex Ronquillo confirmó que Geovanny padece diabetes grave desde hace 10 años y que en prisión ha perdido peso. “Si no estuvo tomando su medicación si se pudo haber agravado su cuadro clínico; para determinar el grado de diabetes se requiere un examen de laboratorio y una cita médica con un endocrinólogo especialista”, reconoció el galeno ante la jueza.

En cuanto a Carlos, el médico Fernando Alvarado certificó que además de la diabetes también es adicto a la cocaína y que por su enfermedad preexistente sufre escalofríos, dolor de huesos y presión arterial alta de 160/100. “Al estar en hacinamiento la mayoría de pacientes con enfermedades crónicas además sufren depresión, que agrava su condición”, dijo y confirmó que en los presidios no existen dispensarios para tratar hipertensión y diabetes, pese a su elevada incidencia entre los detenidos.

Ante la jueza, las autoridades del SNAI y del Ministerio de Salud dijeron que los hermanos si habían sido atendidos y tratados, por lo cual pidieron que se rechazara el Hábeas Corpus. “Es la primera vez que nos sacan del centro, no nos han dado medicina, recién estamos tomando medicamentos desde cuando presentamos el Hábeas Corpus, ni siquiera al policlínico hemos accedido. A veces no alcanzamos a comer ni arroz o un jugo. Recibimos la misma alimentación que el resto”, declaró Carlos ante la jueza, mientras su hermano agregó que todo le que comen les causa daño y que nunca les hicieron exámenes. “Durante cuatro meses no recibimos medicina, solo paracetamol para aplacar en algo el dolor”.

De centros a bodegas humanas

El 2014 fue clave y en adelante marcó irremediablemente la ruta de la política criminal. El Gobierno de ese entonces lo llamó el año de “la transformación penitenciaria”. Fue el punto de partida para grandes inversiones en el sector, que iban de la mano con el aumento de 33 a 55 cárceles, a partir del 2011.

 

 

 

El presupuesto del Ministerio de Justicia -que entonces estaba a cargo del sistema- pasó de 109,2 millones de dólares, el 2013, a 162,7 millones, el 2014. Hubo un incremento del 49%. Esto contrasta con los fondos que hasta el 2008 recibía la entonces Dirección de Rehabilitación, de apenas $27,5 millones de dólares.

Los años siguientes, cuando se terminó la bonanza económica del gobierno por la caída de los precios del petróleo, se redujo significativamente el presupuesto penitenciario. El 2019 el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno gastó en le mantenimiento de los presidios $108 millones. Ese año se presentó un proyecto de tres años para la Transformación del Sistema de Rehabilitación, con un monto adicional de $38,3 millones, que solo se ha cumplió en un 4 por ciento.

§§ El presupuesto penitenciario gastado el 2021 fue de $85,7 millones y este año está codificado en $124 millones. La actual administración anunció que para superar la crisis invertirá en las cárceles $300 millones adicionales en cinco años, y trabaja en un plan integral de reformas, que incluyen planes de rehabilitación §§

Pero desde 2014 otras decisiones empeoraron la crisis. Las organizaciones de la sociedad civil y Defensoría del Pueblo fueron obligadas a abandonar el trabajo que realizaban en las prisiones, dice Billy Navarrete, director del Comité de Derechos Humanos. La más icónica era la Confraternidad Carcelaria que por años se había encargado de impulsar programas para rehabilitar a los internos.

Más sobrepoblación, menos atenciones 

Desde el 2014, las atenciones en los centros están a cargo de médicos y enfermeras del Ministerio de Salud, no dependen del SNAI. Esto, con lo años, precarizó la asistencia médica de los internos, pues no hay un presupuesto ni personal específico para las cárceles que solo cuentan con dispensarios para atenciones básicas. Entre médicos y enfermeras solo 234 profesionales trabajan en los presidios.

La atención es solo de primer nivel y no hay especialidades. “Cuando un enfermo requiere un tratamiento de mayor complejidad se coordina su traslado a otros centros de especialidades”, explica Corral, quien reconoce que el Ministerio de Salud no cuenta con medicina suficiente para atender los hospitales de la red pública y tampoco a los presidios, por falta de recursos económicos.

En los presidios hay servicios de medicina general, enfermería, psicología, odontología y obstetricia de forma permanente y/o itinerante. Las atenciones adicionales son gestionadas, esporádicamente, a través de interconsultas y referencias hacia establecimientos de mayor capacidad resolutiva, en los casos de mayor gravedad, pero toman tiempo y son excepcionales.

Según la data obtenida del Ministerio de Salud, desde 2018 cada vez menos internos reciben cuidados paliativos. Mientras ese año fueron atendidos 1.867 internos, el 2021 solo 900 recibieron cuidados sanitarios. En el campo preventivo las consultas pasaron de 40.000 a 21.000, en el mismo período, una reducción del 50%. La pandemia también dificultó las atenciones.

§§ El descalabro de los servicios de salud tiene una causa estructural: el hacinamiento que hasta el 2021 llegó al 30%. La demanda de atenciones aumentó significativamente desbordando la oferta de servicios sanitarios §§

Precisamente, el caso de los hermanos Doha evidencia una de las aristas de la crisis que golpea directamente a los internos y sus familias, que con sus propios recursos compran medicinas que les hacen llegar pagando coimas a los policías y guías penitenciarios.

Este sistema de extorsiones es sistemático, parte de un esquema criminal que genera millonarios recursos, sobre todo, para las megabandas, lideradas por los comandantes.

Estos cabecillas reemplazaron a los caporales y empoderaron a sus grupos criminales, que crecieron vertiginosamente los últimos seis años en un contexto del aumento explosivo del narcotráfico. Esas organizaciones son los brazos armados de los carteles y obtienen importantes ganancias del microtráfico.

De los 36.599 presos, 25.000 son parte de diez organizaciones delictivas identificadas por la Policía en las prisiones. Los principales son Los Choneros (12.000 miembros) y Los Lobos (8.000), según un informe de la Coordinación de Seguridad Penitenciaria de la Policía.

Un preso promedio gasta entre 120 y 250 dólares mensuales para acceder a víveres y otros productos que se venden en los Economatos, que son tiendas que operan al interior y que funcionan con pagos anticipados de sus familiares.

En las prisiones, todo tiene un precio y los productos son más cotosos que en las calles. Es lo que se conoce como el refile, un sistema que les permite a los internos acceder a bienes o servicios no autorizados, a cambio de dinero. Lo normal es que un producto por lo menos triplique su valor en las cárceles. Así, una cola de 1 litro cuesta alrededor de 5 dólares, un paquete de galletas 3 dólares, un sachet de atún 5 dólares, un cigarrilo 3 dólares.

La economía de los presidios genera ingresos anuales estimados en $120 millones a las mafias, según un reporte de Inteligencia. Entre $8 y $11 millones mensuales. Esos recursos se originan en la venta de droga, extorsiones y cobros por ingreso y uso de celulares, armas de fuego, licor, reventa de víveres…

Billy Navarrete destaca que la influencia de los comandantes va más allá de las prisiones, llega hasta los barrios, especialmente de Guayaquil. “Quienes trabajan para los comandantes fuera de las cárceles van a la casa de los parientes de los detenidos, los extorsionan y les exigen pagos mensuales de unos 500 dólares. Cobran 100 dólares semanales para darles alimentación, seguridad y permanencia segura en las celdas a los presos”.

Los pagos por la comida también son habituales. En la repartición de los alimentos quien tiene dinero y puede cancelar 20 semanales logra tener una buena ración. Un informe policial revela que el comandante del pabellón designa a gente de su círculo para que racione los alimentos, de acuerdo a los pagos. Quienes no pagan no comen. Por lo general se trata de los conocidos “polillas” o “chiros”.

Un precedente para miles de enfermos

La jueza Mendoza estableció que el caso de los hermanos Doha estuvo plagado de irregularidades y contradicciones. No solo vulneraron su derecho a la salud, sino el de muchos detenidos más que también han denunciado abusos similares en su juzgado.

Por todas esas negligencias, la jueza otorgó el Hábeas Corpus reparativo a los hermanos Doha y declaró la responsabilidad de las autoridades penitenciarias y de Salud, y ordenó que sean investigadas y sancionadas.

También dispuso que las autoridades gestionen inmediatamente, dentro las siguientes 48 horas, el traslado de los hermanos Doha a un hospital para ser tratados por especialistas, recibir medicina especializada, así como atención psicológica.

 

El caso de los hermanos Doha que revelamos en este reportaje representa un  precedente para miles de personas con enfermedades crónicas, ya que es el primer fallo judicial de este tipo. Sin embargo, hasta mediados de enero las autoridades no cumplían la orden de la jueza, mientras su salud sigue agravándose, irremediablemente, inclusive están perdiendo la visión.

El coletazo del sistema de justicia

La crisis carcelaria también está directamente vinculada con los problemas estructurales en el sistema judicial. La falta de celeridad en los juicios y el abuso de la prisión preventiva, siguiendo la política aplicada desde el 2010, agravó el hacinamiento de los centros, donde solo deberían estar recluidas personas sentenciadas en última instancia.

Solo el 58,39% de los reclusos tiene sentencia; el 38,77% están procesados, es decir mantienen la presunción de inocencia. El 2,8% se divide entre contraventores y apremio, según informes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

La prisión preventiva, que según la legislación vigente debe ser excepcional, se volvió la norma. Las medidas sustitutivas, alternativas a la prisión como método exclusivo de sanción, se emplean aleatoriamente.

 

 

La criminóloga Mantilla dice que uno de los principales problemas radica precisamente en que los centros están pensados para tener personas sentenciadas, pero hay un nivel exagerado de personas procesadas.

La mayoría de detenidos es joven. El 45% de prisioneros oscila entre los 18 y 30 años. La segunda población más numerosa va entre los 31 y 40 años. Comprende el 31% de los presos (agosto 2021).

La criminalización por delitos de drogas llenó las prisiones de pequeños consumidores, que no reciben ningún tratamiento para sus adicciones. El 28,18% de los detenidos cometieron delitos de drogas. Es decir, 3 de cada 10 internos están encarcelados por esta razón. Son el grupo mayoritario del sistema.

La pesadilla de los discapacitados

“Las personas enfermas, de la tercera edad, gente con discapacidad y minorías sexuales, han sido totalmente invisibilizadas. En las prisiones se las ubica indiscriminadamente en cualquier pabellón junto a otros detenidos más violentos, que los maltratan y extorsionan”, dice Navarrete, quien brinda apoyo a los internos y sus parientes con asistencia jurídica y humanitaria.

En el Comité de DD.HH. que Navarrete lidera recibe constantes denuncias de abusos, torturas, tratos degradantes e inclusive de asesinatos de internos con discapacidad intelectual.

§§ En las prisiones hay 162 detenidos con discapacidad. La mayoría está recluida en Cotopaxi (30) y Sucumbíos (28), pero no hay ningún criterio médico, técnico ni jurídico que defina el sitio de su reclusión en función de su grado de discapacidad, o el lugar de su residencia, para que puedan estar cerca de sus familias §§

Pero esas pálidas cifras son engañosas. Se quedan cortas, diminutas para dimensionar el tormento que viven las personas con discapacidad en las cárceles. Mercedes Vallejo conoce de cerca ese drama a través de su hijo, Jaime, de 34 años. A inicios de enero del año anterior él fue recluido en la Penitenciaría por orden de una jueza que tramitó una denuncia en su contra por un supuesto delito de abuso sexual.

Jaime Yépez fue detenido en Guayaquil con base en la acusación de la madre de la adolescente, luego de un incidente no esclarecido en la tienda que atendía en un barrio marginal.

La jueza formalizó el juicio y dispuso la detención solo con base en la denuncia, sin ningún peritaje ni examen médico que confirme los abusos. Tampoco dio paso al pedido de medidas sustitutivas, como el arresto domiciliario o el uso de un grillete electrónico mientras se desarrolle la etapa de instrucción fiscal, puesto que Jaime tenía una discapacidad mental del 70%, certificada por el Conadis desde 2010.

Ese año le diagnosticaron que padecía esquizofrenia paranoide, una enfermedad cerebral persistente crónica y una de las afecciones mentales más graves. Quienes la padecen tienen alucinaciones, delirios y paranoia. A pesar de que no tiene curación, es una enfermedad tratable con medicina de por vida.

Por eso, la madre de Jaime pocas veces se separaba de él. “Cuando tenía ataques se ponía agresivo o muy pasivo, no se podía controlar, por eso su medicamento, la risperidona, no le podía faltar. Cuando lo detuvieron, yo estaba desesperada rogándole a la jueza que no lo encarcelaran, siempre temí por su vida”, cuenta Mercedes, a quien las autoridades del centro solo le permitieron visitar a su hijo una vez, la primera semana de su detención.

Los dos meses siguientes Jaime Vallejo vivió una pesadilla. Debido a sus trastornos y alteraciones de personalidad otros presos lo maltrataban y golpeaban, le robaron sus pertenencias y le quitaban la comida. “Era constantemente hostigado por el esposo de la mujer que lo enjuició y también estaba preso, junto a su hermano en la Penitenciaría”, denuncia Mercedes, quien asegura que ningún médico lo atendió ni alertó el empeoramiento de su salud mental y física.

“Todos los días le pedía a la jueza que por lo menos lo trasladen al policlínico, hubo tres audiencias, pero siempre negó mis solicitudes”, añade.

En medio de las acciones desesperadas para proteger a su hijo, el 23 de febrero se desataron violentos enfrentamientos entre las megabandas de Los Choneros y Lobos en la Penitenciaría y las cárceles de Cotopaxi y Cuenca, donde fueron asesinadas 76 personas. Tres días después, mientras los brotes de violencia continuaban fuera de control, la jueza ordenó que Jaime fuera trasladado a otra celda, a un pabellón donde estaban los presos más peligrosos. Ese día fue torturado y apuñalado, por lo cual lo trasladaron grave al hospital del Guasmo, donde murió.

El parte de su defunción indica que falleció por “politraumatismos, laceración pulmonar, contusión cerebral y edema”.

En esos días la situación en las afueras de la Penitenciaría era caótica, desgarradora. Decenas de familiares se acercaban para revisar las listas de los fallecidos. “Todos los días revisaba los listados y mi hijo no aparecía, nadie me informaba nada, hasta el 7 de marzo, cuando encontré su cadáver en la morgue de la Policía”, relata Mercedes, quien impulsa una demanda contra el estado en la Comisión Interamericana de DD.HH. con el apoyo de Navarrete.

“Me duele mucho lo que le hicieron a mi hijo, lo asesinaron cruelmente. Solo espero que se haga justicia, que no haya más muertes de tanto joven inocente.  Son enviados sin misericordia a ese matadero llamado Penitenciaría”.

Las masacres carcelarias no solo desnudan el poder descomunal de las organizaciones criminales. Esa es solo una cara de la moneda. En el lado más ensombrecido están los invisibles: los más viejos y los enfermos condenados también por el abandono de los gobiernos de turno, indiferentes ante sus derechos y garantías más elementales.

Este reportaje fue realizado por Arturo Torres para Código Vidrio y Connectas, con el apoyo del International Center for Journalist.  

ANÁLISIS. Mientras China y Rusia cierran filas contra Estados Unidos, su enemigo común, Ecuador busca afianzar un tratado inédito de libre comercio con el gigante asiático. El gobierno ecuatoriano navega en aguas torrentosas.

El presidente Guillermo Lasso estuvo la semana pasada en China. El sábado 5 de febrero se reunió con su par, Xi Jinping, quien los últimos días mantuvo conversaciones con varios mandatarios, durante el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La competencia estuvo ensombrecida por dos hechos extra deportivos:

1. La peligrosa escalada de tensiones por el temor de una invasión de Rusia a Ucrania, que ha desatado el despliegue importante de tropas de potencias occidentales, con EE.UU. a la cabeza de sus aliados en la OTAN.
2. El boicot de EE.UU., Gran Bretaña, Canadá, Australia, Japón, miembros de la UE y otros países, que no enviaron a sus delegaciones diplomáticas a los juegos como protesta por las denuncias de larga data de abusos sistemátcos a los uigures y otras minorías étnicas en China.

En medio de los crecientes temores por una arremetida bélica rusa sobre Ucrania, el presidente de EE.UU., Joe Biden, dio luz verde al despliegue de 3.000 soldados en el Este de Europa, equipos y armamento. Actualmente, EE.UU. tiene 4.000 efectivos en Polonia, 900 en Rumania, 100 en Lituania y 60 entre Letonia y Estonia. En Ucrania solo operan asesores militares, un programa en marcha desde hace años.

Auque el Kremlin aseguró que no pretende invadir Ucrania, mantiene más de 100.000 soldados en la frontera de la antigua república soviética, por lo cual ha recibido un paquete de sanciones económicas empujadas por EE.UU. y sus aliados europeos.

Con las tensiones en alza, los mandatarios de China y Rusia se reunieron la semana pasada en Pekin y pusieron los pelos de punta a Washington. Anunciaron una alianza estratégica sin precedentes, que se basa en su rechazo frontal a la hegemonía de Occidente, liderada por EE.UU., lo cual marca el inicio de una nueva era de relaciones internacionales, según analistas. Xi y Putin dispararon sus primeros misiles retóricos: condenaron la influencia “desestabilizadora” de las alianzas militares en Europa y Asia y una nueva ampliación de la OTAN.

Ambos países estrecharon su relación los últimos ocho años, después de que Rusia se anexionara por la fuerza la península ucrania de Crimea con el apoyo de China. Y recientemente Jiping lanzó una tabla de flotación a Putin, golpeado por las sanciones internacionales, con la firma de un acuerdo para comprarle gas. Los juegos fueron la vitrina perfecta para Xi Jiping y Putin, que amplificaron su alianza a través de su impresionante maquinaria mediática y propagandística.

Para Ecuador, el timming de la visita no fue el más oportuno. No solo eso: es mal percibido por Washington y algunos de sus aliados europeos, según fuentes diplomáticas consultadas.

El juego diplomático de Ecuador es riesgoso, volátil, sobre todo si a futuro también quiere alcanzar un tratado comercial con EE.UU., nuestro principal socio económico.

Para Washington, Ecuador es vital en su estrategia de alianzas e influencia en Latinoamérica, tras una década de repliegue geopolítico por la arremetida China y su apoyo a los gobiernos de izquierda, con la entrega de millonarios préstamos, caracteriazdos por su opacidad.

Tras su llegada al poder, el presidente Lasso anunció su intención de alcanzar acuerdos comerciales con las principales economías del mundo, más allá de su tendencia ideológica. Ese pragmatismo -que puede rayar en la ingenuidad en un contexto de encendidas disputas de las potencias- le rindió frutos en el plan de vacunación contra el Covid-19, pues recibió un significativo apoyo de China y EE.UU.

Precisamente, en su reciente visita a China, Lasso anunció que había consiguido la donación de 2,5 millones de vacunas Sinovac para inocular a los niños de 3 a 5 años. También abordó -aún sin ningún resultado- la renegociación de la deuda (unos 5.000 millones) y la posible desvinculación del pago de los préstamos con petróleo.

EE.UU. sigue con cierto desconcierto el desempeño de la administración de Lasso, pero prefiere mantenerlo de su lado, en medio del empoderamiento de la izquierda en la región, cuyos líderes se han mostrado más abiertos a fortalecer el eje China-Rusia.

En octubre pasado, estuvo en Ecuador el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. En su visita destacó el interés de su gobierno por reforzar la cooperación comercial y la lucha antidrogas, en el contexto de un aumento creciente de los envíos de cocaína desde Ecuador a EE.UU. y Europa. El 2021 cerró con una incautación histórica de 175 toneladas del alcaloide, fruto de la cooperación, sobre todo, de EE.UU., Gran Bretaña y otros países.

Durante su visita, Blinken no perdió la oportunidad para lazar sus dardos a China. Alertó que los países que negocian con el gigante asiático deben tener cuidado con las inversiones en áreas sensibles. “Desgraciadamente, en el caso de China, no hay separación entre empresas privadas y el Estado, cuando se trata de derechos humanos, privacidad y seguridad esto puede ser un gran desafío y es necesario tener el escrutinio necesario para que el país receptor y su pueblo estén protegidos”.

Las declaraciones de Blinken desencadenaron una furibunda respuesta de China, que en estos casos usualmente ha mantenido un silencio estratégico, evitando choques diplomáticos directos. La Embajada China calificó las declaraciones de “erróneas” y fue más lejos: acusó a EE.UU. de “abusar de su poder para restringir a las empresas de otros países”, bajo el principio de “America First”.

Aunque la visita de Blinken dejó un saldo positivo para el gobierno, que recibió un espaldarazo en medio de una severa crisis de inseguridad, agravada por las sangrientas revueltas en las cárceles, pocas semanas después EE.UU. volvió a patear el tablero.

El embajador de EE.UU., Michael J. Fitzpatrick, dijo que su gobierno les había retirado la visa a varios narcogenerales. El anuncio del diplomático descolocó al régimen, que actuó dubitativo sin dimensionar la dimensión del anunció del Embajador, que provocó un remezón político y diplomático.

Fuentes cercanas al gobierno de EE.UU. estiman que la decisión del retiro masivo de visas, no solo a oficiales sino a funcionarios judiciales y abogados, fue un claro llamado de atención al gobierno ecuatoriano, que se ha mostrado errático y lento para enfrentar la severa crisis interna que sacude a la Policía y a las las Fuerzas Armadas, contaminadas por la corrupción  y el narcotráfico.

También es evidente la relación, más bien distante, del Ministerio de Gobierno con la embajada, lo cual contrasta con la administración de Lenin Moreno, que mantuvo una estrecha cooperación y coordinación con EE.UU. en temas de seguridad e Inteligencia. Ese apoyo fue vital para su sobrevivencia, en medio de arremetidas de la oposición, con el correísmo a la cabeza.

Moreno estrechó su alianza con EE.UU tras su sorpresiva ruptura con el expresidente Rafael Correa, a mediados del 2017, lo cual también implicó el distanciamiento de los antiguos socios de la revolución ciudadana, sobre todo de Rusia. Moreno congeló la relación con el régimen de Putin, pues recibió informes de Inteligencia de su apoyo al correísmo en su guerra de desinformación para tumbarlo. En mayo, con la llegada de Lasso al poder, Rusia retomó las conversaciones para cuajar acuerdos en distintos campos, incluido uno sobre energía atómica con fines pacíficos.

Así, el gobierno sigue siendo una incógnita para EE.UU. y algunos de sus aliados de la UE, que esperarían un posición más distante y crítica de China. Pero el dragón se mantiene firme en su estrategia de sumar aliados en Latinoamérica. No escatima recursos en su efectiva política de donar vacunas y abrir el abanico de nuevos negocios crediticios, difíciles de rechazar para el régimen, en el contexto de una severa crisis económica, caracterizada por un creciente desempleo y caída del poder adquisitivo.

Siguiendo su instinto empresarial, Lasso avanza en su estrategia de juntarse con Dios y el diablo, tratando de sortear las consecuencias políticas y diplomáticas con otras potencias. Minimizando, casa adentro, las críticas de diversos sectores a la asociación con China, que no es percibido como un aliado confiable, de prácticas amigables con el ambiente. Por el contrario, es bien conocida su voraz política extractivista, con el silencio de las administraciones de turno.

Basta ver lo ocurrido en la construcción de Coca Codo Sinclair, que ha sufrido paralizaciones sucesivas por las fallas en sus estructuras, lo que provocó un litigio arbitral con la china Sinohydro en instancias internacionales. Tampoco es menor la lista de otras obras entregadas a empresas chinas, sin concursos ni fiscalizaciones independientes, plagadas de millonarios sobreprecios y denuncias de corrupción.

Otro tema preocupante es la operación de la flota de 300 pesqueros chinos en los alrededores de Galápagos, que año a año depredan especies, en particular el calamar.

Aunque el gobierno y su canciller, Juan Carlos Holguín, aseguran que todos los temas sensibles han sido planteados frontalmente a China, que se ha mostrado abierto a considerarlos, el saldo de la relación la última década deja un mal sabor de boca. Si Lasso desestima los errores de sus antecesores, esta nueva etapa de la relación con China podría convertirse en un segundo matrimonio, donde prima la esperanza sobre la experiencia.

El cuidado y control de la nueva reserva marina que alcanzará 198.000 kilómetros cuadrados en Galápagos se busca financiar con una operación inédita de recompra de bonos de deuda externa ecuatoriana, impulsada por organizaciones ambientalistas, nacionales y extranjeras. El Gobierno todavía no ha aprobado este procedimiento. El presidente Guillermo Lasso firmó este viernes el decreto que oficializa la ampliación de la reserva en 60.000 km2. Nota actualizada este 14 de enero.

Por Emilia Paz y Miño*

Era un anuncio esperado con ansias. Desde este 14 de enero, la ampliación de la reserva marina de Galápagos en 60.000 km2 es una realidad: El presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto este viernes en el buque Sierra Negra, cerca al muelle de Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz.

“Tras la firma del Decreto debemos hacer un acuerdo ministerial en el que detallemos todo, y eso viene acompañado de un informe técnico y jurídico”, destacó Manrique. Luego se realizará la redacción del plan de manejo ambiental. Al mismo tiempo, un paso fundamental es el canje de deuda que se busca aplicar para financiar el manejo de la reserva, el más grande de la historia ecuatoriana.

En el evento, Guillermo Lasso recibió a su homólogo Iván Duque, de Colombia, y a los cancilleres de Costa Rica, Rodolfo Solano, y de Panamá, Erika Mouynes. Se sumó el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

El proyecto original buscaba crear una reserva de 445.953 km2. En esa zona no se permitirían actividades extractivas y se conservarían áreas de ecosistemas oceánicos críticos, rutas migratorias y zonas de alimentación de especies marinas amenazadas. No obstante, el gobierno autorizó solo parte de la propuesta y expandirá la reserva en 60.000 km2.

El plan fue impulsado por varias organizaciones sociales nacionales y extranjeras, así como gubernamentales. Entre otras participan el colectivo ciudadano Más Galápagos, el Frente Insular y el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos.

Eliécer Cruz, director del programa “Galápagos”, de la Fundación de Conservación Jocotoco, y Patricia León lideraron la propuesta. Trabajaron hombro a hombro con la Universidad San Francisco de Quito, que realizó la investigación con Alex Hearns y su esposa.

 

Cruz, quien dirige el proyecto, menciona que es un primer paso. “No sabemos si en éste o en los siguientes gobiernos vamos a lograrlo, pero seguiremos insistiendo para ampliarla”, destaca.

Para el financiamiento, la propuesta de Más Galápagos es que el gobierno realice un canje de deuda por naturaleza, por un monto que permita financiar las actividades de control y manejo de la nueva reserva; esto ya se ha hecho en otros países incluido Ecuador en los 80s. Esto, sin embargo, aún no está aprobado por el gobierno.

El posible canje de deuda

Ocean Financial Company busca obtener el aval de la Corporación Financiera de Estados Unidos (DFC) para acercarse a la banca privada y pedir el préstamo para comprar la deuda ecuatoriana.

Una vez que tengan la garantía de la DFC, “los bancos reempaquetarán la deuda en bonos azules para recuperar su inversión”, según una fuente cercana a este proceso. Con esto, el Ecuador ganaría la reestructuración de la deuda y los intereses que deberá pagar el país sobre los 800 millones (deuda reestructurada) serían destinados a la conservación marina. Es decir que se esperan unos 300 millones de dólares del descuento de la deuda. Estos fondos se enviarían a un fideicomiso, cuyos intereses serían para la conservación.

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Los bonos azules están relacionados con el océano y el agua. También buscan crear oportunidades comerciales sostenibles y favorecer una administración responsable de los océanos alrededor del mundo (Nature Conservancy)

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Los bancos que están dispuestos a dar un crédito por el valor de la compra de deuda son Credit Suisse y Bank of America, mientras que los organismos que sustentan el canje son The Pew Foundation, de Estados Unidos, el Banco Holandés de Desarrollo y la US Financial Corporation. Las organizaciones que han participado en el proceso son Conservation Internacional y la Fundación de Dona Bertarelli, que promueve la conservación marina y la ciencia.

Cruz explica que, si se concreta, se espera que esto genere alrededor de 14 millones al año, de los cuales una parte iría para control y vigilancia de la nueva área y otra para pesquerías sostenibles y proyectos de saneamiento ambiental en las islas.

El empresario turístico Roque Sevilla, quien respalda al proyecto, destaca que con los recursos generados, para el control y vigilancia, se planifica comprar botes de alta velocidad, drones y sistemas de observación satelital sofisticados, con los que no cuenta el Parque Nacional o la Marina. Los pescadores serían los principales beneficiados. Una vez que la nueva extensión de la reserva se oficialice y exista este corredor protegido por donde transiten las especies, ellos se beneficiarán del “Spillover”, es decir del exceso de peces que naturalmente terminarán saliendo de la zona protegida, según Sevilla.

Una parte del dinero -agrega- también se podrá emplear para cumplir las obligaciones que tiene la industria pesquera ecuatoriana con la Unión Europea. Incluye la trazabilidad de la pesca. Especialmente en las faenas  artesanales se pueden desarrollar técnicas más eficientes que no dañen el ambiente y realizar la maricultura que se practica efectivamente en Chile.

Tira y afloja con los pescadores

Tras oponerse a la propuesta inicial de crear una reserva de más de 400.000km2, los pescadores industriales de Manta, quienes denunciaban que el área protegida les iba a afectar, llegaron a un acuerdo con el gobierno y apoyaron la creación de los 60.000km2 de reserva.

Franklin Zavala, dirigente pesquero de San Cristóbal, comenta que con la propuesta anterior de los 400.000km2 “el sector pesquero de Galápagos no iba a poder pescar dentro de la ampliación”. Se hacía la negociación con los industriales para que “ellos puedan botar los plantados (objetos flotantes naturales o artificiales que usan los pescadores para atraer a los peces y facilitar su captura)  y con esto pescar dentro de la reserva”. Los plantados sirven para atraer a los peces; son colocados fuera de la reserva e ingresan a ésta por medio de las corrientes marinas.

Un alto oficial de la Marina indica que “lo que le preocupa es que el proyecto no haya sido socializado con el Comité Interinstitucional del Mar “CIM” y “que no cuente con un criterio del Ministerio de Defensa, por el tema de control y vigilancia”.

El Ministerio de Economía y Finanzas MEF recibió la propuesta para analizar la viabilidad del canje de deuda. No obstante, una fuente de esa cartera indicó que “al MEF no le ha llegado pedido, ni concreto, ni oficial, y cualquier canje debe pasar por Comité de Deuda y Financiamiento”, cosa que no ha sucedido aún.

Manrique explica que se está coordinando con Cancillería, por los tratados y convenios involucrados… “con el plan de manejo ambiental que tiene que salir de aquí. Tenemos que ver cuáles son las zonas que debemos proteger y con qué condiciones, el Ministerio de Defensa, la Armada, Ministerio de Producción y con Finanzas, a quien le corresponde la estructuración de la deuda”.

La propuesta despega

Esta iniciativa surgió a finales del 2019 con un pronunciamiento del entonces presidente Lenín Moreno en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Madrid. Ahí se estableció que el país necesitaba estudios para ampliar la actual reserva de Galápagos como una mitigación al cambio climático. Dos años después, el 1 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso, en la COP26 realizada en Glasgow, Escocia, anunció que Ecuador ampliará la reserva en 60.000 km2.

Leonardo Di Caprio ha sido un actor protagónico fundamental. Se ha unido al proyecto por medio de la organización Rewild; pero su apoyo es para planes concretos de conservación ligados con el Parque Nacional Galápagos. El 1 de noviembre Di Caprio felicitó al presidente Guillermo Lasso por la ampliación de la reserva, pues ayudará a salvaguardar una vía marítima clave para una serie de especies marinas en peligro de extinción.

Sevilla dice que luego del análisis de las propuestas de expansión con los involucrados se llegó a la conclusión de que se necesitarían al menos 100.000 km2 para proteger la migrovía, que va desde Galápagos hasta la isla de los Cocos. Sin embargo, el gobierno autorizó menos.  30.000 km2 más serían necesarios hacia el sur para proteger el vuelo de los albatros. El ave parte desde la isla Española hasta Perú, entre julio y octubre. Sin embargo, cuando baja a alimentarse queda atrapada en las redes palangreras como una nueva estadística de pesca incidental.

Quienes impulsan la propuesta solicitarán estos 30.000 km2 más -15.000 km2 a cada lado de la ampliación- para que cuatro meses al año, cuando estas aves migran, puedan crear un área de protección temporal. Sevilla añade que esta área provisional de protección ya fue aceptada por los pescadores y ahora deben negociarla con el gobierno.

Más países se suman

La ampliación de la reserva es parte de un gran proyecto que involucra a Costa Rica, Panamá y Colombia que también están en el proceso para proteger mayor cantidad de mar. Sobre todo, en las islas de Coiba, Malpelo y Coco, donde los corredores marinos son muy ricos en especies.

Por ello, a la decisión de Ecuador se debe añadir la de Costa Rica respecto de la isla del Coco; la protección de Panamá en la isla de Coiba y Colombia que ha decidido añadir una protección adicional alrededor de la isla de Malpelo.

En Ecuador, los 60.000 km2 serán divididos de la siguiente manera: 30.000 km2 de zona de no producción pesquera, que se ubicará sobre la cordillera de Cocos, y 30.000 km2 de zona de no palangre, que se ubicará en el noreste de las islas. Así se busca conservar áreas de ecosistemas oceánicos críticos del archipiélago, rutas migratorias y zonas de alimentación de especies marinas amenazadas. Esta área protegida adicional se suma a los 130 mil km2 que estaban previamente definidos, por lo cual, la nueva zona alcanzará un total de 193 mil km2.

Manrique destaca que la decisión se tomó “en función de una convicción auténtica que la conservación y la producción deben venir de la mano”. Explica que siempre una reserva marina le da más credenciales, argumentos y herramientas, sobre todo si viene acompañada de un canje de deuda que le da recursos, los cuales ayudarán al control de la pesca ilegal.

También se busca combatir la pesca ilegal, no reglamentada, no regulada, donde los únicos que pueden pescar dentro de la reserva serán los pescadores artesanales. No obstante, pescadores industriales y flotas palangreras de distintas banderas, especialmente la China, buscan la forma de explotar los recursos a como dé lugar.

La pesca incidental fuera del área protegida, en la zona económica exclusiva, no cuenta con reglamento alguno, a pesar de que la Ley de Pesca ya fue aprobada. Andrés Arens, viceministro de Acuacultura y Pesca, indica que “el reglamento ya ha sido enviado a Presidencia y seguramente saldrá en los próximos días luego de la revisión de Secretaría jurídica”.

Otros fondos para la conservación

Es un fondo de 28 millones de dólares que busca impulsar proyectos de conservación en Galápagos. No tiene relación directa con el proyecto de la ampliación de la reserva marina.

El fondo es para 10 años, que se complementa con 15 millones de dólares más como contraparte, entre el Parque Nacional Galápagos, la Agencia de Bioseguridad para Galápagos y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Este fondo es manejado a través de Rewild.

Cruz indica que pueden participar otras organizaciones siempre y cuando “tengan contraparte”. Este fondo llevará a cabo cuatro proyectos del Parque. La Fundación de Conservación Jocotoco apoya su ejecución.

 

El primero es la restauración ecológica de la isla Floreana. Cruz explica que “el objetivo es erradicar a las ratas y otros animales introducidos con el apoyo de drones, usando un tipo de veneno que no afecta a otras especies y que es soluble en el agua”. También volverán a reintroducir al menos 22 especies que habían sido extirpadas de la isla por saqueadores hace muchos años.

Este proyecto aún no cuenta con todo el dinero para su implementación. No obstante, está siendo ejecutado con fondos de Rewild, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF, por sus siglas en inglés y del Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania KfW. La única etapa que falta para concluir es la distribución de los cebos mediante drones “esto será en octubre de 2023 y duraría 3 meses” comenta Cruz.

Esto se debe a todos los preparativos que involucra la eliminación de las plagas. Para esto se deben construir chancheras, establos, reservorios de agua, aviarios y otra infraestructura.

El segundo proyecto es la conservación de la iguana rosada, originaria del volcán Wolf. Esa especie cuenta con 300 especímenes y está en peligro de extinción. Danny Rueda, director del Parque Galápagos, dice que se van a agotar todas las instancias de conservación in situ de la especie, aumentar los monitoreos e incrementar el tiempo de estancia de los científicos en el volcán Wolf. La Fundación de Conservación Jocotoco será la encargada de la primera etapa, que incluye el control de especies introducidas y el monitoreo.

La reproducción en cautiverio de la especie será el último recurso, recalca Rueda. En caso de que no haya resultados se trabajará con un grupo de científicos italianos y con el Parque.

Las condiciones en el volcán Wolf son extremas. Por ello el proyecto busca monitorear el volcán con una caseta que use energía alternativa e implementar sistemas de recaudación de agua. Así, los científicos y equipos de guardaparques se podrán quedar hasta tres meses, para recopilar los datos necesarios y sustentar las hipótesis que tienen sobre la conservación de esta especie.

El tercer proyecto es el control y vigilancia de la Reserva Marina y el cuarto es la restauración ecológica en otras islas. Para estos proyectos se hizo un taller con expertos.

Tanto la ampliación de la reserva marina con el canje de deuda como los cuatro proyectos del Parque Nacional buscan la conservación de las Islas. Sin embargo, los distintos actores e intereses han cambiando con el tiempo. Por ello, el 14 de enero del próximo año se espera que marque un antes y un después en la protección de la Reserva Marina de Galápagos.

*Estudiante de Periodismo de la Universidad San Francisco

VIDEOREPORTAJE. La alta demanda de dispositivos electrónicos tras la pandemia, también tuvo un efecto ambiental contraproducente: el aumento de la basura electrónica en Ecuador y el mundo. En 2020, las empresas importaron 1’267.616 equipos celulares, de los cuales solo se recuperaron 8.454 en desuso, según el Ministerio del Ambiente. Estos residuos no son desechados adecuadamente. Especialmente los metales que los componen contaminan el suelo y el agua. 

 Por Emily Tobar y Sofía Martínez

La pandemia de la COVID-19  ha generado una mayor demanda de productos electrónicos, debido a la modalidad virtual que tuvo un incremento significativo los dos últimos años. El problema mayor son los dispositivos que se dejan de usar. Los equipos viejos se olvidan en algún rincón de la casa o simplemente son arrojados con el resto de la basura, sin ningún procesamiento para su reciclaje.

Un informe del Global E-waste Monitor 2020 cuantificó la cantidad de toneladas de desechos electrónicos que produjo Ecuador en 2019. Para fines de 2021, se espera que cada habitante produzca 7.6 kg de basura electrónica.

Según la directora de sustancias químicas, residuos y desechos peligrosos y no peligrosos del Ministerio del Ambiente, Berenice Quiroz, al momento no se dispone de datos de importación del 2021.

Si el ritmo de producción de basura electrónica se mantiene, el 2030 cada persona producirá 9 kilogramos de desechos, que agravan el problema de la contaminación ambiental.

Hoy es más importante que nunca conocer, por ejemplo, distintos puntos de Quito donde se pueden reciclar estos productos. Además, conocer las políticas de consumo de las empresas que proveen productos electrónicos como celulares o computadoras. En este video te mostramos el impacto de la basura electrónica y las alternativas para romper el ciclo vicioso de la contaminación, apoyando iniciativas de reciclaje impulsadas por varias empresas y ONG.

*Este documental fue producido en alianza entre Código Vidrio y la USFQ.

 

 

EN PERSPECTIVA. Durante los últimos 15 años, la disposición de China de otorgar miles de millones de dólares en préstamos en América Latina creó la percepción de que está gastando recursos ilimitados para atraer aliados, en una región donde Estados Unidos históricamente ha tenido una influencia significativa.

China está aumentando esta percepción mediante la entrega de millones de vacunas COVID-19 a América Latina, respaldada por una sólida operación de medios, para dar forma al entorno de información.

La radiografía de esta estrategia es develada en detalle en este artículo https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-37.pdf?ver=GIRN6IsWryBQ2uTHKY3O3A== .

Mucho menos visibles son los esfuerzos regionales concertados de China para remodelar la arquitectura de la cadena de suministros comerciales, los sistemas cibernéticos y de telecomunicaciones, y los mercados para depender de las tecnologías, los estándares y el hardware para el beneficio a largo plazo de China en perjuicio de Estados Unidos.

Para apoyar esta estrategia, China desarrolló una creciente máquina de medios patrocinada por el estado que ahora tiene una huella más grande que todos los medios occidentales combinados en el hemisferio.

Estos elementos de la estrategia apuntan a:

■ Adquirir puertos, servicios de electricidad e instalaciones de exploración espacial en el Cono Sur. Estos hitos brindan a la República Popular China acceso al Polo Sur, establecen su experiencia en el desarrollo de infraestructura, establecen estándares en las licitaciones en curso para desarrollar redes 5G y cambian las rutas comerciales regionales a través del proyecto de dragado del río Paraná.

■ Ampliar la vigilancia a través de proyectos de “ciudades seguras”. Estas iniciativas brindan a los gobiernos capacidad de vigilancia para combatir el crimen en áreas urbanas, pero la infraestructura de datos le brinda a China acceso en tiempo real y sin filtros a cantidades masivas de datos e inteligencia.

■ Ampliar el alcance del conglomerado de medios estatal Xinhua. Esto ayuda a China a impulsar una narrativa anti estadounidense e introducir su presencia como benevolente, utilizando el bombardeo diplomático COVID-19.

■ Incrementar la participación de China en las asociaciones multilaterales de integración regional de América Latina, en particular las diseñadas por la alianza bolivariana para excluir a EE.UU.

■ Diversificar y descentralizar los métodos de participación. Las tácticas descentralizadas van desde la participación de estado a estado hasta colaboraciones municipales e inversiones comerciales de empresas que no son propiedad directa del estado.

Apoyo a gobiernos autoritarios

En toda la región, la estrategia de China es aumentar el apoyo a los regímenes autoritarios conectados con la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana y otros gobiernos populistas antidemocráticos. También mejorar la vigilancia utilizada para el control político y la represión, aumentar las actividades delictivas organizadas transnacionales patrocinadas por China, con el incremento de la corrupción e impunidad, sin una rendición de cuentas. Esto erosiona la confianza en el proceso democrático, socavando fundamentalmente las instituciones democráticas, el estado de derecho y la estabilidad en el hemisferio occidental.

Durante la última década, China reorientó fundamentalmente su esfuerzo en América Latina desde préstamos masivos para proyectos de infraestructura a gran escala hasta inversión extranjera directa en sectores y países estratégicos. Esto está alterando fundamentalmente la arquitectura tecnológica y comercial del hemisferio para la ventaja a largo plazo de China. Este realineamiento hacia un fuerte compromiso de poder en lugar de las tradicionales estrategias de poder blando ha sido respaldado por la expansión de los esfuerzos para remodelar el espacio de información a través de los medios controlados por el estado y los programas de «capacitación» de los medios. Mientras tanto, la pandemia de COVID-19 y la capacidad de China de proporcionar equipos de protección y vacunas fortalecieron sus oportunidades en todo el hemisferio.

A través de la expansión de Huawei y las agencias de telecomunicaciones, directamente vinculadas al Partido Comunista Chino, la estrategia está diseñada para crear e implementar los estándares, regulaciones y modalidades de las tecnologías 5G y otras innovaciones tecnológicas en el futuro. Estas operaciones centrales son costosas y difíciles de cambiar una vez implementadas.

Como parte de esta expansión, los proyectos de ciudades inteligentes y ciudades seguras de China, ahora operativos en toda la región, le brindan un acceso incomparable a big data, así como inteligencia específica al reflejar la información de los sistemas directamente en China en tiempo real.

Este enfoque corre paralelo a los esfuerzos de China para obtener acceso permanente a la Antártida, a través de nuevos y opacos acuerdos con el gobierno argentino; esfuerzos continuos para adquirir puertos del sur, en Chile; de hecho buscaba financiar el túnel trasandino entre los dos países sudamericanos y fortalecer su acceso al monitoreo del espacio profundo a través de su base existente en Neuquén y propuso nuevas bases en Argentina y Chile.

La infraestructura portuaria sigue siendo una prioridad, al igual que la inversión multimillonaria en curso para adquirir participaciones importantes en la infraestructura eléctrica de varios países.

Más allá del poder blando

Los fuertes esfuerzos de poder de China, bien financiados y en curso, no llegan a la confrontación militar directa, pero van más allá del ámbito tradicional del poder blando. Esto presenta un conjunto de desafíos de varios niveles para Estados Unidos y sus aliados regionales, por lo cual el costo de no participar en este teatro regional será alto. Aunque China no se alía exclusivamente con otros regímenes autoritarios de América Latina, las relaciones con el BJCE y los populistas radicales de derecha en Brasil son aliados regionales claves.

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«Se trata de un asalto a la región que está socavando lentamente la influencia estadounidense, las instituciones democráticas, las oportunidades comerciales y la construcción de la capacidad para negar a Estados Unidos el acceso a puertos y nodos clave en la cadena de suministro global».

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A pesar de los avances de China, Estados Unidos conserva una capacidad significativa para mitigar estos avances y mantener su posición como el socio principal de elección en el hemisferio. Esto debe comenzar con un esfuerzo de mensajería enfocado, persistente y coordinado que proporcione información precisa para cambiar la narrativa a una discusión del verdadero costo de la participación de China. EE.UU. tiene muchos vínculos con la región que China no puede duplicar, replicar ni reemplazar.

La primera son las comunidades de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos, que ascienden a decenas de millones, sin comunidades comparables en China.

La segunda es que las remesas en dólares de estas comunidades de la diáspora a sus países de origen totalizan decenas de miles de millones de dólares al año (6 mil millones solo en El Salvador), que es un apoyo directo a las familias que China no puede esperar igualar. Estos dos factores, además de la historia hemisférica compartida, proporcionan profundos lazos culturales y económicos que superan con creces lo que China puede esperar ofrecer y pueden utilizarse para cambiar el enfoque de las políticas en el hemisferio. Involucrar a estas comunidades en los problemas que se describen a continuación amplificaría drásticamente los esfuerzos, y este tipo de participación aún no se ha llevado a cabo.

*Extracto del artículo titulado The PRC’s Changing Strategic Priorities in Latin America, publicado por INSS, National Defense University.

 

Con 8 atletas para los juegos paralímpicos de Tokio 2020+1, Ecuador cerró su participación con 3 medallas, 6 diplomas y un récord olímpico. No obstante, para llegar a esto los deportistas y el Ministerio del Deporte se encontraron con distintos obstáculos, que se sumaron a la pandemia. Uno de los mayores fueron los prejuicios.

Poleth Mendéz, medallista paralímpica; Sebastián Palacios, ministro del Deporte, y Santiago Chango, entrenador, cuentan en este VIDEO, desde distintos frentes, sus experiencias y las barreras que han tenido que enfrentar para avanzar y apoyar el deporte paralímpico.

Este año, el Comité Paralímpico recibió $1,7 millones de dólares superando los 1.2 millones de dólares del Comité Olímpico. Según Sebastían Palacios, ministro del Deporte, este monto se fija en función del número de eventos que organizan, los proyectos que promuevan, y os deportes más demandados.

El apoyo a los deportistas, más allá de los prejuicios, es clave para su desempeño. Poleth Mendes, medallista paralímpica, indica que “la gente desconoce o no se da cuenta que somos los mismos, hacemos el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio, los olímpicos y los paralímpicos”.

Palacios destaca la importancia del respaldo de toda la sociedad, que debe brindarles las mismas oportunidades: «Cuando hablamos de inclusión es justamente hacernos parte de las mismas oportunidades, los mismos derechos, proyectos y programas”.

El nuevo Plan de Alto Rendimiento se ha trabajado con los deportistas y especialistas para cubrir todos los frentes.

Por Emilia Paz y Miño, Nicolás Larco
Alianza Código Vidrio-Universidad San Francisco de Quito