Este sábado 26 de marzo se cumplieron cuatro años desde que Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados en el poblado fronterizo de Mataje, por disidentes del Frente Oliver Sinisterra. Los familiares y sus abogados denuncian que pese a sus insistencias ni el Gobierno ni la Corte Constitucional han respondido sus pedidos de que se desclasifiquen las actas del Cosepe, que recogen las decisiones que tomó el gobierno de Lenin Moreno para negociar la fallida liberación del equipo periodístico. En la Fiscalía la investigación sigue bajo reserva, sin resultados. El Estado no ha cumplido ninguna de las recomendaciones de la CIDH. El crimen sigue impune.
Redacción Código Vidrio
El silencio es la única respuesta, desde hace cuatro años. Ni el Estado ni la Corte Constitucional han respondido a los pedidos de los familiares de Xavier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Ellos insisten en que se levante la reserva sobre las actas y audios de las tres reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), en las que se decidió el rumbo de las acciones y planes aplicados durante el secuestro del equipo periodístico. Esos pormenores permanecen bajo llaves. Infranqueables.
Este sábado 26 de marzo se cumplieron cuatro años del secuestro, ocurrido en el poblado fronterizo de Mataje, en Esmeraldas. Son cuatro años de frustración para los familiares, no solo por la impunidad frente a este caso, sino por la indolencia estatal frente a su derecho a conocer la verdad sobre el manejo de las negociaciones para liberarlos.
El 19 de julio del 2021, representantes de las tres familias y sus abogados entregaron una carta dirigida al presidente Guillermo Lasso, a quien le pidieron una reunión para establecer una hoja de ruta que permita desclasificar las actas de las reuniones del Cosepe, entre marzo y abril de 2018.
Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación, dijo que la carta nunca llegó a manos del Presidente sino que se quedó en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, sin un trámite oportuno. No obstante, aseguró Bonilla, “responderemos lo antes posible al pedido, para que el Presidente reciba a los familiares”.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado de El Comercio, dijo que les llamó la atención que el presidente Lasso sí se reuniera, en cambio, con el asambleísta Fernando Villavicencio, a quien le entregó información desclasificada sobre este caso, sin el conocimiento de los familiares.
También se mostró preocupado por la negligencia del Gobierno respecto a la serie de recomendaciones que hizo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH, que investigó el secuestro. “El Estado no ha acatado ninguna de las recomendaciones del ESE, incluido el levantamiento de la reserva de la información y la investigación a agentes estatales que habrían realizado acciones al margen de la ley”.
El cuento chino de la desclasificación
El 12 de abril del 2018, tras confirmarse la muerte del equipo de El Comercio, el entonces presidente Lenin Moreno anunció que ordenaría la desclasificación de las actas al Cosepe, lo cual nunca ocurrió. Es más, el año pasado el Cosepe indicó que no entregaría la información, ante un pedido de la Fiscalía.
Estos cuatro años el caso no ha superado la etapa de indagación previa. El presunto delito que se investiga es secuestro extorsivo, pero las pesquisas han sido poco consistentes y han tenido altibajos. Otro problema es el cambio constante de fiscales. Cuatro funcionarios han tenido a cargo la investigación, sin poder cuajar una teoría sólida, aunque la mayoría de los indicios y documentos recabados han sido aportados por los familiares y sus abogados.
Precisamente, en su informe, divulgado en diciembre de 2019, el ESE, de la CIDH, concluyó que un problema recurrente detectado en este caso fue la descoordinación de las fiscalías de Ecuador y Colombia y la ausencia de una investigación técnica. En ese reporte se confirmaron descoordinaciones, vacíos y errores recurrentes de procedimientos y protocolos de seguridad a diferente nivel del gobierno ecuatoriano. Empezando por el comité de crisis y el equipo negociador, y pasando por las operaciones de Policía, FF.AA.
“La Fiscalía no ha demostrado la suficiente independencia, evidenciando que intenta proteger al poder político”, destaca Rivas.
Durante la investigación, los abogados y familiares se han reunido varias veces con la fiscal Diana Salazar, para agilitar las pesquisas y tratar de definir el rumbo que tomará el caso. La Fiscal ha comprometido su apoyo para esclarecer lo ocurrido, pero en la práctica ha habido pobres avances.
“Es muy difícil -apuntó Rivas- que la Fiscalía llegue al fondo del asunto, porque es juez y parte. Durante el manejo del secuestro fue parte del Comité de Crisis que estuvo al tanto de las negociaciones para liberar al equipo periodístico”.
La Fiscalía también ha solicitado varias veces que el Gobierno entregue la información declarada bajo reserva, pero solo ha obtenido negativas como respuesta.
Indicios de desaparición forzada
Xavier Andrade es el abogado que lidera la defensa de los familiares. Indica que lo más probable es que el caso no prospere en Fiscalía, que se ha enfocado, infructuosamente, en investigar el secuestro extorsivo, aunque hay indicios claros de que se trató de una desaparición forzada, con la participación de agentes estatales.
Andrade apunta que el Estado les ha dado la espalda a los familiares, sobre todo por esa actitud renuente a desclasificar las actas del Cosepe. “Es inexplicable que no se entregue información de interés público, alegando que es de seguridad nacional, cuando se trata de un caso de derechos humanos; a no ser que algo muy grave se esté tratando de ocultar”, señala.
¿Cuál es ese secreto incómodo? La respuesta podría tener relación con una de las recomendaciones del ESE al Estado ecuatoriano, para que se integre una comisión independiente que confirme si durante el secuestro hubo operaciones militares y policiales para capturar a Guacho, líder de los plagiadores.
La CIDH hizo esta recomendación con base en la información publicada en el libro Rehenes, que reveló la realización de operaciones armadas que habrían desencadenado el asesinato de Xavier, Paúl y Efraín. Concretamente unidades del Gaula de Colombia efectuaron operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano para ubicar a alias Guacho, durante el plagio.
Esas operaciones fueron secretas y desnudarían la existencia de un Plan B, oculto, pues el gobierno de Moreno aseguró que para precautelar la vida de los rehenes no se ejecutarían operativos, mientras negociaban su liberación.
El silencio de la Corte Constitucional
El 12 de julio del año pasado, los abogados patrocinadores Farith Simon, Hugo Cahueñas y Juan Pablo Albán ingresaron un pedido formal a la Corte Constitucional para que levante la reserva de las actas del Cosepe del 28 de marzo, 13 y 17 de abril, que comprenden audios íntegros y sus transcripciones, así como el listado de quienes asistieron a cada reunión.
La solicitud de acceso se basó en el artículo 18 de Constitución, que dispone que ninguna entidad pública puede negarse a entregar información relativa a casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Además cita la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que también establece que ningún documento relativo a investigaciones de violaciones de DD.HH. es reservado, pues su divulgación constituye un derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad. Estas normas son concordantes con lo que establece la CIDH y la Corte Interamericana, en base a fallos en varios casos juzgados por abusos y violaciones humanitarias de agentes estatales.
Pese a que han transcurrido ocho meses, la Corte aún no ha calificado el recurso, aunque inicialmente fue revisado -según trascendió- por el expresidente del organismo Hernán Salgado.
Pedimos un pronunciamiento de la Corte sobre los motivos del retraso en el trámite, pero no recibimos ninguna respuesta.