Un informe ampliatorio del Consejo de la Judicatura, al que accedió Código Vidrio, confirma irregularidades en los sorteos de las causas del alcalde removido Jorge Yunda. La jueza María Belén Domínguez, que concedió una acción de protección para Yunda, registra 28 expedientes disciplinarios en su contra. En 6 de ellos, recibió sanciones. Entre tanto, Yunda decidió no renovar el convenio con la Fiscalía, para el funcionamiento de 28 unidades de atención a miles de usuarios en varios sectores.
Redacción Código Vidrio
No fue el azar. La suerte no determinó que los jueces María Belén Domínguez y Carlos Soto llegaran a despachar las causas judiciales impulsadas por Jorge Yunda, en su intento de blindarse frente a la remoción de la Alcaldía de Quito, ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral.
Hay otras sorpresas. La jueza María Belén Domínguez, que concedió una acción de protección para Yunda, registra 28 expedientes disciplinarios en su contra. En 6 de ellos, recibió sanciones.
El informe ampliatorio del Consejo de la Judicatura, al que este portal accedió, establece un “modus operandi” para direccionar los sorteos. Todos los funcionarios que participaron en estos “sorteos” están bajo investigación. El CJ presentó a Fiscalía a través de un acto urgente los hallazgos adicionales.
Aquí revelamos el detalle en seis claves:
En ambos casos, el procedimiento estuvo viciado por irregularidades.
La causa que llegó a manos de la jueza Domínguez fue ingresada como un acto urgente, por violencia. Debió registrarse como como una acción de garantías jurisdiccionales – acción de protección. La funcionaria judicial responsable de este ingreso ya fue identificada y está bajo investigación.
La causa fue ingresada como un acto urgente en materia de violencia contra la mujer, lo cual redujo el universo de posibles juzgadores de 300 a 4.
La petición de una medida cautelar a favor de Yunda fue ingresada como el cobro de honorarios de abogado. Esta argucia redujo considerablemente el universo de posibles juzgadores, de 300 a 37.
Adicionalmente, el trámite fue vinculado a una causa relacionada con una acción de protección interpuesta en 2020 contra el Ministerio de Agricultura. Esta estratagema permitió que el proceso cayera directamente en manos del juez Carlos Soto y el secretario Paúl Pérez.
Siete funcionarios judiciales son investigados en relación con estos hechos.
El record de los jueces
El informe de la judicatura cita información de la subdirección de Control Disciplinario, según la cual la jueza Domínguez tuvo seis sanciones:
-Expediente 698-2016, 5 días de suspensión sin remuneraciones.
-Expediente 17001-2019-1928, suspensión sin remuneración por 15 días
En cambio, el juez Carlos Soto tiene 11 expedientes disciplinarios, 4 de ellos, en trámite.
La vendetta contra la Fiscalía
El Municipio de Quito decidió no renovar el convenio que desde hace cinco años facilitaba el funcionamiento de 28 unidades de atención de la Fiscalía en inmuebles municipales de Conocoto, Tumbaco, y en el sur y centro de Quito, en La Ecuatoriana y en el centro de Equidad y Justicia Tres Manuelas.
La notificación de que el acuerdo no sería renovado llegó la semana el 17 de junio pasado a la Fiscalía. El oficio está firmado por Nadia Maldonado, directora Metropolitana de VIF.
El convenio debía renovase en diciembre pasado pero por decisión del alcalde Jorge Yunda quedó insubsistente, generando problemas a miles de usuarios que diariamente acudían a esas unidades fiscales para denunciar distintos delitos.
En total son afectados por la decisión de Yunda 28 sitios de atención: 12 unidades especializadas de Violencia de Género, 8 de Soluciones Rápidas, 4 de Servicio de Atención Integral y 4 de Atención de Peritaje.
La disposición de Yunda es vista como una retaliación contra la Fiscalía, que impulsa un proceso penal en su contra por los presuntos delitos en la compra de pruebas Covid-19, para el Municipio el año pasado.
Las últimas semanas la Fiscalía ha debido realizar una serie de acciones para que las unidades sigan atendiendo al público en otras direcciones e inmuebles, en la mayoría de los casos. El Ministerio Público busca que el Centro de Equidad Trs Manuelas avanza con obtención de documentos para firmar un convenio con el Patronato San José.
PODCAST. William Murillo, director de la ONG 1800-Migrante, que brinda asesoría legal en Nueva York, reconoce en este podcast que la creciente ola migratoria de menores de edad ecuatorianos es una “tragedia humanitaria”, sin precedentes, por los graves riesgos a los que se enfrentan los migrantes que viajan a México, para cruzar la frontera y reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Murillo cuenta que a su organización han llegado solicitudes de ayuda para poder localizar a menores de edad que viajaron desde Ecuador, pero aún están desaparecidos.
Cientos de mensajes del celular del contralor Pablo Celi, a los que accedió Código Vidrio, confirmarían su participación directa en el esquema de delincuencia organizada para desvanecer glosas a cambio de sobornos, un mecanismo similar al aplicado por el excontralor Carlos Pólit. A través de WhatsApp, Celi ordenaba a sus subalternos extinguir glosas, cambiar órdenes de trabajo, notificar destituciones, informes a la carta… Dos casos llaman la atención: la extinción de multas a la empresa Claro y a la china CAMC, que suman 160 millones de dólares. Los pagos de sobornos por USD 1,3 millones, en este último caso, se hicieron a través de la empresa LEGALCONT LLC, según consta en el expediente judicial. La fiscal Diana Salazar estima que los chats confirman su teoría del caso.
Redacción Código Vidrio
Pablo Celi tuvo un poder omnímodo al frente de la Contraloría. Ordenaba desde su teléfono, a sus subalternos, eliminar o modificar glosas, órdenes de trabajo, direccionar informes, activar destituciones… Compartía información privilegiada con su hermano Esteban Celi, abogado particular de varias empresas.
Dos casos que están documentados judicialmente y evidencian las operaciones están relacionados con el desvanecimiento de glosas por más de 160 millones de dólares a las empresas Claro y la china CAMC, a cambio del supuesto pago de coimas, según detectó la Fiscalía.
Ambos hermanos habrían recibido una transferencia de 1,3 millones de dólares, el 18 de junio de 2019, de la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd., contratista del Estado y ejecutora, entre varias otras obras de la plataforma financiera al norte de Quito. Este edificio costó alrededor de USD 200 millones. La obra ha sido duramente cuestionada por distintas fallas.
La ruta del dinero es parte de la Asistencia Penal Internacional 464-2019, a la que accedió Código Vidrio.
La empresa LEGALCONT LLC., controlada por Esteban Celi, fue el canal de este pago. Contraloría había establecido varias glosas para la empresa china: 9,5 millones en enero de 2018; 22,6 millones en abril de 2019; 9,9 millones en octubre de 2020. El desvanecimiento, según la teoría fiscal, se producía como efecto del pago a la organización liderada por Pablo Celi, como contralor del Estado.
Los hermanos Celi enfrentan un juicio penal y guardan prisión en el caso Las Torres, que investiga una supuesta delincuencia organizada. En este proceso también están involucrados los hermanos Adolfo Agusto y José Agusto (fallecido), así como 9 personas más, entre exfuncionarios públicos, empresarios y ciudadanos.
Hoy, miércoles 23 de junio, a las 16:00, se realizó la audiencia para revisar las medidas cautelares contra Celi y otros detenidos. El Contralor y su abogado Marcel Ron pidió que le levante la prisión preventiva, para defenderse en libertad y probar su inocencia. Su defensa argumenta que está muy delicado de salud, agravado por el reciente padecimiento de Covid-19 y que hay un abuso de la prisión preventiva. No obstante, el juez Felipe Córdova negó la solicitud y ratificó la orden de prisión.
Pablo y Esteban Celi también habrían recibido sobornos, a través de un tercero, para desvanecer glosas en contra de la firma Nolimit C.A. Según la investigación fiscal, el 16 de mayo de 2017, Nolimit, empresa contratista de Petroecuador, utilizó una firma offshore (Monay) para transferir 110 mil dólares a los hermanos Celi. En retribución, seis glosas por el total de 13,6 millones de dólares fueron desvanecidas.
La máquina trituradora
Este portal revela nuevos indicios, a partir de chats que forman parte del proceso fiscal. Los mensajes sugieren que Pablo Celi, desde su celular, activó una máquina trituradora de glosas.
Uno de los mensajes judicializados confirmaría que Celi influyó en el desvanecimiento de la glosa por USD. 112 millones a la operadora de telefonía CLARO.
La información se desprende de los chats telefónicos con la ex funcionaria de Contraloría, Deisy Guevara. En 2018, era la directora de Recursos de Revisión en la entidad de control. A marzo de 2020 ocupaba el cargo de experta supervisora de resoluciones de responsabilidades civiles. Hasta noviembre de 2020, fue directora nacional de Auditoría Interna gubernamental del ente de control.
Los chats con la exdirectora Deisy Guevara, sobre Claro
El día de Navidad (25 de diciembre de 2020), Guevara, escribió por mensaje de celular a Celi para saludarle por las fiestas. Le comentó que no había entendido lo que pasó; se refiere a algo “profundamente doloroso”, pero le aclara que “conozco su corazón y sé que de usted no dependió”. Celi no respondió…
Tres meses después, en marzo de 2021, Guevara volvió a escribir a Celi, esta vez en tono de reclamo:
“Ya despidieron a mi hija, ya lo hicieron conmigo, y ahora Andrés, mi primo. Él no tiene ninguna responsabilidad por mis actos. Señor contralor, no sabe el profundo dolor que causaron con nuestros despidos, yo tuve que salir del país y ahora trabajar lavando platos y de mesera aquí en los Estados Unidos … he llorado profundamente mi cansancio”.
A continuación, le advirtió no se “atrevería jamás” a “morder la mano de quien en su momento me dio de comer”. Le aclaró que nunca abriría la boca sobre los informes que eliminó a pedido de Celi.
“Jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó y aún en el caso de CLARO que sé que está en la Fiscalía… tenga la plena seguridad que solo diré que usted jamás ordenaría algo contrario a la ley”.
Luego le insistió en el pedido de que se anule el despido de su hija y su primo, a cambio de anular una demanda presentada por ella ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
A fines de junio de 2019, con el informe de dos auditores, el contralor Celi desvaneció la glosa de 111,9 millones de dólares, que su misma administración -varios meses antes- había establecido en contra de la operadora Claro. Dos funcionarios de alto rango de la Contraloría (Luis Miño y Hans Coloma) avalaron la resolución de desvanecimiento de responsabilidades, que eximió del pago a la empresa de telefonía. En cambio, el técnico que estableció el perjuicio al Estado en un examen especial fue cesado de sus funciones. Se trata de Nelson Villavicencio, exfuncionario de la Dirección de Responsabilidad, quien en su versión en Fiscalía confirmó que existieron disposiciones específicas, por parte de las principales autoridades de esta entidad, para que él desvanezca la glosa civil contra Claro.
Buscamos la versión de la telefónica Claro, pero no obtuvimos un pronunciamiento.
El abogado del Contralor, Marcelo Ron, dijo que ninguno de los elementos presentados por la Fiscalía en el proceso prueba su relación con los delitos que se investigan. Y sobre el desvanecimiento de las glosas destacó que su elaboración y suspensión no dependen de un solo funcionario, sino que requiere la participación de distintas autoridades e instancias de revisión. Sobre los chats dijo que se relacionan con actividades estrictamente profesionales entre el Contralor y sus subalternos.
El mexicano Carlos Slim es el dueño de la telefónica Claro. El gobierno de Lenin Moreno realizó un adéndum para la asignación de una frecuencia adicional, a favor de Conecel-Claro. Fue un alcance al contrato original firmado en 2008 con el régimen de Rafael Correa.
En noviembre de 2019, Celi dijo que la glosa predeterminada a Claro no estaba en firme sino en etapa de predeterminación, por lo cual podía ser levantada, si la parte aludida presentaba los elementos de descargo. “Se ha tomado una decisión sobre una predeterminación, que es un proceso previo para determinar responsabilidades”, recalcó al aclarar que no tuvo ninguna participación en esta trama delictiva.
Una vez que se predetermina la glosa -según Celi- los involucrados tienen el tiempo para fundamentar técnicamente sus razones. “La Contraloría tiene la obligación de analizar esos fundamentos. Aquí no ha habido ningún tipo de glosa desvanecida”.No hubo -recalcó Celi- una glosa sino la predeterminación ligada a un examen especial que, para seguir el debido proceso, necesitaba ser contrastada con todos los elementos que adicionalmente aportaron las autoridades, así como la empresa.
La fiscal Diana Salazar confirmó que los chats hallados en el celular de Celi, confirman que era la cabeza de la estructura criminal montada para el cobro de sobornos para extinguir glosas en varias entidades del sector público. “Ordenaba todo a sus subalternos, vía WhatsApp, para que anulen acciones, destituyan funcionarios, eliminen órdenes de trabajo y glosas”, expresó Salazar en una entrevista con Carlos Vera, en TC Televisión.
La Fiscal Diana Salazar dirige la investigación que involucra al Contralor Celi y 12 implicados más por delincuencia organizada.
Más chats comprometen a Celi
Otra alta funcionaria, Betty Cedeño, fue directora nacional de recursos de revisión. En el proceso judicial en curso mencionó que no recibía directrices del contralor Celi y que tenía contacto con él. Los chats desvirtúan su afirmación.
El 9 de septiembre de 2020, en un mensaje telefónico, Celi le pidió a la funcionaria “confirmar hoy la destitución de Veliz rector universidad en Manabí”.
Los medios hicieron eco de la noticia: la confirmación del pedido de destitución de Vicente Véliz, al frente del rectorado de la Universidad Técnica de Manabí, semanas más tarde.
La sanción estaba contemplada en las conclusiones del informe DPM-0013-2019, aprobado el 28 de marzo de 2019, que examinaba procesos de contratación de obras, compra de inmuebles y análisis de denuncias entre 2015 y 2018, según un comunicado de Contraloría de la época. Véliz Briones es suegro del excandidato presidencial por UNES, Andrés Arauz.
En otra serie de mensajes, la funcionaria le pide instrucciones frente a otro caso. Por respuesta, Celi le contesta claramente: “Dele de baja”.
También se desprende que Celi coordinaba de cerca con Valentina Zárate, subcontralora encargada.
Chats con Michelle Cedeño, entonces directora de Predeterminación de Responsabilidades
Pero lo más comprometedor para el contralor, ahora privado de la libertad, es que intercambiaba información confidencial y reservada con su propio hermano, el abogado en libre ejercicio Esteban Celi. El 9 de noviembre de 2020 le envió por chat el “memorando modificación DNA5-2020 versión final”, en formato digital, con papel membretado con el logo de la Contraloría.
En febrero de 2021 seguían intercambiando documentos e información, pero tomaron una decisión importante: conectarse por la plataforma Signal, en lugar de WhatsApp. En marzo, Pablo le envió a su hermano cuatro documentos internos de Contraloría, incluyendo un informe con “resultados provisionales” y los logos oficiales del ente de control.
Otros chats que complican su situación revelan que habló con abogados privados de entidades bajo control. Entre ellos, el representante de Solbanco en liquidación; y con un delegado de Seguros Sucre.
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En la reportería en Azuay colaboró John Machado.
Créditos musicales: Álex Alvear, «Soñando con Quito» y «El Caballito Azul». Título, autores, Copyright, Intérprete: «En busca de un sueño» Silvio Rodríguez Ojalá S.L. Interpretada por Silvio Rodríguez, cortesía de Ojalá
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El embajador saliente de Ecuador en España, Cristóbal Roldán Cobo, es denunciado por un supuesto acoso y hostigamiento laboral por la excónsul en Málaga, Martha Sandoval Riofrío. La exfuncionaria, en su informe de gestión entregado ayer, 31 de mayo, a la agregada comercial de la embajada en Madrid, expone los hechos. Y explica porqué no formalizó la denuncia en Cancillería ni ante las autoridades, mientras estuvo en funciones, desde 2018. Roldán, consultado por este portal, asegura que fue una relación consensuada y por tanto nunca hubo acoso. La Cancillería inició una indagación de la denuncia.
Redacción Código Vidrio
La excónsul en Málaga, Martha Sandoval, denunció al embajador saliente Cristóbal Roldán Cobo por un supuesto acoso sexual y hostigamiento laboral.
“Como usted sabe, fui víctima de acoso sexual y hostigamiento laboral por parte del señor Cristóbal Roldán”, indica Sandoval en una carta, que incluye su informe de gestión, presentada ayer, 31 de mayo, a la encargada de Negocios de la Embajada del Ecuador en España, Verónica Peña.
Rodán fue embajador en España desde el 2017 hasta el pasado 11 de mayo, período en el cual también fue representante de Ecuador ante el Gobierno del Principado de Andorra y el Gobierno del Reino de Marruecos. Su hijo Juan Sebastián Roldán fue secretario general del Gabinete del expresidente Lenin Moreno.
Al ser consultado por este portal, el exembajador Roldán se mostró sorprendido: “Cuando hay correspondencia no hay acoso, no puedo mencionar más detalles por respeto a mis hijas y a la familia de la señora”, dijo por vía telefónica. “Sí le debo insistir que cuando hay correspondencia no puede haber acoso. Esto fue anterior”.
Sandoval Riofrío prestó servicios a la sede diplomática de Málaga entre el primero de septiembre de 2018 y el 20 de mayo de 2021. Antes de radicarse en España, desarrolló una larga carrera televisiva como presentadora y reportera en medios de comunicación, en Ecuador y Estados Unidos, donde fue anchor de CNN, en Español. Uno de sus más recientes cargos en el país fue como presentadora de noticias en TC Televisión.
En el documento de dos páginas, la exfuncionaria explica que los presuntos hechos ocurrieron “curiosamente” cuando “la Cancillería presentó públicamente (…) su Protocolo contra el Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral, un texto que puede ser calificado como un manifiesto de buenas intenciones”.
La denunciante deja entrever que los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades.
Desde ayer la Cancillería está al tanto de la comunicación de la excónsul. El canciller Mauricio Montalvo dispuso que se realice una indagación interna de la denuncia, cuyos resultados se conocerán los próximos días.
“No pretendo culpar a la institución ni refugiarme en el escueto argumento de que no denuncié porque no activaron un mecanismo informático (del protocolo), pero sí debo dejar en claro que el Ministerio de Relaciones Exteriores NO es una entidad libre de violencia de género ni su personal, sea de nivel alto, medio o bajo, está preparado para afrontar ni corregir abusos de este calibre”, destaca Sandoval en su misiva.
Martha Sandoval (centro) fue cónsul en Málaga desde 2018 hasta mayo de 2021. Antes fue presentadora y reportera de medios de comunicación en Ecuador y EE.UU.
El Ministerio de Relaciones Exteriores expidió el Protocolo Interno para la Prevención, Actuación y Eliminación de todas las formas de Acoso u Hostigamiento Laboral con Connotación Sexual, el 6 de agosto de 2019.
Ese documento sigue estándares de Naciones Unidas. Define tres formas de acoso. El laboral es un comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona. El acoso sexual contempla la subordinación de la víctima. Y el hostigamiento laboral con connotación sexual, al que caracteriza como una forma de violencia expresada en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad.
Según el protocolo, hay dos formas para denunciar una situación de ese tipo: intervención temprana o voluntaria; y, la intervención formal. En ambos casos, es imprescindible la presentación de una denuncia.
El artículo 7 menciona que “la persona que se sienta afectada por una o varias conductas que constituyan acoso u hostigamiento laboral con connotación sexual, deberá presentar una denuncia”. Esta debe realizarse a través del sistema biodata, una plataforma online en la cual se carga el expediente digital de cada funcionario.
Sandoval advierte que hasta el último día en que ella ejerció sus funciones, nunca se activó el enlace para entablar la denuncia internamente en Biodata, “como señala el mismo protocolo”.
Fuentes del servicio exterior dijeron que conocieron extraoficialmente sobre la queja y le sugirieron que formalizara la denuncia, lo cual no se concretó.
“Elijo pensar que ninguna de las personas a quienes les llegó la información de lo que sucedía en España entiende a cabalidad todo lo que implica para la víctima el acoso sexual en el ambiente laboral. Les recomiendo ilustrarse al respecto antes de que esto vuelva a suceder y con consecuencias peores. Ojalá no se vean obligados a aprender sobre el tema cuando su hermana, esposa, hija o amiga sufra este tipo de violencia. Todas creemos que “a nosotros nunca nos pasará» o que «yo sí me pararía duro y lo pongo en su sitio». Sí, yo también pensé que así sería, pero las circunstancias suelen ser tan propicias para el perpetrador que la víctima pocas veces puede hacer algo sin poner en riesgo su empleo y, por ende, sus ingresos y la estabilidad de su familia”.
Fuentes de la sede diplomática compartieron con este portal mensajes de cuatro funcionarias en apoyo a la gestión de Roldán. “Gracias embajador por su excelente trabajo y humanidad”, menciona una de las colaboradoras.
“Lo importante de un ser humano es dejar huella en las personas, no pisando sino apoyándolas y permitiéndoles crecer, eso hizo usted, gracias”, escribió otra.
Tanto Roldán como Sandoval prestaron sus servicios como parte de la cuota política del presidente Lenín Moreno. La cuota política en el servicio exterior llegó a superar la mitad del total de funcionarios enviados a misiones internacionales, en claro detrimento de los servidores de carrera. Según la Ley de Servicio Exterior, no debe exceder el 20% de nombramientos de embajadores y funcionarios de alto rango.
La esquizofrenia es un trastorno mental que puede afectar a una de cada seis personas alrededor del mundo, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental de EE. UU. “La pandemia de COVID-19 ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 93 % de los países del mundo”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los profesionales y familiares deben proveer y monitorear que los afectados accedan a regímenes de tratamiento. Para entender a las personas con este trastorno, nos pondremos literalmente en sus zapatos. Recomendamos usar ambos auriculares para escuchar este podcast de material sensible, producido por Israel Alminate, estudiante de periodismo de la USFQ.
