La minera Adventus Mining Corp., domiciliada en Canadá, tiene entre sus inversionistas al grupo Nobis. La firma canadiense posee 3 proyectos en Ecuador. Roberto Salas, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, designado por el presidente Guillermo Lasso, fue directivo hasta la semana pasada de esa corporación, nominado por Nobis. Además, aparece como titular de un paquete accionarial valorado en 782 mil dólares de la minera. El Ministro no ha informado si ya vendió o traspasó esas acciones. Fuentes del sector energético alertan sobre un posible conflicto de interés. Rebeca Illescas, exministra de Minería del anterior gobierno, quien también ocupó importantes cargos con el régimen de Rafael Correa, asesora al Ministro durante la transición. Este viernes 28 de mayo, un día después de la publicación de este reportaje, Salas declinó la designación, tras admitir que no cumplía los requisitos para ocupar el Ministerio. 

Redacción Código Vidrio

Roberto Salas Guzmán, quien había sido designado ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables por el presidente Guillermo Lasso, fue directivo, hasta el 21 de mayo pasado, de la compañía Adventus Mining Corporation. Entre los inversionistas de esta minera está el grupo Nobis, de la empresaria Isabel Noboa.

Adventus, domiciliada en Toronto, Canadá, opera en el Domo, un rico depósito masivo de sulfuros, parte del proyecto Curipamba, que contiene importantes reservas de cobre, zinc y plomo. Está localizado en las provincias de Los Ríos y Bolívar y se encuentra en fase de exploración.

El 20 de mayo pasado, el presidente Lasso confirmó que Salas lideraría el Ministerio de Energía, con énfasis en proyectos de reactivación. Minutos después del anuncio, el CEO y presidente de Adventus, Christian Kargl-Simard, escribió en su cuenta en Twitter que el ministro Salas es uno de los miembros de la junta directiva de la compañía. Luego, borró su tuit…

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A los pocos minutos de que el presidente Lasso anunciara que Roberto Salas era el nuevo ministro de Energía, el CEO de la minera Adventus, Christian Kargl-Simard, escribió un tuit indicando que era uno de los directivos de su compañía. Luego borró el mensaje.

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Al siguiente día -el 21 de mayo- Salas renunció a sus roles como vicepresidente y CEO del grupo Nobis, así como al cargo de director, sin funciones ejecutivas, en Adventus.

El 25 de mayo, la empresa canadiense emitió un comunicado anunciando la salida de Salas, en vista de sus nuevas funciones públicas.

Roberto Salas se integró a la junta directiva de la minera desde enero de este año, en representación del Consorcio Nobis, donde era director ejecutivo y vicepresidente, en reemplazo de Roberto Dunn.

Este viernes 28 de mayo, un día después de la publicación de este reportaje, Salas anunció que declinaba aceptar el cargo. En un pronunciamiento indicó: “Tanto para el señor Presidente como para mi, es esencial ser rigurosos en el cumplimiento estricto de los requisitos legales exigidos para asumir en cargo público, y con pesar he visto que el tiempo necesario para resolver adecuadamente mis asuntos particulares demoraría mi incorporación al Gobierno más allá de lo prudente”.

El Consorcio Nobis es accionista de Adventus desde 2019. En mayo de ese año, compró 5,4 millones de dólares en acciones, es decir el 9,9% del portafolio accionarial total de la firma. A su vez, la compañía canadiense, cuyas operaciones mayores están en Ecuador, tiene un acuerdo con Salazar Resources Limited, para la exploración de Curipamba y dos proyectos más (Pijilí y Santiago con reservas de cobre y oro). En la sociedad, Adventus tiene una participación del 75% y Salazar del 25%.

Curipamba comprende varias concesiones: Las Naves, Las Naves 1, Las Naves 2, Las Naves 3, las Naves 4, Las Naves 5. El Ministerio de Ambiente otorgó licencia ambiental a casi todas ellas, con excepción de Las Naves 4.

Salas compró acciones por 782.500 dólares

Salas no solo fue directivo de la minera canadiense. También compró un paquete de acciones valorado en 782.500 dólares, según el documento de convocatoria a Junta de Accionistas, emitido el 4 de mayo anterior que revisamos. Las acciones están a nombre de la firma Feslery S.A., controlada por el ministro designado.

Hasta el miércoles 26 de mayo, Salas no se posesionaba oficialmente en el cargo. Código Vidrio lo llamó a su celular y le envió mensajes, para confirmar si vendió o cedió sus acciones. No respondió a nuestros requerimientos.

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En enero pasado, Adventus anunció la incorporación de Salas a su directorio. También confirmó que el ejecutivo compró 800.000 acciones en esa empresa. 

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Salas es economista, exdirector ejecutivo y miembro del directorio de varias corporaciones multinacionales en Chile, Brasil y Ecuador, donde ha destacado. Fue profesor en la Universidad Católica de Guayaquil, tiene un MBA de Esade-Adolfo Ibáñez Business School y estudió programas de gestión en Wharton y Kellogg Business Schools.

Fuentes del sector Energético se mostraron preocupadas porque una vez que Salas asuma el cargo pudiera incurrir en un conflicto de interés, tomando en cuenta que ese Ministerio es el ente regulador en materia minera.

El Código de Ética emitido por el presidente Lasso indica, en su artículo 10, que “las personas designadas para ejercer los cargos señalados en el artículo 2 de este Decreto Ejecutivo deberán declarar, previo a posesionarse en sus cargos, si se encuentran en una situación en que sus intereses particulares podrían entrar en conflicto con los intereses de las entidades de la función ejecutiva, donde vayan a prestar sus servicios o desempeñar sus cargos”.

Se entiende por conflicto de interés entre los deberes públicos y los intereses privados de un servidor público -detalla el Código- “cuando una persona puede perder independencia u objetividad para tomar decisiones debido a que las mismas podrían razonablemente afectar, positiva o negativamente, a terceros vinculados a dicha persona o a ella misma”.

La Constitución también regula el posible conflicto de interés. El artículo 232 indica: “No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios”.

No obstante, especialistas de temas mineros consultados por este medio en Canadá advirtieron que Salas no ocupaba ninguna posición ejecutiva en Adventus, sino un rol directivo. Un analista domiciliado en ese país recalcó que Salas renunció por un tema de transparencia. La empresa minera cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, que controla, precisamente, los conflictos de interés y evita que se cometan hechos de corrupción. “Las mineras canadienses están bajo un enorme escrutinio”.

El último 4 de mayo, mediante un documento de 44 páginas, los accionistas de Adventus fueron convocados a la Junta anual, que se realizará el 10 de junio próximo. Fuentes del sector confirmaron a este portal que la situación accionarial de Salas en la minera sería conocida en esa cita.

Illescas asesora al Ministro

Fuentes del Ministerio de Energía comentaron que el lunes y martes pasados Salas mantuvo dos reuniones con el exministro René Ortiz, para conocer aspectos medulares de esa cartera de Estado. En el equipo asesor de salas, que ha participado en las reuniones de transición, estaba Rebeca Illescas, quien ocupó cargos directivos en los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. La última reunión en el Ministerio de Energía se realizó el martes 25 de mayo.

Illescas tiene experiencia en políticas públicas para inversión y financiamiento en sectores estratégicos (minería, energía, recursos hídricos, hidrocarburos, ambiente, telecomunicaciones).

En 2013, Illescas se incorporó al gobierno de Rafael Correa. Fue asesora de Ecuador Estratégico, hasta 2015. Luego lideró la Coordinación General de Financiamiento en el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, hasta 2016. El exvicepresidente Jorge Glas, preso por corrupción, lideró estas áreas, junto con Rafael Poveda.

El año siguiente, en la administración de Lenín Moreno, fue nombrada viceministra de Minería, brazo derecho del entonces ministro Javier Córdova, con quien llevaron adelante los procesos de adjudicación de concesiones mineras. Córdova, quien tras dejar el gobierno fue contratado como CEO por la minera canadiense Soma Gold, es investigado por la Fiscalía por un presunto perjurio y enriquecimiento ilícito.

Tras la salida de Córdova, en diciembre de 2017, Illescas asumió la titularidad del Ministerio de Minería, donde estuvo hasta julio de 2018. Luego pasó al sector privado: es directora de Asuntos Corporativos en el Grupo Cobra Ecuador, transnacional especializada en ingeniería, instalación y mantenimiento industrial de infraestructuras, redes de agua, gas, electricidad y comunicaciones. Cobra tiene contratos con Petroecuador.

Al ser consultada por este portal, Illescas confirmó: “yo únicamente he acompañado en el proceso de recibir información y traspasar al equipo de gobierno”.

Fue una noche desenfrenada, en pleno toque de queda por la pandemia. La farra en la que hubo consumo copioso de alcohol derivó en una trifulca que complica al defensor del Pueblo, Fredy Carrión, a Mauro Falconí, director del dispensario del IESS en el Batán y exministro de Salud, y a su pareja, Gabriela P. funcionaria del INEN. El Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, desmintió que tras el operativo Carrión hubiera sido liberado. El Defensor afirma que nunca fue detenido, ni notificado por investigación alguna en su contra de la Fiscalía, que conoció el hecho a las 08:45.

Redacción Código Vidrio

La farra terminó con chuchaqui y resaca. Ocurrió esta madrugada en el departamento donde residen el exministro de Salud, Mauro Falconí, y su pareja Gabriela P. Hay indicios de consumo de licor y excesos. La Fiscalía investiga una posible agresión sexual del defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, contra la pareja de Falconí.

Los uniformados se presentaron pasadas las 2 de la mañana de este domingo 16 de mayo, tras el escándalo ocurrido en el conjunto Plaza del Bosque, en el noroccidente de Quito. Ante la llegada de la Policía, Falconí afirmó inicialmente que “extraños” habían violentado e ingresado en su domicilio, donde en ese momento se encontraba Carrión, en estado de ebriedad, tratando de calmar a la pareja de Falconí, quien se veía ofuscada.

Después de la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad, se desvirtuó la versión de Falconí. Gabriela P. denunció haber sido arrastrada por el cabello hasta el ascensor, ultrajada y violentada por Carrión. No es la primera vez que el Defensor del Pueblo estaría envuelto en este tipo de agresiones, que fueron denunciadas antes de que asumiera su cargo público.

En un video captado en el ascensor se ve a la funcionaria llegando al piso donde la esperaba Carrión, quien la toma violentamente de los brazos y la saca a la fuerza al pasillo. Ella se resiste, y vuelve al ascensor, donde se encontraba un guardia de seguridad. Entonces, su marido Falconí le pide que regrese, pero ella se niega. Parece que le dice a su esposo que Carrión estaba propasándose. Entonces, Falconí se tranza a golpes con Carrión, y los dos caen al piso.

Posteriormente, al lugar llegó personal de la unidad Alfa 5 del Cuerpo de Bomberos para atender a los tres. También arribó la comisaria del Distrito Eugenio Espejo.

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, confirmó a Código Vidrio que recibió una llamada telefónica pasadas las dos de la mañana, en la cual el oficial a cargo del operativo le reportó los hechos.

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Carrión y Falconí son amigos desde hace varios años. Ambos son funcionarios públicos.

Minutos antes, el Ministro había recibido la llamada de su excompañero de gabinete, Mauro Falconí. Martínez le pidió que lo comunicara con el oficial de la Policía. Luego, le ordenó al mayor de la Policía que actuara en función del procedimiento establecido. La flagrancia rige por 24 horas.

Martínez desvirtuó versiones, según las cuales, en primera instancia, luego de ponerlos en custodia, Carrión y Falconí no fueron detenidos, en función de su perfil público, por orden de una alta autoridad policial. “Insisto, se actuó en función del procedimiento, hablamos de un tema de flagrancia; con Falconí fuimos compañeros en el gabinete ministerial, pero estos hechos recibieron estrictamente el tratamiento establecido en el protocolo”.

Tras el operativo, Carrión abandonó el departamento y acudió a una clínica, en el centro norte de Quito, donde hoy permanece con custodia policial.

En un comunicado difundido en redes este domingo, Carrión ratificó que nunca fue detenido por los policías ni ha sido notificado por la Fiscalía sobre alguna investigación en su contra. “Desde las primeras horas de hoy me encuentro recibiendo atención en una clínica (…). No he participado en ninguna fiesta clandestina. Tuve una reunión en el domicilio del doctor Mauro Falconí con quien compartimos una amistad de varios años».

La autoridad de DD.HH. dijo que pidió una licencia para defenderse, mientras la vicedefensora, Zaida Rovira, asume la dirección de la entidad.

Por su jerarquía, Carrión tiene fuero de Corte Nacional. Falconí, en tanto, permanecía resguardado en su domicilio por la fuerza pública, mientras se levantaban indicios en el lugar de los hechos. Los primeros datos revelarían no solo el consumo de alcohol sino de sustancias ilegales, según fuentes policiales.

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Imágenes tomadas del video que registra el incidente en el ascensor del departamento donde viven Mauro Falconí y su esposa. Las tomas muestras al defensor Carrión tomando por la fuerza a la mujer.

La comandante de la Policía, Tania Varela, confirmó que Falconí fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, mientras Carrión sigue internado con resguardo policial.

La Fiscalía informó que recién conoció el caso a las 08:45. La novedad tampoco habría sido notificada, como establece los protocolos, al ECU-911, ni a otras autoridades para la coordinación respectiva. Fuentes del Ministerio Público indicaron que la fiscal Diana Salazar llamó al Ministro Martínez temprano en la mañana, sorprendida, al enterarse de lo ocurrido por redes sociales.

Los tres personajes tienen un alto perfil público. Gabriela P. es funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, y en el pasado fue parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. También colaboró con el Ministerio de Sectores Estratégicos.

Mauro Falconí es médico, con trayectoria en dirección de hospitales públicos; dirigió la ARCSA (Agencia de Regulación y Control Sanitario); además, por un breve lapso fue Ministro de Salud. Enfrenta varias denuncias en la Fiscalía. El 8 de abril fue removido del cargo, lo reemplazó Camilo Salinas.

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Personal policial que llegó al lugar de los incidentes tomó fotografías y recogió evidencias. Luego arribó personal del Cuerpo de Bomberos para atender a la mujer que fue agredida. 

Carrión Intriago, en tanto, es defensor del Pueblo desde abril de 2019. Tuvo un papel relevante en la investigación de los hechos de octubre de ese año, cuando denunció que hubo excesos de los agentes del Estado en la represión. De hecho, este año formalizó una denuncia por delitos de lesa humanidad contra algunas autoridades del Gobierno. Ha sido cuestionado por su cercanía al correísmo y algunos dirigentes indígenas.

La investigación fiscal se orienta por dos vías: la violentación al toque de queda, esto es, el desconocimiento de una decisión legítima; y, el posible intento de agresión sexual contra la funcionaria del Estado. En este caso, a la víctima le corresponde poner la denuncia formal. La Fiscalía pidió no revictimizar a la mujer que fue violentada.

Falconí estuvo en otra farra, desafiando a la pandemia

Mauro Falconí, riobambeño de 45 años, ocupó brevemente el cargo de Ministro de Salud, desde el 19 de marzo hasta el 8 de abril de este año. Días antes de posesionarse, celebró el cumpleaños de su esposa, Gabriela P., a la sazón directora del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN. Asistentes a esa reunión contaron que hubo mariachis, y que el festejo era doble, porque ya se conocía su nombramiento al frente de ese Ministerio.

Entre los asistentes, pudo haber pacientes asintomáticos de COVID-19. El hecho es que Falconí se reunió con el equipo cercano de la cartera de Salud y el virus se propagó aceleradamente. En cuestión de días, su asesor cercano, Diego Bravo (42 años), fue hospitalizado e intubado; posteriormente falleció. De igual manera, el entonces asesor jurídico, Gabriel Rivadeneira fue contagiado. Mientras estuvo hospitalizado fue desvinculado de su cargo; días después murió. Fuentes del MSP aseguraron que hubo un contagio en la planta central del MSP. Ni el entonces ministro se salvó, debió ser hospitalizado en dos ocasiones, para superar el coronavirus.

Petroecuador impulsa una demanda por supestos delitos, incluida la adulteración de documentos públicos, dentro del proceso de emergencia que adjudicó la contratación de seguros con las empresas Hispana y Latina. En enero, ese acuerdo fue anulado por el gerente Gonzalo Maldonado, quien extendió la contratación con Seguros Sucre por cuatro meses.

Redacción Código Vidrio

Una serie de irregularidades, incluidos supuestos delitos de adulteración documental, investiga la Fiscalía, sobre la base de una denuncia presentada por las autoridades de Petroecuador, por la contratación de seguros con las empresas Hispana y Latina.

La denuncia fue presentada por Hugo Tapia, el 26 de enero pasado en la Fiscalía general, en calidad de procurador del gerente de la petrolera, Gonzalo Maldonado.

Los hechos investigados giran en torno a la adjudicación del contrato de una póliza de cobertura de riesgos, por 53,4 millones de dólares, a Hispana y Latina, en diciembre pasado, a través de un proceso de emergencia.

Tras un proceso que arrancó en julio del 2020, Petroecuador se declaró en emergencia y contrató a ambas firmas aseguradoras, dejando a un lado a la estatal Seguros Sucre, que desde el 2014 era la encargada de las coberturas.

Pero el 15 de enero, pocos días después de asumir el cargo, Maldonado decidió terminar la emergencia y la contratación de la póliza de todo riesgo y responsabilidad civil. Luego expidió una nueva extensión del contrato con la estatal Sucre, por 120 días, por de 8,7 millones de dólares.

La decisión del Gerente fue impugnada por abogados de las aseguradoras ante un juez que falló inicialmente a su favor, otorgándoles medidas cautelares que suspendieron la declaratoria de nulidad. El pronunciamiento fue apelado por Petroecuador, que logró que la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas levantara la medida cautelar y extendiera el plazo de vigencia de la contratación de los seguros con Sucre, por 90 días, según fuentes de Petroecuador consultadas por este medio.

Maldonado extinguió el contrato con base en un informe jurídico, entregado el 15 de enero pasado por  el procurador de la empresa, Jaime Alarcón, quien le recomendó que anulara la declaratoria de emergencia PGG 2020267. En las primeras semanas de ese mes, tanto la Contraloría como el Sercop y la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, enviaron sendos informes y alertas sobre las supuestas irregularidades e incumplimientos legales en la contratación.

El informe jurídico de Petroecuador fue contrastado con un reporte preliminar de la Contraloría. Estableció, entre otras cosas, inconsistencias, especialmente en los certificados de respaldo de reaseguros (otorgados por empresas internacionales). Algunos de ellos se refieren a un proceso de licitación distinto, no al de Emergencia. Además, esos documentos tienen fechas que no concuerdan con los que fueron incluidos en el proceso emergente.

Según el procurador de Petroecuador, tampoco se ha podido verificar en el contrato la existencia de la comunicación a la que se refiere el oficio No. SERCOP-DSP-2020-6544-OF, de 8 de diciembre de 2020, de la Directora de Supervisión de Procedimientos del Sercop. Este documento se refiere a la intermediaria de reaseguros Afl Insurane Broker, lo cual también fue alertado en la comunicación de hallazgos del examen preliminar de la Contraloría.

En el informe jurídico se alertó, además, que no se cumplió con las disposiciones para emitir el estado de Emergencia en la petrolera, que marcó el inicio del convenio con las aseguradoras privadas. Es decir que no se cumplían las condiciones para este tipo de contratación, y que no ameritaba una emergencia.

Los representantes de las aseguradoras privadas han insistido en que la adjudicación cumplió todos los parámetros legales exigidos por Petroecuador en la emergencia y que la nulidad fue completamente arbitraria, por lo cual la impugnaron en los tribunales.

Código Vidrio accedió al informe jurídico de la petrolera, casí como al de Contraloría. En este último reporte se especifica que Hispana debía entregar a Petroecuador las confirmaciones de reaseguro y notas de cobertura originales y apostillados que demuestren la colocación del cien por ciento (100%) del reaseguro. Pero eso no ocurrió. “Hasta la fecha de esta comunicación de resultados no se tiene evidencia de su cumplimiento”, indica el reporte preliminar.

La certeza documental de que se cuenta con el reaseguro -de una empresa internacional de reaseguros domiciliada, en este caso, en Inglaterra- es vital para cubirir el pago de siniestros. La empresa aseguradora local no está en la capacidad económica para hacerlo.

En la revisión de los documentos previos a la firma del contrato, los auditores establecieron que “únicamente se presentaron copias simples -no los originales como señala el contrato-  suscritas por los reaseguradores, que en conjunto alcanzaron el 83,5% del riesgo cedido (500 millones de dólares por evento), incumpliendo lo establecido en las condiciones técnicas de la contratación”.

Posible falsificación en respaldos de reaseguros

Estos y otros elementos, según el análisis legal, no solo ameritaban declarar la nulidad, sino la investigación de de una supuesta falsificación y adulteración de documentos públicos.

El 26 de enero pasado, Maldonado pidió que se formalice una demanda penal en la Fiscalía que hoy está en trámite. La denuncia fue presentada por Hugo Tapia, abogado de Petroecuador.

En esa denuncia se indica que en los archivos de Petroecuador no se encontró la documentación original y de soporte del acuerdo. Que los certificados del supuesto reaseguro, emitidos el 14 de diciembre del 2020, eran distintos a los originales presentados el 30 y 31 de diciembre del año pasado y solo estaban en español. Son distintos a los originales -en inglés- apostillados con fechas 30 y 31 de diciembre. Incluso tenían las firmas de otras personas. La rúbrica del certificado no corresponde al original de Mark Stuart Ritson: el documento está suscrito por Toby Esser.

14 certificados de resplados de los reaseguros de firmas internacionales se expidieron antes y después del 14 de diciembre, cuando se registraron los documentos apostillados oficialmente, destaca la denuncia.

Pese a las irregularidades, que evidenciarían incluso el cometimiento de posibles delitos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea investigó el caso, por pedido de la asambleísta saliente del PSC, Mercedes Serrano. Según la legisladora, el acuerdo firmado con Sucre habría atentado contra las normas de la contratación pública, en perjuicio de Hispana y Latina. Sucre ha sido un contratista privilegiado, en perjuicio de otras empresas privadas en Petroecuador, según Serrano.

Una de ellas es que supuestamente Sucre aceptó pagar la póliza de un siniestro, cuando su acuerdo no estaba ni siquiera firmado. Adicionalmente, que se extendió un nuevo contrato con la aseguradora a pesar que debe a Petroecuador 33 millones de dólares, lo cual impediría cualquier adjudicación a su favor. Esto, no obstante, es desmentido por las autoridades de la estatal, quienes aseguran que la deuda de Sucre aún debe ser definida por un peritaje y orden judicial. Es decir que legalmente la empresa no es deudora.

Mientras corre el plazo de 90 días que la Sala Civil de Guayas otorgó para extender la contratación con Sucre, Petroecuador deberá iniciar un nuevo proceso para adjudicar los seguros, lo cual recaerá en funcionarios del nuevo gobierno.

A pocas horas de finalizar su gestión, la Comisión de Fiscalización del Legislativo calificó este miércoles 12 de mayo la solicitud del juicio político en contra del ministro de Energía, René Ortiz, por las supuestas irregularidades en la contratación de seguros en Petroecuador. La decisión es inviable, pues los asambleístas terminan este jueves su labor, y el ministro Ortiz dejará el cargo hasta el 24 de mayo próximo.

Las empresas Andeantrade y Megasupply que ganaron concursos, por separado, para vender cámaras de reconocimiento facial al Municipio de Quito, están estrechamente relacionadas. Al menos tres de sus accionistas y directivos han ocupado cargos simultáneamente en ambas compañías, que están domiciliadas en la misma dirección, al norte de Quito.  Sebastián Yunda, hijo del alcalde, mencionó en sus chats que tuvo una reunión con un ejecutivo en Andeantrade. 

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Andeantrade es mencionada en los chats que Sebastián Yunda, hijo del alcalde, intercambió con su tío César Yunda, funcionarios municipales y dos empresarios chinos, que cabildeaban para que las cámaras fueran de la marca Hikvision. Eso se cumplió al pie de la letra. En los dos procesos contractuales los funcionarios municipales pidieron a las empresas que los equipos correspondieran a esa marca china, aduciendo que la anterior administración ya había adquirido esos equipos.

El primer proceso de compra de 78 cámaras de reconocimiento facial empezó en agosto de 2019 y concluyó el 13 de septiembre, con la adjudicación a la firma Andeantrade, mediante una puja de subasta inversa, en el portal de compras públicas. Este contrato, por 602 mil dólares se firmó el 4 de octubre entre el gerente de Emseguridad, Adrián Haro, y Mónica de Lourdes Díaz Tuguminago, representante legal de Andeantrade.

El pago del anticipo (60% del contrato) se concretó el 23 octubre: el valor fue 343.785 dólares. Días después, el hijo del Alcalde le escribió a quien identifica como “Dalong”, vía WhatsApp: “ya pagaron cámaras papá”. Y le insinúa que su tío César ya está averiguando el pago.

-“Estoy enviando factura a China y después nos hace transferencia, una semana más o menos”, le respondió “Dalong”, a mediados de noviembre.

¿Quién es Dalong? Se trata del empresario chino radicado en Ecuador Yilong Wang, directivo de la Cámara Ecuatoriana China. El primer registro de las conversaciones de Yunda con él se remonta al 28 de marzo de 2019, cuatro días después de que Yunda ganara las elecciones.

Contactamos a Wang a su celular y le enviamos un correo a la Cámara pidiendo su versión, pero no respondió. Tampoco contestó nuestras llamadas el hijo del Alcalde, quien abandonó el país en marzo pasado.

En el primer contrato con Andeantrade, Emseguridad fijó la entrega de las cámaras para fines de diciembre. Por esos días la empresa recibió el último desembolso de USD 229 mil y posteriormente 30 mil más por el mantenimiento de los equipos.

Con la llegada del año nuevo, Sebastián intensificó las conversaciones con su tío y los empresarios chinos. Hablaban, entre otros temas, sobre el pago de comisiones y reuniones con proveedores de equipos tecnológicos.

– “Ñaño, podemos vernos tipo 11. Estoy demorado un poco”, le escribió el hijo del Alcalde a su tío César.

-“Claro, mijo. A las 11 en punto, que a las 12 tenemos reunión con Elison, en Andeantrade”, le respondió César Yunda a su sobrino.

Desde la posesión del Alcalde, en mayo de 2019, el guagua Yunda accedió a información privilegiada sobre los planes de adquisiciones en el Municipio, y las decisiones que se tomaban. Veía el negocio de cámaras y otros equipos tecnológicos como la gallina de los huevos de oro.

Eso se desprende de los miles de mensajes encontrados en los siete celulares incautados en el allanamiento de la Fiscalía a la casa del Alcalde Yunda. La diligencia se efectuó como parte del proceso penal que enfrenta  por un supuesto peculado en la compra de pruebas Covid-19. En este caso, Yunda acaba de ser llamado a juicio, junto con 13 implicados más. Paralelamente, la Fiscalía abrió una investigación previa contra su hijo, por su participación en varias contrataciones del Municipio. Investiga un presunto delito de delincuencia organizada.

Desde el primer día de la actual administración municipal, las acciones de los Yunda iban de la mano, casi sincronizadas. Mientras el Alcalde trazaba la ruta de su plan de seguridad para Quito, con énfasis en la compra de cámaras de reconocimiento facial, Sebastián  cabildeaba con proveedores y empresarios.

El eje de las compras es el proyecto Ojos de Dios, que en la actual administración se plasmó en tres contratos por más de 2 millones de dólares. Además, por el mantenimiento de los equipos adquiridos el Municipio paga un millón de dólares anuales. Cada cámara de reconocimiento facial costó 2.500 dólares, aunque la identificación no funciona por falta de una base de datos. Esos equipos cumplen la misma función de cualquier cámara de vigilancia, valoradas en 800 dólares.

Al referirse a la participación de su hijo en los contratos del Cabildo, el alcalde dijo: “Sobre los últimos acontecimientos en los que se ha pretendido involucrar a mi hijo en actos de corrupción, debo recordar a la ciudadanía que, constitucionalmente, todas las personas tenemos derecho a la presunción de inocencia”. Además aseguró “haber tomado decisiones firmes» sacando de sus cargos a los funcionarios que «desobedecieron mi instrucción de que ningún familiar mío pueda hablar a mi nombre, ni contestar llamadas o mensajes”.

‘Empresas hermanas’ 

¿Qué rol jugaron Andeantrade y Megasupply en este entramado? Mónica Díaz Tuguminago, quien firmó el primer contrato como representante legal de Andeantrade (fue vicepresidenta ejecutiva 2019-2020) también fue una de las directivas de Megasupply. Entre 2017 y 2018, gerenció esta compañía y consta entre su plana de accionistas hasta el agosto de 2019, según los registros de la Superintendencia de Compañías revisados por Código Vidrio.

De hecho, en marzo de 2018 ella fue postulada por Megasupply para integrar el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del Municipio de Quito, en representación del sector productivo. Ganó el concurso y fue designada en abril consejera principal, junto a ocho integrantes más, por un período de dos años.

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Mónica Díaz ha ocupado cargos directivos en las fraternas Megasupply y Andeantrade. Fue integrante del Consejo Consultivo del Municipio, desde 2018. También han tenido puestos gerenciales en ambas empresas Kléver Godoy, que firmó, como representante legal del Consorcio de Reconocimiento Facial, el contrato por 1,1 millones con Emseguridad. Otro ejecutivo que ha operado en las dos firmas es Oscar Trujillo, dueño de Andeantrade.  

 

 

Para postular para el puesto de consejera, por el cual no percibió un salario, Díaz declaró que no tenía intereses directos en procesos contractuales municipales, y que no representaba a empresas que pudieran tener conflictos de interés con el objeto del Consejo. Este organismo es la instancia de apoyo, consulta y asesoramiento de la administración municipal en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.

Pedimos desde hace dos semanas la versión de Díaz, pero no respondió a nuestra solicitud.

Todo en familia

El 15 de mayo de 2020, Megasupply ganó el segundo contrato de Emseguridad para la provisión de 49 cámaras de reconocimiento facial y 76 fijas, por 1,1 millón de dólares. Obtuvo la contratación como parte del Consorcio Reconocimiento Facial Quito, junto a la compañía Fulltec, domiciliada en Ambato. El proceso contractual arrancó a fines de noviembre de 2019.

Adrián Haro, gerente de Emseguridad, firmó el acuerdo con Kléver Godoy Cevallos, procurador del Consorcio ganador, accionista y gerente de Megasupply. El 26 de agosto de 2019 Monica Díaz le cedió a Godoy 200 acciones en esa firma.

Al igual que Díaz, Godoy no solo ha sido parte de Megasupply. También fue directivo de Andeantrade. Entre 2017 y 2020 fue gerente de procesos en esa compañía, según indica en su perfil de Linkedin. Es decir que habría estado al frente de ambas firmas durante los procesos de contratación con Emseguridad.

Contactamos a Godoy a su celular y nos respondió que prefería no pronunciarse.

Andeantrade y Megasupply están domiciliadas en la misma dirección, en el centro norte de Quito: Vasco de Contreras N34-180 y Lallement, cerca del colegio San Gabriel.

Las dos compañías funcionan en el mismo edificio de cuatro pisos, de color crema con franjas azules. Acudimos al lugar. Constatamos que actualmente en el inmueble no hay ningún letrero que advierta la existencia de ninguna de esas firmas. Sin embargo, en los registros de internet de Andeantrade, su nombre aparece en uno de los ventanales del segundo piso de ese edificio.

El accionista principal y dueño de Andeantrade es Óscar Trujillo, quien desde 2019 ejerce el cargo de Presidente. Hasta junio de 2018 también fue accionista de Megasupply, según reportes de la Superintendencia de Compañías.

 

La relación y conexiones de los accionistas de ambas firmas es investigada por el concejal y vicealcalde, Santiago Guarderas. En la última reunión de la Comisión de Seguridad le pidió al gerente de Emseguridad un informe de esos nexos y la composición accionarial de las firmas. Y le exigió a Haro un explicación sobre la entrega de los contratos a dos firmas relacionadas.  “Debemos recordar -respondió Haro- que cada proceso es autónomo e independiente, realizado en diferentes ejercicios económicos; en este caso, las verificaciones que deben realizarse, se cumplieron en cada uno de los procesos. El hecho de que una empresa ganadora de un proceso (Fase 1), tenga la misma dirección de otra empresa que se consorció para participar en otro proceso (Fase 2), no es impedimento para participar. En este caso, cuando existen coincidencias de accionistas, administradores o dirección domiciliaria, en el mismo proceso, el Sercop, a través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) se encarga de suspender o descalificar a los oferentes que tienen vinculación”.

Andeantrade es reincidente en cometer ilegalidades en otros procesos contractuales. Fue sancionada dos veces, desde el 2019, por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). El 27 de noviembre de 2019, dos meses después de ganar el contrato con Emseguridad, fue señalada por el Sercop por realizar una declaración errada dentro de un proceso de contratación, inclusive respecto a su calidad de productor nacional.

En este caso se le suspendió por 60 días el Registro Único de Proveedores (RUP), con lo cual no pudo participar en ningún proceso de compras públicas en este período.

Seis meses después de cumplir esa sanción, la compañía volvió a ser observada por entregar información falsa, adulterando un certificado presentado dentro de un proceso de compras públicas en la Empresa Municipal de Tránsito de Guayaquil. Por ser reincidente, a Andeantrade le suspendieron nuevamente el RUP por seis meses.

Este miércoles 5 de mayo estaba previsto que el directorio de Emseguridad se reúna para nombrar al nuevo gerente de Emseguridad, en reemplazo de Haro, quien es cuestionado por las contrataciones. El funcionario se elegirá de una terna presentada por el alcalde Yunda. El más opcionado es Freddy Yandún, afín al correísmo.