Corte ratifica culpabilidad de médicos Toscano y Hurtado

El pasado 8 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia cerró formalmente el expediente, ratificando la culpabilidad de Patricio Toscano y de su colega Carlos Hurtado, por la muerte de Yadira Cáceres. Los dos galenos también fueron condenados por el fallecimiento de Michelle Cobo, pero interpusieron un último recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional. En ambos casos fueron condenados por mala práctica profesional.

Redacción Código Vidrio

Andrés Paz está agobiado. Por más de seis años busca que la muerte de su esposa Yadira Cáceres no quede impune. Aunque logró una victoria en el área penal, en las cortes civiles está atrapado en un laberinto.

A mediados del 2015, Cáceres confió en la fama del médico Patricio Toscano, quien difundía sus servicios de cirujano plástico en redes sociales y medios de comunicación. Ella tenía 39 años y un hijo. Durante la investigación de su muerte, la Fiscalía encontró pruebas sólidas de una mala práctica profesional. Una está recogida en un video, en el cual se puede observar que los médicos jugaban y bromeaban en medio de la intervención, en la cual sufrió la perforación de su hígado.

El pasado 8 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia cerró formalmente el expediente, ratificando la culpabilidad de Patricio Toscano y de su colega Carlos Hurtado. Los dos son los primeros galenos sentenciados por mala práctica profesional, bajo normativas del Código Penal del 2014.

Fue el último recurso que podía presentar la defensa de los acusados. Perdieron en todas las instancias judiciales. Y en 2019 la  jueza constitucional Carmen Corral también negó su acción extraordinaria de protección.

Dos años después, los magistrados de la Corte Nacional, Byron Guillen, Fernando Loaysa y Esteban Cárdenas, ratificaron la sentencia, prohibieron a los médicos volver a trabajar y los condenaron a pagar una indemnización de 135.448 dólares.

Para recibir ese dinero debió iniciar otra demanda en el campo civil, que se convirtió en un nuevo calvario para Paz. “Aún falta la reparación integral que hasta el momento no se hacen responsables, ya se puede imaginar cómo me siento”.

Él tuvo que contratar peritos, pagar la movilización de policías, fotocopiar documentos y otras ayudas para que los judiciales no tengan justificación para demorar sus decisiones. Sin embargo, las dilaciones son constantes, sus oficios desaparecen entre las pilas de carpetas de los secretarios.

Paz dijo que que en los años que tomó el litigio ha gastado 90.000 dólares. Pero pese a que la justicia falló a su favor está frustrado. “Las leyes del Ecuador son muy frágiles en verdad. Pero bueno hay que seguir presionando, no me queda más”, relató a este portal.

Él no quiso llegar a un acuerdo económico, que los acusados le pedían con insistencia para evitar la condena. “Lo único que busco es justicia, mi esposa no fue la única víctima de Toscano y Hurtado.

Otra condena por la muerte de Michelle Cobo

Los padres de la joven Michelle Cobo también llevan cinco años buscando que termine el tortuoso juicio que cofirmó en varias instacias judiciales que hubo mala práctica profesional. Ella falleció a mediados del 2016 en la Clínica San Gabriel. También confió en Toscano.

En junio del 2020, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional condenó a Toscano y Hurtado a cumplir una condena de seis años de prisión. Es la máxima sanción contemplada para la reincidencia en casos de mala práctica profesional.  En su decisión también condenaron a María Eugenia Muñoz, ex gerenta de la Clínica, a tres años de prisión.

Los tres sentenciados acudieron a la Corte Constitucional para tratar de sortear esta decisión, por una supuesta vulneración de sus derechos. El caso está en trámite desde diciembre del año pasado. La última diligencia fue en abril, cuando la Sala de Admisibilidad aceptó los recursos de Toscano, Hurtado y Muñoz.

Desde entonces, el trámite sigue en estudio. Hasta que se tome una decisión, la Policía mantiene en suspenso la orden de búsqueda y captura en contra de los médicos y la abogada.

Los sentenciados y sus defensas afirman que no hubo negligencia ni mala práctica, por lo cual acudirán a cualquier instancia para defender sus derechos.