La Corte de Guayaquil sentenció a cinco años de cárcel a la ex fiscal Ángela Beltrán por asociación ilícita al favorecer con sus actuaciones a los narcotraficantes Robinson Arroyo y Víctor Endara, condenados por el tráfico de 600 kilos de cocaína (foto). Según las evidencias, como escuchas telefónicas y chats, Beltrán recibió un soborno de 300 mil dólares del abogado de los implicados Xavier Novillo, en acuerdo con la jueza Ana Posiligua, el secretario Walter Zambrano y la abogada Johana Pezo. No obstante, los jueces los declararon inocentes.
Redacción Código Vidrio
El juicio por asociación ilícita contra la ex fiscal manabita Angélica Viviana Beltrán parece sacado del guión de una narconovela. Entre los principales protagonistas de esta zaga están una jueza, un secretario de la Fiscalía, dos abogados y un enfermo terminal, usado como testigo falso.
El 2 de diciembre del 2017, unidades especiales de la Policía desarticularon una organización criminal liderada por Robinson Arroyo y Víctor Hugo Endara, cuando pretendían transportar 600 kilos de cocaína a EE.UU. en una avioneta Cessna, de bandera mexicana y matrícula ecuatoriana, que debía despegar desde el aeropuerto Los Perales, en Manabí. La droga pertenecía al cartel de Sinaloa.
En el operativo fueron detenidos nueve individuos, entre ecuatorianos, colombianos y mexicanos. Robinson Arroyo es considerado un peso pesado entre las organizaciones del nartcotráfico, y era seguido por el FBI.
Tras la captura, el proceso pasó a manos de la fiscal Beltrán. Y un mes después del operativo Impacto 43 empezó a dar un giro inesperado, con la aparición de un personaje suigéneris: Vicente Benítez, un manabita de 56 años, quien se autoinculpó y dijo ser responsable de la “producción de la droga”.
En esos días, Benítez ya sufría una enfermedad terminal (Sida) y murió seis meses después de confesar su supuesto delito. Según las investigaciones de Antinarcóticos, el testigo era falso, había sido comprado por los abogados de los narcotraficantes para declarararse culpable y así el dinero sería entregado a su familia.
No era la primera vez que Benítez actuaba como testigo. Antes también se había presentado a testificar en otros casos de narcotráfico, para descargar la responsabilidad de otros implicados, con la anuencia de jueces y fiscales.
Basándose en ese testimonio, Beltrán pidió modifcar la tipología del delito contra Arroyo, Endara y el resto de implicados. Así, no los acusó de tráfico de cocaína sino de producción, que implica una pena mucho menor, aunque fueron capturados con todas las evidencias de manera flagrante.
Por narcotráfico, la pena, en función de la cantidad decomisada, no habría sido menor a 13 años. Como productores, sus sentencias oscilan entre 7 y 10 años de reclusión.
Pero la fiscal Beltrán no solo cambió la tipología del delito. También pidió que el juez recibiera el testimonio abreviado de los implicados, que aceptaban su culpabilidad y así recibirían otra rebaja de sus penas. Durante la investigación, la fiscal tampoco aceptó otras vinculaciones que pedía la Policía.
Como parte de los seguimiento de la operación Impacto 3, los investigadores confirmaron que las acciones de la fiscal fueron planificadas con los abogados de la organización delictiva. Los agentes Antinarcóticos descubrieron el plan gracias a las escuchas telefónicas que hacían a las conversaciones de los cabecillas de la red, desde 2017.
En enero del 2018, grabaron uno de esos diálogos, en el cual uno de los integrantes de la banda dice que pagaron 300.000 dólares para que sus abogados pacten con la Fiscal, que también se habría puesto de acuerdo con la jueza, el secretario de la Fiscalía y los abogados de los sentenciados para obtener rebajas de penas.
“La estrategia es que todos salgan en diez meses. La fiscal está del lado de nosotros… Es la que ordena todo eso”, dice uno de los diálogos registrados en las escuchas, corroboradas por un perito dentro del juicio.
Las escuchas también les permitieron a los policías acceder a los teléfonos de la fiscal y el resto de funcionarios judiciales, donde encontraron las fotografías que se enviaban a los narcotraficantes para demostrar el avance de las operaciones y cómo se acogían en la justicia los testimonios a su favor. Era la evidencia de que estaban haciendo sus trabajo por el soborno.
Los chats con el abogado Novillo y la hoja de ruta
Entre los indicios consta la pericia telefónica realizada al Iphone de Robinson Arroyo (0939344329), que fue pinchado por el SICOM. En ese teléfono se descubrió un chat de WhatsApp con el numero 0981092161, registrado en la agenda de contactos como ABO NOVILLO, que en un cotejamiento de voz se determinó que se trataba del abogado Xavier Alexander Novillo Arana.
En los mensajes se describe, paso a paso, todas las actividades judiciales que se realizaban para liberar a los 9 procesados, así como la cantidad de dinero que requería para entregarle a la Fiscal y Juez. Como muestra de su “profesionalismo”, la jueza les remitía fotografías de las versiones recogidas, entre ellas la de Javier Esteban Suárez Álava, quien vinculaba al testigo falso. El testimonio del testigo falso tiene el pie de firma de la abogada Johanna Gabriela Del Pezo. Además, en los mensajes se encontraron fotografías de los oficios de la fiscal Beltrán Vallejo pidiendo a la jueza Ana Ofelia Posiligua (encargada del despacho) hora y fecha para reformular cargos, vinculación y abreviado. Es decir, los requerimientos por los cuales pagaron $ 300.000.
Con todas estas evidencias, el 27 de abril del 2018 la jueza encargada de la presidencia de la Corte de Guayas, Esperanza Moreano, abrió el proceso por asociación ilícita contra la jueza Posligua, Mendoza, Novillo y Del Pezo. La jueza no ordenó sus detenciones, dictó medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país de los acusados.
El fallo fue apelado y los investigadores insistieron en la detención de los sospechosos, que fue aprobada el dos de mayo. No obstante, 20 días después el juez Francisco Morales, encargado de la Presidencia de la Corte de Guayas, les concedió una fianza de $4.632 a todos los implicados, con lo cual obtuvieron su libertad.
Un desfile de jueces esquivos
Desde esta fecha, el caso empezó a tamabalear, con un sinnúmero de retardos y contratiempos. Argucias procesales para dilatar los fallos y excusas sistemáticas de varios jueces. Hasta noviembre la Fiscalía no lograba concretar la audiencia preparatoria del juicio. No había fechas pendientes y cuando por fin lo consiguió el nuevo presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur, se inhibió de conocer el juicio.
Su decisión se basó en las supuestas acciones que provocaría la nulidad de lo investigado, por eso pidió que se pronuncie la Corte Provincial de Justicia de Manabí, donde la red narco fue desmantelada.
La jueza Laura Sabando, a cargo de la presidencia de la Corte de Manabí, también se inhibió de conocer la causa. Argumentó que su colega de Guayas no podía haber tomado esa resolución, pues era él quien legamente estaba encargado de tramitar el juicio.
Los chats evidencian las negociaciones del supuesto pago a operadores judiciales
El juez Sabando respondió que no era responsable y devolvió el expediente a Manabí. Entonces, la jueza manabita pidió que la Corte Nacional de Justicia sea la que dirima la controversia.
Todas estas dilaciones jugaban a favor de los integrantes de la red de narcotráfico, que por los beneficios concedidos por los jueces buscaban recuperar su libertad en cualquier momento.
En enero del 2019, un año después de las investigaciones, la Corte Nacional dirimió la polémica y resolvió que el juicio se tramite en Guayas.
Sin embargo, otro incidente surgió en el camino: el juez Manzur no podía llevar el caso y fue reemplazado por Francisco Morales. Él realizó la audiencia previa del juicio en contra la fiscal Beltrán; la jueza Posligua, Mendoza, Arroyo y Del Pezo, además de los cabecillas de la banda que iban a ser los presuntos beneficiados de esa asociación ilícita.
El juez estimó que había méritos suficientes para procesarlos penalmente y elevó el expediente a la Sala Penal de la Corte de Guayaquil.
Desde esa diligencia hasta la expedición de la sentencia transcurrió un año y medio más. En este período sobrevino otra avalancha de dilaciones con diligencias suspendidas, retrasos y otros incidentes.
Este último lunes 14 de julio, la Sala Penal de la Corte de Guayas dio a conocer su sentencia. Condenó por asociación ilícita a cinco años de cárcel a la fiscal Beltrán y a los principales integrantes de la red: los narcotraficantes Robinson Arroyo y Víctor Hugo Endara, que ya habían sido condenados anteriormente a 19 años de prisión en el caso principal, por el tráfico de 600 kilos de coca.
Pese a que las pruebas indican que la fiscal, al parecer, no actuó sola sino con otros funcionarios y abogados, los jueces Richard Gaibor Gaibor (ponente), Henry Morán Morán y José Poveda Arauz declararon la inocencia del resto de implicados. Concretamente los jueces absolvieron a Ana Posligua Ronquillo (ex jueza de San Vicente, quien dio paso al cambio del tipo penal y la vinculación del testigo falso); Walter Zambrano (secretario de la fiscal, quien colaboró con el abogado Novillo para recibir una serie de versiones); Xavier Novillo Arana (quien coordinó con la fiscal y la jueza, con el pago de $ 300.000, el cambio de tipo penal, el ingreso de testigo falso y el procedimiento abreviado de los detenidos en el aeropuerto los Perales); y Johana Del Pezo Zambrano (abogada del testigo falso, que falleció 6 meses después de dar su versión auto inculpándose).
El fallo puede ser apelado por la Fiscalía o cualquiera de las partes hasta este viernes, para que la Corte Nacional lo revise. Fuentes cercanas a la investigación, temen que la Fiscal del caso no apele la sentencia, en vista de las actuaciones sospechosas de otros funcionarios judiciales en este caso.