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La empresa China Camc Engineering está en el top ten de las mayores proveedoras del Estado ecuatoriano, junto con Sinohydro, para la adjudicación de obras bajo la figura del Régimen Especial. Este es un tipo de contratación cuyo denominador común son los procesos contractuales sin concursos ni estudios de mercado. 

Por Doris Olmos

Entre enero y diciembre del 2020, China CAMC se encuentra en el ranking de los 20 mayores proveedores adjudicados del país con 16,2 millones de dólares. En el 2015 se ubicó en el primer lugar, con 224’3 millones, mientras el 2018 fue séptima, con 50,3 millones de dólares.

Este domingo, Código Vidrio reveló que CAMC ganó un contrato de 40 millones de dólares hace dos años pero asignó ilegalmente a una empresa subcontratista la construcción total de 2.100 casas. Esto no solo viola la ley de Contratación, también generó un conflicto que desembocó en la paralización durante seis meses de las obras, que debían estar terminadas el año pasado. El contrato entregado en el gobierno de Lenin Moreno se financia con un crédito del Banco de Desarrollo de China, entidad que presta en condiciones poco transparentes a Ecuador.

Caída y limpia. En los últimos ocho años, Ecuador se endeudó en más de 15 mil millones de dólares en contratos bajo esta figura legal para que sean dierccionados hacia compañías chinas . Las contrataciones más grandes fueron para inversión en infraestructura, bienes y servicios, donde las empresas chinas mandaron y se beneficiaron directamente. La plata viene de China y vuelve a China, a través de sus empresas. Luego Ecuador cubre los créditos con petróleo que en estos casos está comprometido hasta el 2024.

Por ejemplo, en agosto de 2010 Ecuador y el Banco de Desarrollo de China (CDB) suscribieron un préstamos por 1.000 millones de dólares, de los cuales 100 millones, correspondientes al tramo B, fueron empleados para financiar la construcción del ECU 911. Es decir, el 10% del crédito general ya estaba preasignado para la obra con una empresa china.

Tal y como estaba previsto, el 14 de febrero de 2011 se realizó la invitación directa a una empresa china para que participe en el proyecto. En esa ocasión la elegida fue la China National Electronics Import & Export. La invitación se hizo con el oficio MICS-D-2011-119.

Para favorecer a las empresas chinas se usaron todo tipo de instrumentos y argucias contractuales. Se emitieron resoluciones para declarar en emergencia algunos proyectos. La resolución 013, del 15 de diciembre del 2011, permitió declarar en emergencia la ejecución de determinadas obras y contratar de manera directa con empresas públicas del gobierno de China, señaladas por la embajada.

En esta línea, el 16 de diciembre de 2011 las autoridades realizaron una invitación directa a la empresa CAMC ENGINEERING CO. LTD para que presentara su oferta para la construcción de la obra civil de los edificios del ECU 911, que consistía en 12 centros regionales/locales, un centro nacional y una sala de operaciones.

Un informe de Contraloría sobre esta obra (DAAC-0173-2015) detectó que existía diferencias en cantidades entre valores planillados y verificados. Igualmente, que “los planos de registro anexos al expediente de cada uno de los centros SIS ECU 911 de Portoviejo, Machala, Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Quito, no corresponden a lo verificado físicamente”.

También detectó que los trabajos tienen deficiencias constructivas como presencia de fisuras, humedecimientos en adoquines y bordillos, fallas en los sistemas de riego exterior…

La Plafaforma Gubernamental Financiera, proyecto que se levantó sobre una extensión de aproximadamente 5 hectáreas, es otra obra construida con el mismo mecanismo de atar créditos chinos a proyectos.

Una parte de su financimiento proviene del Tramo B de la línea de Crédito III del convenio de cinco partes, firmado entre Ecuador y el Banco de Desarrollo de China, cuyo monto global fue de 2.000 millones de dólares. La obra, cuyo precio inicial fue de 198 millones, fue adjudicada igualmente a CAMC. En este proceso, la Contraloría determinó que los encargados usaron una modalidad de contratación de precio y plazo fijos, no contemplada en la   Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según consta en el informe DNA1-0020-2018.

Igualmente, determinó que “no existe documentación sobre la viabilidad técnica y económica como parte de los procedimientos de contratación para la construcción y fiscalización de la Plataforma…”. Además, que la experiencia del personal de fiscalización no fue evaluada conforme a los prámetros contenidos en los pliegos de contratación, así como incumplimientos en calidad y cantidad de equipos eléctricos y electrónicos.

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La participación de las empresas chinas no fue una casualidad. Los préstamos otorgados a Ecuador tenían una condición: las contratistas debían ser compañías de ese país. De esta manera, garantizaban que el dinero siempre regresara  a sus bolsillos.

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Este tipo de negociación la manejó años atrás el Banco de Desarrollo de Brasil y su principal beneficiaria fue Odebrecht, que organizó una red de corrupción para apropiarse de los contratos a escala regional.

En total, 12 empresas chinas fueron las mayores beneficiadas de los contratos de reconstrucción vial, educativa y de infraestructura. Hasta el final del gobierno de Correa, en el 2017,  se contrataron 11 mil millones de dólares bajo Régimen Especial.

Las empresas chinas también han dejado una estela de corrupción en el país. La justicia ecuatoriana sancionó su participación en los sobornos para financiar las campañas electorales del movimiento político de Rafael Correa y abrió otros expedientes penales para resolver las denuncias de sobreprecios, fallas en las construcciones y pagos indebidos a funcionarios ecuatorianos. Incluso existe información revelada por la Fiscalia según la cual la empresa Camc transfirió dinero para el desvanecimiento de glosas.

Leyes a la carta…China

El panorama legal en Ecuador también fue modificado con el arribo de los créditos chinos. Desde el 2013, se impulsaron reformas a la Ley de Contratación Pública para acelerar los convenios de Régimen Especial. Una de las principales modificaciones fue terminar con los estudios previos por parte de la Contraloría, el órgano que velaba para que no se violen las normas legales.

En su reciente visita a Ecuador, el secretario de  Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló sobre este tema. “No estamos pidiendo a los países que opten entre Estados Unidos y China, ni queremos contener a China o frenarla de alguna forma. Lo que sí queremos es apoyar las normas más altas”.

Principalmente, la autoridad estadounidense se refirió a la relación directa que mantiene el Estado chino con su empresa privada. En ese sentido, señaló: “que los países tengan cuidado y pongan atención en las inversiones, porque desgraciadamente en el caso de China no hay una separación entre la empresa privada y el Estado e igualmente es desafortunado que si esas empresas le piden lo que quiere el Estado lo tienen que hacer. Y, obviamente, cuando se trata de derechos humanos, de privacidad y seguridad, esto puede ser un gran desafío. Entonces,  lo que hablamos con nuestros amigos en Ecuador es tener cuidado en las inversiones en áreas sensibles. Por ejemplo, que tengan el escrutinio necesario para que el país receptor y su pueblo también estén protegidos”.

La Contraloría ha tenido varias observaciones y recomendaciones sobre las obras que ha construido Camc Engineering Co. Ltd. Por este motivo, la asambleísta Ana Belén Cordero solicitó un informe sobre el avance en el proceso de multas a la empresa, entre otra documentación. Sobre este tema, el organismo de control respondió que este análisis será considerado en el Plan Anual de Control del año 2022.

*Este proyecto periodístico fue financiado por una beca de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

La china CAMC ganó un contrato de 40 millones de dólares pero asignó ilegalmente a una empresa subcontratista la construcción total de 2.100 casas. Esto no solo viola la ley de Contratación, también generó un conflicto que desembocó en la paralización durante seis meses de las obras, que debían estar terminadas el año pasado. El contrato entregado en el gobierno de Lenin Moreno se financia con un crédito del Banco de Desarrollo de China, entidad que presta en condiciones poco transparentes a Ecuador. 

Por Arturo Torres y Doris Olmos

Una de cal y otra de arena. Así avanza la edificación de 2.095 viviendas contratadas por el gobierno de Lenín Moreno a la empresa China CAMC. Una serie de irregularidades en la ejecución de este contrato trastocó el desarrollo del proyecto que ha perjudicado a más de dos mil familias ecuatorianas, así como a cientos de trabajadores y proveedores.

CAMC no solo recibió un contrato a dedo por 40 millones de dólares para construir 2.095 viviendas sino que subcontrató a la compañía ecuatoriana Newglobal S.A. para que edificara las obras en 12 provincias.

Así, por arte de magia, inicialmente la firma china fue solo una intermediaria. La edificación de las casas, que dos años después aún están en menos del 35% de su ejecución, en promedio, fue encargada a la constructora local, en franca violación de la Ley de Contratación. Esta ley prohíbe que un subcontratista reciba más del 30% de la realización de un proyecto.

CAMC actuó al margen de la ley sin que el entonces gerente de la empresa pública Casa Para Todos, Édison Morán, el administrador del contrato ni los fiscalizadores de la obra intervinieran para detectar y frenar las irregularidades. Tampoco habría actuado el entonces ministro de Vivienda, Julio Recalde, aunque fue presidente del Directorio de la empresa pública, creada por el anterior gobierno en 2017, según confirmaron autoridades del régimen actual.

No es la primera vez que la firma china echa mano de estas prácticas turbias. Un informe de la Contraloría determinó que actuó de la misma manera en la construcción de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua. Para estas obras también subcontrató otras empresas, sin la autorización requerida, y sobre los límites de los porcentajes permitidos.

Código Vidrio revisó los documentos de la contratación y los avances del proyecto, recabó entrevistas y testimonios que permitieron descubrir un posible esquema fraudulento, que fue confirmado por las actuales autoridades del gobierno.

“Al llegar al Ministerio heredamos vacas con peste y gallinas enfermas. Uno de los mayores problemas que encontramos fue por la contratación con CAMC en Casa Para Todos; los 19 proyectos a su cargo estaban paralizados por falta de pagos a la subcontratista Newglobal, que realmente asumió todos los trabajos”, reconoció el ministro de Vivienda, Darío Herrera, en entrevista con Código Vidrio. “El problema se desencadenó por los altos niveles de subcontratación de CAMC”.

Andrés Pino, gerente de la empresa Casa Para Todos, explicó que ante la serie de irregularidades, una de sus primeras decisiones, al asumir su cargo, fue pedir un examen especial a la Contraloría.

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Al inicio de su administración, Lenin Moreno ofreció edificar 325.000 casas, pero en el camino la cifra se fue desplomando

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“Los auditores deberán establecer todas las responsabilidades y si cabe pedir la actuación de la Fiscalía. Algunos proyectos no debieron empezar, tal como estaban diseñados. Todo estuvo mal hecho; extrañamente ni los fiscalizadores ni el administrador detectaron que CAMC había delegado toda la construcción ilegalmente a un subcontratista”, destacó Pino, al advertir que las negligencias fueron responsabilidad de las autoridades del gobierno anterior y CAMC.

Buscamos las versiones del exgerente y del exministro Recalde, pero no pudimos ubicarlos. Antes de asumir el cargo en Vivienda, en julio del 2020, Recalde fue gerente de la empresa Ecuador Estratégico, desde octubre de 2017. Fue nombrado en ese puesto por su amplia experiencia como arquitecto y constructor de proyectos inmobiliarios.

En abril del 2019, el Consejo de Participación Ciudadana pidió que la Contraloría investigara la gestión de Recalde al frente de esa empresa, con base en un informe de investigación que detectó presuntos delitos y corrupción en la construcción de las Unidades del Milenio.

China presta, China impone

Casa Para Todos fue publicitado por el gobierno de Moreno como uno de sus proyectos emblemáticos de vivienda popular de bajo costo. Fue financiado con un crédito de 109,3 millones de dólares del Banco de Desarrollo de China (CDB), para la construcción de 4.608 casas. Las empresas chinas CAMC, Shandong y Sumec ganaron los acuerdos, bajo la figura de giro específico de negocio. Esto significa que no hubo concursos ni licitación. Fueron escogidas de un listado de 19 compañías estatales enviado por el gobierno chino.

El giro específico del negocio es parte de las reglas de juego que impone China para entregar los créditos, al margen de la Ley de Contratación Pública. De hecho, cuando la empresa púbica Casa Para Todos se creó, en agosto de 2017, Moreno decidió que todos sus contratos se hicieran bajo esa modalidad y solo con firmas chinas.

Los desembolsos para las obras se realizan directamente desde el CDB a las cuentas de las empresas asiáticas, que operan con absoluta discrecionalidad, bajo un patrón de opacidad y secretismo.

Pese a que ha estado salpicada por denuncias de corrupción, CAMC es una contratista consentida de los gobiernos ecuatorianos desde el 2013. Ese año se dispararon los contratos de régimen especial, que llegaron a los 3 mil 600 millones de dólares.

Ansioso por contar con más recursos, el entonces presidente Rafael Correa abrió las puertas de par en par a los chinos. Emprendió los acuerdos de endeudamiento más agresivos con el gigante asiático, que se volvió nuestro principal acreedor y socio para la construcción de proyectos estratégicos.  Los créditos son cubiertos, en su mayoría, con petróleo que está comprometido hasta el 2024.

La última década, CAMC construyó, entre otras obras, la Plataforma Gubernamental Financiera, la obra civil del ECU 911, la Unidad Educativa Yachay. Además, los hospitales de Portoviejo, Guasmo Sur, Esmeraldas, Perdernales y Monte Sinaí. Según informes del Servicio de Contratación de Obras, en estas últimas cinco obras hubo sobreprecios de hasta el 100%.

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Sobre los montos, condiciones y términos de los créditos otorgados por el CDB a Ecuador, hay poca información. Sin embargo, un estudio de la organización Latinoamérica Sustentable determina que más de 9 mil millones de dólares colocó en créditos ese banco a Ecuador entre 2005 y 2020. No se sabe con certeza qué proyectos se financiaron con esos recursos, pero sí es claro que ese banco chino no tiene definidos estándares ambientales para evaluar la ejecución de los proyectos que financia.

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CAMC encarga toda la obra a Newglobal  

La construcción de las viviendas arrancó en febrero del 2020. Para el proyecto, CAMC subcontrató a Newglobal, que contaba en su nómina con 900 empleados, aunque parte de ellos aparecían como trabajadores en la nómina de CAMC para disfrazar la subcontratación total, según fuentes de Vivienda.

Así, la firma ecuatoriana empezó la construcción de 2.100 viviendas en 15 localidades rurales del país. El tiempo previsto para terminar los inmuebles fue de nueve meses. Debían estar listas para fines del 2020. Por la construcción de cada vivienda se pagó 19 mil dólares.

Los proyectos están ubicados en Santo Domingo, Pichincha, Cañar, Azuay, El Oro, Guayas, Manabí, Imbabura, Esmeraldas, Loja, Zamora y Los Ríos. Se edificaron en terrenos donados por los gobiernos locales.

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Meses antes de terminar su mandato, el gobierno de Moreno exigió a CAMC contratar más obreros para adelantar los trabajos y responder a los requerimientos del entonces ministro Recalde, quien pedía realizar preinauguraciones. Necesitaba mostrar resultados, a cualquier precio. Entonces la firma china presionó a Newglobal, que aceleró las obras a la espera de los pagos por esos gastos adicionales.

No obstante, en medio de los apuros estalló la crisis. Desde abril de 2021, CAMC dejó de pagar a Newglobal, que tampoco pudo cubrir los salarios de sus empledos y otros subcontratistas. Los 19 proyectos de los tres grupos a cargo de la firma china se paralizaron, causando desconcierto y preocupación entre miles de personas relacionadas directa e indirectamente con las obras.

¿Por qué se frenaron los desembolsos? Para recibir los pagos, los contratistas enviaban todas las planillas del proyecto al administrador del contrato. Este funcionario certificaba que los documentos estaban en orden, con todos los justificativos de los costos por los trabajos realizados, según el cronograma, y remitía un informe favorable al gerente de Casa para Todos, quien a su vez autorizaba el pago, notificando al Ministerio de Economía. Esta cartera se comunicaba con las autoridades del CDB para que finalmente pagaran a CAMC.

Al subcontratar a Newglobal, CAMC no ató los hitos acordados para la construcción de las obras, en tiempo y avance de las construcciones, con las condiciones establecidas en el contrato firmado con Casa Para Todos, explicó el ministro Herrera. Tras detectar que los hitos de cumplimiento no coincidían, el Ministerio de Economía no autorizó los desembolsos y el Banco dejó de pagar a la empresa china, que se quedó sin liquidez.

Asfixiada por la falta de recursos, Newglobal notificó los incumplimientos de CAMC al gerente de Casa Para Todos, Édison Morán, quien no respondió las alertas ni intervino oportunamente para encontrar una solución al conflicto, indicó el hoy titular de la empresa, Andrés Pino.

Las siguientes semanas los pagos no llegaron, obligando a Newglobal a suspender indefinidamente los trabajos.

Uno de los proyectos paralizados está localizado en el cantón Santa Rosa, en El Oro, donde se levantaron 120 casas en obra gris, que no tienen acabados. Incluso fueron invadidas por los trabajadores que antes las construyeron. Los obreros decidieron tomarse el lugar y vivir allí varias semanas, por el incumplimiento en sus pagos.

Aunque las autoridades locales ya los desalojaron, según relata el alcalde de Santa Rosa, Larry Vite, esas viviendas, ubicadas en un terreno de 1,7 hectáreas, registran un 32% de avance.

“A esta obra la han visitado varios ministros. Solo cuando una autoridad llega a verlas, hay cuatro personas que van a barrer el lugar. Conversamos y dialogamos con los funcionarios y el paso a seguir era la reunión con los compañeros en Quito para que puedan retomar esta actividad en territorio. Al menos, en este cantón no se ha cumplido todavía”, dijo Vite.

En el nuevo cronograma, este proyecto estará listo en febrero del próximo año.

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La construcción de las casas en Santa Rosa tiene un avance del 26%

CAMC termina ulitateralmente el contrato

En junio, cuando el problema estalló, el apoderado de CAMC en Ecuador, Tang Gi, comunicó a Newglobal la decisión de terminar el contrato unilateralmente por la suspension de las obras. En su notificación, revisada por Código Vidrio, especificó como causales el abandono de las obras y el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, según los compromisos asumidos en el cronograma de trabajo.

En la notificación enviada a Newglobal y a Casa Para Todos, Tang Di destacó que su empresa podía terminar el contrato cuando se contrapusiera a sus intereses o afectara su equilibrio económico, “sin derecho a reclamo ni indemnización alguna” de la subcontratista.

CAMC asegura que no tiene ninguna deuda con la constructora ecuatoriana, a la cual acusa de haberle perjudicado. Por este motivo le aplicó multas por los retrasos y pidió a Seguros Oriente el pago de las garantías de buen uso de anticipo y fiel cumplimiento del contrato, por 5 millones de dólares.

El 11 de junio, la mandataria de Newglobal, Tatiana Paredes, le respondió a CHINA CAMC, impugnando “la arbitraria notificación de supuestos incumplimientos y terminación unilateral del contrato, basadas en informes técnicos, económicos absurdos e interpretaciones antojadizas y subjetivas”.

En relación al alegado abandono de las obras -agregó- “usted esta en pleno conocimiento de que nosotros no hemos dado ninguna orden de suspensión de trabajos, pues esa fue una decisión de Casa Para Todos. Con un reclamo formal, hago saber a usted que el monto de planillas no pagadas por el incumplimiento de los hitos restó liquidez a Newglobal, por lo tanto exigimos el pago de los valores ejecutados y notificados a sus representantes”.

Tras esas puntualizaciones, Paredes solicitó a Tang Di que se dejaran sin efecto, por improcedentes e ilegales, la notificaciones de terminación unilateral.

Contactamos a la gerente de CAMC, Angela Huang, que no repondió nuestra solicitud de entrevista. Luego llamamos a la abogada de la compañía, Mariling Mejía, quien contestó que no podía pronunciarse sobre las irregularidades y conflictos generados en los proyectos.

También pedimos la versión de Tatiana Paredes, apoderada de Newglobal, pero prefirió no pronunciarse.

Seis meses de paralización

El gerente de Casa Para Todos, Andrés Pino, informó que la construcción de las 2.095 casas a cargo de CAMC se reinició el mes pasado, una vez que CAMC terminó su relación con Newglobal y retomó los trabajos con su propio personal, comprometiéndose a no rebasar el 30% de subcontratación.

“Estos dos últimos meses hemos puesto la casa en orden, recorrimos el 80% de los proyectos y encontramos los mayores problemas en Santo Domingo, Santa Rosa y Arenillas. Si bien no hay daños estructurales, las viviendas están deterioradas (vidrios rotos, puertas dañadas) y abandonadas; debimos resolver conatos de invasiones”.

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Los proyectos de Arenillas, Déleg y Mácara

En estas tres zonas CAMC tiene a su cargo la edificación de 470 viviendas, pero los avances son menores al 43%, y en el caso de Santo Domingo debían estar terminadas en agosto pasado.

Tras la llegada del nuevo gobierno, los funcionarios constataron que en la Gerencia de Casa Para Todos ni siquiera tenían una matriz de control de los avances de las obras. La información que proporcionó el anterior gerente era ambigua, tampoco pudo justificar porqué no aplicaron multas ni sanciones por los incumplimientos de CAMC ni las negligencias del administrador y el silencio de los fiscalizadores.

Incluso, el nuevo gerente encontró en su despacho la notificación que envió Newglobal informando la falta de pagos de CAMC. “Mi antecesor no hizo nada con esa notificación, que yo sepa. Pedí una respuesta a CAMC y se limitó a responder que había terminado su relación contractual con esa constructora”.

“Cuando llegamos Casa Para Todos estaba desmantelada, desarticulada, operaba totalmente desvinculada de los 221 GADS, sin políticas ni un plan estratégico”, destacó el ministro Herrera.

“Hemos estado a punto de acudir a nivel diplomático para solucionar los incumplimientos de CAMC; debimos cambiar estructuras que no funcionaban, era un esquema diseñado para que el entonces ministro decidiera todo, ese modelo era ideal para abrir grietas de corrupción”.

Bajo este esquema, por ejemplo, los fiscalizadores son juez y parte, ya que al mismo tiempo son funcionarios de Casa Para Todos. En por eso que el régimen decidió que en adelante los fiscalizadores serán contratados en el sector privado.

Altos ejecutivos de CAMC apagan el incendio

Desde octubre, los representantes internacionales de CAMC han llegado al país para mantener reuniones con el Ministro de Vivienda y el Gerente de Casa Para Todos y analizar todos los incumplimientos de los trabajos. En las citas, los delegados del gobierno chino se comprometieron a terminar los proyectos, pero buscan que las autoridades ecuatorianas no les impongan más multas por los retrasos o que su cuantía no sea alta. Tanto el Ministro como el Gerente dijeron que todos los retrasos serán penalizados, de acuerdo al contrato.

Por los incumplimientos, hasta octubre la empresa china recibió cinco multas por 1,5 millones de dólares. Cinco fiscalizadores, de los 20 que auditan todos los proyectos, fueron despedidos, así como el administrador del contrato que fue reemplazado.

¿Pero hay indicios de corrupción en la anterior administración?
“Es probable, pero eso debe investigar y confirmar la Contraloría. Yo puedo determinar omisión o falta de funciones, puedo cambiar a los fiscalizadores y pedirles la renuncia, pero no puedo entrar en el campo penal, sin contar con el examen de los auditores”, explica Pino.

Para retomar la marcha de todos los proyectos, se agilitaron los desembolsos del Banco de Desarrollo a CAMC, que se han ejecutado en un 90%, más de 85 millones de dólares.

Hasta el momento, las empresas Shandong y Sumec registran avances de cumplimiento de más de 70%, en promedio, y están dentro de los cronogramas de los contratos. Tienen a su cargo la construcción de 2.513 casas.

Desde este mes está prevista la entrega de las primeras 682 viviendas del proyecto financiado por China.

Al inicio de su administración, Lenin Moreno ofreció edificar 325.000 casas, pero en el camino la cifra se fue desplomando. Para el 2019 el plan cambió y ofreció invertir 1.700 millones de dólares para construir 220.000 casas subvencionadas total o parcialmente por el Estado.

Finalmente, al dejar el poder, Moreno se refirió a la construcción de 159.000 viviendas, aunque no aclaró si estaban concluidas o en ejecución. Solo aseguró que en ese total consolidado se incluían casas entregadas, contratadas y programadas.

Los datos del actual Gobierno difieren de esas cifras. Según sus informes, solo 10.000 viviendas contratadas por el anterior gobierno están en construcción.

*Este proyecto periodístico fue financiado por una beca de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

En el año y medio largo de convivencia con la covid-19, la clase media ha perdido la calidad de vida y el bienestar alcanzados con años de sacrificio. Las mujeres se vieron sobrecargadas de trabajo y violentadas en el encierro; la salud mental se deterioró; los pacientes no covid fueron víctimas de cierres intempestivos y prolongados de servicios sanitarios, y los trabajadores tuvieron que rebuscarse la manera de mantener los ingresos tras los despidos. Este especial colaborativo elaborado por un equipo de periodistas de nueve países -incluido Ecuador- y siete medios de comunicación reconstruye historias atravesadas por el sufrimiento a partir de testimonios de los protagonistas y de voces de expertos de las principales ciudades suramericanas.

En menos de tres meses, Marco Navarro pasó de gerenciar una agencia de comunicación y publicidad a criar pollos y sembrar hortalizas en el patio de su casa en Cuenca para pagar la hipoteca y el colegio privado de sus hijos y mantener el hogar. También empezó a padecer episodios recurrentes de insomnio, aunque no sabe si son producto de las preocupaciones económicas por la quiebra de la empresa o una secuela de la covid que afectó a su familia.

La pandemia borró la bonanza de años anteriores con cuyas ganancias compró a crédito la vivienda de sus sueños, que incluye un espacio amplio para que los niños jueguen, un jardín pequeño y árboles frutales al costado. Por la crisis, del presupuesto se eliminaron las vacaciones, la ropa nueva, los juguetes, el gimnasio y las reparaciones del vehículo. El carrito del mercado también se enflaqueció; ya no tiene golosinas ni productos que no sean indispensables. Pero gracias a la amplitud del terreno, Marco y Carmen, su esposa, montaron la huerta y el gallinero y aunque no les sobra nada, él dice que “al menos comida no falta”. Ahora él está arrancando de nuevo en un trabajo que consiguió después de un año, pero sigue durmiendo mal. Las heridas dejadas por la crisis siguen abiertas y les falta tiempo para cicatrizar.

No hay duda de que la covid golpeó con mayor fuerza a los más pobres, pero también es cierto —y poco se ha escrito sobre ello— que la crisis social y económica aparejada a ella provocó una caída sin precedentes en la calidad de vida y el bienestar de las clases medias latinoamericanas. Diversas entidades ya habían registrado un estancamiento en los avances socioeconómicos en los cinco años previos. Pero la pandemia aceleró el deterioro hasta el punto de que el Banco Mundial estima que durante el primer año los países retrocedieron dos décadas en reducción de la pobreza y equidad. Según el organismo, entre 2019 y 2020, la clase media se contrajo de 38,4 a 37,3 por ciento, una merma que contrasta con 2018, cuando por primera vez el número de hogares en este estrato superaba el de hogares en situación de pobreza o de vulnerabilidad.

Describir la clase media es complejo. Es una franja amplia donde caben desde obreros calificados que ganan salarios cercanos al mínimo decretado en sus países, que no pasan hambre, tienen techo y servicios básicos, hasta profesionales acomodados con acceso a créditos bancarios, seguros médicos particulares, posibilidades de viajar y capacidad de ahorro. El Banco Mundial sitúa en esa zona a quienes devengan entre 13 y 70 dólares diarios.

Ese sector de ingresos heterogéneos es un soporte importante de la economía: aporta fuerza de trabajo al sistema productivo, paga impuestos y, sobre todo, sostiene y dinamiza el consumo gracias a su capacidad de gasto. Por eso, cualquier afectación en el campo económico y el cierre de empresas —podría llegar al 20 por ciento según la estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal— repercuten en hogares como el de la familia Navarro. La caída en sus ingresos amenaza con ampliar la brecha de desigualdad y la precarización laboral.

La clase media es también un indicador de progreso y avances en equidad y ejercicio de los derechos humanos. En la medida en que las personas se consolidan en ese segmento de la pirámide socioeconómica, son más educadas, con mayores posibilidades de decidir y de tener empleos calificados. Así contribuyen a pasar de ser sociedades basadas en la producción de bienes primarios, en las industrias extractivas, con poca cualificación de la masa laboral, a ser sociedades basadas en el conocimiento.

Aunque la pandemia afectó a todos los estratos sociales, la situación de la clase media es más difícil que la de los extremos de la pirámide, pues aunque la benefician algunas medidas estatales, estas han sido insuficientes. Al estar en el centro, sus integrantes no son tan pobres como para recibir ayudas directas —sobre todo transferencias monetarias o subsidios en servicios públicos—. Muchos tampoco son tan ricos ni están inscritos en el sector formal de la economía como para acogerse a las medidas de apoyo a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. De hecho, 54,4 por ciento de sus trabajadores son informales, según el Banco Mundial. Esto significa que ante una calamidad carecen de seguro de desempleo o médico o de recursos en los fondos de pensiones. Los ahorros apenas duran unos meses. Deben hacer malabares para subsistir.

Un equipo periodístico regional de nueve países y siete medios de comunicación elaboraron un especial colaborativo Cicatrices de la pandemia que da testimonio de cómo millones de personas de la clase media se han adaptado a las realidades impuestas por las cuarentenas severas del comienzo y a las restricciones posteriores. En algunos casos reflejan su tránsito a las estadísticas donde se inscriben los más vulnerables. Los nuevos pobres de la región.

Las proyecciones del Banco Mundial y de la Cepal coinciden en que durante el primer año de la pandemia cerca de 22 millones de latinoamericanos dejaron de ser clase media y pasaron a ser vulnerables o definitivamente pobres. Sin embargo, el Banco Mundial precisa que, al mismo tiempo, 17 millones de personas llegaron a los estratos medios, sobre todo por el programa de transferencias masivas y temporales entregadas por el Gobierno de Brasil. Es decir, en 2020 la caída neta fue de 4,7 millones de individuos.

Esa movilidad social descendente obedece en buena parte a la pérdida de empleos que, según los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2020 afectó a 26 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe. Otros disminuyeron sus ingresos porque les cambiaron las condiciones laborales o pasaron del sector formal al informal y, por ejemplo, empezaron a trabajar por cuenta propia.

A comienzos de 2021, por primera vez en su vida, el chileno Rodrigo Salinas,  profesor de inglés de 44 años, se inscribió al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un programa gubernamental mediante el cual una familia de cuatro personas como la suya recibe 620 dólares mensuales. La suma dista mucho de los 1.800 dólares que ganaba en 2019, pero su ingreso había caído a cero, carecía de trabajo estable y se había gastado los tres retiros de su ahorro pensional autorizados.

El año pasado, su esposa, que trabaja en ventas, fue suspendida durante seis meses antes de que le cancelaran el contrato. Durante ese lapso, ella misma se pagó el salario con el seguro de cesantía. La pareja también se acogió a la norma que postergó el pago de la cuota del crédito hipotecario. Ella ya consiguió empleo, con menor sueldo, y él hace carreras en su automóvil con la aplicación de transporte DiDi. Ahora temen por su futuro. Los auxilios financieros están a punto de terminar.

En contraste, algunos recibieron el impulso que necesitaban para despegar. En Argentina, el profesor de economía Pedro Dhers y su esposa, Mechi, se sorprendieron al ver cómo la gente requería los servicios de la empresa de decoración de interiores que ella había fundado cuando quedó cesante en 2019. La pandemia llegó cuando tenía seis o siete meses de experimentación y apenas estaban conociendo a los clientes. “En marzo de 2020 teníamos incertidumbre de qué iba a pasar y, contrario a lo que nos imaginábamos por un entorno de desempleo, de pymes cerradas, de poco consumo, nos empezó a ir bien —cuenta el docente—. Al estar todo el mundo en sus casas, muchos empezaron a decir ‘ok este va a ser mi lugar de trabajo y de vida durante vaya uno a saber cuánto tiempo’ y decidieron hacer cambios”.

En un sector bien distinto pero muy golpeado, como el del turismo y el entretenimiento, las ayudas también provinieron de la gente. Zaperoco, conocido en Cali, Colombia, como el templo de la salsa, se sostuvo durante poco más de un año sin recibir clientes ni ayudas del Gobierno con aportes de sus seguidores y ventas de camisetas e instrumentos musicales. Pero el 8 de abril de 2021 el lugar que vio nacer al famoso Grupo Niche y a la Orquesta Guayacán no aguantó más y cerró sus puertas tras 27 años de funcionamiento. Tres meses después, reabrió gracias al “diezmo” de los fieles de la salsa.

Las estadísticas muestran que dentro de los miles de personas que quedaron en la cuerda floja en materia laboral las más impactadas son las mujeres: la empleabilidad femenina retrocedió más de una década de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Además, 15,4 por ciento salieron del mercado de trabajo frente a 11,8 por ciento de los hombres, según el informe “Panorama social de América Latina 2020” de la Cepal.

Macarena Castañeda fue madre en enero de 2020, antes de que se registrara oficialmente el primer caso de covid en Chile. Se vio obligada a retornar a casa de sus padres, junto a su pareja, pues ambos perdieron su empleo en medio de la pandemia. Pasó el encierro amamantando mientras se conectaba a clases de sus estudios de posgrado. Buscó trabajos esporádicos, pero debió recurrir a sus ahorros para la jubilación para mantenerse: “Todo se ha ido en pagar deudas y cubrir los gastos de la niña”, dice. Hoy, tras pasar dos largas olas de covid con su familia, se prepara junto a su pareja para allegar en casa de su suegra, ya que el encierro y la crisis han complicado la convivencia con sus papás y aún no les alcanza para independizarse.

Lo más grave en el ámbito laboral, sin embargo, no es perder el empleo, sino la sobrecarga de trabajo que significó el encierro. La sociedad ha normalizado que los hombres son los proveedores y que su ámbito es externo, mientras que las mujeres se deben a lo privado y al cuidado de los niños y los mayores. Esa labor extenuante no es remunerada y las obliga a doblarse aun sin estar bien preparadas. “No es lo mismo ser enfermera a ser prácticamente maestra de preescolar. Fue un cambio muy brusco”, relata Nélida Leiva, una enfermera venezolana que tenía que hacer tareas con sus hijas al llegar de los turnos de 24 horas en el hospital. Ella, sin embargo, considera que, aunque el hombre es la parte fuerte de la casa, “la mujer es la que edifica un hogar”, debe mantener el orden y por eso tiene que trabajar más.

La situación también es más dramática porque la pandemia las obligó a encerrarse en las casas y las expuso a mayores niveles de violencia de género que, a veces, terminan en feminicidios. Según el informe de Naciones Unidas de 2020 “Las repercusiones de la COVID-19 en las mujeres y niñas”, las agresiones contra ellas crecieron 25 por ciento en los países que llevan registros —algunos ni siquiera la separan de otros tipos de violencia y revuelven las cifras con las de riñas, inseguridad o accidentes de tránsito—. Es más, a menudo las autoridades subestiman las denuncias como le ocurrió a una instructora de zumba paraguaya, víctima de los celos y reclamos de su pareja que llegó al maltrato físico y psicológico. “Ah, violencia psicológica no más” le respondieron cuando acudió a interponer la denuncia.Como si no bastara, al separarse perdió la custodia de sus hijos menores que la presionan para que regrese con el agresor.

Las mujeres, por supuesto, no son las únicas arrinconadas por la convivencia 24 horas con las mismas personas, la falta de contacto con amigos o compañeros o la incertidumbre sobre el futuro. Sin distingo de género o edad, las pérdidas económicas, las alteraciones de las rutinas y la soledad pasaron una abultada factura en la salud mental y física que aún no se ha saldado. Algunos de sus efectos solo se conocerán dentro de años, cuando aparezcan las secuelas del estrés y la ansiedad que en algunos casos condujeron a depresiones profundas como la que experimentó Clara Scalise en Argentina. “Estaba tirada en mi cama, dormía todo el día. Pasaba de comerme todo a no poder comer. Lloraba desconsoladamente, sin saber por qué” cuenta desde Buenos Aires, donde, después de un tratamiento con antidepresivos, poco a poco ha retornado a la vida social, pero admite que todavía le cuesta relacionarse con los demás.

Para otros, la factura llegó en forma de interrupciones de tratamientos médicos, en postergación de cirugías necesarias, aunque no vitales, o en dosis reducidas de los medicamentos ante la imposibilidad de conseguirlos o de costearlos. Para tratar de contrarrestar el daño, la telemedicina se ha erigido como una alternativa, pero no acaba de convencer a los pacientes ni a los médicos porque por su carácter lejano no puede remplazar la presencialidad.

“Fue un calvario tener cáncer en plena pandemia” relata la paraguaya María Estela Galeano, al recordar que debido a que el hospital donde la atendían se destinó solo a pacientes covid, ella tenía que acudir a un lugar para practicarse los exámenes y a otro para someterse a la quimioterapia. “En ese transcurso me agarró coronavirus. Fue leve y logré superarlo”, agrega. Muchas compañeras de enfermedad ni siquiera recibieron atención. “Ahora están con metástasis porque interrumpieron los tratamientos. Por algo los médicos dicen que el tratamiento de cáncer debe ser a tiempo y en forma”, resume esta mujer que fue diagnosticada con cáncer de mama hace tres años.

Los primeros informes de organismos multilaterales especializados indican que tomará décadas que los países de Latinoamérica y el Caribe vuelvan a exhibir los niveles de empleo y consumo que fueron pulverizados por la covid. Parte del éxito dependerá de la rapidez y eficiencia en los programas de vacunación, cuyos resultados son muy dispares. En el informe “The gradual rise and rapid decline of the middle class of Latin America and the Caribeean”, publicado en mayo de 2021, el Banco Mundial señala que uno de los mayores desafíos es garantizar la disponibilidad de las vacunas y convencer a la población reacia a vacunarse. Agrega que solo Chile había reportado progreso significativo (49 dosis administradas por cada 100 habitantes), mientras que en otros los resultados eran muy pobres (entre 1 y 13 dosis administradas por cada 100 personas).

Humberto Castillo Martell, director del Instituto Nacional de Salud Mental de Perú, resume lo vivido por la clase media en la pandemia: “Las personas que estaban teniendo un buen nivel de vida de pronto se vieron afectadas por estas grandes pérdidas de trabajo, de seres queridos, por el encierro y la soledad. En ese proceso se genera mucho sufrimiento porque requiere volver a adaptarse, volver a recuperar su seguridad, lo cual es ciertamente difícil”.

La recuperación ya está en marcha. Los peores días empiezan a quedar atrás, las economías se abren cada vez más y el empleo está repuntando. Pero las heridas apenas se están cerrando. Falta mucho para que cicatricen y dejen de doler.

Vea el especial completo Cicatrices de la pandemia en este enlace.

Cicatrices de la pandemia es un trabajo impulsado desde la alianza editorial entre SembraMedia y ARCO en el marco de Velocidad. Tuvo el apoyo del ICFJ y Luminate. Investigación realizada por Ciper, El Pitazo, El Surti, Red/Acción, Ponte Jornalismo, Posta Podcast (Argentina) y CONNECTAS.

Guillermo Oglietti, subdirector de Celag, creó una sociedad offshore en Uruguay, en diciembre de 2017. Desde ahí transfirió 400 mil euros, unos 500 mil dólares, a la empresa UC Global, para cubrir el costo de la seguridad del expresidente Rafael Correa y su familia en Bélgica, por un año. Correa nunca ha querido revelar el nombre de la empresa, solo aseguró al diario Página 12 que era “sin fines de lucro”. Oglietti fue parte del gobierno de la revolución ciudadana: entre 2015 y 2018 recibió una beca Prometeo, trabajó en el Ministerio de lo Laboral y en el SRI. Es un economista argentino de izquierda populista que creó la empresa Celag en 2014 y la consultora Neurona, que tiene relaciones con Podemos, en España. Ni Correa ni Oglietti respondieron a nuestras peticiones de entrevista. El tema cobra actualidad, a propósito de la difusión de los Pandora Papers, que empezaron a publicarse desde este domingo.  

Redacción Código Vidrio

El expresidente Rafael Correa y el argentino Guillermo Oglietti tienen muchas cosas en común. No solo proclaman las bondades del Socialismo del Siglo XXI y son parte del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), sino que tejieron una estrecha relación de favores económicos.

En el discurso, ambos son feroces críticos de los paraísos fiscales y las empresas offshore, como símbolos del neoliberalismo global que incentiva la evasión tributaria y el  secretismo de empresas en todo el planeta. Incluso, en 2016, luego de que varios de sus funcionarios aparecieran con firmas en paraísos fiscales, en la investigación de Panama Papers, Correa reaccionó indignado e impulsó una consulta popular, que aprobó la prohibición de que autoridades públicas o de elección popular tuvieran inversiones o bienes en paraísos fiscales o empresas offshore, so pena de sufrir consecuencias legales.

Hasta ahí el discurso. En la práctica, Correa y Oglietti no tienen reparos en aprovechar el mecanismo de creación de firmas offshore por conveniencia mutua.

El primer capítulo de esta historia se remonta a mayo de 2017, cuando Correa estaba a pocos días de dejar el poder. Entonces firmó un decreto para que el gobierno ecuatoriano cubriera, una vez fuera del Palacio, los gastos de su seguridad y de su familia en Bélgica y Francia, por un período de hasta un año, que se podía extender.

Así, en junio de 2017 la administración de Lenin Moreno contrató a la empresa UC Global para que diera protección y vigilancia a Correa, su esposa y tres hijos. La misma empresa había protegido a las hijas del exmandatario, entre 2014 y 2017, en Francia y estuvo a cargo de la seguridad de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres.

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El contrato de Oglietti con UC Global

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Para la seguridad de la familia Correa-Malherbe el dispositivo implicaba el uso de 4 vehículos, 4 conductores y 5 agentes (2 solo para Correa). Esto quedó consignado en el contrato firmado por el entonces jefe del Servicio de Protección Presidencial (SPP), brigadier Ricardo Brito y Morales y David Morales. El costo por este servicio fue de 1 millón 140 mil dólares por un año, $95.000 mensuales.

Entre 2017 y 2018, los tres agentes de UC Global acompañaban a Correa en todos sus desplazamientos a otros países europeos.

En mayo de 2018, cuando se cumplió un año del contrato, el gobierno de Moreno decidió dejar de pagar la seguridad de Correa y su familia a Global. El antecendente fue la ruptura entre ambos, meses atrás.

No obstante, Correa resolvió seguir contando con UC Global para su vigilancia y protección y la de su familia. Para cubrir esos gastos acudió a su amigo y excolaborador durante su gobierno, Guillermo Oglietti.

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Constitución de Cruper en Uruguay

Documento que certifica la primera transferencia de 200 mil euros, desde Cruper hacia las cuentas de UC Global, en Madrid, España.

 

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El argentino es economista, subdirector de Celag, que creó como empresa en 2014 en Quito, y recibía apoyo financiero del régimen. El centro de pensamiento forma parte del eje regional de la difusión político-ideológica a favor del correísmo y de líderes populistas del socialismo latinoamericano y español.

Precisamente, Oglietti fue uno de los fieles devotos de la revolución ciudadana, en cuyo gobierno despegó como un becario Prometeo. En este programa ganó durante un año (2015-2016) un mensual de 4.630 dólares, según los registros de la Secretaría de Educación Superior. Recibió 58.993 dólares por investigaciones en ciencias sociales, periodismo e información, todo proveniente de fondos públicos.

En ese mismo período, el argentino fue director del Centro de Estudios del Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales. Luego fue contratado como asesor, de escala 2, en el Servicio de Rentas Internas, con un sueldo superior a los 3.000 dólares.

Estuvo en Ecuador de manera permanente entre 2015 y 2018. En este período realizó unos 12 viajes a Venezuela, según registros migratorios que revisamos. Fuentes del gobierno estiman que Oglietti era uno de los  enlaces entre Correa y el gobierno de Maduro.

Entre el 19 y el 26 de junio de 2019 estuvo por última vez en en Quito y luego voló a Córdoba, Argentina, donde al parecer reside actualmente.

Precisamente su última estadía en este país coincidió con los días en que Correa y su familia dejaron de contar con la subvención económica del gobierno para tener la seguridad de UC Global en Bélgica. El 1 de junio de 2018, Oglietti firmó, como director de la firma Cruper S.A. un contrato con David Morales, administrador de la compañía de seguridad.

Cruper es una offshore domiciliada en Montevideo, Uruguay. Es una ciudad muy apreciada por inversionistas que buscan exenciones tributarias y reserva de las operaciones financieras que realizan. Estas firmas son creadas con mucha facilidad en ese país, que garantiza el ingreso y salida de capitales, que pueden, o no, provenir de fuentes ilícitas. Son, en muchos casos, empresas de pantalla para encubrir todo tipo de operaciones.

La sociedad de Oglietti se creó en diciembre del 2017 y está domiciliada en Colonia 981-305. Cuatro meses más tarde, el 4 de abril de 2018, él fue nombrado director. Como principal directivo de la firma concretó el contrato con Morales por pedido y sugerencia de Correa.

La operación con Cruper, según confirmó Morales, fue recomendada por Correa, que dejó sentada la necesidad de la renovación con Global en varios correos electrónicos. Este intercambio de mensajes se ha presentado como prueba en la justicia española, dentro de una demanda contra Morales que le planteó el exmandatario fugitivo en Bélgica.

Por el año de servicio, desde Cruper se hicieron varios pagos, según Morales. En total, Oglietti transfirió 400 mil euros, unos 500 mil dólares a Global. El primer desembolso, por 200 mil euros, se traspasó el 5 de julio de 2018, desde el banco Bandes Uruguay S.A. al Novo Banco, SA de Lisboa, Portugal, y de ahí a la cuenta de UC Global en el Banco Santander-Madrid. El segundo abono llegó el siguiente año.

En una entrevista con el diario argentino Página 12, publicada en octubre de 2018 https://www.pagina12.com.ar/149253-quieren-exterminar-a-la-izquierda-con-vocacion-de-poder, Correa dijo que la protección que recibía era básica, “gente desarmada, necesito tener al menos un chofer que sepa conducir en caso de emergencia. Lo paga una institución. No puedo decir cuál. La discusión en Ecuador es tan tonta que dicen ´¿si es tan popular para qué necesita protección?´ Pero además de eso, suponiendo que no tenga ningún enemigo personal, que es imposible, tengo secretos de Estado”. Y al ser consultado sobre si la empresa que pagaba por su seguridad era privada o pública respondió: “Es, digamos, sin fines de lucro”.

Morales contó que el pago desde la offshore uruguaya cubría la vigilancia de Correa, que mantenía un equipo de tres agentes, con quienes se movilizaba en un jeep Range Rover, y otro vehículo para su esposa y su hijo menor en Bélgica. También eran vigiladas las hijas del exmandatario solo si estaban en ese país, o cuando toda la familia se trasladaba a Francia.

En mayo de 2018, Correa decidió desistir de la contratación con UC Global, pero inicialmente empleó los servicios de dos agentes que le brindan seguridad todo el tiempo, en sus desplazamientos dentro y fuera de Bélgica. Uno de ellos es el español Ernesto Ruiz, que lo ha acompañado en todos sus viajes, incluidos los que ha realizado a México, Venezuela y España. Cubrir estos gastos implica un pago aproximado de 10.000 euros mensuales, por cada uno, además de los gastos por pasajes y hoteles.

Buscamos la versión de Oglietti en Celag, desde  la semana pasada, pero no respondió a nuestras inquietudes. También contactamos a Amuari Chamorro, para tener un pronunciamiento de Correa, que tampoco contestó.

Oglietti, un inquieto empresario

“En nuestra latinoamérica existen dos estrategias favoritas muy nocivas para aumentar la rentabilidad del capital. La más visible es la evasión de capitales al exterior vía fuga. Las ganancias siempre se trasladan artificialmente hacia destinos tributariamente más benévolos”, escribía Guillermo Oglietti en el 2014, en un ensayo para Celag.

Desde este centro una de las líneas sostenidas de todos los personajes políticos y académicos que exponen y escriben artículos y ensayos es la crítica al neoliberalismo y algunas de sus prácticas, como el fomento de las offshore y los paraísos fiscales.

Aunque el Servicio de Rentas Internas (SRI) no incluye a Uruguay en su lista de paraísos fiscales, la Unión Europea ha observado en varias ocasiones a ese país por la facilidad para crear en su territorio sociedades privadas de papel, donde fluyen fácilmente fuertes capitales, provenientes de operaciones que buscan mantenerse anónimas. Es considerado un lugar seguro para el lavado de dinero.

Oglietti no solo aplicó sus conocimientos en economía en el campo académico sino que se convirtió en un intrépido empresario. En Quito creó Celag y la consultoría Neurona, empresas vinculadas con los mayores representantes del Socialismo del Siglo XII y de la izquierda de Sudamérica y España.

En 2014 se asoció con sus colegas prometeos Sergio Martín Carrillo y  Alfredo Serrano Mancilla para crear Celag. El centro tiene en su consejo consultivo a Correa, el boliviano Álvaro García Linera, el brasileño Emir Sader, el colombiano Gustavo Petro, y el español Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, que cogobierna en España.

Oglietti es el mayor accionista de Celag, luego de que en 2019 Mauro Andino le cediera el 25 por ciento de su paquete accionarial. Él siempre fue su director y con ese cargo contrató a Correa para que fuera profesor y asesor político. El nexo laboral arrancó en el 2018: el exmandatario fue el encargado de la “preparación, elaboración y dictado de charlas académicas”, por un pago mensual de 8.000 dólares.

El contrato siguió y, según Correa, hasta el momento es editor de su revista política y económica. Su sueldo se desconoce, pero es parte de sus ingresos junto a su trabajo como entrevistador en Russia Today, el canal financiado por el gobierno de Vladimir Putin, asesor y conferencista, cuyos montos ha mantenido en reserva.

Celag declaró en cero el pago de tributos en 2018 y 2019 al SRI. En 2017 pagó 22.534 dólares, mientras en 2016 fueron de 4.064.

Con la consultora Neurona, Oglietti buscaba entrar con todo a la difusión de publicidad y propaganda en las campañas electorales. En noviembre del 2016, el argentino creó esta empresa junto a la mexicana Andrea López, justo antes de la campaña presidencial que ganó Lenin Moreno.

El 2017 fue el mejor año para esa empresa, que pagó como Impuesto a la Renta 11.680 dólares y 3.925 por impuesto a la salida de divisas. En 2018 y 2019 declaró cero al SRI. Por eso, posiblemente Oglietti transfirió sus acciones al mexicano César Hernández Paredes.

Hernández es investigado por recibir fondos de Podemos, provenientes del estado español para su campaña electoral, para elaborar productos comunicacionales a través de Neurona.

El pasado 8 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia cerró formalmente el expediente, ratificando la culpabilidad de Patricio Toscano y de su colega Carlos Hurtado, por la muerte de Yadira Cáceres. Los dos galenos también fueron condenados por el fallecimiento de Michelle Cobo, pero interpusieron un último recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional. En ambos casos fueron condenados por mala práctica profesional.

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Andrés Paz está agobiado. Por más de seis años busca que la muerte de su esposa Yadira Cáceres no quede impune. Aunque logró una victoria en el área penal, en las cortes civiles está atrapado en un laberinto.

A mediados del 2015, Cáceres confió en la fama del médico Patricio Toscano, quien difundía sus servicios de cirujano plástico en redes sociales y medios de comunicación. Ella tenía 39 años y un hijo. Durante la investigación de su muerte, la Fiscalía encontró pruebas sólidas de una mala práctica profesional. Una está recogida en un video, en el cual se puede observar que los médicos jugaban y bromeaban en medio de la intervención, en la cual sufrió la perforación de su hígado.

El pasado 8 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia cerró formalmente el expediente, ratificando la culpabilidad de Patricio Toscano y de su colega Carlos Hurtado. Los dos son los primeros galenos sentenciados por mala práctica profesional, bajo normativas del Código Penal del 2014.

Fue el último recurso que podía presentar la defensa de los acusados. Perdieron en todas las instancias judiciales. Y en 2019 la  jueza constitucional Carmen Corral también negó su acción extraordinaria de protección.

Dos años después, los magistrados de la Corte Nacional, Byron Guillen, Fernando Loaysa y Esteban Cárdenas, ratificaron la sentencia, prohibieron a los médicos volver a trabajar y los condenaron a pagar una indemnización de 135.448 dólares.

Para recibir ese dinero debió iniciar otra demanda en el campo civil, que se convirtió en un nuevo calvario para Paz. “Aún falta la reparación integral que hasta el momento no se hacen responsables, ya se puede imaginar cómo me siento”.

Él tuvo que contratar peritos, pagar la movilización de policías, fotocopiar documentos y otras ayudas para que los judiciales no tengan justificación para demorar sus decisiones. Sin embargo, las dilaciones son constantes, sus oficios desaparecen entre las pilas de carpetas de los secretarios.

Paz dijo que que en los años que tomó el litigio ha gastado 90.000 dólares. Pero pese a que la justicia falló a su favor está frustrado. “Las leyes del Ecuador son muy frágiles en verdad. Pero bueno hay que seguir presionando, no me queda más”, relató a este portal.

Él no quiso llegar a un acuerdo económico, que los acusados le pedían con insistencia para evitar la condena. “Lo único que busco es justicia, mi esposa no fue la única víctima de Toscano y Hurtado.

Otra condena por la muerte de Michelle Cobo

Los padres de la joven Michelle Cobo también llevan cinco años buscando que termine el tortuoso juicio que cofirmó en varias instacias judiciales que hubo mala práctica profesional. Ella falleció a mediados del 2016 en la Clínica San Gabriel. También confió en Toscano.

En junio del 2020, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional condenó a Toscano y Hurtado a cumplir una condena de seis años de prisión. Es la máxima sanción contemplada para la reincidencia en casos de mala práctica profesional.  En su decisión también condenaron a María Eugenia Muñoz, ex gerenta de la Clínica, a tres años de prisión.

Los tres sentenciados acudieron a la Corte Constitucional para tratar de sortear esta decisión, por una supuesta vulneración de sus derechos. El caso está en trámite desde diciembre del año pasado. La última diligencia fue en abril, cuando la Sala de Admisibilidad aceptó los recursos de Toscano, Hurtado y Muñoz.

Desde entonces, el trámite sigue en estudio. Hasta que se tome una decisión, la Policía mantiene en suspenso la orden de búsqueda y captura en contra de los médicos y la abogada.

Los sentenciados y sus defensas afirman que no hubo negligencia ni mala práctica, por lo cual acudirán a cualquier instancia para defender sus derechos.

 

Tuvo la Alcaldía de Quito a sus pies. Por ser hijo del Alcalde, Sebastián Yunda Yunda accedió a información reservada y privilegiada. Se benefició de auspicios y contratos para su banda musical. Usó la infraestructura pública y el personal del Municipio para sus fines particulares. Direccionó concursos y contratos…

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Eso se concluye, no solo de la lectura de los chats extraídos del celular de Sebastián, el Baby Yunda, sino de los informes periciales, reportes financieros y versiones recogidas dentro de la instrucción fiscal que dirige la fiscal Mónica Tirado. Son piezas que encajan, según pudimos corroborar en nuestra propia verificación.

Pese a todos los indicios, ayer, lunes 20 de septiembre, el juez Máximo Ortega no dispuso la prisión preventiva del hijo del Alcalde, solicitada por la fiscal. En cambio, sí acogió el pedido de prisión contra otro miembro del clan Yunda, César, tío de Sebastián, que en los chats está registrado como Cesario. Los dos familiares del Alcalde removido están fuera del país, según Interpol. Cesario, en México y Sebastián, en Bolivia.

Una versión es clave para entender cómo operó este esquema, que para la fiscal Tirado configura una posible asociación ilícita, aunque no se descarta el tráfico de influencias.

Se trata del testimonio de quien fue la asesora del despacho del Alcalde, Cinthya Puga Flores. Ella rindió su versión ante la Fiscalía, la semana pasada.

Su experiencia como periodista, relacionadora pública y organizadora de eventos le permitió apoyar al Alcalde de Quito, Jorge Yunda, apenas fue electo, a fines de marzo de 2019. Entonces la contrató como funcionaria pública.

Hasta mediados de mayo, cuando Yunda se posesionó del cargo, transcurrió un período de transición. En ese lapso, Puga contó que en ese lapso atendía hasta 200 llamadas diarias para el Alcalde electo.

El 2 de abril de ese año, antes de la posesión del Edil, conoció a su hijo, Sebastián Yunda Yunda. “La cercanía con Sebastián viene desde la transición porque él ya identifica en mí un potencial para ayudarle en su carrera artística, ya que por mi amplia experiencia en relaciones públicas (…) tengo una amplia base de contactos y de amistades privadas, esa información privada mía es la que se le comparte a Sebastián Yunda Yunda”.

Según Puga, apoyó al hijo del Alcalde por un tema humano; sin interés económico de por medio y sin usar el aparataje del Cabildo para esas gestiones.

La comunicadora dijo que los partes policiales y la prensa sacaron de contexto ciertas conversaciones que mantuvo, vía chat de celular, con el hijo de quien a la época era su jefe. Pero las evidencias la contradicen.

Contradicciones

Las gestiones fueron a tiempo completo para que la banda viajara a Estados Unidos. Puga declaró que el grupo musical 4am, del cual Sebastián Yunda Yunda forma parte, intentaba realizar una gira en Estados Unidos y que ella se limitó a ayudar a sus miembros con los trámites para que obtuvieran la visa. “Ellos hicieron los trámites normales para sacar la visa, en ningún momento se utilizaron bienes ni fondos municipales para tales fines, son netamente la colaboración al hijo de mi jefe, que desde el lado humano se dio una ayuda intercambiando estos contactos privados”.

A uno de los miembros de la banda, inclusive, le puso “a cambio” (le prestó) el dinero “netamente” para que pudiera sacar la cita. Y que el viaje no se concretó, porque la embajada negó la visa. Ella afirmó que compartió su número de cuenta bancaria para que le repusieran el valor del trámite del visado, no como pago de una comisión.

Lo que la exfuncionaria no contó consta en estos chats:

1. Sebastián Yunda se enteró de la invitación al viaje a Estados Unidos, porque accedió a información privilegiada de la Alcaldía, relacionada con la agenda de su padre.

2. Sebastián Yunda proponía que el miembro de la banda al que le negaron la visa se reuniera con un excanciller de la República, cuya hija estaba a cargo de las relaciones internacionales en el Municipio.

3. Al tiempo que facilitaba una carta que justifique el pedido del trámite de visa hacia Estados Unidos, la exasesora le tenía al tanto de las gestiones para auspicios comerciales a su banda.

Interés en la agenda del Alcalde

La ex asesora Puga afirmó que “La información que le he proporcionado a Sebastián Yunda es netamente contacto o ubicación de dónde está su padre, cualquier uso que se haya dado de eso, yo no podría responder”.

Pero los chats revelan las verdaderas motivaciones del hijo del Alcalde.

1. Yunda hijo dejó claramente especificado que le interesaba conocer la agenda con embajadores, por el tema de su banda musical.

 

Uso de infraestructura pública para fines privados

El intercambio de mensajes con funcionarios de la Secretaría de Salud revela que el hijo del Alcalde tuvo acceso VIP al uso de las pruebas Covid-19 que compró el Municipio (contrato que originó la investigación fiscal en curso), al igual que sus amigos, miembros de la banda 4 am.

 

2. Sebastián Yunda pedía que la Intendenta no realizara controles a un evento en que participaría su agrupación musical. “Y si en caso van, que sea un control de rutina básico, no más”.

 Fijación del hijo del Alcalde en temas de interés público

1. Sebastián Yunda accedió a información privilegiada sobre contratos y licitaciones, dejó en claro cuál era su posición y la de su familia.

Acceso a información privilegiada sobre contratos

1. Los chats de Sebastián con el empresario chino Wang Yilong, a quien llamaba Dalong, revelan un esquema de pagos, y definición de términos para el contrato de cámaras de seguridad Hikvision, que firmó el municipio de Quito.

2. Los chats con César Yunda Pancho (tío de Sebastián) confirman un esquema de pagos irregulares, al explicar que no se pueden dejar rastros de transferencias y pagos.

3. Queda evidencia del cobro a través del empresario chino, y del interés del tío César en cobrar los valores pactados.

4. Hay indicios de que pactan con los participantes en el concurso de las cámaras de seguridad.

5. Hay además evidencias de que la mamá de Sebastián Yunda (o alguien que él identifica con ese calificativo), tiene conocimiento de los pagos del empresario chino

 

Contratos para la banda

La ex asesora de despacho de la Alcaldía afirmó -en su versión- que a través de contactos privados se generaron auspicios para el lanzamiento de la primera canción del grupo 4am. Insistió en que entre los auspiciantes, del sector privado, no están contratistas del Municipio de Quito. “Dichos contactos son de mi base personal y las marcas no mantienen ninguna relación contractual con el Municipio de Quito”.

Sin embargo, el director de cultura del Municipio de Quito fue el manager del grupo liderado por el hijo del Alcalde. Ahí empezó el conflicto de intereses.

1. El hijo del Alcalde pedía los contactos de prefectos, alcaldes y autoridades locales, para impulsar la contratación de su banda musical, en las fiestas de cantonización.

 

2. Quedan indicios de que Yunda hijo recibió 30 mil dólares en forma de auspicios de Geinco, una firma investigada por los contratos con el Municipio.

ENTREVISTA. El embajador de Rusia, Vladimir Sprinchan, avanza a toda máquina, como el icónico ferrocarril Transiberiano de su país. Desde su llegada al Ecuador, en febrero pasado, Sprinchan no ha parado: todas las semanas mantiene una apretada agenda de reuniones con autoridades y representantes de distintos sectores, en el campo público y privado. Su misión es reactivar completamente las relaciones con Ecuador, que estuvieron congeladas desde 2018, con el gobierno de Lenin Moreno, quien privilegió la alianza con Estados Unidos. Dio un giro de 180 grados en relación a su antecesor, Rafael Correa, que se acercó a Rusia desde 2009, devenido en un socio estratégico. 
El embajador ruso hoy busca cuajar varios acuerdos bilaterales. Los principales son el convenio para el empleo de energía nuclear, con fines pacíficos, en el campo de la salud, que se está negociando desde la Secretaría de Control y Aplicaciones Nucleares del Ministerio de Energía, la construcción de un ferrocarril, que dinamice el transporte entre Quito y Guayaquil y se conecte con Colombia, y la venta de vacunas Sputnik V.

Por Arturo Torres

Antes de venir al Ecuador usted fue embajador en Bolivia, ¿Cuál es su perspectiva de la diferencia entre los dos países? ¿Cuáles serían las características de la relación de Ecuador con Rusia?

En Bolivia y Ecuador hace poco tiempo se cambiaron los gobiernos. Mi país tuvo, con el régimen de Evo Morales, unas relaciones muy eficaces, muy amplias, en la esfera de tecnologías avanzadas como la construcción de un Centro de Tecnologías de Energía Nuclear, en hidrocarburos, en el espacio cósmico, además de unos proyectos económicos en construcciones de carreteras. En los próximos años se van a realizar construcciones de plantas, para coches con motores de gas líquido. En Ecuador, los últimos 4 años del gobierno de Lenin Moreno lamentablemente la relación se enfrió, estuvo congelada, y se paralizaron varios proyectos, como la utilización de espacio cósmico en fines científicos, el uso pacífico de energía nuclear, la homologación de títulos de ecuatorianos que se graduaron en universidades rusas, entre otros.

Todos esos proyectos se han retomado, inclusive los presidentes Putin y Lasso mantuvieron una conversación telefónica, según tengo entendido.  

Así es. Durante su conversación telefónica, el 5 de agosto, mi Presidente presentó a su Mandatario varias ofertas en distintas esferas económicas y humanitarias, entre nuestros países. Todas estas ofertas se van a transformar en una hoja de ruta, para definir qué hacer, los responsables, fuentes financieras, etcétera. Tuve reuniones con varios ministros responsables de cada área mencionada en la charla telefónica para avanzar y su resultado depende, obviamente, de la voluntad de ambas partes. Se integró una comisión intergubernamental de colaboración económica y comercial, científica, donde participan varios ministerios, empresarios, productores, agricultores y transportistas. Estamos activando este organismo que no se había reunido desde 2019. Ya se han celebrado, por ejemplo, varias reuniones de productores de bananas, de flores ecuatorianas con sus socios rusos, que serán respaldados por ambos gobiernos.

En septiembre se esperaba que llegue un primer lote de vacunas Sputnik ¿Cómo está ese acuerdo para la importación?
Yo tuve contacto con el presidente Lasso, el 21 de abril, a los 10 días de su victoria en las elecciones. Se presentó ese tema de importación de la vacuna rusa al Ecuador. Inmediatamente después de la transición del mando del 24 de mayo iniciaron las negociaciones entre ambos gobiernos. Lamentablemente, Ecuador no estuvo en el inicio de esa campaña de industrialización de nuestra vacuna y de exportación para nuestros socios extranjeros, como Argentina que firmó el contrato para mandar la vacuna y producirla, en octubre del 2020. Inicialmente estaba previsto que llegue un primer lote en septiembre. La embajada no participa en las negociaciones, porque es la responsabilidad de los gobiernos, en el marco de un acuerdo comercial y económico. Nuestra tarea, nuestro compromiso, es de ayudar a los socios a acercarse. Rusia no solo ofrece Sputnik V, que se utiliza en más de 66 países, sino también de Sputnik Light, que es una vacuna menos eficaz. Sputnik V tiene el 94, 9% de eficacia y Sputnik Light alrededor de 70%, pero es más fácil de transportar, no es necesario mantener esas condiciones de 18 grados bajo cero, es de una sola dosis… Esa base de cooperación, no solamente implicaría la compra de nuestra vacuna sino la posibilidad de industrializarla para su producción en Ecuador.

 ¿Esto se enmarcaría en el acuerdo que había con la universidad Yachay, para construir una fábrica que pueda elaborar vacunas?
Sí, hay esa experiencia con otros países. En Argentina, por ejemplo, además de la importación de la vacuna rusa se industrializa la vacuna.

Esto va a tomar tiempo, de todas formas.
Es necesario inicialmente presentar posibilidades, técnicos de parte ecuatoriana. Si hay un laboratorio, si es necesario construirlo.

Otro acuerdo que se está retomando, y fue parte del primer convenio macro que se firmó en el 2009, en el gobierno de Rafael Correa, es el del uso de energía atómica con fines pacíficos ¿Cómo está ese proyecto?
Sí. Desde 2019 se está trabajando ese borrador en Ecuador. Como me comentó el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, ya está en el estado de aprobar unos términos finales. Ese es un convenio marco, en el que no se habla de proyectos concretos, detallados; es necesario obtener aprobaciones de parte del parlamento porque la aplicación de la energía lo requiere, aunque sea con fines pacíficos. Es para utilizar tecnologías a favor de la medicina, agricultura, economía, ingeniería, investigaciones de materias primas. En cualquier caso, es energía nuclear, si antes no existía esa rama, esa esfera en su país, son necesarias leyes y documentos que permitan utilizar esta tecnología. Eso se trabaja con la Agencia de Energía Nuclear. En cualquier caso se imponen medidas de seguridad y participan varias estructuras especializadas como el Ministerio de Defensa, el de Gobierno y otros organismos. Esto es para muchos años, pero es necesario crear una base jurídica. Estamos muy cerca del fin del trabajo por la parte ecuatoriana, según me comentaron en la Cancillería y en el Ministerio de Energía. Esta tecnología es muy usada en detección temprana del cáncer. 

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“El acuerdo es para utilizar tecnologías y energía nuclear, con fines pacíficos, a favor de la medicina, agricultura, economía, ingeniería, investigaciones de materias primas”.

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¿En qué otros campos se puede aplicar la energía nuclear?
En la agricultura, en la radiación de los productos agropecuarios, que permite preservarlos por 6 meses y más. Ecuador tiene mucha exportación de productos de agricultura, bananas, otras frutas, rosas. Esta energía no afecta a los productos, pero permite protegerla de parásitos, plagas, es un protector. Dentro de unas semanas esperamos una delegación técnica de Moscú, de nuestra agencia de Energía Nuclear que se llama Rosatom. Van a presentar proyectos concretos, técnicos.

En el tema de financiamiento ¿habría una contraparte, un apoyo de Rusia para financiar eso o solo depende de recursos ecuatorianos?
Depende de negociaciones entre las dos partes. En Bolivia, por ejemplo, mi Gobierno otorgó 300 millones de dólares para la construcción de ese centro especializado para manejo de energía nuclear. El acuerdo entre Rusia y Ecuador depende de las posibilidades de negociaciones de parte del gobierno ecuatoriano. Teniendo en cuenta que además de temas sociales, como la salud, hay temas comerciales para productores, para empresarios que puedan participar en esos proyectos. Pero yo le voy a subrayar de nuevo que la Embajada no va a participar en las negociaciones, participan representantes de los sectores involucrados.

¿Ustedes son un puente?
Sí, un puente. A propósito, en Rusia tenemos una agencia pública que se llama Expocentro que asegura con fuentes financieras la mayoría de los proyectos de empresas rusas con socios extranjeros. En caso de que desaparezca la empresa o aparecen situaciones de fuerzas mayores, el gobierno de Rusia, a través de esta agencia, asegura el desarrollo de este proyecto. Teniendo en cuenta que esa Agencia de Energía Nuclear, es un organismo público.

 

¿Cuál sería la propuesta para un probable proyecto de los trenes?
En mi país se conoce un sueño desde hace muchos años de Ecuador de construir un ferrocarril de Quito a Guayaquil. No solamente para los turistas sino para la industria, para materias primas, para mineros, para productores. Se presentó esa oferta en el gobierno de Lenín Moreno, pero no presentó interés. Hace dos meses nuestra empresa, que es privada, y la más importante en la esfera de ferrocarriles y de construcciones de locomotoras y de vagones, llamada Sienara, presentó su oferta de no solamente construir, sino de unir, de buscar un conglomerado de empresas, porque es un tema muy caro que necesita inversiones de muchos socios. En ese proyecto hay un tema más interesante, Colombia está de acuerdo en conectar sus ferrocarriles con ese tren de Ecuador, para crear un corredor ferroviario más grande. Sienara tiene la confirmación del gobierno de Colombia de ese proyecto.

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“El tren no solo sería para los turistas sino para la industria, para materias primas, para mineros, para productores. Se presentó esa oferta en el gobierno de Lenín Moreno, pero no mostró interés”

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¿Colombia está de acuerdo?
Sí. Y claro que necesita tiempo para verificar las condiciones, verificar territorios, verificar cuánto va a costar ese proyecto. Porque es un proyecto no para un año, es un proyecto para 5 o 10 años de construcción, pero va a crear unas condiciones favorables para sus productores, para su economía.

¿El presidente Iván Duque está de acuerdo con esto?
Yo conozco que el presidente Duque está de acuerdo con el establecimiento de relaciones económicas de la Comunidad Andina con la Unión Económica Euroasiática. Sobre esa idea del ferrocarril, ya se conoce el acuerdo de la Ministra de Economía o de Ferrocarriles. Pero de parte del gobierno, conoce el presidente Duque.

Otro aspecto importante de la relación con Rusia es la entrega de 100 becas anuales para universitarios.
Hemos tenido reuniones con el secretario de la Senescyt para hablar ese tema. Cada año, en los últimos tres o cuatro años, Rusia otorga 100 becas de estudios gratuitos, a estudiantes jóvenes, que solo pagan el transporte y acá, en las mismas condiciones que los rusos, tienen viviendas y todo eso. Además de esas 100 becas, alrededor de 500 jóvenes viajan a Rusia a estudiar en base de contratos comerciales; entonces cada año son 600 jóvenes que aprenden especialidades, profesiones universitarias para cursos completos de 6 años. Son 5 años de estudio, entonces 6 años. Es una cantidad grande y desde los años 60 o 70 Rusia prepara profesionales para su país, ellos están organizados en una asociación de los Profesionales de Universidades de la Unión Soviética y Rusia. La idea de ese acuerdo es reconocer el título, en ambos países. Un agrónomo de Rusia se reconoce agrónomo en Ecuador, un médico en Ecuador se reconoce como médico en Rusia.  Todo eso es necesario actualizar. Hace 5 años, en 2016, mi Gobierno presentó un borrador de ese acuerdo de evolución de títulos, que está caminando.

¿Y ahora retomaron?
Sí, ahora retomamos. El Ministerio de Educación participa en un Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas que dicen “¿Por qué estudian en otros países? Tienen que estudiar en Bolivia, porque tenemos un sistema de educación muy bueno”. Bien, pero es la posición del Gobierno, cada joven puede elegir dónde estudiar, su país u otro país. Además, no hay especialidades modernas en muchos países, como manager en medioambiente, de ecología. Hay otras carreras, por ejemplo, con las tecnologías nucleares, si no existe esa esfera, no hay esa especialidad en la lista de profesiones y estudios, y no se reconoce cuando regresan. Ahora se habla de la creación de una agencia de espacio cósmico regional, de la CELAC. Ecuador como miembro de esa agencia espacial va a buscar especialistas, en Ecuador no hay dónde preparar especialistas cósmicos. Es necesario cambiar la lista de las especialidades en cada país con la aparición de esas ramas de economía.

Veo que ya en el ámbito más gubernamental ha habido intercambio. Han ido policías, militares a recibir cursos en Rusia de capacitación…
Sí, para el Ministerio de Gobierno y más concreto para la Policía. Se realizan varios cursos a corto plazo, no solamente en Rusia. En primer lugar en la región, en Nicaragua, tenemos un centro del Ministerio del Interior de Rusia. En mi país no hay esa diferencia de policía y de Ministerio de Gobierno. El ministerio de Gobierno, de Asuntos Interiores de Rusia encabeza la Policía. Ese ministerio tiene un centro regional, funciona en Nicaragua. Cada año, más o menos, 10 o 15 policías, oficiales de Policía ecuatorianos acuden. Este año conozco que ya participaron unos oficiales, para la segunda parte del año se preparan otros cursos.

¿Eso se realiza en Nicaragua?
La mayoría son en Nicaragua, más cerca, más barato el transporte, no es necesario un traductor, todo es en español.

¿Desde hace cuánto tiempo tienen esta cooperación para capacitar policías?
Más o menos, como yo conozco, son 8 o 7 años. En tiempo del Gobierno de Lenín Moreno también participaron porque los policías no son políticos, ellos tienen tareas especiales, técnicas, jurídicas.

¿Hay algún acuerdo en el campo de seguridad militar que esté en marcha?
Hay interés, pero es un tema bastante delicado, parece que no podemos discutirlo, analizarlo públicamente aún. Pero el interés existe de ambas partes.

ENTREVISTA. Galo Robalino es el nuevo director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), ex Senain. Asumió el cargo el 31 de agosto pasado, tras una fugaz transición que encabezó el ministro de Defensa, Fernando Donoso, y duró menos de dos meses. Al día siguiente de su posesión, el jefe de los sistemas de Inteligencia nos recibió en su despacho, en la sede del Centro, en Lumbisí, 40 minutos al oriente de Quito. En este diálogo, Robalino asegura que la Inteligencia ya no emplea para espiar ni hostigar opositores y periodistas, que fue una práctica recurrente en el gobierno de Rafael Correa. Hoy se orienta a la elaboración de productos y alertas que llegan directamente al Presidente. Otro anuncio importante es la elaboración de la Ley de Inteligencia, que será presentada para su aprobación en la Asamblea, dentro de un mes.       

Por Arturo Torres

¿Qué pasó en el período en el que usted fue subdirector del CIES, durante el proceso de reorganización, que inicialmente se le encargó al Ministro de Defensa. En qué han estado trabajando estos dos meses?
– Definimos que el objetivo central era que el CIES básicamente debía enfocarse en que la información sobre amenazas debía llegar a la Presidencia de una forma sólida, oportuna y en tiempo real, sin sesgos ni un matiz político, sin ningún direccionamiento. Así el presidente y su gabinete pueden tomar las mejores decisiones. Es fundamental que no se piense solo en el gobierno, sino en el Estado, en el país, queremos enfocarnos en lo estratégico.

Precisamente eso es lo que ocurrió en la Senain, que se creó para ser usada en función de los intereses del correísmo, como una maquinaria para hostigar, perseguir y espiar opositores y periodistas. ¿Cómo puede usted garantizar que el Centro no vuelva a orientarse hacia ese tipo de prácticas ilegales?
– Bueno, el presidente ha sido muy claro. Lo dijo el día martes en el salón amarillo, durante mi posesión como director, que el CIES va a marcar la diferencia con el antiguo Senain, que la inteligencia se orientará hacia el bienestar del Estado, sin lineamientos políticos. Se acabó la era del espionaje político a opositores y periodistas.

¿Descarta entonces un sesgo en las operaciones y un cambio del enfoque del nivel operativo al estratégico?
– Totalmente, yo soy una persona muy apegada a la democracia, a la ley, en consecuencia con la posición del presidente Guillermo Lasso. Estamos con los mismos lineamientos y parámetros.

¿Cuál es su experiencia y formación, por qué aceptó ponerse al frente de los sistemas de inteligencia?
– Yo he sido empresario en muchos aspectos, pero hoy pienso que el país necesita de quienes estemos dispuestos a sacrificar un poco de tiempo y dedicárselo al país. Uno como empresario normalmente ve esta situación de lejos; por eso, en gran medida, es que ha pasado lo que ha pasado en los años anteriores. Viene gente, a lo mejor con otros fines, con incompetencia.

¿Desde el CIES, cuáles van a ser los enfoques ahora que usted ha tenido acceso a información y entiende mejor su lógica. En qué han estado trabajando a nivel organizacional?
– Hemos trabajado muy de cerca con los subsistemas. Específicamente con la Dirección General de Inteligencia de la Policía (DGI), y la inteligencia de las Fuerzas Armadas, el G2, así como el SRI, la UAFE, las Aduanas, entre otras entidades. Procesamos todos estos resultados de búsqueda específica de información y presentamos un solo producto. Este reporte es la parte final que llega a la Presidencia, en temas vitales.

¿Qué tipo de productos le han hecho llegar al presidente?
– Sobre distintas amenazas contra la seguridad del estado, en tiempo real.

¿Por qué enfatiza usted en tiempo real?
– La información de Inteligencia debe ser oportuna. El mejor ejemplo para graficarlo es lo que ocurrió durante el paro indígena de octubre de 2019. El Gobierno no tuvo información oportuna, nunca vio venir la crisis que se venía, para poder enfrentarla a tiempo, buscando soluciones antes de que escale el problema.

¿O sea, la anticipación es fundamental?
– Es importante saber lo que puede pasar, dar escenarios, evitar que pasemos a la etapa de apagar incendios.

¿Ahora quieren enfocarse en prevenir los incendios?
-Claro, nuestro trabajo es ayudar a prevenir los incendios, saber dónde van a ocurrir, por qué, motivar decisiones ágiles para que esos incendios no ocurran.

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“La información de Inteligencia debe ser oportuna. El mejor ejemplo para graficarlo es lo que ocurrió durante el paro indígena de octubre de 2019. El Gobierno no tuvo información oportuna, nunca vio venir la crisis que se venía”.

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Pero el trabajo del CIES no solo tiene que ver con la elaboración de informes y alertas oportunas. También debe asegurar conexiones fluidas y coordinación entre los subsistemas, que han mantenido rivalidades por mucho tiempo. ¿Existe el mecanismo para que las autoridades tomen rápidamente decisiones, con cooperación efectiva de los subsistemas de Policía y FF.AA.?
– El CIES es una secretaría adscrita a la Presidencia. Por lo tanto, estamos siempre en total comunicación con el Presidente, los subsistemas se articulan plenamente a ese objetivo.

¿Usted tiene línea directa con el Presidente?
– Totalmente. tengo la confianza del Presidente, por eso estoy aquí.

¿Cuáles han identificado ustedes como las principales amenazas para la seguridad del Estado?
– El narcotráfico, la delincuencia, la corrupción, la minería irregular. Tenemos problemas en fronteras, en pasos clandestinos.

¿Y para enfrentar esas amenazas cómo opera el CIES?
– Tenemos analistas que reciben informes que pedimos a los subsistemas. Ellos procesan la información y con la supervisión y direccionamiento apropiado se elaboran los productos. Pero, por ejemplo, si tenemos que pedir algo a la DGI, si es información delicada, debe actuar en coordinación con la Fiscalía y con la autorización de un juez de ser el caso. Nosotros arbitrariamente no hacemos ninguna operación, que está a cargo de los subsistemas.

Precisamente, la Senain hacía esas operaciones al margen de la ley, escuchas telefónicas, seguimientos…
– Totalmente. Hoy en día las escuchas o alguna intervención siempre deben ser aprobadas por Fiscalía y un juez.

¿Cuán importante es que un civil esté al frente para acercar a la Policía y FF.AA?
– Siempre el civil es el equilibrio, ese es el es patrón en un sistema democrático. Hoy en día tenemos la mejor de las relaciones con las Fuerzas Armadas. Es más, el ministro de Defensa, un exoficial de la Armada, estuvo a cargo de la transición e hizo un buen papel. La relación con el mando de la Policía es excelente, así como con el Ministerio de Gobierno.

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“Nosotros tenemos analistas que reciben informes que pedimos a los subsistemas. Ellos procesan la información y con la supervisión y direccionamiento apropiado se elaboran los productos de inteligencia”.

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¿Entonces, los subsistemas policial y militar ya están trabajando de manera coordinada y cooperan con toda la información que requieren?
– Estamos trabajando de manera coordinada, y además tenemos mucho apoyo internacional. Usted sabe que la inteligencia no es solamente de un país, es mundial, y necesitamos la colaboración de muchas partes.

¿Cómo se puede lograr, se han firmado acuerdos de cooperación con otros países para fortalecer el intercambio de información?
– Sí. Estamos trabajando coordinadamente, es importante no cerrarse a la ayuda que podamos recibir de gobiernos como Colombia, Estados Unidos…

¿En el tema de la cooperación internacional, qué más implica?
– Además del intercambio de información, el tema de la capacitación es muy bueno.

Otro aspecto pendiente, absolutamente importante, es el de la Ley de Inteligencia. ¿Han avanzado ustedes con ese proyecto, cuándo lo presentarán?
– Estamos trabajando mucho en eso, con ayuda de los subsistemas. Pensamos que unas pocas semanas lo tendremos listo, estamos puliendo ciertos detalles. Yo pienso y aspiro que en máximo unos 30 días estamos listos con eso.

¿Con el proyecto de ley?
– Sí, con el proyecto de la ley de Inteligencia.

¿Y cuál es el trámite que sigue? Una vez que ustedes terminen…
– Presentarlo a la Asamblea, cuando tengamos toda la retroalimentación del resto de subsistemas. Ya está bastante socializado.

Era un vacío, no había ley de Inteligencia
– No tenemos ley de Inteligencia, todos los países la tienen.

¿Qué es lo que están proponiendo en ese proyecto legal?
– El CIES es una secretaría adscrita a la presidencia. No solo es importante cambiar el nombre. Es relevante, por ejemplo, agregar ciertas cosas por ciberseguridad. Tuvimos problemas hace un mes y medio en CNT. Necesitamos empoderarnos del tema para apoyar con ciberseguridad en el sector público, crear protocolos en los ministerios, e incluso apoyar a compañías privadas para que no se repitan los hackeos reportados en varias entidades públicas y privadas. El CIES será el órgano rector sobre este tema.

¿Harán recomendaciones para que todas las empresas del Estado puedan estar preparadas frente a un ataque de este nivel?
– Sí, también para las empresas privadas.

¿El proyecto de ley tiene algún referente especial, algún país, como legislación?
– Cada país tiene una realidad distinta. Somos un país muy diverso. Es una ley de Inteligencia adaptada a nuestro país, por eso es importante la socialización, vamos por buen camino.

¿Esta socialización incluye no solamente a gente especializada, o de la sociedad civil también?
– Es gente especializada, gente del Gobierno y de la Asamblea, que es fundamental.

¿Qué posibilidad hay de que la aprueben, CREO no tiene mayoría legislativa?
– Yo pienso que por el bien del país, debería ser aprobada.

Cuando usted llegó al CIES, ¿cuáles fueron los principales problemas que encontró?
– Encontré una institución debilitada, que requiere volverse firme, reforzarse para el servicio de todo el estado. Reinstitucionalizarse.

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“Nosotros no venimos a repetir las prácticas irregulares del pasado, no venimos a malgastar el dinero, ni emplearlo para nuestro beneficio, mucho menos los gastos especiales”.

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Otra preocupación es el uso de gastos especiales, pues hubo abusos, desvío de millones de dólares para beneficios particulares de exfuncionarios del correísmo. Por el hecho de ser reservados, no están expuestos a una rendición de cuentas. ¿Cómo piensa generar confianza para que la gente sepa que esos fondos no se emplearán discrecionalmente?
– El presidente Lasso ha demostrado ser una persona correcta, que cumple lo que ofrece. Quienes lo apoyamos estamos convencidos de sus propuestas. No venimos a repetir las prácticas irregulares del pasado, a malgastar el dinero, ni emplearlo para nuestro beneficio, mucho menos los gastos especiales. Durante mi posesión, Guillermo, quien es un amigo personal, nos pidió no despilfarrar, gastar solamente en lo necesario.

¿El uso de gastos especiales va a ser manejado en función de los operativos que se requieran, desde los subsistemas?
– Absolutamente, para lo que el Gobierno, el Estado, necesiten para su normal funcionamiento

Se gastaron más de 300 millones de dólares en gastos especiales durante el correísmo, y buena parte de esto fue para pagos ajenos a operaciones de Inteligencia.
– Es una locura. Venimos de la parte privada, el privado es muy austero en sus gastos. De la misma forma nos manejaremos acá. Solamente en invertir, no digo gastar, digo invertir en lo necesario, en lo que el país necesita, ni un centavo más.

¿Cómo es un día normal de un director de Inteligencia?
– Empezamos acá a las 8 de la mañana, pero la información ya llega desde las 7:30 desde los subsistemas. Esa información debo priorizarla, escoger lo realmente importante parea informarle de ser el caso inmediatamente al Presidente, a la Ministra de Gobierno, el Secretario de la Administración Pública.

¿Entonces a usted le van llegando alertas desde temprano sobre temas cruciales?
– Así es. Yo las valoro, veo lo que es importante y lo remito al Presidente. Estoy en alerta hasta las 9 o 10 de la noche, los siete días de la semana.

¿Sobre el esquema de organización, a mediano plazo, cuáles son las mayores amenazas para el Gobierno?
– El siguiente reto del gobierno, tras cumplir en el tema de la vacunación, es la economía. Luego, en orden de prioridades, está la seguridad, toca controlar el tema del narcotráfico, que es gravísimo.

Respecto al narcotráfico, se cree que es un problema exclusivo de la Policía, pero es más complejo, atañe a distintas entidades como FF.AA. en frontera, a la Agencia de Regulación y Control, para controlar el contrabando de combustibles, la Marina, en el mar… ¿La información que generan también llegará a estas entidades para que puedan trabajar juntas, que cooperen eficazmente para enfrentar esta amenaza de manera transversal?
– Correcto, en este momento las Fuerzas Armadas están trabajando muy bien. Usted vio la decisión del Presidente para colocar el radar en Montecristi. Es un trabajo mancomunado, hay que controlar los combustibles, eso ya se viene, está en la mira.

¿Está identificado el tema de los combustibles?
– Totalmente, por eso mismo es que el subsidio de los combustibles no baja. Porque va normalmente a estas situaciones de narcotráfico. El Presidente está clarísimo, tiene esos pasos. Y nosotros vamos a contribuir con la información exacta de dónde está el origen de los problemas y esto va a ser en no más de 30 días. Estamos avanzando. En no más de 30 días definiremos dónde hay que apretar las tuercas.

 

Chats y escuchas, además de otras evidencias, sustentan la instrucción fiscal a la que ayer 2 de septiembre fueron vinculados Jorge Zambrano, Rasquiña, su pareja Samara Rivera, su abogado Harrison Salcedo y cuatro implicados. Entre ellos funcionarios penitenciarios, acusados de una supuesta asociación ilícita.  

Redacción Código Vidrio

“Rasquiña” no quería dejar un solo cabo suelto para recuperar su libertad. Su pareja, Samara Rivera se convirtió en una intermediaria, un puente para facilitar su excarcelación. Ella, que está recluida en la prisión de Latacunga, mantenía contactos telefónicos constantes con Jorge Luis Zambrano, Rasquiña, su abogado Harrison Salcedo y con funcionarios judiciales y de la Secretaría Nacional de Atención Integral de las Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

Esa es una de las evidencias que constan en el proceso judicial que la Fiscalía inició en junio pasado por la liberación de “Rasquiña”. Desde ese mes él, su pareja y su abogado, Harrison Salcedo, son investigados, junto con cuatros implicados más, funcionarios judiciales y del sistema penitenciario, por todas las maniobras supuestamente ilícitas que fraguaron para obtener su excarcelación.

Ayer, Rasquiña, Salcedo y Rivera fueron vinculados, junto a cuatro implicados más, a la instrucción fiscal por una supuesta asociación ilícita.

La jueza Ángela Bustillo dispuso la prohibición de salida del país de los procesados, quienes deberán presentarse periódicamente al juzgado. La jueza no dio paso al pedido de la Fiscalía de ordenar su prisión preventiva.

Inicialmente, el caso fue abierto por delincuencia organizada, pero el 26 de agosto la agente fiscal de Guayas, Jacinta Andrade, pidió a la jueza que se cambiara el tipo penal a asociación ilícita. Además, solicitó incluir en la instrucción a los siete los sospechosos, lo cual ocurrió ayer, miércoles 2 de septiembre, en Guayaquil.

Días antes de ser vinculado, Salcedo, quien es conocido entre sus amigos como Hulk, arremetió contra la fiscal Diana Salazar. En un video difundido en redes, acusó a la Fiscal de haber participado supuestamente en una reunión para conspirar contra el presidente Lenin Moreno, en octubre pasado. Pero esa declaración que filmó Salcedo tiene un error de fondo. En el segundo 68 el abogado dice que en la cita también estuvo “el contralor Pólit”, quien para la época vivía en Miami, donde se instaló desde junio de 2017, tras ser implicado en el caso Odebrecht.

Salcedo también es abogado del ex vicepresidente Jorge Glas y del asambleísta Eliseo Azuero, involucrado en el presunto reparto de puestos en hospitales públicos, así como de dos de los tres agentes de tránsito detenidos por ser parte de la banda delictiva, encabezada por los israelíes Shy Dahan (asesinado) y Oren Sheinman.

Llamamos a Salcedo a su celular pero no respondió nuestros mensajes. Ayer difundió un video en el que aparece en una cama y dice que ha sido operado de la columna. Denuncia que su vinculación es una maniobra para acallarlo por las denuncias de corrupción contra el gobierno, y que se pretende dejar en indefensión a sus clientes.

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Los chats de WhatsApp y mensajes de voz que son parte del proceso

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Uno de los funcionarios que estaba en contacto con Rivera es Jefferson Hinojosa, quien trabajaba en el departamento de Diagnóstico del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, donde Zambrano cumplía su condena. Él fue detenido el 24 de abril pasado, luego de que certificara fraudulentamente que el ex Jefe de Los Choneros cumplía con todos los requisitos para obtener la prelibertad.

En esa documentación no tomó en cuenta los traslados de pabellón que tuvo Zambrano por su conducta y menos aún el fallo judicial que echó abajo la forjada rebaja de penas del detenido, de 20 a 8 años de prisión.

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No es la primera vez que Harrison Salcedo está enjuciado. En el 2103 fue sentenciado y cumplió una pena de seis meses por falsificación de documentos privados.

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Según las investigaciones del denominado caso Enlace, Hinojosa conversó con Samara Rivera, el 9 de abril pasado. Ese día ella le envío el siguiente mensaje: “Mi querido Cristian, cómo le va. Le saluda Samara, Cristian quería pedirle un favor súper especial, lo que pasa es que están pidiendo, le está pidiendo el juez a ustedes, como centro, la justificación de la boleta. La boleta ya está ahí donde ustedes y el jurídico tiene que hacer un documento para justificar y que le juez sepa que todo lo de Jorge Luis están bien para su libertad. Mi pregunta cuándo el coronel estará ahí en el centro para que de una vez me ayuden con el documento jurídico y él pueda firmar”.

No se conoce la respuesta del funcionario de prisiones. No obstante, una conversación interceptada, que es parte del juicio, demuestra que estuvo en contacto permanente con la funcionaria de la Corte de Latacunga, Daniela Benítez y con el juez Santa María para hablar sobre el caso y buscar la salida de Rasquiña.

Sus diálogos se concentraban en los detalles sobre el reporte de la SNAI a favor de Jorge Zambrano y cómo podían salir airosos de los cuestionamientos en su contra.

Hay varios chats y conversaciones de Rivera con Hulk Mena (Salcedo), quien insistentemente se refiere a la necesidad de presionar a las autoridades que conocen el caso de su defendido para liberarlo. “Déjeme conversar con el doctor Santa (juez San María), para ver qué nos dice, si él quiere asumir el riesgo de despachar la prelibertad sin la sustentación de la audiencia, con esta directriz él podría hacerlo…”.

En otro de los diálogos interceptados, el juez Santa María le pide a Hinojosa que remita el informe antes de la audiencia y le pregunta si será favorable a Zambrano, a lo cual le responde afirmativamente. La razón que detalla es que supuestamente el fallo judicial que lo sentenciaba a 20 años de prisión no estaba ejecutoriado.

El judicial se sorprende y le pregunta ¿por qué? La respuesta fue que los jueces dejaron de conocer la causa, que no fue apelada, pero tampoco oficiaron la terminación del proceso. Este aparente error lo usarían para aplicar el beneficio de prelibertad, lo cual efectivamente se concretó en junio.