Salcedo, al banquillo de los acusados por liberación de ´Rasquiña´

Este miércoles 2 de septiembre, a las 13:30, se realizará la audiencia de vinculación del abogado Harrison Salcedo y seis implicados más, en el juicio que investiga la liberación de Jorge Luis Zambrano, Rasquiña, con base en un fallo fraudulento que redujo su condena de 20 a 10 años. La supuesta intervención ilícita de Salcedo en este caso es investigada desde hace varias semanas atrás por la Fiscalía, que, al parecer, cuenta con nuevos elementos para vincularlo. Incluidos chats materializados de uno de los celulares de los procesados.

Redacción Código Vidrio

Desde junio pasado, Harrison Salcedo está bajo la lupa de la Fiscalía. El controversial abogado es investigado por la liberación de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, quien fuera el jefe de Los Choneros.

El expediente arrancó cuando Zambrano recibió la prelibertad, el 5 de junio pasado. Inicialmente, el caso fue abierto por delincuencia organizada, pero el 26 de agosto la agente fiscal de Guayas, Jacinta Andrade, pidió a la jueza Ángela Bustillos fijar fecha para que se cambiara el tipo penal a asociación ilícita. Además, solicitó incluir en la instrucción a Salcedo, Zambrano y cinco implicados más.

La audiencia formal para su vinculación está prevista para mañana, 2 de septiembre, a las 13:30. Entre los acusados también está la pareja de Rasquiña, Samara Rivera (quien cumple una condena en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi), funcionarios judiciales y del sistema penitenciario del país.

Este portal intentó hablar con el abogado, pero no respondió a nuestros mensajes. En los dos últimos días, él emprendió ataques contra la fiscal general, Diana Salazar. En un video difundido las últimas horas acusó a la Fiscal de haber participado supuestamente en una reunión para derrocar al presidente Lenin Moreno, en octubre pasado.

Salcedo también es abogado del ex vicepresidente Jorge Glas y del asambleísta Eliseo Azuero, involucrado en el presunto reparto de puestos en hospitales públicos.

Para la Fiscalía, esas grabaciones son un intento de echar abajo el proceso en su contra.

La excarcelación del ex jefe de Los Choneros siempre fue cuestionada, porque la jueza de Latacunga, Alzira Benítez Tello, le concedió el régimen abierto, basándose en un fallo que redujo su condena, ilegalmente, de 20 a ocho años de prisión. Incluso, el juez que había expedido  ese pronunciamiento fue destituido y es investigado por la Fiscalía. También existía otra decisión judicial que rechazaba ese fallo.

Chats y audios de un celular de los implicados fueron materializados por la Fiscalía


En las indagaciones del Ministerio Público constan las transcripciones de cómo se logró liberarlo ilegalmente. El 20 de marzo pasado, Samara Rivera, pareja del ex jefe de Los Choneros, recibió un audio de un contacto grabado como “Hulk Mena”. Es el sobrenombre con el cual se conoce a Salcedo, Mena es su segundo apellido.

-“Déjeme conversar con el doctor Santa para ver qué nos dice, si él quiere asumir el riesgo de despachar la libertad sin la sustentación de audiencia, con esta directriz él podría hacerlo (…). Voy a conversar con él, con eso voy a tratar de escaparme de Quito de alguna manera y llegar hasta allá a conversar porque estas cosas se hablan en persona y ver si nos toca movernos de alguna forma (…). 

En esa grabación le advierte a Rivera que por la pandemia del Covid.19 los jueces están despachando las libertades de quienes cumplieron sus condenas, pero que podrían intentarlo para “hacerlo de solo plumazo y sin tanto alboroto”.
La Fiscalía cree que el doctor Santa es el juez Manuel Santamaría, quien conoció el pedido de libertad desde febrero y había solicitado un informe de la dirección del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi para tomar una decisión.

Los días pasaron sin que Zambrano y su abogado lograran su objetivo. Rivera mantenía conversaciones permanentes con su esposo para conocer cómo respondían los funcionarios de la Secretaría de Atención de Personas Privadas de Libertad y los jueces.

Esa espera terminó el 9 de abril, cuando un informe del  Departamento de Diagnóstico y Evaluación del Centro penitenciario dio paso al beneficio a favor de “Rasquiña”, basándose en  la sentencia del juez Tamayo, que redujo la condena a ocho años.

“Mire esta maravilla”, le escribió Hulk Mena en un mensaje de WhatsApp a Rivera. El camino legal estaba expedito para que pudiera conseguir esa liberación.

Él confiaba en el juez Santamaría. En otro de los audios recabados por la Fiscalía, el abogado le cuenta a Rivera que el judicial defendió su actuación y también a “J”, como lo llamaban en clave a “Rasquiña”.

No obstante, la Fiscalía sospechó de la ilegalidad del reporte del centro de prisiones y detuvo a un funcionario para procesarlo. Al mismo tiempo, el Consejo de la Judicatura suspendió al juez Santamaría hasta conocer con certeza qué había sucedido.

La Secretaría de Prisiones intentó dar marcha atrás en su reporte, indicando que la pena que debía cumplir era por 20 años. Salcedo respondió furibundo el 21 de abril. “Estos infelices del SNAI han mandado un escrito diciendo que son los 20 años, ya les mandó también una réplica de contestación que tienen que fundamentar en la audiencia debidamente y para protegerse está mandando pedirles más informes al Jurídico indicando que todos los cómputos  están hechos sobre la sentencia de ocho años”.

La estrategia de la defensa de Zambrano fue pedir un recurso de Hábeas Corpus para conseguir la libertad, porque contaban con los respaldos del primer informe del centro de rehabilitación a su favor. 

La diligencia prevista en mayo se suspendió, pero un mes después «Rasquiña» recuperó su libertad con la condición de que se presentara cada semana en el centro de detención de Manabí. Luego de la vinculación, prevista para este miércoles, la Fiscalía tendrá 30 días adicionales para recopilar información y más pruebas. Después se conocerá si un juez acepta lleverlos a juicio.

64% de presos integran diez megabandas

De los 40.000 presos, 25.720 (el 64,3%) son parte de los diez grupos delictivos identificados por la Policía. Los principales son Los Choneros (12.000 miembros) presentes en los presidios de Cotopaxi, Santo Domingo, Manabí y Guayas. Y Los Lobos (8.000), en Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo, Guayas, Chimborazo, Azuay, El Oro. Acumularon poder aprovechando la debilidad estatal, evidenciada en el déficit de agentes penitenciarios, la falta de presupuesto, la corrupción generalizada y el fracaso del modelo de rehabilitación, que mantiene en indefensión a la mayoría de personas privadas de la libertad.

Redacción Código Vidrio

Los Choneros y Los Lobos son las organizaciones criminales que mandan en los presidios más grandes del país.

Un informe de la Coordinación de Seguridad Penitenciaría de la Policía, al que Código Vidrio tuvo acceso, mapeó a estos grupos criminales, que han ganado poder aprovechando la debilidad estatal, evidenciada en el déficit de agentes penitenciarios, la falta de presupuesto, la corrupción generalizada y el fracaso del modelo de rehabilitación.

De los 40.000 presos repartidos en 37 centros carcelarios, 25.720 (el 64,3%) son parte de las diez asociaciones delictivas identificadas por la Policía.

Las principales megabandas son Los Choneros, con 12.000 miembros, presentes en los presidios de Cotopaxi, Santo Domingo, Manabí y Guayas. Y Los Lobos, con 8.000 integrantes, en Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo, Guayas, Chimborazo, Azuay, El Oro.

Por su número de integrantes, las dos organizaciones juntas son equiparables a un ejército. Las Farc, antes de desmovilizarse, tuvieron 19.000 armados en sus filas.

En influencia, a Los Choneros y Los Lobos, les siguen las Águilas, Tiguerones, Chone Killer y Fatales.

Según informes de inteligencia Antinarcóticos, Los Choneros son el brazo armado del cartel de Sinaloa, mientras Los Lobos dan seguridad a Jalisco Nueva Generación, que disputa el control de rutas y exportación de cocaína en Ecuador, especialmente desde 2016.

El descomunal poder que han adquirido las bandas, especialmente desde mediados de la década pasada, desbordó al Estado, que ha sido incapaz de aplicar efectivas políticas de rehabilitación, que sean una real alternativa de reinserción, según varios analistas.

Un tema clave que explica este fenómeno es la sobrepoblación carcelaria. Además de desbordar la capacidad de atención gubernamental, empoderó a las bandas, que mantienen un perverso esquema de cobros y coacción a los privados de la libertad.

El hacinamiento, en promedio, bordea el 30%. Hay 10.000 internos sobre la capacidad real de los centros.

Otro factor determinate es la criminalización del microtráfico, aplicada desde el gobierno de Rafael Correa. La captura de micro traficantes (en su mayoría pequeños consumidores) se disparó desde el 2015, tras las reformas de las tablas de tráfico y consumo de drogas. Este también es uno de los desencadenantes de la debacle de la política penal, según un reporte de la Defensoría Pública.

Por un lado, se ha reunido en grandes centros penitenciarios a delincuentes de alta peligrosidad. Por otro, con esta política punitiva se termina encarcelando a pequeños consumidores, adictos, en su mayoría personas en extrema pobreza. Ellos se vuelven carne de cañón de las megabandas, que los reclutan para proveerles de droga y alinearlos en sus acciones criminales.

Bastión criminal

Así, las cárceles se han convertido en un bastión para las organizaciones criminales, que operan de la mano con los carteles y con el microtráfico a nivel interno.

Esto también está conectado con el aumento del narcotráfico y otros delitos conexos, como el sicariato, en el país. En lo que va del año se han capturado más de 70 toneladas de cocaína. El último decomiso fue hace dos semanas: la Policía descubrió 10 toneladas del alcaloide en Guayaquil. El año pasado fueron incautadas 130 toneladas del estupefaciente, cifra récord que este año también será superada, según previsiones de Antinarcóticos.

Decenas de operativos ha realizado la Policía en las principales prisiones. Especialmente en la Penitenciaría del Litoral, donde se registra la mayor conflictividad con los internos.

La disputa que libran los carteles mexicanos se reproduce en las prisiones, que los últimos años han sido el escenario de sangrientas matanzas. El último episodio ocurrió el pasado 22 de julio cuando los choques armados entre esas bandas dejaron 74 fallecidos y más de 100 heridos en los centros de Guayaquil y Cotopaxi.

Para Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes infractores (SNAI), el crecimiento descomunal de estas organizaciones criminales requiere acciones urgentes, que incluyen medidas a distinto nivel, que ya han sido analizadas en varias reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).

Para enfrentar la crisis, el Gobierno decidió asignar 75 millones de dólares en los próximos cuatro años, según anunciaron la semana pasada varias autoridades, con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, a la cabeza.

En ese contexto, se presentó el «Plan de reestructuración para el sistema penitenciario».


RADIOGRAFÍA DE LAS ORGANIZACIONES QUE OPERAN EN LAS CÁRCELES


Cobo explicó que los recursos se destinarán a atender las necesidades de infraestructura, tecnología, seguridad y talento humano. «La situación del sistema penitenciario es precaria, caótica, peligrosa y anárquica, con efectos negativos para la seguridad del Estado”, apuntó Cobo, quien anunció que las acciones urgentes comprenden la implementación del trámite de beneficios penitenciarios para reducir el hacinamiento y mejorar la clasificación de las personas privadas de libertad de acuerdo con los niveles de seguridad.

¿Agentes o rehenes?

La violencia en los centros ha escalado vertiginosamente. Mientras en 2019 hubo 32 homicidios intencionales, el 2020 llegaron a 51, y en lo que va de este año ya suman 126 asesinatos. La mayoría (59) ocurrió en la Penitenciaría del Litoral.

Los principales grupos criminales se financian del narcotráfico y el microtráfico, así como de las extorsiones en los centros. Cuentan con el apoyo de funcionarios públicos y personal privado, que trabaja en las cárceles y facilita el ingreso de armas, celulares, droga…

Para afianzar su hegemonía, Los Choneros y Lobos también reclutan integrantes de las pandillas/naciones y minorías de otras bandas pequeñas, quienes cambian su hegemonía de acuerdo a cada centro, destaca el informe de la Policía.

En julio pasado, un motín dejó cerca de 30 muertos en los centros de Cotopaxi y la Penitenciaría del Litoral, así como decenas de heridos (foto).

Actualmente en los centros trabajan 1.477 servidores penitenciarios, y se requieren 4.642. Hay un déficit de 3.165 agentes. Los casos más críticos están en Guayas, donde hay un agente por cada 240 presos; en Azuay, con un servidor por cada 92 detenidos y Cotopaxi, con un funcionario para vigilar 90 internos. Las normas y parámetros internaciomales establecen que por cada 10 presos debe existir un guía penitenciario.

En la práctica este es un factor determinante para el descontrol estatal de las prisiones, según el estudio de Seguridad Penitenciaria.

“La ausencia de autoridad es cubierta por liderazgos emergentes y el surgimiento de grupos violentos de auto disciplina en las prisiones”, destaca el informe.

Otro factor crítico es el hacinamiento, que es del 30%. En los dos centros de Guayas, Cotopaxi, Azuay y Manabí están hacinados 22.812 privados de libertad (59% del total).

Las llaves, en poder de los presos

Entre los principales problemas detectados están el deficiente control y supervisión de las actividades en las prisiones, agravados por la falta de tecnología de videovigilancia apropiada.

En general, según el reporte de Inteligencia carcelaria, las llaves de las celdas y pabellones están en en poder de los presos, quienes manipulan las seguridades y se desplazan internamente en cualquier horario.

Los cabecillas de las organizaciones delictivas continúan liderando y ordenando actividades ilícitas en los territorios, fuera de las prisiones, para el microtráfico y muertes violentas.

Tampoco existe un control legal y disciplinario de las actividades que realizan los detenidos, lo cual alienta la impunidad.

Depresión, ansiedad y suicidios aumentaron

PODCASTCV. El encierro y el estrés por el covid-19 provocó secuelas en la salud mental de miles de personas en Ecuador y el mundo. En lo que va del 2021, se registran 194 suicidios, a causa de profundas depresiones y ansiedad desatados por distintos motivos en el contexto de la pandemia. En relación al primer trimestre del año pasado, este 2021 hay un incremento del 37%. Escucha la incidencia de este fenómeno en nuestro podcast, que incluye testimonios de especialistas, médicos y pacientes. La ansiedad y la automedicación fueron uno de los principales problemas durante la pandemia. Esto también provocó un aumento de citas con psicólogos y en centros de atención del país. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, cada año se registran 100.000 muertes prematuras por suicidio en el planeta. Esta es la segunda causa principal de fallecimientos entre jóvenes de 15 a 29 años.

Producción: Amanda Galarza, Antonia Crespo y Victoria Vargas, estudiantes de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Coordinación Tania Orbe, dirección Arturo Torres. 

 

Así fue el violento motín en la cárcel de Cotopaxi

Producción Código Vidrio

Parecen escenas de una película violenta ficticia, pero no lo son. Evidencian el alcance de las organizaciones criminales atrincheradas en los centros penitenciarios del país. Este portal revela en exclusiva videos inéditos, que muestran a detenidos disparando fusiles de largo alcance, como si fueran francotiradores entrenados en el centro penitenciario de Cotopaxi.

Las imágenes fueron captadas la tarde y noche del pasado miércoles 21 de julio. Ese día, un motín en ese centro dejó diez fallecidos y 35 heridos. En simultáneo, actos violentos en el centro de detención de Guayaquil dejaron un número similar de víctimas.

Los crímenes cometidos en las prisiones son investigados por la Fiscalía, que recaba versiones y otros indicios para determinar quiénes fueron los responsables.

Las imágenes inéditas, que revela Código Vidrio, muestran un detenido, con la vestimenta anaranjada, en actitud de francotirador. Dispara desde el techo de la torre 3 de la cárcel de Cotopaxi, mostrando tener total dominio del área. Maneja a la perfección el arma de largo alcance.

En determinado momento, otro interno que lo acompaña señala blancos hacia los cuales debe dirigir los disparos.

Luego de diez minutos otro preso sigue disparando, pero esta vez solo se observa la parte superior de su cuerpo.

Veinte minutos después de iniciado el tiroteo, por el mismo acceso a la torre 3 ingresa un uniformado hacia esa terraza. Se trata de un agente penitenciario. De inmediato, cuatro presos con trajes anaranjados llegan al lugar. Luego se observa al funcionario siguiendo las instrucciones de los detenidos. En cierto momento, parecería que el uniformado es coaccionado por varios de los privados de la libertad.

Cuando cae la tarde, los detenidos hacen señales con los brazos para comunicarse con otros. El uniformado penitenciario finalmente deja la torre, acompañado por varios de ellos.

Tomas desde las torres 2 y 4, del mismo centro de Cotopaxi, revelan, en cambio, a los internos mientras destruyen instalaciones e infraestructura de telecomunicaciones. Aparentemente, se trata de los inhibidores de señal de celular.

Luego de destrozar los equipos los arrojan desde la terraza.

Al día siguiente de ese volento motín carcelario, el Gobierno designó al coronel (r) Fausto Cobo para dirigir el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Un documento interno de la Policía al que tuvimos acceso advierte la penetración y hegemonía de organizaciones criminales dentro de las cárceles. Los choneros aún mandan: tienen 12 mil integrantes, repartidos en las cárceles de Guayas, Manabí, Cotopaxi y Santo Domingo.

Los Lobos, cuentan con 8 mil miembros en seis cárceles. Le siguen las Águilas, con 1.500 reclutados, en Guayas; los Tiguerones, con 1.200 seguidores, en Guayas y Esmeraldas; los Lagartos, con mil integrantes, en Guayas y los Chone Killer, con 900 miembros, en Guayas.

En una reciente requisa carcelaria, la Policía encontró siete explosivos tipo granada y un rocket lanzagranadas. Además, 86 armas de fuego y 2.574 municiones.

En la casa donde se encontraron casi 10 toneladas de cocaína en Guayaquil, en días pasados, se hallaron también armas de grueso calibre y municiones.

La Policía y la Fiscalía investigan si existen conexiones entre esta operación y las acciones armadas en las prisiones.

Ecuador trae desechos plásticos de 37 países

Ecuador importó más de 11 mil toneladas de desechos plásticos desde distintos países el 2020. Este es el tercer país de Latinoamérica que más importa basura sintética. Empresas ecuatorianas traen desechos plásticos desde 37 países. Estados Unidos es el que más exporta desechos plásticos hacia esta nación. Más de 39 mil toneladas de residuos ingresaron entre 2016 y 2019.
20 empresas son las que mayor cantidad de desechos importan a Ecuador. Ingresan ese material para elaborar diferentes productos. No hay normativas claras ni políticas públicas para exigir a los fabricantes y a los consumidores un tratamiento amigable, no contaminante, con el ambiente. Buena parte esos residuos se arrojan indiscriminadamente y tardan decenas y hasta cientos de años en degradarse.
Producción: Brigette Mancheno, Koyna Herrera y Esteban Cárdenas, estudiantes de Periodismo de la USFQ, Para este trabajo también se incluyeron datos publicados por Susana Morán en Plan V.
Coordinación Tania Orbe y dirección Arturo Torres. 

Sorteos a la carta sí favorecieron a Yunda

Un informe ampliatorio del Consejo de la Judicatura, al que accedió Código Vidrio, confirma irregularidades en los sorteos de las causas del alcalde removido Jorge Yunda. La jueza María Belén Domínguez, que concedió una acción de protección para Yunda, registra 28 expedientes disciplinarios en su contra. En 6 de ellos, recibió sanciones. Entre tanto, Yunda decidió no renovar el convenio con la Fiscalía, para el funcionamiento de 28 unidades de atención a miles de usuarios en varios sectores.

Redacción Código Vidrio

No fue el azar. La suerte no determinó que los jueces María Belén Domínguez y Carlos Soto llegaran a despachar las causas judiciales impulsadas por Jorge Yunda, en su intento de blindarse frente a la remoción de la Alcaldía de Quito, ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral.

Hay otras sorpresas. La jueza María Belén Domínguez, que concedió una acción de protección para Yunda, registra 28 expedientes disciplinarios en su contra. En 6 de ellos, recibió sanciones.

El informe ampliatorio del Consejo de la Judicatura, al que este portal accedió, establece un “modus operandi” para direccionar los sorteos. Todos los funcionarios que participaron en estos “sorteos” están bajo investigación. El CJ presentó a Fiscalía a través de un acto urgente los hallazgos adicionales.

Aquí revelamos el detalle en seis claves:

  1. En ambos casos, el procedimiento estuvo viciado por irregularidades.
  2. La causa que llegó a manos de la jueza Domínguez fue ingresada como un acto urgente, por violencia. Debió registrarse como como una acción de garantías jurisdiccionales – acción de protección. La funcionaria judicial responsable de este ingreso ya fue identificada y está bajo investigación.
  3. La causa fue ingresada como un acto urgente en materia de violencia contra la mujer, lo cual redujo el universo de posibles juzgadores de 300 a 4.
  4. La petición de una medida cautelar a favor de Yunda fue ingresada como el cobro de honorarios de abogado. Esta argucia redujo considerablemente el universo de posibles juzgadores, de 300 a 37.
  5. Adicionalmente, el trámite fue vinculado a una causa relacionada con una acción de protección interpuesta en 2020 contra el Ministerio de Agricultura. Esta estratagema permitió que el proceso cayera directamente en manos del juez Carlos Soto y el secretario Paúl Pérez.
  6. Siete funcionarios judiciales son investigados en relación con estos hechos.

El record de los jueces 

El informe de la judicatura cita información de la subdirección de Control Disciplinario, según la cual la jueza Domínguez tuvo seis sanciones:

-Expediente 698-2016, 5 días de suspensión sin remuneraciones.

-Expediente 786-2016, amonestación escrita, multa.

-Expediente 17001-2018- 169-F, amonestación escrita.

-Expediente 17001-2018-1566, multa.

-Expediente 17002-2018-1567-F, multa.

-Expediente 17001-2019-1928, suspensión sin remuneración por 15 días

En cambio, el juez Carlos Soto tiene 11 expedientes disciplinarios, 4 de ellos, en trámite.

La vendetta contra la Fiscalía

El Municipio de Quito decidió no renovar el convenio que desde hace cinco años facilitaba el funcionamiento de 28 unidades de atención de la Fiscalía en inmuebles municipales de Conocoto, Tumbaco, y en el sur y centro de Quito, en La Ecuatoriana y en el centro de Equidad y Justicia Tres Manuelas.

La notificación de que el acuerdo no sería renovado llegó la semana el 17 de junio pasado a la Fiscalía. El oficio está firmado por Nadia Maldonado, directora Metropolitana de VIF.

El convenio debía renovase en diciembre pasado pero por decisión del alcalde Jorge Yunda quedó insubsistente, generando problemas a miles de usuarios que diariamente acudían a esas unidades fiscales para denunciar distintos delitos.

En total son afectados por la decisión de Yunda 28 sitios de atención: 12 unidades especializadas de Violencia de Género, 8 de Soluciones Rápidas, 4 de Servicio de Atención Integral y 4 de Atención de Peritaje.

La disposición de Yunda es vista como una retaliación contra la Fiscalía, que impulsa un proceso penal en su contra por los presuntos delitos en la compra de pruebas Covid-19, para el Municipio el año pasado.

Las últimas semanas la Fiscalía ha debido realizar una serie de acciones para que las unidades  sigan atendiendo al público en otras direcciones e inmuebles, en la mayoría de los casos. El Ministerio Público busca que el Centro de Equidad Trs Manuelas avanza con obtención de documentos para firmar un convenio con el Patronato San José.

 

Los chats de Celi y la trituradora de glosas

Cientos de mensajes del celular del contralor Pablo Celi, a los que accedió Código Vidrio, confirmarían su participación directa en el esquema de delincuencia organizada para desvanecer glosas a cambio de sobornos, un mecanismo similar al aplicado por el excontralor Carlos Pólit. A través de WhatsApp, Celi ordenaba a sus subalternos extinguir glosas, cambiar órdenes de trabajo, notificar destituciones, informes a la carta… Dos casos llaman la atención: la extinción de multas a la empresa Claro y a la china CAMC, que suman 160 millones de dólares. Los pagos de sobornos por USD 1,3 millones, en este último caso, se hicieron a través de la empresa LEGALCONT LLC, según consta en el expediente judicial. La fiscal Diana Salazar estima que los chats confirman su teoría del caso.   

Redacción Código Vidrio

Pablo Celi tuvo un poder omnímodo al frente de la Contraloría. Ordenaba desde su teléfono, a sus subalternos, eliminar o modificar glosas, órdenes de trabajo, direccionar informes, activar destituciones… Compartía información privilegiada con su hermano Esteban Celi, abogado particular de varias empresas.

Dos casos que están documentados judicialmente y evidencian las operaciones están relacionados con el desvanecimiento de glosas por más de 160 millones de dólares a las empresas Claro y la china CAMC, a cambio del supuesto pago de coimas, según detectó la Fiscalía.

Ambos hermanos habrían recibido una transferencia de 1,3 millones de dólares, el 18 de junio de 2019, de la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd., contratista del Estado y ejecutora, entre varias otras obras de la plataforma financiera al norte de Quito. Este edificio costó alrededor de USD 200 millones. La obra ha sido duramente cuestionada por distintas fallas.

La ruta del dinero es parte de la Asistencia Penal Internacional 464-2019, a la que accedió Código Vidrio.

La empresa LEGALCONT LLC., controlada por Esteban Celi, fue el canal de este pago. Contraloría había establecido varias glosas para la empresa china: 9,5 millones en enero de 2018; 22,6 millones en abril de 2019; 9,9 millones en octubre de 2020. El desvanecimiento, según la teoría fiscal, se producía como efecto del pago a la organización liderada por Pablo Celi, como contralor del Estado.


 

 


Los hermanos Celi enfrentan un juicio penal y guardan prisión en el caso Las Torres, que investiga una supuesta delincuencia organizada. En este proceso también están involucrados los hermanos Adolfo Agusto y José Agusto (fallecido), así como 9 personas más, entre exfuncionarios públicos, empresarios y ciudadanos.

Hoy, miércoles 23 de junio, a las 16:00, se realizó la audiencia para revisar las medidas cautelares contra Celi y otros detenidos. El Contralor y su abogado Marcel Ron pidió que le levante la prisión preventiva, para defenderse en libertad y probar su inocencia. Su defensa argumenta que está muy delicado de salud, agravado por el reciente padecimiento de Covid-19 y que hay un abuso de la prisión preventiva. No obstante, el juez Felipe Córdova negó la solicitud y ratificó la orden de prisión.

Pablo y Esteban Celi también habrían recibido sobornos, a través de un tercero, para desvanecer glosas en contra de la firma Nolimit C.A. Según la investigación fiscal, el 16 de mayo de 2017, Nolimit, empresa contratista de Petroecuador, utilizó una firma offshore (Monay) para transferir 110 mil dólares a los hermanos Celi. En retribución, seis glosas por el total de 13,6 millones de dólares fueron desvanecidas.

La máquina trituradora

Este portal revela nuevos indicios, a partir de chats que forman parte del proceso fiscal. Los mensajes sugieren que Pablo Celi, desde su celular, activó una máquina trituradora de glosas.

Uno de los mensajes judicializados confirmaría que Celi influyó en el desvanecimiento de la glosa por USD. 112 millones a la operadora de telefonía CLARO.

La información se desprende de los chats telefónicos con la ex funcionaria de Contraloría, Deisy Guevara. En 2018, era la directora de Recursos de Revisión en la entidad de control. A marzo de 2020 ocupaba el cargo de experta supervisora de resoluciones de responsabilidades civiles. Hasta noviembre de 2020, fue directora nacional de Auditoría Interna gubernamental del ente de control.


Los chats con la exdirectora Deisy Guevara, sobre Claro


El día de Navidad (25 de diciembre de 2020), Guevara, escribió por mensaje de celular a Celi para saludarle por las fiestas. Le comentó que no había entendido lo que pasó; se refiere a algo “profundamente doloroso”, pero le aclara que “conozco su corazón y sé que de usted no dependió”. Celi no respondió…

Tres meses después, en marzo de 2021, Guevara volvió a escribir a Celi, esta vez en tono de reclamo:

  • “Ya despidieron a mi hija, ya lo hicieron conmigo, y ahora Andrés, mi primo. Él no tiene ninguna responsabilidad por mis actos. Señor contralor, no sabe el profundo dolor que causaron con nuestros despidos, yo tuve que salir del país y ahora trabajar lavando platos y de mesera aquí en los Estados Unidos … he llorado profundamente mi cansancio”.

A continuación, le advirtió no se “atrevería jamás” a “morder la mano de quien en su momento me dio de comer”. Le aclaró que nunca abriría la boca sobre los informes que eliminó a pedido de Celi.

  • “Jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó y aún en el caso de CLARO que sé que está en la Fiscalía… tenga la plena seguridad que solo diré que usted jamás ordenaría algo contrario a la ley”.

Luego le insistió en el pedido de que se anule el despido de su hija y su primo, a cambio de anular una demanda presentada por ella ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

A fines de junio de 2019, con el informe de dos auditores, el contralor Celi desvaneció la glosa de 111,9 millones de dólares, que su misma administración -varios meses antes- había establecido en contra de la operadora Claro. Dos funcionarios de alto rango de la Contraloría (Luis Miño y Hans Coloma) avalaron la resolución de desvanecimiento de responsabilidades, que eximió del pago a la empresa de telefonía. En cambio, el técnico que estableció el perjuicio al Estado en un examen especial fue cesado de sus funciones. Se trata de Nelson Villavicencio, exfuncionario de la Dirección de Responsabilidad, quien en su versión en Fiscalía confirmó que existieron disposiciones específicas, por parte de las principales autoridades de esta entidad, para que él desvanezca la glosa civil contra Claro.

Buscamos la versión de la telefónica Claro, pero no obtuvimos un pronunciamiento.

El abogado del Contralor, Marcelo Ron, dijo que ninguno de los elementos presentados por la Fiscalía en el proceso prueba su relación con los delitos que se investigan. Y sobre el desvanecimiento de las glosas destacó que su elaboración y suspensión no dependen de un solo funcionario, sino que requiere la participación de distintas autoridades e instancias de revisión. Sobre los chats dijo que se relacionan con actividades estrictamente profesionales entre el Contralor y sus subalternos.   

El mexicano Carlos Slim es el dueño de la telefónica Claro. El gobierno de Lenin Moreno realizó un adéndum para la asignación de una frecuencia adicional, a favor de Conecel-Claro. Fue un alcance al contrato original firmado en 2008 con el régimen de Rafael Correa.

En noviembre de 2019, Celi dijo que la glosa predeterminada a Claro no estaba en firme sino en etapa de predeterminación, por lo cual podía ser levantada, si la parte aludida presentaba los elementos de descargo.  “Se ha tomado una decisión sobre una predeterminación, que es un proceso previo para determinar responsabilidades”, recalcó al aclarar que no tuvo ninguna participación en esta trama delictiva.

Una vez que se predetermina la glosa -según Celi- los involucrados tienen el tiempo para fundamentar técnicamente sus razones. “La Contraloría tiene la obligación de analizar esos fundamentos. Aquí no ha habido ningún tipo de glosa desvanecida”.No hubo -recalcó Celi- una glosa sino la predeterminación ligada a un examen especial que, para seguir el debido proceso, necesitaba ser contrastada con todos los elementos que adicionalmente aportaron las autoridades, así como la empresa.

La fiscal Diana Salazar confirmó que los chats hallados en el celular de Celi, confirman que era la cabeza de la estructura criminal montada para el cobro de sobornos para extinguir glosas en varias entidades del sector público. “Ordenaba todo a sus subalternos, vía WhatsApp, para que anulen acciones, destituyan funcionarios, eliminen órdenes de trabajo y glosas”, expresó Salazar en una entrevista con Carlos Vera, en TC Televisión.

La Fiscal Diana Salazar dirige la investigación que involucra al Contralor Celi y 12 implicados más por delincuencia organizada.

Más chats comprometen a Celi

Otra alta funcionaria, Betty Cedeño, fue directora nacional de recursos de revisión. En el proceso judicial en curso mencionó que no recibía directrices del contralor Celi y que tenía contacto con él. Los chats desvirtúan su afirmación.

El 9 de septiembre de 2020, en un mensaje telefónico, Celi le pidió a la funcionaria “confirmar hoy la destitución de Veliz rector universidad en Manabí”.

Los medios hicieron eco de la noticia: la confirmación del pedido de destitución de Vicente Véliz, al frente del rectorado de la Universidad Técnica de Manabí, semanas más tarde.

La sanción estaba contemplada en las conclusiones del informe DPM-0013-2019, aprobado el 28 de marzo de 2019, que examinaba procesos de contratación de obras, compra de inmuebles y análisis de denuncias entre 2015 y 2018, según un comunicado de Contraloría de la época. Véliz Briones es suegro del excandidato presidencial por UNES, Andrés Arauz.

En otra serie de mensajes, la funcionaria le pide instrucciones frente a otro caso. Por respuesta, Celi le contesta claramente: “Dele de baja”.

También se desprende que Celi coordinaba de cerca con Valentina Zárate, subcontralora encargada.


Chats con Michelle Cedeño, entonces directora de Predeterminación de Responsabilidades

 


Pero lo más comprometedor para el contralor, ahora privado de la libertad, es que intercambiaba información confidencial y reservada con su propio hermano, el abogado en libre ejercicio Esteban Celi. El 9 de noviembre de 2020 le envió por chat el “memorando modificación DNA5-2020 versión final”, en formato digital, con papel membretado con el logo de la Contraloría.

En febrero de 2021 seguían intercambiando documentos e información, pero tomaron una decisión importante: conectarse por la plataforma Signal, en lugar de WhatsApp. En marzo, Pablo le envió a su hermano cuatro documentos internos de Contraloría, incluyendo un informe con “resultados provisionales” y los logos oficiales del ente de control.

Otros chats que complican su situación revelan que habló con abogados privados de entidades bajo control. Entre ellos, el representante de Solbanco en liquidación; y con un delegado de Seguros Sucre.

Niños arriesgan sus vidas para cruzar a EE.UU.

Por Ingrid Coba y Arturo Torres

Los niños son las víctimas más vulnerables de la explosiva ola migratoria de los dos últimos años a EE.UU. Desde el 2020, año de la pandemia, hay un incremento histórico de migrantes irregulares, menores de 18 años de varios países, incluido Ecuador. Huyendo de la pobreza buscan reencontrarse, a cualquier precio, con sus padres que viven en Estados Unidos. En estos viajes, duros y traumáticos, los niños y adolescentes corren todo tipo de riesgos, como abusos sexuales, maltratos y torturas, enfermedades, accidentes, secuestros de narcotraficantes. Incluso la muerte. En este PODCAST revelamos las historias ocultas de este drama humano, contado por sus principales protagonistas, tanto en México y Estados Unidos como en Ecuador. Son testimonios inéditos de migrantes ecuatorianos y sus familiares, de profesores y autoridades.
La Cancillería ecuatoriana indicó que los consulados en México conocen los casos de pequeños internados en centros de acogida solo cuando los familiares o las autoridades competentes los denuncian.

En la reportería en Azuay colaboró John Machado.

Créditos musicales:
Álex Alvear, «Soñando con Quito» y «El Caballito Azul».
Título, autores, Copyright, Intérprete:
«En busca de un sueño»
Silvio Rodríguez
Ojalá S.L.
Interpretada por Silvio Rodríguez, cortesía de Ojalá

Exembajador Roldán acusado de acoso

El embajador saliente de Ecuador en España, Cristóbal Roldán Cobo, es denunciado por un supuesto acoso y hostigamiento laboral por la excónsul en Málaga, Martha Sandoval Riofrío. La exfuncionaria, en su informe de gestión entregado ayer, 31 de mayo, a la agregada comercial de la embajada en Madrid, expone los hechos. Y explica porqué no formalizó la denuncia en Cancillería ni ante las autoridades, mientras estuvo en funciones, desde 2018. Roldán, consultado por este portal, asegura que fue una relación consensuada y por tanto nunca hubo acoso. La Cancillería inició una indagación de la denuncia. 

Redacción Código Vidrio

La excónsul en Málaga, Martha Sandoval, denunció al embajador saliente Cristóbal Roldán Cobo por un supuesto acoso sexual y hostigamiento laboral.

“Como usted sabe, fui víctima de acoso sexual y hostigamiento laboral por parte del señor Cristóbal Roldán”, indica Sandoval en una carta, que incluye su informe de gestión, presentada ayer, 31 de mayo, a la encargada de Negocios de la Embajada del Ecuador en España, Verónica Peña.

Rodán fue embajador en España desde el 2017 hasta el pasado 11 de mayo, período en el cual también fue representante de Ecuador ante el Gobierno del Principado de Andorra y el Gobierno del Reino de Marruecos. Su hijo Juan Sebastián Roldán fue secretario general del Gabinete del expresidente Lenin Moreno.

Al ser consultado por este portal, el exembajador Roldán se mostró sorprendido: “Cuando hay correspondencia no hay acoso, no puedo mencionar más detalles por respeto a mis hijas y a la familia de la señora”, dijo por vía telefónica. “Sí le debo insistir que cuando hay correspondencia no puede haber acoso. Esto fue anterior”.

Sandoval Riofrío prestó servicios a la sede diplomática de Málaga entre el primero de septiembre de 2018 y el 20 de mayo de 2021. Antes de radicarse en España, desarrolló una larga carrera televisiva como presentadora y reportera en medios de comunicación, en Ecuador y Estados Unidos, donde fue anchor de CNN, en Español. Uno de sus más recientes cargos en el país fue como presentadora de noticias en TC Televisión.

En el documento de dos páginas, la exfuncionaria explica que los presuntos hechos ocurrieron “curiosamente” cuando “la Cancillería presentó públicamente (…) su Protocolo contra el Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral, un texto que puede ser calificado como un manifiesto de buenas intenciones”.

La denunciante deja entrever que los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Desde ayer la Cancillería está al tanto de la comunicación de la excónsul. El canciller Mauricio Montalvo dispuso que se realice una indagación interna de la denuncia, cuyos resultados se conocerán los próximos días.

“No pretendo culpar a la institución ni refugiarme en el escueto argumento de que no denuncié porque no activaron un mecanismo informático (del protocolo), pero sí debo dejar en claro que el Ministerio de Relaciones Exteriores NO es una entidad libre de violencia de género ni su personal, sea de nivel alto, medio o bajo, está preparado para afrontar ni corregir abusos de este calibre”, destaca Sandoval en su misiva.

Martha Sandoval (centro) fue cónsul en Málaga desde 2018 hasta mayo de 2021. Antes fue presentadora y reportera de medios de comunicación en Ecuador y EE.UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expidió el Protocolo Interno para la Prevención, Actuación y Eliminación de todas las formas de Acoso u Hostigamiento Laboral con Connotación Sexual, el 6 de agosto de 2019.

Ese documento sigue estándares de Naciones Unidas. Define tres formas de acoso. El laboral es un comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona. El acoso sexual contempla la subordinación de la víctima. Y el hostigamiento laboral con connotación sexual, al que caracteriza como una forma de violencia expresada en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad.

Según el protocolo, hay dos formas para denunciar una situación de ese tipo: intervención temprana o voluntaria; y, la intervención formal. En ambos casos, es imprescindible la presentación de una denuncia.

El artículo 7 menciona que “la persona que se sienta afectada por una o varias conductas que constituyan acoso u hostigamiento laboral con connotación sexual, deberá presentar una denuncia”. Esta debe realizarse a través del sistema biodata, una plataforma online en la cual se carga el expediente digital de cada funcionario.

Sandoval advierte que hasta el último día en que ella ejerció sus funciones, nunca se activó el enlace para entablar la denuncia internamente en Biodata, “como señala el mismo protocolo”.

Fuentes del servicio exterior dijeron que conocieron extraoficialmente sobre la queja y le sugirieron que formalizara la denuncia, lo cual no se concretó.

“Elijo pensar que ninguna de las personas a quienes les llegó la información de lo que sucedía en España entiende a cabalidad todo lo que implica para la víctima el acoso sexual en el ambiente laboral. Les recomiendo ilustrarse al respecto antes de que esto vuelva a suceder y con consecuencias peores. Ojalá no se vean obligados a aprender sobre el tema cuando su hermana, esposa, hija o amiga sufra este tipo de violencia. Todas creemos que “a nosotros nunca nos pasará» o que «yo sí me pararía duro y lo pongo en su sitio». Sí, yo también pensé que así sería, pero las circunstancias suelen ser tan propicias para el perpetrador que la víctima pocas veces puede hacer algo sin poner en riesgo su empleo y, por ende, sus ingresos y la estabilidad de su familia”.

Fuentes de la sede diplomática compartieron con este portal mensajes de cuatro funcionarias  en apoyo a la gestión de Roldán. “Gracias embajador por su excelente trabajo y humanidad”, menciona una de las colaboradoras.

“Lo importante de un ser humano es dejar huella en las personas, no pisando sino apoyándolas y permitiéndoles crecer, eso hizo usted, gracias”, escribió otra.

Tanto Roldán como Sandoval prestaron sus servicios como parte de la cuota política del presidente Lenín Moreno. La cuota política en el servicio exterior llegó a superar la mitad del total de funcionarios enviados a misiones internacionales, en claro detrimento de los servidores de carrera. Según la Ley de Servicio Exterior, no debe exceder el 20% de nombramientos de embajadores y funcionarios de alto rango.

Ministro de Energía fue directivo y accionista en minera que opera en Ecuador

La minera Adventus Mining Corp., domiciliada en Canadá, tiene entre sus inversionistas al grupo Nobis. La firma canadiense posee 3 proyectos en Ecuador. Roberto Salas, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, designado por el presidente Guillermo Lasso, fue directivo hasta la semana pasada de esa corporación, nominado por Nobis. Además, aparece como titular de un paquete accionarial valorado en 782 mil dólares de la minera. El Ministro no ha informado si ya vendió o traspasó esas acciones. Fuentes del sector energético alertan sobre un posible conflicto de interés. Rebeca Illescas, exministra de Minería del anterior gobierno, quien también ocupó importantes cargos con el régimen de Rafael Correa, asesora al Ministro durante la transición. Este viernes 28 de mayo, un día después de la publicación de este reportaje, Salas declinó la designación, tras admitir que no cumplía los requisitos para ocupar el Ministerio. 

Redacción Código Vidrio

Roberto Salas Guzmán, quien había sido designado ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables por el presidente Guillermo Lasso, fue directivo, hasta el 21 de mayo pasado, de la compañía Adventus Mining Corporation. Entre los inversionistas de esta minera está el grupo Nobis, de la empresaria Isabel Noboa.

Adventus, domiciliada en Toronto, Canadá, opera en el Domo, un rico depósito masivo de sulfuros, parte del proyecto Curipamba, que contiene importantes reservas de cobre, zinc y plomo. Está localizado en las provincias de Los Ríos y Bolívar y se encuentra en fase de exploración.

El 20 de mayo pasado, el presidente Lasso confirmó que Salas lideraría el Ministerio de Energía, con énfasis en proyectos de reactivación. Minutos después del anuncio, el CEO y presidente de Adventus, Christian Kargl-Simard, escribió en su cuenta en Twitter que el ministro Salas es uno de los miembros de la junta directiva de la compañía. Luego, borró su tuit…


A los pocos minutos de que el presidente Lasso anunciara que Roberto Salas era el nuevo ministro de Energía, el CEO de la minera Adventus, Christian Kargl-Simard, escribió un tuit indicando que era uno de los directivos de su compañía. Luego borró el mensaje.


Al siguiente día -el 21 de mayo- Salas renunció a sus roles como vicepresidente y CEO del grupo Nobis, así como al cargo de director, sin funciones ejecutivas, en Adventus.

El 25 de mayo, la empresa canadiense emitió un comunicado anunciando la salida de Salas, en vista de sus nuevas funciones públicas.

Roberto Salas se integró a la junta directiva de la minera desde enero de este año, en representación del Consorcio Nobis, donde era director ejecutivo y vicepresidente, en reemplazo de Roberto Dunn.

Este viernes 28 de mayo, un día después de la publicación de este reportaje, Salas anunció que declinaba aceptar el cargo. En un pronunciamiento indicó: “Tanto para el señor Presidente como para mi, es esencial ser rigurosos en el cumplimiento estricto de los requisitos legales exigidos para asumir en cargo público, y con pesar he visto que el tiempo necesario para resolver adecuadamente mis asuntos particulares demoraría mi incorporación al Gobierno más allá de lo prudente”.

El Consorcio Nobis es accionista de Adventus desde 2019. En mayo de ese año, compró 5,4 millones de dólares en acciones, es decir el 9,9% del portafolio accionarial total de la firma. A su vez, la compañía canadiense, cuyas operaciones mayores están en Ecuador, tiene un acuerdo con Salazar Resources Limited, para la exploración de Curipamba y dos proyectos más (Pijilí y Santiago con reservas de cobre y oro). En la sociedad, Adventus tiene una participación del 75% y Salazar del 25%.

Curipamba comprende varias concesiones: Las Naves, Las Naves 1, Las Naves 2, Las Naves 3, las Naves 4, Las Naves 5. El Ministerio de Ambiente otorgó licencia ambiental a casi todas ellas, con excepción de Las Naves 4.

Salas compró acciones por 782.500 dólares

Salas no solo fue directivo de la minera canadiense. También compró un paquete de acciones valorado en 782.500 dólares, según el documento de convocatoria a Junta de Accionistas, emitido el 4 de mayo anterior que revisamos. Las acciones están a nombre de la firma Feslery S.A., controlada por el ministro designado.

Hasta el miércoles 26 de mayo, Salas no se posesionaba oficialmente en el cargo. Código Vidrio lo llamó a su celular y le envió mensajes, para confirmar si vendió o cedió sus acciones. No respondió a nuestros requerimientos.


En enero pasado, Adventus anunció la incorporación de Salas a su directorio. También confirmó que el ejecutivo compró 800.000 acciones en esa empresa. 


Salas es economista, exdirector ejecutivo y miembro del directorio de varias corporaciones multinacionales en Chile, Brasil y Ecuador, donde ha destacado. Fue profesor en la Universidad Católica de Guayaquil, tiene un MBA de Esade-Adolfo Ibáñez Business School y estudió programas de gestión en Wharton y Kellogg Business Schools.

Fuentes del sector Energético se mostraron preocupadas porque una vez que Salas asuma el cargo pudiera incurrir en un conflicto de interés, tomando en cuenta que ese Ministerio es el ente regulador en materia minera.

El Código de Ética emitido por el presidente Lasso indica, en su artículo 10, que “las personas designadas para ejercer los cargos señalados en el artículo 2 de este Decreto Ejecutivo deberán declarar, previo a posesionarse en sus cargos, si se encuentran en una situación en que sus intereses particulares podrían entrar en conflicto con los intereses de las entidades de la función ejecutiva, donde vayan a prestar sus servicios o desempeñar sus cargos”.

Se entiende por conflicto de interés entre los deberes públicos y los intereses privados de un servidor público -detalla el Código- “cuando una persona puede perder independencia u objetividad para tomar decisiones debido a que las mismas podrían razonablemente afectar, positiva o negativamente, a terceros vinculados a dicha persona o a ella misma”.

La Constitución también regula el posible conflicto de interés. El artículo 232 indica: “No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios”.

No obstante, especialistas de temas mineros consultados por este medio en Canadá advirtieron que Salas no ocupaba ninguna posición ejecutiva en Adventus, sino un rol directivo. Un analista domiciliado en ese país recalcó que Salas renunció por un tema de transparencia. La empresa minera cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, que controla, precisamente, los conflictos de interés y evita que se cometan hechos de corrupción. “Las mineras canadienses están bajo un enorme escrutinio”.

El último 4 de mayo, mediante un documento de 44 páginas, los accionistas de Adventus fueron convocados a la Junta anual, que se realizará el 10 de junio próximo. Fuentes del sector confirmaron a este portal que la situación accionarial de Salas en la minera sería conocida en esa cita.

Illescas asesora al Ministro

Rebeca Illescas ha sido una de las encargadas de asesorar y acompañar al nuevo ministro Roberto Salas en las reuniones de transición. Fue ministra y viceministra de Minería y ocupó cargos directivos en los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno.

Fuentes del Ministerio de Energía comentaron que el lunes y martes pasados Salas mantuvo dos reuniones con el exministro René Ortiz, para conocer aspectos medulares de esa cartera de Estado. En el equipo asesor de salas, que ha participado en las reuniones de transición, estaba Rebeca Illescas, quien ocupó cargos directivos en los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. La última reunión en el Ministerio de Energía se realizó el martes 25 de mayo.

Illescas tiene experiencia en políticas públicas para inversión y financiamiento en sectores estratégicos (minería, energía, recursos hídricos, hidrocarburos, ambiente, telecomunicaciones).

En 2013, Illescas se incorporó al gobierno de Rafael Correa. Fue asesora de Ecuador Estratégico, hasta 2015. Luego lideró la Coordinación General de Financiamiento en el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, hasta 2016. El exvicepresidente Jorge Glas, preso por corrupción, lideró estas áreas, junto con Rafael Poveda.

El año siguiente, en la administración de Lenín Moreno, fue nombrada viceministra de Minería, brazo derecho del entonces ministro Javier Córdova, con quien llevaron adelante los procesos de adjudicación de concesiones mineras. Córdova, quien tras dejar el gobierno fue contratado como CEO por la minera canadiense Soma Gold, es investigado por la Fiscalía por un presunto perjurio y enriquecimiento ilícito.

Tras la salida de Córdova, en diciembre de 2017, Illescas asumió la titularidad del Ministerio de Minería, donde estuvo hasta julio de 2018. Luego pasó al sector privado: es directora de Asuntos Corporativos en el Grupo Cobra Ecuador, transnacional especializada en ingeniería, instalación y mantenimiento industrial de infraestructuras, redes de agua, gas, electricidad y comunicaciones. Cobra tiene contratos con Petroecuador.

Al ser consultada por este portal, Illescas confirmó: “yo únicamente he acompañado en el proceso de recibir información y traspasar al equipo de gobierno”.