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Fue una noche desenfrenada, en pleno toque de queda por la pandemia. La farra en la que hubo consumo copioso de alcohol derivó en una trifulca que complica al defensor del Pueblo, Fredy Carrión, a Mauro Falconí, director del dispensario del IESS en el Batán y exministro de Salud, y a su pareja, Gabriela P. funcionaria del INEN. El Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, desmintió que tras el operativo Carrión hubiera sido liberado. El Defensor afirma que nunca fue detenido, ni notificado por investigación alguna en su contra de la Fiscalía, que conoció el hecho a las 08:45.

Redacción Código Vidrio

La farra terminó con chuchaqui y resaca. Ocurrió esta madrugada en el departamento donde residen el exministro de Salud, Mauro Falconí, y su pareja Gabriela P. Hay indicios de consumo de licor y excesos. La Fiscalía investiga una posible agresión sexual del defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, contra la pareja de Falconí.

Los uniformados se presentaron pasadas las 2 de la mañana de este domingo 16 de mayo, tras el escándalo ocurrido en el conjunto Plaza del Bosque, en el noroccidente de Quito. Ante la llegada de la Policía, Falconí afirmó inicialmente que “extraños” habían violentado e ingresado en su domicilio, donde en ese momento se encontraba Carrión, en estado de ebriedad, tratando de calmar a la pareja de Falconí, quien se veía ofuscada.

Después de la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad, se desvirtuó la versión de Falconí. Gabriela P. denunció haber sido arrastrada por el cabello hasta el ascensor, ultrajada y violentada por Carrión. No es la primera vez que el Defensor del Pueblo estaría envuelto en este tipo de agresiones, que fueron denunciadas antes de que asumiera su cargo público.

En un video captado en el ascensor se ve a la funcionaria llegando al piso donde la esperaba Carrión, quien la toma violentamente de los brazos y la saca a la fuerza al pasillo. Ella se resiste, y vuelve al ascensor, donde se encontraba un guardia de seguridad. Entonces, su marido Falconí le pide que regrese, pero ella se niega. Parece que le dice a su esposo que Carrión estaba propasándose. Entonces, Falconí se tranza a golpes con Carrión, y los dos caen al piso.

Posteriormente, al lugar llegó personal de la unidad Alfa 5 del Cuerpo de Bomberos para atender a los tres. También arribó la comisaria del Distrito Eugenio Espejo.

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, confirmó a Código Vidrio que recibió una llamada telefónica pasadas las dos de la mañana, en la cual el oficial a cargo del operativo le reportó los hechos.

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Carrión y Falconí son amigos desde hace varios años. Ambos son funcionarios públicos.

Minutos antes, el Ministro había recibido la llamada de su excompañero de gabinete, Mauro Falconí. Martínez le pidió que lo comunicara con el oficial de la Policía. Luego, le ordenó al mayor de la Policía que actuara en función del procedimiento establecido. La flagrancia rige por 24 horas.

Martínez desvirtuó versiones, según las cuales, en primera instancia, luego de ponerlos en custodia, Carrión y Falconí no fueron detenidos, en función de su perfil público, por orden de una alta autoridad policial. “Insisto, se actuó en función del procedimiento, hablamos de un tema de flagrancia; con Falconí fuimos compañeros en el gabinete ministerial, pero estos hechos recibieron estrictamente el tratamiento establecido en el protocolo”.

Tras el operativo, Carrión abandonó el departamento y acudió a una clínica, en el centro norte de Quito, donde hoy permanece con custodia policial.

En un comunicado difundido en redes este domingo, Carrión ratificó que nunca fue detenido por los policías ni ha sido notificado por la Fiscalía sobre alguna investigación en su contra. “Desde las primeras horas de hoy me encuentro recibiendo atención en una clínica (…). No he participado en ninguna fiesta clandestina. Tuve una reunión en el domicilio del doctor Mauro Falconí con quien compartimos una amistad de varios años».

La autoridad de DD.HH. dijo que pidió una licencia para defenderse, mientras la vicedefensora, Zaida Rovira, asume la dirección de la entidad.

Por su jerarquía, Carrión tiene fuero de Corte Nacional. Falconí, en tanto, permanecía resguardado en su domicilio por la fuerza pública, mientras se levantaban indicios en el lugar de los hechos. Los primeros datos revelarían no solo el consumo de alcohol sino de sustancias ilegales, según fuentes policiales.

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Imágenes tomadas del video que registra el incidente en el ascensor del departamento donde viven Mauro Falconí y su esposa. Las tomas muestras al defensor Carrión tomando por la fuerza a la mujer.

La comandante de la Policía, Tania Varela, confirmó que Falconí fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, mientras Carrión sigue internado con resguardo policial.

La Fiscalía informó que recién conoció el caso a las 08:45. La novedad tampoco habría sido notificada, como establece los protocolos, al ECU-911, ni a otras autoridades para la coordinación respectiva. Fuentes del Ministerio Público indicaron que la fiscal Diana Salazar llamó al Ministro Martínez temprano en la mañana, sorprendida, al enterarse de lo ocurrido por redes sociales.

Los tres personajes tienen un alto perfil público. Gabriela P. es funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, y en el pasado fue parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. También colaboró con el Ministerio de Sectores Estratégicos.

Mauro Falconí es médico, con trayectoria en dirección de hospitales públicos; dirigió la ARCSA (Agencia de Regulación y Control Sanitario); además, por un breve lapso fue Ministro de Salud. Enfrenta varias denuncias en la Fiscalía. El 8 de abril fue removido del cargo, lo reemplazó Camilo Salinas.

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Personal policial que llegó al lugar de los incidentes tomó fotografías y recogió evidencias. Luego arribó personal del Cuerpo de Bomberos para atender a la mujer que fue agredida. 

Carrión Intriago, en tanto, es defensor del Pueblo desde abril de 2019. Tuvo un papel relevante en la investigación de los hechos de octubre de ese año, cuando denunció que hubo excesos de los agentes del Estado en la represión. De hecho, este año formalizó una denuncia por delitos de lesa humanidad contra algunas autoridades del Gobierno. Ha sido cuestionado por su cercanía al correísmo y algunos dirigentes indígenas.

La investigación fiscal se orienta por dos vías: la violentación al toque de queda, esto es, el desconocimiento de una decisión legítima; y, el posible intento de agresión sexual contra la funcionaria del Estado. En este caso, a la víctima le corresponde poner la denuncia formal. La Fiscalía pidió no revictimizar a la mujer que fue violentada.

Falconí estuvo en otra farra, desafiando a la pandemia

Mauro Falconí, riobambeño de 45 años, ocupó brevemente el cargo de Ministro de Salud, desde el 19 de marzo hasta el 8 de abril de este año. Días antes de posesionarse, celebró el cumpleaños de su esposa, Gabriela P., a la sazón directora del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN. Asistentes a esa reunión contaron que hubo mariachis, y que el festejo era doble, porque ya se conocía su nombramiento al frente de ese Ministerio.

Entre los asistentes, pudo haber pacientes asintomáticos de COVID-19. El hecho es que Falconí se reunió con el equipo cercano de la cartera de Salud y el virus se propagó aceleradamente. En cuestión de días, su asesor cercano, Diego Bravo (42 años), fue hospitalizado e intubado; posteriormente falleció. De igual manera, el entonces asesor jurídico, Gabriel Rivadeneira fue contagiado. Mientras estuvo hospitalizado fue desvinculado de su cargo; días después murió. Fuentes del MSP aseguraron que hubo un contagio en la planta central del MSP. Ni el entonces ministro se salvó, debió ser hospitalizado en dos ocasiones, para superar el coronavirus.

Petroecuador impulsa una demanda por supestos delitos, incluida la adulteración de documentos públicos, dentro del proceso de emergencia que adjudicó la contratación de seguros con las empresas Hispana y Latina. En enero, ese acuerdo fue anulado por el gerente Gonzalo Maldonado, quien extendió la contratación con Seguros Sucre por cuatro meses.

Redacción Código Vidrio

Una serie de irregularidades, incluidos supuestos delitos de adulteración documental, investiga la Fiscalía, sobre la base de una denuncia presentada por las autoridades de Petroecuador, por la contratación de seguros con las empresas Hispana y Latina.

La denuncia fue presentada por Hugo Tapia, el 26 de enero pasado en la Fiscalía general, en calidad de procurador del gerente de la petrolera, Gonzalo Maldonado.

Los hechos investigados giran en torno a la adjudicación del contrato de una póliza de cobertura de riesgos, por 53,4 millones de dólares, a Hispana y Latina, en diciembre pasado, a través de un proceso de emergencia.

Tras un proceso que arrancó en julio del 2020, Petroecuador se declaró en emergencia y contrató a ambas firmas aseguradoras, dejando a un lado a la estatal Seguros Sucre, que desde el 2014 era la encargada de las coberturas.

Pero el 15 de enero, pocos días después de asumir el cargo, Maldonado decidió terminar la emergencia y la contratación de la póliza de todo riesgo y responsabilidad civil. Luego expidió una nueva extensión del contrato con la estatal Sucre, por 120 días, por de 8,7 millones de dólares.

La decisión del Gerente fue impugnada por abogados de las aseguradoras ante un juez que falló inicialmente a su favor, otorgándoles medidas cautelares que suspendieron la declaratoria de nulidad. El pronunciamiento fue apelado por Petroecuador, que logró que la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas levantara la medida cautelar y extendiera el plazo de vigencia de la contratación de los seguros con Sucre, por 90 días, según fuentes de Petroecuador consultadas por este medio.

Maldonado extinguió el contrato con base en un informe jurídico, entregado el 15 de enero pasado por  el procurador de la empresa, Jaime Alarcón, quien le recomendó que anulara la declaratoria de emergencia PGG 2020267. En las primeras semanas de ese mes, tanto la Contraloría como el Sercop y la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, enviaron sendos informes y alertas sobre las supuestas irregularidades e incumplimientos legales en la contratación.

El informe jurídico de Petroecuador fue contrastado con un reporte preliminar de la Contraloría. Estableció, entre otras cosas, inconsistencias, especialmente en los certificados de respaldo de reaseguros (otorgados por empresas internacionales). Algunos de ellos se refieren a un proceso de licitación distinto, no al de Emergencia. Además, esos documentos tienen fechas que no concuerdan con los que fueron incluidos en el proceso emergente.

Según el procurador de Petroecuador, tampoco se ha podido verificar en el contrato la existencia de la comunicación a la que se refiere el oficio No. SERCOP-DSP-2020-6544-OF, de 8 de diciembre de 2020, de la Directora de Supervisión de Procedimientos del Sercop. Este documento se refiere a la intermediaria de reaseguros Afl Insurane Broker, lo cual también fue alertado en la comunicación de hallazgos del examen preliminar de la Contraloría.

En el informe jurídico se alertó, además, que no se cumplió con las disposiciones para emitir el estado de Emergencia en la petrolera, que marcó el inicio del convenio con las aseguradoras privadas. Es decir que no se cumplían las condiciones para este tipo de contratación, y que no ameritaba una emergencia.

Los representantes de las aseguradoras privadas han insistido en que la adjudicación cumplió todos los parámetros legales exigidos por Petroecuador en la emergencia y que la nulidad fue completamente arbitraria, por lo cual la impugnaron en los tribunales.

Código Vidrio accedió al informe jurídico de la petrolera, casí como al de Contraloría. En este último reporte se especifica que Hispana debía entregar a Petroecuador las confirmaciones de reaseguro y notas de cobertura originales y apostillados que demuestren la colocación del cien por ciento (100%) del reaseguro. Pero eso no ocurrió. “Hasta la fecha de esta comunicación de resultados no se tiene evidencia de su cumplimiento”, indica el reporte preliminar.

La certeza documental de que se cuenta con el reaseguro -de una empresa internacional de reaseguros domiciliada, en este caso, en Inglaterra- es vital para cubirir el pago de siniestros. La empresa aseguradora local no está en la capacidad económica para hacerlo.

En la revisión de los documentos previos a la firma del contrato, los auditores establecieron que “únicamente se presentaron copias simples -no los originales como señala el contrato-  suscritas por los reaseguradores, que en conjunto alcanzaron el 83,5% del riesgo cedido (500 millones de dólares por evento), incumpliendo lo establecido en las condiciones técnicas de la contratación”.

Posible falsificación en respaldos de reaseguros

Estos y otros elementos, según el análisis legal, no solo ameritaban declarar la nulidad, sino la investigación de de una supuesta falsificación y adulteración de documentos públicos.

El 26 de enero pasado, Maldonado pidió que se formalice una demanda penal en la Fiscalía que hoy está en trámite. La denuncia fue presentada por Hugo Tapia, abogado de Petroecuador.

En esa denuncia se indica que en los archivos de Petroecuador no se encontró la documentación original y de soporte del acuerdo. Que los certificados del supuesto reaseguro, emitidos el 14 de diciembre del 2020, eran distintos a los originales presentados el 30 y 31 de diciembre del año pasado y solo estaban en español. Son distintos a los originales -en inglés- apostillados con fechas 30 y 31 de diciembre. Incluso tenían las firmas de otras personas. La rúbrica del certificado no corresponde al original de Mark Stuart Ritson: el documento está suscrito por Toby Esser.

14 certificados de resplados de los reaseguros de firmas internacionales se expidieron antes y después del 14 de diciembre, cuando se registraron los documentos apostillados oficialmente, destaca la denuncia.

Pese a las irregularidades, que evidenciarían incluso el cometimiento de posibles delitos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea investigó el caso, por pedido de la asambleísta saliente del PSC, Mercedes Serrano. Según la legisladora, el acuerdo firmado con Sucre habría atentado contra las normas de la contratación pública, en perjuicio de Hispana y Latina. Sucre ha sido un contratista privilegiado, en perjuicio de otras empresas privadas en Petroecuador, según Serrano.

Una de ellas es que supuestamente Sucre aceptó pagar la póliza de un siniestro, cuando su acuerdo no estaba ni siquiera firmado. Adicionalmente, que se extendió un nuevo contrato con la aseguradora a pesar que debe a Petroecuador 33 millones de dólares, lo cual impediría cualquier adjudicación a su favor. Esto, no obstante, es desmentido por las autoridades de la estatal, quienes aseguran que la deuda de Sucre aún debe ser definida por un peritaje y orden judicial. Es decir que legalmente la empresa no es deudora.

Mientras corre el plazo de 90 días que la Sala Civil de Guayas otorgó para extender la contratación con Sucre, Petroecuador deberá iniciar un nuevo proceso para adjudicar los seguros, lo cual recaerá en funcionarios del nuevo gobierno.

A pocas horas de finalizar su gestión, la Comisión de Fiscalización del Legislativo calificó este miércoles 12 de mayo la solicitud del juicio político en contra del ministro de Energía, René Ortiz, por las supuestas irregularidades en la contratación de seguros en Petroecuador. La decisión es inviable, pues los asambleístas terminan este jueves su labor, y el ministro Ortiz dejará el cargo hasta el 24 de mayo próximo.

Las empresas Andeantrade y Megasupply que ganaron concursos, por separado, para vender cámaras de reconocimiento facial al Municipio de Quito, están estrechamente relacionadas. Al menos tres de sus accionistas y directivos han ocupado cargos simultáneamente en ambas compañías, que están domiciliadas en la misma dirección, al norte de Quito.  Sebastián Yunda, hijo del alcalde, mencionó en sus chats que tuvo una reunión con un ejecutivo en Andeantrade. 

Redacción Código Vidrio

Andeantrade es mencionada en los chats que Sebastián Yunda, hijo del alcalde, intercambió con su tío César Yunda, funcionarios municipales y dos empresarios chinos, que cabildeaban para que las cámaras fueran de la marca Hikvision. Eso se cumplió al pie de la letra. En los dos procesos contractuales los funcionarios municipales pidieron a las empresas que los equipos correspondieran a esa marca china, aduciendo que la anterior administración ya había adquirido esos equipos.

El primer proceso de compra de 78 cámaras de reconocimiento facial empezó en agosto de 2019 y concluyó el 13 de septiembre, con la adjudicación a la firma Andeantrade, mediante una puja de subasta inversa, en el portal de compras públicas. Este contrato, por 602 mil dólares se firmó el 4 de octubre entre el gerente de Emseguridad, Adrián Haro, y Mónica de Lourdes Díaz Tuguminago, representante legal de Andeantrade.

El pago del anticipo (60% del contrato) se concretó el 23 octubre: el valor fue 343.785 dólares. Días después, el hijo del Alcalde le escribió a quien identifica como “Dalong”, vía WhatsApp: “ya pagaron cámaras papá”. Y le insinúa que su tío César ya está averiguando el pago.

-“Estoy enviando factura a China y después nos hace transferencia, una semana más o menos”, le respondió “Dalong”, a mediados de noviembre.

¿Quién es Dalong? Se trata del empresario chino radicado en Ecuador Yilong Wang, directivo de la Cámara Ecuatoriana China. El primer registro de las conversaciones de Yunda con él se remonta al 28 de marzo de 2019, cuatro días después de que Yunda ganara las elecciones.

Contactamos a Wang a su celular y le enviamos un correo a la Cámara pidiendo su versión, pero no respondió. Tampoco contestó nuestras llamadas el hijo del Alcalde, quien abandonó el país en marzo pasado.

En el primer contrato con Andeantrade, Emseguridad fijó la entrega de las cámaras para fines de diciembre. Por esos días la empresa recibió el último desembolso de USD 229 mil y posteriormente 30 mil más por el mantenimiento de los equipos.

Con la llegada del año nuevo, Sebastián intensificó las conversaciones con su tío y los empresarios chinos. Hablaban, entre otros temas, sobre el pago de comisiones y reuniones con proveedores de equipos tecnológicos.

– “Ñaño, podemos vernos tipo 11. Estoy demorado un poco”, le escribió el hijo del Alcalde a su tío César.

-“Claro, mijo. A las 11 en punto, que a las 12 tenemos reunión con Elison, en Andeantrade”, le respondió César Yunda a su sobrino.

Desde la posesión del Alcalde, en mayo de 2019, el guagua Yunda accedió a información privilegiada sobre los planes de adquisiciones en el Municipio, y las decisiones que se tomaban. Veía el negocio de cámaras y otros equipos tecnológicos como la gallina de los huevos de oro.

Eso se desprende de los miles de mensajes encontrados en los siete celulares incautados en el allanamiento de la Fiscalía a la casa del Alcalde Yunda. La diligencia se efectuó como parte del proceso penal que enfrenta  por un supuesto peculado en la compra de pruebas Covid-19. En este caso, Yunda acaba de ser llamado a juicio, junto con 13 implicados más. Paralelamente, la Fiscalía abrió una investigación previa contra su hijo, por su participación en varias contrataciones del Municipio. Investiga un presunto delito de delincuencia organizada.

Desde el primer día de la actual administración municipal, las acciones de los Yunda iban de la mano, casi sincronizadas. Mientras el Alcalde trazaba la ruta de su plan de seguridad para Quito, con énfasis en la compra de cámaras de reconocimiento facial, Sebastián  cabildeaba con proveedores y empresarios.

El eje de las compras es el proyecto Ojos de Dios, que en la actual administración se plasmó en tres contratos por más de 2 millones de dólares. Además, por el mantenimiento de los equipos adquiridos el Municipio paga un millón de dólares anuales. Cada cámara de reconocimiento facial costó 2.500 dólares, aunque la identificación no funciona por falta de una base de datos. Esos equipos cumplen la misma función de cualquier cámara de vigilancia, valoradas en 800 dólares.

Al referirse a la participación de su hijo en los contratos del Cabildo, el alcalde dijo: “Sobre los últimos acontecimientos en los que se ha pretendido involucrar a mi hijo en actos de corrupción, debo recordar a la ciudadanía que, constitucionalmente, todas las personas tenemos derecho a la presunción de inocencia”. Además aseguró “haber tomado decisiones firmes» sacando de sus cargos a los funcionarios que «desobedecieron mi instrucción de que ningún familiar mío pueda hablar a mi nombre, ni contestar llamadas o mensajes”.

‘Empresas hermanas’ 

¿Qué rol jugaron Andeantrade y Megasupply en este entramado? Mónica Díaz Tuguminago, quien firmó el primer contrato como representante legal de Andeantrade (fue vicepresidenta ejecutiva 2019-2020) también fue una de las directivas de Megasupply. Entre 2017 y 2018, gerenció esta compañía y consta entre su plana de accionistas hasta el agosto de 2019, según los registros de la Superintendencia de Compañías revisados por Código Vidrio.

De hecho, en marzo de 2018 ella fue postulada por Megasupply para integrar el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del Municipio de Quito, en representación del sector productivo. Ganó el concurso y fue designada en abril consejera principal, junto a ocho integrantes más, por un período de dos años.

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Mónica Díaz ha ocupado cargos directivos en las fraternas Megasupply y Andeantrade. Fue integrante del Consejo Consultivo del Municipio, desde 2018. También han tenido puestos gerenciales en ambas empresas Kléver Godoy, que firmó, como representante legal del Consorcio de Reconocimiento Facial, el contrato por 1,1 millones con Emseguridad. Otro ejecutivo que ha operado en las dos firmas es Oscar Trujillo, dueño de Andeantrade.  

 

 

Para postular para el puesto de consejera, por el cual no percibió un salario, Díaz declaró que no tenía intereses directos en procesos contractuales municipales, y que no representaba a empresas que pudieran tener conflictos de interés con el objeto del Consejo. Este organismo es la instancia de apoyo, consulta y asesoramiento de la administración municipal en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.

Pedimos desde hace dos semanas la versión de Díaz, pero no respondió a nuestra solicitud.

Todo en familia

El 15 de mayo de 2020, Megasupply ganó el segundo contrato de Emseguridad para la provisión de 49 cámaras de reconocimiento facial y 76 fijas, por 1,1 millón de dólares. Obtuvo la contratación como parte del Consorcio Reconocimiento Facial Quito, junto a la compañía Fulltec, domiciliada en Ambato. El proceso contractual arrancó a fines de noviembre de 2019.

Adrián Haro, gerente de Emseguridad, firmó el acuerdo con Kléver Godoy Cevallos, procurador del Consorcio ganador, accionista y gerente de Megasupply. El 26 de agosto de 2019 Monica Díaz le cedió a Godoy 200 acciones en esa firma.

Al igual que Díaz, Godoy no solo ha sido parte de Megasupply. También fue directivo de Andeantrade. Entre 2017 y 2020 fue gerente de procesos en esa compañía, según indica en su perfil de Linkedin. Es decir que habría estado al frente de ambas firmas durante los procesos de contratación con Emseguridad.

Contactamos a Godoy a su celular y nos respondió que prefería no pronunciarse.

Andeantrade y Megasupply están domiciliadas en la misma dirección, en el centro norte de Quito: Vasco de Contreras N34-180 y Lallement, cerca del colegio San Gabriel.

Las dos compañías funcionan en el mismo edificio de cuatro pisos, de color crema con franjas azules. Acudimos al lugar. Constatamos que actualmente en el inmueble no hay ningún letrero que advierta la existencia de ninguna de esas firmas. Sin embargo, en los registros de internet de Andeantrade, su nombre aparece en uno de los ventanales del segundo piso de ese edificio.

El accionista principal y dueño de Andeantrade es Óscar Trujillo, quien desde 2019 ejerce el cargo de Presidente. Hasta junio de 2018 también fue accionista de Megasupply, según reportes de la Superintendencia de Compañías.

 

La relación y conexiones de los accionistas de ambas firmas es investigada por el concejal y vicealcalde, Santiago Guarderas. En la última reunión de la Comisión de Seguridad le pidió al gerente de Emseguridad un informe de esos nexos y la composición accionarial de las firmas. Y le exigió a Haro un explicación sobre la entrega de los contratos a dos firmas relacionadas.  “Debemos recordar -respondió Haro- que cada proceso es autónomo e independiente, realizado en diferentes ejercicios económicos; en este caso, las verificaciones que deben realizarse, se cumplieron en cada uno de los procesos. El hecho de que una empresa ganadora de un proceso (Fase 1), tenga la misma dirección de otra empresa que se consorció para participar en otro proceso (Fase 2), no es impedimento para participar. En este caso, cuando existen coincidencias de accionistas, administradores o dirección domiciliaria, en el mismo proceso, el Sercop, a través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) se encarga de suspender o descalificar a los oferentes que tienen vinculación”.

Andeantrade es reincidente en cometer ilegalidades en otros procesos contractuales. Fue sancionada dos veces, desde el 2019, por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). El 27 de noviembre de 2019, dos meses después de ganar el contrato con Emseguridad, fue señalada por el Sercop por realizar una declaración errada dentro de un proceso de contratación, inclusive respecto a su calidad de productor nacional.

En este caso se le suspendió por 60 días el Registro Único de Proveedores (RUP), con lo cual no pudo participar en ningún proceso de compras públicas en este período.

Seis meses después de cumplir esa sanción, la compañía volvió a ser observada por entregar información falsa, adulterando un certificado presentado dentro de un proceso de compras públicas en la Empresa Municipal de Tránsito de Guayaquil. Por ser reincidente, a Andeantrade le suspendieron nuevamente el RUP por seis meses.

Este miércoles 5 de mayo estaba previsto que el directorio de Emseguridad se reúna para nombrar al nuevo gerente de Emseguridad, en reemplazo de Haro, quien es cuestionado por las contrataciones. El funcionario se elegirá de una terna presentada por el alcalde Yunda. El más opcionado es Freddy Yandún, afín al correísmo.

Las influencias llegaron hasta otros municipios y prefecturas, donde Sebastián Yunda cobraba 5 mil dólares por presentación. Los miembros de su grupo musical 4 AM también tuvieron acceso privilegiado a las pruebas Covid-19 del Municipio. Esta cuestionada adquisición dio origen a la investigación penal en curso.

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Era un hombre orquesta. Recursos e influencias del Municipio de Quito se usaron para organizar las presentaciones artísticas de Sebastián Yunda Yunda, hijo del alcalde Jorge Yunda Machado.

Eso se desprende del análisis de cientos de chats, del teléfono Iphone azul, incautado durante el allanamiento ordenado por Fiscalía, el pasado 17 de marzo a la casa en Capelo, suroriente de Quito.

El proceso penal por presunto peculado se encuentra en fase de instrucción, en espera de la audiencia preparatoria de juicio, prevista para el 26 de abril.

El alcalde Jorge Yunda cuestionó la difusión de los chats, poniendo en duda su autenticidad. También advirtió que había separado a todos los funcionarios que incumplieron la disposición clara de ignorar cualquier requerimiento de sus familiares o allegados.

Sin embargo, el intercambio de mensajes incorporado al proceso judicial revela una familiaridad y condescendencia singular entre la directiva de la Alcaldía, a cargo de relaciones públicas y protocolo, y el hijo del Alcalde.

La funcionaria le comparte religiosamente la agenda de actividades diarias de su padre. Así, él se entera de un viaje a Nueva York, invitado por una fundación de personas con discapacidad auditiva.

-“¿No querrán llevarnos a nosotros 4AM a presentarnos, y vienes tú como manager. Sería bueno y me quedo haciendo una semana de shows allá”.

Ella se encarga de conseguir las invitaciones para los miembros de la banda, aprovechando la relación establecida con el Cabildo. De gestionar las visas. Y de comprar los pasajes, para lo cual -luego le menciona en tono de reclamo- ha salido en contra y puesto de su bolsillo. Hace todos los trámites para que tengan un tratamiento preferencial en el Registro Civil, donde obtienen los pasaportes.

Al inicio de las gestiones, Yunda hijo le cuenta que el cantante no tiene visa, la funcionaria le tranquiliza:

-“Soy la mejor para eso”.

Al fin de cuentas, a fines de julio de 2019 viaja inclusive el alcalde Yunda a Nueva York: se decide a última hora.

Meses después, ´Sebas´ le alerta que esté pendiente de auspicios para el evento Reina de Quito. Le confiesa que está por cumplir años y quiere que su fiesta coincida con el lanzamiento de un nuevo sencillo. Le pide ayuda para auspicios. Ella le aconseja que se apalanque en la influencia de sus managers.

El texto de las conversaciones muestra una funcionaria deseosa por cumplir las expectativas del hijo de su jefe, en horas de oficina, con contactos a nivel de empresarios, exdiplomáticos y otras autoridades municipales. Fuentes del Municipio dijeron que el Alcalde estuvo al tanto.

Pedimos la versión de Yunda hijo, pero no respondió a los mensajes a su celular. Abandonó el país el 21 de marzo pasado.

La funcionaria municipal incluso gestionaba auspicios de firmas comerciales para las presentaciones artísticas. Pero fue más allá. Levantó una base de datos con todas las fiestas de municipios y provincias, en espera de concretar contrataciones para el grupo 4AM, en el cual Sebastián Yunda es guitarrista.

-“Igual de todos los shows que saquemos, te doy una comisión, amiguita. Los municipios nos contratan en 5 mil dólares cada show. Ahí comisionas”.

-“Mmm suena bien. Hay que tratar de sacar full contratos”.

-“Ayúdame a conseguir los números (de los alcaldes), que yo me encargo del resto… Con algunas Alcaldías tenemos amistad, ahí vamos gestionando. También con prefecturas, tenemos contactos”.

Manager de ´Sebas´ y secretario de Cultura

También se refiere el apoyo de su amigo y manager Diego Jara. Desde el 15 de mayo de 2019, al día siguiente del inicio del mandato de Yunda, Jara actuaba como Secretario de Cultura, con sueldo mensual del 3.700 dólares. Tenía facultad de contratar eventos, como el festival de música Ocupa, al que asignó un contrato de 15 mil dólares.

Jara fue uno de los funcionarios que renunció tras hacerse público el contenido de parte de los chats, los últimos días. Uno de los mensajes muestra que Jara le recomendó a ´Sebas´ tener cautela al reunirse con representantes de una empresa cuestionada por tráfico de influencias para contratos de obras.

El hijo del Alcalde, en respuesta, menciona que ya recibió 5K de esa entidad privada y que están en juego 30K adicionales en apoyos. Él secretario de Cultura le insiste en el riesgo de concretar la reunión.

Durante la crisis sanitaria, los integrantes del grupo musical al que pertenece el hijo de Yunda también accedieron en forma privilegiada a las cuestionadas pruebas Covid-19 que compró el Municipio. Este contrato, por 4,2 millones de dólares, originó la investigación fiscal que está en curso.

Para ello, Sebastián Yunda se valió de contactos con al menos tres funcionarios de la Secretaría de Salud, a quienes pasó los nombres y números de cédula de los solicitantes de pruebas. De todos ellos recibió los resultados por vía WhatsApp.

(Continuará...)

 

El gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, está en el ojo de la tormenta por la atropellada adjudicación de pólizas a la aseguradora estatal Sucre, en perjuicio de dos empresas privadas. La Comisión de Fiscalización acaba e concluir que hubo irregularidades en ese proceso que favoreció ilegalmente a Seguros Sucre y perjudicó a Latina e Hispana.

Redacción Código Vidrio

La entrega de la póliza de cobertura de riesgos por 53,4 millones de dólares a Seguros Sucre se concretó en enero pasado. El gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, anuló el proceso de adjudicación, que el 4 de diciembre del 2020 habían ganado las empresas privadas Hispana y Latina.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea acaba de expedir un informe sobre ese proceso. Determina “claras irregularidades” que evidenciarían que desde Petroecuador y otras instituciones públicas se benefició “ilegal y dolosamente” a Seguros Sucre.

El organismo envió a fines de marzo pasado su informe a la Fiscalía y otras entidades de control para que investiguen el posible cometimiento de delitos.

Uno de los hechos que más llama la antención de Fiscalización es el desacato del gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, a los fallos judiciales dictados en enero pasado, a favor de Hispana y Latina, que dejan sin efecto las resoluciones de anulación del contrato emitidas el 15 y 20 de enero.

“La empresa pública, con mala fe y negligencia, únicamente remitió un oficio conteniendo ejemplares de las dos resoluciones que no habían sido notificadas a Hispana de Seguros, pero no dio fe del cumplimiento de los procesos administrativos contenidos en tales resoluciones, ni dispuso mantener los seguros con las empresas que habían sido previamente adjudicadas”, indica el informe.

Por esta razón, el 22 de febrero pasado un juez negó, en una sentencia, la petición de revocatoria interpuesta por Petroecuador de la medida cautelar constitucional, a favor de Hispana y Latina, en el proceso 09284-2021-00118.

“Resulta claro para esta Comisión que existió la orden judicial de dejar sin efecto las resoluciones que quitaban el contrato a Hispana y Latina. No obstante, no se ha cumplido esa disposición. En esta misma Comisión, el Gerente de Petroecuador aseguró que la aseguradora de su representada es Sucre. Así, en su deber de demostrar cumplimiento de la orden judicial, ha mentido y engañado a la autoridad de justicia, así como también a esta comisión, por lo cual hace se presume la comisión de un delito”.

Los privilegios de Seguros Sucre

Desde el 2014, Seguros Sucre, compañía con capital público, obtuvo el contrato de Petroecuador por USD 53,4 millones y desde entonces sus autoridades le concedían ampliaciones, a dedo, sin un proceso contractual de por medio. Se hicieron 16 extensiones sucesivas del acuerdo para mantener las pólizas de seguro. En estos procedimientos no había concursos públicos abiertos.

En julio del 2020, Petroecuador abrió un concurso para escoger la mejor oferta entre varias empresas. El proceso, con dimes y diretes legales, se definió en diciembre del año pasado cuando la petrolera se declaró en emergencia y contrató a Hispana y Latina. Sucre quedó fuera.

No obstante, la contratación fue disuelta en menos de un mes. Fue dada de baja por Maldonado, quien acababa de asumir la gerencia de Petroecuador. Código Vidrio pidió inisitentemente una entrevista a Maldonado, pero no respondió a nuestros requerimientos.
Para Hispana hubo una violación a sus derechos e incumplimientos flagrantes de las cáusulas del contrato, por la supuesta interferencia de altos funcionarios del Gobierno, según explicó su abogado, Juan Carlos Arosemena.

Él cuestionó la arbitraria e ilegal decisión de Maldonado y la interferencia de la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, quien el 13 de enero pasado envió a Maldonado el oficio PR-SNJRD-2011-0030-OQ.

En ese escrito se cita una comunicación del Servicio de Contratación Pública (Sercop), que alertó del proceso de emergencia para contratar las pólizas, pues a su criterio inobservó la regulación “generando una afectación directa a los principios de legalidad, publicidad y transparencia establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Contratación Pública”.
En base a esa alerta, Pesántez le pidió a Maldonado un análisis pormenorizado para hacer los correctivos pertinentes.

El 15 de enero, Maldonado decidió terminar la emergencia y la contratación de la póliza de todo riesgo y responsabilidad civil, dejando sin efecto el contrato con las aseguradoras privadas.
Luego expidió una nueva extensión del contrato con la estatal Sucre, por 120 días, por de 8,7 millones de dólares.

Pesántez niega intervención ilegal

En entrevista con este portal, Pesántez confirmó que envió ese comunicado, luego de las alertas del Sercop. Sin embargo, negó que haya actuado ilegalmente en la contratación.
“Nosotros no intervenimos en la contratación porque somos un órgano asesor, no ejecutor”, destacó Pesántez. “Participamos cuando nos llega la información de las distintas carteras de Estado a la Presidencia, donde indican que existirían procedimientos que no están claros, que hay algún problema o necesitan ser revisados”.

Silvana Vallejo, titular del Sercop, explicó en la Comisión de Fiscalización que en la declaratoria de emergencia en Petroecuador detectaron anomalías. Por ejemplo, que la contratación de los seguros no fue de 60 días, como determina la Ley, sino de 720 días. Además, no se habría cumplido con los plazos establecidos para la publicación de documentos contractuales, como la certificación presupuestaria, estudios de mercado e informes de evaluación.

Vallejo envió comunicados a la Contraloría para que realice una auditoría emergente -que aún no concluye- y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

La asambleísta del Partido Social Cristiano, Mercedes Serrano, tiene dudas de la competencia de la Secretaria Jurídica para intervenir. Sobre todo, le llama la atención que su oficio haya sido usado por el gerente Maldonado como sustento para terminar con los actos administrativos de emergencia; en especial por otorgarle una nueva ampliación a Sucre, que le debe a Petroecuador 35 millones de dólares por el pago de un siniestro.

Pesántez insistió en que podía intervenir, al igual que en otros casos cuando han procesado denuncias que llegan a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia. “En esos casos solicitamos información a los ministerios requeridos, cuando detectamos anomalías”.

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CRONOLOGÍA

• 2 de diciembre de 2020. Petroecuador declaró en situación de emergencia, la integridad y seguridad de sus funcionarios, bienes y operadores y dispuso la contratación de pólizas de seguros.
• 4 de diciembre. Mediante resolución PGG No. 2020270, Petroecuador adjudicó el procedimiento de contratación por emergencia a favor de Hispana de Seguros S.A. y Latina Seguros.
• 13 de enero de 2021. La Secretaría Jurídica de la Presidencia, con oficio No. PR-SNJRD-2021-0030-OQ, solicitó a Petroecuador que se tomen los correctivos que el caso amerita, alegando supuestos incumplimientos a la normativa aplicable de la contratación.
• 15 de enero. El gerente de Petroecuador, Gonzalo Maoldonado, anuló todo lo actuado.
• 20 de enero de 2021. Maldonado declaró la nulidad de la resolución del 4 de diciembre que adjudicó las pólizas a las empresas privadas por 53,4 y aprobó la contratación nuevamente con Seguros Sucre, de forma retroactiva.

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Maldonado fue convocado a dar explicaciones en la Comisión de Fiscalización del Legislativo. Justificó la nulidad de la emergencia con base en pronunciamientos de la Contraloría y la Procuraduría, que habrían encontrado “vacíos” en la contratación. Luego presentó una denuncia en la Fiscalía para que se indagara el cometimiento de una supuesta infracción penal en la adjudicación de las pólizas.

También reconoció la deuda que mantiene Seguros Sucre con Petroecuador, lo que violaría la Ley de Contratación Pública. Sin embargo, el asesor jurídico de la estatal, Jaime Alarcón, dijo que esa norma abarca a las empresas deudoras y morosas con el Estado y que Sucre no tenía esa condición, por lo cual estaba incluida en el catálogo del Servicio de Contratación de Obras Públicas.

Sucre es moroso de Petroecuador

En 2009, el entonces secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera (hoy sentenciado por el caso sobornos) fue el encargado de aplicar una orden de Rafael Correa: las instituciones del Ejecutivo solo podían contratar con Seguros Sucre o Rocafuerte. Así cerró las puertas a la libre competencia con empresas privadas, y por lo tanto a mejores opciones de seguros más eficientes y económicos.

Estas dos entidades fueron incautadas por el Estado luego del feriado bancario, en el 2000. La primera pertenecía al Grupo Laniado, que mantenía el Banco del Pacífico; mientras que la segunda era de los hermanos Isaías, ex dueños de Filanbanco.

El anterior régimen justificó esta medida como una estrategia para fortalecer a estas instituciones, que languidecían en el mercado de seguros. Según el ex Mandatario, contratar con Sucre y Rocafuerte era como “pasarse el dinero del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho”.

Esta decisión se consolidó en el 2014 con la decisión de fusionar a Sucre y Rocafuerte. De esta manera, Sucre se quedó con el monopolio de las instituciones gubernamentales. Se convirtió, de un momento a otro, en el asegurador más grande del país.

Tras llegar al poder, Lenin Moreno decidió, inicialmente, cambiar la política anterior y abrir al mercado de seguros del sector público a firmas privadas. Sin embargo, esa resolución escondía un artilugio. Según la disposición del ex secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, si el concurso se declaraba desierto y existía una oferta de una empresa con más de 50 por ciento con capital público, el contrato debía serle otorgado directamente.

Así, Sucre seguía siendo el beneficiado directo, pese a la deuda que mantenía con Petroecuador.
Cristian Carpio, gerente de la aseguradora estatal, aseguró que no está en firme la deuda. Recordó que la justicia declaró la nulidad del reclamo de la petrolera por 34 millones y este momento el proceso espera un nuevo peritaje.

La disputa se inició porque Sucre canceló directamente a afectados por los siniestros en Petroecuador. No obstante, la petrolera no reconoció esos pagos y demandó que se le entregara el dinero completo.

Según los cálculos de Carpio, la deuda llega a los 6 millones de dólares. No obstante, admitió que mantienen pasivos por 34 millones si la justicia no les da la razón. Según un fallo judicial, Sucre adeuda esa suma por una cobertura no brindada hace más de siete años.
Un acuerdo para una póliza retroactiva

La legisladora Serrano dice que en el nuevo acuerdo entre Petroecuador y Seguros Sucre hay una decisión que debe ser analizada a profundidad. La aseguradora aceptó cubrir un siniestro ocurrido el 8 de diciembre del año pasado, pero la extensión del contrato recién se firmó el 15 de enero.

Para ella, no hay sustento legal para cubrir este siniestro que dejó pérdidas por tres millones de dólares. Le resulta extraño, sobre todo, porque el Superintendente de Compañías, Jorge Lince, declaró que no era procedente, en un escrito del 5 de febrero pasado.

En su comparecencia ante Fiscalización, el gerente de Sucre, Cristian Carpio, dijo que la ley respalda ese acuerdo. Tomó como referencia el artículo 669 del Código de Comercio que, en resumen, sostiene que las características de una póliza pueden ser acordadas entre las partes.

Para la Comisión de Fiscalización, la figura de la “vigencia retroactiva” de un contrato, especialmente de seguros, se va en contra de la naturaleza del negocio jurídico. El perfeccionamiento del contrato ocurre al momento de verificar la voluntad de las partes, por lo cual es imposible verificar cuando esta no sucedió. “No podría decirse que existió la voluntad de las partes, Petroecuador y Seguros Sucre, de suscribir un contrato de seguros en el momento en el cual se pretende iniciar la retroactividad. Así, el negocio jurídico es inexistente”.

Este criterio fue avalado el 5 de febrero por el Superintendente de Compañías, Jorge Lince. Él indicó que las empresas de seguros no tiene potestad o facultas alguna para hacer constar en las pólizas de seguro como fecha de inicio de vigencia, una fecha anterior a la que en realidad de produjo el consentimiento de las partes, conforme a las disposiciones legales antes invocadas”.

El ministro de Energía, René Ortiz, dijo que las inquietudes alrededor de este caso quedarán absueltas luego de que la Contraloría emita su informe. Para él, Petroecuador actuó con transparencia, pues pidió una auditoria del organismo de control.

Por lo pronto, la Fiscalía analiza las denuncias de Petroecuador y de la Comisión de Fiscalización y deberá definir si cabe el inicio de un proceso penal.

La Corte Constitucional admitió a trámite el recurso extraordinario de protección presentado por los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado y la gerente de la clínica San Gabriel, María Muñoz. El 15 de junio pasado la Corte Nacional de Justicia ratificó en última instancia la sentencia contra los tres por mala práctica profesional, que desencadenó la muerte de la joven Michelle Cobo, luego de una operación estética.

Redacción Código Vidrio

El caso por la muerte de la joven quiteña Michelle Cobo dio un giro sorpresivo en la Corte Constitucional. La Sala de Admisión de este Tribunal decidió tramitar el recurso extraordinario de protección, presentado por  los médicos sentenciados Patricio Toscano y Carlos Hurtado, y por la exgerenta de la Clínica San Gabriel, María Eugenia Muñoz.

Esta sala estuvo conformada por la vicepresidenta de la Corte, Daniela Salazar, y por los magistrados Karla Andrade y Agustín Grijalva. En su resolución, emitida el 4 de marzo pasado, los jueces indican que hay elementos que ameritan que el caso sea analizado por el Pleno del Tribunal.

El año pasado, la Corte Nacional de Justicia ratificó, en última instancia, la condena contra Toscano, Hurtado y Muñoz, por la muerte de Cobo, bajo la figura penal de mala práctica profesional, corroborando así los fallos de varios jueces de primera y segunda instancia.

Los médicos fueron sentenciados a seis años de prisión, porque eran reincidentes en el delito, mientras que la ex gerenta de la Clínica recibió una pena de tres años de reclusión.

Pero ninguno de los tres cumple con esta condena, que está en firme. Los médicos están prófugos; mientras que Muñoz recibió medidas alternativas, hasta que se ratifique la condena en su contra.  Ella debe presentarse en la Corte y no puede salir del país.

En la resolución de la Sala de Admisibilidad, en el caso de Toscano y Hurtado, se señala que la Sala de lo Penal de la Corte  Nacional podría no haber tomado en cuenta el principio de “congruencia”. Es decir que la figura penal con la que fueron juzgados habría cambiado durante el proceso, de mala práctica médica a mala práctica profesional.

En el caso de Muñoz acogieron el principio de “tutela efectiva” porque supuestamente en la instancia de casación no fue escuchada y no se le permitió fundamentar sus recursos. Eso pese a que la Corte no acogió la casación por falta de motivación.

 

José Molina, abogado de la familia de Michelle Cobo, defiende lo actuado por los jueces penales de primera, segunda y última instancia. Recalcó que el principio de congruencia no cabe en este pedido,  porque es falso que Toscano y Hurtado hayan sido sentenciados por un tipo penal distinto al que inició con la acusación de la Fiscalía. “El delito juzgado siempre fue mala práctica profesional, no mala práctica médica, cromo quieren hacer parecer los demandantes”.

En el 2016, la Fiscalía los acusó de mala práctica profesional, basándose en el artículo 146 del Código Penal que establece una sanción, no solo para los médicos, sino para cualquier profesional que incurra en un homicidio culposo, que es el caso de Michelle Cobo.

“Ellos fueron sentenciados por el primer inciso del artículo 146, que prevé una pena por tres años, pero yo apelé en la Corte Provincial y me dieron la razón porque se demostró que la cirugía de Michelle Cobo fue innecesaria, peligrosa e ilegítima”.

Además, la pena subió a seis años porque Toscano y Hurtado ya habían sido sentenciados por ese delito. El 2015, Yadira Cáceres, una madre de 36 años, confió en Toscano para que le practicara una liposucción y falleció en el quirófano.

Para Molina tampoco se atentó contra la tutela judicial de María Eugenia Muñoz. Recordó que en todas las instancias del juicio se demostró que la Clínica bajo su administración incumplió con varios procedimientos legales, desde la higiene de los quirófanos; el personal a cargo de las operaciones y los permisos de funcionamiento.

El abogado de Muñoz, Pablo Encalada, está satisfecho con la decisión de la Sala de Admisibilidad. “La tutela efectiva es el derecho de todas las personas de acceder a los órganos de justicia para que se resuelvan su justicia. Lo que se alega es que la Corte Nacional no motivó adecuadamente su decisión, que fue arbitraria”.

Cinco años de un juicio tortuoso

Antes de ser sentenciados Toscano era famoso: como cirujano plástico copaba las redes sociales y la televisión. Era el rostro visible de la Clínica Estéticus, uno de los centros más grandes de la capital. En una entrevista con este portal, el año pasado, él dijo que tuvo en récord de 25.000 operaciones exitosas.

No obstante, ocultaba la muerte de dos mujeres que confiaron en él para mejorar su figura. Michelle Cobo no conocía la muerte de Yadira Cáceres cuando acudió a su consultorio.  Toscano siguió atendiendo a sus pacientes con normalidad, a pesar de que estaba enjuiciado por la familia de Cáceres.

El 15 de julio del 2016, Michelle Cobo, de 20 años, acudió a la Clínica San Gabriel para que se le retirara un lipoma y se le mejorara la figura con una liposucción. La joven  murió un día después, su cuerpo no pudo soportar el ataque la bacteria fleshitin, más conocida como  “come carne”, la más letal de los estreptococos, producida por uan septisemia.

La Fiscalía y los jueces penales determinaron varias irregularidades en ese tratamiento. La primera fue que Toscano no operó a Michelle Cobo, sino que fue Hurtado, quien no la conocía ni la había examinado antes.

Además,  en el equipo que operó a Michelle hubo personas sin especialización, que es un requisito obligatorio según el Código de Salud. Por ejemplo, la asistente no tenía un título universitario.

La investigación evidenció que la Clínica San Gabriel alquilaba su sala de operaciones a médicos externos, sin contar con los equipos necesarios en caso de una emergencia. Por ejemplo, se comprobó que mientras Michelle era operada otro quirófano era usado para colocarle implantes en los senos a otra mujer. Las intervenciones, el 15 de julio del 2016, estaban planificadas en seguidilla, una tras otra, en el tiempo justo, sin prever una correcta y oportuna esterilización y desinfección de las salas.

Cuando su estado de salud se agravó, la joven no pudo ser atendida en la Clínica San Gabriel, que no contaba con los equipos apropiados para una emergencia.  Todos estos hallazgos son parte del proceso penal que próximamente cumplirá cinco años.

Los jueces de la Corte Constitucional pidieron que se les remita todo el expediente para analizarlo. El Pleno del Tribunal no tiene un plazo establecido para resolver la demanda.

Según el jurista Farith Simon, la decisión que tomará la corte no puede revisar el fondo de la sentencia. Es decir la culpabilidad de los implicados, solo podrá considerar que se violó derechos en el trámite o en la decisión de los judiciales.

No obstante, Toscano, Hurtado y Muñoz pidieron a los jueces constitucionales que declaren la supuesta vulneración de sus derechos y se ordene a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia que les otorgue una reparación integral de su condena.

Este portal intentó entrevistar a Carlos Pazmiño, abogado de Toscano y Hurtado, pero no quiso pronunciarse, “porque los periodistas no deben influenciar en la decisión de los jueces”.

SEMBLANZA. El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, acaba de anunciar que apoyará al candidato Andrés Arauz, de UNES. Semanas antes, esa organización indígena había decidido no respaldar a ninguno de los postulantes presidenciales y se pronunció a favor del voto nulo. A Vargas ya se lo había relacionado con el correísmo, especialmente luego del paro de octubre de 2019. Precisamente, a fines de ese mes Vargas estuvo en Madrid, España. Lo acompañó el dirigente Leonidas Iza. En la capital española tuvieron un encuentro y fueron entrevistados por el chileno Patricio Mery Bell, quien es cercano al expresidente Rafael Correa y es un puntal de la estrategia internacional de su movimiento en redes sociales. Vargas ha sido profesor y es de la nacionalidad Achuar. En la Fiscalía es investigado por el supuesto secuestro de policías en la Casa de la Cultura. Nota actualizada el 3 de abril de 2021.

Redacción Código Vidrio

Jaime Vargas se pasea confiado, como un jaguar en su territorio. Aunque durante el paro de octubre de 2019 proyectó una imagen dura y rebelde, incluso intolerante, en una charla, cara a cara, con Código Vidrio el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se ve parsimonioso y consiliador. Seguro de sí mismo.

En octubre de 2019 se apuntó una victoria transitoria, cuando forzó a que el presidente Lenin Moreno derogara el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles.

Bajo su conducción, el paro no solo revivió al movimiento indígena, tan debilitado durante el coreísmo. Puso a prueba su capacidad de organización, de articular y expandir una narrativa, sin pasar necesariamente por los medios tradicionales.

Las últimas semanas, Vargas reapareció públicamente en el marco de las manifestaciones por el año del paro. Y hoy lunes 26 de octubre de 2020 rindió su versión, por cerca de una hora, en la Fiscalía, donde es investigado por el secuestro de policías en la Casa de la Cultura.

La plataforma comunicativa de Vargas se ancla a los medios comunitarios. Especialmente a sus “lanceros digitales”, un grupo de 150 comunicadores populares amazónicos, que difunden por redes sociales las actividades de los dirigentes de la Conaie, y están siempre alertas para ir a la guerra mediática, si el caso lo amerita. Un primer ensayo de ese potencial se realizó en octubre de 2019.

Con esa maquinaria informativa, de la que también son parte otros medios que los dirigentes indígenas consideran aliados, como Wuambra Radio, parte a su vez de la ONG El Churo, Vargas apuntala el discurso de la Conaie y sus reivindicaciones políticas.

De hecho, en el paro octubre pasado de se estima que la Conaie ganó la batalla informativa, al menos hacia afuera: posicionó su narrativa sobre la represión brutal del gobierno de Lenín Moreno. Sus lanceros coparon las redes con mensajes de todo tipo, mientras desde distintos puntos del país y el exterior, principalmente Venezuela y Rusia, otros grupos, identificados por el gobierno con el correísmo, disparaban ráfagas de noticas falsas, para desestabilizar al gobierno. Pescar a río revuelto.

Vargas  no ha dejado de realizar un trabajo sostenido de cabildeo dentro y fuera del país, visitando comunidades y pueblos indígenas, tendiendo alianzas claves, con miras a las próximas elecciones.

“Cada nacionalidad tiene radios comunitarias que están cerradas; tenemos que tomar muy en serio esto con el gobierno nacional para tomar acciones y que estas empiecen a funcionar”, dijo.

Esas visitas, puerta a puerta, son “la marca que ha dado a la presidencia de la Conaie”, asegura Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, que impulsó su elección en septiembre del 2017.

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“Mira hijo, yo no te eduqué para que sirvas a la gente que no es de la comunidad”, recuerda Vargas que le decía su papá, que falleció hace tres años.

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Vargas, de 40 años, fue inicialmente reacio a presidir la Conaie. Rechazó la candidatura por dos ocasiones. Confiesa que estaba agotado de la dirigencia, que le había quitado tiempo para estar junto a su familia (es divorciado y tiene cuatro hijos) y al negocio que montó en su comunidad.

Desde su juventud apostaba por los emprendimientos, pero las palabras de su padre Hilario pesaron más, pues le insistía en que sirva a su comunidad.

La infancia entre los Achuar

La niñez de Vargas transcurrió en una comunidad Achuar, donde se involucraba en todas las actividades que podía. En las fiestas los niños se encargan de aprovisionar el agua y la madera, y al cumplir 14 años ya tienen voz en las decisiones comunales. En ese entorno creció Vargas, quien estudió en una escuela comunitaria en la población Achuar Guaraní, luego siguió el bachillerato en Puyo. Se graduó de contador y empezó a trabajar en la Dirección Provincial de Educación.

Su padre Hilario lo hizo regresar a su tierra; inicialmente viajó con la idea de montar su negocio, pero los problemas que vivían los adolescentes de su comunidad le hicieron cambiar de parecer.

Entonces se convirtió en un profesor secundario, que con la ayuda de la Cooperativa de Ahorro CAP Pastaza, la más famosa de la provincia amazónica, consiguió que se instalará una extensión de un colegio misionero para graduar a los jóvenes que habían desertado de las aulas.

Ese fue el primer paso para entrar a la dirigencia de su comunidad, luego de su nacionalidad Achuar y posteriormente de la región Amazónica. Allí nació su oposición al ex presidente Rafael Correa, de quien se declara su principal contradictor en Pastaza. Por eso, para él articular una alianza con el correismo sería como juntar agua con aceite.

Nueva generación de dirigentes 

Vargas surgió de un proceso de renovación de la dirigencia de la Conaie. Así se trataba de frenar la injerencia de Correa en sus comunidades, que estaban dividas entre el apoyo a ese gobierno y la oposición que lideraba la organización desde el 2009.  Vargas reconoce que además de la lección de su padre Hilario, la división, incluso de los Achuar, lo empujó a la dirigencia.

Aunque no tienen cifras exactas, Apawki Castro, del consejo directivo de la Conaie, sostiene que el 30% de los dirigentes de las organizaciones de base no cumple todavía los 37 años de edad.  Mientras que en  las organizaciones regionales como la Ecuarunari, la Confeinae y Conaice, el 70% de sus representantes no llega a los 30 años.

Esa juventud fue la protagonista del último Congreso de la Conaie para elegir a sus autoridades nacionales. En septiembre del 2017, los máximos líderes indígenas se reunieron en Zamora Chinchipe para escoger al reemplazante de Fausto Herrera.

Era el turno de un dirigente de la Amazonía y se presentaron dos candidatos: Franco Viteri, de Sarayaku; y Jaime Vargas, de la nacionalidad Achuar. La decisión no fue fácil ni rápida.

El apoyo de las comunidades de Cotopaxi y Tungurahua gravitó para que Vargas ganara la presidencia y que Viteri renunciara a su candidatura. En su discurso, Vargas no ocultó su principal derrotero. Entonces, adelantó que en las elecciones presidenciales del 2021 su objetivo era llegar con un candidato indígena, incluso dejando de lado a Pachakutik.

El representante de este partido político y actual asambleísta, Jaime Olivo, dice que esa declaración fue descartada por  el propio Vargas pocos días después y que el respaldo a Pachakutik, hasta el momento, se mantiene en firme.

Desde enero del 2019 Vargas y su compañero Leonidas Iza caminaron las comunidades del país para afinar la protesta de octubre. Su acción fue silenciosa y meticulosa. Vargas no mostraba su colmillo, hasta que durante el paro se volvió protagonista, tomando la iniciativa con un estilo de confrontación permanente.

En una de sus imágenes más simbólicas se lo observa golpeando con la palma abierta en el pecho al coronel de la policía Cristian Rueda, mientras le exigía que le retirara el apoyo al Primer Mandatario. A Moreno lo calificó de “patojo”, pero luego le ofreció disculpas.

Irascible y desbocado. Pocas semanas después calificó de “hijos de puta” a los funcionarios del Gobierno que buscaban llegar a las comunidades indígenas de Cotopaxi, en una campaña de atención médica y social.

Sus acciones de octubre desembocaron en cinco expedientes penales en la Fiscalía por presunto terrorismo, incitación al odio, atentados a la administración pública, entre otros.

Con estos antecedentes, una de las críticas contra Vargas es que tiene un carácter similar al de Correa. Andrés Tapia sostiene que no, que él encarna la personalidad fuerte del pueblo Achuar, enérgico y frontal.

Vargas cree que el Gobierno y los medios tradicionales apuntan en su contra; por eso, pensó demandar al peruano Jaime Bayly por su acusación sobre los supuestos ingresos que llegaban a su cuenta personal de una ONG de Estado Unidos, aunque los fondos eran para la Conaie.

Lo cierto es que buena parte de los recursos que recibe la Conaie desde el exterior proviene de los cabildeos y concursos que Vargas ha realizado con distintas fundaciones internacionales en varios países.

Desde el 2013, cuando dirigía la Confederación Amazónica, Vargas ha viajado en 14 ocasiones al extranjero, según registros de Migración. Los últimos años se ha desplazado a Estados Unidos, Catar, Arabia Saudita, Suiza, Francia, España, México, Perú y Guatemala.

En España, precisamente, Vargas estuvo en la Cumbre por el Medio Ambiente, que se realizó en Madrid. Lo acompañó el dirigente de Cotopaxi, Leonidas Iza.

En la capital española se reunieron con el chileno Patricio Mery Bell, quien es cercano al expresidente Rafael Correa y es un puntal de la estrategia internacional de su movimiento en redes sociales.

El chileno vivió en Ecuador y asesoró sin nombramiento al entonces canciller Ricardo Patiño y al ex vicepresidente Jorge Glas. Los años siguientes, Mery Bell dejó el país y hoy reside en España.

Según informes de los aparatos de Inteligencia, ese encuentro fue clave para acercar a la dirigencia del movimiento indígena (Conaie) con el correísmo.

Vargas e Iza negaron un encuentro «privado». El dirigente de la Conaie aseguró que no conocían que se trataba de Mery Bell, pensaron que era un periodista, a quien le dieron una entrevista sobre la coyuntura nacional, luego del levantamiento.

La entrevista de Mery Bell fue difundida por el medio chileno “El Ciudadano”, donde sostuvo que no hubo una reunión secreta. “Es una mentira estúpida de un gobierno inepto. Amparado por mitómanos profesionales- leáse- prensa oligopólica ecuatoriana”.

Este 3 de abril de 2021, Vargas acaba de anunciar que apoyará al candidato del correísmo, Andrés Arauz.

En 2020, el Presidente de la Conaie se enfocó en consolidar el Parlamento del Pueblo, que tiene el respaldo de 200 organizaciones locales y provinciales. Quiere juntar a 600 organizaciones, con miras a las elecciones del 2021. También estuvo en Guatemala, donde dijo que era el segundo presidente de Ecuador.  “Entonces, nosotros hemos dicho que pensemos el 2021. Primero es consolidar nuestras bases y también consolidar este Parlamento y esta propuesta va a convertirse en el plan de gobierno para el 2021”.

En ese país, la Policía le solicitó su documentación, tras lo cual fue trasladado a dependencias migratorias y, finalmente, expulsado vía aérea con otros dirtigentes. En un vídeo difundido por redes sociales, Vargas muestra su enfado. «No somos cualquier ciudadano ecuatoriano o migrante. Somos autoridad. Yo soy presidente del movimiento indígena del Ecuador, allá decimos el segundo mandatario del país»

Los cuadros principales

Vargas tiene 40 años y un diplomado en Gestión Pública en Macas. Desde el 2012 es el presidente de la nacionalidad Achuar. Simboliza el cambio generacional del movimiento indígena.

El vicepresidente es más experimentado: se trata del tungurahuense César Tigsalema, de 67 años. Él es uno de los dirigentes históricos de la Conaie, veterinario, domina inglés e italiano.

Otro dirigente de la vieja guardia es Manuel Castillo, de la comunidad de Tabacundo. Él fue una de las cabezas del primer gran levantamiento, en 1992, durante el Gobierno de Rodrigo Borja. Está encargado de la dirección de Territorios, encamina los procesos y la comunicación en las bases.

El área de Educación fue encargada a María Bayas, una comunicadora social de 47 años, quien fue concejal de Guaranda y dirigente de la Ecuarunari. La dirección de Relaciones Internacionales está a cargo de Luis Alfredo Guacho, de la Asociación de Profesionales, Organizaciones, Estudiantes indígenas del Litoral. Tiene 41 años y su mayor experiencia fue como docente.

La dirigencia de Mujer y Familia fue encargada a la dirigente Saraguro María Luisa Lozano, quien es administradora de empresas y tiene 43 años. Mientras que la estratégica dirección de territorios y recursos naturales es liderada por Arutam Washikiat, de 28 años y representante de la nacionalidad Shuar. Él es técnico en Sistemas.

En esas elecciones también se decidió que el área de Salud y Nutrición fuera encargada a Carmen Suquilanda, de Zamora Chinchipe y con 49 años de edad. Para las tareas con los jóvenes se postuló a Jairo Gualinga de 35 años, representante de las comunidades de Sucumbíos y que ha trabajado en radios comunitarias. Finalmente, la dirección de comunicación fue encargada a Apawki Castro  de 29 años, de la provincia de Cotopaxi.

Todos ellos fueron importantes durante el paro de octubre pasado. Fueron parte de la hoja de ruta que planificó y ejecutó las protestas en las comunidades y la movilización hacia la capital. Hasta entonces, Vargas no era muy conocido. En septiembre cuando anunció su movilización contra el gobierno de Lenin Moreno esa decisión tuvo poca acogida en los medios de comunicación.

Depósitos por 25 K, invitación a la posesión del Alcalde, un viaje… Esta es la historia del lobby de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, para cuajar negocios con dos empresarios que buscaba contratos para firmas chinas con el  Municipio de Quito. Su cabildeo empezó a pocos días de la elección de su padre como Alcalde, en 2019.

Alianza Código Vidrio-Vistazo-Connectas 

El 24 de marzo de 2019, Jorge Yunda ganaba la Alcaldía de Quito con casi el 22% de los votos válidos. Apenas 4 días más tarde, su hijo Sebastián Yunda Yunda le escribía por WhatsApp al empresario a quien identifica en su celular como Dalong.

-“Dalong, un gusto. Sebastián Yunda, hijo de Jorge Yunda, alcalde de Quito”.

Al día siguiente, el mensaje de Sebastián fue más directo:

-¿Cuándo concretamos el negocio?

A mediados de abril, el empresario organizó un viaje, en el que incluyó tanto al hijo, como al hermano del Alcalde (David Yunda), a quien Sebastián identifica como su “socio”. Las fotos de su celular guardan ese registro.

Los chats son uno de los elementos del proceso abierto en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras personas vinculadas en el posible delito de peculado.

La compra de 100 mil pruebas Covid-19 del Municipio, a una empresa coreana, dio origen a la investigación por esas irregularidades. En un allanamiento el 17 de marzo, ordenado por Fiscalía, se incautaron siete teléfonos celulares.

El IPhone azul del hijo del Alcalde pone en aprietos a toda la familia Yunda, no se diga al titular del Municipio. Contiene indicios de tráfico de influencias, gestión para empresas privadas, uso de recursos públicos para fines particulares. Pinta de cuerpo entero el poder que acumuló el guagua Alcalde en el Municipio de Quito.

Sebastián Yunda, que cumplirá 29 años el 10 de mayo entrante; salió del país el día del debate presidencial, el 21 de marzo.

Al conocerse las primeras denuncias sobre la participación de su hijo como lobista y en un posible tráfico de influencias, el Alcalde dijo que desconocía su participación y que no pondría las manos al fuego por ninguno de sus familiares, que deben responder a la justicia.

-“Ya hay que cerrar las cosas”, le escribe nuevamente Sebastián en vísperas de la posesión de su padre como Alcalde de Quito, que ocurrió el 14 de mayo de 2019. “Ayúdame con tus nombres y apellidos”.

La relación es fluida, tanto en los negocios, como en lo personal. Sebastián le consulta si le interesa invertir en un restaurant, “con la marca Guayasamín que es simbólica en Ecuador.

A fines de mayo, Sebastián le recuerda que irá a una reunión previamente pactada.

-“Iré con mi mamá, que quiere conversar con usted”.

El empresario le invita al bautizo de sus hijos, a inicios de junio. Aunque Sebastián no asiste, por encontrarse en Guayaquil, le envía pases para su presentación artística “porque usted es parte de mi carrera”.

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Fotos subidas por Yunda en su celular de uno de sus viajes al exterior

 

Para la primera semana de junio, la relación se torna más familiar. La razón es simple: Dalong ya se ha reunido con el otro tío de Sebastián, César Yunda, en espera de cerrar un negocio, como queda registrado en el chat.

-“Papá Dalong, ¿cree que pueda ayudarme con ese saldo para comprar pasajes y gestionar el lanzamiento de mi canción?”.

-“Yo estoy en eso, la empresa me dice que me paga esta semana”.

-“Aunque sea, ayúdeme con 5 K hasta mientras… Ya me encargo de cerrar con nuestra empresa”.

Dos días después, Sebas le pregunta al empresario:

-“¿Para cuándo quiere la reunión de las cámaras”.

Y le envía sus datos bancarios, con número de cuenta y de cédula.

A los pocos días le ofrece poner “el negocio de las electrolineras” y le asegura que “mi papá me aprueba”. Le insinúa que “ese negocio es bueno para los carros y buses que vamos a poner nosotros”.

En un nuevo intercambio, Sebastián le propone al empresario, a quien llama familiarmente Papá:

-“Papá pongamos el estadio en la mitad del mundo. Nos va a dar la concesión porque va a ser un tema turístico increíble”.

En agosto, el empresario le envía la foto de un cheque, y le pide una factura, “porque mi contador está que llama”.

Y las reuniones siguen. En septiembre el empresario quiere enviar un proyecto al estilo “China Town”.

A fines de octubre, dos depósitos que totalizan 20 mil dólares se realizan a la cuenta bancaria a nombre de una mujer. El empresario Dalong le envía las capturas, por 12 mil y por 8 mil dólares, en foto a Sebastián Yunda.

El negocio de las cámaras

Todo indica que Dalong era un intermediario hacia otra empresa, interesada en el negocio de las cámaras para monitoreo.

Ellos están al tanto de que una empresa de la competencia se reuniría a mediados de junio, en la administración norte del Municipio.

“Cuidado, envíale al César, para que no nos quiten el negocio”, se advierte en uno de los chats.

“Amigo, gestioné que el Patronato también te compre las cámaras”, se lee en otro chat.

Es claro que a la empresa proveedora deben demostrarle que tienen relación directa con el Municipio. “Si no, no nos da exclusividad este fabricante. Entiendes? Es política”.

Ellos son conscientes de que las llamadas son rastreables, y en ciertos tramos se envían instrucciones para usar un canal paralelo de comunicaciones, conocido como We chat.

Las gestiones continúan en septiembre. Y en octubre, el hermano del alcalde menciona que son 500 cámaras (bodycams), 150 para lo que resta de 2019 y 350 para 2020.

Queda en claro que trabajan para que los TDRs (términos de referencia de los pliegos de contratación) se apeguen a la marca que ellos impulsan. Discuten el valor de la oferta, que supera el millón de dólares.

En los chats circulan documentos oficiales del Municipio de Quito, como el oficio Arquitectura de Cámaras de Seguridad. Se congratulan por ganar un concurso, pero se lamentan porque su contacto en la esfera de decisión salió de su cargo. “Ahora nos toca hacer el loving con el nuevo”. Ni siquiera saben como se escribe el verbo que ellos ejecutan a la perfección: lobby para intereses privados.

En uno de los chats se lee una petición de fondos, pero la respuesta es contundente:

“Transferencias no te puedo hacer porque todo es rastreable”. Se menciona a un intermediario quien “no sabe nada de los extracostos”.

En abril, en plena pandemia, Sebastián Yunda pide que le paguen “algo del pago que tenemos”, y recibe la respuesta que pronto llegarán 10 mil en efectivo.

(Continuará)