En lo profundidad de los bosques de Ecuador, los narcos convirtieron al oro sucio en un jugoso negocio

La minería ilegal del oro alimenta la violencia, la corrupción y la devastación ecológica, que están asolando Ecuador, según publicó el medio británico The Sunday Times. El Ejército intenta contener el avance, pero los focos de explotación se riegan como un virus, incontrolable. La ausencia de acciones efectivas desde la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), plagada de denuncias sistemáticas de extorsiones a operadores mineros legales y trámites irregulares por años, que también involucran a jueces y fiscales, tienen atados de manos a los militares. Los uniformados están frustrados por la ausencia de intervenciones complementarias de otras instituciones para una verdadera recuperación del territorio. Esta madrugada del 29 de junio en las afueras de la Arcom en Quito estallaron dos cargas explosivas.    

Por Louise Callaham, corresponsal del Sunday Times en Estados Unidos
Con información adicional y actualizada de Arturo Torres 

El salto que los carteles, especialmente de los países de los balcanes, han dado en Ecuador para multiplicar sus ingresos a través de la explotación y exportación global del oro, que está causando severos daños ambientales en la Amazonia, es retratado en un reportaje publicado este domingo 28 de junio por Louise Callaham, corresponsal senior del Sunday Times.

“La camioneta se tambaleaba por el camino polvoriento de la selva hacia las puertas coronadas con alambre de púas. Hombres enmascarados con rifles automáticos comprobaron nuestros nombres con una lista, se comunicaron por radio para confirmar y nos hicieron pasar a la mina”, describe el arranque de este informe.

“En esta mina de oro, en lo profundo del bosque, en Camilo Ponce Enríquez, un solo error puede ser fatal. Las bandas de narcotraficantes están invadiendo la zona, apoderándose de minas legales como esta —amenazando y extorsionando a los propietarios— o excavando en las laderas de un verde intenso en yacimientos ilegales que se extienden por kilómetros a lo largo de las montañas, destruyendo árboles y ríos en busca de pepitas de oro en el lodo. Estas bandas amasaron su fortuna traficando cocaína desde Colombia hasta la costa del Pacífico ecuatoriano y de allí a barcos con destino a Europa y Norteamérica. En el oro han encontrado una industria más lucrativa, una que les permite extraer una fortuna de la tierra y venderla legalmente en cualquier parte del mundo. Les genera millones de dólares al año.

Luis, el jefe de seguridad de la mina”, dijo el jefe de seguridad a The Times: “Aquí, en estas montañas, son los grupos criminales, no el Estado, quienes mandan”. Luis se negó a pagar sobornos a las bandas o a colaborar con ellas. Unas semanas después de conocerlo, le tendieron una emboscada y le dispararon cinco veces. Sobrevivió.


EN CONTEXTO. La mina asediada por miembros de una banda criminal está concesionada a una empresa legal, que opera en el poblado de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, considerado un santuario de la minería ilegal. Aquí confluyen una serie de actores criminales, que actúan en contubernio con autoridades locales de organismos de control gubernamentales y estatales, incluidos jueces, fiscales, policías y militares. Una señal clara del poder que tienen estas organizaciones se evidenció la madrugada de este lunes 29 de junio en Quito, en las afueras de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). La sede sufrió un atentado con la explosión de dos cargas de alto poder, que dejaron un guardia de seguridad herido por la onda expansiva, además de importantes daños materiales en las instalaciones y en edificios aledaños. Los autores del ataque dejaron un panfleto en el que se mencionan nombres de funcionarios supuestamente involucrados en corrupción. 


Ecuador solía ser uno de los países más seguros de Latinoamérica. Ahora es el más violento, destaca la publicación. Hace aproximadamente una década, los narcotraficantes de los vecinos Colombia y Perú —que producen la mayor parte de la coca del mundo, la planta que constituye el ingrediente base de la cocaína— comenzaron a traficar la droga a gran escala a través de Ecuador hacia la costa, y de allí a Estados Unidos y Europa, en lugar de enviarla por tierra a través de Centroamérica. Esa ruta, conocida como la «superautopista de la cocaína», es hoy el corredor de narcotráfico más lucrativo del mundo. Más del 70% de la cocaína mundial pasa por Ecuador cada año en su camino hacia los consumidores occidentales.

Junto a la mina a la que ingresó el equipo del Sunday Times funciona la Planta de Beneficio, donde se procesa el material mineralizado hasta convertirlo en oro puro. Fotos Arturo Torres.
El precio del oro casi se cuadruplicó, entre 2014 y 2025, pasando de 41.000 a 111.000 dólares por kilo, mientras el costo de la cocaína se desplomó, lo cual explica porque los carteles se volcaron hacia la explotación criminal de este mineral. 

Las bandas criminales ganaban miles de millones con el narcotráfico, pero no era suficiente. En enero de 2024 estalló la guerra cuando un conocido jefe de pandillas (José Macías, alias Fito) escapó de prisión en la ciudad portuaria de Guayaquil. Se produjeron atentados con coches bomba en todo el país y miembros de pandillas irrumpieron en una transmisión televisiva en directo. Daniel Noboa, presidente y aliado de Trump , declaró el estado de conflicto armado interno y desplegó al ejército para sofocar la violencia.

Los asesinatos continuaron, al igual que el narcotráfico. Noboa ha declarado que los grupos criminales trafican anualmente con drogas, armas y otros bienes ilícitos por un valor superior a los 30.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del PIB de Ecuador, indica el reportaje. Los analistas comparan la situación actual en Ecuador con la de Colombia durante el apogeo del régimen de Pablo Escobar en la década de 1980. Las bandas, colmadas de dinero y armas, libran guerras abiertas en las calles, causando miles de muertes.

Ahora están expandiendo su poder a través del comercio de oro. Al principio, las bandas utilizaban la minería de oro para blanquear las ganancias del contrabando de cocaína, invirtiéndolas en equipos mineros y vendiendo el oro, pero luego se dieron cuenta de que la minería les proporcionaba una fuente de ingresos mucho más lucrativa y estable.

Julia Yansura, directora de programas de la Coalición FACT, que lucha contra las finanzas ilícitas y el blanqueo de capitales, declaró a The Sunday Times: “El oro es un producto aparentemente legal. Resulta bastante difícil para las autoridades demostrar que su origen es ilegal”.

“Para estos grupos, se ha convertido en una economía ilícita de bajo riesgo y alta rentabilidad”, añadió.

El cambio se produjo en parte debido a la economía global de la venta de cocaína. El mundo está en medio de un auge de la cocaína. Más de 25 millones de personas consumieron la droga en 2023, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y los productores en Colombia y Perú han aumentado la producción en respuesta. Entre 2019 y 2023, la cantidad de cocaína incautada a nivel mundial aumentó un 68 por ciento. El exceso de oferta ha provocado una caída de los precios. De 2014 a 2025, el precio de la cocaína en Europa bajó de 52.000 a 16.000 dólares por kilo, según la UNODC.

El precio del oro casi se cuadruplicó durante el mismo período, pasando de 41.000 a 111.000 dólares.

Ecuador es oficialmente un exportador de oro de nivel medio, con un valor de exportación de aproximadamente 2.000 millones de dólares en 2024, pero es probable que esto represente solo una fracción de su comercio total. Su producción ilegal, que según estimaciones de las autoridades constituye más del 77% del total, se encuentra entre las más importantes de América Latina, agrega la nota.

Según una estimación publicada en El Universo, Los Choneros, una de las bandas más poderosas del país, ganan más de un millón de dólares al mes con el comercio de oro.

Según expertos y funcionarios, pronto los grupos criminales del país obtendrán más ganancias de la minería de oro que de la venta de cocaína. Marcena Hunter, directora de industrias extractivas de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, afirmó: “Es rentable por sí solo, además de ser un excelente medio para el lavado de dinero”.

Grupos armados reclutan a la fuerza a los mineros 

En el cementerio de Guayaquil, donde entre dos y tres personas son asesinadas diariamente a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico, conocimos a Diego, quien lleva años trabajando con las bandas. Nos explicó cómo funciona el sistema: grupos delictivos armados se infiltran en zonas pobres y remotas del país y amenazan a los mineros locales para que trabajen para ellos o los obligan a comenzar a extraer minerales ilegalmente.

“Dicen: ‘Tienes que hacer esto, esto y esto o tu familia pagará las consecuencias’”, nos contó, y añadió: “Es como lo que decía Pablo Escobar: plata o plomo”.

En el cementerio de Guayaquil, ciudad donde entre dos y tres personas son asesinadas diariamente a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico, entrevistamos a Diego, quien lleva años trabajando con las bandas y nos explicó cómo funciona el sistema criminal en la explotación ilegal de oro. Fotos Arturo Torres

También toman el control de las operaciones mineras legítimas ya existentes. Diego afirmó a The Sunday Times que la ‘Ndrangheta, la mafia italiana, también había establecido operaciones en la costa ecuatoriana, junto con grupos del crimen organizado albanés, traficando drogas desde Sudamérica a Europa.

El impacto es devastador. Desde Guayaquil viajamos a lo profundo de la Amazonía hasta Napo, donde los mineros han invadido áreas que deberían ser protegidas y administradas por comunidades indígenas. Y pese a que toda actividad minera está suspendida desde febrero pasado.

Óscar, un defensor de la minería formal, nos llevó a una zona de la selva dominada por la minería ilegal. A lo largo de los caminos de tierra, las excavadoras cavaban en las riberas de los ríos o usaban mangueras para remover el lodo, buscando pepitas de oro y utilizando mercurio para separarlas. En el punto donde confluyen dos ríos, Oscar nos mostró cómo el agua había sido envenenada por los residuos químicos de la minería: a un lado, había agua limpia, y al otro, desechos turbios.

“Los sedimentos, la contaminación por metales pesados, afectan la salud de las personas”, dijo al medio británico. “La gente contrae enfermedades catastróficas. Cáncer, por ejemplo, que se produce por el mercurio”.

Linda Germania Tapuy Papa, lideresa de la comunidad Capirona en Napo. Foto AT

A pocos kilómetros de distancia -destaca la publicación-  Linda Germania Tapuy Papa, líder comunitaria, contuvo las lágrimas al relatar cómo los vertidos químicos habían causado la muerte de un niño de 18 meses y una joven en su aldea. Antes de la llegada de los mineros hace unos años, el río Punino, que pasa junto a su aldea, era limpio. Ahora apesta a productos químicos y enferma a cualquiera que nade en él o beba de él.

“Nunca imaginamos que nos encontraríamos en esta situación”, dijo a The Sunday Times. Añadió que en todas partes se habían estado instalando bandas de mineros ilegales en la zona, excavando las riberas del río y envenenando el agua.

También habían intentado entrar en su aldea. Tapuy Papa y otros miembros de la comunidad se armaron con lanzas y les dijeron a las bandas que no eran bienvenidos. Los delincuentes se mantuvieron alejados, pero los residuos de la minería, río arriba, seguían contaminando a la comunidad.

La minería ilegal de oro deja aguas contaminadas con minerales pesados (incluido mercurio) en las comunidades de las provincias amazónicas. Foto AT

Una vez que las bandas extraen el oro, lo venden. Si bien Ecuador cuenta con legislación para regular las exportaciones de oro, en la práctica, una vez vendido, se oculta su origen, se blanquea el producto y se puede comercializar legalmente en casi cualquier parte del mundo. En las zonas productoras de oro, donde predomina la minería ilegal, las tiendas y las refinerías de pequeña escala compran a cualquiera que se les acerque. Las bandas también operan a gran escala vendiendo oro en el extranjero. El año pasado, Ecuador exportó gran parte de su oro a Suiza, India, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, cuyas refinerías y comerciantes venden a minoristas en el Reino Unido. El oro suele sacarse de Ecuador de contrabando en maletas llenas de lingotes o transformándolo en grandes piezas de joyería rudimentaria. También puede enviarse como concentrado de oro, una arena triturada semiprocesada que contiene oro y que posteriormente se refina.

“Los países que compran este oro o blanquean las ganancias también contribuyen a lo que sucede en un país como Ecuador… [es] el precio que pagamos por tener grandes cantidades de oro sin regular entrando a los países occidentales”, dijo Yansura.

El Estado ecuatoriano y las fuerzas armadas han intentado frenar a los mineros, pero la corrupción, sumada a la falta de recursos y voluntad política, ha permitido, según al menos media docena de fuentes consultadas, que el negocio prospere. Las medidas adoptadas por las autoridades son insuficientes. En Napo encontramos decenas de excavadoras confiscadas e incautadas. Las bandas simplemente compraban otras nuevas. Unas semanas después se prohibió la minería en la zona, pero activistas locales nos informaron de que había continuado sin cesar.

El coronel Miguel Iturralde es el comandante de la Brigada de Selva Napo 19. Foto AT

Detener la minería ilegal en estas zonas remotas es un reto casi imposible. Sobrevolando por los cielos sobre la selva, a pocas horas del pueblo de Tapuy Papa, el coronel Miguel Iturralde, jefe de la Brigada 19 de  Selva en Napo, intentó mostrarnos la magnitud del problema desde el aire. Abajo se extendían kilómetros y kilómetros de lo que alguna vez fue bosque virgen y ahora son ríos devastados por los mineros. Largas cicatrices de agua y lodo de color beige apagado y rojo se abrían paso entre la vegetación.

“El color del río es diferente aquí porque está contaminado”, gritó por encima del zumbido de las aspas del helicóptero Iturralde. Él sabe mejor que nadie lo peligrosas que son estas bandas. El año pasado, soldados de la Brigada Napo murieron durante una operación contra estos grupos en la zona.

“Su fallecimiento no hace sino profundizar y ampliar nuestro compromiso, nuestra dedicación y nuestra entrega para llevar a cabo la misión”, dijo.

El gobierno de Noboa ha lanzado ataques conjuntos con Estados Unidos contra lo que ellos llaman «narcoterroristas».

Pablo Izurieta, entonces director de Arcom, el organismo regulador de la minería en Ecuador, afirmó que el aumento del precio del oro y la facilidad con la que se puede vender lo convertían en un buen negocio para las bandas criminales. Callaham le preguntó si esto era posible gracias a la complicidad de funcionarios corruptos.

“Hemos tenido casos en los que hemos decidido destituir a funcionarios que, a nuestro juicio, no ejercen una supervisión eficaz”, afirmó. “No nos cabe la menor duda de que si existe alguna actitud, actividad o procedimiento que no se ajuste al marco y las normas del organismo de control minero, ese funcionario sabe que será despedido”, respondió.

Semanas después, en abril pasado, presentó su dimisión en medio de denuncias de corrupción de funcionarios de las regionales de Arcom, especialmente de Azuay. Él negó haber cometido irregularidad alguna.

Desde 2024, en el gobierno de Noboa, la Arcom ha tenido tres directores, lo cual evidencia una inestabilidad constante en sus funciones de control y regulación. Esto se agrava por la falta de personal para las inspecciones en el territorio, donde están las concesiones, buena parte de las cuales son acechadas por grupos delictivos y sableros, para extraer el mineral de las minas, cueste lo que cueste.

Un polaco y un albanés, cabecillas de un clan balcánico en Ecuador, traficaron 7,5 toneladas de coca a Europa

Una estructura narcodelictiva, liderada por clanes de la mafia albanesa-polaca, asociada con disidencias de las FARC y grupos delictivos locales, fue desmantelada la madrugada de este jueves 9 de julio por la Policía bajo la dirección de la Fiscalía. La organización tenía incidencia en operaciones a gran escala de narcotráfico en Esmeraldas, Guayas, Azuay, El Oro, así como en la frontera colombo-ecuatoriano. Esta estructura tendría relación directa con la incautación de aproximadamente 7, 5 toneladas de cocaína, decomisados en diferentes operativos, entre 2020 y 2021. La droga está valorada en 225 millones de dólares al mercado ilícito internacional.

Redacción Código Vidrio

En la operación transnacional fue detenido el líder de la organización Jakimiec Tomasz, de nacionalidad polaca, quien registra una difusión roja de Interpol emitida por Polonia que lo buscaba por narcotráfico. Tomasz fue detenido en la operación “VARSOVIA”, el 9 de junio pasado, por el delito de tráfico de armas de fuego. En el operativo salió a la luz el lujoso estilo de vida que mantenía: era dueño de un inmueble de alta plusvalía en un sector exclusivo de la provincia de Santa Elena y varios vehículos de alta gama. Los agentes antidrogas también identificaron a Daci Pellumb, otro de los cabecillas de ese grupo criminal quien tiene doble nacionalidad: albanesa y ecuatoriana. desempeñaba un rol estratégico como emisario de la mafia albanesa en territorio ecuatoriano. Era un enlace clave para la expansión y consolidación de las operaciones criminales transnacionales, destaca la investigación coordinada por la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas con Coordinación Europea.

Esta estructura tendría relación directa con la incautación de aproximadamente 7, 5 toneladas de cocaína, decomisados en diferentes operativos, entre 2020 y 2021. La droga está valorada en 225 millones de dólares al mercado ilícito internacional.

Según la investigación en la que participó también la Dirección de Nacional de Investigación Antidrogas, en el caso denominado  “Gran Fénix- Azkabán, esta estructura se dedicaba al envío de grandes cantidades de cocaína a Europa, principalmente a Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia, Dinamarca y Polonia.

En la operación fue detenido Daci Pellumb, que tiene doble nacionalidad albanesa y ecuatoriana.Foto cortesía Policía

La organización, que venía operando desde 2019, tenía una estructurada jerárquica, con roles y funciones específicas para cada uno de sus integrantes, que utilizaban dispositivos electrónicos encriptados, para mantener comunicaciones seguras con usuarios distribuidos en diferentes partes del mundo.

Operaban desde Ecuador, con la finalidad de acceder, coordinar y controlar diferentes fases de la cadena delictiva, desde la producción hasta el transporte, acopio, custodia y seguridad del alcaloide. La sustancia era abastecida desde laboratorios ubicados en la frontera con Colombia. Luego era transportada a través de corredores terrestres del país, hasta ser trasladada a los puertos en contenedores contaminados de varias empresas exportadoras de productos como banano, café, mariscos, madera, enlatados, entre otros.

Los líderes de la organización criminal constituyeron empresas de fachada para facilitar el envío de importantes cantidades de alcaloide por vía marítima hasta los países europeos, donde otros miembros de la organización tomaban la posta: se encargaban de la extracción, distribución y comercialización de la sustancia.

En la operación fueron capturados 18 sospechosos de narcotráfico, 16 de ellos son ecuatorianos.

Los casos identificados

  1. Fecha: 06 de junio de 2020
    Guayaquil-Puerto Contecon
    Droga Incautada: 2 toneladas de cocaína
  2. Fecha: 22 de junio de 2020
    Alta mar
    Droga incautada: 992,2 kg de cocaína.
  1. Fecha: 27 de junio de 2020
    Azuay- Parroquia Chiquita
    Droga incautada: 912 kg de cocaína
  1. Fecha: 4 de agosto de 2020
    Los Rios-Quevedo
    Droga incautada: 359,6 kg de cocaína
  2. Fecha: 27 de febrero de 2021
    Guayas-Daule- Villa Club Urbanización Cosmos
    Droga incautada: 1 tonelada de cocaína
  3. Fecha: 17 de diciembre de 2020
    El Oro-Machala
    Droga incautada: 663,404 kg de cocaína
  4. Fecha: 19 de diciembre de 2021
    Guayas-Guayaquil-Zona Cuarentena
    Droga incautada: 928,140 kg de de cocaína

Periodistas de Código Vidrio y Vistazo entre los tres finalistas del Premio Gabo 2026

La serie periodística “Autopistas de depredación”, en la que participaron los periodistas María Belén Arroyo, Arturo Torres y Adrián Álvarez, de Ecuador, con reportajes publicados en Código Vidrio y Revista Vistazo, es una de las tres finalistas del premio Gabo-2026, en la Categoría Cobertura. Este trabajo incluyó historias difundidas por 11 periodistas más de cuatro medios de Colombia, Perú, Brasil y Bolivía.

Redacción Código Vidrio

La investigación transnacional fue liderada por Santiago Wills y tuvo la colaboración de los periodistas João Felipe Serrão Ferreira, Nayra Wladimila, Marcos Colón, Raúl Zea Bianca Padró Ocasio, Aramís Castro, Gianfranco Huamán, Iván Paredes, de los medios Caasa Macondo, Ojo Público ojopublico, revista Nómadas y revista Amazonia Latitude.

Esta fue la hoja de ruta de Autopistas de depredación. Durante cerca de un año, periodistas de seis medios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil investigamos el tráfico de especies en la Amazonía. El equipo envió más de medio centenar de solicitudes de información, interpuso más de una decena de demandas y finalmente analizó cientos de miles de registros de decomisos realizados por autoridades sudamericanas.

Los resultados muestran que, entre 2010 y 2025, las autoridades de Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú incautaron o recibieron más de 46 millones de animales, un promedio cercano a los 3 millones por año: más de una vez y media los registros con los que cuentan las Naciones Unidas para todo el mundo. A partir de ese análisis —presentado en un artículo introductorio— se produjeron seis crónicas y reportajes sobre aspectos particulares del tráfico de especies en cada país.

En la Amazonía colombiana, Santiago Wills, de CasaMacondo, acompañó a un grupo de pescadores de peces ornamentales, el animal más traficado según los datos obtenidos de las autoridades. En Perú, Bianca Padró y el equipo de OjoPúblico investigaron el contrabando de tortugas taricayas y el rol que juegan los zoocriaderos en el “lavado” o “blanqueo” de animales extraídos del medio silvestre. En Bolivia, Iván Paredes, de Revista Nómadas, viajó a una comunidad amazónica donde cada año se extraen millones de huevos de tartaruga, la especie de tortuga de río más grande de Sudamérica.

En Ecuador, los equipos de Revista Vistazo y Código Vidrio, integrados por María Belén Arroyo, Arturo Torres y Adrián Álvarez, encontraron puntos clave de conexión entre el tráfico de fauna y los grupos criminales que desde hace algunos años asolan el país. En Brasil, periodistas de Amazônia Latitude elaboraron una radiografía sobre cómo se mueve el contrabando de aves y otros animales provenientes de la Amazonía.

De acuerdo con diversos estudios, el tráfico de fauna silvestre mueve cada año entre 7.000 y 23.000 millones de dólares. En su límite superior, equivale a casi 1,75 veces el tamaño anual del mercado de cocaína en Europa. Incluso en su límite inferior, representa casi el doble del producto interno bruto de un país como Belice.

En Ecuador, los equipos de Revista Vistazo y Código Vidrio encontraron puntos clave de conexión entre el tráfico de fauna y los grupos criminales que desde hace algunos años asolan el país.

Según organizaciones como TRAFFIC y Wildlife Conservation Society, una parte significativa de la fauna que compone este mercado ilegal es capturada y extraída de la Amazonía. Sin embargo, debido a la geografía fragmentada del bioma, su enorme extensión y la porosidad de las fronteras de los nueve países donde aún persisten sus bosques, no existen estudios ni estimaciones recientes que den cuenta del verdadero alcance del tráfico de especies en la región. Esto ha impedido que el problema reciba la atención necesaria y que las autoridades destinen suficientes recursos para combatirlo.

Autopistas de depredación muestra que el tráfico de especies en la Amazonía —y en el resto del mundo— es mucho mayor de lo que sugieren los informes publicados por ONG, periodistas y organismos multilaterales como las Naciones Unidas. Ver trabajo.

Concepto del jurado

Este trabajo fue seleccionado como finalista por un jurado conformado por Rosental Alves (Brasil), Emilia Díaz-Struck (Venezuela) y Paula Bolívar (Colombia).

“Uno de los principales aciertos de la investigación está en su ambición y alcance. Aunque el tráfico de especies es un problema grave para la Amazonía, no todos los trabajos periodísticos son tan completos y reveladores sobre su funcionamiento, rutas e impactos”.

Sobre los autores

Santiago Wills. Escritor y periodista colombiano. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia e hizo una maestría en Periodismo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y una maestría en Escritura Creativa en Español en la Universidad de Nueva York, con una Beca Fulbright. Ha sido ganador de tres Premios de Periodismo Simón Bolívar, tres veces nominado al Premio Gabo, en la categoría Texto, y dos veces finalista del True Story Award. Desde 2021, trabaja en un libro de crónicas sobre el jaguar y su relación con América gracias a la Beca Michael Jacobs de Periodismo de Viajes de la Fundación Gabo y el Hay Festival. Jaguar, su primera novela, publicada por Literatura Random House, en Colombia, y Vísceras Editorial, en Chile, fue semifinalista del Premio Herralde en 2020.

María Belén Arroyo. Periodista y editora política de Revista Vistazo en Quito, medio en el cual colabora desde 2005. Se especializó en investigación de temas relacionados con crimen organizado, delitos de cuello blanco y protección de DD.HH., en particular de los pueblos en aislamiento de la Amazonía. En 2019 publicó el libro Rehenes, ¿Por qué ejecutaron a los periodistas del Diario El Comercio?, en coautoría con Arturo Torres. Este trabajo anticipó la infiltración del narcotráfico en esferas políticas y públicas, al intentar explicar las razones del secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. En 2025 publicó una serie de artículos, como parte de la investigación Chna Targets, con el aval del ICIJ, que recibió en 2026 el premio Overseas Press Club of America, por el mejor reportaje de DD.HH. Hace poco incursionó en investigación histórica con una serie llamada “Antonio José de Sucre, los secretos del triple entierro en Quito del mariscal que liberó a tres naciones sudamericanas”.

Arturo Torres Ramírez. Periodista y director del portal de investigación Código Vidrio. Es coautor de los libros El Juego del Camaleón, los contactos de las FARC en Ecuador, y Rehenes, ¿Por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?, que investigó junto con María Belén Arroyo. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Participó en la investigación de los Panamá Papers, que obtuvo el premio Pulitzer, y China Targets, que ganó el premio del Overseas Press Club of America, por el mejor reportaje de DD.HH. con María B. Arroyo. Torres es colaborador del Washington Post y del Times de Inglaterra en proyectos de investigación. Fue ganador del concurso a la mejor investigación de un caso de corrupción en Latinoamérica, organizado por Ipys y Transparencia Internacional.

Adrián Álvarez. Hijo de padres agricultores a mucha honra. Lleva más de tres décadas viviendo en la Amazonía ecuatoriana. Es Licenciado en Comunicación. Desde muy joven empezó a trabajar en temas de comunicación. Trabaja desde hace 17 años en una fundación defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Marcos Colón. Periodista, documentalista e investigador, además de profesor de Medios y Comunidades Indígenas en la Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication de la Universidad Estatal de Arizona (ASU). Su trabajo se centra en la Amazonía, los pueblos indígenas, los conflictos socioambientales y las relaciones entre cultura, territorio y naturaleza. Sus reportajes y ensayos han sido publicados en medios como Folha de S. Paulo, Revista Piauí, El País, Le Club de Mediapart y Harvard Review of Latin America. Es fundador y editor de Amazônia Latitude, una revista digital independiente dedicada al periodismo ambiental y a las perspectivas culturales de la Amazonía. Ha dirigido los largometrajes documentales Beyond Fordlândia (2018) y Pisar Suavemente sobre la Tierra (2022), este último reconocido en festivales internacionales de cine documental. Es autor de La Amazonía en tiempos de guerra (Planeta, 2025) y editor de Utopias Amazônicas (Ateliê Editorial, 2025).

Nayra Wladimila. Periodista nacida en el corazón de la Amazonía brasileña. Lleva ocho dedicada a producir y difundir historias que exploran la riqueza y complejidad de su región. Aunque ha vivido y viajado por distintos países, siempre ha mantenido un fuerte vínculo con sus orígenes. A lo largo de su trayectoria, Nayra ha colaborado con instituciones de renombre como Amazônia Latitude, Amazônia Real, Mongabay, Visión Mundial y Senac. En 2015, fue recibió el premio Sebrae Pará.

João Felipe Serrão. Reportero de la Amazonía. Nació Itacoatiara, en el interior de Amazonas, y reside actualmente en Manaus. Se dedica a la investigación de los desafíos ambientales y socioculturales que caracterizan la región amazónica. Su trabajo periodístico combina métodos de investigación rigurosos con la contextualización histórica, y abodar el debate sobre la preservación del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Bianca Padró Ocasio. Periodista puertorriqueña con más de nueve años de experiencia en medios de comunicación en Estados Unidos y Perú. Se interesa por historias de medioambiente, salud y derechos humanos. Participó en “Las rutas del oro sucio”, la serie de investigación regional de OjoPúblico sobre los nuevos destinos del oro extraído ilegalmente en la Amazonía, que fue finalista en los Premios Sigma 2025. Coprodujo el cortometraje documental Fronteras del Contacto, sobre el conflicto entre una empresa maderera en la Amazonía peruana y una comunidad indígena aislada. Desde Lima, colabora con el New York Times, el Washington Post, Refinery29 y Argus Media. Anteriormente, fue corresponsal política del Miami Herald y reportera del Orlando Sentinel y Politico.

Aramís Castro. Periodista peruano especializado en la cobertura de temas ambientales, las industrias extractivas y los conflictos sociales. Desde 2018, Castro trabaja en periodismo de investigación en OjoPúblico. Anteriormente colaboró ​​con Convoca.pe y Corresponsales.pe. Ha participado en proyectos de investigación internacionales como Swiss Leaks, Panamá Papers y trabajos transfronterizos relacionados con el crimen organizado en la Amazonía, las cadenas de suministro de aceite de palma, carbón y cacao, el tráfico de mercurio y madera, entre otros. Castro también imparte talleres sobre periodismo de datos en universidades peruanas y extranjeras. Es licenciado en periodismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima).

Gianfranco Huamán. Periodista especializado en análisis de datos, investigación y tecnología aplicada al periodismo. Desde 2017 es parte del equipo del medio peruano OjoPúblico. Sus trabajos han sido reconocidos con premios globales como el Sigma Awards (2020). En 2021, fue finalista en los Premios Gabo en 2021. Su trabajo combina programación en R y Python, así como herramientas de inteligencia artificial, para apoyar investigaciones periodísticas y proyectos de innovación. Ha participado en investigaciones colaborativas y transfronterizas, desarrollando metodologías para el análisis de grandes bases de datos, la automatización de procesos de recolección y procesamiento de información, y la creación de visualizaciones. Fue parte del programa de periodismo e inteligencia artificial de la London School of Economics en 2021. Es egresado de la facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Iván Paredes. Es un periodista boliviano con trayectoria de 20 años en medios escritos de su país y del exterior. Actualmente trabaja en Mongabay Latam y se desenvuelve en el periodismo de investigación. Sea ha especializado en temas de medio ambiente y delitos transnacionales. Fue parte del equipo Tierra de Resistentes, que con un trabajo colaborativo llegó a ser finalista del Premio Gabo en 2021 por un reportaje que muestra los ataques que sufren líderes indígenas maltratados en sus propios territorios. En 2024, en Bolivia, recibió el Premio al Periodismo de Investigación ‘Franz Tamayo’. También recibió una Mención de Honor del Premio Nacional de Periodismo en Bolivia en 2020.

Raúl Zea. Tiene 15 años de experiencia en diseño editorial, branding y diseño front-end. Actualmente es Director de Diseño en Rey Naranjo Editores y Profesor de Tipografía y Diseño de Información en LCI Bogotá. Es uno de los fundadores de la librería Santo & Seña.

Roberto Navia. Periodista de investigación y documentalista. Fundador y director de Revista Nómadas.  Desde hace más de dos décadas transita por el mundo para intentar elevar a los anónimos del planeta al foco de lo visible. Sus crónicas emblemáticas: Tribus de la inquisición y Los Colmillos de la Mafia le han permitido ganar dos veces el Premio Rey de España (2014 y 2017); Esclavos Made in Bolivia, el premio Ortega y Gasset (2007); el documental Tribus de la Inquisición, la nominación a los Premios Goya (2018), Flechas contra el Asfalto y Los Piratas de la Madera desangran el Amboró, dos veces ganadores del Premio de Conservación Internacional, entre otros galardones nacionales e internacionales. Es docente universitario de postgrado, la cabeza de la Secretaría de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, miembro del Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Stasiek Czaplicki Cabezas. Periodista de datos de Revista Nómadas. Economista ambiental especializado en cadenas de valor agropecuarias y forestales, con más de 10 años de experiencia. Investigador y activista boliviano enfocado en deforestación y en investigación corporativa y financiera. Cuenta con una amplia trayectoria en ONG nacionales e internacionales, organismos multilaterales y think tanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, Oxfam, CIPCA). Actualmente forma parte del equipo de Revista Nómadas donde además de realizar investigaciones periodísticas, ejerce como gerente de proyectos y asesor técnico. Stasiek Czaplicki, junto a Iván Paredes, ha sido galardonado con el Premio al Periodismo de Investigación Franz Tamayo 2024 por el reportaje Bolivia no se baja del podio de países que más monte pierden en el mundo, en el que abordó la alarmante pérdida de bosques en Bolivia durante el 2023.

Los otros dos equipos finalistas del Premio

La Política de bala

  • País: Brasil
  • Medio: Metrópoles

Serie que muestra cómo el gobierno de São Paulo ha estimulado la violencia policial y provocado un aumento de la letalidad, con casos de personas desarmadas asesinadas incluso con disparos por la espalda.

Sanidad, policía, prisiones: la investigación que abrió los algoritmos del Estado español

  • País: España
  • Medio: Civio

Algoritmos opacos deciden en España quién recibe ayudas públicas, quién es considerado sospechoso y quién recibe permisos para salir de prisión. Esta cobertura los investigó, los destapó y obligó al Tribunal Supremo a revelar su funcionamiento.

Niños y adolescentes en la vida delictual: el primer frente de batalla del Estado

ANÁLISIS. La batalla crucial contra el narcotráfico y el crimen organizado se debe dar en las aulas y no en las calles, para ser capaces de ofrecer un horizonte de esperanza a miles de niños y jóvenes. Con la transnacionalización delictiva, las bandas locales, en la mayoría de países de la región, han extendido su perímetro de reclutamiento hacia las poblaciones etáreas más vulnerables, por su imputabilidad penal y sus vulnerabilidades en entornos familiares desestructurados, en barrios populosos, donde el Estado no está presente. Ese es un terreno fértil donde impera la gobernanza criminal.  

Por Pablo Zeballos. Experto en crimen organizado y consultor internacional en materias de seguridad.

Un niño de catorce años murió de un balazo mientras participaba en el asalto rebautizado mediáticamente como “turbazo” a la casa del expresidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica. A la hora en que debía estar preparando su mochila para ir al liceo, integraba una banda armada que irrumpió en un domicilio de San Miguel, en Chile. La imagen condensa, con una crudeza difícil de soslayar, el fenómeno que debiera ocuparnos: la creciente incorporación temprana de niños y adolescentes a la vida delictual y, sobre todo, el valor cultural que esa incorporación ha adquirido en Chile.

No es un caso aislado. Días después, cuatro menores de edad participaron en el atroz asesinato de Isabel Contreras, una mujer de 65 años, en Coronel. Y durante el verano, una banda de adolescentes que se desplazaba en autos de alta gama asaltó a mano armada un local de telefonía en el sector sur de Santiago; en lugar de procurar la huida y el silencio, se dedicaron a jactarse del golpe en videos de redes sociales.

Esa conducta –difundir el delito en vez de ocultarlo– no es un factor anecdótico, es la punta visible de un cambio cultural profundo.

¿Por qué jóvenes y precoces asaltantes valoran más el reconocimiento social en redes que proteger su propia libertad? Responder bien esa pregunta es de la más alta importancia si queremos comprender las dinámicas actuales de la criminalidad y diseñar políticas de Estado que prevengan carreras delictuales y abran un mejor horizonte a la niñez y la juventud, lejos de la cultura de la cárcel y la muerte.

Hace algunas semanas, el sociólogo Carlos Álvarez Sanhueza, en una excelente columna, describió con acierto cómo la cultura de lo ilícito se ha enquistado en sectores de la sociedad, potenciada por las redes sociales, y subrayó la variable cultural que hoy tiene la criminalidad. Sobre esa base, es recomendable aportar algunos elementos complementarios desde la mirada del trabajo de campo en América Latina.

El primero: la cultura delictual está en expansión y se ha vuelto hegemónica en sectores juveniles populares. El lenguaje del hampa ha permeado incluso el debate político en redes. Términos del habla carcelaria como “perkin” o “perro” circulan con naturalidad entre los jóvenes, aparecen en discusiones y se leen como consignas en los rayados callejeros. Está a la vista de todos e, incluso, la hemos visto en discusiones de nuestros representantes políticos.

Por eso, conviene dimensionar lo que está en juego. La cultura criminal es uno de los mayores desafíos que enfrenta el estado y quizá la fuerza con mayor capacidad de erosionar el Estado de derecho desde abajo: tiene anclaje social en los sectores populares juveniles, un poder material creciente y armado, y una notable capacidad de mutar y adaptarse, sostenida por un sistema de valores, códigos y símbolos de aceptación social en aumento. El componente cultural, por tanto, no puede quedar fuera del diseño de las políticas de prevención. Esta es una constante en varios países de la región, donde la criminalidad ha ganado espacio aceleradamente.


EN CONTEXTO⇒ En Ecuador muchos niños, niñas y jóvenes se vinculan voluntariamente a las organizaciones delictivas, impulsados por un “sentimiento de pertenencia, lealtad y protección en ambientes de precariedad económica, exclusión educativa y falta de oportunidades”. Ese es uno de los principales hallazgos de un estudio del Observatorio del Crimen Organizado, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF. El informe se basó en encuestas a 3.000 niños y jóvenes de nueve ciudades costeras; el ocho por ciento de entrevistados admitió pertenecer a un grupo criminal.


Y aquí llegamos al punto central. Uno de los rasgos definitorios de esta cultura es la valoración del involucramiento delictual a temprana edad. Conviene precisar: no se trata solo de que delincuentes adultos utilicen a menores –aunque eso también ocurre–, sino de que “ser de menor”, la jerga que se utiliza y que involucra tempranas pasadas por el sistema judicial y penal, constituye en sí mismo un valor dentro de la carrera del delincuente.

Y no es un valor caprichoso: responde a una lógica. La inimputabilidad o la responsabilidad penal atenuada del menor es un recurso. En la cadena de valor del delito, ese estatus legal opera como una ventaja explotable –un verdadero arbitraje de la impunidad– que quienes organizan y administran las rutas criminales incorporan de manera deliberada. El joven que “cae de menor” y regresa pronto a la calle no acumula un estigma, al contrario: en muchos casos es una credencial. “Ser de menor” es, por eso, un factor de reproducción de la cultura criminal.

Esto obliga a mirar con cuidado un reflejo recurrente. Cada vez que un delito cometido por niños o adolescentes provoca conmoción pública, reaparece la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal. Desde la perspectiva de lo observado en la región, al plantearla, no se calibra bien la presión que impone a un sistema penal ya sobrecargado, ni el hecho de que con ella prácticamente aseguramos la carrera criminal de esos jóvenes.

Pero hay algo más sutil y más grave: una medida así puede terminar potenciando aquello que dice combatir, al elevar todavía más el “valor” de la pasada penal temprana dentro de la cultura criminal. Las políticas frente al delito no pueden limitarse a sonar bien en la galería: requieren sustento técnico y deben evitar que terminemos amplificando el problema que pretendíamos enfrentar.

Queda una variable de enorme complejidad, que exige una respuesta de Estado y un compromiso de toda la sociedad: la expansión de la cultura delictual ha ido de la mano con la pérdida de la valoración social de la educación como vía de movilidad. Nuestro sistema educativo, deteriorado, se ha mostrado incapaz de retener a los jóvenes y de ofrecerles un futuro deseable a través del estudio y el esfuerzo, frente al éxito inmediato, el dinero y la ostentación que promete el delito.


A partir de 2019, en Ecuador nacieron nuevas bandas criminales que han incrementado progresivamente su poder mediante el control territorial, la violencia, la extorsión, el tráfico de drogas y el secuestro, especialmente en ciudades costeras. La expansión se produjo en el marco del deterioro de indicadores sociales y de desarrollo del país. Cita el dato según el cual unos 500 mil jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. En este contexto, las organizaciones criminales han ocupado los espacios abandonados por el sistema educativo, que ha excluido a más de 250 mil jóvenes. De ellos, más de la mitad, de entre 15 y 17 años, no expresan interés en reincorporarse al sistema formal, según datos de UNICEF, de 2021.


Y así se cierra la pregunta del comienzo. El adolescente que difunde su asalto en redes no actúa de manera irracional, pues la verdad es que muchas veces actúa conforme a una jerarquía de valores en la que el reconocimiento dentro de su mundo –el prestigio, el estatus, la pertenencia– pesa más que el riesgo de perder una libertad que, además, el propio sistema le devuelve pronto. No exhibe el delito a pesar de la cultura criminal, sino gracias a ella. Mientras esa jerarquía permanezca intacta, ningún endurecimiento penal, por sí solo, la modificará.

Ahora que parece haber consenso en que lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado debe abordarse con perspectiva de Estado, más allá de los gobiernos de turno, vale subrayar estos elementos para el diseño de políticas preventivas orientadas a cortar tempranamente las carreras criminales.

Como lo plantee en mi libro Un Virus entre sombras, estoy cada vez más convencido de que la batalla crucial contra el narcotráfico y el crimen organizado se debe dar en las aulas y no en las calles, para ser capaces de ofrecer un horizonte de esperanza a miles de niños y jóvenes, y evitar que su futuro se malogre entre las balas, las drogas y la cárcel.

1.300 policías destituidos por delitos y faltas graves volvieron a las filas por orden de los jueces

Solo entre 2021 y 2025, 653 policías separados volvieron a la institución policial por decisiones de jueces que torpedean los intentos de depuración interna. El caso de los 8 policías que intentaban ayudar al narcotraficante Óscar Caranqui a salir del exPenal en 2006 es paradigmático. Dos de ellos, incluido un oficial, están de vuelta en esas filas. En los últimos diez años, 1.300 oficiales y clases han sido reincorporados a la Policía amparados por cuestionados fallos judiciales, pese a que fueron separados por delitos y otras actuaciones reñidas con la ley. La solución a este fenómeno no pasa únicamente por intensificar el control disciplinario sobre jueces y fiscales, sino por replantear integralmente el modelo disciplinario policial.

Por María Belén Arroyo y Arturo Torres
Alianza Código Vidrio – Vistazo

Al atardecer del sábado 11 de noviembre de 2006, Óscar Caranqui jugó voleibol con sus compañeros de prisión. Por una molestia en una de sus rodillas, se acostó temprano. Esa noche había bullicio en los corredores del exPenal García Moreno. En la celda número uno del último piso, frente a la que ocupaba Caranqui, había una competencia de baile entre un teniente y un interno. Apostaban y el premio era licor. Eso es, al menos, lo que luego relató Caranqui. Él estaba preso por narcotráfico.

Hacia las diez y cuarto de la noche, algunos policías irrumpieron en su celda, la número 11 del exPenal. Uno de los uniformados le enseñó un documento, una especie de salvoconducto para que Caranqui saliera con ‘fines investigativos’.

Ésa era solo una fachada. En realidad, el preso más famoso por delitos de narcotráfico de la época había salido ya en otras ocho ocasiones del exPenal para irse de farra, en compañía de varios policías.

Y en todas había tenido apoyo de uniformados, que le prestaban uniformes para que él se  hiciera pasar por un miembro policial para dejar el presidio, ubicado en el centro colonial de Quito.

Desde la navidad de 2005 había salido de la cárcel para divertirse en centros nocturnos. Siempre retornaba antes de las 06h00, cuando se producía el cambio de guardia.

Ese 11 de noviembre, Caranqui pensó que era una de las salidas para una noche de diversión a las que ya se estaba acostumbrando. Solo que a diferencia de las anteriores, ésta no había sido planificada.

Mientras estuvo detenido en el penal García Moreno, cumpliendo una condena por narcotráfico, Oscar Caranqui, tenía a su servicio varios policías que le brindaban todo tipo de facilidades. Su celda tenía todas las comodidades. Incluso lo sacaban de prisión prestándole un uniforme para acudir a clubes nocturnos en las madrugadas. Fotos de archivo.

Pero esa noche era distinta. La salida fue frustrada. Algunos medios de comunicación esperaban afuera del entonces llamado Centro de Rehabilitación número 1. Constataron que Caranqui vestía el traje gris de la policía.

Al saber que había sido descubierto, él gritó que salía con ayuda de altos oficiales. La conmoción fue tal que la Comisión de Fiscalización del entonces Congreso Nacional convocó a una sesión extraordinaria.

El 21 de noviembre de ese 2006, vistiendo traje café oscuro, camisa blanca y corbata roja, Óscar Caranqui fue testigo de primera fila. Narró que no había sido un intento de fuga el que se había producido nueve días antes. Y relató que las salidas habían sido periódicas, siempre con apoyo de policías.

Ocho días más tarde, los jueces Alberto Moscoso, Patlova Guerra y Trajano Vargas, de la segunda sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito ratificaron la sentencia de 16 años, en contra de Caranqui y su esposa, por tráfico de drogas. En 2010 él fue trasladado a La Roca. En 2013 fue asesinado en su celda. El libro que escribió, que documentaba relaciones con el poder político, no vio la luz por orden judicial.

En la institución policial empezó un proceso de purga interna lleno de complicaciones. La depuración de la policía enfrenta un gran obstáculo. Por órdenes de jueces, unos 1.300 miembros separados de la fuerza por actos de corrupción, delitos u otras irregularidadaes volvieron a la entidad por la puerta grande. Esto ocurrió en los últimos 10 años.  Lo revela a esta alianza el general Víctor Herrera, quien está a cargo de la Inspectoría General de la Policía.Ciertos jueces -dice Herrera- se convierten en instrumentos de la impunidad. No se puede depurar esa fuerza si operadores de justicia devuelven policías desvinculados con evidencias sólidas a nuestras filas, con el agravante de que el Consejo de la Judicatura tampoco ha intervenido para investigar y sancionar disciplinariamente a los jueces que emitieron esos fallos.

Según el inspector de la Policía Víctor Herrera, hay jueces que han resuelto hasta 20 casos de reincorporación a favor de policías destituidos por delitos o mala conducta profesional. En estos casos la Policía está con las manos atadas pues no pueden desacatar los fallos, aunque antes hayan probado porque sancionaron, enjuiciaron y destituyeron a los uniformados. Foto Código Vidrio

Los policías que habrían colaborado con Caranqui

La investigación interna en la policía detectó que Caranqui intentó abandonar el centro carcelario en complicidad con policías que se encontraban de guardia en esa jornada.

Los guías penitenciarios detectaron la irregularidad y se contactaron con la central de radio patrulla, que impidió la fuga. La noticia se filtró a los periodistas que estaban de turno, esa noche.

Ocho servidores policiales fueron involucrados y llamados a juicio. Cuatro subtenientes como autores directos. Además, un cabo segundo y tres policías como cómplices.

Todos fueron dados de baja en 2007. Ellos apelaron esa decisión. El Consejo de Generales firmó el 12 de diciembre de ese año la resolución que ratificaba la situación de la baja del grupo.

La justicia sentenció a ocho años de prisión a los autores directos. Y cuatro años para los cómplices. Sin embargo, apelaron a las sentencias.

Dos subtenientes, el cabo segundo y un policía lograron el sobreseimiento. De estos cuatro sobreseídos, tres han insistido en volver a la fuerza policial. Dos lo lograron.

Uno de los subtenientes fue dado de baja por primera vez el 9 de mayo de 2008. Por resolución del juez octavo de lo Civil de Pichincha, el 13 de junio de 2008, quedó insubsistente la baja. Sin embargo, el 6 de junio de 2013 fue dado de baja por segunda vez. El 22 de octubre de 2021, la unidad judicial del Distrito Metropolitano de Quito decidió su reincorporación. En diciembre de 2024 se dispuso nuevamente su salida de la entidad. En conclusión, salió en el tercer intento. Cuando salió ya ostentaba el rango de capitán.

En cambio, uno de los subtenientes y un policía, que ostentaban esas jerarquías en 2006 y que fueron sobreseídos, volvieron a la institución policial tras presentar sendos recursos judiciales.

El subteniente que recibió la baja en mayo de 2008 presentó una acción de protección. La primera sala de lo penal de la Corte de Justicia de Pichincha dejó insubsistente la baja en marzo de 2010. El 6 de junio de 2013 se decidió la baja por segunda ocasión. Pero en enero de 2022 fue reincorporado, gracias a una acción de protección. La tercera sala de lo penal, colusorio y tránsito de la Corte Provincial de Pichincha acogió su petición. Se  encuentra activo en las filas y presta sus servicios en Quito.

El policía que recibió la baja en marzo de 2008 fue reincorporado en septiembre de 2023. Esto, por efecto de la sentencia de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la corte provincial de Pichincha. Actualmente presta sus servicios en Quito. No obstante la Inspectoría apeló el fallo para que sea revisado por una instancia superior.

No son casos aislados

57 mil uniformados integran en la actualidad las filas policiales. Desde 2015, aproximadamente 1.300 policías separados de la institución, por distintas causas, volvieron a sus cargos por decisión de jueces, advierte el general Herrera, entrevistado por esta alianza.

El 24 de marzo de este 2026 ocho servidores policiales de la Dinased fueron detenidos en el distrito Pascuales, al norte de Guayaquil. Simulaban operativos para cometer delitos. Foto de archivo

“Estas acciones legales tienen un pie de firma, un juez responsable. Nos llama la atención que hay jueces que tienen hasta 15 a 20 casos de reincorporación. Son órdenes de jueces competentes y si no cumplimos estamos cayendo casi en el desacato e inclusive los reincorporados llegan con disposiciones de reparaciones económicas”, afirma.

Varias cartas de reclamo ha enviado la entidad al Consejo de Judicatura, para alertar de la magnitud del problema. La mayoría no han tenido una consecuencia ni una respuesta con acciones desde esa institución encargada de los procesos disciplinarios de los funcionarios judiciales.

De hecho, explica Herrera, hay una “falta de articulación”. “A veces le mandan al mismo servicio del que salieron con problemas, digamos que salieron de Antinarcóticos y tienen que regresar a Antinarcóticos”.

El mensaje de fondo, detrás de estas acciones legales recubiertas de aparente legitimidad, es la impunidad.

Solo entre 2021 y 2025, 653 policías destituidos se reincorporaron por decisiones jurídicas, con cobertura legal.

Sin embargo, para el abogado y experto en temas de seguridad Hugo Espín la solución, en este caso, no pasa únicamente por intensificar el control disciplinario sobre jueces y fiscales, sino por replantear integralmente el modelo disciplinario policial. “Esto implica fortalecer la tipificación de conductas, garantizar el respeto irrestricto del debido proceso administrativo, mejorar la calidad probatoria de los sumarios y establecer mecanismos de articulación efectiva con la justicia constitucional”.

Por tanto -agrega Espín- la reincorporación de servidores policiales destituidos no responde exclusivamente a decisiones judiciales cuestionables, sino a una problemática estructural en la que confluyen deficiencias del sistema disciplinario, el ejercicio legítimo de garantías constitucionales y la ausencia de una coordinación institucional efectiva. “La responsabilidad no puede ser atribuida de manera unilateral, sino entendida como una corresponsabilidad sistémica que exige reformas profundas y técnicamente fundamentadas”.

Cuáles son las unidades judiciales que reintegran policías destituidos

La Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo en 2022 permitió 30 reincorporaciones; en 2023, dos y una más en 2024. Suman 33.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el cantón Portoviejo, viabilizó un reingreso en 2022. Pero en 2024 dio luz verde a 15 más y en 2025 favoreció a otra petición. En total: 17.

 

La Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, de Quito, permitió siete reincorporaciones entre 2021 y 2025. La Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Valdez del cantón Eloy Alfaro: permitió seis reingresos en ese período. No son las únicas, pero sí las que más reincorporaciones han decidido en los últimos años.

Cómo se investiga la corrupción policial

Entre 2025 y lo que va de 2026, en la policía hubo 1.515 sumariados. De ese total, solo 509 casos llegaron a destitución. La causal principal, en el 61 por ciento de veces, es la ausencia injustificada del trabajo.

Esto tiene una explicación. Cuando el policía comete un delito, enfrenta dos procesos. Del penal se hace cargo la justicia. Del procedimiento administrativo disciplinario se hace cargo la entidad policial. Normalmente, al tercer día de ausencia injustificada el uniformado es separado de la entidad. Pero algunos encuentran todo tipo de argucias para justificar la falta, entre ellas, certificados médicos alterados.

“No estamos juzgando el presunto delito, estamos juzgando su ausencia y es ahí donde empiezan las argucias, como certificados médicos falsos, para conseguir órdenes de jueces competentes que piden su reincorporación. Ese bache con la justicia envía una señal de impunidad; hemos enviado varias cartas de queja a la Judicatura”, advierte Herrera.

Su mensaje es contundente. Si un policía irrespeta su uniforme y colabora con el crimen tiene dos caminos. Saldrá de las filas policiales. Y quedará a merced de las estructuras criminales. Esas, que consideran a todos sus colaboradores como seres desechables.

*En la causal «Ausentarse de forma injustificada de su trabajo», que es la de mayor incidencia, el motivo principal es porque los uniformados han sido detenidos por algún delito en flagrancia y no pueden asistir a laborar.

El fraude millonario de la chatarra de Progen desnuda la fiscalización a la carta en la Asamblea     

Nuevos documentos y un audio de la exministra Inés Manzano revelados en el fraude de los generadores chatarra vendidos por Progen, así como las actuaciones sesgadas de fiscalización en la Asamblea, controlada por el oficialismo, evidenciarían coordinaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo para que no prosperen investigaciones de casos de corrupción. Por su lado, el ministro Roberto Luque marcó distancia. Aseguró que no tuvo ninguna participación en la etapa precontractual y contractual de los equipos ni contacto alguno para favorecer a la empresa estadounidense, mientras estuvo a cargo del Ministerio entre abril y julio de 2024. Dijo que se limitó a elaborar el plan de acción que debían seguir las autoridades de CELEC para las contrataciones y a visitar en EE.UU. posibles empresas interesadas en proveer energía.  

Redacción Codigo Vidrio

“Irán presos los culpables, no los que la oposición quiere culpar”, dijo el presidente Daniel Noboa el pasado 21 de mayo, sobre la estafa de los generadores eléctricos de Progen. Hasta ese momento, la Fiscalía pidió la vinculación de 21 personas que considera como parte de la trama por el delito de peculado, en la que el gobierno descartó de plano cualquier participación corporativa, minimizando las irregularidades y presunta corrupción que se conocieron por denuncias de la prensa.

Los últimos días se han difundido nuevos documentos, videos que alertaban sobre equipos chatarra, y un audio que comprometería a la exministra Inés Manzano, quien enfrenta un nuevo proceso de juicio político en la Asamblea, socavada por denuncias de una fiscalización selectiva y sesgada del partido de gobierno, que ha tratado a toda costa de ocultar sus trapos sucios, según legisladores de la oposición y analistas.

La exministra de Energía, Inés Manzano, enfrenta un nuevo proceso de enjuiciamiento político en la Asamblea. Foto de archivo

El caso Progen sería precisamente el ejemplo del sesgo en el control político por parte de la Asamblea, con mayoría oficialista. En diciembre de 2025, la Comisión de Transparencia, liderada por la legisladora de ADN, Diana Jácome, presentó un informe que no estableció responsabilidades políticas de la exministra Inés Manzano, tras seis meses de investigación. La conclusión fue que le correspondía a Fiscalía y Contraloría determinar responsabilidades. La oposición calificó ese resultado como un “lavado de manos” respecto al incumplimiento de funciones por irregularidades en contratos eléctricos de la hoy exfuncionaria.

Esa mecha volvió a encenderse este último martes 2 de junio. Ese día Ecuavisa reveló un audio y un correo electrónico. En el audio la exmnistra de Energía, Inés Manzano, le dice a Fabián Calero, entonces gerente de Celec, quien firmó los contratos con Progen, que habló con la legisladora Diana Jácome para ejecutar una “movida” y evitar que prospere el primer pedido de juicio político en su contra, que el correísmo trataba de impulsar en julio de 2025 en el Legislativo.

En la grabación, difundida en el noticiero Contacto Directo, la exfuncionaria le instruye a Calero, uno de los principales implicados en el caso Apagón (Progen) , que debía ser “escueto” en sus declaraciones y que “no vaya a ahondar más en el problema”. El audio habría sido enviado días antes de su comparecencia a la Comisión de Transparencia.

Fabián Calero, quien como gerente de Celec firmó los contratos con Progen, acudió a la Comisión de Transparencia para explicar el proceso de contratación. Foto de archivo

También se difundió un chat entre Manzano y el CEO de Progen, John Manning, en el cual ella negocia los tiempos de entrega de los generadores y la firma de modificaciones en el contrato.

Contactamos a la exministra Manzano a su celular, pero ante nuestro pedido de un pronunciamiento no dio ninguna erspuesta.

Quien sí se pronunció sobre el supuesto acuerdo para que la fiscalización no prosperará fue la legisladora Jácome. En rueda de prensa ella rechazó cualquier acuerdo de encubrimiento con Manzano.

Aseguró que no existía ningún audio suyo, o mensaje de texto en el que se establezca una coordinación o se revele su participación en tratar de cubrir o hacer algo incorrecto. “El audio alude a una responsabilidad que a mí no me corresponde”, afirmó.

Llamó «delincuentes» a los opositores y los emplazó a recordar lo que hicieron durante diez años: “Tuvieron un contralor que hoy la justicia de Estados Unidos lo tiene tras las rejas, mientras ustedes lo alababan porque él cubría todos sus actos de corrupción, salvaron a Wilman Terán, fiscales, ministros, asambleístas prófugos”, dijo.

Este medio pidió una entrevista con Jácome, pero no respondió nuestra solicitud.

⇒Lo cierto es que la fiscalización ha sido una de las principales falencias de la Asamblea en lo que va de su período 2025-2029. En fiscalización, el primer año de gestión se presentaron 7 pedidos de juicio político, pero 5 de ellos fueron archivados antes de su debate en el Pleno. Además, se registraron 5866 pedidos de información, aunque cerca del 20% sigue sin respuesta por parte de las entidades requeridas⇐

Es claro que no ha existido un actuación firme del Legislativo en el caso denominado “Progen” o por el desabastecimiento en los hospitales, según un informe sobre la gestión legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

Para Mauricio Alarcón, director de FCD, más allá de mayorías, la Asamblea Nacional no debe perder de vista que representa al país, no a una organización política. El tener una mayoría no puede ni debe ser la razón para dejar en impunidad política cosas y casos que saltan a la vista y están permanentemente en la opinión pública. «Lo que estamos viendo ahora es más de lo mismo, más de aquello que ya vivimos en una época específica – período 2013 – 2017».

«Hablábamos entonces de una Comisión de Archivo y de impunidad. No es necesario hablar en los mismos términos ahora? La fiscalización jamás debe ser simplemente un arma para proteger a los tuyos y perseguir a los otros, llegando incluso al absurdo de querer fiscalizar a gobiernos locales opositores, sin tener siquiera competencia para ello».

Informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

La legisladora Diana Jácome dirige la Comisión de Transparencia. Foto de archivo

Luque trazó el Plan de Acción 

En mayo pasado, Roberto Luque, explicó en un comunicado que no tuvo ninguna participación en la parte precontractual o contractual de la empresa Progen, mientras estuvo encargado del Ministerio de Energía, entre el 16 de abril y el 2 de julio de 2024, para enfrentar la primera etapa de la crisis por los apagones. Ayer, 3 de junio, en una entrevista en el programa ‘A Primera Hora’, de radio Sonorama, reiteró que Progen es una empresa corrupta, cuyos directivos están enjuiciados en Ecuador y Estados Unidos por pedido del gobierno.

Destacó que su papel se limitó a elaborar un Plan de Acción urgente, en medio de los apagones por la crisis del sistema energético a causa de la severa sequía que sufrió el país en 2024. Lo primero que hizo al llegar a ese puesto -dijo- fue firmar un acuerdo ministerial para declarar la emergencia eléctrica para agilitar las contrataciones que estarían a cargo de Celec, que es una entidad autónoma.

Recalcó que el Ministerio es como un “director técnico” que emite el plan de acción o la estrategia, pero las empresas públicas y sus autoridades ejecutan las acciones, que en este caso fueron las contrataciones de las empresas.

En mayo, Luque viajó a Estados Unidos y Costa Rica, «para levantar información sobre posibles proveedores». Después de ese recorrido el gobierno recibió unas 30 propuestas de empresas interesadas en la provisión de equipos, que luego fueron conocidas y estudiadas por las autoridades y técnicos de Celec. Ellos eran los responsables -según Luque- de evaluar las propuestas, supervisar los equipos que se ofertaban, elaborar los términos de referencia, y dar paso a las etapas precontractuales, con las verificaciones correspondientes de su funcionamiento, antes de formalizar las contrataciones y los pagos de anticipos, que llegaron al 70%. En este contexto, la visita que hizo como Ministro a las instalaciones de Progen en Florida no implicó ningún compromiso ni acuerdo, recalcó al tiempo de admitir que fue un desplazamiento atípico que se explica en el contexto de una situación crítica.

Recordó que el gobierno puso denuncias en Ecuador y Estados Unidos bajo la Ley RICO. De hecho, reveló que los abogados contratados ya han conseguido que la ruta del dinero recibido por Progen sea pública.

En EE.UU. hay cinco compañías más implicadas en el caso, entre las cuales hubo una a la que Progen compró los motores viejos, otra donde mandaron a pintarlos y una tercera que se encargó del ensamblaje.

Roberto Luque es el actual Ministro de Infraestructura y Transporte y Sociedad de la Información. Estuvo a cargo de Energía tres meses, durante la primera etapa de la crisis energética por la sequía en 2024. Foto de archivo

El 23 de abril Celec presentó la demanda ampliada ante un tribunal estadounidense contra 11 empresas y tres personas: John y Wade Manning, y Andrew Williamson, dueños de Progen. Según la denuncia, acusan a empresa de “invitar y recibir a funcionarios del gobierno ecuatoriano en la supuesta ‘fábrica’ de Progen, en Tampa, en mayo de 2024 (viaje al que fue Luque), donde Progen declaró falsamente que había fabricado nuevos generadores eléctricos”, entre otras acusaciones, como la entrega de informes dolosos.


El perjuicio económico directo al Estado por los contratos con Progen supera los 100 millones de dólares, sobre un contrato global de 149 millones. La empresa no entregó los generadores operativos prometidos, sino usados, inservibles.


El Gobierno declara la emergencia

La historia de este fiasco empezó en abril de 2024, cuando Noboa declaró la emergencia eléctrica por un verano que afectaría las hidroeléctricas en los siguientes meses y la falta de mantenimiento de las termoeléctricas. En ese escenario aterrizó la empresa norteamericana Progen, que firmó dos contratos para las termoeléctricas de Salitral, por 99,4 millones de dólares, y Quevedo, por cerca de 49,7 millones. Tras pericias en Estados Unidos, por parte de una demanda de Ecuador ante la justicia norteamericana, hoy se sabe que 21 de 29 generadores que debían ser entregados en Salitral, Progen los compró a otra empresa a 425 mil dólares cada uno, los pintó y los vendió a Ecuador a un valor casi 10 veces mayor.

Otro contrato por 20 millones se lo llevó Progen para la central de Catamayo, Loja. Y otros 90 millones se lo adjudicó la compañía uruguaya Austral para la termoeléctrica Esmeraldas. Todos fueron un fracaso. A pesar de que la prensa empezó a cuestionar los contratos a finales de 2024 cuando ya se había incumplido ciertos plazos para la puesta en marcha de los equipos en Ecuador, el gobierno los defendía y garantizaba que pondrían a funcionar los generadores.

En julio de 2025, la Fiscalía hizo varios allanamientos y lo bautizó como “Caso Apagón”, pero solo investiga los contratos de Salitral y Quevedo. Fueron 104 millones de dólares entregados a Progen sin que se generara un solo megavatio. Ese dinero fue el anticipo del 70 por ciento de los contratos.

Instalaciones de la empresa Progen en Florida, Estados Unidos, que hoy enfrenta demandas por peculado en ese país y Ecuador. Foto archivo

Fiscalía puso en la mira al exministro de Energía, Antonio Goncalves, y a Fabián Calero, ex gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dos exfuncionarios a los que el oficialismo abandonó a su suerte porque estuvieron al frente de la crisis durante las etapas precontractuales y contractuales.

No obstante, la justicia no vinculó, por falta de evidencias, a los ministros Roberto Luque, quien estuvo encargado cuatro meses del Ministerio cuando se declaró la emergencia del sector eléctrico por los prolongados apagones del 2024, ni a la exministra Inés Manzano, que estuvo en Energía cuando debían entregarse los generadores. La defensa de ambos es que en sus administraciones no se firmaron los contratos con las empresas para proveer los equipos generadores de energía.

Las alertas al viento

Uno de los involucrados en el Caso Apagón es Byron Orozco, gerente de Termopichincha, quien firmó el contrato con Progen. Su defensa dice que hay mandos superiores que tienen responsabilidad y no están vinculados. Según su argumento, el 27 de junio de 2024 Orozco pidió a la Secretaría de Integridad Pública que se organice una veeduría para la licitación de los contratos de Salitral y Quevedo, teniendo en cuenta que ya había alertas del contrato de Progen en Catamayo. La Secretaría, a cargo de José Julio Neira, respondió que no tenía las competencias.

Pero una de las alertas que más llaman la atención es la advertencia de Abraham Zambrano, gerente de la Empresa Resource Power Group. Un asambleísta le requirió información el 22 de junio de 2024 y Zambrano, desde México, respondió que su empresa era la única representante de generadores EMD para Ecuador, y no Progen. Incluso señaló que los últimos motores EMD fueron construidos en 2015, cuando Progen ofertaba modelos 2023. Para ese entonces, Progen ya había firmado el contrato para la termoeléctrica Catamayo, y a nadie le importó o nadie quiso ver las alertas.

Tanto en el contrato de Catamayo, como Salitral y Quevedo, la Contraloría halló numerosas inconsistencias, entre ellas, que los generadores no eran nuevos, que no tenían las condiciones técnicas para acoplarse a la red eléctrica de Ecuador, a más de otras irregularidades en los procesos de contratación. Pero, ¿nadie constató el estado de los generadores?

Funcionarios de Celec inspeccionan los equipos que llegaron a Ecuador. Todos eran usados, inservibles, y nunca operaron. Foto de archivo

Técnicos alertaron fallas y denunciaron amenazas

La Fiscalía acusa a los técnicos de Celec por la estafa de Progen, pero a finales de mayo de 2026 se filtró un video en el que un grupo de técnicos de la entidad estatal alertó sobre irregularidades en los equipos que se planeaba adquirir.

“No es lo que nosotros alguna vez recomendamos”, mencionaron tres hombres identificados como Nelson Castro, Celso Sánchez y Paúl Flores, quienes viajaron a las instalaciones de la empresa estadounidense el 19 de septiembre de 2024 para verificar los artículos. Además, los técnicos recalcaron que los equipos “no sirven” y que recibieron amenazas de muerte. “Nos da miedo por nuestras vidas e integridad”, manifestaron.

Sin embargo, ese video no forma parte de la investigación de la Fiscalía e incluso esos tres técnicos recibieron prisión preventiva por el presunto delito de peculado tras la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas.

Por su parte, el Ministerio Público indicó que posee 150 elementos de convicción que sustentan la acusación y confirmó que el material audiovisual no está dentro del expediente ni constituye un elemento de convicción. ¿Por qué? Nadie ha podido explicarlo. Las defensas de los técnicos dicen que se quiere proteger a los altos mandos y cargarles la responsabilidad del fraude a ellos.

La Batalla de Pichincha fue el nudo de la campaña libertaria liderada por Sucre, que se apretó en Guayaquil y se desató en Perú

Pese a que la Batalla de Pichincha fue crucial para sellar la independencia, el general Antonio José de Sucre debió liderar  los meses siguientes duros combates con fuerzas rebeldes, todavía leales a España, especialmente en Pasto, Colombia, y en Perú, que el libertador San Martín no pudo someter, tras lo cual dimitió ante el Congreso, encomendando el cierre del capítulo final de  las luchas contra las fuerzas realistas a Simón Bolívar. Pese a que las condiciones eran adversas, Bolívar no dio su brazo a torcer y avanzó confiando plenamente en Sucre. El Mariscal no lo defraudó: su liderazgo ejemplar amalgamó las tropas libertarias que eran multinacionales y multirraciales. Estaban integradas por mestizos,  afrodescendientes, indígenas, criollos y europeos, especialmente británicos.     

Por Galo Cruz, coronel (SP) del Ejército y académico

Luego del difuso éxito en el combate de Bomboná (abril 1822) y de la decisiva victoria en la batalla de Pichincha (mayo 1822), la guerra por la independencia suramericana cambiaba favorablemente para las fuerzas independentistas. Simón Bolívar, después del triunfo de Pichincha, y previo a la reunión con José de San Martín, se dirigió inmediatamente a Guayaquil, ciudad a la que entró el 11 de julio, con aproximadamente 1.500 efectivos, con el propósito de convencer a la población para que se incorporen a Colombia.

El 26 de julio de 1822 se reunieron en Guayaquil los dos líderes de la Independencia suramericana, el libertador Simón Bolívar y el Protector José de San Martín. Después de esta entrevista reservada, la situación estratégica cambió radicalmente en la región; el Protector salió de la escena y el Libertador asumió el liderazgo de la guerra.

El libertador de las repúblicas del sur, San Martín, dimitió en septiembre del 2022 y le comunicó su decisión a Bolívar, en una carta firmada desde Lima: “He convocado al Congreso para presentar ante él mi renuncia y retirrame a la vida privada con la satisfacción de haber puesto a la causa de la libertad toda la honradez de mi espíritu y la convicción de mi patriotismo. Dios, los hombres y la historia juzgarán mis actos públicos”.

Encuentro de José de San Martín y Simón Bolívar en Guayaquil. Pintura: Archivo Histórico Riva-Agüero, Lima.

Los teatros de Guerra

Luego de la batalla de Pichincha, en la guerra de Independencia se identificaron dos teatros de guerra: el Teatro de Guerra del “Perú – Pacífico” y el Teatro “Atlántico – Caribeño” (Maita, 2022). En el primero actuaban las fuerzas de Colombia, Chile y del Río de la Plata, con el objetivo principal de apoyar a la campaña del Perú. En el Teatro “Atlántico – Caribeño”, en cambio, la actuación de la escuadra española extendió el conflicto, toda vez que sus fuerzas mantenían una presencia importante en esos territorios, promovieron rebeliones, especialmente en Puerto Cabello y Maracaibo. Esta última ciudad fue la base de operaciones del general español Francisco Tomás Morales. Con la caída de estos dos últimos bastiones españoles del norte, cambió el escenario de la guerra.

En el Teatro de Guerra Perú-Pacífico Sur, en el Perú de 1823 regían dos gobiernos: una República con sede en Lima y que dominaba el norte y el Virreinato que, con el virrey La Serna, tenía su capital en el Cuzco y en el que regía la Constitución de Cádiz de 1812 y los principios del Trienio Liberal español.

A comienzos de 1823, los resultados de las operaciones militares eran favorables para el Ejército Real del Perú; en cambio, la situación política peruana era afectada por las disputas por el poder central y la excesiva ambición de sus caudillos, lo que generaba un ambiente de polarización político-social. La primera Junta Gubernativa del Perú fue cesada en febrero, por un pronunciamiento militar y el Congreso peruano designó el 28 de febrero a José de la Riva– Agüero como primer presidente.

Para Simón Bolívar, la situación del Perú era muy crítica, ya que si las fuerzas realistas tomaban Lima y el Callao, era probable que la mayor parte de la población apoyara a la monarquía y desde el puerto y base del Callao afectaran a Colombia, convirtiendo al distrito del Sur en el teatro de guerra principal.

Los preparativos para la campaña armada del Perú fueron rápidos y demandaron importantes recursos. “Así fue como los departamentos de Ecuador, Azuay y Guayaquil, hicieron en aquellas circunstancias grandes y dolorosos sacrificios, […] El más rico por su comercio y producciones agrícolas, el de Guayaquil, proporcionó al Libertador un empréstito de cien mil pesos para hacer frente a los gastos; los otros dos contribuyeron con igual suma, fuera de los víveres y vestuarios que dieran, según archivos históricos de 1858.

Los teatros de Guerra en Suramérica en 1823 Fuentes: Cruz, (2023), adaptado de Lynch (2009) y Maita (2022).

El 14 de abril de 1823 el general Sucre partió hacia Perú para hacerse cargo de las tropas colombianas, que encontró en un estado deplorable. A mediados de junio de 1823, el gobierno peruano dispuso la evacuación de su capital Lima. El general español José de Canterac, ocupaba Lima el 18 de junio, mientras que Sucre, como comandante del Ejército Unido, se retiraba al Callao.

En el Ejército Real del Perú, bajo la autoridad del virrey José de la Serna, las fuerzas militares estaban divididas en dos bandos: los que eran favorables a la Constitución de Cádiz y quienes eran seguidores de Fernando VII y que se agrupaban en torno al general Pedro de Olañeta, quien desconoció la autoridad del virrey.

Habitantes de Pasto enfrentan a fuerzas libertarias

Mientras tanto, en el norte del actual territorio ecuatoriano las fuerzas libertarias enfrentaban a la oposición de Pasto, cuyos habitantes no aceptaban la separación de España, manifestando su aversión hacia Bogotá y Quito. A finales de 1822, en la región de Pasto sucedió un importante levantamiento liderado por el teniente coronel español Benito Boves, quien proclamó su lealtad al rey Fernando VII. Esta insurrección incidía en la campaña para la resolución de la guerra de la independencia. Comprometía las líneas de comunicaciones con Bogotá y representaba un seguro efecto multiplicador para quienes se oponían a la causa libertaria.

El Libertador, desde Quito, envió a pacificar Pasto al general Sucre, con el batallón Rifles y los escuadrones Guías, Dragones de la Guardia y Cazadores montados, a las que posteriormente, se sumó el batallón Bogotá. Las fuerzas pastusas fueron derrotadas y cuando Sucre entró en Pasto, sus habitantes habían huido hacia las montañas. La venganza fue inmediata y Pasto fue saqueada por las tropas de Sucre. Posteriormente, con la llegada de Bolívar en enero de 1823, las imposiciones fueron drásticas: “Bolívar impuso a los pueblos rebeldes del cantón una contribución forzada de treinta mil pesos (…). Hizo que se reclutaran todos los hombres hábiles para las armas y a los más inquietos que sean llevados en calidad de presos. Mandó a confiscar los bienes de todos aquellos que participaron en la rebelión o que no se habían presentado a Sucre en seis días (…). Casi todas las propiedades de los pastusos eran confiscadas y se mandaron a repartir entre los militares de la república. El castigo de los habitantes de Pasto dejó en sus corazones el resentimiento más profundo y duradero”, relató el historiador Restrepo en 1858.

Este antecedente es importante para tomar en cuenta lo que ocurrió ocho años más tarde, en 1830, cuando Sucre fue asesinado, en Berruecos. Esa zona queda 70 kilómetros al norte de Pasto, capital del departamento de Nariño. Cuando ocurrió el magnicidio los habitantes de esa región eran hostiles con las fuerzas que los reprimieron y en especial con quien las comandó.

Victoria pastusa a las fuerzas de Flores

Sin embargo, para el 12 de junio 1823, Agustín Agualongo, al frente de algunas partidas campesinas, se enfrentó a las fuerzas del coronel Juan José Flores, que tenía 600 hombres, la mayoría reclutas. La victoria pastusa fue impensada y contundente. Agualongo entró en Pasto y se proclamó comandante general a nombre de la monarquía española. Inmediatamente organizó sus fuerzas y avanzó al sur del río Guáitara, aumentando sus tropas insurrectas hasta 1.200 hombres. Además, cursaba comunicaciones a los otavaleños, para conseguir su apoyo.

Así era la difícil topografía de Pasto en el siglo XIX. Puente sobre el río Mayo. Dibujo de Riou Acevedo, de 1968.

El 21 de junio el Libertador escribía al general Sucre sobre la difícil situación en el norte de Quito, explicándole que las fuerzas de Flores fueron derrotadas y que entre Quito y Pasto solo había disponibles 150 soldados. Las comunicaciones con Bogotá fueron cortadas y, además, había sublevaciones en Barbacoas y Esmeraldas. Ante esto, Bolívar resolvió no enviar refuerzos urgentes al Perú.

El 17 y 18 de julio, el ejército conducido por Simón Bolívar derrotó a las fuerzas de Agualongo en la batalla de Ibarra. Sin embargo, todavía no se lograría pacificar la región de Pasto. Recién en 1824, con el fusilamiento de Agualongo, se disiparon los temores de una nueva rebelión pastusa.

La victoria de las fuerzas del Libertador en Ibarra, consolidó los resultados de la Batalla de Pichincha y se libró a Quito de un probable saqueo; se abrió nuevamente las comunicaciones con Bogotá, concentrándose en la decisión de la campaña libertaria en el Perú. Bolívar, luego del triunfo, retornó presurosamente a Quito el 31 de julio y partió a Guayaquil. El 7 de agosto, por pedido del Congreso peruano, salía al Callao, para dirigir personalmente la campaña en el Perú. A su llegada, el 1 de septiembre, fue recibido por el presidente de Tagle y nombrado como autoridad suprema del Perú.

De Pichincha a Ayacucho se selló la independencia

1823 constituyó un puente entre la batalla de Pichincha de 1822, que desarticuló la presencia realista en el actual territorio ecuatoriano, cambiando el escenario de guerra por la independencia suramericana y la conclusión estratégica de diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, en que se culminó exitosamente la guerra.

En el teatro de guerra “Perú – Pacífico Sur”, 1823 fue un año difícil para la guerra libertaria ya que la situación inestable y adversa, tanto en Pasto como en el Perú, puso en riesgo la campaña.

En el escenario de guerra “Atlántico-Caribeño”, 1823 fue un período favorable. Las victorias en Maracaibo y Puerto Cabello significaron la derrota de las tropas realistas en el norte suramericano, con lo que mejoraron las capacidades estratégicas y operativas para decidir la guerra.

Este 1823 fue particularmente difícil para los pueblos del Sur: Quito, Azuay y Guayaquil, ya que soportaron el paso de los ejércitos libertarios hacia el Perú. Esto aumentó la pobreza y provocó importantes e inmediatos efectos sociales y económicos.

Así, los logros militares de la guerra por la independencia suramericana daban paso a la constitución de las nuevas repúblicas en un período de asfixiante caudillismo, dejando abierto un espacio de peligrosa conflictividad futura.

En Contexto

Los ejércitos independentistas de Bolívar y San Martín eran fuerzas multinacionales y multiétnicas, formadas por criollos, mestizos, indígenas, afrodescendientes y europeos, en su mayoría ingleses. Su número variaba drásticamente, según la campaña, oscilando entre pequeños grupos de élite y ejércitos combinados que superaban los 5.000 hombres. 

  • Simón Bolívar lideró el Ejército Unido Libertador del Perú y las fuerzas de la Gran Colombia. Eran venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos y un destacado contingente de voluntarios europeos, principalmente británicos (Legión Británica).
  • Número de soldados. En 1819, al cruzar los Andes hacia Nueva Granada, comandó unos 2.500 hombres.
  • En 1822 para la Batalla de Pichincha, el ejército dirigido por Antonio José de Sucre contó con unos 3.000. hombres.
  • En 1824, para las batallas de Junín y Ayacucho, el ejército unido superaba los 5.700 efectivos. 
  • San Martín organizó el Ejército de los Andes en Argentina y posteriormente conformó el Ejército Unido Libertador del Perú, junto a las fuerzas chilenas. Estaban integrados por argentinos, chilenos, afrodescendientes (libres y esclavos), y oficiales europeos. Para el histórico Cruce de los Andes en 1817, San Martín comandó 5.200 hombres.
  • En 1820, para la Expedición Libertadora al Perú, la fuerza conjunta estuvo integrada por 4.200. combatientes.

La autenticidad de los restos del mariscal Antonio José de Sucre fue confirmada por una junta médica, en el gobierno del general Eloy Alfaro

Los restos del Mariscal estuvieron ocultos entre 1830 y 1900. Tres delegaciones de Bolivia y Venezuela llegaron a Quito, en el siglo XIX, para reclamarlos. Cuando se halló el cofre mortuorio una junta de expertos de la Facultad de Medicina, en el gobierno del general Eloy Alfaro, los analizó para confirmar su autenticidad. El sobrino nieto de uno de los médicos que participó en el examen es el autor de esta nota.

Por José Torres Bucheli
Alianza Código Vidrio-Vistazo

El asesinato de Antonio José de Sucre ocurrió el cuatro de junio de 1830. Recién empezaba el viaje final, que terminó en 1900, con el hallazgo de sus restos mortales. En esta cuarta y última entrega, revelamos cómo se confirmó que las reliquias fueron autentificadas científicamente.

La viuda de Sucre se encargó de que se preservaran. Cuando los restos fueron localizados, un médico ecuatoriano investigó las circunstancias del crimen. El doctor Manuel María Casares integró la comisión de expertos a cargo de la pericia. Él fue mi tío abuelo.

El pensamiento y las acciones distanciarían al mariscal de los líderes militares y políticos de la época. Por esta razón los historiadores concuerdan  en afirmar  que “las cualidades de Sucre prepararon el crimen”. ¡Qué paradoja!

Era evidente que su vida corría peligro. Varias personas leales trataron de disuadirle de que su viaje de retorno hacia Quito debía cambiar de ruta. Viajaba con un grupo pequeño de acompañantes.

La  larga y agotadora travesía, atravesando lo enmarañado de la montaña, obligaba a hacer escalas. Las dos inmediatas fueron los recintos El Salto de Mayo y Venta Quemada. En el primero poseía casa el guerrillero Erazo. Ahí fue una  primera parada de la caravana.

El plan para asesinar a Sucre tuvo como autor intelectual al general José María Obando, comandante general de Pasto. Tuvo dos ayudantes: Erazo y Apolinar Morillo; este último expulsado del ejército venezolano. A su paso por Pasto se entrevistó con Obando, que recibió el plan del crimen. Envió con él una carta a Erazo diciéndole: “Mi estimado Erazo, el dador de ésta le advertirá el negocio importante que es preciso que haga con él. El dirá a la vez todo, manos a la obra, siga todo lo que diga, y usted dirija el golpe”. Erazo aceptó y siguió la orden al pie de la letra, no pudo menos que asegurar hasta el fin su cometido; pues, en su casa de El Salto de Mayo, Sucre se alojó.

Al día siguiente Erazo, siguió a la caravana, y, tomando un atajo, se adelantó a Venta Quemada. Claro que Sucre se sorprendió de encontrarlo nuevamente. Erazo supo disimular, pero el verdadero propósito estaba cumplido; ubicar exactamente la posición del mariscal Sucre e informar a Morillo y otros asesinos. Una vez hecho esto, Erazo regreso junto a Sarria, otro cómplice, al recinto Salto de Mayo para esperar la noticia del asesinato y viajar a Popayán.

El asesinato de Sucre ha sido retratado por varios pintores latinoamericanos. Este cuadro es del colombiano Pedro José Figueroa. Esta firmada y fechada en 1836.

Los asesinos, dirigidos por Morillo, se apostaron en el sitio que los ocultaría. La caravana seguía lentamente, hasta llegar al estrecho sitio llamado Angostura de la Jacoba o del Cabuyal. Los asesinos acordaron llamar al general por su nombre, como en efecto ocurrió. Sonó un tiro; dos o tres más. ¡Ay balazo!, mencionó Sucre y cayó.

La caravana súbitamente se dispersó. Sucre fue asesinado de esta forma el cuatro de junio de 1830. Lorenzo Caicedo, asistente del general, buscó ayuda para sepultarlo.

El crimen en Berruecos generó indignación en Quito

La noticia en Quito causó sorpresa, indignación, temor. Se conoció que la familia coordinó el traslado del cadáver a la Iglesia de San Francisco, al mausoleo de los Solanda, en forma privada sin ningún ritual, sin honores militares.  Se guardó reserva y respeto.

Pasaron los años. Los países libres siguieron el curso de la vida republicana. Comenzaba entonces el furor por otorgar reconocimiento a los héroes en América.

Después de varias décadas no cabía hablar del cadáver de Sucre, lo que quedaría serían los restos.

El gobierno del Ecuador, en 1845, recibió la solicitud de Bolivia para trasladar a ese país los restos de Sucre, considerado el padre fundador de esa patria. La respuesta ecuatoriana fue negativa.

En 1875, Venezuela concluyó el Panteón Nacional en Caracas para honrar a los héroes. Solicitó al gobierno de Ecuador “permiso para exhumar y trasladar a Venezuela los restos del general Antonio José de Sucre”. Se realizó la búsqueda,  pero sin éxito.

En 1894, el sacerdote español Pablo Moreno aseguró haber encontrado los restos de Sucre. En representación de Venezuela llegó un pariente cercano  del general, el presbítero Antonio José de Sucre, quien realizó gestiones controvertidas que incomodaron a los religiosos de San Francisco y a las autoridades ecuatorianas.

Los quiteños se preguntaban: ¿Qué pasó realmente con el cadáver? ¿Por qué se guardaba un secreto al respecto?

Las misiones enviadas por los dos países no habían dado resultado positivo. Quedaba un sentimiento de vacío. Se convirtió en un duelo inconcluso, una deuda impaga. Crecía la nostalgia y un doble tormento: además del magnicidio, la desaparición del cadáver del mariscal.

Mariana Carcelén dispuso que los restos de Sucre fueran trasladados desde la hacienda el Dean, fuera de Quito, al monasterio del Carmen Bajo, hacia 1841, junto con los de su hija Teresita, fallecida en 1833. La abadesa Manuela Valdivieso (pariente de Carcelén) y las monjas del claustro mantuvieron este acontecimiento en secreto hasta 1900. Fotos Código Vidrio

El deseo de Mariana Carcelén fue ocultar el sitio de la sepultura

Mariana Carcelén, marquesa de Solanda, falleció el 15 de diciembre de 1861.  No hizo público el lugar donde sepultó a su esposo.  Entre las personas que presenciaron lo ocurrido, estaban los mayordomos de la hacienda ‘El Deán’. La esposa del mayordomo, anciana y enferma, confió el secreto a una amiga de la familia Solanda, Rosario Rivadeneira. Narró todos los detalles. Bajo el oratorio de la iglesia permaneció hasta que Mariana decidió ponerlo en otro sitio que consideraba seguro. Para entones había fallecido su hija Teresita Sucre, quien estaba enterrada en el mausoleo de los Solanda, en el convento de San Francisco.

Esposa y madre, Mariana Carcelén, decidió sacar el cadáver de su hija y juntarlo con su padre en el mismo cofre mortuorio, para el descanso final. En el fondo de la caja se pondría  una tela de tisú y en un gesto íntimo se envolvieron los restos de ambos con un traje de la marquesa.

En todo esto le ayudaron sus fieles asistentes Isidoro Arauz y su esposa Francisca. Ellos entregaron la caja a Manuela Valdivieso, pariente de los Carcelén y abadesa del monasterio del Carmen Bajo. El misterio fue conservado por las religiosas de clausura, en un gesto de respeto por los despojos mortales de un héroe y de su hija, y para cumplir la voluntad de Mariana Carcelén.

El descubrimiento de los restos del general Antonio José de Sucre ocurrió el 24 de abril de 1900.

Tras confirmarse que se trataba de los restos de Sucre, se realizó un traslado masivo del cofre desde El Carmen Bajo a la Catedral en la plaza de la Independencia, donde reposan actualmente en un mausoleo solemne. Fotos de archivo

Por ese tiempo, los habitantes constituían la segunda generación de nacidos después de la independencia. La referencia común en esa época era: “Mi abuelo pagaba tributos a la corona española; mis padres ya eran ciudadanos que tributaban al pueblo libre del Ecuador”.

En 1900 la ciudad de Quito tenía alrededor de 60.000 habitantes. Las calles eran empedradas.

Rosario Rivadeneira comunicó el secreto a Alejandro Melo, quien lo compartió a César Portilla. Las autoridades, civiles y eclesiales, permitieron el inicio de trabajos en la iglesia del monasterio ubicado en el centro de Quito.

Habían pasado siete décadas del asesinato, dos generaciones de ecuatorianos recordaban los hechos, pero no la versión desde los poderes, sino la versión contada en familia donde la verdad se transparenta.

Un evento sorprendente: los restos de Sucre fueron llevados a la Catedral

Una vez comunicado oficialmente el hallazgo, el presidente de la república, general Eloy Alfaro, llegó al lugar del encuentro, el comulgatorio de la iglesia del Carmen Bajo, con los ministros de estado. Inmediatamente se entregaron las reliquias encontradas a la facultad de Medicina de Quito para realizar el estudio forense con el propósito de verificar su autenticidad.

Alejandro Melo y César Portilla comunicaron en 1900 al gobierno de Eloy Alfaro que los restos del Mariscal estaban en el Carmen Bajo. De inmediato empezaron las excavaciones en el convento.

El siete de mayo de 1900, la facultad de Medicina confirmó que los restos hallados pertenecían al mariscal de Ayacucho.

El gobierno del general Alfaro decretó que el cuatro de junio, aniversario del crimen de Berruecos, el país debía rendir honras fúnebres.

El tres de junio a las cinco de la tarde se inició el traslado desde el convento del Carmen hasta la Catedral metropolitana de Quito para su descanso final.

Se dispuso la formación de comités para la organización del acontecimiento histórico, dando la oportunidad a una participación múltiple, en el desfile mortuorio; con coronas de flores. En las casas se adornaron los balcones, calles y plazas al paso del cortejo. Fue notable el discurso pronunciado por el obispo de Ibarra, monseñor Federico González Suárez.

Las dudas y polémica sobre la autenticidad 

Durante siete décadas se había especulado sobre el paradero de los restos. La noticia del hallazgo tuvo el principal detractor en un eminente cuencano, Alberto Muñoz Vernaza, quien declaró a la prensa su posición.

La facultad de Medicina de Quito designó para responder las inquietudes al experto Manuel María Casares, profesor de medicina, con notable participación durante el estudio forense que identificó los restos.  En los periódicos de la época, ambos personajes mantuvieron discusiones.

Manuel María Casares, a más de su conocimiento sobre el informe médico forense, investigó todo lo relativo al asesinato. Viajó a Pasto, en búsqueda de  los informes concernientes, como el  sumario que Francisco María Lozano, gobernador de Pasto, levantó el cinco de junio de 1830. Además revisó el cuestionado informe de Alejandro Floot, médico que practicó el reconocimiento del cadáver el seis de junio a las cinco de la tarde. Tomó en cuenta testimonios presenciales que se conservaron como el caso de Lorenzo Caicedo, quien era asistente de Sucre. El prolijo estudio analiza el sombrero que llevaba la víctima y que había conservado la familia Solanda, con las rasgaduras de proyectil de arma de fuego que se correspondían con las perforaciones del cráneo.

La documentación médico-forense e histórica sirvió de base para que Casares escribiera y publicara en 1906,  el libro “Los Restos de Sucre”.  Esta obra despejó todas las dudas.

Casares conservó copias manuscritas de los documentos que le sirvieron para su trabajo. Guardó el libro original y fotografías de los restos de Sucre realizadas por el gabinete de Física de la Universidad Central.

La documentación fue archivada en un baúl, con el monograma MMC, y las fotografías en una gaveta de su escritorio. Dichas  pertenencias permanecieron en la hacienda Albán de la familia Casares, ubicada en Tumbaco provincia de Pichincha.

A la muerte del médico Casares, sus hermanas Virginia y Carmen Amelia Casares custodiaron estos documentos.

Un relato en primera persona

Con Carmen Amelia, mi abuela materna, pasaba los veranos en la hacienda Albán.  Fue allí que un día supe que visitarían unos doctores a la abuela. No era fácil en la década de los 50 llegar en transporte al lugar. Alrededor de las diez de la mañana llegaron en “auto de plaza”; estaban con terno y sombrero a la usanza de la época. Dejaron sus tarjetas en la repisa de la entrada e ingresaron a la sala.

Mi presencia no debió molestar (yo era un niño) pues no fui sacado del lugar. Conversaron  animadamente y revisaban la documentación guardada. Me llamó mucho la atención la revisión de unas fotografías que se preservaban en envolturas de tela. Al medio día los doctores se fueron, la abuela guardó todo. Cerró la gaveta y el baúl. Las tarjetas de los visitantes también las puso en el escritorio.

El médico e historiador José Torres, que aparece en la foto junto con su prima María Eulalia Rodríguez, es el sobrino nieto de Manuel María Casares, uno de los doctores quiteños que participó en el examen que verificó la autenticidad de los restos de Sucre. Foto Código Vidrio

Las hijas de Carmen Amelia, las  hermanas Lucila, Josefina, Cristina y Lucrecia Bucheli Casares, comentaban los hechos históricos y hacían referencia a la investigación de su tío Manuel María Casares. La historia era emotiva y la trasmitían con orgullo.

En la década de los 70 ya había fallecido mi abuela Carmen Amelia. Mi tía Josefina me permitió revisar la documentación de Manuel María sobre Sucre.

Para mi sorpresa, encontré información de 1900, el informe de la Facultad de Medicina, el decreto ejecutivo de Alfaro, las invitaciones para participar el día de la ceremonia de honras fúnebres en la Catedral de Quito, periódicos de la época con noticias alusivas, crónicas sobre la polémica entre los médicos Casares y Muñoz Vernaza para esclarecer la verdad histórica; cartas de personajes felicitando al doctor Casares, correspondencia con autoridades para organizar el funeral.

Pude ver las tarjetas de los médicos que llegaron en una ocasión a la hacienda, cuando estuve presente. Se trataba de los doctores Enrique Garcés y  Francisco López Baca.

Fue emocionante encontrar en el sobre de tela, envueltas, fotografías sobre los restos de Sucre.  Fueron conservadas en esta manera, sin afán de exhibición, con respeto y en conocimiento del valor humano e histórico que representaban.  Eran fotografías tomadas en el Gabinete de Física de la Universidad Central, dedicadas al doctor Casares.

El 27 de septiembre de 2023, varios miembros de mi familia entregamos este acervo a la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit de Cotocollao en Quito, donde se conserva en la actualidad.

Las reliquias mortuorias del mariscal de Ayacucho permanecen en la Catedral de Quito, en un mausoleo, cerca del altar mayor, para su descanso final, después de un largo viaje.

Sucre fue sepultado tres veces en Quito: la hazaña de Mariana Carcelén, que ocultó sus restos en un convento para que no los profanaran y se llevó el secreto a la tumba

El mariscal Antonio José de Sucre fue enterrado no una sino tres veces, en Quito, revela esta investigación en Ecuador y Venezuela. Mariana Carcelén desafió y confundió a todos: rescató los restos mortales de su esposo y los ocultó en el convento del Carmen Bajo, junto con los de su pequeña hija Teresita, fallecida a los tres años de edad. La Marquesa de Solanda murió sin revelar el sitio donde los sepultó. Su figura y trascendencia así como el de la Abadesa y las monjas del claustro, que guardaron el secreto, han sido invisibilizadas por dos siglos.

Por María Belén Arroyo
Alianza Código Vidrio-Vistazo

Mariana Carcelén, marquesa de Solanda, tuvo un rol crucial, pero invisibilizado en la historia. Luego de conocer el asesinato de su esposo, el mariscal Antonio José de Sucre, en Berruecos, Colombia, en junio de 1830, envió una comitiva con personas de su confianza para que recuperaran sus restos y los trajeran a Quito. Durante seis meses, esta investigación periodística recreó los hechos en Ecuador y Venezuela. Y descubrió los personajes ocultos detrás del triple entierro de Sucre. Los gobiernos de Venezuela y Bolivia reclamaron sus restos en Ecuador, en varias ocasiones, sin resultado en el sigilo 19.

 “Lo recuerdo como si fuera ahora. La señora Marianita Carcelén estaba muy elegante, era la fiesta del Corpus Christi. Miraba por la ventana de su casa, esperaba la procesión por la calle del Correo. En ese momento llegó Lorenzo Caicedo, asistente de Sucre. La marquesa al verle le gritó: ‘¿Qué es del general?’. Y él solo respondió: ‘Le vengo enterrando en Berruecos’. El muchacho traía la mulita en que venía Sucre y el sombrero que estaba puesto cuando le mataron…”.

Mariana Tobar tenía 90 años cuando fue entrevistada por un reportero del diario quiteño El Día. Su recuerdo estaba intacto aunque habían pasado 70 años desde el asesinato de Sucre, el mariscal de Ayacucho.

Cuando llegó la noticia del crimen, a mediados de 1830, Mariana Tobar era una jovencita que trabajaba como ama de llaves. La casualidad hizo que compartiera el nombre con la esposa de Sucre, Mariana Carcelén.

Ese día de Corpus la casa azul de la familia Sucre Carcelén estaba adornada con cortinas coloridas para celebrar la fiesta religiosa. De inmediato fueron reemplazadas por telares negros, en señal de duelo.

Hubo desolación en la casa de la familia Sucre-Carcelén ese jueves de Corpus Christi, en 1830. Después de pocos días de conocer el asesinato de su esposo el mariscal Sucre, la Marquesa ordenó que su asistente, Lorenzo Caicedo; el mayordomo de la hacienda ‘El Deán’, Isidro Arauz, y varios trabajadores de la hacienda, viajaran para recuperar el cadáver en las montañas inhóspitas de Berruecos.

Mariana Carcelén de Sucre tenía 25 años cuando enviudó. Era quiteña. Había heredado de su padre el título de marquesa de Solanda; así como tierras y propiedades.

Mariana se casó con Sucre luego de una relación a distancia, que duró seis años, pactada entre su padre, el marqués, y el mariscal de Ayacucho. La mayor parte del tiempo se comunicaron a través de cartas que tardaban meses en ir y venir. Sucre cumplió todos los deberes militares y políticos que le designó su mentor, Simón Bolívar. Para el matrimonio, efectuado en abril de 1828, no estuvo presente Sucre sino su apoderado, el general Vicente Aguirre.

La vida de pareja empezó en septiembre de 1828 y se extendió hasta noviembre de 1829. En ese lapso nació la única hija de ambos, Teresita Sucre Carcelén. Cuando la infante cumplió cuatro meses de nacida, el mariscal escribió su testamento. Presentía que moriría antes de cumplir los 50 años. Y pocos días después de testar partió para cumplir una nueva encomienda de Bolívar: participar en el Congreso de Bogotá. De esa misión regresaba a Quito cuando, en la montaña agreste y desolada de Berruecos (hoy frontera sur de Colombia), fue asesinado por un complot de militares colombianos. Era el cuatro de junio de 1830.

Venezuela y Bolivia reclamaron varias veces los restos de Sucre

Los hechos sucedieron hace casi 200 años. Este proyecto periodístico reconstruyó algunos de los pasajes, tras seis meses de investigación en Ecuador y Venezuela, para recrear un capítulo oculto de la historia.

Hay un antecedente. Los restos de Sucre fueron reclamados por los gobiernos de Venezuela y de Bolivia, en múltiples ocasiones. Ambos países enviaron comisiones especiales para recuperar y llevarse el cofre mortuorio, durante los siglos XIX y XX. Ninguna tuvo éxito. El comandante Hugo Chávez reactivó la causa.

Y más recientemente, en noviembre de 2025 el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que pediría repatriar las reliquias de Sucre para llevarlas a la ciudad natal de Sucre, Cumaná, en su país de origen.

Nada de esto ocurrió. El mausoleo reposa en la catedral primada, en el centro Quito, a escasas cuadras de la casa azul donde brevemente vivió Sucre con su familia. A este sitio llegó en junio de 1900, cuando fue rescatado del lugar donde se había ocultado.

Entre 1830 y 1900, la localización de la sepultura fue un secreto custodiado por un puñado de personas. Todas guardaron silencio para evitar que la tumba fuera profanada y para cumplir la voluntad de la mujer que desafió a los asesinos de su esposo, rescató el cuerpo y escondió la sepultura. Mariana Carcelén murió a los 56 años de edad, sin revelar el enigma. La historia invisibilizó su figura, encasillándola como la viuda que volvió a casarse y formó una nueva familia. Este reportaje muestra otra dimensión, perdida entre los textos de la historia oficial:  narra la historia detrás de un misterio que se custodió durante 70 años. Y al hacerlo sale a la luz otra Mariana Carcelén, entregada por completo a guardar la memoria de un personaje que cambio la historia sudamericana.

La inesperada reacción de la viuda

Hubo llantos y desolación en la casa ese jueves de Corpus Christi en 1830. Después de pocos días, la marquesa ordenó que el asistente del mariscal, Lorenzo Caicedo; el mayordomo de la hacienda ‘El Deán’, Isidro Arauz, y varios trabajadores de la hacienda viajaran para recuperar el cadáver, enterrado bajo un árbol en la montaña de Berruecos.

Llevaban “mucho alcohol, espíritus de la botica, una caja de madera antigua, de esas de guardar ropa, y dos animales de carga”. Eso le contó Francisca de Arauz, esposa del mayordomo de la hacienda ‘El Deán’ a una figura que resulta clave en esta historia. Su nombre era Rosario Rivadeneira.

Rosario era hija de una amiga y vecina de Mariana Carcelén. Ambas tenían propiedades contiguas, las haciendas “Chisinche Chico” y “Chisinche Grande”.

A Rosario la llevaban desde muy niña de visita a la hacienda de la marquesa, quien llegó a apreciarla. Allí conoció a Francisca de Arauz, la esposa del fiel colaborador de la familia Sucre Carcelén.

Más tarde, cuando Francisca se sintió enferma y próxima a morir, la buscó. Le compartió detalles del rescate. Los conocía porque su esposo había participado en la misión encomendada por la viuda del mariscal.

Esto fue lo que relató: “Como el cadáver no alcanzaba en la caja, le recogieron las piernas a la fuerza. Pusieron ropas encima, para aparentar que transportaban mercaderías. Al regresar, caminaron solo de noche y con grandes precauciones. No llegaron a Quito, sino directamente fueron a la hacienda ‘El Deán’ en Los Chillos. Era propiedad de la familia. Allí tenían preparado un ataúd y varias sustancias antisépticas”.

Este es el sitio donde fueron ocultados por Mariana Carcelén los restos de Antonio José de Sucre, en la capilla del monasterio del Carmen Bajo, bajo este púlpito con un ramo de flores. Fotos Código Vidrio

La caja mortuoria fue depositada bajo el altar del oratorio de la hacienda. Y allí permaneció durante los siguientes años.

Mientras tanto, la marquesa de Solanda recibía cartas con interrogantes sobre la tumba de su esposo. Un hermano de Sucre escribió de Venezuela, para averiguar si continuaba enterrado en el sitio del crimen, en Berruecos. Mariana respondió que había recuperado los restos y que el cofre mortuorio estaba bien resguardado en el mausoleo familiar, ubicado en el convento de San Francisco, en Quito. Allí había enterrado un ataúd con adobes. A sus colaboradores más cercanos les confió que temía que los restos fueran profanados, por sus enemigos políticos.

La tragedia rodeaba a la familia de la Marquesa

Mariana Carcelén se casó un año después de enviudar. La única  hija que tuvo con Sucre, Teresita, tenía cuatro meses cuando el mariscal salió a ese viaje, del cual no volvió. La niña había nacido en julio de 1829. A mediados de noviembre de 1831, Teresita murió; no había cumplido tres años de edad.

Sobre la muerte de la niña a edad tan temprana circularon versiones. Según una de ellas, difundida por un autor de apellido Cuervo, el segundo esposo de la marquesa, el general Isidoro Barriga, jugaba con ella en el balcón de la casa cuando cayó al primer piso, muriendo en forma inmediata.

Otro autor descartó esa posibilidad. Alfredo Flores y Caamaño escribió años después un estudio sobre “El verdadero testamento de Sucre”. En él incluye entrevistas a personas que vivieron cerca de la familia por esos años trágicos. Todos coinciden en que la niña falleció por una enfermedad intestinal, común en esa época. El ejemplar de este libro fue consultado en la biblioteca de la Casa de la Cultura, en Quito.

Lo que ocurrió después se conoce, con cierto detalle, a través del testimonio de una religiosa de clausura. La madre Carmen de la Concepción Jameson era hija del botánico escocés William Jameson, considerado el pionero de esa ciencia en Ecuador. Él arribó a América en barco y desembarcó en El Callao, Perú, para continuar su exploración hacia el norte. Se radicó en Ecuador y en 1829 se casó con una mujer quiteña. Carmen fue la cuarta de los seis hijos de la pareja. Fue monja y llegó a ser superiora del convento del Carmen Bajo, en Quito. Casi toda su vida transcurrió en ese monasterio carmelita.

La monja escocesa que custodió el misterio detrás de un claustro

Para 1900, la madre Jameson era una anciana pero rememoraba los hechos del pasado. Recordaba el año en que la caja mortuoria llegó desde la hacienda ‘El Deán’, en el valle de Los Chillos, hasta la iglesia del monasterio del Carmen Bajo, en el centro de Quito.

Fue en 1841, aseguraba. Para esa época, la superiora del convento era la religiosa Manuela Valdivieso y Carcelén, pariente de la marquesa de Solanda. Además, sus tías maternas Josefa y Magdalena Larrea eran monjas de esa orden carmelita.

Monjas de claustro del monasterio Carmen Bajo fotografiadas en los años 60.

“La caja mortuoria que trajeron contenía a más de los restos del general Sucre, los de una niñita hija suya, llamada Teresa, de dos a tres años de edad”.

La madre Jameson escuchó hablar del misterio a las monjas más antiguas. También comprendió que debía custodiarlo.

El relato coincide con el que Francisca de Arauz narró a Rosario Rivadeneira. “Los restos fueron exhumados y guardados en una nueva caja, que fue traída con sigilo a Quito. Se sacaron de San Francisco los restos mortales de la niña Teresita, se los colocó junto con los de su padre. El fondo del ataúd se recubrió con tela de tisú y ambos fueron cubiertos con un traje de la marquesa”. Así, Mariana Carcelén cubría a su esposo e hija en un abrazo final, en la última morada, al protegerlos con una prenda que atesoraba.

Francisca de Arauz contó que ella y su esposo, el mayordomo de la casa de Sucre, llevaron la caja al Carmen Bajo, conocido entonces como Carmen Moderno. Ahí los recibió la superiora Manuela Valdivieso, familiar de la marquesa. “A los padres de San Francisco se les hizo creer que reposaban en un ataúd que solo contenía adobes”.

La superiora Jameson relataba en 1900 que seis años antes pudo revelar la verdad y no lo hizo. Mantuvo silencio. En 1894 un delegado de Venezuela y familiar de Sucre llegó a Quito y reclamó el cofre mortuorio. “Este secreto no debía salir de nosotras que tantos favores debimos a la marquesa de Solanda. Ella se interesaba vivamente en que no se descubriese el sitio donde estaba sepultado su esposo, pues temía que fuesen profanados sus restos. Era imposible que yo revelase una palabra pues por algo tengo sangre inglesa”, dijo la religiosa.

Y aclaró que solo rompía el silencio porque alguien ya más lo había hecho. Se trataba de la confesión que la esposa del mayordomo, Francisca de Arauz, había revelado a Rosario Rivadeneira.

Rosario contó que conoció de todos estos hechos hacia 1885. No pudo escribirlos ese momento porque se hallaba enferma pero dictó los detalles a su padrastro. Él guardó esos documentos y no se los entregó. Pasaron los años. En 1894 tampoco habló, aunque la misión oficial desde Venezuela llegó para recuperarlos. “Cuando vino el doctor Sucre como enviado de Venezuela para recaudar los restos del mariscal, tuve la intención de revelar a este sacerdote mi secreto; pero llegué a saber lo mal que había tratado a los padres franciscanos y me abstuve de hacerlo”.

El hallazgo histórico, 70 años después del crimen

En abril de 1900 Rosario Rivadeneira compartió el relato con un amigo de su familia, Alejandro Melo. Él a su vez lo confió a César Portilla. Ambos notificaron a las autoridades.

Las excavaciones en la iglesia que pertenece al monasterio del Carmen Bajo empezaron de inmediato. Duraron tres días. El 24 de abril hallaron la caja mortuoria. Su interior contenía retazos de tela y vestidos finos, fragmentos óseos de un niño y un adulto. El cráneo del adulto conservaba las huellas de disparos.

La memoria que atesoran las religiosas del Carmen Bajo en sus crónicas revela la importancia que para ellas tuvo el hallazgo.

Escrita a mano, con hermosa caligrafía, refiere que “Gran acontecimiento fue encontrar por indicaciones de la madre Carmen de la Concepción, quien poseía el secreto, los restos del mariscal Antonio José de Sucre que, junto con el cadáver de su hijita, se hallaba enterrado en el presbiterio de nuestra Iglesia”. La crónica del convento relata que el sitio se convirtió en una capilla ardiente, cubierta completamente de negro. Durante tres días quedó expuesta la caja para veneración del público y con custodia militar.

El 24 de abril de 1900 fueron hallados los restos de Antonio José de Sucre que, junto con el cadáver de su hijita, se hallaba enterrado en el presbiterio de la Iglesia del Carmen Bajo. En sitio se convirtió en una capilla ardiente, cubierta completamente de negro, custodiado por soldados en el gobierno del general Eloy Alfaro. Foto cortesía

Hubo misas de réquiem solemnes, con la asistencia del entonces presidente, general Eloy Alfaro.

Las madres carmelitas actualmente viven en un régimen contemplativo, no en absoluta clausura, en el mismo monasterio. Aceptaron compartir esta reseña para el proyecto periodístico de Sucre y Mariana Carcelén. Abrieron las puertas del monasterio a este equipo, la visita fue conducida por el guía Christian Terán, quien organiza recorridos periódicos con fines educativos.

El convento, ubicado en las calles Venezuela y José Joaquín de Olmedo, en la así llamada Cuesta del Suspiro. El complejo arquitectónico un legado de tres siglos y medio. El primer monasterio de las carmelitas de Santa Teresa de Jesús se estableció en Latacunga, en 1669. Casi 30 años después, en 1698, se produjo un terremoto. Todas sobrevivieron. Al día siguiente partieron hacia Quito y se establecieron en el sitio donde actualmente se encuentra la edificación histórica.

Una mujer invisibilizada por la historia

Mariana, marquesa de Solanda, falleció en 1861, cuando tenía 56 años. Murió sin revelar el sitio donde había sepultado a su esposo, el mariscal Antonio José de Sucre. La historia la juzgó como la viuda que volvió a casarse, un año después de perder a su esposo en forma trágica.

Su carácter y su coraje fueron invisibilizados. No solo desafió a los autores del crimen. También recuperó los restos y los escondió con celo mientras vivió para preservar para la posteridad su memoria.

Al conocer la noticia del crimen de Sucre, Mariana escribió una carta al militar colombiano, señalado como autor intelectual. Se trata del general Obando. Esta carta se incluye en el libro sobre el testamento del mariscal. “Estos fúnebres vestidos, este pecho rasgado, el pálido rostro y el desgreñado cabello están indicando tristemente los sentimientos dolorosos que abruman mi alma. Ayer esposa envidiable de un héroe, hoy objeto lastimero de conmiseración. Nunca existió un mortal más desdichado que yo. No lo dudes, hombre execrable, la que te habla es la viuda desafortunada del gran mariscal de Ayacucho”.

Sus palabras reflejan la magnitud de su tragedia. La carta habría sido, según autores, el origen de una campaña de difamación en contra de la marquesa.

Ella se casó con el general colombiano Isidoro Barriga al año siguiente del crimen. Tuvieron un hijo, Felipe Barriga Carcelén. Él se casó con Josefina Flores Jijón, hija del general Juan José Flores.

De esta manera, la familia de la marquesa se unió con la del general venezolano que fue el primer presidente del Ecuador.

Josefina Flores tuvo un solo hijo, que murió cuando cumplió 14 años. Viuda y sin descendencia, entregó gran parte de su archivo personal a su sobrino Alfredo Flores y Caamaño. A inicios del siglo XX, él escribió su obra “El verdadero testamento de Sucre”.

Del documento se desprende que la fortuna del mariscal fue más figurada que real. Tuvo haciendas en Perú que no pudo recuperar, también dejó deudas sin cobrar en Bolivia. En varias cartas, Sucre reveló que estaba quebrado y no quería abusar de la fortuna de su esposa, que también mermaba.

Mariana Carcelén visitaba El Carmen con frecuencia; las monjas relataban que la veían llorar. Al morir fue enterrada en el cementerio de El Tejar.

Cartas escondidas: así fue el fugaz matrimonio entre el mariscal Sucre y la quiteña Mariana Carcelén, última marquesa de Solanda

La unión conyugal fue acordada entre el padre de Mariana y Sucre. Casi un centenar de misivas escritas por él se refiere a su vida privada. La última carta que redactó, semanas antes de su asesinato en 1830, refleja sus sentimientos. Su último deseo era ‘comer humitas frente al río Machángara’. No se cumplió. Aquí revelamos las cartas previas al crimen.

Por María Belén Arroyo
Alianza Código Vidrio-Vistazo

Detrás del hecho histórico de la Batalla de Pichincha, que selló la independencia el 24 de Mayo de 1822, hay episodios invisibilizados. Uno de ellos es la relación peculiar entre Antonio José de Sucre, mariscal de Ayacucho, y Mariana Carcelén, la marquesa de Solanda, quien fue su esposa. La ceremonia se realizó en abril de 1828, sin el novio, en su lugar participó un apoderado de Sucre. Esta investigación periodística reconstruye un pasaje de la vida privada de ambos personajes, y revela cartas y documentos inéditos. Ésta es la segunda de cuatro historias.

La vida de pareja recién empezó en septiembre de 1828. Y en noviembre de 1829, el mariscal viajó hacia Colombia, para cumplir una misión política que le encargó el libertador Simón Bolívar de participar como diputado por Ecuador en el Congreso en Bogotá y luego en el Congreso Extraordinario, en Cúcuta. Al regreso de este viaje Sucre fue asesinado. Unas semanas antes escribió esta carta a su esposa, Mariana.

“…Te pienso cada vez con más ternura … desespero por ir junto a ti, para pedirte que por recompensa de mis delirios, de mi adoración por ti, me quieras mucho… Por el correo que vino ayer de Bogotá me dicen que se insiste en que yo tome la Presidencia o Vicepresidencia. No sé qué haya de exacto, pero te repetiré que no aceptaré nada… Todo, todo, todo lo pospondré a dos objetos: primero a complacerte. Y segundo, a mi repugnancia a la vida pública. Solo quiero vivir contigo en el retiro y en el sosiego…”.

Retrato de Sucre en un billete venezolano.

Esta misiva fue escrita hace casi 200 años. Es quizás el último mensaje que escribió Sucre a Mariana. Al menos, es el último que se conserva. La fecha de la carta está en duda. Un facsímil del manuscrito se encuentra custodiado en el archivo Juan José Flores, del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, de Quito.

La historiadora Doménica Sotomayor, quien dirige el archivo, explica la importancia del documento. Es uno de los objetos que se encuentran exhibidos al público como parte de una muestra sobre ‘Amores Epistolares’, en el centro cultural de la PUCE.

La exposición recoge además otros bienes personales de Sucre. El sombrero que llevaba puesto cuando las balas asesinas le quitaron la vida aún muestra las huellas del disparo letal, que ingresó por el parental derecho. La silla de montar, impecable y lustrada. Y un retrato en miniatura de Mariana, la mujer quiteña con quien el mariscal de Ayacucho tuvo una convivencia matrimonial fugaz y trágica.

La reproducción facsimilar que reposa en el archivo del centro cultural no tiene fecha. Según la historiadora a cargo de la muestra, es probable que haya sido redactada a inicios de mayo de 1830. Esto significa un mes antes del crimen.

Un libro custodiado por la biblioteca de la Casa de la Cultura, en Quito, reproduce la carta con la fecha en que fue redactada: el 5 de abril de 1830. Aunque es imposible descifrar el día exacto, queda en claro el afecto que dejó por escrito el mariscal hacia su esposa.

Un nombre y un título nobiliario, quién era Mariana Carcelén

Mariana Carcelén. Su nombre pasó casi inadvertido para la historia. Apenas sobrevive la referencia a un título nobiliario que bautiza a un barrio quiteño. Y sin embargo,la marquesa de Solanda, tuvo un rol fundamental en la vida, y luego de la muerte, del mariscal de Ayacucho.

Sucre y Mariana vivieron juntos con su pequeña hija 14 meses, en una casona a cuatro cuadras del Palacio de Gobierno. (Retrato recreado de la vida familiar que se encuentra en la vivienda del Mariscal)

“Su figura fue invisibilizada, no fue recogida por la historia oficial, nada se sabe de lo que ella sentía y no se conserva una carta que haya escrito para Sucre”, explica la historiadora Doménica Sotomayor.

La exposición abierta en el centro cultural de la PUCE busca que el público conozca ciertos pasajes de la historia. Una obra de teatro se presenta en el centro, para que los jóvenes comprendan, en tiempos de TikTok y citas virtuales, cómo eran los romances en el siglo XIX.

Los textos formales recogen los detalles del asesinato del mariscal de Ayacucho. Las proclamas de Bolívar (“Han matado al Abel de América”).  Lo que ocurrió después se pierde en el laberinto del olvido.

Tras casi dos siglos, este proyecto periodístico reconstruyóel capítulo inconcluso. Para ello, el equipo de dos periodistas y un médico e historiador investigó durante seis meses en Ecuador y Venezuela.

Después de la Independencia empezaron tiempos turbulentos

Eran tiempos violentos, matizados por guerras sangrientaspara terminar con el dominio español. No empezaba de lleno la vida republicana en los territorios que Simón Bolívar llamó la Gran Colombia. Había disputas internas.Entre los uniformados se disputaban parcelas de poder.

Mariana Carcelén vivió la época de la independencia en Quito. Su padre, el marqués de Solanda, fijó el compromiso matrimonial con Antonio José de Sucre, cuando ella tenía 17 años.

En la casa de Sucre también estaba adecuada un sala con un altar de oración. Foto Código Vidrio

Para entonces, era una joven de piel blanca, cabellos oscuros rizados y ojos negros. Eso muestran los escasos retratos de la época.

Su familia tenía tierras y haciendas. Sus ancestros compraron un título nobiliario, el marquesado, que se transmitía por herencia. La transacción se negociaba en un valor aproximado de 30 mil pesos. Más o menos, la cantidad que costaba adquirir una propiedad de gran extensión. Ella recibió el título por ser la mayor de las hijas; de los varones, ninguno llegó a la vida adulta.

Eran días de gloria. La independencia de la corona española se acababa de sellar con la batalla de Pichincha, el 24 de Mayo de 1822.

En Quito había celebraciones en las casas de las familias acaudaladas. Tres semanas después de la victoria, en casa de unos parientes de los Carcelén se realizó una cena para agasajar al libertador Simón Bolívar, quien acababa de llegar a Quito, triunfante.

Las reseñas de la época recogen parte de las delicias degustadas: 80 pichones, pavas de monte, lenguas de vaca, terneras. Las familias pudientes botaron la casa por la ventana, como describen los documentos históricos. Uno de los relatos se encuentra representado en una pared del comedor de la casa de Sucre. Esta edificación restaurada se encuentra en el centro de Quito.

En medio de la algarabía libertaria, el padre de Mariana y Antonio José de Sucre acordaron que el matrimonio se realizaría lo antes posible. El noble quiteño murió en 1823 sin ver concretada la alianza.

Simón Bolívar buscaba consolidar la unión de las nacientes repúblicas que había liberado, bajo la divisa de la Gran Colombia. En ese afán pidió a su general más fiel y respetado, Antonio José de Sucre, a viajar por lo que hoy serían Colombia, Perú y Bolivia. Sucre liberó el Alto Perú y fue el primer presidente de Bolivia. Sofocó sublevaciones y enfrentó traiciones de los mismos uniformados. Una de ellas, en Chuquisaca (Bolivia) casi le cuesta la vida y le dejó un brazo herido.

Sucre escribió muchas cartas en medio de sus gestas militares

Entre tantas obligaciones políticas y militares impuestas, el Mariscal estaba muy lejos de Quito. Las continuas peticiones de Bolívar mantuvieron a Sucre distante por el lapso de seis años. En Bolivia tuvo otras relaciones; se sabe que dejó descendencia en esa nación.

La relación entre Sucre y la marquesa continuó a través de cartas, las cuales tardaban meses en llegar, por la precariedad de los correos.

El mariscal se carteó con su amigo y representante en Quito, general Vicente Aguirre, en forma continua.

Un amplio patio central adornado con una fuente y jardines recrea el ambiente en el que vivió la pareja poco más de un año. Foto Código Vidrio

El contenido de mucha de esta correspondencia se ha preservado, gracias a un esfuerzo del Banco de Venezuela, a través de la Fundación Vicente Lecuna que reunió, atesoró y publicó las misivas en 13 voluminosos tomos.  Ejemplares de esta colección, fechados en 1973, se encuentran en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, de Quito.

Este proyecto periodístico accedió a esta colección revisó casi un centenar de reproducciones que contienen asuntos de interés personal para Sucre. Todas están dirigidas a Aguirre. No se conservó ni una sola dirigida a MarianaCarcelén. Tampoco hay una carta escrita por ella.

Sucre se refiere a ella nombrándola con la inicial M, o con las tres primeras letras de su nombre, Mar, cuando la escribía a Aguirre sobre su relación.

El tono variaba entre la incertidumbre, porque no podía cumplir su palabra; el desconcierto, porque se había enterado que ella tenía otra petición de matrimonio; la ansiedad, porque ella dejó de escribirle dos años. La indignación, porque la madre de ella creó un entorno de intrigas.

“Me ha molestado mucho el cuento que usted me dice de la madre de M. Usted supondrá cuánto puede herirme. En lugar de escribirle la carta que usted me pide, puede usted decirle que desde que tuve 14 años no dejé dirigir mi conciencia ni por mi padre. Si ella está comprendida en el cuento de su madre, tampoco quiero gobernarle yo su conciencia”. Esto redactó desde Puno (Perú) el 29 de enero de 1825.

En abril del mismo año, desde Potosí, le confesaba a Aguirre que “Si ella y su madre querían investigar mi conciencia prefería romper todas relaciones a sujetar mi conducta a esta humillación”.

Aguirre era el confidente del Mariscal

Recién en septiembre de 1825 los malentendidos e intrigas fueron superados. Así le comentaba a Aguirre: “La carta de esta amable niña me ha sido a un tiempo complaciente y desagradable. Es ésta mi posición, el único partido que se me ofrece, para cumplir a la vez mis deseos, mis deberes y mi palabra… M es una mujer que me convendría porque su carácter con el mío se avienen, porque después de dos años y medio de estar ausentes tengo por ella tanto cariño como estando tratándola. Y porque es después de todo quiteña y yo quiero una quiteña para compañera de vida”. Sin embargo, recalcaba que no se atrevía a comprometerla porque no sabía cuándo volvería a Quito.

En diciembre de ese año 1825 escribía que conservaba el cariño y los sentimientos que tenía hacia ella en marzo de 1823, pero que le había dejado “en absoluta libertad para resolver lo que quisiera”, pues había sido franco al confesarle que “no sabía cuándo volvería”.

En su casa Sucre tenía una caballeriza, ubicada en la parte posterior. La montura original se muestra en una exposición en el Archivo Juan José Flores del Centro Cultural de la PUCE. Fotos Código

El 11 de abril de 1826 el mariscal contestaba una misiva. Al parecer, el coronel Aguirre le había amonestado por su falta de palabra al no concretar el compromiso matrimonial.

Sucre le respondió en relación al “largo sermón” en el cual le exigía un “compromiso definitivo con ella”. “Si yo contara con reposo y estabilidad, nadie sino ella sería la escogida de mi corazón (…) El silencio que ella guardó conmigo durante dos años me llevó a nuevos compromisos políticos, de los que no puedo salir”.

Tres meses antes, desde Chuquisaca, él había reflexionado  que “Si M misma no hubiera guardado un silencio profundo en que no me contestó ni una de mis cartas yo no habría hecho este compromiso con el Libertador. Yo le mandé en la carta que pienso que su madre es la culpable, pero ella también lo es, por su silencio”.

Para el 14 de junio de 1826, Sucre escribía a su amigo y representante en Quito. Le contaba que Bolívar le había negado el permiso para retirarse de la vida pública. Planteaba la posibilidad de que Mariana viajara con su madre, embarcándose desde Guayaquil para llegar a Arica, para reunirse con él. Y reclamaba que le enviaran un retrato de ella, que se perdió en el trayecto. Ella no viajó.

En cartas enviadas desde Chuquisaca, el 20 y el 27 de septiembre de 1826, Sucre le advertía a Aguirre que el “Libertador” le diría qué hacer en relación con Mariana.  Y en noviembre de ese año le explicaba que “Mi anhelo de irme a vivir a Quito como un ciudadano privado a su casa, la casa en Chillo o en Chisinche”. “Mis deseos creo que se realizarán a fin del año 28”, pronosticaba.  Así ocurrió.

El último deseo del mariscal Sucre fue vivir en Quito

En 1828, finalmente, se concretó el enlace. Pero el matrimonio se realizó de la forma más curiosa, a través de su apoderado, el general Vicente Aguirre, amigo y representante del mariscal en Quito. Por esos días, Sucresofocaba una sublev

ación que casi le cuesta la vida, relata la historiadora Doménica Sotomayor. El correo era tan inseguro que Sucre envió dos poderes para que Aguirre pudiera casarse, en su representación, con Mariana.

Aguirre recibió instrucciones y el dinero para comprar ese año la casa que había pertenecido a la familia de Mariana, en el centro de Quito. Se pagaron 28 mil pesos y fue registrada a nombre de ella.

El Mariscal arribó cinco meses después a Quito. La pareja tuvo una convivencia breve, algo más de un año, entre septiembre de 1828 y noviembre de 1829.

En julio de 1829 nació la única hija de la pareja, Teresita Sucre Carcelén, quien murió antes de alcanzar los tres años de edad. Cuando la niña cumplió cuatro meses de nacida, el mariscal redactó su testamento, en él hace constar la edad de su hija. En su última voluntad describía sus bienes, que incluían una hacienda en Lima, tierras en Ecuador y dinero en Bolivia. Pocos días después de redactar el testamento se dirigió para Colombia, a cumplir la misión que le había encargado Bolívar. Desde Colombia le escribió a un hermano suyo sus temores de morir en medio de la turbulencia de esos tiempos. Su miedo se cumplió. No regresó a Quito.

Muerto su esposo, Mariana recuperó y escondió los restos. Desafió a los asesinos y a todos quienes buscaban profanar la tumba, para exhibirla como un trofeo político.Guardó el secreto de esa última morada. Y murió 30 años después, sin revelar dónde estaba enterrado el mariscal en Quito.

Las cartas misteriosas que aparecieron en un frasco

La casa azul que Sucre compró a nombre de Marianacostó cerca de 30 mil pesos estuvo en manos de su familia hasta fines del siglo XIX. Ella se casó un año después de quedar viuda, con el militar colombiano Isidoro Barriga. Su único hijo dispuso hacer notables cambios en el inmueble, especialmente en los tramos de fachada, según la memoria de la rehabilitación de la casa, que fue intervenida en la década del 70 del siglo anterior.

El responsable de los trabajos, el arquitecto e historiador Andrés Peñaherrera, dejó un relato detallado de la obra que completó, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Mariana Carcelén retratada en una pintura de la época en Quito.

La Honorable Junta de Defensa del Ecuador compró en 1970 la casa con muebles y cuadros en 3 millones de sucres, el equivalente a unos 200 mil dólares. La última dueña de la casa, Carmela Barba de Gómez de la Torre, aceptó venderla con la única condición de que fuera restaurada, para preservar su valor histórico.

Cuando se realizaba el levantamiento de información sobre la edificación, ocurrió algo sorprendente. En una vivienda no muy distante se realizaba el inventario de una sucesión. Apareció un frasco bien cerrado en una alacena escondida. La casa que estaba siendo demolida había pertenecido al general Vicente Aguirre.

El frasco contenía un paquete de cartas, escritas por Sucre en el último tramo de su viaje final hacia Quito. Daba instrucciones concretas a Aguirre para realizar trabajos en la casa. Desde Popayán, el 12 de diciembre de 1829 pidió colocar dos argollas fuertes para colocar una hamaca.

En Bogotá, el 7 de enero de 1830 escribió para pedir que se abriera en el techo una claraboya en el cuarto 11.

Desde Cúcuta, el 5 de mayo de 1830, pedía poner el jardín en el patio principal y algunas variaciones en el comedor grande. También varió el oratorio. “Me propongo que todo quede bello, elegante y aun singular”.

En esta última carta, Sucre pedía ser recibido en Quito con humitas “para ir a almorzar a orillas del Machángara”. Su deseo no se cumplió: el 4 de junio fue asesinado en la frontera sur de Colombia.

Andrés Peñaherrera, entrevistado por este proyecto,explica la trascendencia de esa obra arquitectónica. La casa azul, o casa de Sucre, es hasta ahora un museo abierto al público, administrado por el ministerio de Defensa Nacional. Muchos de los pasajes de la vida de la familia Sucre Carcelén se encuentran recreados en este edificio, ubicado en el centro de Quito.

A partir de las últimas cartas de Sucre se definieron algunos de los trabajos de rehabilitación. De este modo, se cumplió, aunque con retraso, la voluntad del mariscal en la adecuación de su vivienda.

“Solo quiero vivir contigo en el retiro y en el sosiego. No habrá nada que me retraiga de este propósito. Me alegraré si puedo, con esto, darte pruebas incontestables de que mi corazón está enteramente consagrado a ti, y de que busques todos los medios para complacerme y corresponderme…”.