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El soldado Javier Briones contrajo tuberculosis mientras cumplía funciones en la Fuerza Terrestre. Cuando se trataba la grave enfermedad que lo ha llevado tres veces al quirófano, la Dirección de Personal le notificó a su madre Teresa Pérez que le darían de baja, con lo cual perdería su derecho a la atención médica y a una pensión. El caso está en análisis.

Redacción Código Vidrio

La salud del soldado Javier Briones se apaga. En menos de dos años su estado médico se agravó aceleradamente, por una lesión cerebral causada por una tuberculosis, mientras cumplía sus tareas en el Ejército. Ha pasado tres veces por el quirófano y hoy libra la que podría ser su última batalla, postrado, en su casa en Guayaquil.

Su madre, Teresita Pérez, lo acompaña, mientras enfrenta una dura disputa contra el Ejército, para no impedir que su hijo sea dado de baja. La justificación para dejarlo fuera de la Fuerza es porque no superó unas pruebas físicas,  lo cual implicaría que pierda todos los beneficios de seguridad social, que le sirven para cubrir  su tratamiento.

López, licenciada de profesión, está angustiada, sufre, no solo por ver el deterioro acelerado de la salud de Javier, sino por su indefensión. Su voz se quiebra mientras relata lo que han debido enfrentar estos últimos años. Contiene las lágrimas, respira y denuncia que su hijo ha recibido un trato injusto de las Fuerzas Armadas, porque él enfermó mientras estaba acantonado en el Bimol en Célica, en Loja y fue víctima de una supuesta negligencia médica de los médicos del Ejército.

Briones tiene 23 años y siempre quiso ser soldado. Su madre no estuvo de acuerdo en que vistiera de uniforme, pero el Ejército estuvo en el corazón del joven guayaquileño. En adelante ella no tuvo más remedio que apoyarlo para que ingresara a las Fuerzas Armadas.

Lo hizo desde abajo, como soldado raso. En marzo del 2018 cumplía con sus tareas normales en el destacamento en la frontera sur cuando empezó a sentir fiebre, dolor de cabeza, tos. Entonces le diagnosticaron una alergia respiratoria y le medicaron Loratadina.

Mantuvo ese tratamiento hasta octubre de ese año, mientras se vio obligado a seguir con su reentrenamiento en Patuca. Su misión era cuidar las instalaciones de Hidropaute en el páramo azuayo. Pero con los dñias tenía más dificultades para respirar, tenía un profundo dolor, una punzada insoportable, en el pecho.

Sus superiores le dieron permiso para que acudiera al Hospital Naval de Guayaquil, donde le diagnosticaron una gastroenteritis y le recetaron Loratadina.

Ni el soldado ni su madre confiaban en el tratamiento, pues los síntomas persitían. Decidieron acudir a una clínica privada donde le hicieron unas tomografías de sus pulmones, qu revelaron un derrame pleural.  Esta prueba fue irrefutable y en el Hospital Naval le hicieron nuevos exámenes que confirmaron que padecía una tuberculosis pulmonar.

En diciembre del 2018 empezó un tratamiento de siete meses contra la bacteria, pero no fue suficiente; la tuberculosis avanzó y la bacteria se alojó también en su cerebro.

El doctor Víctor Álvarez dice que esa condición médica no es rara. La tuberculosis, explica, es una enfermedad endémica de nuestro país y no solo puede afectar los pulmones, como comúnmente se cree, sino dañar el cerebro, la piel, los intestinos y otros órganos.

“El diagnóstico de tuberculosis a veces es complejo por la serie de sintomatología que tiene el paciente y hay casos de bacterias que son multiresistentes y son las más peligrosas”, explica el galeno.

Un enemigo silencioso

El soldado Briones siguió con su vida militar sin percatarse que el tratamiento contra la tuberculosis era infructoso. Para entonces el patógeno se había alojado en el tallo cerebral. Pese al avance irremediable de la enfermedad, su madre cuenta que su hijo no daba su brazo a torcer, confiaba en recuperarse.

En diciembre de 2019, sobreponiéndose a los malestares, viajó para rendir los exámenes para su ascenso en la Escuela Superior Militar de Quito.

Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Briones no pasó las pruebas de resistencia en natación y trote, que serían gravitantes para su continuidad en las filas militares.  Sus superiores le recomendaron que pidiera un nuevo chequeo médico.

Eso ocurrió en febrero del 2020, en medio de nuevas complicaciones. Los médicos le recomendaron sguir un tratamiento como patología pulmonar crónica, a consecuencia de la tuberculosis. A las pocas semanas, el país fue golpeado por el Covid-19 y Briones fue uno de los soldados que trabajó para ayudar a los afectados por la pandemia.

“Me decía que tenía dolores de cabeza constantes, pero creía que era por el problema que tuvo con los exámenes físicos, seguía con sus funciones como soldado”, recordó su madre, que en ese tiempo le pedía que reconsidere su decisión y se proteja contra el mortal virus. Pero su hijo siguió en funciones para evitar que le den de baja.

En enero del 2021, Teresita volvió a ver a su hijo, estaba más delgado, sufría un dolor constante de cabeza y fiebres recurrentes.

Debió acudir de urgencia al Hospital Naval donde le detectaron un tumor en el cerebro, que necesitaba una operación inmediata, pero en otro centro.

Entonces, fue trasladado a una clínica privada donde le operaron, con pobres resultados. Apenas retornó a la casa empezó a convulsionar y nuevamente fue llevado al quirófano pero en una clínica en Milagro. Su madre cree, sin embargo, que esa cirugía fue milagrosa porque le salvaron la vida para luego practicarle una tercera intervención, a inicios de este mes.

Javier Briones regreso a su casa: está débil, barbado, siguiendo un tratamiento, mientras su madre trata desesperadamente que el Ejército no lo abandone.

El Ejército estudia el caso

Teresita Pérez ha viajado en varias ocasiones de Guayaquil a Quito para que las autoridades del Ejército no lo desamparen y lo expulsen de la institución. Ella inisite en que enfermó cumpliendo sus funciones y tiene derecho a que cubran sus gastos médicos y le den una pensión.

En su familia no había antecedentes de tuberculosis, lo cual quedó registrado en sus exámenes para entrar a la Fuerza Terrestre. Pasó sus primeros años en el Ejército sin inconvenientes. Por eso, su madre pidió que la Dirección de Personal revea la decisión de darle de baja.

Está consciente que su recuperación será larga, ppor lo cual necesita el respaldo de la seguridad social militar para poder conseguirlo.

Para el especialista en legislación militar, el coronel (sp) Marco Granja, hay antecedentes que respaldan a la familia Briones. Él defendió el caso de un conscripto que también padeció una tuberculosis mortal, y consiguió que su madre reciba una pensión de Montepío del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

En easte caso sus superiores, tras conocer que sufría tuberculosis decidieron que siga su conscripción en El Corazón, en Machachi, donde falleció por un paro respiratorio. Granja recalca que lo fundamental es conocer las condiciones del contagio del soldado Briones, porque si fueron mientras cumplía sus funciones tiene todo el respaldo legal para exigir sus derechos.

Dice que su posible baja puede ser conocida por el Consejo de Tropa y luego por el Consejo de Oficiales Subalternos, dos organismos creados en la institución militar que pueden revertir esta decisión.

“La Constitución es garantista de derecho y justicia y puede revertir todo acto administrativo, sea militar o no”, sostiene.

Pedimos un pronunciamiento del Ejército sobre la decisión de la baja de Briones.  Desde la Dirección de Comunicación respondieron: “La situación del soldado está siendo analizada por el respectivo organismo regulador de la carrera militar, donde dispone de sus proceso y plazos correspondientes, que se comunicarán oportunamente”.

Para la madre del soldado Briones, este anunció no es suficiente, porque su situación es muy delicada, el tiempo es su peor enemigo. Ayer 26 de marzo se cumplía el plazo para que se concrete su baja decidida por Personal.

Sebastián Yunda Yunda, de 28 años, se revela como el verdadero guagua Alcalde. El contenido de su celular, incautado en un allanamiento fiscal, destapa su poder en el Municipio de Quito y las conexiones que tejió a distintos niveles: desde tráfico de influencias y uso de recursos públicos, hasta gestión para contratos, con indicios de cobros; favores para empresas interesadas en contratos.

Alianza Código Vidrio-Vistazo-Connectas

Estaba preocupado. Cuando eran las 22h12 del 2 de marzo, uno de sus asesores de comunicación le envió el mensaje, tranquilizador. “Gerente de la farmacéutica niega cualquier vínculo, dice que no tuvo padrino para acceder a contrato en el Municipio, que lo ganó limpiamente y que al Alcalde de Quito ni lo conoce”.

Así, Jorge Yunda, alcalde de Quito, se enteraba, a través de su funcionario de confianza, sobre la publicación de la investigación conjunta de revista Vistazo, el portal Código Vidrio y la alianza CONNECTAS-ICFJ, respecto  al contrato para la compra de pruebas Covid-19 del Municipio de Quito, con la firma privada Salumed.

Dos semanas más tarde, la Fiscalía allanó la casa del alcalde, en el sector Capelo, cantón Rumiñahui. En uno de los dormitorios, los agentes encontraron un celular Iphone azul, perteneciente a Jorge Sebastián Yunda Yunda, hijo del Alcalde.

En mayo cumplirá 29 años. Los cientos de chats, aunque no han sido analizados aún en su totalidad, revelan desde ya que “Sebas” tenía dificultad para distinguir el interés público del privado. Según fuentes policiales, habría abandonado el país el día del debate presidencial, con destino a Panamá.

“Sebas” para sus amigos es músico como su padre. Integra el grupo musical 4AM.

¿Qué lo puede incriminar? Siete son sus pecados capitales.

Usa códigos y apodos en sus conversaciones, menciona personas y cantidades de dinero. De hecho, habla con “Dalong”, quien en apariencia es un empresario afincado en el exterior. Con él habla de terrenos “municipales” para edificar un estadio. Se comunica con “gnomo”, al parecer un médico afincado en China, con quien chatea sobre las pruebas Covid-19 que compró el Municipio. A las que califica como “falsas” y de las que recibe explicaciones: “No son PRC, son LAMP. ¿Qué chxchx es Latam?, llega a preguntar en cierto momento.

Chatea sobre contratos y proyectos, de exclusiva competencia del Municipio de Quito. Habla como un hacendado de sus tierras. Se refiere a la compra de cámaras de vigilancia para la Agencia Metropolitana de Tránsito. Con su amigo Dalong, menciona de un pago, y averigua cuándo llegará desde la China, una vez emitida la factura.

Comenta sobre dictámenes fiscales, como si tuviera acceso privilegiado a esferas de la justicia.

Conversa sobre autoridades municipales. Esto insinúa un poder en nombramientos o designaciones.

Habla sobre actividades de empresas privadas, pero que pueden cruzarse con la esfera de acción municipal. De hecho, chatea con una alta funcionaria de Alcaldía, a quien llama “amiguita”, sobre favores a una empresa de autos, a cambio de auspicios para un evento musical, en el que actuaría el grupo que integra, denominado 4AM, en referencia al nombre de su grupo musical. A manera de respuesta, esta funcionaria le explica que se emitió una normativa municipal para exonerar de las restricciones de circulación a los vehículos eléctricos.

Se entiende con funcionarios municipales como si él fuera una autoridad.

Se infiere que hay cifras de dinero recibidas como resultado de gestiones en favor de terceros.

Sebastián Yunda conseguía auspicios para eventos de su interés particular, que lograba realizar, a pesar de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Ayer el alcalde reaccionó a las denuncias de la prensa sobre la participación de su hijo en decisiones del Municipio. “Yo no voy a poner las manos al fuego por absolutamente nadie. Ni por familiares ni amigos, compadres o funcionarios. Yo respondo por mis actos. El momento en que a mi se me encuentre algo, responderé por mis actos. Espero que se defiendan y se aclare esta situación”, dijo Yunda en declaraciones a Ecuavisa.

Buscamos la versión de Sebastián, pero no contestó a nuestros mensajes a su celular.

La influencia del todopoderoso hijo del Alcalde al parecer empezó tiempo atrás. Antes de que su padre se posesionara, ya se reunía con representantes de empresas chinas.

En noviembre de 2019, menciona que “Ya pagaron cámaras. Me dice Cesario cuándo tenemos eso”, en posible alusión a otro miembro de la familia Yunda, que tiene intereses con una empresa del ramo seguridad. En respuesta, su interlocutor (identificado como Dalong, un posible lobbista en el exterior) le menciona que “estoy enviando una factura a China y después nos hace transferencia… una semana más o menos”.

Hoy se cumplen tres años desde que Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados en el poblado fronterizo de Mataje, por disidentes del Frente Oliver Sinisterra, entonces liberado por ´Guacho´.  Sus familiares denuncian impunidad en el caso por la supuesta inacción de la Fiscalía, que mantiene la investigación en etapa reservada sin dar paso al inicio de un juicio formal. El gobierno se ha negado a entregar la información de las reuniones del Consepe, en que se conocieron pormenores de las negociaciones fallidas para liberarlos.  

Redacción Código Vidrio

Una cadena interminable de errores y acciones cruentas, insospechadas, arrastró irremediablemente a un callejón sin salida a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico de El Comercio. Hace exactamente tres años ellos fueron secuestrados en el caserío de Mataje, en Esmeraldas.

Estos los principales eslabones.

El mayor de la policía Alejandro Zaldumbide intercambiaba mensajes de WhatsApp con delincuentes del frente Oliver Sinisterra, liderados por Walter Patricio Arízala, alias Guacho, desde inicios de enero de 2018. El oficial, que estaba asignado a San Lorenzo, conocía de la gravedad de las amenazas que hacían integrantes del grupo armado colombiano contra civiles y uniformados, tras los golpes sistemáticos que la Policía y Fuerzas Armadas ecuatorianas daban a la organización desde octubre de 2018.

La información la conoció en primera instancia la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la policía y luego la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO). El Mando Único, que estaba al frente de la seguridad y de la crisis en Esmeraldas, nunca recibió esa información. El 27 de enero, un coche bomba estalló en el cuartel policial de San Lorenzo, dando inicio a la guerra que Guacho le venía anunciando al mayor Zaldumbide.

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Los días siguientes al atentado con un coche bomba detonado por disidentes del FOS al cuartel policial de San Lorenzo, a la zona acudieron decenas de periodistas para cubrir las secuelas del atentado y otros ataques de los disidentes de las FARC en Esmeraldas. A fines de marzo uno de los equipos enviados por Diario El Comercio estaba integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que el 26 de marzo llegaron al poblado fronterizo de Mataje para una cobertura sobre el estallido de una bomba casera, que días antes había ocasionado la muerte de cuatro infantes de Marina.

Los enviados de El Comercio no buscaban pasar a Colombia. Ni entrevistar al líder de los disidentes, Guacho, que siempre fue la tesis oficial. Desde enero, periodistas de varios medios viajaban a los poblados fronterizos esmerladeños, sin tener información clara de las autoridades sobre el peligro por la presencia de los disidentes y sus cientos de colaboradores. En el puesto de control militar, a dos kilómetros de Mataje, hubo decisiones contradictorias: se dejó pasar a contados reporteros, mientras a otros se les negó el paso al poblado, que era controlado por el FOS. El 26 de marzo se autorizó el ingreso del equipo de El Comercio, que minutos después fue secuestrado por milicianos del Guacho.

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Tres ecuatorianos raptaron al equipo de prensa en Mataje, luego los llevaron con amenazas a Colombia y los entregaron a Guacho.

Dos días después, un aparato de espionaje electrónico captó desde el aire imágenes en blanco y negro. Son huellas calóricas que muestran las siluetas de tres personas sentadas, en medio de la selva, en espera. El artefacto sobrevolaba cubriendo un radio de dos kilómetros a la redonda, tomando como referencia Mataje Nuevo, Mataje Viejo y Las Delicias, en el límite fronterizo. También detectó la presencia de individuos en lo que parece ser un anillo de vigilancia. Lo más probable es que los hombres sentados eran Javier, Paúl y Efraín. Dieciocho horas más tarde, se conocería la noticia de que los rehenes iban a ser liberados. Según confirmó el entonces ministro del Interior, César Navas, el Gobierno conoció que los iban a soltar y organizó un operativo para recibirlos en Ecuador. Pero cuando los iban a liberar empezaron operaciones militares y policiales en la frontera, que impidieron la liberación, pese a que ambos gobiernos se habían comprometido a no realizar acciones que arriesgaran sus vidas.

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Las siguientes tres semanas, luego de ser secuestrados, los tres rehenes vivieron un calvario. Las condiciones del cautiverio fuoeron extremadamente duras. Paúl, Javier y Efraín debieron desplazarse constantemente a ritmos forzados y extenuantes en un territorio desconocido, la inclemente selva fronteriza colombiana. Sus captores los cambiaban constantemente de lugar, para evitar la cacecría de las fuerzas colombianas que los buscaban como fieras a sus presas.

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Durante el secuestro, miembros de unidades élite de la policía de Colombia ingresaron por Carchi hacia Esmeraldas, con el apoyo de uniformados ecuatorianos, para realizar barridos desde el límite fronterizo. Buscaban internarse en su territorio para capturar a Guacho. Las operaciones se realizaron entre marzo y abril de 2018. La Fuerza Hércules de Colombia confirmó que realizó dos incursiones militares en el sector. El Gobierno negó cualquier operación conjunta desde suelo ecuatoriano.

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El cautiverio de Javier, Paúl y Efraín tuvo un epílogo trágico. El desenlace habría ocurrido el sábado 7 de abril, en medio de una noche lluviosa. Los cuerpos de los tres fueron encontrados a fines de junio en unas fosas rodeadas de explosivos. Los informes de las autopsias dejaron sin piso la tesis de la Fiscalía colombiana de que fueron ejecutados. Por el contrario establecen que los rehenes murieron tras recibir varios disparos, mientras estaban en movimiento. No se descarta que murieron bajo fuego cruzado, en medio de operaciones armadas de las fuerzas colombianas. Al parecer los narcoguerrilleros les aplicaron la ley de fuga, para impedir que fueran rescatados con vida.

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El 12 de abril, al confirmarse la muerte del equipo de El Comercio, el presidente Lenin Moreno, le declaró la guerra al Guacho, tras una negociación fallida y contradictoria, marcada por las contradicciones y secretismo, para liberarlos. Moreno anunció publicamente que desclasificaría toda la información sobre el manejo del secuestro para que la conociera todo el país.

Sin embargo, La Fiscalía ecuatoriana ha pedido en siete ocasiones los informes que ofreció desclasificar el mandatario, pero su gobierno se ha negado a entregarlos. Específicamente las actas de las reuniones celebradas en el Cosepe entre marzo y abril de 2018.

La investigación fiscal sobre el secuestro y crimen del equipo de El Comercio sigue en etapa reservada y no ha pasado a una formalización del juicio. Desde hace tres años tres fiscales han estado a cargo. Actualmente está al frente Nelson Guano.

En diciembre de 2019, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derrechos Humanos CIDH, que investigó el secuestro, concluyó que los cautivos no fueron ejecutados de forma premeditada, como aseguró la Fiscalía colombiana. El ESE pidió que se integrara una comisión que investigue la realización de operaciones militares y policiales durante el secuestro, revelada en el libro Rehenes. Estableció que lasmedidas del estado ecuatoriano en la crisis de seguridad en Esmeraldas fueron insuficientes para precautelar la seguridad de la población y de los periodistas. Y recomendó que se establecieran mecanismos para determinar una reparación integral a los familiares de Javier, Paúl y Efraín. Ninguna de esas recomendaciones se ha cumplido hasta la fecha, aunque los estados y los peticionarios han enviado información de avances, especialmente Ecuador, según explicó Pedro Baca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Esos informes y actualizaciones todavía no se han ponderado para analizar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones, pues deben ser subidas en el Sistema de Monitoreo (Simore). En esa plataforma están cargadas más de 6.000 recomendaciones realizadas por la Comisión los últimos años.

“Pese a todos los obstáculos -destaca Baca- no dudo que este caso debe ser considerado como un hito, que obliga a los estados a la protección exaustiva de los periodistas y a la obligación de que sus familiares tengan derecho a la verdad, reparación y justicia”.

Los familiares de Javier, Paúl y Efraín, representados por el colectivo Nos Faltan Tres protestaron, una vez más,  frente a la “nula actuación de la Fiscalía ecuatoriana que en 3 años de investigación previa no ha logrado ni siquiera establecer una línea de tiempo y un mapa de actores que determine de forma concreta qué pasó con los comunicadores antes, durante y después de su secuestro y posterior asesinato”.

La poca prolijidad y diligencia de la investigación, que al momento ha pasado por tres fiscales, es tal que hasta la fecha no se ha realizado una reconstrucción de los hechos, destacan las familias en un comunicado. “Tampoco existen resultados del análisis de huellas dactilares obtenidas de la camioneta en la que se transportaban los periodistas por falta de reactivos, según se han justificado los responsables. El peritaje de los equipos de computación y fotografía que se encontraron dentro del vehículo tampoco ha avanzado, solo por mencionar algunos ejemplos”.

Este viernes 26, a las 10:00, los familiares, amigos y colegas del equipo periodístico relizaron un plantón por la Justicia en los exteriores del Palacio de Carondelet, para anunciar acciones futuras en el ámbito internacional.

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El Defensor del Pueblo, Fredy Carrión, es le foco de duros cuestionamientos desde el Gobierno. Este martes 23 de marzo, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín defendió la tarea disuasiva de las Fuerzas Armadas durante el paro de octubre de 2019, y dijo que era absurda la calificación del Defensor  del cometimiento de supuestos delitos de lesa humanidad. Precisamente, Carrión presentó ayer una demanda en la Fiscalía para que se investiguen las violaciones a los DD.HH. durante el paro de octubre 2019.

Redacción Código Vidrio

El gobierno choca con la Defensoría del Pueblo a la que acusa de sesgada, en medio de la campaña electoral para la Presidencia.

Ayer el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una demanda en la Fiscalía para que se investiguen los supuestos delitos cometidos en el paro de octubre de 2019 por funcionarios del gobierno, incluido el presidente Lenin Moreno; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, y otros oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Jarrín convocó ayer, 23 de marzo, a la prensa para especificar la labor que cumplieron los militares. “Las Fuerzas Armadas no actuaron en lesa humanidad. No ha habido asesinatos ni torturas ni desapariciones. Es infame que digan eso. Los militares estuvieron apoyando a la Policía, en el marco del Estado de Excepción”.

El Ministro hizo referencia al decreto expedido por Moreno, luego de que se activara la protesta por el incremento en el precio de los combustibles en octubre del 2019. En el contexto de la protesta  hubo, al menos, seis fallecidos, más de 200 heridos, así como la destrucción de bienes públicos como la Contraloría; la toma de pozos petroleros; gobernaciones y carreteras. Decenas de policias y militares fueron heridos, vejados, secuestrados.

Según Jarrín, para esta tarea los militares nunca usaron armas letales sino equipo antidisturbios.  “No se disparó un solo tiro”, recalcó. En su intervención recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía enfrentaron una protesta sin precedentes en el país. Por ejemplo, habló del uso de máscaras antigases; de bazucas caseras; de escudos para sus lanzadores.

La violencia fue tan radical -destacó- que destruyeron tanquetas de los militares e incluso atacaron un cuartel, porque los manifestantes creían que ahí estaba el presidente Lenin Moreno. “Todo eso configura un plan de ataque militar, que incluía una logística, y dirigencia con una planificación sistemática”, con apoyo de centros logísticos.

El Ministerio de Gobierno también respondió al informe de la Defensoría, presentado la semana pasada. En un comunicado ratificó que no hubo violaciones a los derechos humanos. “Los acontecimientos de octubre se dieron un contexto de extrema violencia en la que la Policía actuó para mantener el orden y el imperio de la Ley”.

El informe de la Defensoría -según el Gobierno- no confirmó el uso de armas de dotación policial en la muerte de los manifestantes. “No existen elementos, indicios ni pruebas que permitan sugerir que se hayan registrado situaciones bajo los parámetros internacionales de Derechos Humanos, que pudieran calificarse como crímenes de lesa humanidad”.

Para las autoridades de Gobierno y Defensa el informe de la Defensoría es parcializado. Por ejemplo, lo cuestionan por no incluir a los policías heridos y que representan un tercio de los afectados. Además, revelaron que dos miembros de la Comisión Investigadora dejaron el trabajo porque no estuvieron de acuerdo con la redacción del informe.

Las denuncias de la Defensoría

Sin embargo, para la Defensoría hay serios indicios que desde la autoridad política, militar y policial se actuó sistemáticamente para atentar contra los derechos de miles de ecuatorianos que salieron a las calles a quejarse por la subida de los combustibles. Por eso, Carrión pidió a la Fiscalía que los investigue penalmente, y que impida la salida del país de Moreno y otros denunciados.

La Comisión identificó seis presuntas ejecuciones extrajudiciales y más de 200 violaciones a los derechos humanos durante las protestas. Lo hicieron con base en testimonios y pruebas documentales.

El “Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia”.

En ese sentido, recalca que “la muerte de una persona puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida”.

Según la Defensoría, las personas que murieron directamente por acciones de la Fuerza Pública fueron Marco Oto, José Chaluisa, Édison Mosquera, GA (un menor de edad), Segundo Tucumbi y Édgar Álvarez.  Además, menciona en acciones relacionadas con la protesta de octubre perdieron la vida Ángel Chilpe, Francisco Quiñónez, Silvia Mera; Mónica Castro; un menor identificado como KF y Abelardo Caisaguano.

La Comisión también establece que “el discurso de autoridades de Gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos”.

Se detectaron 123 supuestas violaciones al derecho a la integridad persona; 38 al derecho a la libertad personal; 22 atentados contra el derecho a la vida; 3 de violencia sexual, y 20 personas que sufrieron lesiones oculares.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, decidió no terminar el contrato de compra de 100 mil pruebas PCR para Convid-19, pese a que la titular de la Secretaría de Salud le alertó que no servían y eran defectuosas. Por el contrario, el burgomaestre insistió en usar los insumos de origen coreano y de baja sensibilidad -que llegaron desde abril del 2020 (foto)- siguiendo el consejo de la doctora Linda Guamán, funcionaria municipal. Este martes, la Fiscalía pedirá vincular penalmente a Yunda: se presume que cometió abuso de fondos públicos.

Redacción Código Vidrio

Un documento pericial de más de 400 fojas pone en vilo al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Los chats que mantuvo con dos altas funcionarias de la Secretaría de Salud del Municipio revelan que él fue informado sobre la baja sensibilidad de las pruebas de detección COVID-19, que el Cabildo compró en abril de 2020, en el pico de la pandemia.

Sin embargo, la autoridad decidió no terminar el contrato en forma unilateral, tal como sugirió la titular de la Secretaría de Salud, Ximena Abarca. Por el contrario, insistió en usar las pruebas de origen coreano y de baja sensibilidad, siguiendo el consejo “científico” de Linda Guamán, funcionaria de esa entidad.

Por las implicaciones de esa decisión y por el posible ocultamiento de informes técnicos sobre la mala calidad de las pruebas, la Fiscalía solicitará la vinculación del alcalde Yunda y las funcionarias municipales al proceso por peculado, en la audiencia de mañana martes.

En su defensa, Yunda ha dicho que no cometió ningún delito y que su gestión en el ámbito sanitario previno muertes en la pandemia. El alcalde rindió su versión en este caso la semana anterior.

Guamán, por su lado, ha enfatizado que su labor ha sido estrictamente técnica y científica.

Los hechos

Al mediodía del 8 de julio de 2020, la Secretaria Abarca le informó al Alcalde por escrito, vía mensaje de Whatsapp, que la decisión adoptada era la terminación unilateral del contrato con Salumed, la compañía proveedora de los cien mil kits de detección del coronavirus, de marca Isopollo, de origen coreano.

En respuesta, el Alcalde le pidió a la secretaria Abarca hablar con Linda Guamán, una funcionaria de menor jerarquía, con la indicación de que había que seguir con las pruebas.

La decisión la anunció  Yunda el 10 de julio: “terminamos de mutuo acuerdo”. El informe legal CJ-2020, fechado el 12 de julio, está firmado por el coordinador jurídico del Municipio, Marco Rubio. Advierte que como el brote pandémico fue el mayor al esperado en la capital, “se recomienda la contratación de laboratorios externos para el procesamiento de las pruebas, así como el reemplazo de 50 mil pruebas”.

Este mismo documento deja constancia expresa de que no hubo incumplimiento por parte de la firma proveedor de las pruebas. “Vale la pena ratificar que Salumed  ha cumplido con la entrega de los bienes objeto del proceso de contratación”.

El dilema político

Todo indica que la funcionaria Guamán enfrentó un dilema entre lo académico y político, al enfrentar el resultado del análisis técnico de las pruebas COVID-19. La Universidad de las Américas, al inicio de julio, detectó la baja sensibilidad de los kits de detección. Pero ella refutó el resultado, iniciando un cruce de mensajes con el científico que defendía la validez de esos resultados y que insistía en que las pruebas no tienen utilidad por su baja sensibilidad. Según esta evaluación, las pruebas Isopollo solo encuentran 43 de cada 50 casos positivos: esto es, el 86 por ciento de sensibilidad. El proveedor había asegurado que la sensibilidad era del 99 por ciento.

El científico advierte que es inverosímil que en Ecuador se apliquen pruebas coreanas, que ni siquiera son reconocidas en su país de origen.

El proceso fiscal investiga desde hace nueve meses la adquisición de cien mil pruebas por polimerasa, que el municipio compró de emergencia. El contrato asciende a 3,7 millones de dólares, más IVA. Cuando llegaron los insumos, quedó en evidencia que no tenían la capacidad instalada para procesamiento en laboratorio. Y por eso, se erogaron 600 mil dólares adicionales para contratar laboratorios para el procesamiento.

En un allanamiento a la Secretaría de Salud, a fines de enero, las autoridades encontraron indicios de que los informes críticos a la adquisición fueron ocultados en esas oficinas.

Pero la pericia a los teléfonos celulares de las dos funcionarias (Abarca y Guamán) arroja pistas hacia la posible responsabilidad del alcalde Yunda.

El fiscal colombiano Francisco Barbosa llegó hoy 12 de febrero a Quito y entregó a su par, Diana Salazar, los archivos del comandante Uriel, del ELN, referentes a un supuesto aporte económico a la campaña del candidato del correísmo Andrés Arauz. La Revista Semana de Colombia denunció hace dos semanas que entre los dos millones de documentos hallados en los computadores de “Uriel”, abatido en octubre de 2020, se encontraron evidencias de la supuesto donación. El ELN ha cometido secuestros y extorsiones de comerciantes y empresarios en Ecuador, desde el 2000. Sin embargo, en 2017 el gobierno auspició los diálogos de paz entre jefes de ese grupo y autoridades colombianas, hasta 2018. Nota actualizada este 12 de febrero, a las 16:50.

Redacción Código Vidrio

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo narcoterrorista colombiano, utiliza Ecuador como centro de adoctrinamiento ideológico y político de niños y adolescentes, así como para cometer secuestros y extorsiones, especialmente en las provincias de Carchi e Imbabura, desde el 2000.

La Revista Semana de Colombia denunció, a fines de enero que entre los dos millones de documentos hallados en los computadores del comandante del ELN, Uriel, abatido en octubre de 2020, se encontraron evidencias de un supuesto aporte de 80 mil dólares a la campaña del candidato del correísmo a la presidencia, Andrés Arauz. Y también registros que indicarían presuntos contactos con el “señor del cinturón”, a quienes las autoridades colombianas identifican como el expresidente Rafael Correa, quien negó enfáticamente la denuncia y aseguró que era un montaje para afectar la campaña de Arauz. El candidato presidencial dijo que se trataba de «fake news».

En un comunicado divulgado desde Colombia el ELN también desmintió la supuesta donación a ese candidato.

La semana pasada, la fiscal Diana Salazar pidió a su par colombiana que dentro de un proceso de cooperación internacional le facilitara los archivos para abrir una investigación formal. Este viernes 12 de febrero el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, llegó al Ecuador y desde las 15:30 mantiene una reunión con Salazar, para hacerle la entrega formal de los archivos de Andrés Felipe Vanegas, alías ‘Uriel’, tercero al mando del ELN.

Barbosa le entregó a Salazar un informe completo sobre los hallazgos de la Fiscalía tras el análisis forense y desencriptación de los computadores incautados a ‘Uriel’. Esta diligencia es parte del trabajo conjunto contra organizaciones criminales que afectan los dos países.

La semana pasada, el presidente Lenín Moreno también anunció que pediría información a su par de Colombia, Iván Duque, sobre esos archivos. “Estamos a la expectativa que el presidente Iván Duque y el Gobierno (de Colombia) tenga la bondad de proporcionarnos todas la información, según la información que da Revista Semana todavía no están abiertos todos los archivos. No deja de estremecerme la información”, expresó Moreno.

No es la primera vez que el gobierno del exmandatario Correa, hoy prófugo en Bélgica, es denunciado por el financiamiento de grupos narcoterroristas colombianos. Desde el 2008 se conocieron los contactos de integrantes de su gobierno con comandantes de las FARC. Según testimonios de exjefes guerrilleros y subversivos desmovilizados, la campaña de Correa recibió fondos de las FARC, provenientes del narcotráfico, lo cual fue desmentido por el expresidente en su momento.

En un video grabado a mediados de la década del 2000, en el sector fronterizo de Carchi, integrantes del ELN aparecen adoctrinando a niños y adolescentes ecuatorianos.

El ELN ha llevado adelante una agresiva campaña de capacitación a través de la conformación de “escuelas de formación”, que incluye a niños y adolescentes de sectores marginales, de escasos recursos económicos. También ha tejido contactos con docentes de izquierda radical en universidades y entre algunos dirigentes indígenas y sindicalistas de corte extremista. Otro de sus fuertes es la formación de milicas urbanas.

Muchos de sus miembros han ingresado a Ecuador para cometer distintos delitos, especialmente el secuestro y la extorsión económica selectiva, así como el cobro de vacunas, a decenas de comerciantes, empresarios y hacendados ecuatorianos y extranjeros para incrementar sus ingresos.

Ecuatorianos, de entre 17 y 20 años, también han sido víctimas del reclutamiento forzado del ELN y enviados desde Carchi y Esmeraldas a campamentos en Colombia.

Pese a todos los delitos cometidos por el ELN en Ecuador, el gobierno de Rafael Correa aceptó que el país sea la sede para la negociación y los diálogos de paz entre esa guerrilla y autoridades colombianas, desde febrero de 2017.

Los contactos secretos para concretar las conversaciones de paz empezaron tres años antes. En 2014, según confirmaron tres fuentes de Inteligencia militar, las autoridades pidieron a sus agentes que dejaran de hacer seguimientos a integrantes del ELN y de las FARC. Eso pese a que los miembros de Inteligencia militar son los que mejor habían mapeado a los contactos de integrantes del ELN y sus redes en Ecuador.

Regionalmente, con el apoyo de Venezuela y Cuba, el ELN ha copado espacios políticos y estratégicos para expandir su influencia, sobre todo luego de que las FARC firmaron el acuerdo de paz, en 2016.

Desde entonces, el ELN tomó control de muchas plantaciones y laboratorios de cocaína, en Nariño, al sur de Colombia, que antes estaban en poder de las FARC. Eso le permitió acceder a ingentes recursos que hoy financian su lucha armada.

Mientras la agenda pública del ELN en los diálogos en Ecuador era concretar los acuerdos, el guión oculto tenía otros objetivos. Buscaban, sobre todo, consolidar el proceso de expansión política y respaldo en sectores sociales ecuatorianos.

Durante las conversaciones, Pablo Beltrán, líder del ELN, mantenía reuniones, en abril de 2017, con el Frente de Comuneros del Sur, para buscar estrategias de fortalecimiento armado en la frontera con Ecuador.

Los diálogos y las reuniones de las cabezas del ELN eran monitoreados por la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia (UGSI), integrada por oficiales de la Policía. Ellos realizaron escuchas y establecieron que líderes del ELN tuvieron conversaciones con Guacho y Cholo, cabecillas del Frente Oliver Sinisterra, disidetes de las FARC. Pese a esas evidencias, no hubo ninguna investigación penal.

En dos ocasiones el comandante “Uriel” también habría acudido a reuniones en el Palacio de Gobierno, en el contexto de los diálogos de paz, con el nuevo gobierno.

El proceso avanzó hasta abril de 2018, cuando la administración de Lenin Moreno anunció que dejaría de ser el anfitriona de los diálogos. Esto en respuesta a la muerte del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado en Esmeraldas y ejecutado en Colombia, por disidentes de las FARC.

La presencia de células urbanas entrenadas por del ELN también fue evidente en el paro indígena de octubre de 2019, según denuncias del Gobierno, en base a informes de las unidades de la Policía y el Ejército. Las milicias se camuflaron entre los manifestantes y utilizaron armas caseras, incluidos proyectiles artesanales.

El sistema informático de la función judicial no funcionó el jueves y viernes pasados, dejando sin servicio regular de notificaciones, sorteos, seguimiento de causas, pago de pensiones, a miles de usuarios, en todas las provincias. Este lunes se espera que se rehabilite totalmente el sistema, luego del mantenimiento y pruebas realizadas desde el viernes por el personal informático. La causa del problema es la sobrecarga de información que saturó la herramienta.

Redacción Código Vidrio

El Sistema Automático  de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) colapsó durante dos días esta semana, ocasionado serios problemas a miles de usuarios y funcionarios de la Función Judicial en todo el país.

Este sistema digital sirve para agilitar los trámites de abogados, peritos, fiscales y defensores públicos vía Internet, y así evitar que acudan personalmente a cumplir con distintas diligencias.

Aunque ha estado vigente desde hace más de una década, su funcionamiento y operatividad han tenido fallas constantes y ha recibido críticas de judiciales y abogados.

En el memorándum CJ-CNGP-2021-0114-MC, enviado esta semana a los directores provinciales de la Judicatura, Andrés Torres, director Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación, reportó que el miércoles y jueves pasados el sistema tuvo varios problemas.

“Las provincias que hacen uso del aplicativo Trámite-Web Satje reportaron problemas de lentitud y no disponibilidad, motivo por el cual esta Dirección ha levantado una mesa constante para identificar la causa”.

“Dicha mesa -agrega el documento- está conformada por funcionarios de todas las Subdirecciones de Tecnologías y dentro de la misma se ha evidenciado que los problemas reportados son resultado de la alta carga y transaccionalidad del sistema, misma que provoca «bloqueos» a nivel de Base de Datos. Estos generan no disponibilidad del sistema. Por lo antes indicado, el equipo técnico de esta Dirección Nacional está trabajando en optimizaciones a nivel de consultas a Base de Datos y optimizaciones en el aplicativo (Trámite Web)”.

Para solucionar la falla del equipo informático y realizar su mantenimiento, la Dirección de Gestión Procesal  de la Judicatura suspendió los trámites por Internet durante la jornada laboral del 15 de enero, desde las 08:00 hasta las 17:00. Adicionalmente decidió aplicar un plan de contingencia para el ingreso de causas y escritos en todo el país.

Dos funcionarios judiciales, que pidieron la reserva, dijeron que el antiguo sistema era mucho mejor que el Satje, que tantos inconvenientes ha causado por su limitada capacidad y funciones.

Funciones del Satje 

• Sorteo electrónico – automático
• Recepción de escritos
• Seguimiento de causas notificaciones electrónicas
• Antecedentes penales y de transito
• Recaudación y pagos de pensiones alimenticias
• Arrendamiento de casilleros judiciales y citaciones
• Información en pantallas táctiles (touch screen)
• Información en el Internet y otras aplicaciones

Estos días, varios usuarios también evidenciaron su descontento en redes sociales. Consuelo Espinosa escribió que durante varios días intentó subir un escrito en la ventanilla sin resultado. “Qué desastre”. Mientras, Doris Moreno denunció que si el Satje -que costó millones de dólares- funcionara correctamente las cortes no estarían abarrotadas de usuarios, pese al alto riesgo de contagios por la Coivid-19.

Este portal buscó la versión de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, a través del personal de Comunicación, pero no obtuvo una respuesta. El Consejo no informó al público todos los problemas del sistema ni la suspensión de trámites por internet.

En junio del año pasado, Maldonado anunció que se instalará el Satje-2020, que optimizaría el tiempo de los usuarios y sería más fácil de usar.

Fuentes de la Corte Nacional de Justicia informaron que pese a las fallas sí lograron cumplir con las audiencias previstas para el viernes, aunque una diligencia fue suspendida por otras razones.

Fuentes de la Judicatura dijeron que se espera solucionar los problemas hasta este lunes, aunque el fin de semana ya se podía acceder al sistema.

Esta no es la primera falencia informática que se evidencia en la actual administración. La Contraloría realizó una auditoría especial para descubrir el origen de los problemas en el sistema para la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional.

En diciembre pasado, este proceso fue cuestionado por las fallas evidenciadas cuando los aspirantes querían subir la documentación que les exigían para ser evaluados. Uno de los casos denunciados fue el de Pedro Moreira, quien criticó al Consejo en su cuenta en Twitter. Dijo que usó el portal instalado por la Judicatura para subir su documentación personal, pero en el momento de la calificación de méritos esos papeles nunca aparecieron.

Moreira y otros concursantes presentaron una demanda para tratar de frenar el concurso, pero no tuvieron éxito. La selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional sigue en marcha.

La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Daniela Salazar, estudia los recursos extraordinarios de protección presentados por los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado, condenados por la muerte de la joven Michelle Cobo durante una operación estética, al igual que de la exgerente de la clínica, María Eugenia Muñoz. Los tres fueron sentenciados por mala práctica profesional, lo cual fue ratificado por todos los jueces que conocieron el caso.   

Redacción Código Vidrio

Aunque el juicio por la muerte de la joven Michelle Cobo terminó con una sentencia condenatoria por mala práctica profesional contra los tres responsables en la Corte Nacional, su familia aún está preocupada por la suerte que el caso puede correr en la Corte Constitucional.

En julio del año pasado, la Corte Nacional ratificó la condena de última instancia contra los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado, a seis años y ocho meses de prisión, y a la exgerente de la clínica San Gabriel donde se practicó la operación, María Eugenia Muñoz, a tres años de cárcel.

Pese a que los tres condenados están prófugos, sus abogados presentaron recursos extraordinarios de protección en la Corte Constitucional, por supuestas violaciones de sus derechos y el debido proceso. Buscan así que quede sin efecto la sentencia del juicio que duró más de cuatro años.

Actualmente, los recursos están en manos de la magistrada de la Corte Constitucional Daniela Salazar, quien pidió a los tribunales penales de Pichincha que le remitan copias del proceso, para analizarlo y emitir un pronunciamiento, tras evacuar todas las diligencias del caso.

Con los recursos de protección, los sentenciados esperan que la jueza constitucional los exonere de cumplir sus penas.

Para el jurista Farith Simon, la Corte Constitucional no puede revisar el fondo de la sentencia (la culpabilidad de los implicados). Solo «puede considerar que se violó derechos en el trámite o en la decisión y si fuera así pediría que la justicia ordinaria considere nuevamente el trámite del caso».

Explicó que existe un debate sobre las consecuencias de los fallos de la Corte Constitucional. «Muchos consideran que está en firme la sentencia por ser un recurso extraordinario, otros opinan que está pendiente la decisión y por tanto no se podría mantener la prisión».

Para Gabriel Cobo, padre Michelle, el tribunal deberá ratificar los fallos de todos los jueces penales de Pichincha y de la Corte Nacional, que confirmaron su culpabilidad. “En este caso los jueces constitucionales no pueden cambiar el fondo de la sentencia”.

El litigio judicial empezó en julio del 2016. Entonces, Michelle Cobo tenía 20 años, estudiaba psicología, y hacía un voluntariado cuidando niños con enfermedades catastróficas.

Lo joven se practicó una lipoescultura. Según su padre, confiaron completamente en el médico Toscano, propietario de la cínica Steticus, a quien conocían por referencias familiares.

Toscano difundía ampliamente su trabajo en redes sociales y aseguraba que tenía un récord de 25.000 cirugías exitosas. Sin embargo, la publicidad era engañosa, pues él no es cirujano plástico y un año antes había sido sentenciado por la muerte de la Yadira Cáceres.

Toscano concedió una entrevista a este portal  en la cual reconoció que atendió a la joven y que tenía una relación amistosa con la familia.

El vienes 15 de julio 2012, Michele ingresó al quirófano y luego de la operación sufrió un primer ataque cardíaco, que superó, pero su cuerpo se descompensó aceleradamente. Entonces fue trasladada de urgencia a otro centro de salud, porque la Clínica no contaba con los equipos indispensables para atenderla.

Los primeros exámenes revelaron la gravedad del cuadro: Michelle tenía una severa infección. Y después de varias horas, el 16 de julio, a las 06:45, murió por una septicemia, más conocida como una infección generalizada, provocada por una bacteria.  La Fiscalía de Pichincha llevó adelante la investigación por su muerte y descubrió una serie de irregularidades.

La primera fue que la joven y su familia confiaron en que el médico que la operaría sería Toscano, pero no lo hizo, fue reemplazado por Carlos Hurtado. Según Cobo, ellos nunca dieron su consentimiento para que otro médico la operara.

Según la Fiscalía, las firmas de consentimiento entre la paciente y el médico no se hicieron al mismo tiempo. Hurtado las firmó cuando se enteró que iba a ser investigado.

Además, antes de la cirugía nadie revisó el equipo médico ni de los instrumentos esterilizados. Por eso, el Ministerio Público señaló la responsabilidad de la clínica San Gabriel, ya que no contaba con los permisos para una cirugía especializada.

En la investigación también se reveló que la clínica alquilaba su sala de operaciones a médicos externos, sin contar con los equipos necesarios, en caso de una emergencia, que requiriera terapia intensiva.

Con base en estas acusaciones, todas las instancias judiciales determinaron la responsabilidad de Toscano, Hurtado y Muñoz. En julio del año pasado, la Corte Nacional de Justicia rechazó sus recursos de casación confirmando la sentencia contra los tres.

Según Muñoz, existe una persecución en su contra. En su recurso de protección indicó que la Fiscalía no consideró las pruebas a su favor. “Se habla de mala práctica profesional por falta de deber objetivo, cuando mi profesión es abogada y no médica, ni intervine evidentemente en la cirugía”.

Ella también denuncia que su familia ha sido perseguida, que extraños fotografiaban a su esposo e hijos, que son perseguidos por autos sin placas y son víctimas de rastreos digitales.

Cobo confía en que la Corte fallara en derecho, hará justicia, con lo cual su familia podrá cerrar este capítulo tan trágico y doloroso de seis años.