Ecuador importó más de 11 mil toneladas de desechos plásticos desde distintos países el 2020. Este es el tercer país de Latinoamérica que más importa basura sintética. Empresas ecuatorianas traen desechos plásticos desde 37 países. Estados Unidos es el que más exporta desechos plásticos hacia esta nación. Más de 39 mil toneladas de residuos ingresaron entre 2016 y 2019.
20 empresas son las que mayor cantidad de desechos importan a Ecuador. Ingresan ese material para elaborar diferentes productos. No hay normativas claras ni políticas públicas para exigir a los fabricantes y a los consumidores un tratamiento amigable, no contaminante, con el ambiente. Buena parte esos residuos se arrojan indiscriminadamente y tardan decenas y hasta cientos de años en degradarse. Producción: Brigette Mancheno, Koyna Herrera y Esteban Cárdenas, estudiantes de Periodismo de la USFQ, Para este trabajo también se incluyeron datos publicados por Susana Morán en Plan V.
Coordinación Tania Orbe y dirección Arturo Torres.
Un informe ampliatorio del Consejo de la Judicatura, al que accedió Código Vidrio, confirma irregularidades en los sorteos de las causas del alcalde removido Jorge Yunda. La jueza María Belén Domínguez, que concedió una acción de protección para Yunda, registra 28 expedientes disciplinarios en su contra. En 6 de ellos, recibió sanciones. Entre tanto, Yunda decidió no renovar el convenio con la Fiscalía, para el funcionamiento de 28 unidades de atención a miles de usuarios en varios sectores.
Redacción Código Vidrio
No fue el azar. La suerte no determinó que los jueces María Belén Domínguez y Carlos Soto llegaran a despachar las causas judiciales impulsadas por Jorge Yunda, en su intento de blindarse frente a la remoción de la Alcaldía de Quito, ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral.
Hay otras sorpresas. La jueza María Belén Domínguez, que concedió una acción de protección para Yunda, registra 28 expedientes disciplinarios en su contra. En 6 de ellos, recibió sanciones.
El informe ampliatorio del Consejo de la Judicatura, al que este portal accedió, establece un “modus operandi” para direccionar los sorteos. Todos los funcionarios que participaron en estos “sorteos” están bajo investigación. El CJ presentó a Fiscalía a través de un acto urgente los hallazgos adicionales.
Aquí revelamos el detalle en seis claves:
En ambos casos, el procedimiento estuvo viciado por irregularidades.
La causa que llegó a manos de la jueza Domínguez fue ingresada como un acto urgente, por violencia. Debió registrarse como como una acción de garantías jurisdiccionales – acción de protección. La funcionaria judicial responsable de este ingreso ya fue identificada y está bajo investigación.
La causa fue ingresada como un acto urgente en materia de violencia contra la mujer, lo cual redujo el universo de posibles juzgadores de 300 a 4.
La petición de una medida cautelar a favor de Yunda fue ingresada como el cobro de honorarios de abogado. Esta argucia redujo considerablemente el universo de posibles juzgadores, de 300 a 37.
Adicionalmente, el trámite fue vinculado a una causa relacionada con una acción de protección interpuesta en 2020 contra el Ministerio de Agricultura. Esta estratagema permitió que el proceso cayera directamente en manos del juez Carlos Soto y el secretario Paúl Pérez.
Siete funcionarios judiciales son investigados en relación con estos hechos.
El record de los jueces
El informe de la judicatura cita información de la subdirección de Control Disciplinario, según la cual la jueza Domínguez tuvo seis sanciones:
-Expediente 698-2016, 5 días de suspensión sin remuneraciones.
-Expediente 17001-2019-1928, suspensión sin remuneración por 15 días
En cambio, el juez Carlos Soto tiene 11 expedientes disciplinarios, 4 de ellos, en trámite.
La vendetta contra la Fiscalía
El Municipio de Quito decidió no renovar el convenio que desde hace cinco años facilitaba el funcionamiento de 28 unidades de atención de la Fiscalía en inmuebles municipales de Conocoto, Tumbaco, y en el sur y centro de Quito, en La Ecuatoriana y en el centro de Equidad y Justicia Tres Manuelas.
La notificación de que el acuerdo no sería renovado llegó la semana el 17 de junio pasado a la Fiscalía. El oficio está firmado por Nadia Maldonado, directora Metropolitana de VIF.
El convenio debía renovase en diciembre pasado pero por decisión del alcalde Jorge Yunda quedó insubsistente, generando problemas a miles de usuarios que diariamente acudían a esas unidades fiscales para denunciar distintos delitos.
En total son afectados por la decisión de Yunda 28 sitios de atención: 12 unidades especializadas de Violencia de Género, 8 de Soluciones Rápidas, 4 de Servicio de Atención Integral y 4 de Atención de Peritaje.
La disposición de Yunda es vista como una retaliación contra la Fiscalía, que impulsa un proceso penal en su contra por los presuntos delitos en la compra de pruebas Covid-19, para el Municipio el año pasado.
Las últimas semanas la Fiscalía ha debido realizar una serie de acciones para que las unidades sigan atendiendo al público en otras direcciones e inmuebles, en la mayoría de los casos. El Ministerio Público busca que el Centro de Equidad Trs Manuelas avanza con obtención de documentos para firmar un convenio con el Patronato San José.
Cientos de mensajes del celular del contralor Pablo Celi, a los que accedió Código Vidrio, confirmarían su participación directa en el esquema de delincuencia organizada para desvanecer glosas a cambio de sobornos, un mecanismo similar al aplicado por el excontralor Carlos Pólit. A través de WhatsApp, Celi ordenaba a sus subalternos extinguir glosas, cambiar órdenes de trabajo, notificar destituciones, informes a la carta… Dos casos llaman la atención: la extinción de multas a la empresa Claro y a la china CAMC, que suman 160 millones de dólares. Los pagos de sobornos por USD 1,3 millones, en este último caso, se hicieron a través de la empresa LEGALCONT LLC, según consta en el expediente judicial. La fiscal Diana Salazar estima que los chats confirman su teoría del caso.
Redacción Código Vidrio
Pablo Celi tuvo un poder omnímodo al frente de la Contraloría. Ordenaba desde su teléfono, a sus subalternos, eliminar o modificar glosas, órdenes de trabajo, direccionar informes, activar destituciones… Compartía información privilegiada con su hermano Esteban Celi, abogado particular de varias empresas.
Dos casos que están documentados judicialmente y evidencian las operaciones están relacionados con el desvanecimiento de glosas por más de 160 millones de dólares a las empresas Claro y la china CAMC, a cambio del supuesto pago de coimas, según detectó la Fiscalía.
Ambos hermanos habrían recibido una transferencia de 1,3 millones de dólares, el 18 de junio de 2019, de la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd., contratista del Estado y ejecutora, entre varias otras obras de la plataforma financiera al norte de Quito. Este edificio costó alrededor de USD 200 millones. La obra ha sido duramente cuestionada por distintas fallas.
La ruta del dinero es parte de la Asistencia Penal Internacional 464-2019, a la que accedió Código Vidrio.
La empresa LEGALCONT LLC., controlada por Esteban Celi, fue el canal de este pago. Contraloría había establecido varias glosas para la empresa china: 9,5 millones en enero de 2018; 22,6 millones en abril de 2019; 9,9 millones en octubre de 2020. El desvanecimiento, según la teoría fiscal, se producía como efecto del pago a la organización liderada por Pablo Celi, como contralor del Estado.
Los hermanos Celi enfrentan un juicio penal y guardan prisión en el caso Las Torres, que investiga una supuesta delincuencia organizada. En este proceso también están involucrados los hermanos Adolfo Agusto y José Agusto (fallecido), así como 9 personas más, entre exfuncionarios públicos, empresarios y ciudadanos.
Hoy, miércoles 23 de junio, a las 16:00, se realizó la audiencia para revisar las medidas cautelares contra Celi y otros detenidos. El Contralor y su abogado Marcel Ron pidió que le levante la prisión preventiva, para defenderse en libertad y probar su inocencia. Su defensa argumenta que está muy delicado de salud, agravado por el reciente padecimiento de Covid-19 y que hay un abuso de la prisión preventiva. No obstante, el juez Felipe Córdova negó la solicitud y ratificó la orden de prisión.
Pablo y Esteban Celi también habrían recibido sobornos, a través de un tercero, para desvanecer glosas en contra de la firma Nolimit C.A. Según la investigación fiscal, el 16 de mayo de 2017, Nolimit, empresa contratista de Petroecuador, utilizó una firma offshore (Monay) para transferir 110 mil dólares a los hermanos Celi. En retribución, seis glosas por el total de 13,6 millones de dólares fueron desvanecidas.
La máquina trituradora
Este portal revela nuevos indicios, a partir de chats que forman parte del proceso fiscal. Los mensajes sugieren que Pablo Celi, desde su celular, activó una máquina trituradora de glosas.
Uno de los mensajes judicializados confirmaría que Celi influyó en el desvanecimiento de la glosa por USD. 112 millones a la operadora de telefonía CLARO.
La información se desprende de los chats telefónicos con la ex funcionaria de Contraloría, Deisy Guevara. En 2018, era la directora de Recursos de Revisión en la entidad de control. A marzo de 2020 ocupaba el cargo de experta supervisora de resoluciones de responsabilidades civiles. Hasta noviembre de 2020, fue directora nacional de Auditoría Interna gubernamental del ente de control.
Los chats con la exdirectora Deisy Guevara, sobre Claro
El día de Navidad (25 de diciembre de 2020), Guevara, escribió por mensaje de celular a Celi para saludarle por las fiestas. Le comentó que no había entendido lo que pasó; se refiere a algo “profundamente doloroso”, pero le aclara que “conozco su corazón y sé que de usted no dependió”. Celi no respondió…
Tres meses después, en marzo de 2021, Guevara volvió a escribir a Celi, esta vez en tono de reclamo:
“Ya despidieron a mi hija, ya lo hicieron conmigo, y ahora Andrés, mi primo. Él no tiene ninguna responsabilidad por mis actos. Señor contralor, no sabe el profundo dolor que causaron con nuestros despidos, yo tuve que salir del país y ahora trabajar lavando platos y de mesera aquí en los Estados Unidos … he llorado profundamente mi cansancio”.
A continuación, le advirtió no se “atrevería jamás” a “morder la mano de quien en su momento me dio de comer”. Le aclaró que nunca abriría la boca sobre los informes que eliminó a pedido de Celi.
“Jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó y aún en el caso de CLARO que sé que está en la Fiscalía… tenga la plena seguridad que solo diré que usted jamás ordenaría algo contrario a la ley”.
Luego le insistió en el pedido de que se anule el despido de su hija y su primo, a cambio de anular una demanda presentada por ella ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
A fines de junio de 2019, con el informe de dos auditores, el contralor Celi desvaneció la glosa de 111,9 millones de dólares, que su misma administración -varios meses antes- había establecido en contra de la operadora Claro. Dos funcionarios de alto rango de la Contraloría (Luis Miño y Hans Coloma) avalaron la resolución de desvanecimiento de responsabilidades, que eximió del pago a la empresa de telefonía. En cambio, el técnico que estableció el perjuicio al Estado en un examen especial fue cesado de sus funciones. Se trata de Nelson Villavicencio, exfuncionario de la Dirección de Responsabilidad, quien en su versión en Fiscalía confirmó que existieron disposiciones específicas, por parte de las principales autoridades de esta entidad, para que él desvanezca la glosa civil contra Claro.
Buscamos la versión de la telefónica Claro, pero no obtuvimos un pronunciamiento.
El abogado del Contralor, Marcelo Ron, dijo que ninguno de los elementos presentados por la Fiscalía en el proceso prueba su relación con los delitos que se investigan. Y sobre el desvanecimiento de las glosas destacó que su elaboración y suspensión no dependen de un solo funcionario, sino que requiere la participación de distintas autoridades e instancias de revisión. Sobre los chats dijo que se relacionan con actividades estrictamente profesionales entre el Contralor y sus subalternos.
El mexicano Carlos Slim es el dueño de la telefónica Claro. El gobierno de Lenin Moreno realizó un adéndum para la asignación de una frecuencia adicional, a favor de Conecel-Claro. Fue un alcance al contrato original firmado en 2008 con el régimen de Rafael Correa.
En noviembre de 2019, Celi dijo que la glosa predeterminada a Claro no estaba en firme sino en etapa de predeterminación, por lo cual podía ser levantada, si la parte aludida presentaba los elementos de descargo. “Se ha tomado una decisión sobre una predeterminación, que es un proceso previo para determinar responsabilidades”, recalcó al aclarar que no tuvo ninguna participación en esta trama delictiva.
Una vez que se predetermina la glosa -según Celi- los involucrados tienen el tiempo para fundamentar técnicamente sus razones. “La Contraloría tiene la obligación de analizar esos fundamentos. Aquí no ha habido ningún tipo de glosa desvanecida”.No hubo -recalcó Celi- una glosa sino la predeterminación ligada a un examen especial que, para seguir el debido proceso, necesitaba ser contrastada con todos los elementos que adicionalmente aportaron las autoridades, así como la empresa.
La fiscal Diana Salazar confirmó que los chats hallados en el celular de Celi, confirman que era la cabeza de la estructura criminal montada para el cobro de sobornos para extinguir glosas en varias entidades del sector público. “Ordenaba todo a sus subalternos, vía WhatsApp, para que anulen acciones, destituyan funcionarios, eliminen órdenes de trabajo y glosas”, expresó Salazar en una entrevista con Carlos Vera, en TC Televisión.
La Fiscal Diana Salazar dirige la investigación que involucra al Contralor Celi y 12 implicados más por delincuencia organizada.
Más chats comprometen a Celi
Otra alta funcionaria, Betty Cedeño, fue directora nacional de recursos de revisión. En el proceso judicial en curso mencionó que no recibía directrices del contralor Celi y que tenía contacto con él. Los chats desvirtúan su afirmación.
El 9 de septiembre de 2020, en un mensaje telefónico, Celi le pidió a la funcionaria “confirmar hoy la destitución de Veliz rector universidad en Manabí”.
Los medios hicieron eco de la noticia: la confirmación del pedido de destitución de Vicente Véliz, al frente del rectorado de la Universidad Técnica de Manabí, semanas más tarde.
La sanción estaba contemplada en las conclusiones del informe DPM-0013-2019, aprobado el 28 de marzo de 2019, que examinaba procesos de contratación de obras, compra de inmuebles y análisis de denuncias entre 2015 y 2018, según un comunicado de Contraloría de la época. Véliz Briones es suegro del excandidato presidencial por UNES, Andrés Arauz.
En otra serie de mensajes, la funcionaria le pide instrucciones frente a otro caso. Por respuesta, Celi le contesta claramente: “Dele de baja”.
También se desprende que Celi coordinaba de cerca con Valentina Zárate, subcontralora encargada.
Chats con Michelle Cedeño, entonces directora de Predeterminación de Responsabilidades
Pero lo más comprometedor para el contralor, ahora privado de la libertad, es que intercambiaba información confidencial y reservada con su propio hermano, el abogado en libre ejercicio Esteban Celi. El 9 de noviembre de 2020 le envió por chat el “memorando modificación DNA5-2020 versión final”, en formato digital, con papel membretado con el logo de la Contraloría.
En febrero de 2021 seguían intercambiando documentos e información, pero tomaron una decisión importante: conectarse por la plataforma Signal, en lugar de WhatsApp. En marzo, Pablo le envió a su hermano cuatro documentos internos de Contraloría, incluyendo un informe con “resultados provisionales” y los logos oficiales del ente de control.
Otros chats que complican su situación revelan que habló con abogados privados de entidades bajo control. Entre ellos, el representante de Solbanco en liquidación; y con un delegado de Seguros Sucre.
Los niños son las víctimas más vulnerables de la explosiva ola migratoria de los dos últimos años a EE.UU. Desde el 2020, año de la pandemia, hay un incremento histórico de migrantes irregulares, menores de 18 años de varios países, incluido Ecuador. Huyendo de la pobreza buscan reencontrarse, a cualquier precio, con sus padres que viven en Estados Unidos. En estos viajes, duros y traumáticos, los niños y adolescentes corren todo tipo de riesgos, como abusos sexuales, maltratos y torturas, enfermedades, accidentes, secuestros de narcotraficantes. Incluso la muerte. En este PODCAST revelamos las historias ocultas de este drama humano, contado por sus principales protagonistas, tanto en México y Estados Unidos como en Ecuador. Son testimonios inéditos de migrantes ecuatorianos y sus familiares, de profesores y autoridades. La Cancillería ecuatoriana indicó que los consulados en México conocen los casos de pequeños internados en centros de acogida solo cuando los familiares o las autoridades competentes los denuncian.
En la reportería en Azuay colaboró John Machado.
Créditos musicales: Álex Alvear, «Soñando con Quito» y «El Caballito Azul». Título, autores, Copyright, Intérprete: «En busca de un sueño» Silvio Rodríguez Ojalá S.L. Interpretada por Silvio Rodríguez, cortesía de Ojalá
El embajador saliente de Ecuador en España, Cristóbal Roldán Cobo, es denunciado por un supuesto acoso y hostigamiento laboral por la excónsul en Málaga, Martha Sandoval Riofrío. La exfuncionaria, en su informe de gestión entregado ayer, 31 de mayo, a la agregada comercial de la embajada en Madrid, expone los hechos. Y explica porqué no formalizó la denuncia en Cancillería ni ante las autoridades, mientras estuvo en funciones, desde 2018. Roldán, consultado por este portal, asegura que fue una relación consensuada y por tanto nunca hubo acoso. La Cancillería inició una indagación de la denuncia.
Redacción Código Vidrio
La excónsul en Málaga, Martha Sandoval, denunció al embajador saliente Cristóbal Roldán Cobo por un supuesto acoso sexual y hostigamiento laboral.
“Como usted sabe, fui víctima de acoso sexual y hostigamiento laboral por parte del señor Cristóbal Roldán”, indica Sandoval en una carta, que incluye su informe de gestión, presentada ayer, 31 de mayo, a la encargada de Negocios de la Embajada del Ecuador en España, Verónica Peña.
Rodán fue embajador en España desde el 2017 hasta el pasado 11 de mayo, período en el cual también fue representante de Ecuador ante el Gobierno del Principado de Andorra y el Gobierno del Reino de Marruecos. Su hijo Juan Sebastián Roldán fue secretario general del Gabinete del expresidente Lenin Moreno.
Al ser consultado por este portal, el exembajador Roldán se mostró sorprendido: “Cuando hay correspondencia no hay acoso, no puedo mencionar más detalles por respeto a mis hijas y a la familia de la señora”, dijo por vía telefónica. “Sí le debo insistir que cuando hay correspondencia no puede haber acoso. Esto fue anterior”.
Sandoval Riofrío prestó servicios a la sede diplomática de Málaga entre el primero de septiembre de 2018 y el 20 de mayo de 2021. Antes de radicarse en España, desarrolló una larga carrera televisiva como presentadora y reportera en medios de comunicación, en Ecuador y Estados Unidos, donde fue anchor de CNN, en Español. Uno de sus más recientes cargos en el país fue como presentadora de noticias en TC Televisión.
En el documento de dos páginas, la exfuncionaria explica que los presuntos hechos ocurrieron “curiosamente” cuando “la Cancillería presentó públicamente (…) su Protocolo contra el Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral, un texto que puede ser calificado como un manifiesto de buenas intenciones”.
La denunciante deja entrever que los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades.
Desde ayer la Cancillería está al tanto de la comunicación de la excónsul. El canciller Mauricio Montalvo dispuso que se realice una indagación interna de la denuncia, cuyos resultados se conocerán los próximos días.
“No pretendo culpar a la institución ni refugiarme en el escueto argumento de que no denuncié porque no activaron un mecanismo informático (del protocolo), pero sí debo dejar en claro que el Ministerio de Relaciones Exteriores NO es una entidad libre de violencia de género ni su personal, sea de nivel alto, medio o bajo, está preparado para afrontar ni corregir abusos de este calibre”, destaca Sandoval en su misiva.
Martha Sandoval (centro) fue cónsul en Málaga desde 2018 hasta mayo de 2021. Antes fue presentadora y reportera de medios de comunicación en Ecuador y EE.UU.
El Ministerio de Relaciones Exteriores expidió el Protocolo Interno para la Prevención, Actuación y Eliminación de todas las formas de Acoso u Hostigamiento Laboral con Connotación Sexual, el 6 de agosto de 2019.
Ese documento sigue estándares de Naciones Unidas. Define tres formas de acoso. El laboral es un comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona. El acoso sexual contempla la subordinación de la víctima. Y el hostigamiento laboral con connotación sexual, al que caracteriza como una forma de violencia expresada en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad.
Según el protocolo, hay dos formas para denunciar una situación de ese tipo: intervención temprana o voluntaria; y, la intervención formal. En ambos casos, es imprescindible la presentación de una denuncia.
El artículo 7 menciona que “la persona que se sienta afectada por una o varias conductas que constituyan acoso u hostigamiento laboral con connotación sexual, deberá presentar una denuncia”. Esta debe realizarse a través del sistema biodata, una plataforma online en la cual se carga el expediente digital de cada funcionario.
Sandoval advierte que hasta el último día en que ella ejerció sus funciones, nunca se activó el enlace para entablar la denuncia internamente en Biodata, “como señala el mismo protocolo”.
Fuentes del servicio exterior dijeron que conocieron extraoficialmente sobre la queja y le sugirieron que formalizara la denuncia, lo cual no se concretó.
“Elijo pensar que ninguna de las personas a quienes les llegó la información de lo que sucedía en España entiende a cabalidad todo lo que implica para la víctima el acoso sexual en el ambiente laboral. Les recomiendo ilustrarse al respecto antes de que esto vuelva a suceder y con consecuencias peores. Ojalá no se vean obligados a aprender sobre el tema cuando su hermana, esposa, hija o amiga sufra este tipo de violencia. Todas creemos que “a nosotros nunca nos pasará» o que «yo sí me pararía duro y lo pongo en su sitio». Sí, yo también pensé que así sería, pero las circunstancias suelen ser tan propicias para el perpetrador que la víctima pocas veces puede hacer algo sin poner en riesgo su empleo y, por ende, sus ingresos y la estabilidad de su familia”.
Fuentes de la sede diplomática compartieron con este portal mensajes de cuatro funcionarias en apoyo a la gestión de Roldán. “Gracias embajador por su excelente trabajo y humanidad”, menciona una de las colaboradoras.
“Lo importante de un ser humano es dejar huella en las personas, no pisando sino apoyándolas y permitiéndoles crecer, eso hizo usted, gracias”, escribió otra.
Tanto Roldán como Sandoval prestaron sus servicios como parte de la cuota política del presidente Lenín Moreno. La cuota política en el servicio exterior llegó a superar la mitad del total de funcionarios enviados a misiones internacionales, en claro detrimento de los servidores de carrera. Según la Ley de Servicio Exterior, no debe exceder el 20% de nombramientos de embajadores y funcionarios de alto rango.
La minera Adventus Mining Corp., domiciliada en Canadá, tiene entre sus inversionistas al grupo Nobis. La firma canadiense posee 3 proyectos en Ecuador. Roberto Salas, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, designado por el presidente Guillermo Lasso, fue directivo hasta la semana pasada de esa corporación, nominado por Nobis. Además, aparece como titular de un paquete accionarial valorado en 782 mil dólares de la minera. El Ministro no ha informado si ya vendió o traspasó esas acciones. Fuentes del sector energético alertan sobre un posible conflicto de interés. Rebeca Illescas, exministra de Minería del anterior gobierno, quien también ocupó importantes cargos con el régimen de Rafael Correa, asesora al Ministro durante la transición. Este viernes 28 de mayo, un día después de la publicación de este reportaje, Salas declinó la designación, tras admitir que no cumplía los requisitos para ocupar el Ministerio.
Redacción Código Vidrio
Roberto Salas Guzmán, quien había sido designado ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables por el presidente Guillermo Lasso, fue directivo, hasta el 21 de mayo pasado, de la compañía Adventus Mining Corporation. Entre los inversionistas de esta minera está el grupo Nobis, de la empresaria Isabel Noboa.
Adventus, domiciliada en Toronto, Canadá, opera en el Domo, un rico depósito masivo de sulfuros, parte del proyecto Curipamba, que contiene importantes reservas de cobre, zinc y plomo. Está localizado en las provincias de Los Ríos y Bolívar y se encuentra en fase de exploración.
El 20 de mayo pasado, el presidente Lasso confirmó que Salas lideraría el Ministerio de Energía, con énfasis en proyectos de reactivación. Minutos después del anuncio, el CEO y presidente de Adventus, Christian Kargl-Simard, escribió en su cuenta en Twitter que el ministro Salas es uno de los miembros de la junta directiva de la compañía. Luego, borró su tuit…
A los pocos minutos de que el presidente Lasso anunciara que Roberto Salas era el nuevo ministro de Energía, el CEO de la minera Adventus, Christian Kargl-Simard, escribió un tuit indicando que era uno de los directivos de su compañía. Luego borró el mensaje.
Al siguiente día -el 21 de mayo- Salas renunció a sus roles como vicepresidente y CEO del grupo Nobis, así como al cargo de director, sin funciones ejecutivas, en Adventus.
El 25 de mayo, la empresa canadiense emitió un comunicado anunciando la salida de Salas, en vista de sus nuevas funciones públicas.
Roberto Salas se integró a la junta directiva de la minera desde enero de este año, en representación del Consorcio Nobis, donde era director ejecutivo y vicepresidente, en reemplazo de Roberto Dunn.
Este viernes 28 de mayo, un día después de la publicación de este reportaje, Salas anunció que declinaba aceptar el cargo. En un pronunciamiento indicó: “Tanto para el señor Presidente como para mi, es esencial ser rigurosos en el cumplimiento estricto de los requisitos legales exigidos para asumir en cargo público, y con pesar he visto que el tiempo necesario para resolver adecuadamente mis asuntos particulares demoraría mi incorporación al Gobierno más allá de lo prudente”.
El Consorcio Nobis es accionista de Adventus desde 2019. En mayo de ese año, compró 5,4 millones de dólares en acciones, es decir el 9,9% del portafolio accionarial total de la firma. A su vez, la compañía canadiense, cuyas operaciones mayores están en Ecuador, tiene un acuerdo con Salazar Resources Limited, para la exploración de Curipamba y dos proyectos más (Pijilí y Santiago con reservas de cobre y oro). En la sociedad, Adventus tiene una participación del 75% y Salazar del 25%.
Curipamba comprende varias concesiones: Las Naves, Las Naves 1, Las Naves 2, Las Naves 3, las Naves 4, Las Naves 5. El Ministerio de Ambiente otorgó licencia ambiental a casi todas ellas, con excepción de Las Naves 4.
Salas compró acciones por 782.500 dólares
Salas no solo fue directivo de la minera canadiense. También compró un paquete de acciones valorado en 782.500 dólares, según el documento de convocatoria a Junta de Accionistas, emitido el 4 de mayo anterior que revisamos. Las acciones están a nombre de la firma Feslery S.A., controlada por el ministro designado.
Hasta el miércoles 26 de mayo, Salas no se posesionaba oficialmente en el cargo. Código Vidrio lo llamó a su celular y le envió mensajes, para confirmar si vendió o cedió sus acciones. No respondió a nuestros requerimientos.
En enero pasado, Adventus anunció la incorporación de Salas a su directorio. También confirmó que el ejecutivo compró 800.000 acciones en esa empresa.
Salas es economista, exdirector ejecutivo y miembro del directorio de varias corporaciones multinacionales en Chile, Brasil y Ecuador, donde ha destacado. Fue profesor en la Universidad Católica de Guayaquil, tiene un MBA de Esade-Adolfo Ibáñez Business School y estudió programas de gestión en Wharton y Kellogg Business Schools.
Fuentes del sector Energético se mostraron preocupadas porque una vez que Salas asuma el cargo pudiera incurrir en un conflicto de interés, tomando en cuenta que ese Ministerio es el ente regulador en materia minera.
El Código de Ética emitido por el presidente Lasso indica, en su artículo 10, que “las personas designadas para ejercer los cargos señalados en el artículo 2 de este Decreto Ejecutivo deberán declarar, previo a posesionarse en sus cargos, si se encuentran en una situación en que sus intereses particulares podrían entrar en conflicto con los intereses de las entidades de la función ejecutiva, donde vayan a prestar sus servicios o desempeñar sus cargos”.
Se entiende por conflicto de interés entre los deberes públicos y los intereses privados de un servidor público -detalla el Código- “cuando una persona puede perder independencia u objetividad para tomar decisiones debido a que las mismas podrían razonablemente afectar, positiva o negativamente, a terceros vinculados a dicha persona o a ella misma”.
La Constitución también regula el posible conflicto de interés. El artículo 232 indica: “No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios”.
No obstante, especialistas de temas mineros consultados por este medio en Canadá advirtieron que Salas no ocupaba ninguna posición ejecutiva en Adventus, sino un rol directivo. Un analista domiciliado en ese país recalcó que Salas renunció por un tema de transparencia. La empresa minera cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, que controla, precisamente, los conflictos de interés y evita que se cometan hechos de corrupción. “Las mineras canadienses están bajo un enorme escrutinio”.
El último 4 de mayo, mediante un documento de 44 páginas, los accionistas de Adventus fueron convocados a la Junta anual, que se realizará el 10 de junio próximo. Fuentes del sector confirmaron a este portal que la situación accionarial de Salas en la minera sería conocida en esa cita.
Illescas asesora al Ministro
Rebeca Illescas ha sido una de las encargadas de asesorar y acompañar al nuevo ministro Roberto Salas en las reuniones de transición. Fue ministra y viceministra de Minería y ocupó cargos directivos en los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno.
Fuentes del Ministerio de Energía comentaron que el lunes y martes pasados Salas mantuvo dos reuniones con el exministro René Ortiz, para conocer aspectos medulares de esa cartera de Estado. En el equipo asesor de salas, que ha participado en las reuniones de transición, estaba Rebeca Illescas, quien ocupó cargos directivos en los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. La última reunión en el Ministerio de Energía se realizó el martes 25 de mayo.
Illescas tiene experiencia en políticas públicas para inversión y financiamiento en sectores estratégicos (minería, energía, recursos hídricos, hidrocarburos, ambiente, telecomunicaciones).
En 2013, Illescas se incorporó al gobierno de Rafael Correa. Fue asesora de Ecuador Estratégico, hasta 2015. Luego lideró la Coordinación General de Financiamiento en el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, hasta 2016. El exvicepresidente Jorge Glas, preso por corrupción, lideró estas áreas, junto con Rafael Poveda.
El año siguiente, en la administración de Lenín Moreno, fue nombrada viceministra de Minería, brazo derecho del entonces ministro Javier Córdova, con quien llevaron adelante los procesos de adjudicación de concesiones mineras. Córdova, quien tras dejar el gobierno fue contratado como CEO por la minera canadiense Soma Gold, es investigado por la Fiscalía por un presunto perjurio y enriquecimiento ilícito.
Tras la salida de Córdova, en diciembre de 2017, Illescas asumió la titularidad del Ministerio de Minería, donde estuvo hasta julio de 2018. Luego pasó al sector privado: es directora de Asuntos Corporativos en el Grupo Cobra Ecuador, transnacional especializada en ingeniería, instalación y mantenimiento industrial de infraestructuras, redes de agua, gas, electricidad y comunicaciones. Cobra tiene contratos con Petroecuador.
Al ser consultada por este portal, Illescas confirmó: “yo únicamente he acompañado en el proceso de recibir información y traspasar al equipo de gobierno”.
Fue una noche desenfrenada, en pleno toque de queda por la pandemia. La farra en la que hubo consumo copioso de alcohol derivó en una trifulca que complica al defensor del Pueblo, Fredy Carrión, a Mauro Falconí, director del dispensario del IESS en el Batán y exministro de Salud, y a su pareja, Gabriela P. funcionaria del INEN. El Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, desmintió que tras el operativo Carrión hubiera sido liberado. El Defensor afirma que nunca fue detenido, ni notificado por investigación alguna en su contra de la Fiscalía, que conoció el hecho a las 08:45.
Redacción Código Vidrio
La farra terminó con chuchaqui y resaca. Ocurrió esta madrugada en el departamento donde residen el exministro de Salud, Mauro Falconí, y su pareja Gabriela P. Hay indicios de consumo de licor y excesos. La Fiscalía investiga una posible agresión sexual del defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, contra la pareja de Falconí.
Los uniformados se presentaron pasadas las 2 de la mañana de este domingo 16 de mayo, tras el escándalo ocurrido en el conjunto Plaza del Bosque, en el noroccidente de Quito. Ante la llegada de la Policía, Falconí afirmó inicialmente que “extraños” habían violentado e ingresado en su domicilio, donde en ese momento se encontraba Carrión, en estado de ebriedad, tratando de calmar a la pareja de Falconí, quien se veía ofuscada.
Después de la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad, se desvirtuó la versión de Falconí. Gabriela P. denunció haber sido arrastrada por el cabello hasta el ascensor, ultrajada y violentada por Carrión. No es la primera vez que el Defensor del Pueblo estaría envuelto en este tipo de agresiones, que fueron denunciadas antes de que asumiera su cargo público.
En un video captado en el ascensor se ve a la funcionaria llegando al piso donde la esperaba Carrión, quien la toma violentamente de los brazos y la saca a la fuerza al pasillo. Ella se resiste, y vuelve al ascensor, donde se encontraba un guardia de seguridad. Entonces, su marido Falconí le pide que regrese, pero ella se niega. Parece que le dice a su esposo que Carrión estaba propasándose. Entonces, Falconí se tranza a golpes con Carrión, y los dos caen al piso.
Posteriormente, al lugar llegó personal de la unidad Alfa 5 del Cuerpo de Bomberos para atender a los tres. También arribó la comisaria del Distrito Eugenio Espejo.
El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, confirmó a Código Vidrio que recibió una llamada telefónica pasadas las dos de la mañana, en la cual el oficial a cargo del operativo le reportó los hechos.
Carrión y Falconí son amigos desde hace varios años. Ambos son funcionarios públicos.
Minutos antes, el Ministro había recibido la llamada de su excompañero de gabinete, Mauro Falconí. Martínez le pidió que lo comunicara con el oficial de la Policía. Luego, le ordenó al mayor de la Policía que actuara en función del procedimiento establecido. La flagrancia rige por 24 horas.
Martínez desvirtuó versiones, según las cuales, en primera instancia, luego de ponerlos en custodia, Carrión y Falconí no fueron detenidos, en función de su perfil público, por orden de una alta autoridad policial. “Insisto, se actuó en función del procedimiento, hablamos de un tema de flagrancia; con Falconí fuimos compañeros en el gabinete ministerial, pero estos hechos recibieron estrictamente el tratamiento establecido en el protocolo”.
Tras el operativo, Carrión abandonó el departamento y acudió a una clínica, en el centro norte de Quito, donde hoy permanece con custodia policial.
En un comunicado difundido en redes este domingo, Carrión ratificó que nunca fue detenido por los policías ni ha sido notificado por la Fiscalía sobre alguna investigación en su contra. “Desde las primeras horas de hoy me encuentro recibiendo atención en una clínica (…). No he participado en ninguna fiesta clandestina. Tuve una reunión en el domicilio del doctor Mauro Falconí con quien compartimos una amistad de varios años».
La autoridad de DD.HH. dijo que pidió una licencia para defenderse, mientras la vicedefensora, Zaida Rovira, asume la dirección de la entidad.
Por su jerarquía, Carrión tiene fuero de Corte Nacional. Falconí, en tanto, permanecía resguardado en su domicilio por la fuerza pública, mientras se levantaban indicios en el lugar de los hechos. Los primeros datos revelarían no solo el consumo de alcohol sino de sustancias ilegales, según fuentes policiales.
Imágenes tomadas del video que registra el incidente en el ascensor del departamento donde viven Mauro Falconí y su esposa. Las tomas muestras al defensor Carrión tomando por la fuerza a la mujer.
La comandante de la Policía, Tania Varela, confirmó que Falconí fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, mientras Carrión sigue internado con resguardo policial.
La Fiscalía informó que recién conoció el caso a las 08:45. La novedad tampoco habría sido notificada, como establece los protocolos, al ECU-911, ni a otras autoridades para la coordinación respectiva. Fuentes del Ministerio Público indicaron que la fiscal Diana Salazar llamó al Ministro Martínez temprano en la mañana, sorprendida, al enterarse de lo ocurrido por redes sociales.
Los tres personajes tienen un alto perfil público. Gabriela P. es funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, y en el pasado fue parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. También colaboró con el Ministerio de Sectores Estratégicos.
Mauro Falconí es médico, con trayectoria en dirección de hospitales públicos; dirigió la ARCSA (Agencia de Regulación y Control Sanitario); además, por un breve lapso fue Ministro de Salud. Enfrenta varias denuncias en la Fiscalía. El 8 de abril fue removido del cargo, lo reemplazó Camilo Salinas.
Personal policial que llegó al lugar de los incidentes tomó fotografías y recogió evidencias. Luego arribó personal del Cuerpo de Bomberos para atender a la mujer que fue agredida.
Carrión Intriago, en tanto, es defensor del Pueblo desde abril de 2019. Tuvo un papel relevante en la investigación de los hechos de octubre de ese año, cuando denunció que hubo excesos de los agentes del Estado en la represión. De hecho, este año formalizó una denuncia por delitos de lesa humanidad contra algunas autoridades del Gobierno. Ha sido cuestionado por su cercanía al correísmo y algunos dirigentes indígenas.
La investigación fiscal se orienta por dos vías: la violentación al toque de queda, esto es, el desconocimiento de una decisión legítima; y, el posible intento de agresión sexual contra la funcionaria del Estado. En este caso, a la víctima le corresponde poner la denuncia formal. La Fiscalía pidió no revictimizar a la mujer que fue violentada.
Falconí estuvo en otra farra, desafiando a la pandemia
Mauro Falconí, riobambeño de 45 años, ocupó brevemente el cargo de Ministro de Salud, desde el 19 de marzo hasta el 8 de abril de este año. Días antes de posesionarse, celebró el cumpleaños de su esposa, Gabriela P., a la sazón directora del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN. Asistentes a esa reunión contaron que hubo mariachis, y que el festejo era doble, porque ya se conocía su nombramiento al frente de ese Ministerio.
Entre los asistentes, pudo haber pacientes asintomáticos de COVID-19. El hecho es que Falconí se reunió con el equipo cercano de la cartera de Salud y el virus se propagó aceleradamente. En cuestión de días, su asesor cercano, Diego Bravo (42 años), fue hospitalizado e intubado; posteriormente falleció. De igual manera, el entonces asesor jurídico, Gabriel Rivadeneira fue contagiado. Mientras estuvo hospitalizado fue desvinculado de su cargo; días después murió. Fuentes del MSP aseguraron que hubo un contagio en la planta central del MSP. Ni el entonces ministro se salvó, debió ser hospitalizado en dos ocasiones, para superar el coronavirus.
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Petroecuador impulsa una demanda por supestos delitos, incluida la adulteración de documentos públicos, dentro del proceso de emergencia que adjudicó la contratación de seguros con las empresas Hispana y Latina. En enero, ese acuerdo fue anulado por el gerente Gonzalo Maldonado, quien extendió la contratación con Seguros Sucre por cuatro meses.
Redacción Código Vidrio
Una serie de irregularidades, incluidos supuestos delitos de adulteración documental, investiga la Fiscalía, sobre la base de una denuncia presentada por las autoridades de Petroecuador, por la contratación de seguros con las empresas Hispana y Latina.
La denuncia fue presentada por Hugo Tapia, el 26 de enero pasado en la Fiscalía general, en calidad de procurador del gerente de la petrolera, Gonzalo Maldonado.
Los hechos investigados giran en torno a la adjudicación del contrato de una póliza de cobertura de riesgos, por 53,4 millones de dólares, a Hispana y Latina, en diciembre pasado, a través de un proceso de emergencia.
Tras un proceso que arrancó en julio del 2020, Petroecuador se declaró en emergencia y contrató a ambas firmas aseguradoras, dejando a un lado a la estatal Seguros Sucre, que desde el 2014 era la encargada de las coberturas.
Pero el 15 de enero, pocos días después de asumir el cargo, Maldonado decidió terminar la emergencia y la contratación de la póliza de todo riesgo y responsabilidad civil. Luego expidió una nueva extensión del contrato con la estatal Sucre, por 120 días, por de 8,7 millones de dólares.
La decisión del Gerente fue impugnada por abogados de las aseguradoras ante un juez que falló inicialmente a su favor, otorgándoles medidas cautelares que suspendieron la declaratoria de nulidad. El pronunciamiento fue apelado por Petroecuador, que logró que la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas levantara la medida cautelar y extendiera el plazo de vigencia de la contratación de los seguros con Sucre, por 90 días, según fuentes de Petroecuador consultadas por este medio.
Maldonado extinguió el contrato con base en un informe jurídico, entregado el 15 de enero pasado por el procurador de la empresa, Jaime Alarcón, quien le recomendó que anulara la declaratoria de emergencia PGG 2020267. En las primeras semanas de ese mes, tanto la Contraloría como el Sercop y la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, enviaron sendos informes y alertas sobre las supuestas irregularidades e incumplimientos legales en la contratación.
El informe jurídico de Petroecuador fue contrastado con un reporte preliminar de la Contraloría. Estableció, entre otras cosas, inconsistencias, especialmente en los certificados de respaldo de reaseguros (otorgados por empresas internacionales). Algunos de ellos se refieren a un proceso de licitación distinto, no al de Emergencia. Además, esos documentos tienen fechas que no concuerdan con los que fueron incluidos en el proceso emergente.
Según el procurador de Petroecuador, tampoco se ha podido verificar en el contrato la existencia de la comunicación a la que se refiere el oficio No. SERCOP-DSP-2020-6544-OF, de 8 de diciembre de 2020, de la Directora de Supervisión de Procedimientos del Sercop. Este documento se refiere a la intermediaria de reaseguros Afl Insurane Broker, lo cual también fue alertado en la comunicación de hallazgos del examen preliminar de la Contraloría.
El 15 de enero, pocos días después de asumir el cargo de gerente, Gonzalo Maldonado anuló la declaratoria de la emergencia y la contratación con Hispana y Latina. Luego fue llamado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea (foto), donde explicó el proceso.
En el informe jurídico se alertó, además, que no se cumplió con las disposiciones para emitir el estado de Emergencia en la petrolera, que marcó el inicio del convenio con las aseguradoras privadas. Es decir que no se cumplían las condiciones para este tipo de contratación, y que no ameritaba una emergencia.
Los representantes de las aseguradoras privadas han insistido en que la adjudicación cumplió todos los parámetros legales exigidos por Petroecuador en la emergencia y que la nulidad fue completamente arbitraria, por lo cual la impugnaron en los tribunales.
Código Vidrio accedió al informe jurídico de la petrolera, casí como al de Contraloría. En este último reporte se especifica que Hispana debía entregar a Petroecuador las confirmaciones de reaseguro y notas de cobertura originales y apostillados que demuestren la colocación del cien por ciento (100%) del reaseguro. Pero eso no ocurrió. “Hasta la fecha de esta comunicación de resultados no se tiene evidencia de su cumplimiento”, indica el reporte preliminar.
La certeza documental de que se cuenta con el reaseguro -de una empresa internacional de reaseguros domiciliada, en este caso, en Inglaterra- es vital para cubirir el pago de siniestros. La empresa aseguradora local no está en la capacidad económica para hacerlo.
En la revisión de los documentos previos a la firma del contrato, los auditores establecieron que “únicamente se presentaron copias simples -no los originales como señala el contrato- suscritas por los reaseguradores, que en conjunto alcanzaron el 83,5% del riesgo cedido (500 millones de dólares por evento), incumpliendo lo establecido en las condiciones técnicas de la contratación”.
Posible falsificación en respaldos de reaseguros
Estos y otros elementos, según el análisis legal, no solo ameritaban declarar la nulidad, sino la investigación de de una supuesta falsificación y adulteración de documentos públicos.
El 26 de enero pasado, Maldonado pidió que se formalice una demanda penal en la Fiscalía que hoy está en trámite. La denuncia fue presentada por Hugo Tapia, abogado de Petroecuador.
En esa denuncia se indica que en los archivos de Petroecuador no se encontró la documentación original y de soporte del acuerdo. Que los certificados del supuesto reaseguro, emitidos el 14 de diciembre del 2020, eran distintos a los originales presentados el 30 y 31 de diciembre del año pasado y solo estaban en español. Son distintos a los originales -en inglés- apostillados con fechas 30 y 31 de diciembre. Incluso tenían las firmas de otras personas. La rúbrica del certificado no corresponde al original de Mark Stuart Ritson: el documento está suscrito por Toby Esser.
14 certificados de resplados de los reaseguros de firmas internacionales se expidieron antes y después del 14 de diciembre, cuando se registraron los documentos apostillados oficialmente, destaca la denuncia.
Pese a las irregularidades, que evidenciarían incluso el cometimiento de posibles delitos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea investigó el caso, por pedido de la asambleísta saliente del PSC, Mercedes Serrano. Según la legisladora, el acuerdo firmado con Sucre habría atentado contra las normas de la contratación pública, en perjuicio de Hispana y Latina. Sucre ha sido un contratista privilegiado, en perjuicio de otras empresas privadas en Petroecuador, según Serrano.
Una de ellas es que supuestamente Sucre aceptó pagar la póliza de un siniestro, cuando su acuerdo no estaba ni siquiera firmado. Adicionalmente, que se extendió un nuevo contrato con la aseguradora a pesar que debe a Petroecuador 33 millones de dólares, lo cual impediría cualquier adjudicación a su favor. Esto, no obstante, es desmentido por las autoridades de la estatal, quienes aseguran que la deuda de Sucre aún debe ser definida por un peritaje y orden judicial. Es decir que legalmente la empresa no es deudora.
Mientras corre el plazo de 90 días que la Sala Civil de Guayas otorgó para extender la contratación con Sucre, Petroecuador deberá iniciar un nuevo proceso para adjudicar los seguros, lo cual recaerá en funcionarios del nuevo gobierno.
A pocas horas de finalizar su gestión, la Comisión de Fiscalización del Legislativo calificó este miércoles 12 de mayo la solicitud del juicio político en contra del ministro de Energía, René Ortiz, por las supuestas irregularidades en la contratación de seguros en Petroecuador. La decisión es inviable, pues los asambleístas terminan este jueves su labor, y el ministro Ortiz dejará el cargo hasta el 24 de mayo próximo.
