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Este jueves se realizará la audiencia preparatoria de juicio contra el sueco Ola Bini, acusado de un supuesto acceso no consentido a sistemas informáticos del Gobierno. La Fiscalía pedirá que el informático sea llamado a juicio formalmente, con base a informes periciales de la policía y la CNT. Su defensa dice que no hay pruebas sólidas y que se trata de una persecución política, por su amistad con Julian Assange, fundador de WkiLeaks.

Redacción Código Vidrio

La jueza penal Yadira Proaño decidirá la suerte judicial del programador sueco Ola Bini, acusado de un supuesto “acceso no consentido a sistemas informáticos” del gobierno ecuatoriano.

La audiencia preparatoria de juicio está fijada para este 5 de marzo, en el juzgado del complejo judicial del norte

El caso contra Bini tiene un cordón umbilical: su relación con el fundador de WikiLeaks Julian Assange, a quien el gobierno ecuatoriano le retiró el asilo el 11 de abril pasado y lo entregó a la policía inglesa.

Assange cumple una condena de 50 semanas de cárcel por evadir su arresto en 2010, y paralelamente enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Las horas siguientes a la captura del australiano, en 2019, Bini fue detenido en el aeropuerto de Quito, mientras intentaba abordar un avión en el que viajaría a Japón.

La operación -según conoció Código Vidrio- fue coordinada entre autoridades de EE.UU. y Ecuador, que realizaban seguimientos de inteligencia a Bini, por su cercana relación con Assange y WikiLeaks, lo cual ha sido negado por sus abogados.

Los servicios de Inteligencia también investigan las conexiones del sueco, de 37 años, con el alemán Andrew Müller-Maguhn, brazo derecho de Assange, acusado de hackear y divulgar información sensible y clasificada, especialmente durante la campaña presidencial en EE.UU.

Entre junio y octubre de 2016, WikiLeaks publicó miles de correos del Partido Demócrata, filtrados por hackers que trabajan para agencias de Inteligencia de Rusia, según la investigación del fiscal especial Robert Muller.

Bini tiene medidas sustitutivas

Carlos Soria, abogado de Bini, confirmó que la audiencia se realizará este jueves. El informático, acusado de ser hacker por el gobierno, está procesado por el presunto delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos” del gobierno.

Estuvo detenido entre abril y el 20 de junio pasado, cuando recuperó su libertad, una vez que la Corte Provincial le concediera el recurso de Hábeas Corpus, estableciendo que su detención fue “ilegal y arbitraria”.

Desde ese día, la Corte le otorgó medidas sustitutivas, por lo cual debe presentarse todos los viernes en la Fiscalía, no puede salir del país y tiene bloqueadas sus cuentas.

Su defensa estima que al otorgársele la libertad a Bini se evidenció que lo actuado en su contra era nulo, pues nunca hubo pruebas del supuesto hackeo en los dispositivos que se le incautaron cuando fue apresado. “Mi defendido está secuestrado por el estado ecuatoriano”, dijo el abogado.

Soria comentó que en la audiencia de juicio probarán de forma contundente que el juicio carece de pruebas y que es una persecución política, por su amistad con Assange.

Desde 2013 a 2019, el programador visitó 15 veces a Assange, mientras estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres, según reportes de la Cancillería adjuntados al juicio.

Fiscalía ratificará su acusación 

Este portal conoció que el fiscal Fabián Chávez, quien dirige la investigación, pedirá que Bini sea llamado a juicio por acceso no consentido al sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Este delito está penado con tres a cinco años de cárcel.

La principal prueba de la Fiscalía contra Bini se basa en informes de la Policía Judicial y de la CNT, que analizaron una fotografía hallada en su celular. La foto encontrada por la Fiscalía evidenciaría que el programador intentó ingresar, sin autorización, en octubre de 2015 a la red de la CNT, que a su vez estaba interconectada con la empresa estatal Petroecuador y la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia.

“La red LAN, que consta en la fotografía, es una red local y no pública”, según el informe O&M-REDES IP, 2019-08-016, elaborado por Carlos Medina, responsable de la CNT.  “Al ser una red privada, implicaría que Ola Bini ingresó a la red y una vez que estuvo en la misma intentó infiltrarse al equipo de la CNT, conllevando la intromisión a la red y vulnerando las seguridades establecidas por al empresa pública”.

Luego de ingresar a la red de la empresa desde su computador, Bini fotografió la pantalla con su celular y envió la imagen, a través de WhtasAp, a Marco Arguello. En la foto aparece la dirección IP LAN 181.113.57.169, “que denota un usuario (/home/olabini) y la descripción de prevención de ingreso no autorizado al equipo de la CNT, que daba servicio a Petroecuador-Senain”, indica un informe del perito criminalístico de la Policía, William Castro.

Este video registra la última visita de Bini a Assange, en enero de 2019.
La conversación no se entiende porque Assange encendió un distorsionador. 

Los registros de la red captados en la foto -según ese reporte- indican que es local (privada) y no pública. Bini intentó inflitrarse al equipo de la CNT, vulnerando las seguridades de la empresa pública, según el informe.

A la denuncia en contra de Bini, también se sumó la acusación particular impulsada por la gerente de la CNT, Martha Moncayo, contra Bini y Arguello, por la supuesta vulneración de su sistema. Así busca una “reparación integral por el perjuicio causado”.

“La foto no prueba ningún delito”

Sin embargo, la defensa de Bini insiste en que la fotografía no prueba delito alguno. Y para sustentarlo pidió un peritaje autónomo, realizado por Galo Cárdenas, experto en informática.

El informe de la CNT no permite concluir si en el equipo se registró la creación de usuarios, señala el peritaje y añade: “El comando Telnet se lo podía ejecutar desde cualquier parte del mundo, ya que la dirección a la que apunta es una IP publicada al Internet. Sin embargo, la respuesta que el equipo debería dar es una conexión rechazada y no la pantalla que se visualiza en la fotografía”, indica el análisis técnico. “Entonces -agrega- cualquier persona podría ingresar a ese equipo”.

Soria recalca que Bini identificó que el sitio del Gobierno era vulnerable mientras navegaba en Internet, por lo cual envió la foto a Marco Arguello, con quien ha mantenido relaciones de trabajo, para que informara de la vulnerabilidad a esa compañía, con la cual tenía un contrato.

Arguello, otro de los implicados

Arguello también está implicado en este proceso por la Fiscalía. Mantiene relaciones con Bini a través de distintas empresas y actividades privadas, hace varios años.

Él vendió un servidor a Bini, que mantenían en la empresa Telconet, para almacenar información, con el pago mensual de 5.000 dólares. Arguello también ha negado dentro del proceso su participación en el supuesto intento por vulnerar los equipos de la empresa pública.

Arguello es integrante del Centro de Autonomía Digital (CAD). En 2018 uno de sus fundadores fue Bini, quien también ha sido Director técnico. Entre sus socios están Sara Zambrano, Leslie Jarrín, Marco Arguello y Clara Robayo, según documentos que constan en el proceso.

En 2013, Jarrín también fue representante legal de la empresa desarrolladora ToughtWorks-Ecuador, que abrió como subsidiaria de la sede en Chicago, donde antes trabajaba Bini.

El sueco llegó al país ese mismo año con una visa de trabajo junto a su esposa, de la que luego se separó, para apuntalar la subsidiaria y dar capacitación a programadores.

El CAD mantiene nexos contractuales con ToughtWorks-Ecuador y también con Soporte Libre, otra empresa fundada por Jarrín y Arguello.

RECTIFICACIÓN
Sara Zambrano, presidenta del Centro de Autonomía Digital (CAD), nos envió una carta rectificando dos datos de la nota titulada ‘La sombra de Assange persigue a Bini, que vuelve al banquillo de los acusados’. Esencialmente señala que Clara Robayo ya no forma parte del directorio del CAD, y que esta entidad nunca ha tenido relaciones contractuales con ToughtWorks-Ecuador ni con Soporte Libre.
Los datos publicados por este portal constan en el proceso que se sigue contra Ola Bini. Lamentamos, de todas formas, cualquier equivocación.

Para ver la carta, haga clic aquí

Código Vidrio accedió al audio de una conversación telefónica que mantuvieron María Sol Larrea, excoordinadora del IESS, y Jorge Zambrano, cabecilla de los Choneros, en agosto pasado, mientras ambos estaban detenidos en la cárcel de Latacunga. Del diálogo se desprenden revelaciones inquietantes. La principal es la relación estrecha, de extrema confianza y cercanía, de ambos. Todo indica que Larrea planificaba con Zambrano, también señalado como uno de los operadores del cartel de Sinaloa, la forma de intimidar a una guía penitenciaria y de impedir su traslado hacia otro pabellón. El abogado de Larrea dijo que no conocía la existencia de la grabación. Hoy será la audiencia preparatoria de juicio de Mario Carrillo, director de la cárcel, acusado de un supuesto abuso sexual.

Redacción Código Vidrio

“Mira, yo de la negra esa cabrona (guía penitenciaria) necesito solo el número de teléfono, nada más, y yo te digo toda la dirección todo, todo, todo…”.

Quien habla es María Sol Larrea, exfuncionaria poderosa del IESS durante el correísmo, apadrinada por Ramiro González cuando estaba al frente de la seguridad social. Detenida en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, entonces Larrea estaba cumpliendo penas por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Al otro lado de la línea, su interlocutor es Jorge Luis Zambrano, cabecilla de la banda de Los Choneros, quien fue sentenciado a 25 años por asesinato. Está preso desde 2011 por delitos de extorsión, secuestro y tráfico de armas.

Código Vidrio accedió al audio de una conversación telefónica que mantuvieron Larrea y Zambrano en agosto pasado, mientras ambos estaban detenidos en la cárcel de Latacunga. Al ser un centro de detención de máxima seguridad está sujeto a un monitoreo y vigilancia permanente de las autoridades.

[icon name=»volume-up» class=»» unprefixed_class=»»] Audio Las confidencias de María Sol Larrea con el cabecilla de los Choneros

Del diálogo se desprenden revelaciones inquietantes. La principal es la relación estrecha, de extrema confianza y cercanía, de Larrea con Zambrano y su pareja Xaira Meneses. Con el líder de Los Choneros, Larrea planificaba la forma de intimidar a una guía penitenciaria y de impedir su traslado hacia otro pabellón.

El uso de celulares no está permitido en ese ni en ningún centro de detención, pero muchos internos los usan para comunicarse entre sí y con el exterior.

La grabación, que revisamos y transcribimos, está íntegra, sin cortes ni ediciones. Fuentes del Gobierno confirmaron la veracidad del registro y destacaron que se trata de una evidencia contundente que debe investigar la Fiscalía, para confirmar la relación de poderosos funcionarios del correísmo con el crimen organizado y el narcotráfico.

También accedimos a dos videos, que muestran los breves encuentros de Larrea, Zambrano y Meneses, en el pabellón de mínima seguridad. Las filmaciones aportan otro dato: los contactos entre los tres se realizan ante la mirada de guías y policías del centro penitenciario.

Jorge Zambrano es señalado por Inteligencia como el jefe de Los Choneros y encargado de dar seguridad a las operaciones del cartel de Sinaloa en Ecuador. Tres meses antes de la conversación grabada, se desató una guerra entre dos bandas del narcotráfico en prisiones de Guayas, Cotopaxi y Azuay. Los Choneros y los Cubanos se disputaban el control del narcotráfico, dentro y fuera de las cárceles. Hubo motines, muertos y heridos.

Teodoro Coronel, abogado de Larrea, dijo que desconocía la existencia del audio y que su defendida no ha sido notificada con el inicio de investigación formal alguna por este tema. Comentó que, de todas formas, conversaría con su cliente para evaluar su posición, una vez que conozcan en detalle el contenido de la supuesta conversación con el cabecilla de Los Choneros.

Difundimos el audio y los videos porque pueden aportar para esclarecer los nexos de Larrea, personaje de alto nivel e influencia durante el correísmo y pieza clave del esquema de corrupción, con una de las cabezas del crimen en el país.

En la grabación queda claro que el líder de Los Choneros se precia de tener influencia sobre las autoridades penitenciarias; a él recurre Larrea, tras contarle que la quieren cambiar de celda y de pabellón. Y si el traslado se concretaría, dejaría de compartir la celda con Xaira Meneses, pareja de Zambrano.

Durante la conversación -interceptada por agentes- se advierte que Larrea planifica concretar un tema aún más delicado con Zambrano, pero como sospecha que el celular estaba interferido, le dice que buscará otro mecanismo de comunicación, más seguro, como una nota escrita a mano.

¿Cuál es el antecedente de la conversación telefónica? María Sol Larrea por esos días estaba detenida en la cárcel de Latacunga, cumpliendo su condena.

En sus años de opulencia y poder, la ex coordinadora general del IESS, apadrinada por Ramiro González, hoy prófugo en Perú, había aumentado sustancialmente su patrimonio, a partir de contratos millonarios con empresas en las que tenía vínculos familiares.

Para el 16 de agosto de 2019 -fecha de la conversación- Larrea había presentado una denuncia por supuesto abuso sexual contra el director de la cárcel de Latacunga, Mario Carrillo, hermano del actual Comandante de la Policía. El director asumió su cargo el 12 de agosto, es decir, pocos días antes de este diálogo.

A través de sus contactos, Larrea se enteró que sería movida de pabellón, y por lo tanto separada de la novia de Zambrano. Entonces le dijo a Zambrano que no dejaría de estar junto a Xai (Xaira) y que “de aquí me sacarán arrastrada”.

Lo curioso es que le pide a Rasquiña que averigüe si se concretará el cambio, denotando que él tenía contactos entre funcionarios penitenciarios. Él, además, le dice que es fácil simular una ubicación ficticia, aunque ella permanezca en el mismo pabellón.

LA AUDIENCIA DE LLAMADO A JUICIO DE CARRILLO

Entre tanto, este lunes, a las 8:30, se realizará en Latacunga la audiencia preparatoria de llamado a juicio en contra de Mario Carrillo, director de la cárcel de Latacunga.

Carrillo, un coronel retirado del Ejército, está procesado por un supuesto delito de abuso sexual, que se habría cometido en agosto pasado en la cárcel de Latacunga.

Contra Carrillo la Fiscalía formuló cargos e inició una instrucción fiscal, por la acusación particular de Larrea. El abuso sexual no implica violación, sino manoseo y contactos físicos no consentidos.

En la diligencia en la unidad judicial penal de Latacunga, el juez deberá decidir si llama a juicio al implicado o dicta su sobreseimiento. En septiembre, Larrea fue trasladada a la cárcel de Ambato, como una medida de protección, al ser considerada una supuesta víctima; es parte del sistema de testigos de la Fiscalía, según su abogado.

QUIÉN ES RASQUIÑA, CABECILLA DE LOS  CHONEROS

Lo conocen como ‘JL’ o ‘Rasquiña’. Jorge Luis Zambrano es un manabita nacido en 1981. Pese a que cumplirá 39 años a inicios de octubre, ya es considerado como el veterano líder del grupo Los Choneros.

Esta agrupación es descrita por la Policía como una organización delictiva vinculada con el narcotráfico. Según declaraciones del exministro del Interior, José Serrano, Zambrano habría sido un nexo con el cartel de Sinaloa; su trabajo habría consistido en dar seguridad a los cargamentos de droga. El grupo tomó su nombre de Chone, la ciudad manabita donde sembró violencia durante 10 años.

Zambrano cumple una condena por asesinato en Latacunga. En 2011 fue acusado por la muerte de Jairón Carreño y fue sentenciado a 25 años; en 2012 la justicia lo condenó por el asesinato de José Luis Arroyo, en la cárcel La Roca, en Guayaquil.

Tiene 34 expedientes delictivos. Entre ellos, la denuncia por haber orquestado el ingreso, al estilo cinematográfico, de una ambulancia que escondía drogas, alcohol y armas, a la Penitenciaría del Litoral. La operación Fantasma identificó a la red, en febrero de 2019, semanas después de ese hecho, y la víspera de que un juez emitiera la orden de excarcelación de Zambrano. Esto frustró su liberación, tras 8 años de cárcel. De la audiencia, fue trasladado directamente hacia la cárcel de Latacunga.

Su historial de detenciones tiene 11 registros, el primero data de julio de 2007, por tenencia de armas no autorizadas.

Ante las autoridades tributarias, mantiene un estatus de “persona natural” dedicada a la venta al por mayor y menor de productos de la pesca. Su RUC fue suspendido en 2009.

Según la Policía, “Los Choneros” y “Los Cubanos” libraron una batalla por el control de drogas tanto en las calles como al interior de varias cárceles (Latacunga, Guayas y Turi). A principios de mayo de 2019, la madre de un presunto integrante de “Los Cubanos” (Darwin Corozo) recibió una grabación de audio, según la cual su hijo iba a ser asesinado. Poco después, dos de los rivales de Corozo, considerados miembros de “Los Choneros”, lo mataron con 31 puñaladas, en Latacunga.

Para mediados de mayo, uniformados de las FF.AA. reforzaron las cárceles del país, en un intento por frenar la ola de violencia desatada al interior de los centros penitenciarios.

 LA TRANSCRIPCIÓN DEL DIÁLOGO 

JL (Jorge Zambrano): Hola mi amor.

Xaira (pareja de Zambrano): Hola mi amor, aquí con SOL.

JL: pensé que me había dejado de querer.

Xaira: No se me acabó el saldo, ahorita estoy hablado del de SOL escucha, mejor dicho, que SOL se acaba de enterar, espérate espérate.

Ma. Sol (María Sol Larrea): Qué tal mi vida.

JL: Cómo estas mi Solcita, cuéntame, qué pasó mi SOL.

Ma. Sol: Qué tal mi vida, como vas.

JL: Bien, aquí enterándome de la novedad de la Xai, ya le dije que ahoritita le mande a abordar para averiguar quién es esa guía que le ha dicho.

Ma. Sol: Le dijo una de las chicas de Juana, no pude hablar directamente con Juana porque estaba su madre, una de las chicas de Juana le dijo que las mismas guías pidieron que nos hagan la vida imposible, que nos saquen la madre.

JL: Escúchame, sabes lo que yo voy a ser, te soy sincero, la guía, esta negra Estupiñán, mal parida hija de puta, discúlpame la palabra, el tocayo le ha llamado y le ha dicho que por favor  ustedes están yendo para allá, ahora ha cogido y se le ha parado en el punto rojo, y que te pasa a ti, no me metas en tus huevadas, que tú tienes tu compromiso allá con esos. O sea dirigiéndose a mí, le digo: qué te pasa, tuvieron una discusión, o sea el tocayo está metido y me dice oye tocayo cógele a esa hijueputa y hazle por ahí, le digo es que obvia razón, a mí no me gusta que le cojan y le susurren por el oído a esta.

Ma. Sol: Que estoy segura que fue ella misma la que hizo eso porque ella mismo fue la que vino. Entró, nos dio la peor celda, o sea ella mismo.

JL: O sea te juro Sol que estamos nadando contra la corriente, que guías, que director, que coordinadora de dirección o sea, yo no sé qué.

Ma. Sol: Tarea de hijueputas, mira yo de la negra esa cabrona necesito solo el número de teléfono, nada más, y yo te digo toda la dirección, todo, todo, todo.

JL: Sí, porque yo ahoritita yo, el tocayo le está dando proceso, ya viene el domingo, yo el domingo porque estoy haciendo subir unos muchachos, porque quiero que le cojan y le diga: ‘oiga vea inspectora aquí es así, asado’, pero de una manera, el uno que haga el papel de bueno y el otro de malo, yo no sé, qué bestia, a mí me da una tristeza.

Ma. Sol: No hables mucho por este teléfono porque siempre es peligroso. ¿Qué te iba a decir? Ayer hubo una reunión con todos los administrativos, nos van a reubicar nos van poner mínima en mínima, mediana en mediana, máxima en máxima, ya esto se corrobora con lo que la pendeja esta enana de mujeres me dijo respecto a la Xai, que a mí me mandaba al “A” (pabellón de máxima seguridad) porque soy de mínima, pero que la Xai no porque es de mediana y tiene que esperar al lunes, y de lo que yo entiendo el lunes es la reubicación. No quieren, no se sabe porque aquí, esta pendeja de la vocera, no quiere decir, porque ya han distribuido los pabellones, a que pabellón vamos cada uno ya; Xai no puede quedar en mediana, se tiene que ir conmigo a mínima, porque a la larga ya tiene el 33% cumplido y ya tendría que haberse bajado a mínima. Yo necesito que junta de tratamiento, esto es más grande, yo necesito que junta de tratamiento considere eso y le mande a mínima a Xai.

JL: ¿Mínima, dónde es?

Ma. Sol: No sé dónde nos vayan a ubicar, parece que les van a ubicar en el “A”, todo lo que es mínima.

JL: Ya, mejor

Ma. Sol: Claro, entonces yo aquí ya hablé con dos personas que no le van a dejar, porque quieren mandarnos al “B”, y el “B” dicen que es lo peor que existe en pabellones, porque si nos mandan al “B” no nos vamos a ir, no nos vamos a mover, aquí hablé con dos personas y en el combo de esta señora estamos la Xai y yo, pero necesito que averigües eso a ver si es verdad o no, la intención va a ser separarnos.

JL: Sí, la reclasificación es muy difícil porque hay de diferentes, porque va a quedar un pabellón con más gente con menos gente y es muy difícil, es lo mismo que pasa acá, y es más, mira, yo tengo para estar en mínima, sin embargo por escrito paso mi papel a mínima pero físicamente me quedo en máxima que sí puedo, sí se puede.

Ma. Sol: Sí, yo sé, pero tú sabes que este viejo hijueputa va a estar muerto de las iras y comido mierda por el simple hecho que tiene una demanda penal pues.

JL: Es que de ahí tienes que agarrarte Sol, ante un Juez de Garantías y ante la Fiscalía de que tú quieres estar segura con la compañera en tal lado.

Ma. Sol: Eso mismo voy a hacer, peor tú sabes que primero te separan y luego cómo arreglas el tema, yo no voy a salir de la celda y no le voy a dejar de la celda a la Xai, a mí me tendrán que sacar arrastrada.

JL: Tienes que reclamar que te han puesto la peor celda.

Ma. Sol: Ya está hecho todo, ya están los escritos y desde antes, entonces no hay mayor inconveniente. Hay otra cosa que te quiero contar, pero necesito un medio súper seguro para contarte, entonces voy a ver si consigo como mandarte una cartita, me entiendes no,  porque es un tema delicado y no quiero hablar por este medio, tú sabes que de ley mi teléfono o cabina, de ley, está pinchado. Entonces voy a ver como me consigo un esfero y un papel para escribirte.

JL: ¿Y eso va con respecto a nosotros ustedes o qué mismo?

Ma. Sol: Sí, ya ahorita me consigo y ya te veo cómo te mando, ya te paso a Xai.

Xaira: Mi amor hola como ves nuestra situación.

JL: Yo no sé qué tienen esas mujeres en contra de ustedes.

Xaira: No sé, que somos creídas, que no nos creemos presas, es algo que no entiendo, trato de entenderlo, yo no me meto con nadie, no soy grosera y con el caso de Sol, de ella piensan que se robó toda la plata del IESS, no sé.

JL: Ni si quiera saben esas presas sobre el IESS.

Xaira: Las presas algunas, yo creo.

JL: No, las guías.

Xaira: Las guías sí saben, claro, te vamos a llamar de otra celda, sí que ella (María Sol) te va a contar, responde.

El dirigente saraguro es Director Nacional del Agua en la Defensoría del Pueblo. Antes  fue parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en abril del 2019 nombró al defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Macas jugó un papel importante en el paro de octubre: participó en la marcha contra el gobierno, exigiendo la derogatoria de eliminación del subsidio a los combustibles y fue un puente para acercar al Defensor con dirigentes y autoridades indígenas de la Sierra Centro. Carrión niega un posible conflicto de interés en la designación de Macas, dejando entrever que no hay un pago de favores.

Por Arturo Torres

El líder indígena Luis Macas mantiene un perfil discreto en la plantilla de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, durante las protestas de octubre tuvo un rol crucial en la estrategia de la Defensoría para acercarse a dirigentes y autoridades del sector. Fue un puente y facilitador de las reuniones con representantes de la Sierra Centro.

“El doctor Macas está trabajando en la Defensoría del Pueblo para fortalecer la Escuela de DD.HH. Estuvo en los recorridos que realizamos por varias provincias, en mesas de diálogo con autoridades locales”, confirma el defensor Freddy Carrión, quien está en medio de una polémica por el informe que elaboró la Defensoría, concluyendo que durante las protestas de octubre hubo 11 fallecidos.

El reporte fue cuestionado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por un aparente sesgo a favor del movimiento indígena que denuncia excesos y abuso de la fuerza, y por la metodología usada para identificar a los fallecidos.  Especialmente por incluir en la lista de víctimas a José Rodrigo Chaluisa, cuya identidad y muerte aún no han sido corroboradas oficialmente, según reportes periodísticos.

Durante el paro, el Defensor viajó a Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, en compañía de Macas y otros funcionarios de la institución como Edwin Piedra, también cercano a la Conaie y Pachakutik, hoy director de Servicios Públicos.

“Nos reunimos en Latacunga con Leonidas Iza, y los prefectos de Cotopaxi, Jorge Guamán y de Tungurahua, Manuel Caizabanda, tratando de alentar un diálogo pacífico con el gobierno, que los manifestantes ejerzan su derecho a la resistencia en paz”, explica Carrión, quien está en el cargo desde abril pasado.

Fue designado Defensor del Pueblo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, integrado por Julio César Trujillo (fallecido), Luis Macas, Luis Hernánez, Pablo Dávila, Xavier Zavala, Eduardo Mendoza y Miryam Félix.

Carrión fue el mejor puntuado en el concurso de oposición y méritos. Fue designado con cinco votos a favor, uno en contra de Trujillo, y una abstención de Mendoza.

Luego, Carrión ocupó sus primeras semanas en armar su equipo. Se enfocó en designar nuevos directores y adjuntos, pues buena parte del personal es de carrera. 418 funcionarios integran la Defensoría, que tiene un presupuesto anual de 11 millones de dólares.

Carrión recuerda que Macas se integró luego de cuatro meses, es decir entre agosto y septiembre pasados. Aunque el Defensor asegura que está dedicado a formar la Escuela de DD.HH., el dirigente saraguro también es Director Nacional del Agua, Saneamiento y Alcantarillado, según registros públicos de la entidad. Gana un sueldo mensual de USD 2.368.

Carrión niega un conflicto de intereses

Al preguntarle sobre un posible conflicto de interés por haber designado a Macas en la Defensoría del Pueblo, ya que él fue uno de los consejeros que lo nombró, Carrión responde:

“En lo absoluto, no hay conflicto. Lo distinto sería que el doctor Macas hubiera trabajado antes en la Defensoría siendo yo defensor, luego hubiera sido consejero de Participación Ciudadana, y yo hubiera optado por ese cargo. Ahí habría un conflicto de intereses”.

Carrión dice que conoció a Macas durante el concurso. “Él llegó a trabajar después de 3 ó 4 meses. No fue de forma inmediata. Buscábamos una persona que tuviera la cosmovisión indígena”.

¿Pero en qué medida el nombramiento de Macas le resta imparcialidad a usted como  Defensor para investigar los excesos de fuerza de la Policía y FF.AA. durante el paro, denunciados por la dirigencia de la Conaie y por la CIDH?
“Eso es completamente falso. Si usted quiere, nosotros somos un contrapoder. Al estado le estamos diciendo constantemente que el límite de su accionar son los DD.HH. de la población, que no puede excederse con la fuerza, pues hay responsabilidades. El hecho de que el doctor Macas esté en la Defensoría no puede ser interpretado como un sesgo en las investigaciones; no se puede poner en duda la capacidad y la integridad del señor Macas”.

Para Carrión el nombramieto de Macas es parte de un esquema inclusivo. Precisamente el martes pasado designó a una indígena de la Ecuarunari como delegada de la Defensoría en Chimborazo.  “La institución nacional de derechos humanos tiene que reflejar la diversidad étnica, y de los grupos excluidos del país, con cholos, negros, indios, mestizos, personas con discapacidad”.

Contactamos a Macas por vía telefónica. Escuetamente confirmó que trabajaba en la Defensoría “en un asunto bastante puntual que es el desarrollo de escuela en formación de derechos”.

Luego se negó a contestar otras preguntas, aduciendo que lo haría en una entrevista personal que podríamos cocretar los siguientes días. Insistimos varias veces desde inicios de enero pero Macas no respondió.

En octubre pasado, el dirigente participó activamente en las manifestaciones convocadas por la Conaie, semanas después de enrolarse en la Defensoría. Encabezó la marcha contra el gobierno que se realizó en Quito y llegó hasta el centro histórico, exigiendo la eliminación del decreto que quitó los subsidios a los combustibles.

En 1986, Macas creó junto a otros dirigentes la Conaie, que presidió varias oportunidades. Fue diputado y candidato a la Presidencia en 2006. Los siguientes años se mantuvo como dirigente histórico de la Conaie, junto a otras personalidades como Nica Pacari, Blanca Chancoso, entre otros.

Piedra, otro cercano a la Conaie

Otro funcionario de la Defensoría que ha sido cercano a la Conaie y a otros movimientos sociales es Edwin Piedra, director de Servicios Públicos. El 10 de octubre acudió junto al Defensor y otros funcionarios al Ágora de la Casa de la Cultura para interceder por la liberación de 10 policías y más de 20 periodistas retenidos.

En la tarde, Piedra acompañó junto a tres personas designadas por la dirigencia indígena al periodista de Teleamazonas Fredy Paredes cuando abandonó el Ágora. Mientras el reportero caminaba hacia la 6 de Diciembre, Piedra lo escoltó y protegió de violentos manifestantes, indígenas y mestizos, que le insultaban, le lanzaban objetos y querían golpearlo. Pese a que estaba a su lado, no pudo impedir que un manifestante le lanzara por la espalda una piedra que le abrió una herida la cabeza, por lo cual se desplomó inconsciente al piso.

Semanas después el funcionario también fue delegado por el Defensor para acompañar a la misión de la Comisión Interamericana de DD.HH, durante un recorrido por Cotopaxi para recoger testimonios sobre supuestos excesos de la fuerza pública.

En los 90, Piedra fue asesor financiero de la Conaie. Por esos años también fundó Amazonia Gas, la primera empresa indígena amazónica de propiedad de la Confeniae, que usaba el gas desechado por las petroleras. Entonces, gerenciaba la firma -hoy disuelta- el dirigente de la Conaie, Antonio Vargas, según contó Piedra en una entrevista para la radio Cotopaxi Noticias.

En 2000 fue el candidato del movimiento Pachakutik a la alcaldía de Latacunga, meses después del derrocamiento del entonces presidente Jamil Mahuad, en el que también participó junto al movimiento indígena.

“Las ideas libertarias de lucha social siempre han estado ahí, soy revolucionario de corazón”, dijo Piedra, al referirse a la época cuando fue parte del movimiento subversivo Alfaro Vive Carajo. “No tengo de que arrepentirme de mi pasado”.

La fiscal Jimena Moina, que investigó los presuntos delitos de asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado, en los que está involucrado Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, fue separada del caso. Desde el lunes la reemplaza Leonardo Alarcón.

La investigación de la fiscal, que tomó nueve meses, tiene cabos sueltos. No profundiza, por ejemplo, en evidencias documentales entregadas desde abril del año pasado por la Secretaría Anticorrupción, el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Lavado de Activos y la Unidad de Análisis Financiero, sobre el origen de los bienes adquiridos por Rivadeneira.

Moina tampoco encontró anomalías o posibles delitos en los nexos entre Jorge Alcívar, quien recibió 670.000 dólares por pagos de arriendos de la empresa Worley Parsons, y Rivadeneira, a quien empleó como administrador en el edificio Flamingo, en Atacames.

Los organismos de control detectaron vacíos y discrepancias que indican, con abundante documentación, supuestos delitos de evasión y lavado, que tampoco fueron recogidos en la acusación de la Fiscal en la audiencia de formulación de cargos, el viernes pasado.

Rivadeneira tuvo ingresos por 213 mil dólares, entre 2011 y 2019. Su empleador y socio, Alcívar, recibió 3,4 millones ese período; mientras el comerciante Mauro Flores percibió 8,6 millones. Hay discrepancias entre lo que tributaron, lo que declararon y el origen de lo que ganaron. Por eso las autoridades sospechan presuntos delitos de lavado y evasión fiscal. Pero esos presuntos ilícitos no se formalizaron, pues la fiscal los desestimó.  

Redacción Código Vidrio

El operativo Flamingo no alzó vuelo la noche del jueves 9 de enero cuando fueron arrestados Pedro Rivadeneira, padre de la legisladora Gabriela Rivadeneria, y su socio Mauro Flores.

Empezó nueve meses atrás, el 25 de abril del 2019. Ese día el entonces secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, y la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, presentaron una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen supuestos delitos de evasión tributaria y enriquecimiento privado injustificado, por hechos conectados con contratos en Petroecuador, la Refinería de Esmeraldas y la Refinería del Pacífico.

En el informe, de 18 páginas, se establecen conexiones contractuales, económicas y laborales entre la empresa de servicios petroleros Worley Parsons International (WPI), Jorge Alcívar Piña y Pedro Rivadeneira.

Entre 2012 y 2015 la firma australiana WPI recibió 227 millones de dólares en contratos, bajo un esquema de sobornos que está en investigación, y fueron firmados por los ex funcionarios del correísmo Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo, sentenciados por delitos contra la administración pública.

WPI fiscalizó y gerenció proyectos petroleros que alcanzaron los USD 4.000 millones, entre ellos la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas (2.200 millones), la construcción del Acueducto La Esperanza de la Refinería del Pacífico (obra que diseñó y fiscalizó), y la remediación de la planta de gas de Bajo Alto. Para ejecutar estos trabajos, WPI firmó contratos directos con Petroecuador por 400 millones. Simultáneamente, subcontrató al Grupo Azul, del estadounidense Bill Phillips, esposo de la entonces asesora de Rafael Correa, Mónica Hernández.

Mientras seguían la pista de los contratos, los investigadores se toparon con el nombre de Alcívar Peña, que recibió pagos de WPI por el arriendo de 14 departamentos en el complejo Flamingo Exclusive Apartment, en Atacames.

Alcívar, quien se encuentra en Estados Unidos desde mediados del año pasado, es un esmeraldeño de 48 años que alquila bienes inmuebles para comercio y vivienda. Sus familiares sostienen en redes sociales que es un ingeniero que emigró a EE.UU., donde prosperó financieramente y no tiene ninguna relación ilegal con este caso. Es más, aseguran que en julio presentó un escrito notificando el casillero de su defensa, para colaborar con la investigación.

Según informes del SRI, el IESS y la UAFE, a los que accedió Código Vidrio, Alcívar empezó a pagar el Impuesto a la Renta en el 2012, con 9.000 dólares; el siguiente año subió a 11.000, luego bajó su rubro y para el 2015 canceló más de 15.000 dólares. Los años siguientes no declaró un centavo para el pago de tributos.

Tiene 32 bienes, pero solo declaró dos

Sin embargo, sus cuentas no están claras y tienen muchas inconsistencias, según reportes de organismos de control. A su nombre tiene 32 propiedades, avaluadas en más de tres millones, en Guayas, Imbabura, Pichincha y Esmeraldas. Solo en Atacames posee 28 bienes, entre terrenos, casas y el edificio Flamingo. Únicamente dos de los bienes, valorados en un millón de dólares, aparecen en sus registros patrimoniales.

Hay más anomalías. Al cotejar sus declaraciones de Impuesto a la Renta con sus movimientos en el sistema financiero se detectaron inconsistencias entre ingresos y acreditaciones y depósitos a sus cuentas bancarias. Hay diferencias injustificadas por más de dos millones de dólares, según la UAFE y la Secretaría Anticorrupción.

En el edificio de departamentos y suites Flamingo su principal cliente fue la empresa petrolera WP. Entre 2012 y 2016 esa compañía le pagó a Alcívar 673.187 dólares. Los desembolsos se mantuvieron hasta el 2016 y estarían relacionados con el alquiler de departamentos para empleados de la compañía. En ese período, WP tuvo contratos millonarios con Petroecuador, bajo un esquema de coimas y contratos sobrevalorados, firmados sin concursos públicos.

Según registros de la Superintendencia de Compañías, Alcívar no tiene empresas a su nombre ni está registrado como administrador, de lo cual se determina que facturaba el alquiler de los departamentos con su RUC personal.

Entre 2008 y 2011, Alcívar tuvo ingresos en sus declaraciones de IR por solo 45.278 dólares. La UAFE destaca la importancia de este dato en vista de que en ese período construyó el edificio Flamingo. En sus cuentas bancarias tuvo ingresos por 440 mil dólares.»Desde 2012, su declaración de ingresos registra un aumento del 589%».

Entre 2014 y 2019, Alcívar hizo 24 viajes a EE.UU. En los registros de Migración tiene más de 54 salidas del país.

Pedro Rivadeneira, administrador de Flamingo

El administrador del complejo de departamentos Flamingo en Atacames es Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Riovadeneira, asilada en México desde la semana pasada. Él está acusado de supuesta asociación ilícita, junto con Mauro Flores, quien está detenido y adicionalmente se lo acusa de enriquecimiento privado injustificado.

Para Gabriela Rivadeneira, la detención de su padre es una vendetta política. Ella dejó el país pocas horas antes de su arresto. Ella sostuvo que la Fiscalía no pudo encontrar cuentas millonarias a su nombre ni su vinculación en delito alguno, aunque se investiga el movimiento injustificado de 5,8 millones.

Gabriel Rivera, abogado de Rivadeneira, dijo que fue detenido por acusación de asociación ilícita (más de 50.000 dólares), cuando el monto no reúne las condiciones para tal cosa. “Lo asocian con 5 millones de dólares, pese a que ese monto ni siquiera lo aceptó la Fiscalía en la formulación de cargos, pues pertenece al empresario implicado”, sostuvo.

Rivadeneira fue empleado de Alcívar desde 2017 hasta 2018. Ese año fue contratado con un sueldo mensual de USD 1.560. El año siguiente (2018) Alcívar le subió el salario a 4.800 dólares. Bajo la dependencia de Alcívar están siete personas más.

Un mes antes de ser contratado, Rivadeneira abrió una cuenta de ahorros con Alcívar (nro 2203643310), donde se registran depósitos por 40.000 dólares.

Entre 2011 y 2018, Rivadeneira declaró Impuesto a la Renta por 11.084, pero sus ingresos por depósitos y transferencias fueron de 213 mil. Posee tres propiedades, según informes municipales, en Cotacachi y Otavalo. Una hacienda de 25 hectáreas en Cotacachi fue avaluada en 742 mil dólares, pero la valoración bajó a 471 mil al año siguiente, el 2016. Ninguno de los bienes está incluido en su declaración patrimonial.

Código Vidrio pidió una entrevista a la fiscal Moina, el lunes 13 de enero, pero ella prefirió no pronunciarse. En la presentación de cargos, la agente sostuvo que se detectaron movimientos inusuales por 5,9 millones de dólares, mediante la adquisición de bienes inmuebles y de vehículos. Por eso, Rivadeneira y Flores son investigados por presunta asociación ilícita, una figura penal que podría abrir el paraguas para acusaciones por otros delitos, aunque es compleja de probar.

Diego Pozo, defensor de Flores, cuestionó durante la audiencia de formulación de cargos la imputación del Ministerio Público. Sus argumentos fueron que su cliente puede justificar los montos presentados por la fiscal Moina como injustificados, pues son producto de su actividad económica lícita.

Pedro Rivadeneira fue detenido el jueves 9 de enero, a las 22:10, junto a Mauro Flores en Imbabura. Según la investigación fiscal y de la Unidad de Lavado de la Policía, eran parte de una organización delictiva que realizó movimientos financieros inusuales e injustificados por aproximadamente 5, 9 millones de dólares.

Redacción Código Vidrio

Pedro Ignacio Rivadeneira Sandretti, padre de la asambleísta asilada en México, Gabriela Rivadeneira, fue detenido ayer jueves 9 de enero de 2020, en Imbabura, por policías de la Unidad de Lavado de Activos, adscrita a la Dirección Antinarcóticos.

En el operativo denominado «Flamingo», ejecutado a las 22:10, también fue capturado Mauro Flores Guerra. Según la investigación policial, ambos habrían liderado una organización delictiva implicada en presuntos delitos de asociación Ilícita, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria, que operaba en Imbabura, en los cantones de Otavalo y Cotacachi.

Horas antes de la detención de su progenitor, Gabriela Rivadeneira viajó a México, luego de que el gobierno ecuatoriano le concediera el salvoconducto para salir de la embajada mexicana. En esa sede estaba refugiada desde octubre de 2019, al igual que los legisladores Soledad Buendía y Carlos Viteri, con sus respectivas parejas, todos militantes del correísmo.

La investigación del caso fue dirigida por la Fiscalía General, conjuntamente con agentes de la Unidad de Lavado de Activos «ULA». Durante meses los investigadores realizaron el análisis documental de información proporcionada por diversos organismos de control.

Para concretar los supuestos ilícitos, la organización obtuvo importantes sumas de dinero, producto de la compra-venta de vehículos y la simulación de compra y venta de bienes inmuebles. Producto de estas operaciones realizaron movimientos financieros supuestamente inusuales e injustificados por aproximadamente 5,9 millones de dólares. Según indica un informe de la investigación en poder de Código Vidrio, incrementaron sustancialmente su patrimonio mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos para el giro del negocio de compra y venta.

Pedro Rivadeneira, según registros documentales, empezó su actividad económica en 2001 en Ibarra. En su página de Facebook aparece domiciliado en Otavalo. En sus redes sociales hace una profusa difusión de la actividad militante y política de su hija.

Precisamente uno de los proyectos inmobiliarios, que se levanta en Esmeraldas, que el padre de Rivadeneira promocionaba, coincide con el nombre del operativo policial “Flamingo”.

Hoy, a las 08:30, está prevista la formulación de cargos en Otavalo, a cargo del fiscal Gustavo Benítez, de Quito.

RESULTADOS DEL OPERATIVO

– 2 detenidos
– 4 allanamientos
– 1 vehículo aprehendido
– Incautación de USD 12.000
– 4 celulares
– Equipos Tecnológicos
– Documentos Financieros
– Documentos públicos y privados

Felipe Quispe Huanca es un líder aimara; avivó el levantamiento indígena que llevó a la caída del presidente Sánchez de Losada, en 2003, en Bolivia. Organizó visitas de indígenas a campamentos de las FARC desde Quito, antes de 2005. Los participantes en los campamentos llegaron como invitados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie, entonces presidida por Leonidas Iza Quinatoa. El relevo generacional de la familia en las organizaciones indígenas es Leonidas Iza Salazar, quien saltó al ojo público recientemente. Estuvo al frente de las protestas que, durante 11 días, en octubre de 2019, mantuvieron en vilo al Ecuador. Quispe Huanca es uno de los férreos opositores a Evo Morales, quien acaba de renunciar a la Presidencia.

Redacción Código Vidrio

El imperio de Evo Morales se desmoronó en Bolivia. Su maniobra para perpetuarse en el poder, después de ser el mandatario del grupo bolivariano con mayor permanencia en el cargo, encendió la mecha.

Una protesta de esa magnitud no se había visto en Bolivia desde octubre de 2003, cuando se produjo la Guerra del Gas, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, los militares dispararon contra las multitudes, para desbloquear vías, porque las ciudades empezaban a vivir desabastecimiento. Fue una masacre. Dejó más de 60 muertos, la mayoría, indígenas.

Pero esta vez, los militares anunciaron que no dispararán contra el pueblo. Ésa es una diferencia sustancial entre las protestas de 2003 y 2019, en ese país.

En los hechos de 2003 participaron líderes indígenas, como cabeza visible. En 2019, Evo Morales fue el que sufrió la embestida de distintos grupos bolivianos, incluidos los idígenas.

Solo semanas antes, en octubre, en Ecuador hubo 11 días de violencia por la eliminación del subsidio a los combustibles.

Son hechos distintos, en países y contextos diversos. Pero hay puntos en común. Más de un personaje cruza todas las historias.

Descontento

Las protestas de 2003 y 2019 en los dos países empezaron por el rechazo ante “paquetazos”, por la política gubernamental frente a combustibles fósiles.

En Bolivia, la Guerra del Gas ocurrió en octubre de 2003. El líder campesino Felipe Quispe Huanca (conocido como Mullku, cóndor en aimara) reivindicó el protagonismo. En 2013 publicó el libro “La caída de Goni. Diario de la Huelga de Hambre”. En él, revela cómo se organizó el plan y describe detalles de la emboscada al Ejército. Deja entrever que luchaban “Por una nación y por un Estado propio”.

¿Su estrategia? “Cortar los suministros de agua y electricidad, quemar a la ciudad por una parte, y por otra, asaltar el Palacio de Gobierno, los cuarteles, las casas de los ricos y matar a los q’aras ministros y otros de la zona sur…”.

En la Guerra del Gas hubo 60 fallecidos. El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, que planeaba la privatización del gas y su exportación a través de puertos chilenos, fue derrocado. En el momento más crítico, habría pedido una pistola para suicidarse. No lo hizo y partió al exilio hacia Estados Unidos. Aún no prospera el pedido de extradición para que regrese y enfrente a la justicia. En cambio, varios militares fueron procesados penalmente.

Evo Morales era diputado del Movimiento hacia el Socialismo (MAS), y cabeza de la oposición, por esos días. Debía recibir una condecoración de Muamar El Gadafi, en Libia. Al regreso de ese viaje, pasó por Ginebra y Caracas… Para muchos, el líder cocalero estuvo, convenientemente, viendo los toros de lejos, pero luego tomó ventaja. Al volver a Bolivia, militares le habrían pedido que, como líder opositor, capitalizara el golpe. Pero él habría replicado que no era “Ningún golpista”, negándose a asumir la Presidencia de su país.

A la postre, dos años más tarde, Evo cosechó el triunfo político. Ganó las presidenciales en 2005. Gracias a maniobras electorales, 14 años más tarde ganó en primera vuelta, pero no contaba con el rechazo del pueblo en las calles. Su vicepresidente, Álvaro García Linera, es ajeno al movimiento indígena. Informes de Inteligencia lo vinculan con el narcotráfico.

En su juventud, García Linera fue compañero de armas de Felipe Quispe Huanca, en el Ejército Tupac Katari. La organización estuvo activa entre 1986 y 1992, cuando fue desarticulada y sus miembros, apresados. Esto derivó en el distanciamiento entre Quispe y García Linera. El primero acusaba al segundo de haber delatado a sus excompañeros de armas, cuando estuvo en prisión.

Felipe Quispe es un declarado simpatizante de las FARC, de Colombia. Y ahí es donde entran en escena otros personajes de esta historia. Y la conexión con Ecuador.

El campamento FARC de los Aimaras desde Quito

En 2003 se realizó el Congreso de los Pueblos del Ecuador. Su objetivo era aglutinar a las fuerzas opositoras, contra las políticas “antinacionales” del gobierno de Lucio Gutiérrez, coronel que llegó al poder con la izquierda, y en alianza con los indígenas; pero luego se proclamó el mejor amigo de Estados Unidos.

Asistir a la cita internacional era la fachada para otro propósito: coordinar el viaje de Quispe y de cinco grupos de indígenas, al campamento de las FARC, para recibir capacitación. Entre los primeros bolivianos aimaras que viajaron a entrenarse en la guerrilla había menores de edad.
Quispe Huanca quedó deslumbrado por la experiencia en los campamentos de las FARC, relata el libro “El Juego del Camaleón”, del periodista Arturo Torres. El líder indígena le pidió a Raúl Reyes (el segundo al mando en esa guerrilla), que sus hijos pudieran permanecer tres meses en los campamentos, “porque así aprendían más”.

-“Comuníquele a Quispe que con gusto recibimos a los estudiantes en junio. Espero que me informe cuántos serían y el tiempo disponible para su estadía aquí”- le instruyó Reyes a la mujer que coordinaba toda la logística de las FARC en Ecuador, Nubia Calderón.

El campamento FARC se organizó desde Quito. Para facilitar los traslados y justificar el ingreso de los bolivianos al Ecuador, Nubia Calderón refirió que había buscado el apoyo de Leonidas Iza, quien por entonces era presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Según Calderón, pidió al dirigente que facilitara una carta de invitación a un seminario.

-“Conseguí que Leonidas Iza me diera la carta (…). Con él se logró que los reciban y les den alojamiento”- le contó Nubia a Reyes. La carta está en poder de Inteligencia de Colombia.
Los bolivianos llegaron por tierra. Tenían documentos que los acreditaban ciudadanos chilenos. Se hospedaron durante dos días en una fundación ubicada en el centro oriente de Quito, en el barrio El Dorado, cerca al parque Itchimbía.

Iza aseguró que no conoció a Calderón, y que no le dio carta alguna. Admitió ser amigo de Quispe. Reconoció haberlo invitado al Congreso de los Pueblos, pero negó haberse reunido con miembros de las FARC.

A los aimaras no les fue bien en los campamentos guerrilleros. “Dicen que ellos vinieron por corto tiempo y que sus jefes no les explicaron bien la dureza de estas labores. Esta gente no es de mucho trabajo”, llegó a quejarse Reyes, a Nubia Calderón, a través de correos electrónicos.

Contactos en Ecuador

Sin embargo, Quispe era valorado como un buen prospecto por las FARC. Según comunicaciones de Iván Márquez, del Secretariado, “Quispe, bien orientado por nosotros, puede ser una carta hacia el futuro”.

Las FARC tenían un plan de expansión hacia Bolivia y veían en el líder aimara la punta de lanza.

En Quito, Quispe se reunió en Quito con Juan Meriguet, justo un mes después de las protestas de 2003. Fotos –que aquí publicamos- así lo revelan.

Durante el correísmo, Meriguet ocupó altos cargos en la Secretaria de los Pueblos y Movimientos Sociales. Luego, despuntó en la Cancillería. De izquierda radical, Meriguet fue el delegado del Gobierno ecuatoriano durante el proceso de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y la segunda guerrilla más antigua de ese país, el Ejército de Liberación Nacional.
Meriguet aseguró que no era amigo de Quispe al investigador del libro citado. Sí dijo, en cambio, recordar que el boliviano llegó para el Congreso de los Pueblos. “Lo entrevistamos con otros periodistas en Altercom”. Esta organización noticiosa con tendencia de izquierda estaba dirigida por la esposa de Meriguet, María Augusta Calle. Periodista y militante de izquierda, Calle fue asambleísta constituyente y legisladora durante el correísmo.

Después del encuentro en Quito, Quispe viajó a Venezuela. Fue nombrado presidente honorario de la Coordinadora Continental Bolivariana, brazo político y diplomático de las FARC. La designación se produjo mientras participaba en el Primer Congreso Bolivariano de los Pueblos, con el apoyo del gobierno de Hugo Chávez.

Leonidas Iza dejó la presidencia de la Conaie. En febrero de 2004 sobrevivió a un atentado con armas, luego de regresar de un encuentro de pueblos en Cuba. A su familia y a él los dispararon cuando llegaba a la sede de la organización indígena, al norte de Quito.

15 años más tarde, quien hace noticia es un primo suyo. De idénticos nombre y apellido. Leonidas Iza Salazar, dirigente indígena de Cotopaxi, fue una de las figuras más visibles durante las jornadas de rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Él representa a la generación de relevo de los Iza. Con un discurso radical que reivindica la lucha del pueblo indígena y su sistemática marginación, acusa al gobierno de neoliberal y de entregarse a las políticas del Fondo Monetario Internacional, FMI. En 11 días de protesta hubo al menos 10 muertos. Según la dirigencia indígena, la represión fue desmedida.

El gobierno afirmó que había un plan golpista en marcha. Derogó el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles, mientras las organizaciones aseguraban mantenerse en pie de lucha.

En Bolivia, en cambio, Quispe radicalizó su oposición hacia Evo Morales, acusándolo de traicionar el proyecto indígena, luego de sacar provecho del levantamiento de 2003. El 10 de noviembre, Morales, renunció a la Presidencia.

Por Douglas Farah
IBI Consultants

Especial para Código Vidrio

Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia en 2005. Resultó, aunque no lo parecía en un inicio, el líder autoritario más duradero de la Revolución Bolivariana. Bolivia es el socio principal silencioso en el movimiento para consolidar la alianza regional de estados criminalizados, utilizando el crimen organizado transnacional como un instrumento de política estatal, mientras es el anfitrión de actores extraregionales como Rusia, Irán y China. En la región, uno de sus aliados es Rafael Correa.

Bolivia bajo fuego cruzado. Evo Morales, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), se postuló ilegalmente para su cuarto mandato presidencial. La manera cómo buscó asegurar la victoria en la primera vuelta encendió la mecha en el país de 11 millones de habitantes, sin salida al mar.

Sus presuntos vínculos con el narcotráfico y sus lujosos hábitos de gasto personal lo pusieron bajo el escrutinio público. Sin embargo, es el líder bolivariano más arraigado. Integra la empresa criminal masiva y multiestatal: la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, a la que llamaremos BJCE, por sus siglas en inglés. Éste es un consorcio de “estados criminalizados”, autoritarios, que defienden el socialismo del siglo XXI, liderados por Venezuela, asesorados por Cuba.

En los últimos 15 años, los miembros del BJCE (que operan en asociación con organizaciones criminales transnacionales adoptadas como instrumentos de poder estatal), saquearon la riqueza de la región y desmantelaron sistemáticamente las instituciones del Estado de derecho en los países que gobiernan.

A principios de la década del 2000, Hugo Chávez de Venezuela usó su enorme riqueza petrolera para financiar las elecciones de los líderes del BJCE en la región, incluidos Morales en Bolivia (2005); Daniel Ortega en Nicaragua (2006); Rafael Correa en Ecuador (2007); Mauricio Funes en El Salvador (2009); y Desi Bouterse, un narcotraficante condenado, en Surinam (2010). Además, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil recibieron fondos venezolanos y fueron aliados cercanos de Chávez.

El principal miembro no estatal del BJCE son las FARC de Colombia, insurgencia marxista fundada en 1964, que evolucionó hasta convertirse en el mayor cartel productor de cocaína en el mundo.

Los gobiernos del BJCE brindaron protección y santuario a las actividades de narcotráfico de las FARC a cambio de financiamiento, ofrecieron áreas seguras de operación de retaguardia.
Este trabajo busca evaluar los esfuerzos fraudulentos del Gobierno de Morales para lograr un cuarto mandato presidencial ilegal, dentro del contexto hemisférico más amplio, y lo que significa para el BJCE.

EL “MILAGRO” ECONÓMICO DE BOLIVIA

Una de las cosas que ha ayudado a mantener a Morales y al MAS fuera de la apretada agenda internacional es que, a diferencia de la mayoría de los líderes de BJCE, Morales tiene un historial de cierto éxito económico y reducción de la pobreza. Sin embargo, Bolivia permanece entre las naciones más pobres del hemisferio. El crecimiento económico se debe en parte a los precios históricamente altos de las materias primas (el valor de las exportaciones de materias primas aumentó de $ 2.2 mil millones al año en 2006 a $ 12.9 mil millones en 2014), la llegada de cientos de millones de ayuda petrolera venezolana y préstamos de China.

Bolivia ha promediado un crecimiento del 4,3 por ciento en la década de 2010-2017, según el Banco Mundial. El Banco Mundial también descubrió que la pobreza extrema ha caído del 12,6 por ciento al 5,8 por ciento durante el mismo período. Pero hay indicios de que el auge económico se está desacelerando a medida que la ayuda venezolana se ha evaporado y los megaproyectos de gasto con poca utilidad han absorbido los ingresos.

Otros signos de creciente debilidad económica son la disminución de las reservas internacionales, que bajaron de $ 15.1 mil millones en 2014 a $ 8.9 mil millones en 2018. También ha experimentado un aumento en la deuda pública bruta de alrededor del 38 por ciento del PIB al 52 por ciento del PIB, un nivel que generalmente provoca una recesión significativa.

Una de las características distintivas de las operaciones de lavado de dinero de BJCE es el desarrollo de megaproyectos económicamente irracionales, a menudo utilizados por el Estado para lavar dinero de drogas en la economía.

Los analistas en Bolivia han estimado que el Gobierno ha gastado unos $ 2 mil millones en los últimos cinco años en “proyectos fantasmas” que no tienen sentido económico y
generan pocos beneficios. Estos incluyen:

• El proyecto de tocador más visible de Morales, una residencia presidencial de rascacielos con fachada de vidrio de $ 34 millones y 29 pisos que se eleva sobre el centro de La Paz.
• El estadio de fútbol Hugo Chávez en la región productora de coca de Chimoré, en el medio de la selva del Chapare, a un costo de $ 2.7 millones. Si bien el estadio tiene una capacidad para 15,000 fanáticos, solo 4,000 personas viven en la ciudad.
• Una modernización y expansión del aeropuerto de $ 19.1 millones en la ciudad de Oruro con el nombre de Morales para cumplir con los estándares internacionales, denominado el “aeropuerto sin pasajeros” y uno con pocos signos de inversión significativa y pocos vuelos internacionales;
• Una terminal de autobuses que en papel costó $ 563,000, aunque la terminal se había construido para cuando se anunció el nuevo proyecto.

LA MAREA ROSADA Y EL CUADERNO BOLIVARIANO

Morales ha contado públicamente que en una reunión de principios de 2003 con Fidel Castro para discutir la toma de armas contra el gobierno de Bolivia, el líder cubano lo instó a no optar por una insurrección armada para alcanzar el poder. “No hagas lo que hice, no tengas un
levantamiento armado”, asegura Morales que le dijo Castro. “Dirige una revolución democrática, como la de Chávez, con una asamblea constitucional”.

El modelo de celebrar asambleas constitucionales para reescribir y “re-fundar” las repúblicas bolivarianas fue desarrollado por un pequeño grupo de abogados españoles como una forma de concentrar el poder en manos de los líderes revolucionarios y eludir las normas democráticas tradicionales de responsabilidad.

Primero con Chávez, luego con Morales y Rafael Correa en Ecuador, los juristas españoles escribieron las nuevas constituciones para las tres naciones.

Juntos, los líderes bolivarianos que se unieron a los líderes de BJCE fueron llamados la Marea Rosa por su compromiso con el socialismo del siglo XXI.

Si bien Morales es reconocido como un líder indígena, los ideólogos que lo rodean y que ejercen un poder real son parte de la clase política no indígena de alcurnia, a la que el presidente critica regularmente. El vicepresidente García Linera es un exmiembro del pequeño ejército marxista Tupac Katari-EGTK) que cumplió cinco años de prisión (1992-1997) por ataques armados a fines de los años ochenta y principios de los noventa. Puente hacia Chávez (y más tarde Maduro) en Venezuela, las estructuras de inteligencia cubanas y entre otros líderes y grupos de izquierda. García Linera ha sido acusado de participar en el tráfico de cocaína en múltiples ocasiones.

El ministro de Presidencia Juan Ramón Quintana era un oficial militar entrenado en los EE. UU.

que se había forjado una reputación. Hay abundantes informes de fuentes abiertas sobre los vínculos de García Linera y Quintana con el tráfico de cocaína. Ambos asesores fueron traídos al círculo íntimo de Morales, no por casualidad, sino por los cubanos y Chávez cuando Venezuela financió la campaña electoral de Morales.

LA CRIMINALIZACION ESTATAL

El cultivo de coca (la materia prima para hacer cocaína) aumentó de 25,500 hectáreas en 2011, con una capacidad de producción de cocaína de 195 toneladas, a 37,500 hectáreas y una capacidad de producción de cocaína de 275 toneladas en 2016, antes de caer en 2017.

Esta caída se debió en parte a disputas entre los sindicatos de cocaleros en las dos regiones de cultivo de coca de Bolivia, el área de las tierras altas de los Yungas y el sector de las tierras bajas del Chapare.

En la región de Yungas, se han cultivado cantidades relativamente pequeñas de coca durante siglos para uso cultural y medicinal. El cultivo de coca en el Chapare, donde Morales conserva el título de líder del sindicato de cocaleros, comenzó en la década de 1980. Produce mucho más
que los Yungas. Se destina a la producción de cocaína.

En 2011, el general René Sanabria, jefe de inteligencia cuidadosamente seleccionado por Morales de la policía antinarcóticos de Bolivia, fue arrestado en Panamá mientras traficaba 144 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Se declaró culpable y fue sentenciado a 15 años de prisión.

Además, a través de informes policiales bolivianos obtenidos por el autor, el gobierno de Morales estaba protegiendo al hijo del líder de la Federación Mexicana de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Santa Cruz, Bolivia, incluido el encubrimiento del accidente aéreo que sufrió Alfredo Guzmán.

García Linera y el entonces ministro del Interior, Sacha Llorenti, participaban en la red de narcotráfico dirigida por el zar de la droga, general Sanabria.

QUÉ VIENE CON MORALES

Si bien Morales y el MAS no han administrado mal la economía, han creado un Estado que prospera enredado con estructuras criminales transnacionales organizadas al más alto nivel y como parte integral de una empresa criminal conjunta dirigida por líderes autoritarios represivos en toda América Latina. Su apoyo internacional proviene de líderes extrarregionales con ideas afines en Rusia, China, Turquía, Irán, Siria y otros lugares afines.

Un cuarto mandato de Morales también permitirá que la producción de coca y el tráfico de cocaína continúen sin cesar y en gran escala en Bolivia. El tráfico de cocaína patrocinado por el Gobierno de Morales en algunos casos, y tolerado en otros, ya tuvo un efecto desestabilizador en vecinos como Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. La reelección de Morales consolidará y expandirá la actividad criminal patrocinada por el Estado, mientras fomenta activamente aliados antidemocráticos en la región.

El gobierno de Lenin Moreno está atado a los contratos firmados con China para construir el ECU-911 y el manejo de su tecnología, a pesar de que los equipos no brindan garantías de seguridad y son fácilmente vulnerados. Esto dificulta la migración tecnológica que asegure la información sensible del país y se continúa otorgando esta información a China. Esto, en el ámbito de la inteligencia, vulnera la soberanía del país, según un análisis de Horus Strategic, especializada en inteligencia prospectiva.

Escenario 1

ECUADOR tiene poca capacidad de acción frente a dependencia china

La situación económica del país y la falta de recursos para cubrir gastos operativos del Sistema Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911, hacen que se reduzca su eficiencia y operatividad, que no se innoven los equipos y que vaya decayendo la calidad del servicio.
La disposición del gobierno anterior para adquirir tecnología China, dados los compromisos adquiridos, así como la austeridad propuesta por el gobierno actual, que se traduce en una reducción del presupuesto del ECU 911, limita la capacidad de gestión ejecutiva.
Así, esta administración de Lenin Moreno está atada a los contratos anteriores, a pesar de que los equipos no brindan garantías de seguridad y son fácilmente vulnerados, tal como lo han comprobado gobiernos de otros países, donde ya se ha prohibido el uso de tecnología china.
Por lo tanto, se dificulta la migración tecnológica que asegure la información sensible del país y se continúa otorgando esta información a China. Esto, en el ámbito de la inteligencia, vulnera la soberanía del Ecuador y, en el ámbito financiero y comercial, pone al país en desventaja al momento de negociar. De esta manera, y sin saberlo, Ecuador está contribuyendo al futuro control mundial que podría ser parte de la estrategia oculta en el Plan “Made in China 2025”.

Escenario 2

Uso indebido de sistemas alternos

El gobierno anterior, con el fin de controlar y perseguir a sus opositores, al parecer generó sistemas alternos de vigilancia a través de algunas instituciones gubernamentales, que nunca estuvieron integrados al ECU 911.
Los cambios en la gestión pública, la alta rotación de personal, con una fuga de conocimiento, la falta de control del uso de estos equipos, y la ausencia de inventarios y localización de los mismos, promueven la continuidad de la utilización inadecuada de estos sistemas de vigilancia.
El espionaje continúa, se siguen aprovechando estos recursos, por medios clandestinos, con fines políticos para beneficio del propio gobierno; del anterior para desestabilizar al actual; e, incluso, para beneficio particular de ex colaboradores.
Todo esto, sumado a la ausencia de una política de ciberseguridad y la falta de una entidad con competencia de riesgos cibernéticos, llevan a pensar que China es un aliado en el uso clandestino de la tecnología, beneficiándose con la obtención de información privilegiada.

Escenario 3

El fortalecimiento de la corresponsabilidad
de seguridad ciudadana con los GADS

El nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con un enfoque estratégico de política de seguridad preventiva, así como la política de reducción de gastos por la limitación de recursos económicos, hacen que los GAD asuman la competencia de la seguridad ciudadana y recuperen la capacidad de gestionarla en su territorio.
Las grandes ciudades del país, con alianzas público privadas, generan sus propios sistemas de vigilancia; a nivel local, en estas ciudades se muestra una mayor eficiencia en la capacidad de respuesta a demandas ciudadanas y los índices de inseguridad bajan, mientras que a nivel nacional se debilita el sistema y se desarticulan las acciones de los organismos que lo integran.
Así se elimina el uso del sistema de vigilancia con fines de persecución política y el control de masas, se diversifican los proveedores de tecnología y se reduce la dependencia con China.