Video inédito destapa manejos ocultos de Glas

El 5 de febrero de 2014 el entonces vicepresidente Jorge Glas mantuvo una reunión con José Luis Cortazar, entonces director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, en la Vicepresidencia de la República. Código Vidrio accedió al video de esa cita. La grabación es inédita y reveladora, pues destapa por primera vez, en palabras de sus principales protagonistas, las prácticas políticas turbias, ocultas, de ese gobierno en el área energética, en medio de las elecciones seccionales que marcaron su declive y pérdida de apoyo electoral. 

Producción Código Vidrio

Febrero del 2014 marcó un revés histórico para el proyecto político del entonces presidente Rafael Correa y Alianza País. Ese mes, Correa y su movimiento sufrieron su primera derrota electoral, tras siete años en el poder, luego de ganar nueve elecciones consecutivas.


En las elecciones seccionales que se realizaron el 23 de febrero del 2014 el correísmo perdió las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, y la mayoría de capitales de provincia. Esa aparatosa derrota fue el inicio del declive acelerado de Correa y su movimiento, que perdían aceleradamamente popularidad y apoyo ciudadano, debido a que la bonanza económica que su gobierno tuvo por varios años, gracias a los altos precios del petróleo, había terminado.

Correa y sus colaboradores sabían perfectamente que estaban quedándose sin apoyo y que su capital político se les esfumaba, en medio de denuncias de abusos de poder, persecución a opositores, líderes sindicales, indígenas, organizaciones sociales, medios y periodistas.

Estaban desesperados. Incluso Correa entró de lleno en la campaña para hacer proselitismo por sus candidatos. Pero su participación fue mortífera para sus aspiraciones y generó más rechazo entre los votantes que decidiero apoyar a los candidatos de la oposición.

Para hacer proselitismo, Correa pidió tres veces licencia a la Asamblea y fue reemplazado por su vicepresidente Jorge Glas. En medio de esas circunstancias, el 5 de febrero Glas mantuvo una reunión con José Luis Cortazar, entonces director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), en la Vicepresidencia de la República.

Código Vidrio accedió al video de esa reunión. La grabación es inédita y reveladora, pues destapa por primera vez, en palabras de uno de sus principales protagonistas, las prácticas políticas turbias, ocultas, de ese gobierno en el área energética.

Conscientes de que estaban perdiendo respaldo en la Amazonia Correa y Glas no dudaron en ordenarle a Cortazar que subiera ilegalmente los cupos de venta de combustibles en las provincias fronterizas y eliminara las restricciones a la comercialización de explosivos para los mineros. Eso es lo que se evidencia en esta primera parte de nuestra entrega de esa reunión.

Pedimos la versión de Cortázar, por su papel de autoridad de control, a su número celular y a su correo electrónico, pero no repondió a nuestras solicitudes de entrevista.

MAÑANA: Glas le exige a Cortázar que no pida informes a las petroleras privadas a cargo de los Consorcios Shushufindi y Pardaservices, y que no deje nada por escrito, pues años después con eso podrían apresar al Presidente. 

“Enfrentamos franquicias criminales y sus jugadores invisibles”

Por Arturo Torres R.

ENTREVISTA. El excomandante del Ejército, Luis Altamirano, hace una disección transversal de las políticas de seguridad y defensa que se han aplicado los últimos años y han sido poco eficaces para frenar la vertiginosa escalada del crimen organizado en el país. Cree que el concepto de la seguridad integral debe ser redefinido con una verdadera inclusión sistémica de todos los sectores responsables, incluida la sociedad civil. Destaca la importancia de una reforma profunda en Fuerzas Armadas, que debe redefinir sus paradigmas, esquemas operativos y administrativos, así como procesos de control internos (pruebas de confianza) para frenar la corrupción, y una racionalización de sus recursos. “Esta será una batalla permanente”, advierte Altamirano, hoy retirado de las funciones castrenses, en su cuartel de invierno, una oficina en el centro norte de Quito. Al costado izquierdo de su escritorio destaca un hermoso mueble de ajedrez, con finas y coloridas piezas talladas, que adquirió en la India, donde siguió una maestría de estudios estratégicos. Altamirano cuenta que cuando tenía cinco años aprendió a jugar ajedrez. Este deporte ciencia fue inventado en la India por un brahmán, consejero del Rey Ladava. En el siglo V (DC) el monarca perdió en una batalla a su hijo Ajamir, quien se había inmolado para que su ejército alcanzara la victoria. Para sacarlo de su amargura, el brahmán le obsequió al Rey su primer tablero y le enseñó el juego. En una de las partidas vio como la posición de las piezas representaba fielmente la batalla en que falleció su hijo. Así se percató de que en esa situación solo lograría el triunfo sacrificando a uno de los alfiles. El exjefe del Ejército estima que en las condiciones que enfrenta hoy el país no se puede aplicar una estrategia de ajedrez, donde las piezas están a la vista y los jugadores se ven cara a cara. “Este, más bien, es un juego de cartas. El Estado está en desventaja porque enfrenta jugadores mafiosos, invisibles, con ases bajo la manga”.

¿Cómo entender las nuevas amenazas y eventos delictivos sistemáticos, en el contexto del aumento del narcotráfico y el crimen organizado, con niveles sin precedentes de inseguridad?
Inciden fundamentalmente sobre la población, las instituciones y los valores ciudadanos, mediante procesos de generación de violencia cultural, estructural y directa. Destacan los fenómenos transnacionales con expresión local, así el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, generan interconexiones de todo orden, lo que les posibilita concebir franquicias criminales y terroristas. Por esa  razón, difícilmente pueden ser neutralizadas utilizando las capacidades tradicionales de una fuerza militar; aún aquellas que podrían aparecer como circunscritas exclusivamente a las fronteras. Se requiere un esfuerzo del Estado y de todas las instancias de la sociedad, así como la cooperación internacional; sin esta última toda acción será incompleta.

¿Se puede ganar esta batalla contra el crimen organizado y la delincuencia imperante bajo las mismas estrategias y políticas de seguridad?
El país demanda soluciones versátiles y dinámicas, que procuren atender las necesidades de seguridad y desarrollo; entendiendo este par, no solo desde la doctrina tradicional, muy enraizada durante el período de la guerra fría, en donde las nociones de soberanía, territorialidad y poderío militar primaban en la conceptualización de la seguridad. Las condiciones estructurales, como la pobreza y la ausencia de oportunidades, contribuyen al incremento de la criminalidad común y la incorporación de estas personas a bandas y organizaciones criminales. Mientras existan estos factores, siempre será un reto mayor la gestión de la seguridad; sin embargo, un elemento clave debe ser la cooperación internacional, en especial con los países vecinos, en donde se concentra la mayor producción de droga; y con los países destinatarios de la misma, especialmente EE.UU. Estos mecanismos a la vez se convierten en una oportunidad para fortalecer la integración regional e internacional, más allá de los vaivenes y banderas políticas de turno; es necesaria una verdadera cruzada.

¿Cuáles son las posibles soluciones?
Tomemos en consideración que conforme datos oficiales el 80% de los homicidios están relacionados con la confrontación de grupos criminales por la lucha de rutas y territorios, tanto en el tráfico local como en el de gran escala. Este no es un problema cuya solución se alcanza con el exclusivo esfuerzo en el ámbito doméstico o nacional. Se requiere mantener diagnósticos y fortalecer a las instituciones responsables de la seguridad, no solo con equipos, sino mediante soluciones innovadoras y creativas, que no necesariamente conlleva al aumento desmedido de efectivos o pie de fuerza, cuya factura y costos los veremos en un futuro inmediato. Deben conjugarse soluciones tecnológicas, legales, doctrinarias, etc. El concepto de la seguridad integral debe ser redefinido. Debe incluir los derechos humanos y la rehabilitación social, y una verdadera integración sistémica de todos los responsables. Esta será una batalla permanente, lo importante es que el Estado tenga la capacidad de controlar, reducir las expresiones de violencia y evitar un desborde de esta amenaza, con la participación de todas las funciones. Es necesario confrontar la corrupción y la impunidad, y para ello se requiere el esfuerzo de todos, en donde la prensa juega y ha jugado una tarea importante.


El general (sp) Luis Altamirano fue Comandante el Ejército, en el anterior Gobierno. Cumplió su carrera militar en varias unidades operativas. Ha desarrollado proyectos tecnológicos en el área de sistemas militares. Ha sido docente universitario y conferencista en foros académicos.


¿Cómo debe actuar el Estado a nivel de sus instituciones de seguridad para volverlas más eficaces, blindarlas frente a la corrupción?
Se requiere un esfuerzo interagencial, así como la generación de nuevas instituciones, aumentando la posibilidad de detección de la penetración criminal. Norberto Bobbio en su obra “El Futuro de la Democracia” coloca una duda que es extrapolable a cualquier instancia estatal: ¿quién controla a los controladores? La respuesta no solo radica en los controles internos, los cuales ha reforzado la Policía, sino en evitar asignar a una sola institución múltiples funciones. Esto permite la especialización y la existencia de contrapesos. Sin embargo, eso no garantiza que la corrupción o el crimen no permeen las instituciones del Estado -especialmente las responsables de la seguridad-, pero brinda mayores oportunidades de prevención y detección temprana. Hace varios años la emisión de la licencia de conducción, la matriculación vehicular y el control de tránsito recaían en una sola institución, esto hacía casi imposible que se desvelarán los mecanismos ilegales que giraban en torno a esta problemática que fue endémica. Hoy vemos como la ANT, la Fiscalía y la Policía, han puesto en evidencia una gran red de corrupción. Lo propio debe ocurrir en cuanto al control migratorio, la inteligencia estratégica, vigilancia aduanera, la vigilancia penitenciaria, la protección del medio ambiente, etc. Cada una requiere de un marco legal y un adecuado plan de carrera.

 ¿Cuáles son las prioridades que debe enfrentar el gobierno en la redefinición del actual clima de inseguridad?
Las prioridades del gobierno son salud, educación y seguridad, y todas merecen estar en primer orden. Es sustancial adecuar y reformular los planes vigentes, sobre todo rediseñar las políticas públicas, articuladas con un horizonte de futuro. En el ámbito de la seguridad es necesario realizar un giro de 180 grados, pues la aplicación de “más de lo mismo” no cambiará la situación actual. Lo que la ciudadanía vive hoy no nació en este período de gobierno, pero es obvio que la visión de seguridad y defensa del gobierno anterior presentó serias deficiencias.

¿Qué se debe hacer concretamente?
Es necesario desarrollar estrategias convergentes, pues la construcción del Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030 se hizo bajo un concepto de “planificación inversa”, lo que ha generado vacíos y la falta de unidad de esfuerzo por parte de todas las instituciones relacionadas directamente o aquellas transversales a la seguridad; sus resultados son evidentes. La creación del Gabinete de Seguridad, como órgano ad-hoc, en sustitución del Ministerio de Coordinación de Seguridad fue un error grave. Se precisa de un organismo que ejerza una rectoría permanente, y que establezca y supervise los mecanismos para el desarrollo y el empleo de capacidades del sector seguridad.

 ¿Cómo cambiar el “más de lo mismo”, al que usted se refiere, con otra visión para tener resultados eficaces a mediano y largo plazos?
Es fundamental generar un verdadero debate, en el que se involucre a la sociedad civil, con la participación fundamental de la academia y el sector privado. Se requiere decisión presidencial, el sector seguridad debe ser rediseñado, mientras se va atendiendo los embates de una coyuntura que ha sido el resultado de continuar postergando decisiones o incluso del resultado de decisiones que debilitaron la institucionalidad de la seguridad. No se puede endilgar toda la responsabilidad al gobierno central. Lo que es evidente es que hay una acumulación de desaciertos en el tiempo. La participación articulada de todas las funciones del estado y sus instancias, son claves en el desarrollo de cualquier estrategia y la implementación de políticas.

¿En cuanto a la inteligencia, son suficientes las actuales capacidades de la Policía y FFAA?
Es preciso fortalecer el sistema nacional de inteligencia, no solo en sus recursos. Cómo es posible que no exista un plan de carrera para los servidores de la inteligencia nacional en el CIES. La rotación de personal es impresionante, tenemos analistas que duran 6 meses en funciones. Así es imposible esperar que se perfeccionen y acumulen experiencia. Por otro lado, hay que tomar en cuenta las especificidades de la Policía y FF.AA. El CIES es un órgano articulador en el nivel estratégico, pero se debe desarrollar de manera complementaria a los subsistemas policial y militar.  A esto debe sumarse la creación de 2 o 3 centros de fusión de información, con personal permanente de varias agencias, incluyendo Policía, FF.AA. Senae, Arcom, ARCH, Arcotel, UAFE…, que permitan mejorar el trabajo coordinado y el flujo de información oportuna, con un elevado control interno de sus integrantes mediante pruebas de confianza. Tuve la oportunidad de conocer uno de estos centros en EE.UU., en el Paso Texas, en donde confluían y se articulaban 16 agencias de seguridad.


“El CIES debe tener una capacidad de inteligencia autónoma, con un adecuado control político para evitar desvíos. No debemos tener miedo a las malas experiencias del pasado”.


En el caso de las FF.AA., con base en su experiencia como excomandante del Ejército, ¿qué reformas se requiere hacer?
Es preciso repensar los denominados procesos de transformación militar, deben desecharse los paradigmas dominantes o tradicionales, para cambiar radicalmente la forma del cumplimiento de las misiones impuestas mediante la implementación de nuevos conceptos doctrinarios, estructuras, organizaciones y capacidades. En 2020 se lanzó en el Ejército la doctrina Equinoccio, a los 20 años desde la última revisión en esta área. Para eso se contó con el aporte de países amigos. Por ello la transformación, a cambio de los simples procesos de adaptación o modernización, como señala García Covarrubia, requieren el soporte de la política, pues permitirán una transformación profunda en la organización, forma de empleo, gestión administrativa, y cultura de la organización, procurando preservar la naturaleza de la institución militar. Sus efectos no son inmediatos, pero con seguridad definirán los resultados del mañana.

 ¿Cuáles otras iniciativas permitirían una profunda reforma en FFAA?
Es preciso trabajar en una adaptación estratégica y operativa, estos aspectos conllevan reformas normativas, desarrollo de capacidades multipropósito y cambio en las estructuras. Por ejemplo, se debe fortalecer a las unidades terrestres y de infantería de marina de la frontera norte y sur, pasando de organizaciones terciarias a cuaternarias. Esto conllevaría a disponer de 16 elementos o equipos de combate en vez de los 9 actuales. También debe articularse a un sistema de rotación o descanso por subunidades y no por personas; este aspecto lo palpé durante mis estudios en Asia, con muy buenos resultados. Se debe dotar a estas unidades con vehículos 4 x 4, con blindaje de nivel 4, con la incorporación de armas remotas, incorporación de drones y sistemas de comunicación seguros. Es necesario crear estructuras conjuntas de carácter permanente, en las provincias de Esmeraldas y Manabí.

 

¿Y qué hacer con la racionalización del personal en función de los nuevos escenarios y amenazas, porque esa estructura esta desfasada, fue diseñada para tiempos de guerras convencionales?
Así es, se requieren reformas al sistema educativo militar, lo que permitirá una mayor disponibilidad numérica del pie de fuerza, para lo cual se deben fortalecer los mecanismos de capacitación en el trabajo, la educación virtual -en donde sea posible- y el uso de equipos móviles de adiestramiento, tal como lo mantiene, por ejemplo, el Ejército de Colombia. Es necesario fortalecer el cuerpo de guardacostas con unidades oceánicas, lo que posibilitará operar en alta mar con mayor autonomía, complementado con el uso de drones o helicópteros. Se debe fortalecer el sistema de alerta temprana de la Fuerza Aérea, así como redefinir el tamaño del cuerpo de infantería aérea y creativas formas del empleo de esta capacidad.

Cuando se habla de racionalización y eficiencia ¿qué alternativas se pueden explorar?
Existen muchas. Solo para ejemplificar, es necesario centralizar en la Fuerza Aérea la capacidad de ala fija, esto es de aviones, para lograr los efectos de una economía de escala, al disminuir los costos de formación de pilotos y mecánicos; y de mantenimiento, al concentrar recursos materiales, humanos y de manejo de inventarios. Esto aumentará la disponibilidad de más aeronaves. La operación y mantenimiento de una plataforma aérea es igual para naves de reconocimiento, transporte y exploración, así vuelen sobre la tierra o el mar. Actualmente se dispone de aviones de condiciones y servicios similares en las tres ramas de las FF.AA, lo que aumenta los costos de operación, especialmente si consideramos que los de mayor capacidad y uso provienen del mismo fabricante. En Brasil los aviones empleados en la exploración aeronaval son de la Fuerza Aérea; sin embargo, la operación de los equipos de exploración es responsabilidad de la marina. Algunos países han buscado este tipo de alternativas para ser más eficientes.

¿Entonces, nuevamente racionalizar los recursos es vital, no solo para gastar menos sino para ser más eficaces?
Si no anteponemos racionalidad, la demanda del trasporte aéreo de otras instituciones conllevará a que se adquieran aeronaves de trasporte pesado incluso para la Policía, lo que no sería adecuado en un país de las dimensiones territoriales como Ecuador. En cuanto a las aeronaves de ala rotativa o helicópteros se requiere centralizar su capacidad en el Ejército, ya que facilitaría igualmente la operación, mantenimiento y disponibilidad de aeronaves de este tipo. Estas dos iniciativas deben llevar cuidadosos procesos de transición, sus efectos se verán en el mediano plazo, y los beneficios mayores solo se apreciarán en el futuro. Cabe puntualizar una salvaguardia, ya que los helicópteros navales deben ser exclusivos de la aviación naval, ya que el concepto que debe primar es su operación desde o hacia una plataforma naval.

¿Qué cambios se requieren en el campo administrativo y en el gasto de defensa?
Existen varios aspectos administrativos que deben ser reformulados, como la necesidad de la centralización del sistema de compras para la defensa y la actualización de la legislación actual en esta área, pues la normativa vigente no favorece una ejecución presupuestaria ágil y oportuna. Esta iniciativa la presenté en 2019 cuando fui comandante del Ejército. En cuanto a la ejecución de gastos generales corrientes, no es lógico que se mantenga la adquisición de uniformes, municiones de calibre menor o vehículos administrativos por separado, en procesos diferentes en cada Fuerza; estas prácticas no permiten optimizar las condiciones de negociación.


“Es indispensable redefinir los procesos de adquisición para la seguridad y la defensa. La Fuerza Terrestre, Naval y Aérea, como instituciones, deben  ser responsables exclusivamente de la edificación de capacidades, junto con la preparación y administración del talento humano; esta es la tendencia mundial”.


En este sentido, ¿cómo ve usted la actual estructura del Comando Conjunto?
Con los años, el Comando Conjunto se ha convertido en un organismo pesado y altamente burocrático, pues ha asumido una multiplicidad de procesos administrativos y de rectoría que no le corresponden; su función debe centrarse en la planificación y conducción estratégica de las operaciones. Esto evidencia la ausencia de un control político adecuado, como parte del fortalecimiento de la relación civil-militar que debe imperar en toda fuerza armada moderna. Hay un camino a recorrer, y en gran medida hubo un retroceso por todos los ataques que sufrieron las FF.AA. desde hace dos gobiernos.

¿Cómo se puede mejorar la eficiencia del personal administrativo?
La racionalización, precisamente, permitirá evitar la incorporación excesiva de personal administrativo y de apoyo, que ser sustituido parcialmente por varias vías. La principal, mediante la rotación interna de personal que ha sobrepasado la edad operativa, en especial en la tropa, para que puedan ejecutar tareas que demandan un menor esfuerzo físico y riesgo, en las áreas de apoyo como son el manejo de inventarios o la participación en cuarteles generales, etc.

¿Y qué se debería hacer con el servicio militar voluntario?
Se debe pensar en un servicio militar voluntario diferente, pues impera un sistema que fue válido en su momento. El servicio militar alargado, y su incorporación como soldados profesionales, ya sea de carácter temporal o semi-permanente, permitirá disponer de personal con una inversión menor en su formación. Chile mantiene un sistema de 14 meses de servicio militar y 5 años de soldados contratados. Colombia de 20 años, y España con una tercera línea de carrera que debe ser explorada. Por otro lado, se debe considerar a oficiales y suboficiales temporarios, de tiempo de servicio de 5 a 10 años en áreas como finanzas, comunicación social, medicina -en ciertos casos -, algunas áreas tecnológicas, etc. Estas iniciativas, en su conjunto, disminuirán los costos asociados al gasto corriente salarial y sobre todo tendrá efectos positivos para la sostenibilidad de la seguridad social.

Otro talón de Aquiles es la corrupción interna ¿Qué tipo de controles hay en FFAA?
Los controles existen, pero es preciso profundizarlos. Se requiere decisión institucional y soporte político para incorporar nuevos requisitos en las normativas internas para la incorporación de pruebas de confianza, como el polígrafo o el estrés de voz, para funciones específicas de elevado grado de responsabilidad. Eso no necesita una reforma legal, simplemente aquel personal que no desee someterse a estos procesos no podrá ejercer funciones más delicadas como comandante de unidad, segundo comandante, oficial de inteligencia, agente o analista de inteligencia, custodio de bodegas de material bélico, administradores de sistemas de comunicaciones, o responsables del trámite de documentación calificada, entre otras. Eso producirá efectos posteriores, incidiendo en los procesos de selección y ascensos. Esta decisión es impostergable.

¿Las normas disciplinarias son suficientes?
Actualmente se trabaja en una reforma al reglamento disciplinario, incorporándola a nivel de Ley. Sin embargo, siempre he mantenido que el problema mayor no radica en los preceptos administrativos para el juzgamiento de faltas. El mayor obstáculo está en las personas que ejercen la potestad sancionadora, pues en contadas ocasiones los preceptos legales se aplican según las circunstancias. Esto más allá de exonerar de responsabilidades a quien merece una sanción, destruye la confianza en el ejercicio del mando, en cualquier nivel.


“Ser justo no es fácil, es posible cometer errores; lo que sí afecta considerablemente es cuando de forma deliberada se toman decisiones que pudieran ir en beneficio de ciertas personas, no solo en estos procesos, sino en aquellos de reconocimiento al desempeño profesional. Eso genera una decepción y desconfianza internas, que afectan a la moral”.


Los últimos años, entidades públicas y privadas han sido atacadas por hackers, que han provocado graves daños, sobre todo por la paralización de los servicios y el robo de información sensible. ¿Cómo enfrentar a estos piratas cibernéticos?
Vivimos el auge de la cuarta revolución industrial, concepto acuñado por Klaus Schwab, el cual está marcado por la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la robótica, el big data y los sistemas ciber físicos. Esta nueva dimensión presenta ciberamenazas como los cibercriminales, ciberespías y ciberterroristas, tal como lo describen varios autores como Mike Chapple o David Seidl. Los ciberataques serán cada vez más sofisticados, en intensidad y espectro, lo que exige proteger y garantizar las funciones gubernamentales y la infraestructura crítica. Los eventos que hemos vivido recientemente en el país, en el denominado ciberespacio, son apenas el inicio de los eventos que enfrentaremos a futuro. Este año, dos importantes bancos sufrieron ataques, con costos enormes. En este sentido, la ciberseguridad es muy relevante en la política de seguridad, pero requiere la asignación de recursos y el desarrollo de competencias que no son fáciles de alcanzar en el corto plazo.

¿Cómo definir esa política desde el Estado?
Es preciso contar, bajo la rectoría del Ministerio de Telecomunicaciones que ya está a cargo de esta tarea, de un sistema que articule el esfuerzo público y privado, en el cual las instituciones de seguridad deberán jugar un rol fundamental. En el área militar es preciso un diseño diferente a las tradicionales estructuras operacionales, para estar en condiciones de asumir funciones de ciberdefensa, ciberseguridad y ciber-inteligencia. Es indispensable un plan de carrera diferente, pues formar y mantener un “guerrero digital no es justamente el prototipo tradicional de un soldado convencional; requiere innovación en los sistemas de captación del talento humano. En esta área, así como otras de carácter técnico, se deben cambiar los paradigmas relacionados a los sistemas de rotación de personal, pues estos no contribuyen a la consolidación del aprendizaje y la experiencia.

Las redes sociales influyen en la percepción de seguridad y han sido gravitantes en acontecimientos como las manifestaciones de octubre de 2019. ¿Es necesario fortalecer las capacidades en este campo?
Hoy los fenómenos en el mundo virtual se interrelacionan con variadas y diversas expresiones de violencia en la sociedad. El denominado espacio virtual-cognitivo no está exento de su uso como campo de disputa, pues produce desinformación o la construcción de narrativas que impulsan a la anarquía o la desobediencia civil, o la simple generación de pánico. Por eso, es importante, en el marco del respeto a la libertad expresión, tomar acciones para contrarrestar los efectos que puedan  debilitar la labor del Estado. La pregunta es: ¿vamos a ser también reactivos a esta realidad que ya hemos evidenciado?

¿Y qué hacer, a nivel de la sociedad civil?
El país, por medio de las instancias educativas, debe fomentar el uso responsable de las redes sociales, esto no significa suprimir la crítica, pues es parte de la naturaleza humana y del goce de la libertad individual. Pero es prioritario que el ciudadano sepa procesar los mensajes, y asuma mayor responsabilidad en la emisión de sus opiniones. Las redes sociales son usadas como parte de mecanismos disciplinares, mediante el lanzamiento de mensajes de miedo y terror, para disuadir a la población en la colaboración con las fuerzas del orden o en el envío de mensajes a grupos rivales. México es un ejemplo del uso indiscriminado de estos canales de comunicación.

¿Quiénes son los jueces que decidirán la suerte de Glas?

Los ojos del país están sobre ellos. Integran el tribunal que resolverá la apelación del SNAI al recurso de habeas corpus que permitió la excarcelación del exvicepresidente Jorge Glas. La presidenta del tribunal, Silvana Caicedo, no tiene bienes y aseguró que su accionar ha sido siempre transparente er imparcial. El juez Kléver Franco, antes de llegar a la Función Judicial, también ha sido empresario; dijo que es apolítico e independiente; uno de sus hermanos fue alcalde por el correísmo.  Su colega Juan Carlos Camacho ha ejercido varios cargos públicos antes de llegar a la administración de justicia. Para este reportaje revisamos los archivos de varias entidades de control, así como de la Judicatura. Nota actualizada alas 16:30.

Alianza investigativa Código Vidrio y Revista Vistazo

La jueza ponente

Silvana Isabel Caicedo preside la Corte Provincial de Santa Elena desde enero de este año. Será la ponente en el tribunal que conozca la apelación planteada por el SNAI, que busca anular el habeas corpus otorgado al exvicepresidente Glas. La audiencia en este caso se realizará el próximo miércoles.

Nació en 1973. Registra títulos de tercer nivel como abogada de los tribunales, desde 2003. Es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, desde 2002. Según el registro público de la Contraloría, desempeñó varios cargos: jueza provincial de Santa Elena; jefa de Patrocinio en la Universidad de Guayaquil; analista 3 de Patrocinio en el mismo centro, entre 2018 y 2019.

Silvana Caicedo es una funcionaria judicial de carrera.

Fue ayudante judicial en la Corte de Guayas durante nueve años; participó para el cargo de jueza en la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, que desempeña desde 2013, según informes de la Judicatura.

En sus últimas cinco declaraciones de bienes reportó no tener ningún patrimonio. Al ser entrevistada por este medio, la jueza dijo que efectivamente en la actualidad no tiene ningún bien que declarar y que su gestión ha sido transparente e imparcial.

Juez y empresario

Kléber Iván Franco Aguilar es juez de la Corte Provincial de Santa Elena desde 2014. Tiene 54 años. Registra títulos de cuarto nivel como Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia; Magister en Derecho Constitucional. También, títulos de tercer nivel como Abogado, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, Licenciado en Diplomacia y Organizaciones Territoriales.

Según informes de la Super Intendencia de Compañías, ha sido accionista o directivo en las compañías Loadport; Multipallets y Suministros; Prese Presentación de Servicios; Transportes Palacios Franco. Algunas empresas tienen que ver con logística, bodegaje y transporte. Sin embargo, Franco aclaró que las firmas están domiciliadas en Guayas y El Oro fuera del área de su jurisdicción,.

“Mi actividad empresarial es de más de diez años anterior a mi ingreso a la función judicial”, explicó el juez, al atender nuestro requerimiento vía telefónica.

“Soy independiente y apolítico, nunca me he afiliado a partido político alguno”, aclaró, al ser preguntado sobre su supuesta relación con el correísmo. Su hermano, John Milton Franco Aguilar, fue alcalde del cantón El Guabo con la divisa de Alianza País, entre 2009 y 2014. Luego de su período como alcalde, John Milton fue funcionario del ministerio de Obras Públicas y de Transporte durante el correísmo.

Ambos han compartido cargos directivos en algunas de las empresas del consorcio familiar, según registros públicos que revisamos.

“Debemos preguntarnos cómo se puede pensar que por tener un hermano que en su momento incurrió en política, en base a su derecho de libre participación y autodeterminación, esto se convierta en una etiqueta que descalifique a un juez por asumir una presunta predisposición de no actuar de forma imparcial”, puntualizó. “Esto no es pensar con objetividad, pues cada juzgador es responsable de la carga de sus decisiones, que en muchos casos se pueden ver afectadas por la presión social”.

En su primera declaración patrimonial, a mitad de período como juez de la Corte Provincial, reportó un patrimonio de 192 mil dólares. Luego, declaró 208 mil dólares de patrimonio. Su siguiente declaración jurada ubica su patrimonio en 231 mil dólares. Su cuarta y última declaración jurada, según los registros de Contraloría, ubica su patrimonio en siete cifras (9,2 millones). Sin embargo, él aclara que se trata de un error de la Contraloría, pues la cifra correcta es de 91 mil dólares. “La cifra es coherente con la sumatoria de los bienes, hubo un error en la colocación de la coma. Fui auditado no hace mucho por la Contraloría, esa información es verificable”, explicó.

Un juez con pasado de funcionario público

Antes de ser juez, Juan Carlos Camacho Flores fue servidor público, así consta en los registros de la Contraloría. Según esa fuente, fue coordinador zonal jurídico de de la zonal 2 del Ministerio de Salud Pública. En el 2015 llegó a la administración de justicia, como juez temporal de la Corte Provincial de Manabí, indican los reportes de ese organismo.

También fue notario suplente en la Notaría 70 y procurador síndico en el Municipio del El Chaco. Ejerció como juez temporal en la Corte provincial de Manabí en 2016 y juez provincial en la sala de lo Civil en la Corte de Guayas. A la Corte Provincial de Santa Elena llegó en 2019.

Ha presentado cuatro declaraciones patrimoniales, desde 2018. En la más antigua reporta un patrimonio de 71.544 dólares. En la más reciente registrada en Contraloría su patrimonio es de 149.000.

Tiene los siguientes títulos: doctor en Jurisprudencia por la Universidad  Central, en 2002; diplomado en diseño de proyectos en la Universidad Estatal de Bolívar en 2003, y especialista en Liderazgo y Gerencia en el mismo centro. Además es magister en Derecho Ambiental Internacional por la Universidad Central.

*Los datos sobre el juez Juan Carlos Camacho han sido actualizados y corregidos, luego de verificar que hay otro funcionario público con idénticos nombres y apellidos, es decir que se trata de un homónimo. El juez no accedió a responder nuestras llamadas y mensajes escritos para tener su versión. Lamentamos el error y ofrecemos disculpas a nuestros lectores. 

La Armada confirma que UAV cayó al mar por falla

Redacción Código Vidrio

La Armada confirmó que uno de los cuatro aviones UAV no tripulados, tipo “Searcher”, usado para el control antidrogas, presentó fallas y “realizó un amarizaje” a cuatro millas naúticas de Manta.
Al ser consultado por Código Vidrio, el comandante de la Marina, contralmirante Brumél Vásquez, confirmó que el avión se precipitó al mar, el miércoles, a las 04:50, en medio de una operación contra el narcotráfico, cuando retornaba al aeropuerto de Manta.
También precisó que la aeronave, de fabricación israelí, no tenía un radar, sino un sensor electróptico, que es su principal dispositivo de detección. “Su función primaria, es la de un relay de comunicaciones”, recalcó y recalcó que el avión sí tenía una cámara electroóptica.
En la operación en la que participaba el UAV, la Marina localizó y capturó un barco que transportaba más de una tonelada de cocaína, en 1.112 bloques compactos. También fueron detenidas dos personas, a 127 millas náuticas de Manta.
El aparato averiado permitía extender el enlace de comunicaciones, con otro avión no tripulado, el “Heron”, que sí tiene radar en su panza. La Marina cuenta este momento con dos naves de este tipo y un “Searcher”.
Tras el percance, las capacidades de exploración aeromarítima de la Armada no se han visto afectadas, recalcó el Comandante Vásquez.
Luego del accidente se iniciaron las investigaciones que son parte del procedimiento establecido para confirmar las causas del siniestro.
Fuentes de la Marina consultadas manejan dos hipótesis: la primera, que pudo tratarse de una falla del equipo, y la segunda, de un posible sabotaje.


Este es el avión Herón, que sí tiene radar, y está operativo.

El UAV “Searcher”, al igual que todas las aeronaves militares, cuentan con un seguro que cubre los costos de reposición.
El Searcher tiene sensores electroópticos, pero de alcance limitado y orientado para explorar la superficie del mar y hacer fotografías.
Los aviones UAV fueron adquiridos en Israel, durante el gobierno de Correa, para combatir las actividades al margen de la ley en el mar, en el contexto de la salida del FOL de EE.UU. de la Base de Manta, en 2008.
Esos aviones, tienen una función principal: proveer información oportuna, a través de fotografías e imágenes de radar.
Una de las alertas sobre el transporte de la droga, según conoció Código Vidrio, provino de una agencia de Inteligencia de Estados Unidos, con la cual la Armada realiza coordinaciones e intercambio de información.

El excabo ‘Don Naza’ fue ejecutado

Una semana después de su sorpresiva visita, en tres ocasiones, al Ministerio de Defensa, el ex cabo del Ejército Miguel Ángel Nazareno, Don Naza, fue asesinado en un camino vecinal en Amaguaña, al nororiente de Quito. Nazareno era investigado por la captación ilegal de dinero que habría recibido de oficiales y clases de Fuerzas Armadas y la Policía, así como funcionarios públicos, jueces y fiscales que lo visitaban en sus oficinas, en el club de Clases y Policías de Quevedo. Pagaba intereses de hasta el 90%.      

Redacción Código Vidrio

El sargento del Ejército (SP) Miguel Ángel Nazareno, Don Naza, recibió un tiro en la pantorrilla de su pierna izquierda y luego fue apuñalado. Esas fueron las causas de su muerte, según el informe de criminalística de la Policía al que tuvo acceso Código Vidrio.

Su cuerpo fue hallado este jueves 14 de abril, a las 06:30, por Ángel I, mientras verificaba el estado de su ganado en su hacienda en la vía a la reserva Pasochoa, al ingreso del club ecuestre Ecuandina, al nororiente de Quito. En su recorrido el hacendado se percató “de la presencia de una persona afrodescendiente tendida en la vía pública aparentemente sin signos vitales”.

Tras observar el cadáver, llamó al ECU-911 que comunicó la novedad a la Policía, que envío un patrullero a la zona.

Desde la semana pasada, Nazareno era buscado por la Policía, una vez que se conoció que había estado en tres ocasiones en el Ministerio de Defensa, contando con la complicidad de seis militares, incluido un oficial. El Ministro de Defensa, Luis Hernández, formalizó una denuncia en la Fiscalía el martes por un ingreso no autorizado aun recinto militar.

Don Naza, de 35 años, enfrentaba un juicio por la captación ilegal de dinero, mientras era parte del Ejército en el Grupo de Fuerzas Especiales de Quevedo. Desde 2017 montó un negocio de captación de cientos de miles de dólares, por los cuales pagaba jugosos intereses que llegaban al 90% semanal desde la plataforma Big Money. Tenía algunas de sus oficinas en el Club de Clases y Policías.

Entre sus beneficiarios estuvieron oficiales del Ejército y la Policía, de rangos medios y altos, así como personal de tropa, jueces, fiscales, autoridades locales y funcionarios públicos y privados, según informes de Inteligencia. También le entregaron fuertes sumas de dinero personas particulares de distintas provincias.

Ni en la Policía ni en el Ejército se han iniciado investigaciones o conocido sus resultados para sancionar a los uniformados que participaron en las operaciones delictivas de Don Naza, luego de que estallara el escándalo en junio del año pasado. Tampoco hubo indagaciones en otras entidades públicas.

La Fiscalía abrió una investigación que precisamente debía tener un primer desenlace el jueves de la semana anterior, cuando fue convocada la audiencia para el llamamiento a juicio de Nazareno.

Don Naza reapareció la semana anterior cuando se supo que estuvo en el Ministerio de Defensa junto a cinco personas, que ingresaron en dos vehículos donde se encontraron decenas de miles de dólares y un arma de fuego. Fueron detenidos por personal militar y puestos a órdenes de la Policía, pero Don Naza logró escapar con el apoyo de uniformados, minutos antes.

El parte policial detalla que el cadáver de Nazareno se encontraba sobre la vía pública, en un camino de tercer orden, en posición de cúbito dorsal. Personal del UCM procedió a tomar necrodactilias de las manos para el respectivo cotejamiento, identificándolo como Miguel Ángel Nazareno. “De la revisión externa del cadáver se puede apreciar que presenta heridas producidas por un arma de fuego en la pierna izquierda y aparentemente con un arma punzo cortante en otras partes de su cuerpo”, indica el informe del levantamiento del cadáver. Luego fue trasladado hasta la morgue de la Policía para practicarle la autopsia médico legal.

Don Naza, el rey Midas de militares y policías

Miguel Nazareno, ‘Don Naza’, hizo nuevamente gala de su audacía. Ayer, 7 de abril, acudió al Ministerio de Defensa junto con cinco personas más, que fueron detenidas con miles de dólares y un arma de fuego. Pero ‘Don Naza’ se hizo humo.  Mientras era cabo del Ejército en Quevedo captaba fondos de miles de clientes desde varios sitios. Uno de los principales era el Club de Clases y Policías, donde actuaba, al margen de la ley, con el apoyo y complicidad de militares, policías, jueces,  fiscales… Tras confirmar las irregularidades, el mando policial decidió sacar de Quevedo a 94 oficiales y policías y el Ejército inició una investigación interna, cuyos resultados se desconocen. En la Policía tampoco han habido sanciones para los uniformados involucrados. Nota actualizada este viernes 8 de abril. 

Redacción Código Vidrio

Miguel Nazareno, conocido como Don Naza, convirtió al Club de Clases y Policías de Quevedo en uno de sus centros de captación y operaciones financieras varios años. En esas y otras dependencias recibía ilegalmente cientos de miles de dólares con la supuesta participación y complicidad de policías, militares, jueces y fiscales.

Este jueves 7 de abril Don Naza reapareció sorpresivamente en el Ministerio de Defensa, un día antes de la fecha señalada para la instalación, vía telemática, de la audiencia preparatoria de juicio en su contra por captación ilegal de dinero. El Ministerio de Defensa confirmó que Naza estuvo en el lugar, tras la captura de cinco personas que ingresaron en dos vehículos al parqueadero de la institución. 

En un comunicado, Defensa indicó: «Mientras se desarrollaba la inspección de los vehículos y las personas, el ciudadano Miguel Ángel Nazareno evadió la seguridad utilizando la parte posterior del Ministerio de Defensa».

Cuando fueron capturados por militares, tres hombres y dos mujeres transportaban maletas llenas de dinero en efectivo y un arma de fuego, informó el general Fausto Salinas. Los cinco fueron procesados por la Fiscalía por una supuesta captación ilegal de dinero.

El ministro Luis Hernández dijo que se ha iniciado una investigación para determinar a los responsables de estos hechos que atentan a la ética y el honor militar. «Es política de este gobierno enfrentar con cero tolerancia todo acto que esté reñido con la moral y la fe pública».

El Ministerio de Defensa confirmó que Don Naza estuvo en el lugar, tras la captura de cinco personas que ingresaron en dos vehículos al parqueadero de la institución.

Las cinco personas detenidas en Defensa tenían en su poder dinero en efectivo y un arma de fuego.

La relación de Don Naza con los uniformados -militares y policías- y funcionarios públicos, y la estructura piramidal que recibía fondos, así como sus sitios de funcionamiento, están detalladas en un informe ejecutivo, enviado el 21 de junio pasado a la Jefatura de la Unidad de Investigaciones Internas de Conducta Policial, así como en varios reportes de Inteligencia, a los que Código Vidrio tuvo acceso.

Esos informes fueron los primeros campanazos que alertaron al mando policial sobre las transacciones al margen de la ley. El mecanismo era simple: los clientes le entregaban a Don Naza y sus asistentes sumas de dinero promedio entre los 100 y 100 mil dólares, aunque hay versiones que sugieren montos superiores. A cambio, los depositantes ganaban un interés de 90%, cada ocho días.

Desde el 14 de junio, la Dirección General de Inteligencia (DGI) entregó paquetes de inteligencia y 11 documentos a la comandante General, Tania Varela, a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público, a la Dirección General de Investigaciones, al Comandante de la Subzona de los Ríos y al Comandante de la Subzona Imbabura.

Los siguientes días, se decidió que la información recabada fuera procesada por la Unidad de Lavado de Activos y la Unidad de Análisis de la Conducta. Simultáneamente, el director de la DGI, general Mauro Vargas, dispuso que las unidades de Contrainteligencia e Inteligencia integraran equipos para reconfirmar los datos obtenidos en Quevedo y judicializarlos con la Fiscalía, con el inicio de la Investigación Previa No. 120501821060338, el 24 de junio.

Las acciones, manejadas en absoluta reserva,  se concretaron el miécoles 30 de junio, cuando empezaron a trascender públicamente las operaciones de Don Naza. Ese día, un agente del Ministerio Público, designado por la fiscal Diana Salazar, encabezó los allanamientos con uniformados llegados de Quito a varios inmuebles: Comercial Nazareno, el domicilio de Don Naza, el Tennis Club Quevedo, donde también se recibía dinero en efectivo, y el Hotel San Vinicio. En las incursiones, los agentes se incautaron de un arma de fuego, 12 contadoras de dinero, 3 celulares, 17.165 dólares en efectivo, 71 municiones y carpetas con documentos.


 

En el Club de Clases y Policías, en Quevedo, Don Naza montó uno de sus centros de operación para captar dinero, al margen de los controles de la Superintendencia de Compañías. El excabo del Ejército operó en ese cantón de Los Ríos, desde 2017.

94 policías fueron movidos de Quevedo

Luego del operativo, durante el cual un vehículo de la Policía fue quemado, Inteligencia profundizó la investigación con Asuntos Internos para identificar a todos los uniformados que estuvieron involucrados en las captaciones y que trabajaban para Don Naza, dándole seguridad o que fueron negligentes para alertar lo que ocurría, sobre todo entre mayo y junio, cuando el negocio de Nazareno creció como la espuma.  A esa fecha tenía una cartera de unos 5.000 clientes de distintas partes del país.

Sobre la base de esas indagaciones,  la cúpula policial decidió retirar de Quevedo a 94 oficiales y policías de distintas unidades y transferirlos a otras provincias. Los oficios en los que se ordena el traslado, en poder de este medio, fueron puestos en conocimiento de todas las jefaturas el 14 y el 15 de julio pasados, por el director de Talento Humano, general Fausto Olivo. La Policía no ha informado si los policías fueron sancionados por su participación en este esquema delictivo.

Antes de que estallara el escándalo, agentes de la Policía se trasladaron a Quevedo, específicamente parroquia el Guayacán, en la vía a la Virginia. En ese sector verificaron que en las afueras del Club de Clases y Policías se agrupaban aproximadamente mil personas, decenas de vehículos y motocicletas.

Los agentes constataron que en el Club de Clases y Policías, uniformados y civiles participaban junto a Don Naza en la captación de dinero, a través de un esquema piramidal en la empresa Big Money, que operaba sin autorización de la Superintendencia de Compañías.

Según el informe policial del 21 de junio,  Don Naza y su gallada recibían diariamente “grandes cantidades de dinero ilícito proveniente de altos funcionarios del estado, entre ellos fiscales, jueces, policías, militares y ciudadanía en general”. El único requisito para los interesados era llevar y entregar el dinero y en 8 días regresar al Club policial con el recibo que les entregaban para realizar el cobro del capital, además de los jugosos intereses.

Las autoridades juegan al avestruz

Para la captación, Nazareno, de 32 años, contaba con la complicidad de servidores policiales directivos y operativos, así como también funcionarios judiciales de Quevedo y la  gobernación de Los Ríos. Ninguno de esos funcionarios emprendió acciones legales para contrarrestar la captación de dinero. En sus acciones también habrían participado oficiales del Ejército y clases de la Brigada de Fuerzas Especiales de Quevedo, pero la entidad no ha informado si hubo alguna consecuencia disciplinaria en su contra.

El domingo 20 de junio pasado los uniformados verificaron que Don Naza  también tenía su centro de planificación y captación de dólares en el sector de la Venus del Río, frente al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y luego en  el Club de Clases y Policías de Quevedo.

Según versiones de varias personas que acudían al Club de Clases y Policías para retirar su plata, esas actividades ilícitas eran bien conocidas por el comandante de Policía Quevedo, la Gobernadora, jueces, fiscales, autoridades militares, y otros funcionarios públicos.

Contactamos telefónicamente a la gobernadora Génesis Blum para consultarle sobre las acciones iniciadas para denunciar las actividades ilegales de acopio de dinero, pero respondió que debíamos coordinar una entrevista en Quevedo con su Secretaria de Comunicación, los siguientes días.

Entonces, fuentes del Ejército informaron que hay una investigación interna en marcha para ubicar a los militares que estuvieron involucrados y serían parte de la Brigada de Fuerzas Especiales de Quevedo.


DON NAZA PUBLICITABA LA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, DEPENDIENDO DEL MONTO

 

Big Money empezó a operar desde 2017, según reconoció Don Naza, oriundo de Esmeraldas, quien para entonces ya era cabo del Ejército. “Empezamos con ese proyecto con 40 socios, se manejaba de formas reservada entre militares, médicos y otros profesionales que se arriegaron a invertir”, dijo el uniformado, que fue dado de baja en la Fuerza Terrestre, la semana pasada. “Como nos fue bien, entonces decidimos ayudar a dinamizar la economía de Quevedo, que no tiene nada malo ni irregular, somos gente seria y seguiremos respondiendo como hasta ahora lo hemos hecho”, aseguró Nazareno a una radio local.

Este viernes estaba prevista la audiencia de juzgamiento de este caso, por vía telemática, según informó la Fiscalía. Don Naza y sus abogados han insistido en que las operaciones tenían el objetivo de reactivar la economía de la zona  y ayudar a personas de escasos recursos con víveres y enseres, cuya entrega se aceleró en Quevedo luego de que empezaran las primeras acciones de la Fiscalía.  En redes sociales Don Naza aseguró que devolverá su dinero a todos sus clientes, mientras Big Money estaba cerrando sus operaciones.

Los amigos secretos del excontralor Pólit

El excontralor Carlos Pólit acaba de ser detenido en Estados Unidos donde residía, acusado de lavado de activos. Mientras fue contralor jugó un papel fundamental para blindar a la empresa Odebrecht de cualquier responsabilidad en millonarios proyectos de construcción, plagados de corrupción y fallas. Fue sentenciado por recibir sobornos por 10 millones de dólares de esa constructora. Lo que no se conocía es, precisamente, su rol empresarial privado. Tampoco su nivel de relaciones y contactos con funcionarios del gobierno de Rafael Correa, al que debía controlar, pero realmente protegió, así como a sus aliados. Para cuidarse las espaldas, empezó a deshacerse de todos su bienes. Estaba prófugo en Miami. Nota actualizada este 29 de marzo del 2022.

Lea también:

“No lo querían en el cargo porque sabían que tenía varios informes que estaban por salir”: Ulloa

La congeladora de Pólit

Un nicho funerario, entre sus escasos bienes declarados

 

Por Arturo Torres

Extrovertido y audaz. Carlos Pólit, ex contralor, tuvo amigos secretos tanto en el poder como fuera de él. Tenía línea directa con el entonces presidente Rafael Correa, en Carondelet. También con representantes de algunas empresas que fiscalizaba, entre ellas Odebrecht.

Su círculo próximo incluía personas que –con los años- llegaron a ocupar altos cargos en el gobierno de Correa. O que gravitaban en su entorno. Entre ellos: una ex gerente del Banco Central del Ecuador; un familiar directo de los hermanos Patiño Aroca; una ex Intendenta de Seguros y un ex asesor de la Presidencia. Sus relaciones fueron más allá. El prefecto manabita Mariano Zambrano Segovia se cuenta entre sus cercanos. Las autoridades determinarán si Pólit lo protegió desde la Contraloría.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy 29 de marzo que Pólit fue detenido en EE.UU. acusado de lavado de activos. En Ecuador está sentenciado por el cobro de coimas en el caso Odebrecht.

Según la acusación, realizada el 24 de marzo, y conocida hoy, entre 2010 y 2016, Polit Faggioni presuntamente solicitó y recibió más de $10 millones en pagos de sobornos de Odebrecht SA, a cambio de influir en las acciones oficiales de la Contraloría en su beneficio y negocios en Ecuador. Además, se alega que Polit recibió un soborno de un empresario ecuatoriano, alrededor de 2015, a cambio de ayudarlo junto a su empresa en relación con ciertos contratos de la compañía de seguros estatal de Ecuador.

Desde 2010 hasta al menos 2017, bajo la dirección de Polit, otro miembro de la conspiración hizo que las ganancias del plan de soborno de Polit «desaparecieran» mediante el uso de empresas de Florida, registradas a nombre de ciertos asociados, a menudo sin el conocimiento de los accionistas. Los conspiradores también usaron fondos del esquema de soborno de Polit para comprar y renovar bienes raíces en el sur de la Florida y en otros lugares y para adquirir restaurantes, una tintorería y otros negocios.

Odebrecht SA se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016 en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en relación con un plan más amplio para pagar casi $800 millones en sobornos a funcionarios públicos en 12 países, incluido Ecuador.

Polit está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Si es declarado culpable enfrentará hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

Contralor ungido por Correa

Pólit fue ungido Contralor del Estado en 2007, por el debutante presidente Correa, de una terna enviada por el Congreso. El manabita, de ascendencia italiana y con nacionalidad estadounidense, hasta entonces simpatizaba con Sociedad Patriótica. Pronto tendría la confianza del nuevo régimen: ganó dos concursos consecutivos para lograr la reelección como contralor. ¿El organizador? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de siete integrantes, en su mayoría afines al gobierno.

Con Correa y Glas, Pólit se comunicaba permanentemente por celular. Glas lo visitaba con frecuencia en la Contraloría. El expresidente cuidó más las formas: acudió un par de veces a la institución.

En su faceta de empresario –a mediados de los 90- conformó un hermético entorno de confianza, que lo acompañaría años después en la Contraloría. Pólit fue presidente de la empresa Tecnocarga Expreso y Turismo, constituida en Guayaquil. Entre los accionistas está su cuñado Jorge Estévez Cherres. También fueron directivos Sabett Chamoun Villacrés y Armando Patiño Aroca, primo hermano del excanciller y hombre fuerte del correísmo, Ricardo Patiño Aroca.

A Patiño lo nombró director regional de la Contraloría en Guayaquil, entre julio del 2014 y julio del 2017. El excanciller fue consultado sobre la relación de su primo con el excontralor; no se pronunció.

Sabett Chamoun era parte de la cofradía. En octubre de 2014, Pólit la llevó a la entidad de control: fue asesora y Subcontralora. El 2 de junio de 2017 su nombre trascendió cuando –atropelladamente- pretendió asumir el puesto de contralora subrogante por pedido de Pólit, quien gozaba de una licencia en Miami. Buscaba reemplazar a Pablo Celi, quien estaba al frente de la entidad desde el 25 de mayo. Él se vinculó a la entidad desde 2008 donde ha ocupado varios cargos, desde asesor hasta subcontralor.

En medio de la tormenta desatada por Odebrecht, Pólit intentó, sin éxito, que Chamoun lo sucediera. Celi -quien lo reemplazó y se quedó en el cargo hasta el año pasado cuando está detenido por el caso Las Torres-, la destituyó y enjuició por usurpación y simulación de funciones públicas en la Unidad Penal de Quito. La exsubcontralora asegura que no cometió delito alguno, y que el usurpador fue Celi, quien sacó a gente honesta con alto perfil técnico.

Antes Chamoun fue administradora de la empresa Consultasesoría. Sus principales accionistas son su hermana Yesmin Eyani y Karina Sáenz Quintuña, una cuencana que ocupó importantes cargos en el gobierno de Rafael Correa. Integró la Comisión que investigó la Deuda Externa, posteriormente fue Gerente del Banco Central y Viceministra del Deporte.

En 2007, el entonces presidente Rafael Correa designó contralor a Carlos Pólit, de una terna enviada por el Congreso. Estuvo acompañado por Fernando Alvarado. Foto: Presidencia de la República

Sáenz reside en México. En el 2012 creó Consultasesoría en Quito. Opera en tres oficinas de la torre A del edificio World Trade Center. Entre enero del 2013 y febrero del 2016 en ese inmueble ella alquiló las oficinas 306 y 307 a Odebrecht, que también tiene su sede operativa en ese lugar.

El principal cliente de Consultasesoría fue Odebrecht. Realizó una auditoría, por la cual recibió 503 mil dólares, según confirmó Sáenz ante la Fiscalía, vía videoconferencia desde México.

Ése fue el contrato más importante de la consultora los últimos cinco años. En promedio, en este período sus ingresos anuales bordearon los 500 mil dólares.

Sáenz, de 39 años, conoció a Pólit desde el inicio del correísmo. En el 2008 ella integró la Comisión Auditora de la Deuda Externa. Desde esa época “hemos tenido reuniones bajo estrictos temas institucionales, cuando yo ocupaba cargos públicos”, relató Sáenz.

Todo quedaba en familia. Cuando asumió el Viceministerio del Deporte, Sáenz traspasó parte de sus acciones en Consultasesoría a Germán Rodríguez Chiquito, casado con María Elena Pólit, hermana del excontralor.

Rodríguez  integró el directorio de Corpecuador, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, del cual también fue parte Pólit, como secretario de la Presidencia, ministro y gobernador. Su hermano, Xavier Rodríguez, fue fiscalizador e interventor de Aduanas, en el gobierno de Correa.


Los nexos del excontralor Carlos Pólit


Sáenz se radicó en México, pero aún es socia principal de Consultasesoría. Entre 2008 y 2016, pagó un promedio anual de 5.000 dólares de impuesto a la renta. Sin embargo, en 2011, canceló 46.953 dólares de tributos. Entre febrero del 2010 y diciembre del 2011 fue secretaria de Desarrollo Humano del Municipio de Cuenca, con un salario menor a 2.000  dólares.

Su patrimonio incluye un departamento y una oficina en Quito, así como una hacienda, una casa y otro inmueble en Cuenca. Pedimos la versión de Sáenz, al correo que notificó en Fiscalía, para conocer el origen de sus ingresos y propiedades. Aún no ha respondido.

Sabett Chamoun afirmó desconocer la existencia del contrato con Odebrecht. En entrevista, aseguró haber sido gerente de la empresa consultora solo seis meses, en 2013. Los reportes de la Superintendencia de Bancos indican que gerenció la compañía hasta 2015. “Nada debo ni temo, por eso sigo en el país. Consultasesoría es una empresa correcta, no ha tenido un solo contrato con el Estado. El doctor Pólit no tiene relación alguna con la firma”, recalcó.

En la administración de Correa ella fue Intendenta Nacional del Seguro Privado de la Superintendencia de Bancos (2013). Tres años antes, fue jueza y presidenta del Tribunal de lo Contencioso de Quito.

Después, Chamoun se enroló en la Contraloría al igual que su hermano Elías Camil. Él fue especialista de auditoría en la regional de Guayaquil y auditor en la CNT, entre 2014 y 2017. Pero previamente, ocupó altos cargos en el correísmo. Fue asesor de la Presidencia, analista en Hidrolitoral y asesor del Ministerio de Obras Públicas.

Pólit y Correa compartían una afición. Anecdótica. Guardar todos los regalos que recibían y exponerlos como muestra de “transparencia y honestidad” al público. El excontralor tenía los objetos, incluidos relojes Rolex, en vitrinas acondicionadas al ingreso de la institución. Correa fue más lejos: montó un museo. Ambos sitios fueron desmontados y los regalos hoy están embodegados.

Pólit, de 71 años, tiene una orden de prisión y enfrenta una sentencia por concusión. Fue condenado por recibir sobornos de Odebrecht por 10 millones de dólares, junto a su hijo John, que fue absuelto. Está prófugo en Miami: su dirección de referencia es 711 Charleston St. Hollywood. En esa ciudad constituyó desde 1992 la empresa Tecnocarga Express & Trlv INC, que en 2016 declaró ganancias por 700 mil dólares. En los registros financieros aparece como presidente de la firma.

En el país, declaró ser propietario de Tecnocarga-Miami hasta mayo de 2013. Los siguientes años no incluyó esa compañía en sus declaraciones de bienes, aunque en los archivos públicos de EE.UU. se indica que aún es Presidente y ejercerá ese cargo hasta el 2020.

En su última declaración patrimonial, sin embargo, no incluyó esa compañía. Solo reportó un patrimonio de 176.957 dólares, ningún vehículo, y dos predios: un lote funerario en el Parque de La Paz y una Suite en el Swissotel, que era una especie de cuartel de operaciones para el pago de coimas, según la Fiscalía.

Pólit compró el departamento en la torre A del Swissotel en 47 mil dólares en 2005. Lo utilizaba con frecuencia para todo tipo de reuniones. Para facilitar la logística de los pagos de sobornos y el traslado del efectivo, Odebrecht alquiló una suite en la torre B del mismo hotel. Precisamente con este mecanismo Pólit habría recibido 6 millones de dólares que el ejecutivo de la constructora brasileña José C. Santos aseguró haberle entregado en efectivo en su suite y en una residencia en Miravalle, en Quito. A cambio supuestamente desvaneció glosas (multas) por más de 80 millones a favor de la constructora por los daños en la Central San Francisco, en el 2010. En su descargo, Pólit dice que las multas se eliminaron en concordancia con el acuerdo transaccional al que llegó el Gobierno con la firma (ver versión completa de su defensa, expuesta por su abogado Hernán Ulloa).

Santos entregó a la Justicia tres grabaciones de charlas con Pólit. De los diálogos se concluye que el excontralor arregló con Santos el pago en efectivo, no con depósitos en cuentas, por expedir informes a favor de Odebrecht en varios proyectos. Parte de los pagos se depositó en las cuentas de dos empresas, Plastiquim e Inmobiliaria Cosani. Los responsables de estas compañías deslindaron responsabilidad, aduciendo que recibieron créditos. Los valores bordean 1,7 millones. El intermediario en las transacciones fue el propio hijo de Pólit. Hay pruebas documentales de esas operaciones.

Correa y Pólit, poderosos padrinos de Zambrano  

 

Más que un aporte, fue una inversión. Era 2006. El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, contribuyó con 20.000 dólares a la campaña presidencial del joven candidato Rafael Correa.

Los contratos entre el conglomerado de empresas del prefecto manabita y el Estado se multiplicaron durante la década correísta.

Quien debió alertar oportunamente esas anomalías era su coterráneo y amigo, el entonces contralor Carlos Pólit. No lo hizo, según evidencian los informes de auditoría a su gestión. Al ser una autoridad en funciones, el prefecto no podía tener empresas contratistas del Estado ecuatoriano.

El ente de control realizó tres exámenes especiales a dos contratos (013-2015 y 050-2012), entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y Mardcomsa. Los auditores no determinaron que la firma contratista pertenecía al prefecto.

La Contraloría tampoco detectó a tiempo el incremento inusitado de su patrimonio. Pasó de 4,5 millones, en 2009, a 31 millones de dólares en 2014, que es la última declaración de bienes a la que tuvimos acceso.

Zambrano se defiende. Dice ser víctima de persecución y de envidia pues “Tengo contratos con el Estado desde hace más de 30 años, porque soy un hombre de trabajo y empuje; en mi niñez lustraba zapatos”. No encuentra inhabilidad entre su función pública y su faceta de contratista del Estado. “Si estuviera haciendo algo incorrecto, el pueblo manabita no me seguiría respaldando con sus votos”.

En 2008, negó la donación a la campaña de Correa. Hoy la reconoce. Documentos del entonces Tribunal Supremo Electoral prueban que el entonces prefecto y militante del Partido Social Cristiano fue aportante. El 10 de abril del 2008, en una audiencia en el Tribunal el tesorero de la campaña de Alianza País, Camilo Samán aseguró que “Zambrano firmó el aporte en persona”.

[icon name=»volume-up» class=»» unprefixed_class=»»] Audio de la entrevista al prefecto Mariano Zambrano

 

Lea aquí la entrevista con el prefecto Mariano Zambrano.

Zambrano estrechó su relación de negocios con el Gobierno, especialmente en los sectores estratégicos. Desde 2009, cinco compañías de su grupo familiar recibieron contratos con entidades estatales por más de 73 millones de dólares, según informes remitidos por Petroecuador, CELEC, Dirección de Aviación Civil, entre otros, a organismos de control, como la Fiscalía, Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana, que investigó el caso.

En Manabí, el Prefecto y su hijo, el asambleísta de AP Mariano Zambrano Vera, son accionistas de un conglomerado de, al menos, 12 empresas de transporte marítimo de combustibles, venta de automóviles, hotelería, bienes raíces, entre otros, según reportes de la Superintendencia de Compañías. El emporio se levantó desde 1992.

El asambleísta asegura no haber incurrido en inhabilidad alguna. “Cuando inscribí mi candidatura presenté mi declaración de no encontrarme incurso en las inhabilidades constitucionales determinadas en la Ley, consecuentemente, no tengo ninguna prohibición al respecto. No ostento ningún cargo de representación en ningún grupo empresarial”. Y afirma que “De forma antojadiza”, actores políticos “por conveniencia” y medios de comunicación “por falta de información” posicionaron este discurso.

El artículo 62 de la Ley de Contratación Pública señala que no podrán celebrar contratos previstos en la ley con las entidades contratantes algunos funcionarios, entre ellos los asambleístas, prefectos y alcaldes.

Las actividades empresariales de ambos están bajo la lupa. Son investigadas por la la Fiscalía y la Contraloría por más de 13 contratos que las compañías Marzam, Marnizam y Mardcomsa, Automotores Manabitas y Manhost recibieron del Gobierno, entre 2011 y 2016, para el abastecimiento de combustible y provisión de transporte, entre otros. Se presumen delitos de enriquecimiento ilícito, perjurio y lavado de activos. El proceso acaba de ser archivado por la justicia.

Zambrano, el entonces prefecto, reconoció su amistad con el exvicepresidente Jorge Glas y el excontralor Pólit. “Al amigo, si tiene un traspiés, no se le niega”. Pero desmintió que esa relación lo hubiera beneficiado con contrataciones y blindaje frente a las auditorías. “Soy amigo de Jorge Glas, pero no su testaferro”, afirma, consultado sobre las denuncias de que recibió contratos y beneficios en los sectores que manejaba directamente el exVicepresidente.

En su período el contralor Pólit no estableció irregularidades de relevancia a la gestión en la Prefectura. Se limitó a fijar sanciones administrativas que no superaron los 40 mil dólares y cinco glosas que sumaron 4,9 millones, que luego se desvanecieron y se redujeron a 100 mil dólares. Pedimos a Pólit su versión sobre su cercanía con el prefecto, pero no respondió.

Era tal el nivel de confianza, que Pólit no dudó en alquilar al hijo del Prefecto su suite en el Swissotel. El exlegislador  Zambrano Vera, de 35 años, vivía en ese inmueble. El hecho se conoció cuando la Policía allanó el departamento, en el curso de las investigaciones del caso Odebrecht.

El asambleísta asegura que sí mantuvo una relación contractual de arriendo, “Que declaré oportunamente. Llegué a la suite el 14 de mayo de 2017 y la ocupé menos de dos semanas”.

Cerrojo estatal a informes del secuestro

Este sábado 26 de marzo se cumplieron cuatro años desde que Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados en el poblado fronterizo de Mataje, por disidentes del Frente Oliver Sinisterra. Los familiares y sus abogados denuncian que pese a sus insistencias ni el Gobierno ni la Corte Constitucional han respondido sus pedidos de que se desclasifiquen las actas del Cosepe, que recogen las decisiones que tomó el gobierno de Lenin Moreno para negociar la fallida liberación del equipo periodístico. En la Fiscalía la investigación sigue bajo reserva, sin resultados. El Estado no ha cumplido ninguna de las recomendaciones de la CIDH. El crimen sigue impune.

Redacción Código Vidrio

El silencio es la única respuesta, desde hace cuatro años. Ni el Estado ni la Corte Constitucional han respondido a los pedidos de los familiares de Xavier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Ellos insisten en que se levante la reserva sobre las actas y audios de las tres reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), en las que se decidió el rumbo de las acciones y planes aplicados durante el secuestro del equipo periodístico. Esos pormenores permanecen bajo llaves. Infranqueables.
Este sábado 26 de marzo se cumplieron cuatro años del secuestro, ocurrido en el poblado fronterizo de Mataje, en Esmeraldas. Son cuatro años de frustración para los familiares, no solo por la impunidad frente a este caso, sino por la indolencia estatal frente a su derecho a conocer la verdad sobre el manejo de las negociaciones para liberarlos.
El 19 de julio del 2021, representantes de las tres familias y sus abogados entregaron una carta dirigida al presidente Guillermo Lasso, a quien le pidieron una reunión para establecer una hoja de ruta que permita desclasificar las actas de las reuniones del Cosepe, entre marzo y abril de 2018.
Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación, dijo que la carta nunca llegó a manos del Presidente sino que se quedó en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, sin un trámite oportuno. No obstante, aseguró Bonilla, “responderemos lo antes posible al pedido, para que el Presidente reciba a los familiares”.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado de El Comercio, dijo que les llamó la atención que el presidente Lasso sí se reuniera, en cambio, con el asambleísta Fernando Villavicencio, a quien le entregó información desclasificada sobre este caso, sin el conocimiento de los familiares.
También se mostró preocupado por la negligencia del Gobierno respecto a   la serie  de recomendaciones que hizo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH, que investigó el secuestro. “El Estado no ha acatado ninguna de las recomendaciones del ESE, incluido el levantamiento de la reserva de la información y la investigación a agentes estatales que habrían realizado acciones al margen de la ley”.

El cuento chino de la desclasificación

El 12 de abril del 2018, tras confirmarse la muerte del equipo de El Comercio, el entonces presidente Lenin Moreno anunció que ordenaría la desclasificación de las actas al Cosepe, lo cual nunca ocurrió. Es más, el año pasado el Cosepe indicó que no entregaría la información, ante un pedido de la Fiscalía.
Estos cuatro años el caso no ha superado la etapa de indagación previa. El presunto delito que se investiga es secuestro extorsivo, pero las pesquisas han sido poco consistentes y han tenido altibajos. Otro problema es el cambio constante de fiscales. Cuatro funcionarios han tenido a cargo la investigación, sin poder cuajar una teoría sólida, aunque la mayoría de los indicios y documentos recabados han sido aportados por los familiares y sus abogados.

El 10 de abril, los familiares del equipo de El Comercio fueron recibidos por el presidente Lenin Moreno y los ministros del Interior y Defensa.

Precisamente, en su informe, divulgado en diciembre de 2019, el ESE, de la CIDH, concluyó que un problema recurrente detectado en este caso fue la descoordinación de las fiscalías de Ecuador y Colombia y la ausencia de una investigación técnica. En ese reporte se confirmaron descoordinaciones, vacíos y errores recurrentes de procedimientos y protocolos de seguridad a diferente nivel del gobierno ecuatoriano. Empezando por el comité de crisis y el equipo negociador, y pasando por las operaciones de Policía, FF.AA.
“La Fiscalía no ha demostrado la suficiente independencia, evidenciando que intenta proteger al poder político”, destaca Rivas.
Durante la investigación, los abogados y familiares se han reunido varias veces con la fiscal Diana Salazar, para agilitar las pesquisas y tratar de definir el rumbo que tomará el caso. La Fiscal ha comprometido su apoyo para esclarecer lo ocurrido, pero en la práctica ha habido pobres avances.
“Es muy difícil -apuntó Rivas- que la Fiscalía llegue al fondo del asunto, porque es juez y parte. Durante el manejo del secuestro fue parte del Comité de Crisis que estuvo al tanto de las negociaciones para liberar al equipo periodístico”.
La Fiscalía también ha solicitado varias veces que el Gobierno entregue la información declarada bajo reserva, pero solo ha obtenido negativas como respuesta.

Indicios de desaparición forzada

Xavier Andrade es el abogado que lidera la defensa de los familiares. Indica que lo más probable es que el caso no prospere en Fiscalía, que se ha enfocado, infructuosamente, en investigar el secuestro extorsivo, aunque hay indicios claros de que se trató de una desaparición forzada, con la participación de agentes estatales.
Andrade apunta que el Estado les ha dado la espalda a los familiares, sobre todo por esa actitud renuente a desclasificar las actas del Cosepe. “Es inexplicable que no se entregue información de interés público, alegando que es de seguridad nacional, cuando se trata de un caso de derechos humanos; a no ser que algo muy grave se esté tratando de ocultar”, señala.
¿Cuál es ese secreto incómodo? La respuesta podría tener relación con una de las recomendaciones del ESE al Estado ecuatoriano, para que se integre una comisión independiente que confirme si durante el secuestro hubo operaciones militares y policiales para capturar a Guacho, líder de los plagiadores.

El 13 de abril del 2018, Moreno confirmó la muerte de Xavier, Paúl y Efraín y anunció que desclasificaría toda la información.

La CIDH hizo esta recomendación con base en la información publicada en el libro Rehenes, que reveló la realización de operaciones armadas que habrían desencadenado el asesinato de Xavier, Paúl y Efraín. Concretamente unidades del Gaula de Colombia efectuaron operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano para ubicar a alias Guacho, durante el plagio.
Esas operaciones fueron secretas y desnudarían la existencia de un Plan B, oculto, pues el gobierno de Moreno aseguró que para precautelar la vida de los rehenes no se ejecutarían operativos, mientras negociaban su liberación.

El silencio de la Corte Constitucional

El 12 de julio del año pasado, los abogados patrocinadores Farith Simon, Hugo Cahueñas y Juan Pablo Albán ingresaron un pedido formal a la Corte Constitucional para que levante la reserva de las actas del Cosepe del 28 de marzo, 13 y 17 de abril, que comprenden audios íntegros y sus transcripciones, así como el listado de quienes asistieron a cada reunión.
La solicitud de acceso se basó en el artículo 18 de Constitución, que dispone que ninguna entidad pública puede negarse a entregar información relativa a casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Además cita la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que también establece que ningún documento relativo a investigaciones de violaciones de DD.HH. es reservado, pues su divulgación constituye un derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad. Estas normas son concordantes con lo que establece la CIDH y la Corte Interamericana, en base a fallos en varios casos juzgados por abusos y violaciones humanitarias de agentes estatales.
Pese a que han transcurrido ocho meses, la Corte aún no ha calificado el recurso, aunque inicialmente fue revisado -según trascendió- por el expresidente del organismo Hernán Salgado.
Pedimos un pronunciamiento de la Corte sobre los motivos del retraso en el trámite, pero no recibimos ninguna respuesta.

Putin está acorralado por invadir Ucrania

ENTREVISTA. Mientras el presidente Vladimir Putin conduce una cruenta invasión que ya ha cobrado miles de vidas de civiles inocentes y devasta Ucrania, la comunidad internacional escala sus sanciones económicas contra Rusia, cada vez más aislada. Douglas Farah, especialista en temas de seguridad nacional y crimen organizado, estima que el castigo a Putin también tendrá consecuencias para sus pocos aliados en Latinoamérica: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además de entrenamiento en Inteligencia los rusos proveen equipos muy sofisticados a los gobiernos más autoritarios de la región, les dan capacitación para que tengan un control interno más fuerte de sus opositores. Farah sugiere que el congelamiento de las cuentas y bienes de Putin y los oligarcas rusos debería ser empleado para indemnizar a las víctimas. La prepotencia y ceguera del exagente de la KGB jugaron en su contra. Son una de las causas de su fracasada aventura bélica, en medio de una resistencia heroica, que nunca esperó, del pueblo ucraniano con su presidente Volodímir Zelenski, a la cabeza. Este momento -agrega- la batalla más importante no es de la izquierda contra la derecha, sino de la democracia liberal contra el autoritarismo, que encarnan Putin y otros tiranos.

Por Arturo Torres

¿Cuál es tu lectura sobre la escalada de la invasión de Rusia, que aparece como un rotundo fracaso por la resistencia tenaz de Ucrania y el sinnúmero de sanciones que ha recibido el gobierno de Vladimir Putin?
Es obvio que Putin pensó que podía entrar tranquilamente a Ucrania y que una resistencia duraría dos o tres días y ya, que sería muy fácil. La otra cosa que también parece obvia es que los ucranianos nunca esperaron que Putin realmente los invadiera. Pero ambos lados, por sus preconcepciones, estaban equivocados sobre la realidad y estamos viendo las consecuencias en este momento, más favorables a Ucrania, pese a las miles de víctimas civiles y la destrucción de zonas pobladas y facilidades estatales. La doctrina militar de defensa rusa  indica explícitamente que el éxito en una operación armada de este tipo depende de muchos factores, incluyendo la guerra cibernética, la diplomacia, la economía, la guerra armada… En este caso, en eso mismo ellos fallaron, subestimaron todo y no previeron lo que iba a pasar.

Llama la atención que precisamente Putin, quien fue una de las cabezas de la agencia KGB, no haya tenido información sólida de inteligencia sobre los escenarios y las consecuencias nefastas de su aventura bélica. Es desconcertante la improvisación, las fallas graves de la operación armada rusa.
Es parte y resultado de la prepotencia de Putin, que por gobernar tantos años como un autócrata se cree una especie de semi dios, un zar. No tolera voces de disidencia ni una discusión interna sobre lo que puede o no ser real para descartar ciertas hipótesis. Se nota en los videos que han pasado de las juntas de seguridad nacional que ha tenido Putin: todo el mundo, sus subalternos, están aterrados esperando en silencio. A lo mejor, muchos de ellos sabían que la idea inicial de Putin no era acertada, pero también tenían mucho miedo de decir algo, de contradecirlo. Este manejo desastroso también es el resultado del aislamiento de Putin por tanto tiempo.

Esa es una de las muchas fallas que se han evidenciado, no hay un mando unificado, se ve que las tropas no entienden muy bien en lo que se metieron. Hay improvisación. Tienen graves fallas en la estrategia y se les ha ido de las manos el timing, porque ocho días después del inicio del ataque aún no pueden someter a Ucrania. Ni siquiera la propaganda ha funcionado.
Putin ha ordenado asesinar a sus enemigos hasta en Gran Bretaña con impunidad completa, por eso está convencido que es intocable y que no tiene que responder a nadie por sus acciones, amparado en la impunidad. Obviamente la logística de esta operación ha fracasado, los rusos ni siquiera han tenido suficiente gasolina para sus propios tanques para llegar hasta Kiev, la capital ucraniana. Es tan desconcertante que al parecer creían que a su llegada los ucranianos huirían despavoridos. En entrevistas que he visto con los soldados rusos capturados, no tenían la menor idea de qué hacían ahí ni por qué fueron enviados. Sí es un fracaso, y del otro lado, como tú dices, la Unión Europea con Estados Unidos y OTAN se han fortalecido mucho. Jamás se había visto esta integración de esfuerzos, de sanciones financieras y todas las medidas que están tomando en conjunto.


“Era imposible predecir, pero hay que reconocer que parte del shock a los rusos es la resistencia feroz del mismo presidente de Ucrania. Nadie esperaba eso, era un tipo que salió de la televisión, que tenía su programa de comedia, nadie lo tomaba muy en serio y resulta que hoy es un héroe. Eso también ha dejado a mucha gente boquiabierta y demuestra que un individuo, en un momento muy preciso, puede hacer un cambio dramático en el rumbo de las cosas”.


También llama mucho la atención el papel ambiguo de China, que se mostraba como un aliado incondicional de Putin a inicios de febrero, cuando anunciaron esta alianza contra occidente y contra la OTAN. Pero parece que los chinos están distanciándose de su mejor aliado. ¿Cómo evalúas el papel de China en esta aventura rusa en Ucrania, al parecer Putin también se sentía intocable por su apoyo?
Claro, porque las sanciones de Occidente a Rusia serían mucho más débiles si China estuviera jugando un papel, rompiendo el aislamiento de Rusia. Los chinos son sumamente pragmáticos. Cuando ven que le está yendo muy mal a Rusia solo se apartan. Ellos dependen mucho de los negocios con otros países, en todas partes. Rusia obviamente es un socio importante en términos estratégicos; como vemos en América Latina tienen, diría yo, una coincidencia de plataformas digitales para frenar la influencia de Estados Unidos, entre otros objetivos. Pero al final, los chinos van a ver lo que más les convenga. Este momento Estados Unidos y la Unión Europea son unos socios económicos mucho más importantes que Rusia. En América Latina, casi todos los países, menos Bolsonaro, Maduro y Ortega no han salido en contra de los rusos, pero los chinos no quieren estar en el lado peligroso, ni pagar un precio más alto. Para China el costo de que Rusia se moleste es mucho más bajo que el que deberán pagar con EE.UU., la UE y  América Latina. Es un cálculo puramente pragmático que en este sentido ha dañado mucho a Rusia porque el fracaso de la operación inicial demostró que ni el ejército era tan fuerte, ni la operación era tan sólida. Ni siquiera han conseguido controlar la batalla aérea, los ucranianos todavía tienen sus jets y siguen contraatacando a los rusos. Eso era impensable, uno creería que los rusos hubieran aplastado toda la resistencia aérea de los ucranianos en poco tiempo y no lo han logrado.

También afecta de alguna manera el plan de China (que conocía semanas antes el plan de los rusos contra Ucrania), porque se veía que ellos podían aprovechar la oportunidad para darle el zarpazo a Taiwán. Así darían una señal clara a Occidente, pero eso no ha ocurrido. ¿Qué pasó?
China ha tenido muchas oportunidades para agredir a Taiwán y ha tomado, no siempre, pero en términos relativos, una política de presión constante pero sin ataques bruscos como hicieron con Hong Kong, hasta que tuvieron que entrar con más fuerza, pero Taiwán tiene un buen armamento y está preparado. China podría aplastar a Taiwán, sin duda, pero el precio sería altísimo. Tal vez lo que está ocurriendo con Ucrania es una alerta disuasiva para China, que esperará estar mucho más preparada para invadir ese país. Este momento lo que los chinos pueden estar viendo es que ellos sean la alternativa a EE.UU., como principal potencia. En América Latina, China y Rusia han sido aliados en muchos aspectos pero también competidores en la venta de armas, en obras de infraestructura, de minería. Y este momento, tal vez China esté viendo que pueden copar la cancha, aprovechar que no deben preocuparse de competir con los rusos y desplazarlos económicamente. China no tiene prisa, Putin tampoco, en realidad no había una razón obvia para invadir a Ucrania en este momento, pero China no muestra ningún interés por invadir hoy Taiwán, puede hacerlo en 5 o 50 años.

Parece precisamente que Putin quería dar la impresión de que era una súper potencia con gran poder bélico y una estrategia bien pensada, cohesionada. Con el ataque, Putin queda desnudado como un líder improvisado que subestimó a Ucrania y su evidente inferioridad de fuerzas militares. En 2014 Rusia hizo una operación más efectiva cuando se anexó Crimea, que fue arrebatada por la fuerza a Croacia. ¿Por qué hoy han cometido tantos errores, si en 2014 ya tuvieron éxito con una operación parecida?
Hay varios factores. Primero, en Crimea había una población pro rusa mucho más fuerte, con cierta disponibilidad para apoyar a los rusos. Eso marca la diferencia de Rusia con Ucrania. Putin pensó que iba a haber un apoyo popular a la invasión, pero al contrario hubo una resistencia fuertísima. Además, el 2014 nadie estaba preparado para la guerra cibernética que desató Putin. Ahora todos estaban preparados. Es impresionante cómo lograron juntar en su contra a hackers de todo el mundo, que están cerrando los sitios web de Rusia, empezando por el Ministerio de Defensa. Eso no ocurrió el 2014. Facebook, Twitter y otros gigantes tecnológicos están sacando del aire muchos de los sitios y medios de Rusia. Elon Musk ha puesto su link satelital para que la gente tenga acceso al internet para que no pueda ser bloqueada por el gobierno ruso. Ha habido una reacción tan amplia, en todo el mundo, que Rusia jamás se esperó. También el presidente Joe Biden actuó muy bien, ha tenido la iniciativa de las drásticas sanciones contra los rusos, corriendo sus riesgos. Esto quitó mucho el elemento de sorpresa que Putin tuvo en otras circunstancias. Entonces había mucha discusión en EE.UU. sobre si era conveniente divulgar la inteligencia que tenían las agencias sobre la inminencia de la invasión.


“Al final de cuentas la información fue acertada, la inteligencia de EE.UU. fue muy buena. Dejó completamente desamparado a Putin, porque hizo exactamente lo que Washington dijo que iba a hacer, aunque luego trató de desmentirlo y justificarlo. Esa mentira ya no caminaba. Hubo muchos factores pero las reacciones de la comunidad de hackers y de los jóvenes en contra de Rusia es digno de analizar hacia el futuro, porque ha cambiado la correlación de fuerzas dramáticamente”.


Putin, en medio de tantas alertas, perdió el factor sorpresa, que es fundamental. En 1939, cuando Hitler invadió Polonia se había preparado al menos ocho años para la guerra, su proyecto era volver a ser un imperio y la potencia hegemónica, con una misión mitológica de acabar con el pueblo judío y empoderar a los arios. Putin retoma esas prácticas para volver a ser un imperio, la potencia antagónica. En 1992 cuando Rusia firmó el tratado de Budapest, tras la disolución de la Unión Soviética, se decidió que Ucrania devolvería todas las armas atómicas a Rusia, que por su lado se comprometió a no violar la soberanía de Ucrania. Pero Putin incumple constantemente ese tratado, al igual que Hitler lo hizo con el acuerdo de Versalles.  ¿Crees que EE.UU. y la UE ya tenían información, y por eso la contundencia de las respuestas de las sanciones ha sido tan rápida?
Lo que hizo que la reacción fuera tan contundente y rápida son las actuaciones del mismo presidente de Ucrania, con el llamado personal a reuniones con la UE, a los mandatarios de diversos países. Hay que reconocer lo que muchos de los países europeos reconocieron, sobre todo Alemania, que habían cometido un error histórico en dejar que Putin creciera como lo hizo. Yo estaba en una conferencia de la OTAN hace unos años, acudió el comandante de ese organismo. Al hablar sobre Rusia dijo que Occidente debe entender que la mayoría de naciones cree que están jugando un partido de fútbol en una cancha de fútbol, donde una tarjeta amarilla significa una cosa, la tarjeta roja significa otra. Pero los rusos están jugando polo en una cancha de fútbol, y las reglas del fútbol no les importan en lo absoluto. El árbitro puede pitar, sacar tarjeta roja y eso no le importa a Putin, sigue jugando su propio partido, al margen de cualquier acuerdo. Pero eso es lo que calcularon mal durante todos estos años EE.UU. y sus aliados, pensando que Rusia se había equivocado, se había salido de un poco de los acuerdos, en lugar de reconocer que ha roto todos los tratados, que les importa un pepino lo que pasa, y siguió atropellando a quien se le ponía en el camino.

En la segunda guerra mundial el error histórico de EE.UU. y sus aliados europeos, a excepción de Inglaterra, fue precisamente minimizar todas las alertas que llegaban desde 1931 sobre lo que estaba pasando en Alemania y el avance del nazismo, y pasó lo que pasó, con el inicio de la II Guerra Mundial. Hoy es distinto, hay una cohesión histórica de la UE, EE.UU. y otros países gravitantes como Reino Unido, Canadá, Japón. Esto definitivamente también se le salió de las manos a Putin; Rusia está totalmente aislada, bloqueada, hay debilidades internas, con el rublo devaluado, hay manifestaciones, en fin hay fisuras por todas partes.
Las manifestaciones en Rusia requieren mucha valentía, salir a las calles sabiendo como va a responder Putin, que no duda en apresar y hasta eliminar opositores. Las protestas han sido importantes, miles de personas, en varias ciudades, aún en invierno. Esto debe preocuparle mucho al presidente ruso, pues no ha ocurrido en muchos años, con el cambio de estación seguramente más personas saldrán a protestar. Entonces, los cálculos de Putin son un error histórico sin precedentes.

Se puede decir que la forma en la que los estados enfrentan hoy este tipo de guerras convencionales, la respuesta que estamos viendo de la comunidad internacional para un estado agresor es también histórica. Se están aplicando otros mecanismos que son letales para cualquier país, sin recurrir a una respuesta armada directa, sino a bloqueos financieros, incautaciones a los oligarcas rusos, hackeos, cierre de páginas y medios en redes sociales. ¿Esto ha cambiado de manera radical la forma en la que se enfrentan estos problemas para aislar a estas potencias agresoras?
Sin duda, y digamos que el sistema bancario internacional, indispensable para las transacciones de Rusia y sus habitantes, hoy está cerrado a cualquier transacción, nadie quiere el rublo; no han podido, por ejemplo, vender sus reservas de oro en dólares a los japoneses, esa interconexión es lo que ha dado fuerza a las sanciones, así como la prohibición de volar por espacio aéreo y marítimo de muchos países, el retiro de visas, la incautación de propiedades, cuentas, inversiones; tampoco pueden vender su petróleo ni su gas. Rusia no está en condición ahora de soportar semejante bloqueo, porque además es una economía debilitada, sufre de alta inflación y la gente no puede retirar su dinero de los bancos. A Rusia le han cerrado todas las puertas y ventanas, eso sí tiene un impacto histórico.

Entonces, este conflicto azuzado por Rusia está generando doctrina sobre cómo enfrentar futuros ataques unilaterales. Además, contra todo pronóstico, la mejor publicidad para la OTAN fue promovida por los rusos, pues muchos más países hoy quieren sumarse a este tratado, incluso para defenderse en bloque de Rusia.
Sin duda, nadie esperaba esto, ni los europeos ni los dirigentes de la OTAN, tampoco Biden. Nadie esperaba que habría una reacción tan fuerte, que al final iba a unificar a varios pueblos y que ahora, como dices, todo el mundo quiere entrar a OTAN. Este organismo ha sido un poco problemático para países como Hungría y Turquía, que se han vuelto más autoritarios, no han mantenido la línea de derecho y democracia tan fuerte como antes, pero ahora pueden retomar ese sendero. Creo que sí va a generar doctrina, de cierta manera. No todos los conflictos han despertado esta clase de unidad y de enfrentamiento, es un país europeo cercano, conocido, una guerra en África o en América Latina tal vez no vaya a generar la misma reacción, no es tan fácil trasladar este modelo a otras partes. Pero sí demuestra que cuando hay voluntades unidas, el efecto de las sanciones puede ser devastador, aunque rompa las reglas del juego. Esa sí es una lección muy valiosa.

Además, tampoco se midió el escenario de que estamos tratando de salir de la pandemia por el Covid que golpeó duramente a la economía global estos dos años. Con la invasión rusa hay un nuevo golpe a la economía mundial, que frena la recuperación, pero sobre todo afecta directamente a Rusia. ¿Crees que hubo un cálculo del costo beneficio?
Es una pregunta muy importante, ¿Qué estaban pensando? ¿Qué beneficio iban a sacar de eso los rusos? A no ser que la guerra no durará más de 48 horas, suficientes para el asalto a Ucrania, tomar todos los recursos, cambiar de gobierno y estar felices, con gastos mínimos. Lo que se evidencia es que el gran mito de que las fuerzas rusas se habían modernizado, y su poder de fuego era letal, así como su alcance como ocurrió en Siria donde sí entraron los rusos, bombardearon barrios matando miles de civiles inocentes, en 2015. Acá en Ucrania no lo han hecho todavía y espero que no lo hagan. Sin duda calcularon muy mal ese costo-beneficio, si la guerra duraba más de tres días el costo iba a ser más alto que el beneficio, ya estamos en el día 7. Por eso vuelvo a la idea de la prepotencia y ceguera de Putin, que como muchos otros dictadores se cree infalible por haberse mantenido tanto tiempo en el poder. Otra cosa que se ha demoronado desde el inicio de la ofensiva es el mito del poder militar ruso, eso debe dolerles tal vez más que cualquier cosa, porque no se ven ahora como un poder militar a nivel mundial, se ven como un ejército, unas fuerzas armadas de segunda o tercera categoría, que fracasaron en una tarea que debió haber sido más o menos fácil.

Respecto a Latinoamérica mencionaste que el tema económico es muy importante, sobre todo las finanzas criminales. El esquema que emplean es el uso de empresas de fachada y testaferros, que aparecen como los dueños de negocios que apoyan proyectos estratégicos en Latinoamérica, como Nicaragua y Venezuela, para hacer la triangulación de petróleo, por ejemplo. ¿Qué pasará con la estrategia de Rusia en Latinoamérica, luego de este fracaso armado?
Rusia ha tenido, distinguiéndose de China, relaciones muy profundas con unos cuantos países. Cuba, su aliado de siempre, Venezuela donde entraron al principio con Hugo Chávez y se quedaron con Maduro, para sacar provecho de varios negocios. La doctrina rusa estima que EEUU y la UE estaban en su patio trasero, que es Ucrania. Ellos tienen la necesidad de lo que llaman el lejano cercano de EEUU del hemisferio Occidental; por eso es estratégico estar en Nicaragua, Venezuela, Cuba, donde pueden molestar mucho a EE.UU. Rusia se ha empeñado en vender armas, hacer muchas tareas de espionaje, de guerra electrónica, especialmente desde Nicaragua, pero no tienen una presencia masiva. Han tratado de entrar al área de petróleo, de energía atómica nuclear, han estado muy presentes en diferentes campos también en Ecuador y Colombia y tienen sus grupos muy bien montados en Chile. Pero el corazón de lo que hace Rusia en el hemisferio está en Nicaragua, donde se sienten muy cómodos con Daniel Ortega; tienen impunidad absoluta para hacer entrenamientos permanentes, tienen sus propios edificios de inteligencia y espionaje, porque eso les permite estar atentos sobre lo que ocurre con EE.UU. También les interesa mucho el litio, aunque realmente no pueden competir con China y EEUU en tecnología telefónica y electrónica.


“Lo que sí han hecho los rusos es vender aparatos de inteligencia muy sofisticados a Nicaragua, que no tenía la capacidad de monitorear a sus enemigos internos, esa capacidad la han vendido a Venezuela, están tratando de venderla a Paraguay y otros países. Es una especie de venta muy enfocada, no tan amplia como los chinos, pero con un daño tremendo a los procesos democráticos”.


En la época de Correa hubo sistemáticos intercambios de información, hubo incluso la intención de lograr un acuerdo sobre energía nuclear y cooperación de Inteligencia, gente se capacitó en Rusia. El correísmo necesitaba mejorar sus mecanismo y tecnología para hostigar y perseguir a los opositores, a la prensa. En fin, este es el esquema que le interesaba fortalecer a Rusia. ¿Cuán efectivo ha sido su proyecto?
Sí, su interés es crear un mundo donde EE.UU. no tenga tanta influencia, crear una alternativa en este caso de América Latina bastante débil, llevan mucha gente para enseñarles cómo hacer negocios en Rusia, pero sobre todo es inteligencia. Además del entrenamiento ellos proveen equipos muy sofisticados a los gobiernos más autoritarios de la región, les capacita para que tengan un control interno más fuerte de lo que sería posible sin ellos. China tiene su esquema macro de tomar control de las comunicaciones, de los sistemas electrónicos, pero no tanto en proveer la inteligencia específica para que un gobierno pueda ir tras sus enemigos internos fácilmente. Rusia no se preocupa de las cosas macro porque no puede competir con China, pero sí te ofrecen la posibilidad de tener un equipo que te deja perseguir a cualquier individuo, monitorear todo lo que diga, con quién está y dónde. Esto con la organización y la estructura que tienen ayuda, por ejemplo, a Ortega, él no tenía capacidad de hacer esto hasta que los rusos le proveyeron todo en 2018, cuando hubo las primeras manifestaciones, luego mataron a los primeros disidentes y metieron a los demás a la cárcel. De repente se acabó la oposición en Nicaragua.

¿Rusia sigue utilizando empresas de fachada, empresarios, que son sus operadores,  para financiar proyectos específicos en los cuales están interesados?
Lo que nosotros hemos monitoreado, hasta publicamos un documento sobre las alianzas que ellos crean, especialmente con un medio de comunicación como Sputnik News y RT, tienen corresponsales, diría yo, mal llamados periodistas que repiten la misma noticia en Tele Sur, después pasan a Sputnik News, luego a Hispantv que es de los iraníes y dicen que es la misma cosa. Hay una serie de actores que transmiten el mismo mensaje en diferentes plataformas, a diferente gente. China no hace eso, está en su propia plataforma con su propia dinámica, pero Rusia sí está muy aliado con los bolivarianos y con los iraníes en la idea de refundar América Latina en una imagen muy distinta a la democracia liberal tradicional que hemos visto desde que terminó la guerra fría. Tienen grupos de empresarios muy vinculados al Gobierno de Putin, pasean por la región diciendo “vamos a ofrecer ciertas cosas, vengan a Rusia”. Si uno rastrea las empresas, todas están vinculadas con firmas estatales en Moscu. Es imposible tener una relación independiente si uno es un empresario ruso que está en América Latina.

 ¿Cuál es tu lectura sobre la estrategia de Rusia de usar Latinoamérica y sus alianzas con algunos países como un distractor para EE.UU., para que no se ocupe de lo que ha estado ocurriendo en Ucrania, antes en Crimea?
Sí, la idea es que su aliados latinoamericanos se distancien de EE.UU. y a la vez sirvan para sus trabajos de ataques cibernéticos y monitoreos. No dudo que los rusos intentarán desviar la atención de Ucrania con algún incidente en cualquier país latinoamericano. Están desesperados, lo de Ucrania los está matando. No sé si van a lograr en un tiempo corto armar alguna cosa, pero en lo que ellos dedican muchísimos recursos es la narrativa sesgada, manipulada, de lo que está pasando. Si uno ve RT o Sputnik, tienen mucha audiencia en Chhile y Argentina, en el Cono Sur son importantes medios de información. Y la narración de estos medios estatales rusos es que no hay invasión, que no pasó nada, que el pueblo en Ucrania está abrazando a los rusos, y eso se repite en su medio aliado Telesur, en miles de páginas de Facebook, para dominar una narrativa. Ellos han tenido mucho éxito en el pasado en eso. Pero en las actuales circunstancias, cuando hay gobiernos de izquierda, con espíritu democrático, que condenan la invasión rusa y apoyan a Ucrania, eso muestra ciertas fallas en el sistema ruso de dominar la narrativa. Prácticamente ningún presidente, a excepción de Maduro y Ortega, y en menor medida Bolsonaro, que sigue diciendo que él trajo la paz entre Rusia y Ucrania, y otras cosas inverosímiles. En este caso esa estrategia no ha servido tanto. Por eso lo más probable es que quieran mandar, como hicieron antes, a sus aviones de bombardeo más grandes a Cuba y Venezuela y decirles  a EEUU “nosotros también podemos llegar donde ustedes están”.

El tema mediático y la construcción de la postverdad  ha sido muy importante para Rusia. En Ecuador los medios propagandísticos rusos ni Telesur han penetrado tanto, y con las últimas medidas de sacar sus páginas de algunas plataformas como Facebook ha debilitado a ese pull de medios. ¿Se les viró la torilla?
Es un poco como lo que pasó con el expresidente Trump, le suspendieron su cuenta de de Twitter y Facebook, y él envía cartas que otros publican, pero no es lo mismo que estar interactuando en los medios. Imagino que RT y Sputnik seguirán difundiendo sus noticias, pero el impacto será mucho menor que antes. Eso demuestra que sí es factible, si hay voluntad de Facebook, Twitter, Instagram; más que eliminar noticias falsas, reducir bastante el impacto que tiene esa propaganda.

Entonces, hay que tomar acciones contra quienes generan la información falsa porque combatir la desinformación es una batalla perdida.
Exacto, hay que cortar la generación antes de que esa información llegue a un público muy grande. Esta es una lección que habría que estudiar después, igual que los hackers independientes que están en este caso al lado democrático, diría yo; vamos a ver en otras luchas de qué lado aparecen.

Claro, Putin se compró una pelea fea con quienes realmente no debía, que son los hackers. Ahora es víctima de prácticas de ataques cibernéticos que él ha usado indiscriminadamente contra otros gobiernos. Recibió un poco de propia medicina.
Eso es lo más irónico. Son autores no estatales, no controlados por los estados que siempre se han proclamado amantes de la libertad, en este caso lo están demostrando, están en contra de una invasión. Pero están evidenciando el poder que tienen, habrá gente que apoye al uno o al otro lado. Será interesante estudiar el impacto y cómo se formaron estos grupos, cómo coordinan entre ellos, porque son muy descentralizados, con un gran impacto.

También llama la atención o, más bien, confirma la tesis de cuán cercano estaba Wikileaks de Rusia, de Putin, a través de Julian Assange y del mismo Edwars Snowden, que se han callado y no dicen absolutamente nada sobre el tema de Ucrania, más allá de intentar justificar la invasión.
Sí, los grandes expositores de la libertad de expresión ahora están calladitos, es interesante. Me imagino que Snowden, al estar custodiado por agentes de Rusia, no se siente en libertad de decir muchas cosas, suponiendo que quisiera, lo cual difícilmente sabremos. Pero es un fenómeno que ellos, los rusos, han usado para hacer mucho daño a los intereses estratégicos de EEUU. Ahora se les viró la tortilla, ellos mismos están pagando el precio por no entender cómo funcionan estos grupos independientes como los hackers, que están fuera de la órbita de cualquier gobierno.

Muchos hablan de que hay una reconfiguración del orden mundial ¿Es realmente un quiebre histórico que marca el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales?
El mundo está cambiando dramáticamente, a pasos tan acelerados, en términos del cambio climático, de cambios económicos, de comunicación, de todo. Después de esto, de la arremetida rusa contra Ucrania, el planeta seguro va a cambiar, pero nadie va a poder controlar exactamente hacia donde. La gran lucha en este momento no es la izquierda contra la derecha, es la democracia liberal contra el autoritarismo. Es lo que estamos viendo en toda América Latina, donde tenemos autoritarios de derecha como Bolsonaro, o de la izquierda como Maduro,  y aquellos que no tienen ninguna ideología. Entonces es el autoritarismo que no necesariamente se define como inherente a una ideología.


Tenemos democracias que deben estar en el mismo lado de la lucha importante que es la democracia, el estado de derecho, contra las tiranías. Es la misma lucha que también hemos vivido en EEUU. La llegada de Trump significó un viraje hacia el autoritarismo que nos asustó a muchos y este proceso aún no ha terminado. No se trata de ser demócrata o republicano, es cuestión de defender los pilares de la democracia moderna, que las instituciones funcionen, existan contra poderes, elecciones libres”.


¿Qué te parece la posición del presidente electo de Chile, Gabriel Boric? El mal llamado progresismo latinoamericano esperaba seguramente que él solapara también a los rusos, como lo han echo los Bolivarianos y el Grupo de Puebla. Boric se sale del rebaño o quizá nunca fue parte de este grupo cercano a los intereses rusos, que esperaban que todos los líderes de esta tendencia hagan espíritu de cuerpo.
Es muy saludable, prefiero no comentar tanto sobre la política interna que llevaría él en Chile, pero creo que a propósito de lo que estamos hablando sobre la democracia contra el autoritarismo, Boric lo ha tomado de un lado muy definitivo con apoyar la democracia. Eso es admirable y, claro, va muy en contra de lo que eran tradicionalmente los bolivarianos. También eso pasó en Uruguay con Mujica, que fortaleció una izquierda democrática sana en América Latina, que no apoya el modelo autoritario de los bolivarianos. El pronunciamiento de Boric sobre Ucrania es importantísimo para la izquierda democrática de la región.

Es vital, sobre todo por lo que se viene en Brasil. Lula es un candidato que puede llegar, es lo más posible que llegue nuevamente a la Presidencia. ¿Crees que Lula se unirá al modelo de la izquierda autoritaria, incluso corrupta, o tomará distancia, para apoyar un modelo más democrático?
La gente siente ahora, tanto en EEUU como en Latinoamérica, un agotamiento por la falta de resultados de las instituciones estatales, de los políticos tradicionales. En Brasil pasaron de una izquierda a una derecha bastante autoritaria, por lo menos Trumpista en su falta de respeto a las instituciones. Debe haber una cierta reacción a eso, y el más posicionado, como dices, es Lula. Lula estuvo preso, sufrió en carne propia la represión abusiva de la dictadura. Aprendió lo que es el autoritarismo. Han pasado muchos años, estamos viendo lo mismo en Honduras donde llega Xiomara Castro después de muchos años de que el presidente se alió con los bolivarianos. Estoy preocupado pero creo que hay que dar espacio para ver hacia dónde van. El hambre de cambio, de reinstitucionalizar, revitalizar las instituciones para mejorar las condiciones de los países latinoamericanos es fundamental. Hay que reconocer que Lula en su primer periodo especialmente hizo económicamente cosas que fueron realmente admirables, de levantar a la gente de la pobreza o de la clase media baja. Para mi sigue siendo una incógnita el camino que va a tomar.

¿Qué pasará en la región con los aliados incondicionales de Rusia, Nicaragua, Cuba y Venezuela? ¿Habrá alguna repercusión para ellos por el bloqueo y sanciones a Rusia?
Económicamente habrán repercusiones económicas por el cierre de operaciones en el sistema financiero mundial. Sin embargo, Rusia no tenía mucho dinero que darles, y no significaba un apoyo tan definitivo para estos países. Más bien va a estar muy debilitado su aliado principal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ciertas esferas internacionales donde Rusia los ha protegido mucho de todas las condenas internacionales, etc. En general Rusia y sus escasos aliados están muy golpeados, son vistos como gobiernos dictatoriales. El mundo, en general, está buscando modelos, y yo espero que gente como Boric lleguen a hacer otro modelo, una alternativa sana porque al principio como con Correa, que ustedes vivieron, en Venezuela, en Nicaragua, incluso en Bolivia, también todo el mundo pensaba que tal vez serían una alternativa sana, no de izquierda o derecha, sino de cómo refundar los estados y entrar en una nueva época. Años más tarde solo fueron modelos de como acabar con la democracia. Rusia está demostrando lo mismo, al ser dirigida por un dictador durante 15 años que lleva a ese pueblo a una guerra innecesaria, que está colapsando su economía, ya no es relevante como modelo para nadie, por lo menos para la gente pensante. Sus aliados en Latinoamérica también quedarán más aislados, más marginados y menos relevantes, en términos ideológicos, en términos del debate político hacia el futuro de la región, así se acaba el mito de que tienen algo mejor que ofrecer.

Todos los bloqueos e incautaciones que han hecho varios países a las cuentas de los oligarcas rusos también han permitido poner la luz sobre las actividades ilícitas, turbias del gobierno ruso y sus testaferros. ¿Crees que se puede llegar más lejos para destapar algunas de las operaciones criminales de las mafias rusas, que operan con el Kremlin?
Así es, es una buena oportunidad, espero que los países tomen enserio esta opción, hemos visto durante años que los oligarcas rusos han tenido miles de millones de dólares en Londres, y sus autoridades nunca han levantado un dedo para investigarlos. También tienen muchos recursos en Miami. Ni EE.UU., ni Inglaterra son países que necesiten esa plata para su desarrollo. Nosotros en IB Consultans hemos documentado que tienen muchas inversiones y depósitos en Uruguay, en diferentes partes de América Latina. Ojalá exista la voluntad política que permita descubrir y sancionar todas esas actividades criminales, porque ese dinero fue robado del pueblo ruso. Estamos hablando de gente que literalmente saqueó el estado y se llevó cientos de miles de millones de dólares fura de Rusia. Permitir una investigación a fondo de todas esas cuentas y decomisar algunos de esos bienes sería lo más saludable. Mi experiencia me dice que en estos casos, cuando llegan realmente a tocar intereses económicos que están interconectados con los líderes financieros en EEUU, Gran Bretaña, en diferentes países, ahí se juega un poco la investigación porque nadie quiere salir ensuciado, ojalá tengan la voluntad de seguir adelante, pero no tengo muchas esperanzas.

Este patrón usado por funcionarios para sacar al exterior los recursos que roban del estado no solo es aplicado por Rusia sino por Venezuela, Nicaragua, Ecuador, en la década en que Correa estuvo en el poder. Es un esquema que aplican todos ellos, y de alguna forma podría ser la oportunidad para tratar de desmantelarlo.
Por lo menos debilitarlo y dar ejemplo de que se puede pagar un precio, y que no todo queda en la impunidad absoluta como siempre ha ocurrido. Ese es el gran reto, capturar todos sus bienes y castigar a todos, sentar un precedente para que sepan a lo que deberán atenerse y no seguir evadiendo la ley por varias décadas, con la complicidad de las autoridades de esos países.

¿Cuáles serán las consecuencias para Rusia, además del tema económico? Por todo el tema humanitario, hay más de 700 mil personas que han abandonado Ucrania, ya hay más de 2.000 muertos civiles ¿Hay alguna forma de que Putin responda por sus crímenes ante la Corte penal Internacional? ¿Qué mecanismos se pueden activar para exigirle cuentas a Putin por esta acción armada?
Con la Corte Internacional es un proceso muy largo, yo lo vi muy de cerca con Charles Taylor, de África, en el proceso que culminó con su condena. Espero que sí, porque solo pensar en que esta clase de invasión tan cruenta a un país en tiempos de paz quede impune, me duele mucho. Aparte de las instancias internacionales uno puede pensar en llevar casos específicos criminales contra Putin y sus líderes militares en Europa, en EEUU, para que la gente pueda por lo menos aspirar a recuperar algo, porque en esos casos lo que pasa muchas veces es que el estado ruso no se presenta a rendir cuentas de sus actos. Pero los fondos incautados a los rusos se pueden usar para indemnizar a las víctimas.

 

“Amenazas criminales buscan liquidar el país”: Cobo

Por: Arturo Torres

ENTREVISTA. El Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), ex Senain, fue inaccesible para la prensa por años. Un búnker inexpugnable. Especialmente durante el gobierno de Rafael Correa, que en 2009 creó la Secretaría Nacional de Inteligencia, recordada por sus prácticas turbias, de espionaje y hostigamiento a opositores y periodistas, por el despilfarro de cientos de millones de dólares en gastos especiales en operaciones ficticias, con fuentes inexistentes. En el gobierno de Lenín Moreno la Senain cambió de nombre, pero fue una reforma más bien cosmética, en medio de denuncias del manejo discrecional de recursos, para la compra de millonarios equipos y licencias, que se pagaban todos los años. Hace tres meses, el coronel (r) Fausto Cobo tomó el timón de este barco. Antes de la entrevista, Cobo nos acompaña en un recorrido por el Centro, mientras comenta los sapos y culebras que siguen encontrando, en particular por temas de corrupción en la compra de sistemas informáticos y licencias, que ya han sido judicializados y hoy son investigados por la Fiscalía. Al final de la caminata llegamos a una sala amplia, con techo elevado, llena de monitores, donde se aprecian imágenes y videos captados por las cámaras del ECU-911. La entrevista decurre en este salón, con las pantallas a espaldas de Cobo, que hace pocas semanas acaba de superar el Covid, por segunda ocasión.

P. La acelerada mutación del crimen organizado en el país debe ser objeto de un estudio y análisis multidimensional. ¿Cuál es su diagnóstico sobre este fenómeno, de esta amenaza, con su perspectiva de Inteligencia?
R.Creo que Ecuador, la región y el mundo están enfrentando una forma diferente de estrategia y táctica del crimen organizado contra la institucionalidad. Enfrentamos un nuevo modelo insurreccional, una de las moléculas es el narcotráfico. Nuestro país tiene ventajas geoestratégicas que nadie tiene en América Latina.

P. ¿Cuáles son?
R.La posición geográfica que permite que estemos en línea directa con Asia, a través del Pacífico, estamos cerca al Canal de Panamá que une dos mares, y próximos al sur de Estados Unidos. Además  tenemos un territorio pequeño, de forma redondeada, eso beneficia a las políticas de seguridad porque a cuatro horas de la fronrera norte está Quito, la capital, donde hay un aeropuerto. Se llega al mar y los puertos relativamente en poco tiempo. Todo eso le  interesa a la criminalidad, porque tenemos facilidad de vías de comunicación, puertos y aeropuertos. No obstante, la piel de nuestro territorio es de difícil protección, y cuando la piel no está fuerte las enfermedades entran con facilidad a este ser vivo que es el Estado. Históricamente hemos tenido amenazas convencionales y no convencionales. Las convencionales están en plano inferior de peligrosidad con las no convencionales, que son la criminalidad, el narco, que son las moléculas más sensibles.

P. Antes estas amenazas o moléculas, como usted las denomina, eran difusas. ¿Hoy existe algún aglutinador?
R. Así es, y tienen el fin de terminar con el Estado; buscan aproximarse en líneas convergentes. Hablamos del poder desestabilizador, a través del terrorismo político y radicalismos que buscan desestabilizar la democracia. A este nivel también hay conexiones con organizaciones criminales, con el narcotráfico. Otra molécula es el sistema penitenciario, que fue tomado por la criminalidad cuando el estado abandonó las cárceles y dejó crecer a organizaciones delictivas; esto se conecta al desgaste institucional. También entran en escena sectores radicales y exacerbados, algunos gremios que defenden causas, con proyectos divisionistas para desestabilizar al Estado.

P. ¿Entonces, usted encuentra convergencias y un punto de partida o de quiebre en la protesta de octubre de 2019?
R. Sí. La línea de lucha en las calles está intacta, el modelo que se aplicó en octubre no fue desactivado, eso está encaminado para desestabilizar y volverse un modelo insurreccional. Este momento la fuerza está en el Legislativo donde también se busca desestabilizar, tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana, estos grupos solo buscan el asalto del poder.

P. ¿Otra amenaza en este escenario serían también los ataques y hackeos a entidades públicas y privadas que se realizan desde el año pasado?
R. Así es. Los teatros de operaciones de las épocas anteriores cambiaron. Hoy uno muy importante es la guerra cibernética. Los estados no están preparados para eso, la doctrina de seguridad fue desbordada, superada. Tampoco hay que descartar el módulo de guerra armada, pues hay grupos que están agazapados, listos para actuar. Lo cibernético es fundamental en esta lucha de la criminalidad contra el Estado, que no estaba listo para recibir esa arremetida, pero hay que construir estas capacidades de defensa.


«Es una lucha desigual. El crimen organizado tiene inmensas capacidades económicas para potenciar y construir infraestructura cibernética, electrónica, con tecnología informática para atacar centros de gravedad como entidades públicas, bancos…».


P. ¿Inclusive hay reportes de ataques a los sistemas de monitoreo de la Marina?
R. Efectivamente, estamos en una guerra declarada por el crimen organizado, todos estos son objetivos de esta nueva forma criminal de alta peligrosidad, con muchos recursos de por medio.

P. Un tema sensible es el control electrónico de los barcos que navegan en el mar territorial ecuatoriano, los que zarpan para la pesca y para llevar combustible, pero muchas veces son usados por el narcotráfico para sacar la cocaína. Actualmente no están operativos dos sistemas vitales para esa vigilancia de Inteligencia en la Armada: Se trata del Sistema de georreferenciación de buques SIGMAR, que está inhabilitado desde hace mes y medio, por lo cual no hay un rastreo de las embarcaciones de más de 20 toneladas. Tampoco está funcionando el sistema Orca, que monitorea el abastecimiento de combustible para la pesca artesanal. Estos sistemas fueron hackeados. ¿Ustedes, como cabeza del sistema de Inteligencia, tenían esta alerta, qué se debe hacer?.
R. La protección del mar territorial es fundamental para evitar las actividades del narcotráfico, la pesca ilegal y el tráfico de combustible. Es indispensable actualizar las plataformas electrónicas y vamos a apoyar a la fuerza naval en esta tarea.

P. ¿Ustedes tienen identificada esa amenaza que se ha concretado en estas arremetidas de los hackers?
R. Absolutamente, por eso es fundamental fortalecer nuestras capacidades estratégicas, para blindar y proteger estos sistemas.

P.¿Cuál es la recomendación del CIES para enfrentar estos ataques de hackers a distinto nivel?
R. Aquí el liderazgo de la defensa cibernética es del Ministerio de Telecomunicaciones. Es una de las mesas que más está haciendo para avanzar en un subsistema del gran sistema de seguridad integral, que tiene que ver con protección del espacio cibernético, nosotros también integramos esta mesa. Acá también tenemos una unidad importante de ciberseguridad.

P. Hoy más que nunca es vital contar con información completa, fiable y contextualizada, con Inteligencia de primer nivel para entender cómo operan las estructuras criminales. ¿Cómo están trabajando los subsistemas de Inteligencia, tras años de una orientación politizada, corrupta del manejo de recursos para operaciones, usted mismo ha judicializado algunos temas de anteriores administraciones. ¿Se ha recobrado la confianza de los subisistemas en el CIES?
R. Ese paso es crucial, cambiar el criterio de la opinión nacional respecto al valor e importancia de contar con un sistema de Inteligencia integral, que no produzca ni sirva para el gobierno en particular ni un proyecto político, sino para servir a la seguridad integral del estado. Eso requiere de estrategias.


«Estamos trabajando en una ley de Inteligencia para limitar el poder de los sistemas y regular el uso de mecanismos sensibles, que puede, en un momento determinado, causar un daño inmenso a la democracia. Debemos estar regulados».


 

P. Otro aspecto medular es la rendición de cuentas constante de lo que hace Inteligencia.
R. La Ley de Seguridad establece que cada tres meses debemos rendir cuentas a la Asamblea, pero el primer usuario de Inteligencia es el Presidente. Debemos servir a nivel político estratégico con el Ministerio de Gobierno que preside el gabinete de seguridad.

P. Durante años ha existido un problema grave de descoordinación y falta de colaboración entre los subsistemas de la Policía y FF.AA. ¿Está ese problema subsanado? Esos organismos no han cooperado efectivamente con el CIES porque había una franca desconfianza, sobre todo de FF.AA., de compartir información con la Senain y luego con el CIES, por su politización.
R. Hay que institucionalizar y normar el sistema. Debe ser reconfigurado y fortalecido no solo con FF.AA. y la Policía, sino con la participación del SRI, la UAFE, Riesgos, Inteligencia Penitenciaria, para que sea integral. Ya hemos dado pasos importantes.

P. ¿Cuáles, por ejemplo?
R. Los componentes que les estoy mencionando, estamos apoyando la conexión con todas las entidades, para que organismos claves compartan información relevante, se rijan al concepto de Inteligencia: es decir una información procesada y verificada. La información que producen todas las entidades que he mencionado llega al CIES, dependiendo del tema que estemos estudiando, para procesarla y convertirla en Inteligencia.

P. Y también sacarle el diablo al tema de la Inteligencia, que está satanizada.
R. Estamos invitando a personas y medios, periodistas, a la ciudadania para hacer talleres y eventos, para que se conozca lo que hacemos con transparencia.

P. Otro problema es la descoordinación y poca cooperación entre las unidades de inteligencia de la fuerza pública. Concretamente entre la Armada y la Policía. Estas entidades no mantienen un cruce sistemático y permanente de informes para enfrentar de manera conjunta el crimen organizado, según oficiales que trabajan en esas áreas. ¿Cómo se puede corregir esta falencia?
R. Eso es parte de capacitación y entrenamiento; yo estoy proponiendo un ejercicio de inteligencia integral, para resolver problemas políticos y estratégicos. Debemos generar doctrina porque es un nuevo mundo el que enfrentamos en temas de seguridad. Hay que construir en el camino, sobre la marcha, para enfrentar eficazmente estas arremetidas insurreccionales. Colombia y Chile lo sufrieron, igual que países europeos; incluso al gobierno de EE.UU le sorprendió este modelo, que es de causas radicales, vimos cómo se tomaron el Capitolio, no es un tema de izquierda o derecha. Es un fenómeno global.

P. ¿Existen protocolos, normativas que vuelvan obligatorio el intercambio de información entre los subsistemas, que se ha manejado de una forma más bien discrecional? Es evidente que hay descoordinación entre esos organismos.
R. La única forma es normando, debe estar en la ley, en el reglamento. No es discrecional debe ser de obligatorio cumplimiento, la ley de Inteligencia debe ser construida con aportes de distintos sectores para que tenga legitimidad.

P. ¿Tienen listo el plan de inteligencia y contrainteligencia?
R. Sí, y están muy avanzados. Estoy tres meses aquí, pero no encontré ningún avance; no es fácil, es el plan de inteligencia integral, ya están las dos revisiones y solo falta la edición, pues queremos que sirva para que sea parte de una campaña de cultura de inteligencia para la toda la sociedad.

P. Otro frente criminal peligroso es el de la minería ilegal. Precisamente, sobre lo que ocurrió en Napo, donde cientos de mineros estaban devastando los bosques y ríos durante meses, ¿ustedes advirtieron ese escenario y elaboraron una apreciación de Inteligencia para que se hiciera el operativo. Desde cuándo estaban dando alertas de lo que estaba pasando y como se coordinó luego para el operativo, imagino que tomó varios días?
R. El resultado es lo más importante de valorar. Fue una operación exitosa, con la colaboración de varias entidades.

P. ¿Pero esa operación partió de información de Inteligencia?
R. Así es, primero salió del personal de Inteligencia táctica de la Policía y FF.AA. Luego la operacional. El CIES ayudó a construir integralmente y entregar la apreciación a la instancia política de toma de decisiones. Todo este proceso fue liderado por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que se puso al frente de una operación compleja, que pocas veces se ha hecho, había que coordinar con fiscales, jueces, peritos… En esta operación tambien hubo dificultades, fallas que hay que corregir.

P. ¿Qué errores hubo?
R. Partamos de que más que errores son aprendizajes, nos sirven para mejorar. En toda operación pueden ocurrir errores, en este caso pequeños. Por ejemplo, el factor sorpresa.

P. ¿Por lo que se filtró la información de que se haría el operativo?
R. Falló la contrainteligencia que debía proteger más esta operación, sí dio un buen nivel de protección, pero faltó más, no fue suficiente. Contrainteligencia tenía que haber sugerido que el tiempo entre la decisión y ejecución del operativo sea más corto.

P. ¿Entonces la operación se hizo a partir de la información recabada por los subsistemas y el procesamiento del CIES?
R. Sí, y por eso hay que montar un ejercicio parecido luego, para entrenarnos, no solo con militares y policías sino con funcionarios de otras entidades públicas. Estos ensayos son indispensables para enfrentar nuevas amenazas. El aprendizaje siempre es previo.