El excontralor Carlos Pólit acaba de ser detenido en Estados Unidos donde residía, acusado de lavado de activos. Mientras fue contralor jugó un papel fundamental para blindar a la empresa Odebrecht de cualquier responsabilidad en millonarios proyectos de construcción, plagados de corrupción y fallas. Fue sentenciado por recibir sobornos por 10 millones de dólares de esa constructora. Lo que no se conocía es, precisamente, su rol empresarial privado. Tampoco su nivel de relaciones y contactos con funcionarios del gobierno de Rafael Correa, al que debía controlar, pero realmente protegió, así como a sus aliados. Para cuidarse las espaldas, empezó a deshacerse de todos su bienes. Estaba prófugo en Miami. Nota actualizada este 29 de marzo del 2022.

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Por Arturo Torres

Extrovertido y audaz. Carlos Pólit, ex contralor, tuvo amigos secretos tanto en el poder como fuera de él. Tenía línea directa con el entonces presidente Rafael Correa, en Carondelet. También con representantes de algunas empresas que fiscalizaba, entre ellas Odebrecht.

Su círculo próximo incluía personas que –con los años- llegaron a ocupar altos cargos en el gobierno de Correa. O que gravitaban en su entorno. Entre ellos: una ex gerente del Banco Central del Ecuador; un familiar directo de los hermanos Patiño Aroca; una ex Intendenta de Seguros y un ex asesor de la Presidencia. Sus relaciones fueron más allá. El prefecto manabita Mariano Zambrano Segovia se cuenta entre sus cercanos. Las autoridades determinarán si Pólit lo protegió desde la Contraloría.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy 29 de marzo que Pólit fue detenido en EE.UU. acusado de lavado de activos. En Ecuador está sentenciado por el cobro de coimas en el caso Odebrecht.

Según la acusación, realizada el 24 de marzo, y conocida hoy, entre 2010 y 2016, Polit Faggioni presuntamente solicitó y recibió más de $10 millones en pagos de sobornos de Odebrecht SA, a cambio de influir en las acciones oficiales de la Contraloría en su beneficio y negocios en Ecuador. Además, se alega que Polit recibió un soborno de un empresario ecuatoriano, alrededor de 2015, a cambio de ayudarlo junto a su empresa en relación con ciertos contratos de la compañía de seguros estatal de Ecuador.

Desde 2010 hasta al menos 2017, bajo la dirección de Polit, otro miembro de la conspiración hizo que las ganancias del plan de soborno de Polit «desaparecieran» mediante el uso de empresas de Florida, registradas a nombre de ciertos asociados, a menudo sin el conocimiento de los accionistas. Los conspiradores también usaron fondos del esquema de soborno de Polit para comprar y renovar bienes raíces en el sur de la Florida y en otros lugares y para adquirir restaurantes, una tintorería y otros negocios.

Odebrecht SA se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016 en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en relación con un plan más amplio para pagar casi $800 millones en sobornos a funcionarios públicos en 12 países, incluido Ecuador.

Polit está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Si es declarado culpable enfrentará hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

Contralor ungido por Correa

Pólit fue ungido Contralor del Estado en 2007, por el debutante presidente Correa, de una terna enviada por el Congreso. El manabita, de ascendencia italiana y con nacionalidad estadounidense, hasta entonces simpatizaba con Sociedad Patriótica. Pronto tendría la confianza del nuevo régimen: ganó dos concursos consecutivos para lograr la reelección como contralor. ¿El organizador? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de siete integrantes, en su mayoría afines al gobierno.

En su faceta de empresario –a mediados de los 90- conformó un hermético entorno de confianza, que lo acompañaría años después en la Contraloría. Pólit fue presidente de la empresa Tecnocarga Expreso y Turismo, constituida en Guayaquil. Entre los accionistas está su cuñado Jorge Estévez Cherres. También fueron directivos Sabett Chamoun Villacrés y Armando Patiño Aroca, primo hermano del excanciller y hombre fuerte del correísmo, Ricardo Patiño Aroca.

A Patiño lo nombró director regional de la Contraloría en Guayaquil, entre julio del 2014 y julio del 2017. El excanciller fue consultado sobre la relación de su primo con el excontralor; no se pronunció.

Sabett Chamoun era parte de la cofradía. En octubre de 2014, Pólit la llevó a la entidad de control: fue asesora y Subcontralora. El 2 de junio de 2017 su nombre trascendió cuando –atropelladamente- pretendió asumir el puesto de contralora subrogante por pedido de Pólit, quien gozaba de una licencia en Miami. Buscaba reemplazar a Pablo Celi, quien estaba al frente de la entidad desde el 25 de mayo. Él se vinculó a la entidad desde 2008 donde ha ocupado varios cargos, desde asesor hasta subcontralor.

En medio de la tormenta desatada por Odebrecht, Pólit intentó, sin éxito, que Chamoun lo sucediera. Celi -quien lo reemplazó y se quedó en el cargo hasta el año pasado cuando está detenido por el caso Las Torres-, la destituyó y enjuició por usurpación y simulación de funciones públicas en la Unidad Penal de Quito. La exsubcontralora asegura que no cometió delito alguno, y que el usurpador fue Celi, quien sacó a gente honesta con alto perfil técnico.

Antes Chamoun fue administradora de la empresa Consultasesoría. Sus principales accionistas son su hermana Yesmin Eyani y Karina Sáenz Quintuña, una cuencana que ocupó importantes cargos en el gobierno de Rafael Correa. Integró la Comisión que investigó la Deuda Externa, posteriormente fue Gerente del Banco Central y Viceministra del Deporte.

Sáenz reside en México. En el 2012 creó Consultasesoría en Quito. Opera en tres oficinas de la torre A del edificio World Trade Center. Entre enero del 2013 y febrero del 2016 en ese inmueble ella alquiló las oficinas 306 y 307 a Odebrecht, que también tiene su sede operativa en ese lugar.

El principal cliente de Consultasesoría fue Odebrecht. Realizó una auditoría, por la cual recibió 503 mil dólares, según confirmó Sáenz ante la Fiscalía, vía videoconferencia desde México.

Ése fue el contrato más importante de la consultora los últimos cinco años. En promedio, en este período sus ingresos anuales bordearon los 500 mil dólares.

Sáenz, de 39 años, conoció a Pólit desde el inicio del correísmo. En el 2008 ella integró la Comisión Auditora de la Deuda Externa. Desde esa época “hemos tenido reuniones bajo estrictos temas institucionales, cuando yo ocupaba cargos públicos”, relató Sáenz.

Todo quedaba en familia. Cuando asumió el Viceministerio del Deporte, Sáenz traspasó parte de sus acciones en Consultasesoría a Germán Rodríguez Chiquito, casado con María Elena Pólit, hermana del excontralor.

Rodríguez  integró el directorio de Corpecuador, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, del cual también fue parte Pólit, como secretario de la Presidencia, ministro y gobernador. Su hermano, Xavier Rodríguez, fue fiscalizador e interventor de Aduanas, en el gobierno de Correa.

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Los nexos del excontralor Carlos Pólit

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Sáenz se radicó en México, pero aún es socia principal de Consultasesoría. Entre 2008 y 2016, pagó un promedio anual de 5.000 dólares de impuesto a la renta. Sin embargo, en 2011, canceló 46.953 dólares de tributos. Entre febrero del 2010 y diciembre del 2011 fue secretaria de Desarrollo Humano del Municipio de Cuenca, con un salario menor a 2.000  dólares.

Su patrimonio incluye un departamento y una oficina en Quito, así como una hacienda, una casa y otro inmueble en Cuenca. Pedimos la versión de Sáenz, al correo que notificó en Fiscalía, para conocer el origen de sus ingresos y propiedades. Aún no ha respondido.

Sabett Chamoun afirmó desconocer la existencia del contrato con Odebrecht. En entrevista, aseguró haber sido gerente de la empresa consultora solo seis meses, en 2013. Los reportes de la Superintendencia de Bancos indican que gerenció la compañía hasta 2015. “Nada debo ni temo, por eso sigo en el país. Consultasesoría es una empresa correcta, no ha tenido un solo contrato con el Estado. El doctor Pólit no tiene relación alguna con la firma”, recalcó.

En la administración de Correa ella fue Intendenta Nacional del Seguro Privado de la Superintendencia de Bancos (2013). Tres años antes, fue jueza y presidenta del Tribunal de lo Contencioso de Quito.

Después, Chamoun se enroló en la Contraloría al igual que su hermano Elías Camil. Él fue especialista de auditoría en la regional de Guayaquil y auditor en la CNT, entre 2014 y 2017. Pero previamente, ocupó altos cargos en el correísmo. Fue asesor de la Presidencia, analista en Hidrolitoral y asesor del Ministerio de Obras Públicas.

Pólit, de 71 años, tiene una orden de prisión y enfrenta una sentencia por concusión. Fue condenado por recibir sobornos de Odebrecht por 10 millones de dólares, junto a su hijo John, que fue absuelto. Está prófugo en Miami: su dirección de referencia es 711 Charleston St. Hollywood. En esa ciudad constituyó desde 1992 la empresa Tecnocarga Express & Trlv INC, que en 2016 declaró ganancias por 700 mil dólares. En los registros financieros aparece como presidente de la firma.

En el país, declaró ser propietario de Tecnocarga-Miami hasta mayo de 2013. Los siguientes años no incluyó esa compañía en sus declaraciones de bienes, aunque en los archivos públicos de EE.UU. se indica que aún es Presidente y ejercerá ese cargo hasta el 2020.

En su última declaración patrimonial, sin embargo, no incluyó esa compañía. Solo reportó un patrimonio de 176.957 dólares, ningún vehículo, y dos predios: un lote funerario en el Parque de La Paz y una Suite en el Swissotel, que era una especie de cuartel de operaciones para el pago de coimas, según la Fiscalía.

Pólit compró el departamento en la torre A del Swissotel en 47 mil dólares en 2005. Lo utilizaba con frecuencia para todo tipo de reuniones. Para facilitar la logística de los pagos de sobornos y el traslado del efectivo, Odebrecht alquiló una suite en la torre B del mismo hotel. Precisamente con este mecanismo Pólit habría recibido 6 millones de dólares que el ejecutivo de la constructora brasileña José C. Santos aseguró haberle entregado en efectivo en su suite y en una residencia en Miravalle, en Quito. A cambio supuestamente desvaneció glosas (multas) por más de 80 millones a favor de la constructora por los daños en la Central San Francisco, en el 2010. En su descargo, Pólit dice que las multas se eliminaron en concordancia con el acuerdo transaccional al que llegó el Gobierno con la firma (ver versión completa de su defensa, expuesta por su abogado Hernán Ulloa).

Santos entregó a la Justicia tres grabaciones de charlas con Pólit. De los diálogos se concluye que el excontralor arregló con Santos el pago en efectivo, no con depósitos en cuentas, por expedir informes a favor de Odebrecht en varios proyectos. Parte de los pagos se depositó en las cuentas de dos empresas, Plastiquim e Inmobiliaria Cosani. Los responsables de estas compañías deslindaron responsabilidad, aduciendo que recibieron créditos. Los valores bordean 1,7 millones. El intermediario en las transacciones fue el propio hijo de Pólit. Hay pruebas documentales de esas operaciones.

Correa y Pólit, poderosos padrinos de Zambrano  

 

Más que un aporte, fue una inversión. Era 2006. El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, contribuyó con 20.000 dólares a la campaña presidencial del joven candidato Rafael Correa.

Los contratos entre el conglomerado de empresas del prefecto manabita y el Estado se multiplicaron durante la década correísta.

Quien debió alertar oportunamente esas anomalías era su coterráneo y amigo, el entonces contralor Carlos Pólit. No lo hizo, según evidencian los informes de auditoría a su gestión. Al ser una autoridad en funciones, el prefecto no podía tener empresas contratistas del Estado ecuatoriano.

El ente de control realizó tres exámenes especiales a dos contratos (013-2015 y 050-2012), entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y Mardcomsa. Los auditores no determinaron que la firma contratista pertenecía al prefecto.

La Contraloría tampoco detectó a tiempo el incremento inusitado de su patrimonio. Pasó de 4,5 millones, en 2009, a 31 millones de dólares en 2014, que es la última declaración de bienes a la que tuvimos acceso.

Zambrano se defiende. Dice ser víctima de persecución y de envidia pues “Tengo contratos con el Estado desde hace más de 30 años, porque soy un hombre de trabajo y empuje; en mi niñez lustraba zapatos”. No encuentra inhabilidad entre su función pública y su faceta de contratista del Estado. “Si estuviera haciendo algo incorrecto, el pueblo manabita no me seguiría respaldando con sus votos”.

En 2008, negó la donación a la campaña de Correa. Hoy la reconoce. Documentos del entonces Tribunal Supremo Electoral prueban que el entonces prefecto y militante del Partido Social Cristiano fue aportante. El 10 de abril del 2008, en una audiencia en el Tribunal el tesorero de la campaña de Alianza País, Camilo Samán aseguró que “Zambrano firmó el aporte en persona”.

[icon name=»volume-up» class=»» unprefixed_class=»»] Audio de la entrevista al prefecto Mariano Zambrano

 

Lea aquí la entrevista con el prefecto Mariano Zambrano.

Zambrano estrechó su relación de negocios con el Gobierno, especialmente en los sectores estratégicos. Desde 2009, cinco compañías de su grupo familiar recibieron contratos con entidades estatales por más de 73 millones de dólares, según informes remitidos por Petroecuador, CELEC, Dirección de Aviación Civil, entre otros, a organismos de control, como la Fiscalía, Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana, que investigó el caso.

En Manabí, el Prefecto y su hijo, el asambleísta de AP Mariano Zambrano Vera, son accionistas de un conglomerado de, al menos, 12 empresas de transporte marítimo de combustibles, venta de automóviles, hotelería, bienes raíces, entre otros, según reportes de la Superintendencia de Compañías. El emporio se levantó desde 1992.

El asambleísta asegura no haber incurrido en inhabilidad alguna. “Cuando inscribí mi candidatura presenté mi declaración de no encontrarme incurso en las inhabilidades constitucionales determinadas en la Ley, consecuentemente, no tengo ninguna prohibición al respecto. No ostento ningún cargo de representación en ningún grupo empresarial”. Y afirma que “De forma antojadiza”, actores políticos “por conveniencia” y medios de comunicación “por falta de información” posicionaron este discurso.

Las actividades empresariales de ambos están bajo la lupa. Son investigadas por la la Fiscalía y la Contraloría por más de 13 contratos que las compañías Marzam, Marnizam y Mardcomsa, Automotores Manabitas y Manhost recibieron del Gobierno, entre 2011 y 2016, para el abastecimiento de combustible y provisión de transporte, entre otros. Se presumen delitos de enriquecimiento ilícito, perjurio y lavado de activos. El proceso acaba de ser archivado por la justicia.

Zambrano, el entonces prefecto, reconoció su amistad con el exvicepresidente Jorge Glas y el excontralor Pólit. “Al amigo, si tiene un traspiés, no se le niega”. Pero desmintió que esa relación lo hubiera beneficiado con contrataciones y blindaje frente a las auditorías. “Soy amigo de Jorge Glas, pero no su testaferro”, afirma, consultado sobre las denuncias de que recibió contratos y beneficios en los sectores que manejaba directamente el exVicepresidente.

En su período el contralor Pólit no estableció irregularidades de relevancia a la gestión en la Prefectura. Se limitó a fijar sanciones administrativas que no superaron los 40 mil dólares y cinco glosas que sumaron 4,9 millones, que luego se desvanecieron y se redujeron a 100 mil dólares. Pedimos a Pólit su versión sobre su cercanía con el prefecto, pero no respondió.

Era tal el nivel de confianza, que Pólit no dudó en alquilar al hijo del Prefecto su suite en el Swissotel. El exlegislador  Zambrano Vera, de 35 años, vivía en ese inmueble. El hecho se conoció cuando la Policía allanó el departamento, en el curso de las investigaciones del caso Odebrecht.

El asambleísta asegura que sí mantuvo una relación contractual de arriendo, “Que declaré oportunamente. Llegué a la suite el 14 de mayo de 2017 y la ocupé menos de dos semanas”.

Este sábado 26 de marzo se cumplieron cuatro años desde que Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados en el poblado fronterizo de Mataje, por disidentes del Frente Oliver Sinisterra. Los familiares y sus abogados denuncian que pese a sus insistencias ni el Gobierno ni la Corte Constitucional han respondido sus pedidos de que se desclasifiquen las actas del Cosepe, que recogen las decisiones que tomó el gobierno de Lenin Moreno para negociar la fallida liberación del equipo periodístico. En la Fiscalía la investigación sigue bajo reserva, sin resultados. El Estado no ha cumplido ninguna de las recomendaciones de la CIDH. El crimen sigue impune.

Redacción Código Vidrio

El silencio es la única respuesta, desde hace cuatro años. Ni el Estado ni la Corte Constitucional han respondido a los pedidos de los familiares de Xavier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Ellos insisten en que se levante la reserva sobre las actas y audios de las tres reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), en las que se decidió el rumbo de las acciones y planes aplicados durante el secuestro del equipo periodístico. Esos pormenores permanecen bajo llaves. Infranqueables.
Este sábado 26 de marzo se cumplieron cuatro años del secuestro, ocurrido en el poblado fronterizo de Mataje, en Esmeraldas. Son cuatro años de frustración para los familiares, no solo por la impunidad frente a este caso, sino por la indolencia estatal frente a su derecho a conocer la verdad sobre el manejo de las negociaciones para liberarlos.
El 19 de julio del 2021, representantes de las tres familias y sus abogados entregaron una carta dirigida al presidente Guillermo Lasso, a quien le pidieron una reunión para establecer una hoja de ruta que permita desclasificar las actas de las reuniones del Cosepe, entre marzo y abril de 2018.
Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación, dijo que la carta nunca llegó a manos del Presidente sino que se quedó en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, sin un trámite oportuno. No obstante, aseguró Bonilla, “responderemos lo antes posible al pedido, para que el Presidente reciba a los familiares”.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado de El Comercio, dijo que les llamó la atención que el presidente Lasso sí se reuniera, en cambio, con el asambleísta Fernando Villavicencio, a quien le entregó información desclasificada sobre este caso, sin el conocimiento de los familiares.
También se mostró preocupado por la negligencia del Gobierno respecto a   la serie  de recomendaciones que hizo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH, que investigó el secuestro. “El Estado no ha acatado ninguna de las recomendaciones del ESE, incluido el levantamiento de la reserva de la información y la investigación a agentes estatales que habrían realizado acciones al margen de la ley”.

El cuento chino de la desclasificación

El 12 de abril del 2018, tras confirmarse la muerte del equipo de El Comercio, el entonces presidente Lenin Moreno anunció que ordenaría la desclasificación de las actas al Cosepe, lo cual nunca ocurrió. Es más, el año pasado el Cosepe indicó que no entregaría la información, ante un pedido de la Fiscalía.
Estos cuatro años el caso no ha superado la etapa de indagación previa. El presunto delito que se investiga es secuestro extorsivo, pero las pesquisas han sido poco consistentes y han tenido altibajos. Otro problema es el cambio constante de fiscales. Cuatro funcionarios han tenido a cargo la investigación, sin poder cuajar una teoría sólida, aunque la mayoría de los indicios y documentos recabados han sido aportados por los familiares y sus abogados.

Precisamente, en su informe, divulgado en diciembre de 2019, el ESE, de la CIDH, concluyó que un problema recurrente detectado en este caso fue la descoordinación de las fiscalías de Ecuador y Colombia y la ausencia de una investigación técnica. En ese reporte se confirmaron descoordinaciones, vacíos y errores recurrentes de procedimientos y protocolos de seguridad a diferente nivel del gobierno ecuatoriano. Empezando por el comité de crisis y el equipo negociador, y pasando por las operaciones de Policía, FF.AA.
“La Fiscalía no ha demostrado la suficiente independencia, evidenciando que intenta proteger al poder político”, destaca Rivas.
Durante la investigación, los abogados y familiares se han reunido varias veces con la fiscal Diana Salazar, para agilitar las pesquisas y tratar de definir el rumbo que tomará el caso. La Fiscal ha comprometido su apoyo para esclarecer lo ocurrido, pero en la práctica ha habido pobres avances.
“Es muy difícil -apuntó Rivas- que la Fiscalía llegue al fondo del asunto, porque es juez y parte. Durante el manejo del secuestro fue parte del Comité de Crisis que estuvo al tanto de las negociaciones para liberar al equipo periodístico”.
La Fiscalía también ha solicitado varias veces que el Gobierno entregue la información declarada bajo reserva, pero solo ha obtenido negativas como respuesta.

Indicios de desaparición forzada

Xavier Andrade es el abogado que lidera la defensa de los familiares. Indica que lo más probable es que el caso no prospere en Fiscalía, que se ha enfocado, infructuosamente, en investigar el secuestro extorsivo, aunque hay indicios claros de que se trató de una desaparición forzada, con la participación de agentes estatales.
Andrade apunta que el Estado les ha dado la espalda a los familiares, sobre todo por esa actitud renuente a desclasificar las actas del Cosepe. “Es inexplicable que no se entregue información de interés público, alegando que es de seguridad nacional, cuando se trata de un caso de derechos humanos; a no ser que algo muy grave se esté tratando de ocultar”, señala.
¿Cuál es ese secreto incómodo? La respuesta podría tener relación con una de las recomendaciones del ESE al Estado ecuatoriano, para que se integre una comisión independiente que confirme si durante el secuestro hubo operaciones militares y policiales para capturar a Guacho, líder de los plagiadores.

La CIDH hizo esta recomendación con base en la información publicada en el libro Rehenes, que reveló la realización de operaciones armadas que habrían desencadenado el asesinato de Xavier, Paúl y Efraín. Concretamente unidades del Gaula de Colombia efectuaron operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano para ubicar a alias Guacho, durante el plagio.
Esas operaciones fueron secretas y desnudarían la existencia de un Plan B, oculto, pues el gobierno de Moreno aseguró que para precautelar la vida de los rehenes no se ejecutarían operativos, mientras negociaban su liberación.

El silencio de la Corte Constitucional

El 12 de julio del año pasado, los abogados patrocinadores Farith Simon, Hugo Cahueñas y Juan Pablo Albán ingresaron un pedido formal a la Corte Constitucional para que levante la reserva de las actas del Cosepe del 28 de marzo, 13 y 17 de abril, que comprenden audios íntegros y sus transcripciones, así como el listado de quienes asistieron a cada reunión.
La solicitud de acceso se basó en el artículo 18 de Constitución, que dispone que ninguna entidad pública puede negarse a entregar información relativa a casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Además cita la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que también establece que ningún documento relativo a investigaciones de violaciones de DD.HH. es reservado, pues su divulgación constituye un derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad. Estas normas son concordantes con lo que establece la CIDH y la Corte Interamericana, en base a fallos en varios casos juzgados por abusos y violaciones humanitarias de agentes estatales.
Pese a que han transcurrido ocho meses, la Corte aún no ha calificado el recurso, aunque inicialmente fue revisado -según trascendió- por el expresidente del organismo Hernán Salgado.
Pedimos un pronunciamiento de la Corte sobre los motivos del retraso en el trámite, pero no recibimos ninguna respuesta.

ENTREVISTA. Mientras el presidente Vladimir Putin conduce una cruenta invasión que ya ha cobrado miles de vidas de civiles inocentes y devasta Ucrania, la comunidad internacional escala sus sanciones económicas contra Rusia, cada vez más aislada. Douglas Farah, especialista en temas de seguridad nacional y crimen organizado, estima que el castigo a Putin también tendrá consecuencias para sus pocos aliados en Latinoamérica: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además de entrenamiento en Inteligencia los rusos proveen equipos muy sofisticados a los gobiernos más autoritarios de la región, les dan capacitación para que tengan un control interno más fuerte de sus opositores. Farah sugiere que el congelamiento de las cuentas y bienes de Putin y los oligarcas rusos debería ser empleado para indemnizar a las víctimas. La prepotencia y ceguera del exagente de la KGB jugaron en su contra. Son una de las causas de su fracasada aventura bélica, en medio de una resistencia heroica, que nunca esperó, del pueblo ucraniano con su presidente Volodímir Zelenski, a la cabeza. Este momento -agrega- la batalla más importante no es de la izquierda contra la derecha, sino de la democracia liberal contra el autoritarismo, que encarnan Putin y otros tiranos.

Por Arturo Torres

¿Cuál es tu lectura sobre la escalada de la invasión de Rusia, que aparece como un rotundo fracaso por la resistencia tenaz de Ucrania y el sinnúmero de sanciones que ha recibido el gobierno de Vladimir Putin?
Es obvio que Putin pensó que podía entrar tranquilamente a Ucrania y que una resistencia duraría dos o tres días y ya, que sería muy fácil. La otra cosa que también parece obvia es que los ucranianos nunca esperaron que Putin realmente los invadiera. Pero ambos lados, por sus preconcepciones, estaban equivocados sobre la realidad y estamos viendo las consecuencias en este momento, más favorables a Ucrania, pese a las miles de víctimas civiles y la destrucción de zonas pobladas y facilidades estatales. La doctrina militar de defensa rusa  indica explícitamente que el éxito en una operación armada de este tipo depende de muchos factores, incluyendo la guerra cibernética, la diplomacia, la economía, la guerra armada… En este caso, en eso mismo ellos fallaron, subestimaron todo y no previeron lo que iba a pasar.

Llama la atención que precisamente Putin, quien fue una de las cabezas de la agencia KGB, no haya tenido información sólida de inteligencia sobre los escenarios y las consecuencias nefastas de su aventura bélica. Es desconcertante la improvisación, las fallas graves de la operación armada rusa.
Es parte y resultado de la prepotencia de Putin, que por gobernar tantos años como un autócrata se cree una especie de semi dios, un zar. No tolera voces de disidencia ni una discusión interna sobre lo que puede o no ser real para descartar ciertas hipótesis. Se nota en los videos que han pasado de las juntas de seguridad nacional que ha tenido Putin: todo el mundo, sus subalternos, están aterrados esperando en silencio. A lo mejor, muchos de ellos sabían que la idea inicial de Putin no era acertada, pero también tenían mucho miedo de decir algo, de contradecirlo. Este manejo desastroso también es el resultado del aislamiento de Putin por tanto tiempo.

Esa es una de las muchas fallas que se han evidenciado, no hay un mando unificado, se ve que las tropas no entienden muy bien en lo que se metieron. Hay improvisación. Tienen graves fallas en la estrategia y se les ha ido de las manos el timing, porque ocho días después del inicio del ataque aún no pueden someter a Ucrania. Ni siquiera la propaganda ha funcionado.
Putin ha ordenado asesinar a sus enemigos hasta en Gran Bretaña con impunidad completa, por eso está convencido que es intocable y que no tiene que responder a nadie por sus acciones, amparado en la impunidad. Obviamente la logística de esta operación ha fracasado, los rusos ni siquiera han tenido suficiente gasolina para sus propios tanques para llegar hasta Kiev, la capital ucraniana. Es tan desconcertante que al parecer creían que a su llegada los ucranianos huirían despavoridos. En entrevistas que he visto con los soldados rusos capturados, no tenían la menor idea de qué hacían ahí ni por qué fueron enviados. Sí es un fracaso, y del otro lado, como tú dices, la Unión Europea con Estados Unidos y OTAN se han fortalecido mucho. Jamás se había visto esta integración de esfuerzos, de sanciones financieras y todas las medidas que están tomando en conjunto.

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“Era imposible predecir, pero hay que reconocer que parte del shock a los rusos es la resistencia feroz del mismo presidente de Ucrania. Nadie esperaba eso, era un tipo que salió de la televisión, que tenía su programa de comedia, nadie lo tomaba muy en serio y resulta que hoy es un héroe. Eso también ha dejado a mucha gente boquiabierta y demuestra que un individuo, en un momento muy preciso, puede hacer un cambio dramático en el rumbo de las cosas”.

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También llama mucho la atención el papel ambiguo de China, que se mostraba como un aliado incondicional de Putin a inicios de febrero, cuando anunciaron esta alianza contra occidente y contra la OTAN. Pero parece que los chinos están distanciándose de su mejor aliado. ¿Cómo evalúas el papel de China en esta aventura rusa en Ucrania, al parecer Putin también se sentía intocable por su apoyo?
Claro, porque las sanciones de Occidente a Rusia serían mucho más débiles si China estuviera jugando un papel, rompiendo el aislamiento de Rusia. Los chinos son sumamente pragmáticos. Cuando ven que le está yendo muy mal a Rusia solo se apartan. Ellos dependen mucho de los negocios con otros países, en todas partes. Rusia obviamente es un socio importante en términos estratégicos; como vemos en América Latina tienen, diría yo, una coincidencia de plataformas digitales para frenar la influencia de Estados Unidos, entre otros objetivos. Pero al final, los chinos van a ver lo que más les convenga. Este momento Estados Unidos y la Unión Europea son unos socios económicos mucho más importantes que Rusia. En América Latina, casi todos los países, menos Bolsonaro, Maduro y Ortega no han salido en contra de los rusos, pero los chinos no quieren estar en el lado peligroso, ni pagar un precio más alto. Para China el costo de que Rusia se moleste es mucho más bajo que el que deberán pagar con EE.UU., la UE y  América Latina. Es un cálculo puramente pragmático que en este sentido ha dañado mucho a Rusia porque el fracaso de la operación inicial demostró que ni el ejército era tan fuerte, ni la operación era tan sólida. Ni siquiera han conseguido controlar la batalla aérea, los ucranianos todavía tienen sus jets y siguen contraatacando a los rusos. Eso era impensable, uno creería que los rusos hubieran aplastado toda la resistencia aérea de los ucranianos en poco tiempo y no lo han logrado.

También afecta de alguna manera el plan de China (que conocía semanas antes el plan de los rusos contra Ucrania), porque se veía que ellos podían aprovechar la oportunidad para darle el zarpazo a Taiwán. Así darían una señal clara a Occidente, pero eso no ha ocurrido. ¿Qué pasó?
China ha tenido muchas oportunidades para agredir a Taiwán y ha tomado, no siempre, pero en términos relativos, una política de presión constante pero sin ataques bruscos como hicieron con Hong Kong, hasta que tuvieron que entrar con más fuerza, pero Taiwán tiene un buen armamento y está preparado. China podría aplastar a Taiwán, sin duda, pero el precio sería altísimo. Tal vez lo que está ocurriendo con Ucrania es una alerta disuasiva para China, que esperará estar mucho más preparada para invadir ese país. Este momento lo que los chinos pueden estar viendo es que ellos sean la alternativa a EE.UU., como principal potencia. En América Latina, China y Rusia han sido aliados en muchos aspectos pero también competidores en la venta de armas, en obras de infraestructura, de minería. Y este momento, tal vez China esté viendo que pueden copar la cancha, aprovechar que no deben preocuparse de competir con los rusos y desplazarlos económicamente. China no tiene prisa, Putin tampoco, en realidad no había una razón obvia para invadir a Ucrania en este momento, pero China no muestra ningún interés por invadir hoy Taiwán, puede hacerlo en 5 o 50 años.

Parece precisamente que Putin quería dar la impresión de que era una súper potencia con gran poder bélico y una estrategia bien pensada, cohesionada. Con el ataque, Putin queda desnudado como un líder improvisado que subestimó a Ucrania y su evidente inferioridad de fuerzas militares. En 2014 Rusia hizo una operación más efectiva cuando se anexó Crimea, que fue arrebatada por la fuerza a Croacia. ¿Por qué hoy han cometido tantos errores, si en 2014 ya tuvieron éxito con una operación parecida?
Hay varios factores. Primero, en Crimea había una población pro rusa mucho más fuerte, con cierta disponibilidad para apoyar a los rusos. Eso marca la diferencia de Rusia con Ucrania. Putin pensó que iba a haber un apoyo popular a la invasión, pero al contrario hubo una resistencia fuertísima. Además, el 2014 nadie estaba preparado para la guerra cibernética que desató Putin. Ahora todos estaban preparados. Es impresionante cómo lograron juntar en su contra a hackers de todo el mundo, que están cerrando los sitios web de Rusia, empezando por el Ministerio de Defensa. Eso no ocurrió el 2014. Facebook, Twitter y otros gigantes tecnológicos están sacando del aire muchos de los sitios y medios de Rusia. Elon Musk ha puesto su link satelital para que la gente tenga acceso al internet para que no pueda ser bloqueada por el gobierno ruso. Ha habido una reacción tan amplia, en todo el mundo, que Rusia jamás se esperó. También el presidente Joe Biden actuó muy bien, ha tenido la iniciativa de las drásticas sanciones contra los rusos, corriendo sus riesgos. Esto quitó mucho el elemento de sorpresa que Putin tuvo en otras circunstancias. Entonces había mucha discusión en EE.UU. sobre si era conveniente divulgar la inteligencia que tenían las agencias sobre la inminencia de la invasión.

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“Al final de cuentas la información fue acertada, la inteligencia de EE.UU. fue muy buena. Dejó completamente desamparado a Putin, porque hizo exactamente lo que Washington dijo que iba a hacer, aunque luego trató de desmentirlo y justificarlo. Esa mentira ya no caminaba. Hubo muchos factores pero las reacciones de la comunidad de hackers y de los jóvenes en contra de Rusia es digno de analizar hacia el futuro, porque ha cambiado la correlación de fuerzas dramáticamente”.

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Putin, en medio de tantas alertas, perdió el factor sorpresa, que es fundamental. En 1939, cuando Hitler invadió Polonia se había preparado al menos ocho años para la guerra, su proyecto era volver a ser un imperio y la potencia hegemónica, con una misión mitológica de acabar con el pueblo judío y empoderar a los arios. Putin retoma esas prácticas para volver a ser un imperio, la potencia antagónica. En 1992 cuando Rusia firmó el tratado de Budapest, tras la disolución de la Unión Soviética, se decidió que Ucrania devolvería todas las armas atómicas a Rusia, que por su lado se comprometió a no violar la soberanía de Ucrania. Pero Putin incumple constantemente ese tratado, al igual que Hitler lo hizo con el acuerdo de Versalles.  ¿Crees que EE.UU. y la UE ya tenían información, y por eso la contundencia de las respuestas de las sanciones ha sido tan rápida?
Lo que hizo que la reacción fuera tan contundente y rápida son las actuaciones del mismo presidente de Ucrania, con el llamado personal a reuniones con la UE, a los mandatarios de diversos países. Hay que reconocer lo que muchos de los países europeos reconocieron, sobre todo Alemania, que habían cometido un error histórico en dejar que Putin creciera como lo hizo. Yo estaba en una conferencia de la OTAN hace unos años, acudió el comandante de ese organismo. Al hablar sobre Rusia dijo que Occidente debe entender que la mayoría de naciones cree que están jugando un partido de fútbol en una cancha de fútbol, donde una tarjeta amarilla significa una cosa, la tarjeta roja significa otra. Pero los rusos están jugando polo en una cancha de fútbol, y las reglas del fútbol no les importan en lo absoluto. El árbitro puede pitar, sacar tarjeta roja y eso no le importa a Putin, sigue jugando su propio partido, al margen de cualquier acuerdo. Pero eso es lo que calcularon mal durante todos estos años EE.UU. y sus aliados, pensando que Rusia se había equivocado, se había salido de un poco de los acuerdos, en lugar de reconocer que ha roto todos los tratados, que les importa un pepino lo que pasa, y siguió atropellando a quien se le ponía en el camino.

En la segunda guerra mundial el error histórico de EE.UU. y sus aliados europeos, a excepción de Inglaterra, fue precisamente minimizar todas las alertas que llegaban desde 1931 sobre lo que estaba pasando en Alemania y el avance del nazismo, y pasó lo que pasó, con el inicio de la II Guerra Mundial. Hoy es distinto, hay una cohesión histórica de la UE, EE.UU. y otros países gravitantes como Reino Unido, Canadá, Japón. Esto definitivamente también se le salió de las manos a Putin; Rusia está totalmente aislada, bloqueada, hay debilidades internas, con el rublo devaluado, hay manifestaciones, en fin hay fisuras por todas partes.
Las manifestaciones en Rusia requieren mucha valentía, salir a las calles sabiendo como va a responder Putin, que no duda en apresar y hasta eliminar opositores. Las protestas han sido importantes, miles de personas, en varias ciudades, aún en invierno. Esto debe preocuparle mucho al presidente ruso, pues no ha ocurrido en muchos años, con el cambio de estación seguramente más personas saldrán a protestar. Entonces, los cálculos de Putin son un error histórico sin precedentes.

Se puede decir que la forma en la que los estados enfrentan hoy este tipo de guerras convencionales, la respuesta que estamos viendo de la comunidad internacional para un estado agresor es también histórica. Se están aplicando otros mecanismos que son letales para cualquier país, sin recurrir a una respuesta armada directa, sino a bloqueos financieros, incautaciones a los oligarcas rusos, hackeos, cierre de páginas y medios en redes sociales. ¿Esto ha cambiado de manera radical la forma en la que se enfrentan estos problemas para aislar a estas potencias agresoras?
Sin duda, y digamos que el sistema bancario internacional, indispensable para las transacciones de Rusia y sus habitantes, hoy está cerrado a cualquier transacción, nadie quiere el rublo; no han podido, por ejemplo, vender sus reservas de oro en dólares a los japoneses, esa interconexión es lo que ha dado fuerza a las sanciones, así como la prohibición de volar por espacio aéreo y marítimo de muchos países, el retiro de visas, la incautación de propiedades, cuentas, inversiones; tampoco pueden vender su petróleo ni su gas. Rusia no está en condición ahora de soportar semejante bloqueo, porque además es una economía debilitada, sufre de alta inflación y la gente no puede retirar su dinero de los bancos. A Rusia le han cerrado todas las puertas y ventanas, eso sí tiene un impacto histórico.

Entonces, este conflicto azuzado por Rusia está generando doctrina sobre cómo enfrentar futuros ataques unilaterales. Además, contra todo pronóstico, la mejor publicidad para la OTAN fue promovida por los rusos, pues muchos más países hoy quieren sumarse a este tratado, incluso para defenderse en bloque de Rusia.
Sin duda, nadie esperaba esto, ni los europeos ni los dirigentes de la OTAN, tampoco Biden. Nadie esperaba que habría una reacción tan fuerte, que al final iba a unificar a varios pueblos y que ahora, como dices, todo el mundo quiere entrar a OTAN. Este organismo ha sido un poco problemático para países como Hungría y Turquía, que se han vuelto más autoritarios, no han mantenido la línea de derecho y democracia tan fuerte como antes, pero ahora pueden retomar ese sendero. Creo que sí va a generar doctrina, de cierta manera. No todos los conflictos han despertado esta clase de unidad y de enfrentamiento, es un país europeo cercano, conocido, una guerra en África o en América Latina tal vez no vaya a generar la misma reacción, no es tan fácil trasladar este modelo a otras partes. Pero sí demuestra que cuando hay voluntades unidas, el efecto de las sanciones puede ser devastador, aunque rompa las reglas del juego. Esa sí es una lección muy valiosa.

Además, tampoco se midió el escenario de que estamos tratando de salir de la pandemia por el Covid que golpeó duramente a la economía global estos dos años. Con la invasión rusa hay un nuevo golpe a la economía mundial, que frena la recuperación, pero sobre todo afecta directamente a Rusia. ¿Crees que hubo un cálculo del costo beneficio?
Es una pregunta muy importante, ¿Qué estaban pensando? ¿Qué beneficio iban a sacar de eso los rusos? A no ser que la guerra no durará más de 48 horas, suficientes para el asalto a Ucrania, tomar todos los recursos, cambiar de gobierno y estar felices, con gastos mínimos. Lo que se evidencia es que el gran mito de que las fuerzas rusas se habían modernizado, y su poder de fuego era letal, así como su alcance como ocurrió en Siria donde sí entraron los rusos, bombardearon barrios matando miles de civiles inocentes, en 2015. Acá en Ucrania no lo han hecho todavía y espero que no lo hagan. Sin duda calcularon muy mal ese costo-beneficio, si la guerra duraba más de tres días el costo iba a ser más alto que el beneficio, ya estamos en el día 7. Por eso vuelvo a la idea de la prepotencia y ceguera de Putin, que como muchos otros dictadores se cree infalible por haberse mantenido tanto tiempo en el poder. Otra cosa que se ha demoronado desde el inicio de la ofensiva es el mito del poder militar ruso, eso debe dolerles tal vez más que cualquier cosa, porque no se ven ahora como un poder militar a nivel mundial, se ven como un ejército, unas fuerzas armadas de segunda o tercera categoría, que fracasaron en una tarea que debió haber sido más o menos fácil.

Respecto a Latinoamérica mencionaste que el tema económico es muy importante, sobre todo las finanzas criminales. El esquema que emplean es el uso de empresas de fachada y testaferros, que aparecen como los dueños de negocios que apoyan proyectos estratégicos en Latinoamérica, como Nicaragua y Venezuela, para hacer la triangulación de petróleo, por ejemplo. ¿Qué pasará con la estrategia de Rusia en Latinoamérica, luego de este fracaso armado?
Rusia ha tenido, distinguiéndose de China, relaciones muy profundas con unos cuantos países. Cuba, su aliado de siempre, Venezuela donde entraron al principio con Hugo Chávez y se quedaron con Maduro, para sacar provecho de varios negocios. La doctrina rusa estima que EEUU y la UE estaban en su patio trasero, que es Ucrania. Ellos tienen la necesidad de lo que llaman el lejano cercano de EEUU del hemisferio Occidental; por eso es estratégico estar en Nicaragua, Venezuela, Cuba, donde pueden molestar mucho a EE.UU. Rusia se ha empeñado en vender armas, hacer muchas tareas de espionaje, de guerra electrónica, especialmente desde Nicaragua, pero no tienen una presencia masiva. Han tratado de entrar al área de petróleo, de energía atómica nuclear, han estado muy presentes en diferentes campos también en Ecuador y Colombia y tienen sus grupos muy bien montados en Chile. Pero el corazón de lo que hace Rusia en el hemisferio está en Nicaragua, donde se sienten muy cómodos con Daniel Ortega; tienen impunidad absoluta para hacer entrenamientos permanentes, tienen sus propios edificios de inteligencia y espionaje, porque eso les permite estar atentos sobre lo que ocurre con EE.UU. También les interesa mucho el litio, aunque realmente no pueden competir con China y EEUU en tecnología telefónica y electrónica.

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“Lo que sí han hecho los rusos es vender aparatos de inteligencia muy sofisticados a Nicaragua, que no tenía la capacidad de monitorear a sus enemigos internos, esa capacidad la han vendido a Venezuela, están tratando de venderla a Paraguay y otros países. Es una especie de venta muy enfocada, no tan amplia como los chinos, pero con un daño tremendo a los procesos democráticos”.

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En la época de Correa hubo sistemáticos intercambios de información, hubo incluso la intención de lograr un acuerdo sobre energía nuclear y cooperación de Inteligencia, gente se capacitó en Rusia. El correísmo necesitaba mejorar sus mecanismo y tecnología para hostigar y perseguir a los opositores, a la prensa. En fin, este es el esquema que le interesaba fortalecer a Rusia. ¿Cuán efectivo ha sido su proyecto?
Sí, su interés es crear un mundo donde EE.UU. no tenga tanta influencia, crear una alternativa en este caso de América Latina bastante débil, llevan mucha gente para enseñarles cómo hacer negocios en Rusia, pero sobre todo es inteligencia. Además del entrenamiento ellos proveen equipos muy sofisticados a los gobiernos más autoritarios de la región, les capacita para que tengan un control interno más fuerte de lo que sería posible sin ellos. China tiene su esquema macro de tomar control de las comunicaciones, de los sistemas electrónicos, pero no tanto en proveer la inteligencia específica para que un gobierno pueda ir tras sus enemigos internos fácilmente. Rusia no se preocupa de las cosas macro porque no puede competir con China, pero sí te ofrecen la posibilidad de tener un equipo que te deja perseguir a cualquier individuo, monitorear todo lo que diga, con quién está y dónde. Esto con la organización y la estructura que tienen ayuda, por ejemplo, a Ortega, él no tenía capacidad de hacer esto hasta que los rusos le proveyeron todo en 2018, cuando hubo las primeras manifestaciones, luego mataron a los primeros disidentes y metieron a los demás a la cárcel. De repente se acabó la oposición en Nicaragua.

¿Rusia sigue utilizando empresas de fachada, empresarios, que son sus operadores,  para financiar proyectos específicos en los cuales están interesados?
Lo que nosotros hemos monitoreado, hasta publicamos un documento sobre las alianzas que ellos crean, especialmente con un medio de comunicación como Sputnik News y RT, tienen corresponsales, diría yo, mal llamados periodistas que repiten la misma noticia en Tele Sur, después pasan a Sputnik News, luego a Hispantv que es de los iraníes y dicen que es la misma cosa. Hay una serie de actores que transmiten el mismo mensaje en diferentes plataformas, a diferente gente. China no hace eso, está en su propia plataforma con su propia dinámica, pero Rusia sí está muy aliado con los bolivarianos y con los iraníes en la idea de refundar América Latina en una imagen muy distinta a la democracia liberal tradicional que hemos visto desde que terminó la guerra fría. Tienen grupos de empresarios muy vinculados al Gobierno de Putin, pasean por la región diciendo “vamos a ofrecer ciertas cosas, vengan a Rusia”. Si uno rastrea las empresas, todas están vinculadas con firmas estatales en Moscu. Es imposible tener una relación independiente si uno es un empresario ruso que está en América Latina.

 ¿Cuál es tu lectura sobre la estrategia de Rusia de usar Latinoamérica y sus alianzas con algunos países como un distractor para EE.UU., para que no se ocupe de lo que ha estado ocurriendo en Ucrania, antes en Crimea?
Sí, la idea es que su aliados latinoamericanos se distancien de EE.UU. y a la vez sirvan para sus trabajos de ataques cibernéticos y monitoreos. No dudo que los rusos intentarán desviar la atención de Ucrania con algún incidente en cualquier país latinoamericano. Están desesperados, lo de Ucrania los está matando. No sé si van a lograr en un tiempo corto armar alguna cosa, pero en lo que ellos dedican muchísimos recursos es la narrativa sesgada, manipulada, de lo que está pasando. Si uno ve RT o Sputnik, tienen mucha audiencia en Chhile y Argentina, en el Cono Sur son importantes medios de información. Y la narración de estos medios estatales rusos es que no hay invasión, que no pasó nada, que el pueblo en Ucrania está abrazando a los rusos, y eso se repite en su medio aliado Telesur, en miles de páginas de Facebook, para dominar una narrativa. Ellos han tenido mucho éxito en el pasado en eso. Pero en las actuales circunstancias, cuando hay gobiernos de izquierda, con espíritu democrático, que condenan la invasión rusa y apoyan a Ucrania, eso muestra ciertas fallas en el sistema ruso de dominar la narrativa. Prácticamente ningún presidente, a excepción de Maduro y Ortega, y en menor medida Bolsonaro, que sigue diciendo que él trajo la paz entre Rusia y Ucrania, y otras cosas inverosímiles. En este caso esa estrategia no ha servido tanto. Por eso lo más probable es que quieran mandar, como hicieron antes, a sus aviones de bombardeo más grandes a Cuba y Venezuela y decirles  a EEUU “nosotros también podemos llegar donde ustedes están”.

El tema mediático y la construcción de la postverdad  ha sido muy importante para Rusia. En Ecuador los medios propagandísticos rusos ni Telesur han penetrado tanto, y con las últimas medidas de sacar sus páginas de algunas plataformas como Facebook ha debilitado a ese pull de medios. ¿Se les viró la torilla?
Es un poco como lo que pasó con el expresidente Trump, le suspendieron su cuenta de de Twitter y Facebook, y él envía cartas que otros publican, pero no es lo mismo que estar interactuando en los medios. Imagino que RT y Sputnik seguirán difundiendo sus noticias, pero el impacto será mucho menor que antes. Eso demuestra que sí es factible, si hay voluntad de Facebook, Twitter, Instagram; más que eliminar noticias falsas, reducir bastante el impacto que tiene esa propaganda.

Entonces, hay que tomar acciones contra quienes generan la información falsa porque combatir la desinformación es una batalla perdida.
Exacto, hay que cortar la generación antes de que esa información llegue a un público muy grande. Esta es una lección que habría que estudiar después, igual que los hackers independientes que están en este caso al lado democrático, diría yo; vamos a ver en otras luchas de qué lado aparecen.

Claro, Putin se compró una pelea fea con quienes realmente no debía, que son los hackers. Ahora es víctima de prácticas de ataques cibernéticos que él ha usado indiscriminadamente contra otros gobiernos. Recibió un poco de propia medicina.
Eso es lo más irónico. Son autores no estatales, no controlados por los estados que siempre se han proclamado amantes de la libertad, en este caso lo están demostrando, están en contra de una invasión. Pero están evidenciando el poder que tienen, habrá gente que apoye al uno o al otro lado. Será interesante estudiar el impacto y cómo se formaron estos grupos, cómo coordinan entre ellos, porque son muy descentralizados, con un gran impacto.

También llama la atención o, más bien, confirma la tesis de cuán cercano estaba Wikileaks de Rusia, de Putin, a través de Julian Assange y del mismo Edwars Snowden, que se han callado y no dicen absolutamente nada sobre el tema de Ucrania, más allá de intentar justificar la invasión.
Sí, los grandes expositores de la libertad de expresión ahora están calladitos, es interesante. Me imagino que Snowden, al estar custodiado por agentes de Rusia, no se siente en libertad de decir muchas cosas, suponiendo que quisiera, lo cual difícilmente sabremos. Pero es un fenómeno que ellos, los rusos, han usado para hacer mucho daño a los intereses estratégicos de EEUU. Ahora se les viró la tortilla, ellos mismos están pagando el precio por no entender cómo funcionan estos grupos independientes como los hackers, que están fuera de la órbita de cualquier gobierno.

Muchos hablan de que hay una reconfiguración del orden mundial ¿Es realmente un quiebre histórico que marca el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales?
El mundo está cambiando dramáticamente, a pasos tan acelerados, en términos del cambio climático, de cambios económicos, de comunicación, de todo. Después de esto, de la arremetida rusa contra Ucrania, el planeta seguro va a cambiar, pero nadie va a poder controlar exactamente hacia donde. La gran lucha en este momento no es la izquierda contra la derecha, es la democracia liberal contra el autoritarismo. Es lo que estamos viendo en toda América Latina, donde tenemos autoritarios de derecha como Bolsonaro, o de la izquierda como Maduro,  y aquellos que no tienen ninguna ideología. Entonces es el autoritarismo que no necesariamente se define como inherente a una ideología.

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“Tenemos democracias que deben estar en el mismo lado de la lucha importante que es la democracia, el estado de derecho, contra las tiranías. Es la misma lucha que también hemos vivido en EEUU. La llegada de Trump significó un viraje hacia el autoritarismo que nos asustó a muchos y este proceso aún no ha terminado. No se trata de ser demócrata o republicano, es cuestión de defender los pilares de la democracia moderna, que las instituciones funcionen, existan contra poderes, elecciones libres”.

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¿Qué te parece la posición del presidente electo de Chile, Gabriel Boric? El mal llamado progresismo latinoamericano esperaba seguramente que él solapara también a los rusos, como lo han echo los Bolivarianos y el Grupo de Puebla. Boric se sale del rebaño o quizá nunca fue parte de este grupo cercano a los intereses rusos, que esperaban que todos los líderes de esta tendencia hagan espíritu de cuerpo.
Es muy saludable, prefiero no comentar tanto sobre la política interna que llevaría él en Chile, pero creo que a propósito de lo que estamos hablando sobre la democracia contra el autoritarismo, Boric lo ha tomado de un lado muy definitivo con apoyar la democracia. Eso es admirable y, claro, va muy en contra de lo que eran tradicionalmente los bolivarianos. También eso pasó en Uruguay con Mujica, que fortaleció una izquierda democrática sana en América Latina, que no apoya el modelo autoritario de los bolivarianos. El pronunciamiento de Boric sobre Ucrania es importantísimo para la izquierda democrática de la región.

Es vital, sobre todo por lo que se viene en Brasil. Lula es un candidato que puede llegar, es lo más posible que llegue nuevamente a la Presidencia. ¿Crees que Lula se unirá al modelo de la izquierda autoritaria, incluso corrupta, o tomará distancia, para apoyar un modelo más democrático?
La gente siente ahora, tanto en EEUU como en Latinoamérica, un agotamiento por la falta de resultados de las instituciones estatales, de los políticos tradicionales. En Brasil pasaron de una izquierda a una derecha bastante autoritaria, por lo menos Trumpista en su falta de respeto a las instituciones. Debe haber una cierta reacción a eso, y el más posicionado, como dices, es Lula. Lula estuvo preso, sufrió en carne propia la represión abusiva de la dictadura. Aprendió lo que es el autoritarismo. Han pasado muchos años, estamos viendo lo mismo en Honduras donde llega Xiomara Castro después de muchos años de que el presidente se alió con los bolivarianos. Estoy preocupado pero creo que hay que dar espacio para ver hacia dónde van. El hambre de cambio, de reinstitucionalizar, revitalizar las instituciones para mejorar las condiciones de los países latinoamericanos es fundamental. Hay que reconocer que Lula en su primer periodo especialmente hizo económicamente cosas que fueron realmente admirables, de levantar a la gente de la pobreza o de la clase media baja. Para mi sigue siendo una incógnita el camino que va a tomar.

¿Qué pasará en la región con los aliados incondicionales de Rusia, Nicaragua, Cuba y Venezuela? ¿Habrá alguna repercusión para ellos por el bloqueo y sanciones a Rusia?
Económicamente habrán repercusiones económicas por el cierre de operaciones en el sistema financiero mundial. Sin embargo, Rusia no tenía mucho dinero que darles, y no significaba un apoyo tan definitivo para estos países. Más bien va a estar muy debilitado su aliado principal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ciertas esferas internacionales donde Rusia los ha protegido mucho de todas las condenas internacionales, etc. En general Rusia y sus escasos aliados están muy golpeados, son vistos como gobiernos dictatoriales. El mundo, en general, está buscando modelos, y yo espero que gente como Boric lleguen a hacer otro modelo, una alternativa sana porque al principio como con Correa, que ustedes vivieron, en Venezuela, en Nicaragua, incluso en Bolivia, también todo el mundo pensaba que tal vez serían una alternativa sana, no de izquierda o derecha, sino de cómo refundar los estados y entrar en una nueva época. Años más tarde solo fueron modelos de como acabar con la democracia. Rusia está demostrando lo mismo, al ser dirigida por un dictador durante 15 años que lleva a ese pueblo a una guerra innecesaria, que está colapsando su economía, ya no es relevante como modelo para nadie, por lo menos para la gente pensante. Sus aliados en Latinoamérica también quedarán más aislados, más marginados y menos relevantes, en términos ideológicos, en términos del debate político hacia el futuro de la región, así se acaba el mito de que tienen algo mejor que ofrecer.

Todos los bloqueos e incautaciones que han hecho varios países a las cuentas de los oligarcas rusos también han permitido poner la luz sobre las actividades ilícitas, turbias del gobierno ruso y sus testaferros. ¿Crees que se puede llegar más lejos para destapar algunas de las operaciones criminales de las mafias rusas, que operan con el Kremlin?
Así es, es una buena oportunidad, espero que los países tomen enserio esta opción, hemos visto durante años que los oligarcas rusos han tenido miles de millones de dólares en Londres, y sus autoridades nunca han levantado un dedo para investigarlos. También tienen muchos recursos en Miami. Ni EE.UU., ni Inglaterra son países que necesiten esa plata para su desarrollo. Nosotros en IB Consultans hemos documentado que tienen muchas inversiones y depósitos en Uruguay, en diferentes partes de América Latina. Ojalá exista la voluntad política que permita descubrir y sancionar todas esas actividades criminales, porque ese dinero fue robado del pueblo ruso. Estamos hablando de gente que literalmente saqueó el estado y se llevó cientos de miles de millones de dólares fura de Rusia. Permitir una investigación a fondo de todas esas cuentas y decomisar algunos de esos bienes sería lo más saludable. Mi experiencia me dice que en estos casos, cuando llegan realmente a tocar intereses económicos que están interconectados con los líderes financieros en EEUU, Gran Bretaña, en diferentes países, ahí se juega un poco la investigación porque nadie quiere salir ensuciado, ojalá tengan la voluntad de seguir adelante, pero no tengo muchas esperanzas.

Este patrón usado por funcionarios para sacar al exterior los recursos que roban del estado no solo es aplicado por Rusia sino por Venezuela, Nicaragua, Ecuador, en la década en que Correa estuvo en el poder. Es un esquema que aplican todos ellos, y de alguna forma podría ser la oportunidad para tratar de desmantelarlo.
Por lo menos debilitarlo y dar ejemplo de que se puede pagar un precio, y que no todo queda en la impunidad absoluta como siempre ha ocurrido. Ese es el gran reto, capturar todos sus bienes y castigar a todos, sentar un precedente para que sepan a lo que deberán atenerse y no seguir evadiendo la ley por varias décadas, con la complicidad de las autoridades de esos países.

¿Cuáles serán las consecuencias para Rusia, además del tema económico? Por todo el tema humanitario, hay más de 700 mil personas que han abandonado Ucrania, ya hay más de 2.000 muertos civiles ¿Hay alguna forma de que Putin responda por sus crímenes ante la Corte penal Internacional? ¿Qué mecanismos se pueden activar para exigirle cuentas a Putin por esta acción armada?
Con la Corte Internacional es un proceso muy largo, yo lo vi muy de cerca con Charles Taylor, de África, en el proceso que culminó con su condena. Espero que sí, porque solo pensar en que esta clase de invasión tan cruenta a un país en tiempos de paz quede impune, me duele mucho. Aparte de las instancias internacionales uno puede pensar en llevar casos específicos criminales contra Putin y sus líderes militares en Europa, en EEUU, para que la gente pueda por lo menos aspirar a recuperar algo, porque en esos casos lo que pasa muchas veces es que el estado ruso no se presenta a rendir cuentas de sus actos. Pero los fondos incautados a los rusos se pueden usar para indemnizar a las víctimas.

 

Por: Arturo Torres

ENTREVISTA. El Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), ex Senain, fue inaccesible para la prensa por años. Un búnker inexpugnable. Especialmente durante el gobierno de Rafael Correa, que en 2009 creó la Secretaría Nacional de Inteligencia, recordada por sus prácticas turbias, de espionaje y hostigamiento a opositores y periodistas, por el despilfarro de cientos de millones de dólares en gastos especiales en operaciones ficticias, con fuentes inexistentes. En el gobierno de Lenín Moreno la Senain cambió de nombre, pero fue una reforma más bien cosmética, en medio de denuncias del manejo discrecional de recursos, para la compra de millonarios equipos y licencias, que se pagaban todos los años. Hace tres meses, el coronel (r) Fausto Cobo tomó el timón de este barco. Antes de la entrevista, Cobo nos acompaña en un recorrido por el Centro, mientras comenta los sapos y culebras que siguen encontrando, en particular por temas de corrupción en la compra de sistemas informáticos y licencias, que ya han sido judicializados y hoy son investigados por la Fiscalía. Al final de la caminata llegamos a una sala amplia, con techo elevado, llena de monitores, donde se aprecian imágenes y videos captados por las cámaras del ECU-911. La entrevista decurre en este salón, con las pantallas a espaldas de Cobo, que hace pocas semanas acaba de superar el Covid, por segunda ocasión.

P. La acelerada mutación del crimen organizado en el país debe ser objeto de un estudio y análisis multidimensional. ¿Cuál es su diagnóstico sobre este fenómeno, de esta amenaza, con su perspectiva de Inteligencia?
R.Creo que Ecuador, la región y el mundo están enfrentando una forma diferente de estrategia y táctica del crimen organizado contra la institucionalidad. Enfrentamos un nuevo modelo insurreccional, una de las moléculas es el narcotráfico. Nuestro país tiene ventajas geoestratégicas que nadie tiene en América Latina.

P. ¿Cuáles son?
R.La posición geográfica que permite que estemos en línea directa con Asia, a través del Pacífico, estamos cerca al Canal de Panamá que une dos mares, y próximos al sur de Estados Unidos. Además  tenemos un territorio pequeño, de forma redondeada, eso beneficia a las políticas de seguridad porque a cuatro horas de la fronrera norte está Quito, la capital, donde hay un aeropuerto. Se llega al mar y los puertos relativamente en poco tiempo. Todo eso le  interesa a la criminalidad, porque tenemos facilidad de vías de comunicación, puertos y aeropuertos. No obstante, la piel de nuestro territorio es de difícil protección, y cuando la piel no está fuerte las enfermedades entran con facilidad a este ser vivo que es el Estado. Históricamente hemos tenido amenazas convencionales y no convencionales. Las convencionales están en plano inferior de peligrosidad con las no convencionales, que son la criminalidad, el narco, que son las moléculas más sensibles.

P. Antes estas amenazas o moléculas, como usted las denomina, eran difusas. ¿Hoy existe algún aglutinador?
R. Así es, y tienen el fin de terminar con el Estado; buscan aproximarse en líneas convergentes. Hablamos del poder desestabilizador, a través del terrorismo político y radicalismos que buscan desestabilizar la democracia. A este nivel también hay conexiones con organizaciones criminales, con el narcotráfico. Otra molécula es el sistema penitenciario, que fue tomado por la criminalidad cuando el estado abandonó las cárceles y dejó crecer a organizaciones delictivas; esto se conecta al desgaste institucional. También entran en escena sectores radicales y exacerbados, algunos gremios que defenden causas, con proyectos divisionistas para desestabilizar al Estado.

P. ¿Entonces, usted encuentra convergencias y un punto de partida o de quiebre en la protesta de octubre de 2019?
R. Sí. La línea de lucha en las calles está intacta, el modelo que se aplicó en octubre no fue desactivado, eso está encaminado para desestabilizar y volverse un modelo insurreccional. Este momento la fuerza está en el Legislativo donde también se busca desestabilizar, tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana, estos grupos solo buscan el asalto del poder.

P. ¿Otra amenaza en este escenario serían también los ataques y hackeos a entidades públicas y privadas que se realizan desde el año pasado?
R. Así es. Los teatros de operaciones de las épocas anteriores cambiaron. Hoy uno muy importante es la guerra cibernética. Los estados no están preparados para eso, la doctrina de seguridad fue desbordada, superada. Tampoco hay que descartar el módulo de guerra armada, pues hay grupos que están agazapados, listos para actuar. Lo cibernético es fundamental en esta lucha de la criminalidad contra el Estado, que no estaba listo para recibir esa arremetida, pero hay que construir estas capacidades de defensa.

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«Es una lucha desigual. El crimen organizado tiene inmensas capacidades económicas para potenciar y construir infraestructura cibernética, electrónica, con tecnología informática para atacar centros de gravedad como entidades públicas, bancos…».

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P. ¿Inclusive hay reportes de ataques a los sistemas de monitoreo de la Marina?
R. Efectivamente, estamos en una guerra declarada por el crimen organizado, todos estos son objetivos de esta nueva forma criminal de alta peligrosidad, con muchos recursos de por medio.

P. Un tema sensible es el control electrónico de los barcos que navegan en el mar territorial ecuatoriano, los que zarpan para la pesca y para llevar combustible, pero muchas veces son usados por el narcotráfico para sacar la cocaína. Actualmente no están operativos dos sistemas vitales para esa vigilancia de Inteligencia en la Armada: Se trata del Sistema de georreferenciación de buques SIGMAR, que está inhabilitado desde hace mes y medio, por lo cual no hay un rastreo de las embarcaciones de más de 20 toneladas. Tampoco está funcionando el sistema Orca, que monitorea el abastecimiento de combustible para la pesca artesanal. Estos sistemas fueron hackeados. ¿Ustedes, como cabeza del sistema de Inteligencia, tenían esta alerta, qué se debe hacer?.
R. La protección del mar territorial es fundamental para evitar las actividades del narcotráfico, la pesca ilegal y el tráfico de combustible. Es indispensable actualizar las plataformas electrónicas y vamos a apoyar a la fuerza naval en esta tarea.

P. ¿Ustedes tienen identificada esa amenaza que se ha concretado en estas arremetidas de los hackers?
R. Absolutamente, por eso es fundamental fortalecer nuestras capacidades estratégicas, para blindar y proteger estos sistemas.

P.¿Cuál es la recomendación del CIES para enfrentar estos ataques de hackers a distinto nivel?
R. Aquí el liderazgo de la defensa cibernética es del Ministerio de Telecomunicaciones. Es una de las mesas que más está haciendo para avanzar en un subsistema del gran sistema de seguridad integral, que tiene que ver con protección del espacio cibernético, nosotros también integramos esta mesa. Acá también tenemos una unidad importante de ciberseguridad.

P. Hoy más que nunca es vital contar con información completa, fiable y contextualizada, con Inteligencia de primer nivel para entender cómo operan las estructuras criminales. ¿Cómo están trabajando los subsistemas de Inteligencia, tras años de una orientación politizada, corrupta del manejo de recursos para operaciones, usted mismo ha judicializado algunos temas de anteriores administraciones. ¿Se ha recobrado la confianza de los subisistemas en el CIES?
R. Ese paso es crucial, cambiar el criterio de la opinión nacional respecto al valor e importancia de contar con un sistema de Inteligencia integral, que no produzca ni sirva para el gobierno en particular ni un proyecto político, sino para servir a la seguridad integral del estado. Eso requiere de estrategias.

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«Estamos trabajando en una ley de Inteligencia para limitar el poder de los sistemas y regular el uso de mecanismos sensibles, que puede, en un momento determinado, causar un daño inmenso a la democracia. Debemos estar regulados».

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P. Otro aspecto medular es la rendición de cuentas constante de lo que hace Inteligencia.
R. La Ley de Seguridad establece que cada tres meses debemos rendir cuentas a la Asamblea, pero el primer usuario de Inteligencia es el Presidente. Debemos servir a nivel político estratégico con el Ministerio de Gobierno que preside el gabinete de seguridad.

P. Durante años ha existido un problema grave de descoordinación y falta de colaboración entre los subsistemas de la Policía y FF.AA. ¿Está ese problema subsanado? Esos organismos no han cooperado efectivamente con el CIES porque había una franca desconfianza, sobre todo de FF.AA., de compartir información con la Senain y luego con el CIES, por su politización.
R. Hay que institucionalizar y normar el sistema. Debe ser reconfigurado y fortalecido no solo con FF.AA. y la Policía, sino con la participación del SRI, la UAFE, Riesgos, Inteligencia Penitenciaria, para que sea integral. Ya hemos dado pasos importantes.

P. ¿Cuáles, por ejemplo?
R. Los componentes que les estoy mencionando, estamos apoyando la conexión con todas las entidades, para que organismos claves compartan información relevante, se rijan al concepto de Inteligencia: es decir una información procesada y verificada. La información que producen todas las entidades que he mencionado llega al CIES, dependiendo del tema que estemos estudiando, para procesarla y convertirla en Inteligencia.

P. Y también sacarle el diablo al tema de la Inteligencia, que está satanizada.
R. Estamos invitando a personas y medios, periodistas, a la ciudadania para hacer talleres y eventos, para que se conozca lo que hacemos con transparencia.

P. Otro problema es la descoordinación y poca cooperación entre las unidades de inteligencia de la fuerza pública. Concretamente entre la Armada y la Policía. Estas entidades no mantienen un cruce sistemático y permanente de informes para enfrentar de manera conjunta el crimen organizado, según oficiales que trabajan en esas áreas. ¿Cómo se puede corregir esta falencia?
R. Eso es parte de capacitación y entrenamiento; yo estoy proponiendo un ejercicio de inteligencia integral, para resolver problemas políticos y estratégicos. Debemos generar doctrina porque es un nuevo mundo el que enfrentamos en temas de seguridad. Hay que construir en el camino, sobre la marcha, para enfrentar eficazmente estas arremetidas insurreccionales. Colombia y Chile lo sufrieron, igual que países europeos; incluso al gobierno de EE.UU le sorprendió este modelo, que es de causas radicales, vimos cómo se tomaron el Capitolio, no es un tema de izquierda o derecha. Es un fenómeno global.

P. ¿Existen protocolos, normativas que vuelvan obligatorio el intercambio de información entre los subsistemas, que se ha manejado de una forma más bien discrecional? Es evidente que hay descoordinación entre esos organismos.
R. La única forma es normando, debe estar en la ley, en el reglamento. No es discrecional debe ser de obligatorio cumplimiento, la ley de Inteligencia debe ser construida con aportes de distintos sectores para que tenga legitimidad.

P. ¿Tienen listo el plan de inteligencia y contrainteligencia?
R. Sí, y están muy avanzados. Estoy tres meses aquí, pero no encontré ningún avance; no es fácil, es el plan de inteligencia integral, ya están las dos revisiones y solo falta la edición, pues queremos que sirva para que sea parte de una campaña de cultura de inteligencia para la toda la sociedad.

P. Otro frente criminal peligroso es el de la minería ilegal. Precisamente, sobre lo que ocurrió en Napo, donde cientos de mineros estaban devastando los bosques y ríos durante meses, ¿ustedes advirtieron ese escenario y elaboraron una apreciación de Inteligencia para que se hiciera el operativo. Desde cuándo estaban dando alertas de lo que estaba pasando y como se coordinó luego para el operativo, imagino que tomó varios días?
R. El resultado es lo más importante de valorar. Fue una operación exitosa, con la colaboración de varias entidades.

P. ¿Pero esa operación partió de información de Inteligencia?
R. Así es, primero salió del personal de Inteligencia táctica de la Policía y FF.AA. Luego la operacional. El CIES ayudó a construir integralmente y entregar la apreciación a la instancia política de toma de decisiones. Todo este proceso fue liderado por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que se puso al frente de una operación compleja, que pocas veces se ha hecho, había que coordinar con fiscales, jueces, peritos… En esta operación tambien hubo dificultades, fallas que hay que corregir.

P. ¿Qué errores hubo?
R. Partamos de que más que errores son aprendizajes, nos sirven para mejorar. En toda operación pueden ocurrir errores, en este caso pequeños. Por ejemplo, el factor sorpresa.

P. ¿Por lo que se filtró la información de que se haría el operativo?
R. Falló la contrainteligencia que debía proteger más esta operación, sí dio un buen nivel de protección, pero faltó más, no fue suficiente. Contrainteligencia tenía que haber sugerido que el tiempo entre la decisión y ejecución del operativo sea más corto.

P. ¿Entonces la operación se hizo a partir de la información recabada por los subsistemas y el procesamiento del CIES?
R. Sí, y por eso hay que montar un ejercicio parecido luego, para entrenarnos, no solo con militares y policías sino con funcionarios de otras entidades públicas. Estos ensayos son indispensables para enfrentar nuevas amenazas. El aprendizaje siempre es previo.

 

PERFIL. Juan Fernando Hurtado Rodríguez, alias El Paisa, es un pez gordo en la estructura de las disidencias de las FARC, que se dedican de lleno al narcotráfico, la extorsión y otros delitos en varios departamentos de Colombia y en la frontera con Ecuador.

Redacción Código Vidrio

El Paisa fue parte del Frente Oliver Sinisterra (FOS), integrado por colombianos y ecuatorianos, que operan entre Nariño y Esmeraldas. De hecho fue parte de la comisión de alias El Mocho, cabecilla de finanzas del FOS, que en marzo del 2018 secuestró en Mataje, Ecuador, al equipo periodístico de diario El Comercio, integrado por el periodista Xavier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Su captura en Nueva Loja, Sucumbíos, este miércoles 16 de febrero, es considerada un duro golpe a la estructura ‘Carlos Patiño’, del GAOR disidencias FARC «Primera Facción». Era el cuarto al mando de esa organización narcodelictiva.

Las últimas semanas, “El Paisa” se había trasladado a Nueva Loja, Sucumbíos, para convertirse en el coordinador con el GIA ‘Comandos de Frontera’ y así expandir el brazo armado y de narcotráfico del Comando Coordinador de Occidente, especialmente de la estructura Carlos Patiño. ‘El Paisa’ es un gran conocedor de las rutas del narcotráfico en el sector de frontera hacia países del sur de Colombia.

Relevó a alias ‘El Sosper’, asesinado en diciembre del 2021, quien era el jefe financiero de los Comandos de la Frontera, antes conocido Frente 48 de las Farc, que por años fue liderado por Olidem ‘El Gordo’ Solarte.

El 14 de marzo del 2021 apareció un video donde Los Comandos de la Frontera- Ejército Bolivariano (C.D.F.-E.B.) realizaban varios anuncios, uno de ellos era la intención de unirse a las Farc-Segunda Marquetalia.

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ORGANIGRAMA DE LAS CABEZAS DE LAS DISIDENCIAS

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En un nuevo video divulgado al día siguiente El Paisa aparecía junto a uno de los máximos comandantes de las Farc-Segunda Marquetalia, Jesús Santrich.

El Paisa se había retirado del proceso de paz en 2018. Eso debido a la incursión de un comando armado de unos 30 hombres que buscaba sacarlos a la fuerza de la ETCR de Miravalle, en San Vicente del Caguán en el Caquetá. Ese día se encontraba con Iván Márquez y la mayor parte de las fuerzas especiales farianas de La Teófilo Forero. Reapareció en agosto de 2019, cuando junto a Iván Márquez, Jesús Santrich y Romaña, entre otros, anunciaba que retornaba a la lucha armada.

En el video divulgado por la Agencia de Prensa Análisis Urbano El Paisa reapareció hablando por primera vez después de haberse retirado del proceso de paz entre las Farc y el Estado colombiano. En su aparición anunció que las Farc- Segunda Marquetalia y Los Comandos de la Frontera- Ejército Bolivariano (C.D.F.-E.B.) se habían aliado para enfrentar al gobierno de Iván Duque Márquez.

Encargado de inteligencia delictiva

Según informes del Ejército colombiano, tenía experiencia en manejo de masas y proselitismo armado, de material logístico y bélico para la estructura.

También era el responsable de realizar inteligencia delictiva, para ejercer control territorial y mantener la seguridad de los cabecillas.

El Paisa, de 39 años, era el encargado de la comisión que delinque en el municipio del Bordo Patía sobre la cordillera occidental del departamento del Cauca, en el centro de Colombia.

Se dedicaba a dirigir el cobro de extorsiones, la adquisición de pasta base de coca y de dar seguridad de los diferentes laboratorios para el procesamiento del alcaloide. También era el encargado de realizar propaganda para el reclutamiento de jóvenes sobre los corregimientos de Brisas (cerca de la frontera con Ecuador), La Fonda, La Mesa, Quebrada Oscura, La Planada, Pan de Azúcar y Santa Cruz.

Los últimos meses venía aumentando su presencia sobre los corregimientos de San Alfonso, Monares, Capitanes, Caspicaracho, Olaya y Las Tallas del municipio de Balboa (Cauca), donde habría realizado hostigamientos a unidades militares adscritas a la Vigésima Novena Brigada del Ejército en Colombia.

El cabecilla de las disidencias de las FARC, Juan Hernando Hurtado Rodríguez, alias ‘El Paisa’, fue capturado hoy en Lago Agrio.

Redacción Código Vidrio

El cuarto líder de las disidencias conocidas como ‘Carlos Patiño’ fue apresado en un operativo combinado, transnacional, entre los ejércitos de Ecuador y Colombia.

Un informe de la detención, al que accedió Código Vidrio, detalla que Hurtado pretendía asumir el liderazgo de ese grupo que delinque en Cauca y tenía la intención de extender el Comando Frontera hacia Ecuador.

Las últimas semanas, “El Paisa” se había trasladado a Nueva Loja, Sucumbíos, con el fin de convertirse en el coordinador con el GIA ‘Comandos de Frontera’ y así expandir el brazo armado y de narcotráfico del Comando Coordinador de Occidente, especialmente de la estructura Carlos Patiño. ‘El Paisa’ es un gran conocedor de las rutas del narcotráfico en el sector de frontera hacia Sudamérica (debido a sus antecedentes delincuenciales en la Columna Móvil Teófilo forero).

Fue el relevo de alias ‘El Sosper’, que fue asesinado en diciembre del 2021 y era el jefe financiero de los Comandos de la Frontera, antes conocido Frente 48 de las Farc, que por años fue liderado por Olidem ‘El Gordo’ Solarte.

El 14 de marzo del 2021 apareció un video en el que Los Comandos de la Frontera- Ejército Bolivariano (C.D.F.-E.B.) realizaban varios anuncios, uno de ellos era la intención de unirse a las Farc-Segunda Marquetalia. En la grabación aparecía El Paisa junto al dirigente de las FARC, Jesús Santrich.

El Paisa se había retirado del proceso de paz el 2018. Eso debido a la incursión de un comando armado de unos 30 hombres que buscaba sacarlos a la fuerza de la ETCR de Miravalle, en San Vicente del Caguán, en Caquetá. Ese día se encontraba con Iván Márquez y la mayor parte de las fuerzas especiales farianas de La Teófilo Forero.

El Paisa reapareció en agosto de 2019, cuando junto a Iván Márquez, Jesús Santrich y Romaña, entre otros, anunciaba que retornaba a la lucha armada.

En el video divulgado por la Agencia de Prensa Análisis Urbano El Paisa reapareció hablando por primera vez después de haberse retirado del proceso de paz entre las Farc y el Estado colombiano. Anunció que las Farc- Segunda Marquetalia y Los Comandos de la Frontera- Ejército Bolivariano (C.D.F.-E.B.) se habían aliado para enfrentar al gobierno de Iván Duque Márquez.

Coordinación binacional

La detención fue fruto de la coordinación de Inteligencia Militar (Ecuador y Colombia) con la Fiscalía de Sucumbíos y la Unidad de Inteligencia Trasnacional Policía. Contó con la intervención de las unidades de criminalística, antinarcóticos, GOE y UMO de la Policía.

‘El Paisa’ fue trasladado a la frontera Ecuador-Colombia con fines de inadmisión, por no contar con documentos de identificación, para ser entregado a las autoridades colombianas. En ese país s requerido por el delito de Concierto para Delinquir Agravado y Amenazas, lo cual se enmarca en la condición de BUSCADO en notificación Azul de la Interpol.

Los uniformados detuvieron al colombiano tras allanar un inmueble en Nueva Loja, ubicado en las calle Bella Esperanza y Marcabeli esquina, en el barrio San Valentín.

ANÁLISIS. En octubre del 2021, los ecuatorianos despertaron con un nivel de violencia inusitada que desconocían. En los presidios más grandes las bandas se enfrentaron causando muertes sangrientas y despiadadas: los reclusos no repararon en decapitar y mutilar a otros internos que difícilmente podían ser identificados por los peritos forenses.

Este nivel de violencia ya se ha visto antes en México y Brasil, lo cuál despierta el interrogante sobre si Ecuador podrá experimentar en los próximos meses los mismos índices de criminalidad mexicanos y brasileños. En 2021, el índice de homicidios en México fue de 26 por 100.000 habitantes, el de Brasil fue del 18.5, mientras que el de Ecuador llegó al 14, el doble del año anterior.

Hasta el momento,  la respuesta del presidente Guillermo Lasso a las masacres carcelarias  fue decretar el Estado de Emergencia y enviar tropas y tanquetas a reforzar la presencia policial en las calles y tratar de retomar el control de los presidios, una respuesta táctica, por ende, de corto plazo. Esta suele ser la misma receta de otros gobiernos latinoamericanos ante estallidos de violencia. En los últimos años, Ejército y policías militarizadas han sido desplegados para mantener el orden público en Trinidad y Tobago, México, Perú, Brasil y Colombia, sin evidencia consistente de una mejora estructural de la seguridad en estos países.

Decretar Estados de Emergencia sirve para que los gobernantes den discursos duros en contra del crimen, intentando no dañar su imagen ante sus votantes. Así, el problema, con sus causas complejas y soluciones de largo plazo, solo se patea hacia adelante.

Una respuesta de largo plazo al fenómeno del crimen organizado requiere una estrategia sostenible en el tiempo. Dicha estrategia debe ser concertada entre el gobierno nacional, los gobiernos seccionales y la Asamblea, incluyendo a la oposición.

Incluir a la oposición es fundamental para las estrategias de largo plazo. Las razones son elocuentes:

1) En democracia, la oposición vuelve a ser gobierno. Para que esta oposición no patee el tablero de la estrategia a largo plazo, es necesario hacerle parte de los acuerdos.

2) Lasso es un gobierno con minoría en el Parlamento, tiene menos de un tercio de los asambleístas; por ende, necesita construir consensos para implementar sus políticas.

Las estrategias exigen diagnósticos bien estructurados, idealmente lejos de la pasión política, guiados por evidencias empíricas. A los problemas del mundo real, de la gente, no le importa mucho la ideología del gobernante de turno.

El primer diagnóstico es que Ecuador está en un proceso acelerado de volverse parte del supply chain del negocio internacional de la cocaína, que empieza en Colombia, que produce el 70% de la cocaína consumida en el mundo y donde el kilo promedio cuesta US$ 1.260.

En los destinos finales, donde se consume la mercancía, el kilo llega a costar 25 veces más, como en Estados Unidos (US$ 32.000 el kilo) y 47 veces más en Europa (US$ 60.000 el kilo). Este es un mercado completamente desregulado, con abultadas tasas de ganancias, donde los productores dictan las reglas. Los puntos de distribución y venta se disputan a sangre y fuego.

La cocaína producida en Colombia y Perú tiene múltiples rutas para llegar hacia Estados Unidos y Europa. En Brasil, los gigantescos ríos de la jungla amazónica sirven como ruta hacia los puertos de la costa atlántica. En los últimos 20 años, con el crecimiento del negocio de la cocaína, la violencia creció en estas zonas del territorio brasileño, incluso en momentos de bonanza económica y mejora de la distribución del ingreso. En Ecuador, también las rutas y las zonas cercanas a los puertos de exportación experimentan un alza en los índices criminales.

En Brasil, la falta de estrategia del Estado para controlar las cárceles y tener una diagnóstico claro del problema del narcotráfico desencadenó la creación de pandillas dentro de los penales. La más importante es el Primer Comando de la Capital (PCC), creada después de que la policía antimotines de São Paulo mató a 111 detenidos en una rebelión en 1993. Con el paso de los años el PCC evolucionó hacia un cartel transnacional. Hoy controla rutas de comercio de cocaína y armas en toda América de Sur y exporta droga hacia Europa por los puertos brasileños.

Pobre información de Inteligencia

El segundo diagnóstico es que el Estado ecuatoriano tiene que ser capaz de producir información de calidad sobre el crimen en el país. Sin inteligencia, el combate al crimen se verá restringido a tanquetas, sin un efecto duradero a mediano y largo plazos. Inteligencia es ser capaz de detectar flujos financieros sospechosos de lavado de activos, de rastrear el suministro de armas y municiones a grupos criminales, hacer el mapeo del estándar de actividades criminales (cuándo y dónde suceden los distintos delitos). Finalmente, la inteligencia de las fuerzas de seguridad tiene que estar entrenada y equipada para solucionar crímenes y descabezar pandillas, desmontar estructuras.

El negocio internacional de la cocaína es el principal factor de desestabilización de los estados y las sociedades en América del Sur. La región tiene el 6% de la población, pero concentra el 19% de los homicidios del planeta.

Las últimas guerras de larga escala en la región fueron la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), cuando Brasil, Argentina y Uruguay lucharon en contra de Paraguay, y la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Chile enfrentó Bolívia y Perú. El último conflicto convencional ocurrió en 1995, entre Ecuador y Perú, en el alto Cenepa. Las fronteras sudamericanas han sido más estables que las europeas, asiáticas y africanas, pero la Guerra contra las Drogas desestabiliza toda la región.

Llama la atención que en las cumbres entre los  jefes de Estado en América del Sur no se haya tratado con frontalidad el fracaso común del combate al crimen transnacional. Lasso podría buscar un liderazgo regional encabezando una iniciativa que empiece a promover un diálogo de intercambio de experiencias entre los países de la región. Hoy en día no hay ninguna iniciativa relevante de coordinación regional.

Una propuesta en este sentido tendría que vencer resistencias y desconfianzas en las burocracias y fuerzas de seguridad nacionales (muchas veces parte del negocio de la cocaína). Sin embargo, América del Sur tendrá, tarde o temprano, que lidiar de forma coordinada con su gran problema geopolítico. Lasso podría relanzar su imagen como un líder innovador y que busca concertar.

ENTREVISTA. La firma del tratado de libre comercio con China es una de las prioridades estratégicas del gobierno este año, aunque la experiencia en este tipo de negociaciones evidencia que puede tomar más tiempo. No obstante, el canciller Juan Carlos Holguín se muestra optimista, aunque admite que el acuerdo no se firmará si las condiciones son desfavorables para el país, especialmente para el sector industrial, que no está en capacidad de competir con el gigante asiático. El Canciller niega que esa negociación con China pueda afectar la relación con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y cooperante en seguridad y defensa. Otros ejes de su estrategia son la diplomacia de transición ecológica, enfocada en la protección de la reserva marina de Galápagos y ensamblar acuerdos de cooperación regional para enfrentar las transnacionales del crimen organizado.

Por Arturo Torres

Pregunta. El presidente Lasso acaba de firmar un memorándum de entendimiento para un tratado de libre comercio con China. Y anunció que el acuerdo se podría concretar este año. ¿Es eso posible? En general las negociaciones de este tipo, por su complejidad, tienen múltiples rondas de negociación y suelen tomar varios años. ¿Han previsto ese escenario, cómo lo van a enfrentar?

Respuesta. De manera estratégica lo que hicimos fue iniciar oficialmente la negociación del acuerdo comercial con China. Por supuesto hay sensibilidades de algunos sectores en nuestro país como el productivo, pero no hay ningún apuro por llevar a buen puerto una negociación. No es solo el presidente Guillermo Lasso el que ha dicho que podemos firmarlo este año sino el presidente chino Xi Jinping, quien ha puesto como vara que eso pueda ocurrir a fines de este año, en la cumbre China Lac, que tendrá su sede en Guayaquil. Esta es una gran señal porque, en estos casos, solo la negociación para un memorándum de entendimiento suele tomar más de un año; en nuestro caso tomó cerca de 60 días. Cuarenta y cinco días antes de la visita del Presidente a China, el ministro de Producción, Julio José Prado, mantuvo reuniones técnicas con sus  homólogos en China, y nos pusimos de acuerdo en un memórandum que se consolidó en la visita. Automáticamente esta misma semana iniciaremos mesas técnicas, estamos preparando informe técnico para solicitar autorización al Comex, para el inicio de las negociaciones. Una vez que se cumpla con el pedido, los equipos negociadores de ambos países iniciarán los diálogos para ponerse de acuerdo en todos los términos de referencia del acuerdo y empezar primeras rondas de negociaciones, a partir del segundo semestre de este año.

P. En general estos acuerdos suelen tomar mucho más tiempo. Chile negoció en cuatro años su acuerdo con China. Tres años le tomó a EE.UU. Incluso una renegociación puntual llevó dos años. Colombia, en la época del presidente Álvaro Uribe, intentó negociar un acuerdo con China pero no lo pudo concretar porque les quisieron imponer condiciones lesivas para su mercado interno, por lo cual los industriales colombianos se opusieron. ¿No es probable que se repita un escenario parecido con nosotros?

R. No estamos obligados a firmar un acuerdo de libre comercio si las condiciones no son favorables para el país, la única manera de que Ecuador tenga una perspectiva de apertura es porque el acuerdo debe generar mayor bienestar y resultados significativos en los bolsillos de ecuatorianos, en exportadores pequeños y medianos. Creemos firmemente en que la posibilidad de acuerdo con China es muy positiva para Ecuador; en las negociaciones previas logramos tener en pocos días acuerdos beneficiosos para el país. Además, es el momento de aprovechar del posicionamiento del presidente Lasso para lograr negociación expedita, no solo basada en beneficio de algunos sectores productivos sino de todos los ciudadanos. Lo que puedo reafirmar es que no empezará la negociación sin la consolidación de un cuarto adjunto de primer nivel con todos los sectores involucrados en el ecosistema del tratado desde el inicio. Es la única manera en que podamos avanzar a la par con objetivo del tiempo, sin que ningún sector se vea perjudicado en sus intereses frente a China. Es difícil comparar el mercado de Colombia con Ecuador pero debemos ver los beneficios de negociaciones de TLC tanto de Chile como Uruguay. Este último país logró de manera expedita su negociación además de un nuevo momento post pandemia. Es parte de una visión diplomática más pragmática: la pandemia ha generado cambios en coyunturas comerciales a escala global. Hace pocos años no habría sido posible ver a varios países firmando tratados de este tipo con países pequeños, con los cuales no había acuerdos comerciales; pero dado el nivel de crisis de abastecimiento por la pandemia hay la necesidad de estrechar lazos comerciales. Ecuador está listo para asumir ese rol de proveedor exitoso de varios productos en el mundo.

P. Si piensan aprobar el acuerdo en este año, ¿tienen estudios previos sobre las ventajas y desventajas que ese tratado tendrá para los productores e industrias del país. ¿Hay un diagnóstico de riesgos?

R. Para llegar al plan de gobierno, en relación con los acuerdos de comercio, el tanque de pensamiento de Guillermo Lasso analizó por varios años, de manera académica y técnica, los retos del tratado, con sus ventajas y desventajas. Cuando llegamos al Gobierno el ministro Prado ha hecho un gran trabajo para analizar las alertas que tenemos. En un acuerdo de libre comercio con China el sector industrial es un puntal bastante delicado, pues nosotros no seríamos capaces de competir con países de mayor desarrollo industrial. Entonces hay campos sensibles que han sido analizados en detalle como el textil, prendas de vestir, calzado, vehículos, repuestos, electrodomésticos. Son varios sectores que nos despiertan una alerta sobre todo lo que debemos tomar en cuenta en la negociación. La idea también es aprovechar otro tipo de sectores que se verán altamente beneficiados. Ecuador es el principal exportador de camarón a China, pero en banano tenemos la alerta de una reducción de exportaciones a esa nación. Lo importante es hacer una compensación con el tratado. Por otro lado, con el ministro Prado, en esta visión de diplomacia comercial, es crucial entender cómo vamos compensando con otras industrias, qué mercados son atractivos para ellos. Para el sector textil, por ejemplo, es muy importante lo que negociamos con EE.UU. Por eso hablamos de diez tratados que no tienen una lista de prioridad, estamos abriendo la negociación diplomática al mismo tiempo.

P ¿Cuál es la lista de productos que entrarían en el tratado de libre comercio y cómo van a reducir el riesgo de que los chinos nos inunden con productos y acaben con nuestra incipiente industria local?

R. Hay que entender cuál es la competencia de cada ministerio. Todo lo que es comercio, más allá de ser parte de una política exterior, es implementado por el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. El equipo negociador que integramos ambas carteras, liderado por el presidente Lasso en el más alto nivel, tiene una hoja de ruta coordinada. En términos generales puedo decir que los productos beneficiados serán banano, camarón, pescado, cacao, madera, tubérculos, hortalizas, entre otros, que son prioridad. Pero será el ministro Prado el que anuncie al país el arranque oficial de las negociaciones y cómo se piensa el acuerdo con el cuarto adjunto. La pitahaya es muy importante. No estaba dentro de nuestros protocolos de negociación iniciales, pero se logró que ingrese como uno de los productos para ser exportados a China, es una de las frutas con mayor oportunidad de venta.

P. El Gobierno inicia esta nueva etapa de las relaciones con China en medio de un ambiente de abierta confrontación del gigante asiático y su aliado Rusia con EE.UU. ¿Es este es el momento más adecuado para iniciar una nueva etapa de relaciones con China, con el inicio de un tratado de libre comercio, sin que esto afecte las relaciones con EE.UU. nuestro principal socio comercial?

R. Soy crítico del análisis de Código Vidrio sobre el manejo diplomático de Ecuador, al que catalogaron como un recorrido en aguas turbias. Hay que entender cuál es nuestro rol en este juego geopolítico en el mundo. Tenemos relaciones amistosas con casi todos los países. Guardando ciertas líneas firmes en términos de DD.HH. y democracia, creo que este momento hemos aprovechado la visión estratégica de más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador, para establecer una relación comercial transparente con muchos países. Con EE.UU. estamos en el mejor momento de las relaciones, hay una gran cooperación de la cual estamos muy agradecidos, especialmente en seguridad, migración y defensa. También hemos logrado que Washington genere un hecho histórico a través de la intervención de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que acaba de presentar un proyecto de ley exclusivamente para Ecuador. Esa norma, una vez aprobada, nos permitirá fortalecer de manera decisiva la relación bilateral. Podremos tener más cooperación y recursos para aspectos que van desde la lucha contra el crimen organizado hasta la cooperación económica y comercial. Días antes de la visita a China tuve la oportunidad de mantener una larga reunión con el secretario de Estado, Antony J. Blinken, con quien además hemos tenido una bitácora de trabajo concreta muy provechosa. EE.UU. tiene también una relación comercial con China permanente y significativa. Por ello, se entiende nuestra posición y de otros países de concretar tratados en esta nueva coyuntura mundial. Nuestro gobierno actuará siempre respetando los principios más básicos de soberanía y, sobre todo, en la coyuntura actual, respecto a lo que está pasando en algunos lugares del mundo (posible invasión de Rusia a Ucrania). Esa es nuestra misión: Ecuador tiene la posibilidad de una acción más determinante en la Organización de las Naciones Unidas, como candidato a miembro del Consejo de Seguridad, por eso trabajamos con mucha prudencia en conversaciones transparentes con todos los gobiernos, buscando su apoyo. El reto del presidente Lasso es tener una diplomacia pragmática y, al mismo tiempo, ágil, dinámica y respetuosa, sabiendo que hay líneas rojas que si algún momento deben discutirse Ecuador las va a tomar. Por ejemplo, la discusión sobre la democracia en nuestra región.

P. ¿No hay un riesgo de que un acuerdo comercial con China afecte posibles futuros tratados con EE.UU., en vista de que las tensiones entre ambas potencias siguen escalando?

R. EE.UU. está en etapa en que los tratados de comercio justo con otros países no son una prioridad. Por eso, hay que aprovechar, más bien, las oportunidades que EE.UU. nos ofrece en esta coyuntura; debemos ir cumpliendo los pasos pertinentes para estar preparados cuando se abra posibilidad real de concretar un tratado. El Gobierno anterior logró un acuerdo de ocho puntos determinantes; nosotros estamos esperando la aprobación en el Senado de esta ley, trabajada de manera bipartidista. Siempre hay que tener prudencia, pero debemos entender que la diplomacia comercial es solo uno de los ejes. Entramos también en la diplomacia de transición ecológica, que nos une con una serie de países especialmente con propuestas como Galápagos donde hay mucho interés de instrumentos de financiación bilateral. Ahí las conversaciones con países de la Unión Europea (UE) son determinantes. Otro eje es sobre la movilidad humana, hay un proyecto importante de regularización de migrantes con el respaldo de Canadá y la ONU. Por eso es importante no solo entender la relación con énfasis en EE.UU. y China sino las grandes oportunidades que tenemos con la UE, sobre migración, ciencia y tecnología y diplomacia de transición ecológica. En seguridad y diplomacia de la paz tenemos conversaciones constantes con EE.UU., Colombia, México e Israel. No es lo mismo tener cooperación con EE.UU. sobre el crimen organizado, que con México sobre el problema en las cárceles, que enfrenta esos fenómenos en su sistema penitenciario.

P. ¿Cuál es la posición de Ecuador respecto a la política del no alineamiento activo, que es una doctrina que vienen aplicando varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú y Chile? Sobre todo, porque la última década nuestra región ha sido un escenario importante del conflicto entre EE.UU., aún la primera economía del mundo, y sus esfuerzos por impedir el ascenso y de China. Vivimos lo que varios expertos catalogan como el resurgimiento de una nueva guerra fría, enfocada en el campo comercial y tecnológico de comunicaciones. 

R. Ecuador tiene que mantener su posición histórica y sobre todo de mucha prudencia sobre lo que será el rol probablemente, si el objetivo se cumple, de integrar el Consejo de Seguridad de la ONU. Tenemos la oportunidad, después de 30 años, de participar, de ser actores relevantes en medio de una guerra fría probable. Ecuador debe saber jugar su rol de posicionamiento mundial, y si logramos apoyos necesarios para llegar al Consejo de Seguridad, nos permitirá tener una posición frontal en defensa del valor más importante que es la paz.

P. Otro tema sensible con China es Galápagos. ¿Cómo se le piensa exigir a esa nación que deje de pescar con su flota de 300 barcos en el límite de la zona exclusiva, si no está dentro de nuestro mar territorial? Es evidente la depredación de especies y las consecuencias lesivas para el ecosistema marino.

R. La política exterior del presidente Lasso sobre la transición ecológica, a partir de la protección de los oceános que se presentó en la cumbre en Glasgow, en octubre, busca generar un gran ecosistema de protección marítimo. Vamos a estar en la ONU el primero de marzo presentando junto a Costa Rica parte de esta inciativa de protección. Los diálogos sobre la pesca ilegal no son solo con China sino con varios países. Pero específicamente en relación con China, en la conversión telefónica que el presidente Lasso tuvo con su par Xi Jinping ya se hizo público que ese tema fue tratado y lo hemos abordado con equipos técnicos, con buenos resultados. Si vemos lo que ocurrió el 2021 sobre pesca ilegal y presencia de buques de otros países, este año tuvimos una disminución significativa, frente a lo ocurrido en años anteriores. Ha habido declaraciones directas de los dos gobiernos sobre dos temas específicos que están sobre el tapete: pesca ilegal y deuda. La buena noticia es que el presidente Jinping mostró el compromiso de China para la lucha contra la pesca ilegal.

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Perfil. Juan Carlos Holguín tiene 39 años. Ha incursionado en emprendimientos desde los 18 años, sobre todo en los campos deportivo, de innovación y tecnológico. Fue candidato a Alcalde de Quito por CREO y es uno de los hombres más cercanos al presidente Guillermo Lasso. Tiene un BA en Comunicación por la Universidad San Francisco de Quito. Obtuvo un máster en Políticas Públicas en Georgetown University, donde enfocó su investigación en mecanismos de diplomacia blanda. Obtuvo además una maestría en Desarrollo por la UNSAM de Argentina. Es candidato a PhD en Gobierno por la Universidad de Navarra.

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P. Un tema crucial para el país es el de la seguridad con enfoque regional. ¿Existe una estrategia para reforzar la cooperación, por ejemplo, con Brasil, que ha sufrido un grave problema de inseguridad por manejo de organizaciones criminales en las cárceles? De hecho, de las prisiones en Brasil precisamente surgió el Primer Comando de la Capital, que hoy es el cartel más importante de ese país, para la comercialización de cocaína. ¿Hay algún proyecto o intención de estrechar la cooperación en este campo?

R. Así es. Precisamente tuve una reunión con el canciller de Brasil mientras estuvimos en Cartagena, Colombia, hace tres semanas. Uno de los puntos más importantes era mantener una reunión bilateral, que lamentablemente no se dio, entre los presidentes de ambos países, para tratar temas sobre seguridad y el manejo penitenciario. Esperamos consolidar la reunión bilateral lo antes posible, hay ofrecimiento de Brasil de apoyo en seguridad. En las próximas semanas tendremos una buena noticia.

P. A nivel internacional es evidente el fracaso de la guerra contra las drogas, con un enfoque exclusivamente punitivo, a través del uso de medidas policiales, de fuerza. ¿No es esta la oportunidad para que Ecuador lidere una iniciativa para fomentar un debate que busque enfrentar al narcotráfico de una manera distinta, desde un enfoque multicausal, que pasa por el reconocimiento de que es un problema de macroeconomía, y que deberíamos debatir incluso su regularización, la legalización de las drogas?

R. Creo que el abordaje, especialmente del crimen transnacional organizado, debe darse desde los mecanismos regionales de integración, tanto de la Celac como Prosur. La migración riesgosa en frontera, que está siendo abordada por el Grupo de Acción Inmediata, del que somos parte, liderado por México, nos permite comprobar que el trabajo conjunto tiene más efecto que el unilateral. Hablamos de una guerra contra los carteles transnacionales en muchos países donde los fenómenos que enfrentamos son muy similares, tanto en narcotráfico, como el tráfico de personas, microtráfico y consumo interno. Enfrentamos fenómenos comunes de vulnerabilidad. También hay que entender que el negocio de tráfico de personas es prácticamente similar en ganancias al del narcotráfico.

P. ¿Cómo operan estas organizaciones criminales?

R. A través de la formalidad, por ejemplo obtienen permisos aéreos de vuelos chárter hacia lugares estratégicos de migración riesgosa, con un sistema de pago de entre 7.000 y 20 mil dólares, por migrante, para llegar a EE.UU. Estos grupos operan aplicando redes de extorsión vinculadas a los carteles del narcotráfico. México está haciendo un abordaje interesante a la venta de las armas que usan en las dos actividades: narcotráfico y tráfico de personas. Un tema que, por ejemplo, hemos tratado en las reuniones bilaterales con otros países es el efecto de ciertos videojuegos que alientan a una cultura de la droga y criminalidad. Esta problemática debe enfrentarse desde mecanismos regionales.

P. Entonces, en el Gobierno hay una plena constatación de que el problema del crimen transnacional que implica diversificación de actividades e inversiones en minería, pesca, turismo, negocio inmobiliario, debe enfrentarse de manera regional, pues ningún estado lo puede hacer solo?

R. Totalmente, el problema de minería ilegal que en Colombia y Perú no solo tiene su base en grupos irregulares sino en los mismos carteles del narcotráfico, es un fenómeno compartido. Las próximas semanas tendremos una reunión con Perú donde este es uno de los temas de abordaje común, incluso se lo discute en la Alianza del Pacífico.

P. Otro bloque importante es la Unión Europea. ¿Cuál es la hoja de ruta? 

R. Hay una relación muy fluida, este mes he tenido algunos encuentros con el representante de la UE en Ecuador. Nuestro equipo hace un seguimiento de esos temas, especialmente la cooperación sobre el cambio climático es uno de los más importantes. Varios países europeos, como Francia, han presentado proyectos de financiamiento no reembolsable para la protección de oceános y de bosques amazónicos. También sobre movilidad humana, especialmente de regularización, Ecuador tuvo ventaja pues lo teníamos como una prioridad en plan de gobierno. El 18 de diciembre el subsecretario Luis Bayas presentó la propuesta de regularización. Hemos tenido gran respuesta de países de la UE y sobre todo de donantes como Canadá y también del sistema de ONU y mutilaterales como el Banco Mundial. También seguimos conversando para tener apoyo de varios países para la visa Schengen, aplicamos una estrategia doble, tanto en la UE como a nivel bilateral, con cada país. España, en este caso, juega un papel fundamental, es un país con grandes oportunidades de inversión.

P. Gran Bretaña es otro socio clave para Ecuador. ¿Cómo han pensado la relación con ese país y qué se está concretando?

R. Hay una muy buena relación, su apoyo ha sido fundamental en el tema de Galápagos. Acaba de regresar de una gira por Ecuador el ministro de Ambiente de Reino Unido, Zac Goldsmith, con quien tuvimos una reunión a nivel presidencial, en la que abordamos la protección de océanos, que tiene un plan a mediano plazo. Nuestro embajador en Reino Unido, Sebastián Corral, está trabajando en aprovechar el instrumento comercial, luego del Brexit, para tener una relación mucho más fluida.

Más de la tercera parte de los presos en Ecuador padece 20 tipos de enfermedades. Son 10.468 personas que dependen íntegramente del Estado para su tratamiento. Su condición destapa los problemas estructurales que en la última década colapsaron el sistema penitenciario.
En medio de las masacres del año pasado fueron arrinconadas al abandono.
Esta es su radiografía.

Por Arturo Torres, con la colaboración de Doris Olmos en el  procesamiento de datos, infografías y video

Los hermanos Carlos y Geovanny Doha son parte de los invisibles, miles de víctimas silenciosas, colaterales de las masacres ocurridas los dos últimos años en las cárceles ecuatorianas. Ambos padecen hipertensión y diabetes crónica.

Desde mayo pasado, están encerrados en la Penitenciaría del Litoral, donde el 2021 fueron asesinados 180 internos, en medio de cruentas disputas de las megabandas criminales. Ellos fueron recluidos en esa prisión, aunque aún no han sido sentenciados en última instancia, al igual que el 40% de los 36.599 presos que viven en 47 cárceles del país, según informes penitenciarios a los que accedimos.

La llegada de los hermanos Doha se produjo en medio de las sucesivas revueltas en la ´Peni´, que por meses dejaron sin atención a los internos más vulnerables, quienes padecen enfermedades crónicas y catastróficas (incurables), también a personas con discapacidad y de la tercera edad. Estos eventos pusieron en la lupa a una población desamparada por el Estado y la sociedad. Muchas de ellas sin sentencia judicial son víctimas de un sistema penal que hace muchos años les dio la espalda y hoy continúan sufriendo por la falta de atención médica, la ausencia de servicios básicos y el hacinamiento.

Para esta investigación hicimos pedidos de información y accedimos a informes del Ministerio de Salud, Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno y organismos de Derechos Humanos. Con toda esa información levantamos nuestras propias bases de datos, que dimensionan la magnitud de la crisis carcelaria y sus causas.

En los presidios ecuatorianos se reportan 20 tipos de enfermedades. Más de la tercera parte de los internos padece uno o varios de esos males. Son 10.468 personas que dependen absolutamente del Estado para su tratamiento, según informes del Ministerio de Salud. De esas, 5.906 tienen hipertensión, 1.369 diabetes, 1.162 VIH Sida, 857 tuberculosis y 52 cáncer, entre otros males como gastritis y adicciones a las drogas.

De ese universo, 1.890 sufren afecciones crónicas, pero no reciben ningún tratamiento especializado ni tienen acceso continuo a medicamentos, exámenes, o dietas. En este grupo, buena parte son mayores de 65 años. En los presidios hay aproximadamente 500 personas de la tercera edad.

José M. es uno de ellos. Al ser entrevistado vía celular, cuenta que está preso ocho años y espera que los jueces autoricen su liberación, pues ya cumplió más del 60% de su condena y tiene derecho a ese beneficio. Está recluido en el pabellón de Atención Prioritaria en la cárcel regional de Guayaquil junto a 66 adultos mayores y 200 enfermos de mediana y alta gravedad.

Desde que empezaron las masacres -relata- los cabecillas de las bandas, con la complicidad y silencio de las autoridades, los han obligado a hacer huelgas de hambre, para impedir la actuación de la Policía durante los amotinamientos. “Nos han usado como escudos humanos. No nos han permitido comer varios días. Por semanas y hasta meses no recibimos ninguna medicina, ni siquiera paracetamol, que es el único medicamento que a veces nos dan para el dolor”.

Las revueltas provocaron la suspensión de la atención médica, pues el personal de salud ha sido retenido y los dispensarios fueron saqueados, reconoce Andrés Corral, subsecretario de Provisión de Servicios del Ministerio de Salud. “Cuando hay eventos de violencia los médicos salen y atienden desde fuera de los presidios”.

Otra situación que complicó el panorama fue la pandemia. Hasta diciembre del 2021, 2.450 presos se han contagiado con Covid-19, que representa un 40% de todos los internos. En dos años fallecieron por esa enfermedad 167 internos y  actualmente el 93% de los presos está vacunado, lo cual ha controlado los contagios, impidiendo nuevos brotes.

Tras la última masacre, que en septiembre pasado dejó 119 asesinados, las autoridades policiales no han podido ingresar a ese centro para retomar el control, pese a que el gobierno de Guillermo Lasso dispuso el estado de excepción y envió un contingente de cientos de uniformados. Tampoco pudo ingresar a verificar la situación de los internos una misión de la Comisión Interamericana de DD.HH. que estuvo en el país en diciembre.

Las causas del colapso

La severa crisis carcelaria es hoy el principal problema de inseguridad del país. Es consecuencia del abandono estatal y de una suma de decisiones equivocadas de varios gobiernos que mantienen al sistema en coma.

Entre las principales causas del descalabro están el hacinamiento; el abuso de la prisión preventiva; la creación de decenas de nuevos delitos; la construcción de enormes ciudades carcelarias, que se volvieron incontrolables; el empoderamiento de las megabandas por el narcotráfico; la corrupción de funcionarios estatales, así como la falta de presupuesto y ausencia de programas rehabilitación.

§§ El hacinamiento se profundizó con los años, según estudios del SNAI. A mayo del 2008, en las cárceles estaban recluidas 13.125 personas. Trece años después (mayo de 2021), ese número se triplicó: llegó a 38.999 presos. Una sobrepoblación que para noviembre del año anterior alcanzó el 27,60% de hacinamiento, y ese es el punto más bajo de los últimos cinco años §§

Para enfrentar la sobrepoblación, en el mejor de los casos, solo se aumentó el número de camas, pero no se amplió la infraestructura con más espacios, como recomiendan organismos especializados. El espacio estándar es de 6 m2 por persona en una celda individual y 4 m2 en celda colectiva, además de un baño. En algunas prisiones del país, hay hasta nueve internos en celdas para cuatro.

Entre mayo del 2008 y mayo del 2021 en el régimen de Rafael Correa hay picos que evidencian acciones que modificaron, positiva o negativamente, el ritmo de crecimiento poblacional. El 2009 hubo una reducción del 12% con relación al año anterior, entre otras cosas por la campaña gubernamental “cero presos sin sentencia” y el indulto a las denominadas mulas del narcotráfico, que dejó en libertad a 2.221 personas.

Sin embargo, este tipo de quiebres súbitos son una excepción, no la regla. El 2010, según un estudio de la Defensoría Pública, hubo un giro punitivo en la política criminal del correísmo. Esto se reflejó en el aumento del 14,8% de personas en prisión en un solo año, entre el 2010 y el 2011.

 

 

 

 

A partir del 2014 hubo otro quiebre. Empezó a aplicarse el Código Orgánico Integral Penal, que incluyó una batería de nuevos delitos penales alrededor de la violencia contra la mujer, el sicariato y el no pago de pensiones alimenticias. También se endurecieron las penas. Se incrementaron las condenas acumulativas hasta 40 años de prisión.

Otro detonante fue la criminalización del microtráfico. La captura de microtraficantes (en su mayoría pequeños consumidores) se disparó desde el 2015, tras las reformas de las tablas de tráfico y consumo de drogas, según un reporte de la Defensoría Pública. El efecto fue inmediato. Ese año la población carcelaria creció en un 15%. Pasó de 23.531 a 27.093 detenidos.

§§ Las reformas más recientes del Código Penal, de junio de 2020, empeoran el panorama. Se crearon más delitos como la obstrucción a la justicia, sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado, entre otros §§

“Con esta bendita reforma, para julio de este año tendremos de nuevo un hacinamiento incontrolable”, advierte Alexandra Mantilla, experta criminalista, quien al momento de esta entrevista, en diciembre pasado, era directora de Beneficios Penitenciarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes (SNAI). La salida de Mantilla ocurrió tras el cambio de director del SNAI, Fausto Cobo, quien fue reemplazado por el general de la Policía, Pablo Ramírez. En el actual gobierno, desde mayo pasado, se han nombrado cuatro directores, lo cual impide una continuidad en la política carcelaria, según fuentes del SNAI.

La sobrepoblación complica el control por la insuficiencia de agentes penitenciarios que siempre serán insuficientes. Hay 1.550 guías para una población que a noviembre del 2021 se ubicaba en 36.599 presos. Se requieren 5.000 agentes.

Sin medicinas ni tratamientos

La Peni es el recinto más grande del país. Aunque tiene una capacidad para 5.000 personas, alberga cerca de 8.000, que están al cuidado de 180 agentes penitenciarios y menos de 60 funcionarios administrativos. Hay seis médicos generales.

En esta cárcel, de 12 pabellones, no hay agua potable. Su estructura y servicios básicos son deplorables. En las celdas la temperatura llega a 40 grados, existe un solo ventilador y una pequeña ventana que permite el ingreso de aire fresco; en su interior conviven hasta nueve detenidos, aunque solo tienen capacidad para cuatro. Hay estrechas literas o vetustas hamacas, con fundas plásticas enrolladas. Los presos se turnan para dormir en las camas y en el piso. Este ambiente es un caldo de cultivo para contagios masivos de todo tipo de enfermedades como la tuberculosis, el mal de las prisiones, de la pobreza.

En este recinto carcelario la falta de atención y de medicamentos agravó la salud de los enfermos, sobre todo crónicos, según reportes de la Defensoría del Pueblo. Precisamente, desde agosto pasado, dos meses después de su encarcelamiento, la condición médica de los hermanos Carlos, de 42 años, y Geovanny Doha, de 40, se deterioró aceleradamente.

Giovanny padece diabetes e hipertensión por más de tres años, antes de su detención se trataba con metformina. En prisión dejó de recibir el medicamento y a las pocas semanas empezó a sufrir diarreas, dolores abdominales, en las piernas y brazos, fiebres continuas y mareos. Su hermano Carlos tiene un cuadro más delicado. Además de esos síntomas por su enfermedad preexistente ha tenido migrañas severas, que le provocan náuseas y vómitos, según un informe médico adjuntado al proceso judicial.

 

Dependiendo de la etapa de la enfermedad, fuera de las cárceles un diabético puede gastar entre 80 y 1.000 dólares mensuales, entre medicamentos, consultas de rutina, dieta vigilada. Al ser una dolencia aguda, que aparece cuando el páncreas no produce insulina, es necesario monitorear constantemente el estado del paciente, pues afecta nervios y vasos sanguíneos. En las prisiones no hay presupuesto destinado para cubrir los gastos para tratar a los enfermos crónicos.

Debido a las complicaciones y desatención de las autoridades carcelarias, su hermana Mariela Doha presentó un recurso de Hábeas Corpus ante la jueza de garantías Penitenciarias, Carmen Mendoza porque en sus visitas constató que sus hermanos no tenían acceso a alimentos ni medicina, lo que aceleró la gravedad de su salud, especialmente la de Geovanny, que no tiene vesícula.

Entonces pidió su traslado a un hospital de especialidades para recibir un tratamiento, que inicialmente fue aprobado por las autoridades del Ministerio de Salud, pero desacatado por el Director de la cárcel. Los días siguientes, por orden de la jueza Mendoza ambos fueron examinados por médicos del presidio que confirmaron su grave deterioro físico y emocional.

El 28 de diciembre la jueza convocó a una audiencia para resolver la demanda por la vulneración a sus derechos constitucionales a la salud y la vida, que fue auspiciada por Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente de DD.HH. “Nuestra única pretensión era que se les practicaran exámenes médicos, que sean tratados y reubicados en un pabellón donde estén con personas que tengan la misma condición, para que puedan recuperarse”, explicó Navarrete.

El médico Álex Ronquillo confirmó que Geovanny padece diabetes grave desde hace 10 años y que en prisión ha perdido peso. “Si no estuvo tomando su medicación si se pudo haber agravado su cuadro clínico; para determinar el grado de diabetes se requiere un examen de laboratorio y una cita médica con un endocrinólogo especialista”, reconoció el galeno ante la jueza.

En cuanto a Carlos, el médico Fernando Alvarado certificó que además de la diabetes también es adicto a la cocaína y que por su enfermedad preexistente sufre escalofríos, dolor de huesos y presión arterial alta de 160/100. “Al estar en hacinamiento la mayoría de pacientes con enfermedades crónicas además sufren depresión, que agrava su condición”, dijo y confirmó que en los presidios no existen dispensarios para tratar hipertensión y diabetes, pese a su elevada incidencia entre los detenidos.

Ante la jueza, las autoridades del SNAI y del Ministerio de Salud dijeron que los hermanos si habían sido atendidos y tratados, por lo cual pidieron que se rechazara el Hábeas Corpus. “Es la primera vez que nos sacan del centro, no nos han dado medicina, recién estamos tomando medicamentos desde cuando presentamos el Hábeas Corpus, ni siquiera al policlínico hemos accedido. A veces no alcanzamos a comer ni arroz o un jugo. Recibimos la misma alimentación que el resto”, declaró Carlos ante la jueza, mientras su hermano agregó que todo le que comen les causa daño y que nunca les hicieron exámenes. “Durante cuatro meses no recibimos medicina, solo paracetamol para aplacar en algo el dolor”.

De centros a bodegas humanas

El 2014 fue clave y en adelante marcó irremediablemente la ruta de la política criminal. El Gobierno de ese entonces lo llamó el año de “la transformación penitenciaria”. Fue el punto de partida para grandes inversiones en el sector, que iban de la mano con el aumento de 33 a 55 cárceles, a partir del 2011.

 

 

 

El presupuesto del Ministerio de Justicia -que entonces estaba a cargo del sistema- pasó de 109,2 millones de dólares, el 2013, a 162,7 millones, el 2014. Hubo un incremento del 49%. Esto contrasta con los fondos que hasta el 2008 recibía la entonces Dirección de Rehabilitación, de apenas $27,5 millones de dólares.

Los años siguientes, cuando se terminó la bonanza económica del gobierno por la caída de los precios del petróleo, se redujo significativamente el presupuesto penitenciario. El 2019 el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno gastó en le mantenimiento de los presidios $108 millones. Ese año se presentó un proyecto de tres años para la Transformación del Sistema de Rehabilitación, con un monto adicional de $38,3 millones, que solo se ha cumplió en un 4 por ciento.

§§ El presupuesto penitenciario gastado el 2021 fue de $85,7 millones y este año está codificado en $124 millones. La actual administración anunció que para superar la crisis invertirá en las cárceles $300 millones adicionales en cinco años, y trabaja en un plan integral de reformas, que incluyen planes de rehabilitación §§

Pero desde 2014 otras decisiones empeoraron la crisis. Las organizaciones de la sociedad civil y Defensoría del Pueblo fueron obligadas a abandonar el trabajo que realizaban en las prisiones, dice Billy Navarrete, director del Comité de Derechos Humanos. La más icónica era la Confraternidad Carcelaria que por años se había encargado de impulsar programas para rehabilitar a los internos.

Más sobrepoblación, menos atenciones 

Desde el 2014, las atenciones en los centros están a cargo de médicos y enfermeras del Ministerio de Salud, no dependen del SNAI. Esto, con lo años, precarizó la asistencia médica de los internos, pues no hay un presupuesto ni personal específico para las cárceles que solo cuentan con dispensarios para atenciones básicas. Entre médicos y enfermeras solo 234 profesionales trabajan en los presidios.

La atención es solo de primer nivel y no hay especialidades. “Cuando un enfermo requiere un tratamiento de mayor complejidad se coordina su traslado a otros centros de especialidades”, explica Corral, quien reconoce que el Ministerio de Salud no cuenta con medicina suficiente para atender los hospitales de la red pública y tampoco a los presidios, por falta de recursos económicos.

En los presidios hay servicios de medicina general, enfermería, psicología, odontología y obstetricia de forma permanente y/o itinerante. Las atenciones adicionales son gestionadas, esporádicamente, a través de interconsultas y referencias hacia establecimientos de mayor capacidad resolutiva, en los casos de mayor gravedad, pero toman tiempo y son excepcionales.

Según la data obtenida del Ministerio de Salud, desde 2018 cada vez menos internos reciben cuidados paliativos. Mientras ese año fueron atendidos 1.867 internos, el 2021 solo 900 recibieron cuidados sanitarios. En el campo preventivo las consultas pasaron de 40.000 a 21.000, en el mismo período, una reducción del 50%. La pandemia también dificultó las atenciones.

§§ El descalabro de los servicios de salud tiene una causa estructural: el hacinamiento que hasta el 2021 llegó al 30%. La demanda de atenciones aumentó significativamente desbordando la oferta de servicios sanitarios §§

Precisamente, el caso de los hermanos Doha evidencia una de las aristas de la crisis que golpea directamente a los internos y sus familias, que con sus propios recursos compran medicinas que les hacen llegar pagando coimas a los policías y guías penitenciarios.

Este sistema de extorsiones es sistemático, parte de un esquema criminal que genera millonarios recursos, sobre todo, para las megabandas, lideradas por los comandantes.

Estos cabecillas reemplazaron a los caporales y empoderaron a sus grupos criminales, que crecieron vertiginosamente los últimos seis años en un contexto del aumento explosivo del narcotráfico. Esas organizaciones son los brazos armados de los carteles y obtienen importantes ganancias del microtráfico.

De los 36.599 presos, 25.000 son parte de diez organizaciones delictivas identificadas por la Policía en las prisiones. Los principales son Los Choneros (12.000 miembros) y Los Lobos (8.000), según un informe de la Coordinación de Seguridad Penitenciaria de la Policía.

Un preso promedio gasta entre 120 y 250 dólares mensuales para acceder a víveres y otros productos que se venden en los Economatos, que son tiendas que operan al interior y que funcionan con pagos anticipados de sus familiares.

En las prisiones, todo tiene un precio y los productos son más cotosos que en las calles. Es lo que se conoce como el refile, un sistema que les permite a los internos acceder a bienes o servicios no autorizados, a cambio de dinero. Lo normal es que un producto por lo menos triplique su valor en las cárceles. Así, una cola de 1 litro cuesta alrededor de 5 dólares, un paquete de galletas 3 dólares, un sachet de atún 5 dólares, un cigarrilo 3 dólares.

La economía de los presidios genera ingresos anuales estimados en $120 millones a las mafias, según un reporte de Inteligencia. Entre $8 y $11 millones mensuales. Esos recursos se originan en la venta de droga, extorsiones y cobros por ingreso y uso de celulares, armas de fuego, licor, reventa de víveres…

Billy Navarrete destaca que la influencia de los comandantes va más allá de las prisiones, llega hasta los barrios, especialmente de Guayaquil. “Quienes trabajan para los comandantes fuera de las cárceles van a la casa de los parientes de los detenidos, los extorsionan y les exigen pagos mensuales de unos 500 dólares. Cobran 100 dólares semanales para darles alimentación, seguridad y permanencia segura en las celdas a los presos”.

Los pagos por la comida también son habituales. En la repartición de los alimentos quien tiene dinero y puede cancelar 20 semanales logra tener una buena ración. Un informe policial revela que el comandante del pabellón designa a gente de su círculo para que racione los alimentos, de acuerdo a los pagos. Quienes no pagan no comen. Por lo general se trata de los conocidos “polillas” o “chiros”.

Un precedente para miles de enfermos

La jueza Mendoza estableció que el caso de los hermanos Doha estuvo plagado de irregularidades y contradicciones. No solo vulneraron su derecho a la salud, sino el de muchos detenidos más que también han denunciado abusos similares en su juzgado.

Por todas esas negligencias, la jueza otorgó el Hábeas Corpus reparativo a los hermanos Doha y declaró la responsabilidad de las autoridades penitenciarias y de Salud, y ordenó que sean investigadas y sancionadas.

También dispuso que las autoridades gestionen inmediatamente, dentro las siguientes 48 horas, el traslado de los hermanos Doha a un hospital para ser tratados por especialistas, recibir medicina especializada, así como atención psicológica.

 

El caso de los hermanos Doha que revelamos en este reportaje representa un  precedente para miles de personas con enfermedades crónicas, ya que es el primer fallo judicial de este tipo. Sin embargo, hasta mediados de enero las autoridades no cumplían la orden de la jueza, mientras su salud sigue agravándose, irremediablemente, inclusive están perdiendo la visión.

El coletazo del sistema de justicia

La crisis carcelaria también está directamente vinculada con los problemas estructurales en el sistema judicial. La falta de celeridad en los juicios y el abuso de la prisión preventiva, siguiendo la política aplicada desde el 2010, agravó el hacinamiento de los centros, donde solo deberían estar recluidas personas sentenciadas en última instancia.

Solo el 58,39% de los reclusos tiene sentencia; el 38,77% están procesados, es decir mantienen la presunción de inocencia. El 2,8% se divide entre contraventores y apremio, según informes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

La prisión preventiva, que según la legislación vigente debe ser excepcional, se volvió la norma. Las medidas sustitutivas, alternativas a la prisión como método exclusivo de sanción, se emplean aleatoriamente.

 

 

La criminóloga Mantilla dice que uno de los principales problemas radica precisamente en que los centros están pensados para tener personas sentenciadas, pero hay un nivel exagerado de personas procesadas.

La mayoría de detenidos es joven. El 45% de prisioneros oscila entre los 18 y 30 años. La segunda población más numerosa va entre los 31 y 40 años. Comprende el 31% de los presos (agosto 2021).

La criminalización por delitos de drogas llenó las prisiones de pequeños consumidores, que no reciben ningún tratamiento para sus adicciones. El 28,18% de los detenidos cometieron delitos de drogas. Es decir, 3 de cada 10 internos están encarcelados por esta razón. Son el grupo mayoritario del sistema.

La pesadilla de los discapacitados

“Las personas enfermas, de la tercera edad, gente con discapacidad y minorías sexuales, han sido totalmente invisibilizadas. En las prisiones se las ubica indiscriminadamente en cualquier pabellón junto a otros detenidos más violentos, que los maltratan y extorsionan”, dice Navarrete, quien brinda apoyo a los internos y sus parientes con asistencia jurídica y humanitaria.

En el Comité de DD.HH. que Navarrete lidera recibe constantes denuncias de abusos, torturas, tratos degradantes e inclusive de asesinatos de internos con discapacidad intelectual.

§§ En las prisiones hay 162 detenidos con discapacidad. La mayoría está recluida en Cotopaxi (30) y Sucumbíos (28), pero no hay ningún criterio médico, técnico ni jurídico que defina el sitio de su reclusión en función de su grado de discapacidad, o el lugar de su residencia, para que puedan estar cerca de sus familias §§

Pero esas pálidas cifras son engañosas. Se quedan cortas, diminutas para dimensionar el tormento que viven las personas con discapacidad en las cárceles. Mercedes Vallejo conoce de cerca ese drama a través de su hijo, Jaime, de 34 años. A inicios de enero del año anterior él fue recluido en la Penitenciaría por orden de una jueza que tramitó una denuncia en su contra por un supuesto delito de abuso sexual.

Jaime Yépez fue detenido en Guayaquil con base en la acusación de la madre de la adolescente, luego de un incidente no esclarecido en la tienda que atendía en un barrio marginal.

La jueza formalizó el juicio y dispuso la detención solo con base en la denuncia, sin ningún peritaje ni examen médico que confirme los abusos. Tampoco dio paso al pedido de medidas sustitutivas, como el arresto domiciliario o el uso de un grillete electrónico mientras se desarrolle la etapa de instrucción fiscal, puesto que Jaime tenía una discapacidad mental del 70%, certificada por el Conadis desde 2010.

Ese año le diagnosticaron que padecía esquizofrenia paranoide, una enfermedad cerebral persistente crónica y una de las afecciones mentales más graves. Quienes la padecen tienen alucinaciones, delirios y paranoia. A pesar de que no tiene curación, es una enfermedad tratable con medicina de por vida.

Por eso, la madre de Jaime pocas veces se separaba de él. “Cuando tenía ataques se ponía agresivo o muy pasivo, no se podía controlar, por eso su medicamento, la risperidona, no le podía faltar. Cuando lo detuvieron, yo estaba desesperada rogándole a la jueza que no lo encarcelaran, siempre temí por su vida”, cuenta Mercedes, a quien las autoridades del centro solo le permitieron visitar a su hijo una vez, la primera semana de su detención.

Los dos meses siguientes Jaime Vallejo vivió una pesadilla. Debido a sus trastornos y alteraciones de personalidad otros presos lo maltrataban y golpeaban, le robaron sus pertenencias y le quitaban la comida. “Era constantemente hostigado por el esposo de la mujer que lo enjuició y también estaba preso, junto a su hermano en la Penitenciaría”, denuncia Mercedes, quien asegura que ningún médico lo atendió ni alertó el empeoramiento de su salud mental y física.

“Todos los días le pedía a la jueza que por lo menos lo trasladen al policlínico, hubo tres audiencias, pero siempre negó mis solicitudes”, añade.

En medio de las acciones desesperadas para proteger a su hijo, el 23 de febrero se desataron violentos enfrentamientos entre las megabandas de Los Choneros y Lobos en la Penitenciaría y las cárceles de Cotopaxi y Cuenca, donde fueron asesinadas 76 personas. Tres días después, mientras los brotes de violencia continuaban fuera de control, la jueza ordenó que Jaime fuera trasladado a otra celda, a un pabellón donde estaban los presos más peligrosos. Ese día fue torturado y apuñalado, por lo cual lo trasladaron grave al hospital del Guasmo, donde murió.

El parte de su defunción indica que falleció por “politraumatismos, laceración pulmonar, contusión cerebral y edema”.

En esos días la situación en las afueras de la Penitenciaría era caótica, desgarradora. Decenas de familiares se acercaban para revisar las listas de los fallecidos. “Todos los días revisaba los listados y mi hijo no aparecía, nadie me informaba nada, hasta el 7 de marzo, cuando encontré su cadáver en la morgue de la Policía”, relata Mercedes, quien impulsa una demanda contra el estado en la Comisión Interamericana de DD.HH. con el apoyo de Navarrete.

“Me duele mucho lo que le hicieron a mi hijo, lo asesinaron cruelmente. Solo espero que se haga justicia, que no haya más muertes de tanto joven inocente.  Son enviados sin misericordia a ese matadero llamado Penitenciaría”.

Las masacres carcelarias no solo desnudan el poder descomunal de las organizaciones criminales. Esa es solo una cara de la moneda. En el lado más ensombrecido están los invisibles: los más viejos y los enfermos condenados también por el abandono de los gobiernos de turno, indiferentes ante sus derechos y garantías más elementales.

Este reportaje fue realizado por Arturo Torres para Código Vidrio y Connectas, con el apoyo del International Center for Journalist.