Por Arturo Torres R.
ENTREVISTA. El excomandante del Ejército, Luis Altamirano, hace una disección transversal de las políticas de seguridad y defensa que se han aplicado los últimos años y han sido poco eficaces para frenar la vertiginosa escalada del crimen organizado en el país. Cree que el concepto de la seguridad integral debe ser redefinido con una verdadera inclusión sistémica de todos los sectores responsables, incluida la sociedad civil. Destaca la importancia de una reforma profunda en Fuerzas Armadas, que debe redefinir sus paradigmas, esquemas operativos y administrativos, así como procesos de control internos (pruebas de confianza) para frenar la corrupción, y una racionalización de sus recursos. “Esta será una batalla permanente”, advierte Altamirano, hoy retirado de las funciones castrenses, en su cuartel de invierno, una oficina en el centro norte de Quito. Al costado izquierdo de su escritorio destaca un hermoso mueble de ajedrez, con finas y coloridas piezas talladas, que adquirió en la India, donde siguió una maestría de estudios estratégicos. Altamirano cuenta que cuando tenía cinco años aprendió a jugar ajedrez. Este deporte ciencia fue inventado en la India por un brahmán, consejero del Rey Ladava. En el siglo V (DC) el monarca perdió en una batalla a su hijo Ajamir, quien se había inmolado para que su ejército alcanzara la victoria. Para sacarlo de su amargura, el brahmán le obsequió al Rey su primer tablero y le enseñó el juego. En una de las partidas vio como la posición de las piezas representaba fielmente la batalla en que falleció su hijo. Así se percató de que en esa situación solo lograría el triunfo sacrificando a uno de los alfiles. El exjefe del Ejército estima que en las condiciones que enfrenta hoy el país no se puede aplicar una estrategia de ajedrez, donde las piezas están a la vista y los jugadores se ven cara a cara. “Este, más bien, es un juego de cartas. El Estado está en desventaja porque enfrenta jugadores mafiosos, invisibles, con ases bajo la manga”.
¿Cómo entender las nuevas amenazas y eventos delictivos sistemáticos, en el contexto del aumento del narcotráfico y el crimen organizado, con niveles sin precedentes de inseguridad?
Inciden fundamentalmente sobre la población, las instituciones y los valores ciudadanos, mediante procesos de generación de violencia cultural, estructural y directa. Destacan los fenómenos transnacionales con expresión local, así el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, generan interconexiones de todo orden, lo que les posibilita concebir franquicias criminales y terroristas. Por esa razón, difícilmente pueden ser neutralizadas utilizando las capacidades tradicionales de una fuerza militar; aún aquellas que podrían aparecer como circunscritas exclusivamente a las fronteras. Se requiere un esfuerzo del Estado y de todas las instancias de la sociedad, así como la cooperación internacional; sin esta última toda acción será incompleta.
¿Se puede ganar esta batalla contra el crimen organizado y la delincuencia imperante bajo las mismas estrategias y políticas de seguridad?
El país demanda soluciones versátiles y dinámicas, que procuren atender las necesidades de seguridad y desarrollo; entendiendo este par, no solo desde la doctrina tradicional, muy enraizada durante el período de la guerra fría, en donde las nociones de soberanía, territorialidad y poderío militar primaban en la conceptualización de la seguridad. Las condiciones estructurales, como la pobreza y la ausencia de oportunidades, contribuyen al incremento de la criminalidad común y la incorporación de estas personas a bandas y organizaciones criminales. Mientras existan estos factores, siempre será un reto mayor la gestión de la seguridad; sin embargo, un elemento clave debe ser la cooperación internacional, en especial con los países vecinos, en donde se concentra la mayor producción de droga; y con los países destinatarios de la misma, especialmente EE.UU. Estos mecanismos a la vez se convierten en una oportunidad para fortalecer la integración regional e internacional, más allá de los vaivenes y banderas políticas de turno; es necesaria una verdadera cruzada.
¿Cuáles son las posibles soluciones?
Tomemos en consideración que conforme datos oficiales el 80% de los homicidios están relacionados con la confrontación de grupos criminales por la lucha de rutas y territorios, tanto en el tráfico local como en el de gran escala. Este no es un problema cuya solución se alcanza con el exclusivo esfuerzo en el ámbito doméstico o nacional. Se requiere mantener diagnósticos y fortalecer a las instituciones responsables de la seguridad, no solo con equipos, sino mediante soluciones innovadoras y creativas, que no necesariamente conlleva al aumento desmedido de efectivos o pie de fuerza, cuya factura y costos los veremos en un futuro inmediato. Deben conjugarse soluciones tecnológicas, legales, doctrinarias, etc. El concepto de la seguridad integral debe ser redefinido. Debe incluir los derechos humanos y la rehabilitación social, y una verdadera integración sistémica de todos los responsables. Esta será una batalla permanente, lo importante es que el Estado tenga la capacidad de controlar, reducir las expresiones de violencia y evitar un desborde de esta amenaza, con la participación de todas las funciones. Es necesario confrontar la corrupción y la impunidad, y para ello se requiere el esfuerzo de todos, en donde la prensa juega y ha jugado una tarea importante.
El general (sp) Luis Altamirano fue Comandante el Ejército, en el anterior Gobierno. Cumplió su carrera militar en varias unidades operativas. Ha desarrollado proyectos tecnológicos en el área de sistemas militares. Ha sido docente universitario y conferencista en foros académicos.
¿Cómo debe actuar el Estado a nivel de sus instituciones de seguridad para volverlas más eficaces, blindarlas frente a la corrupción?
Se requiere un esfuerzo interagencial, así como la generación de nuevas instituciones, aumentando la posibilidad de detección de la penetración criminal. Norberto Bobbio en su obra “El Futuro de la Democracia” coloca una duda que es extrapolable a cualquier instancia estatal: ¿quién controla a los controladores? La respuesta no solo radica en los controles internos, los cuales ha reforzado la Policía, sino en evitar asignar a una sola institución múltiples funciones. Esto permite la especialización y la existencia de contrapesos. Sin embargo, eso no garantiza que la corrupción o el crimen no permeen las instituciones del Estado -especialmente las responsables de la seguridad-, pero brinda mayores oportunidades de prevención y detección temprana. Hace varios años la emisión de la licencia de conducción, la matriculación vehicular y el control de tránsito recaían en una sola institución, esto hacía casi imposible que se desvelarán los mecanismos ilegales que giraban en torno a esta problemática que fue endémica. Hoy vemos como la ANT, la Fiscalía y la Policía, han puesto en evidencia una gran red de corrupción. Lo propio debe ocurrir en cuanto al control migratorio, la inteligencia estratégica, vigilancia aduanera, la vigilancia penitenciaria, la protección del medio ambiente, etc. Cada una requiere de un marco legal y un adecuado plan de carrera.
¿Cuáles son las prioridades que debe enfrentar el gobierno en la redefinición del actual clima de inseguridad?
Las prioridades del gobierno son salud, educación y seguridad, y todas merecen estar en primer orden. Es sustancial adecuar y reformular los planes vigentes, sobre todo rediseñar las políticas públicas, articuladas con un horizonte de futuro. En el ámbito de la seguridad es necesario realizar un giro de 180 grados, pues la aplicación de “más de lo mismo” no cambiará la situación actual. Lo que la ciudadanía vive hoy no nació en este período de gobierno, pero es obvio que la visión de seguridad y defensa del gobierno anterior presentó serias deficiencias.
¿Qué se debe hacer concretamente?
Es necesario desarrollar estrategias convergentes, pues la construcción del Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030 se hizo bajo un concepto de “planificación inversa”, lo que ha generado vacíos y la falta de unidad de esfuerzo por parte de todas las instituciones relacionadas directamente o aquellas transversales a la seguridad; sus resultados son evidentes. La creación del Gabinete de Seguridad, como órgano ad-hoc, en sustitución del Ministerio de Coordinación de Seguridad fue un error grave. Se precisa de un organismo que ejerza una rectoría permanente, y que establezca y supervise los mecanismos para el desarrollo y el empleo de capacidades del sector seguridad.
¿Cómo cambiar el “más de lo mismo”, al que usted se refiere, con otra visión para tener resultados eficaces a mediano y largo plazos?
Es fundamental generar un verdadero debate, en el que se involucre a la sociedad civil, con la participación fundamental de la academia y el sector privado. Se requiere decisión presidencial, el sector seguridad debe ser rediseñado, mientras se va atendiendo los embates de una coyuntura que ha sido el resultado de continuar postergando decisiones o incluso del resultado de decisiones que debilitaron la institucionalidad de la seguridad. No se puede endilgar toda la responsabilidad al gobierno central. Lo que es evidente es que hay una acumulación de desaciertos en el tiempo. La participación articulada de todas las funciones del estado y sus instancias, son claves en el desarrollo de cualquier estrategia y la implementación de políticas.
¿En cuanto a la inteligencia, son suficientes las actuales capacidades de la Policía y FFAA?
Es preciso fortalecer el sistema nacional de inteligencia, no solo en sus recursos. Cómo es posible que no exista un plan de carrera para los servidores de la inteligencia nacional en el CIES. La rotación de personal es impresionante, tenemos analistas que duran 6 meses en funciones. Así es imposible esperar que se perfeccionen y acumulen experiencia. Por otro lado, hay que tomar en cuenta las especificidades de la Policía y FF.AA. El CIES es un órgano articulador en el nivel estratégico, pero se debe desarrollar de manera complementaria a los subsistemas policial y militar. A esto debe sumarse la creación de 2 o 3 centros de fusión de información, con personal permanente de varias agencias, incluyendo Policía, FF.AA. Senae, Arcom, ARCH, Arcotel, UAFE…, que permitan mejorar el trabajo coordinado y el flujo de información oportuna, con un elevado control interno de sus integrantes mediante pruebas de confianza. Tuve la oportunidad de conocer uno de estos centros en EE.UU., en el Paso Texas, en donde confluían y se articulaban 16 agencias de seguridad.
“El CIES debe tener una capacidad de inteligencia autónoma, con un adecuado control político para evitar desvíos. No debemos tener miedo a las malas experiencias del pasado”.
En el caso de las FF.AA., con base en su experiencia como excomandante del Ejército, ¿qué reformas se requiere hacer?
Es preciso repensar los denominados procesos de transformación militar, deben desecharse los paradigmas dominantes o tradicionales, para cambiar radicalmente la forma del cumplimiento de las misiones impuestas mediante la implementación de nuevos conceptos doctrinarios, estructuras, organizaciones y capacidades. En 2020 se lanzó en el Ejército la doctrina Equinoccio, a los 20 años desde la última revisión en esta área. Para eso se contó con el aporte de países amigos. Por ello la transformación, a cambio de los simples procesos de adaptación o modernización, como señala García Covarrubia, requieren el soporte de la política, pues permitirán una transformación profunda en la organización, forma de empleo, gestión administrativa, y cultura de la organización, procurando preservar la naturaleza de la institución militar. Sus efectos no son inmediatos, pero con seguridad definirán los resultados del mañana.
¿Cuáles otras iniciativas permitirían una profunda reforma en FFAA?
Es preciso trabajar en una adaptación estratégica y operativa, estos aspectos conllevan reformas normativas, desarrollo de capacidades multipropósito y cambio en las estructuras. Por ejemplo, se debe fortalecer a las unidades terrestres y de infantería de marina de la frontera norte y sur, pasando de organizaciones terciarias a cuaternarias. Esto conllevaría a disponer de 16 elementos o equipos de combate en vez de los 9 actuales. También debe articularse a un sistema de rotación o descanso por subunidades y no por personas; este aspecto lo palpé durante mis estudios en Asia, con muy buenos resultados. Se debe dotar a estas unidades con vehículos 4 x 4, con blindaje de nivel 4, con la incorporación de armas remotas, incorporación de drones y sistemas de comunicación seguros. Es necesario crear estructuras conjuntas de carácter permanente, en las provincias de Esmeraldas y Manabí.
¿Y qué hacer con la racionalización del personal en función de los nuevos escenarios y amenazas, porque esa estructura esta desfasada, fue diseñada para tiempos de guerras convencionales?
Así es, se requieren reformas al sistema educativo militar, lo que permitirá una mayor disponibilidad numérica del pie de fuerza, para lo cual se deben fortalecer los mecanismos de capacitación en el trabajo, la educación virtual -en donde sea posible- y el uso de equipos móviles de adiestramiento, tal como lo mantiene, por ejemplo, el Ejército de Colombia. Es necesario fortalecer el cuerpo de guardacostas con unidades oceánicas, lo que posibilitará operar en alta mar con mayor autonomía, complementado con el uso de drones o helicópteros. Se debe fortalecer el sistema de alerta temprana de la Fuerza Aérea, así como redefinir el tamaño del cuerpo de infantería aérea y creativas formas del empleo de esta capacidad.
Cuando se habla de racionalización y eficiencia ¿qué alternativas se pueden explorar?
Existen muchas. Solo para ejemplificar, es necesario centralizar en la Fuerza Aérea la capacidad de ala fija, esto es de aviones, para lograr los efectos de una economía de escala, al disminuir los costos de formación de pilotos y mecánicos; y de mantenimiento, al concentrar recursos materiales, humanos y de manejo de inventarios. Esto aumentará la disponibilidad de más aeronaves. La operación y mantenimiento de una plataforma aérea es igual para naves de reconocimiento, transporte y exploración, así vuelen sobre la tierra o el mar. Actualmente se dispone de aviones de condiciones y servicios similares en las tres ramas de las FF.AA, lo que aumenta los costos de operación, especialmente si consideramos que los de mayor capacidad y uso provienen del mismo fabricante. En Brasil los aviones empleados en la exploración aeronaval son de la Fuerza Aérea; sin embargo, la operación de los equipos de exploración es responsabilidad de la marina. Algunos países han buscado este tipo de alternativas para ser más eficientes.
¿Entonces, nuevamente racionalizar los recursos es vital, no solo para gastar menos sino para ser más eficaces?
Si no anteponemos racionalidad, la demanda del trasporte aéreo de otras instituciones conllevará a que se adquieran aeronaves de trasporte pesado incluso para la Policía, lo que no sería adecuado en un país de las dimensiones territoriales como Ecuador. En cuanto a las aeronaves de ala rotativa o helicópteros se requiere centralizar su capacidad en el Ejército, ya que facilitaría igualmente la operación, mantenimiento y disponibilidad de aeronaves de este tipo. Estas dos iniciativas deben llevar cuidadosos procesos de transición, sus efectos se verán en el mediano plazo, y los beneficios mayores solo se apreciarán en el futuro. Cabe puntualizar una salvaguardia, ya que los helicópteros navales deben ser exclusivos de la aviación naval, ya que el concepto que debe primar es su operación desde o hacia una plataforma naval.
¿Qué cambios se requieren en el campo administrativo y en el gasto de defensa?
Existen varios aspectos administrativos que deben ser reformulados, como la necesidad de la centralización del sistema de compras para la defensa y la actualización de la legislación actual en esta área, pues la normativa vigente no favorece una ejecución presupuestaria ágil y oportuna. Esta iniciativa la presenté en 2019 cuando fui comandante del Ejército. En cuanto a la ejecución de gastos generales corrientes, no es lógico que se mantenga la adquisición de uniformes, municiones de calibre menor o vehículos administrativos por separado, en procesos diferentes en cada Fuerza; estas prácticas no permiten optimizar las condiciones de negociación.
“Es indispensable redefinir los procesos de adquisición para la seguridad y la defensa. La Fuerza Terrestre, Naval y Aérea, como instituciones, deben ser responsables exclusivamente de la edificación de capacidades, junto con la preparación y administración del talento humano; esta es la tendencia mundial”.
En este sentido, ¿cómo ve usted la actual estructura del Comando Conjunto?
Con los años, el Comando Conjunto se ha convertido en un organismo pesado y altamente burocrático, pues ha asumido una multiplicidad de procesos administrativos y de rectoría que no le corresponden; su función debe centrarse en la planificación y conducción estratégica de las operaciones. Esto evidencia la ausencia de un control político adecuado, como parte del fortalecimiento de la relación civil-militar que debe imperar en toda fuerza armada moderna. Hay un camino a recorrer, y en gran medida hubo un retroceso por todos los ataques que sufrieron las FF.AA. desde hace dos gobiernos.
¿Cómo se puede mejorar la eficiencia del personal administrativo?
La racionalización, precisamente, permitirá evitar la incorporación excesiva de personal administrativo y de apoyo, que ser sustituido parcialmente por varias vías. La principal, mediante la rotación interna de personal que ha sobrepasado la edad operativa, en especial en la tropa, para que puedan ejecutar tareas que demandan un menor esfuerzo físico y riesgo, en las áreas de apoyo como son el manejo de inventarios o la participación en cuarteles generales, etc.
¿Y qué se debería hacer con el servicio militar voluntario?
Se debe pensar en un servicio militar voluntario diferente, pues impera un sistema que fue válido en su momento. El servicio militar alargado, y su incorporación como soldados profesionales, ya sea de carácter temporal o semi-permanente, permitirá disponer de personal con una inversión menor en su formación. Chile mantiene un sistema de 14 meses de servicio militar y 5 años de soldados contratados. Colombia de 20 años, y España con una tercera línea de carrera que debe ser explorada. Por otro lado, se debe considerar a oficiales y suboficiales temporarios, de tiempo de servicio de 5 a 10 años en áreas como finanzas, comunicación social, medicina -en ciertos casos -, algunas áreas tecnológicas, etc. Estas iniciativas, en su conjunto, disminuirán los costos asociados al gasto corriente salarial y sobre todo tendrá efectos positivos para la sostenibilidad de la seguridad social.
Otro talón de Aquiles es la corrupción interna ¿Qué tipo de controles hay en FFAA?
Los controles existen, pero es preciso profundizarlos. Se requiere decisión institucional y soporte político para incorporar nuevos requisitos en las normativas internas para la incorporación de pruebas de confianza, como el polígrafo o el estrés de voz, para funciones específicas de elevado grado de responsabilidad. Eso no necesita una reforma legal, simplemente aquel personal que no desee someterse a estos procesos no podrá ejercer funciones más delicadas como comandante de unidad, segundo comandante, oficial de inteligencia, agente o analista de inteligencia, custodio de bodegas de material bélico, administradores de sistemas de comunicaciones, o responsables del trámite de documentación calificada, entre otras. Eso producirá efectos posteriores, incidiendo en los procesos de selección y ascensos. Esta decisión es impostergable.
¿Las normas disciplinarias son suficientes?
Actualmente se trabaja en una reforma al reglamento disciplinario, incorporándola a nivel de Ley. Sin embargo, siempre he mantenido que el problema mayor no radica en los preceptos administrativos para el juzgamiento de faltas. El mayor obstáculo está en las personas que ejercen la potestad sancionadora, pues en contadas ocasiones los preceptos legales se aplican según las circunstancias. Esto más allá de exonerar de responsabilidades a quien merece una sanción, destruye la confianza en el ejercicio del mando, en cualquier nivel.
“Ser justo no es fácil, es posible cometer errores; lo que sí afecta considerablemente es cuando de forma deliberada se toman decisiones que pudieran ir en beneficio de ciertas personas, no solo en estos procesos, sino en aquellos de reconocimiento al desempeño profesional. Eso genera una decepción y desconfianza internas, que afectan a la moral”.
Los últimos años, entidades públicas y privadas han sido atacadas por hackers, que han provocado graves daños, sobre todo por la paralización de los servicios y el robo de información sensible. ¿Cómo enfrentar a estos piratas cibernéticos?
Vivimos el auge de la cuarta revolución industrial, concepto acuñado por Klaus Schwab, el cual está marcado por la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la robótica, el big data y los sistemas ciber físicos. Esta nueva dimensión presenta ciberamenazas como los cibercriminales, ciberespías y ciberterroristas, tal como lo describen varios autores como Mike Chapple o David Seidl. Los ciberataques serán cada vez más sofisticados, en intensidad y espectro, lo que exige proteger y garantizar las funciones gubernamentales y la infraestructura crítica. Los eventos que hemos vivido recientemente en el país, en el denominado ciberespacio, son apenas el inicio de los eventos que enfrentaremos a futuro. Este año, dos importantes bancos sufrieron ataques, con costos enormes. En este sentido, la ciberseguridad es muy relevante en la política de seguridad, pero requiere la asignación de recursos y el desarrollo de competencias que no son fáciles de alcanzar en el corto plazo.
¿Cómo definir esa política desde el Estado?
Es preciso contar, bajo la rectoría del Ministerio de Telecomunicaciones que ya está a cargo de esta tarea, de un sistema que articule el esfuerzo público y privado, en el cual las instituciones de seguridad deberán jugar un rol fundamental. En el área militar es preciso un diseño diferente a las tradicionales estructuras operacionales, para estar en condiciones de asumir funciones de ciberdefensa, ciberseguridad y ciber-inteligencia. Es indispensable un plan de carrera diferente, pues formar y mantener un “guerrero digital no es justamente el prototipo tradicional de un soldado convencional; requiere innovación en los sistemas de captación del talento humano. En esta área, así como otras de carácter técnico, se deben cambiar los paradigmas relacionados a los sistemas de rotación de personal, pues estos no contribuyen a la consolidación del aprendizaje y la experiencia.
Las redes sociales influyen en la percepción de seguridad y han sido gravitantes en acontecimientos como las manifestaciones de octubre de 2019. ¿Es necesario fortalecer las capacidades en este campo?
Hoy los fenómenos en el mundo virtual se interrelacionan con variadas y diversas expresiones de violencia en la sociedad. El denominado espacio virtual-cognitivo no está exento de su uso como campo de disputa, pues produce desinformación o la construcción de narrativas que impulsan a la anarquía o la desobediencia civil, o la simple generación de pánico. Por eso, es importante, en el marco del respeto a la libertad expresión, tomar acciones para contrarrestar los efectos que puedan debilitar la labor del Estado. La pregunta es: ¿vamos a ser también reactivos a esta realidad que ya hemos evidenciado?
¿Y qué hacer, a nivel de la sociedad civil?
El país, por medio de las instancias educativas, debe fomentar el uso responsable de las redes sociales, esto no significa suprimir la crítica, pues es parte de la naturaleza humana y del goce de la libertad individual. Pero es prioritario que el ciudadano sepa procesar los mensajes, y asuma mayor responsabilidad en la emisión de sus opiniones. Las redes sociales son usadas como parte de mecanismos disciplinares, mediante el lanzamiento de mensajes de miedo y terror, para disuadir a la población en la colaboración con las fuerzas del orden o en el envío de mensajes a grupos rivales. México es un ejemplo del uso indiscriminado de estos canales de comunicación.
