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 Los cambios en el cronograma planificado, el corto tiempo para cumplir varios de sus hitos, así como un endeble y fugaz control de la veeduría ciudadana, marcaron la tónica del concurso de jueces anticorrupción. Los 14 mejores puntuados, luego del curso de formación inicial, que acaba de empezar, se posesionarán con tres meses de retraso. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, dice que el concurso ha sido “riguroso, transparente, objetivo y técnico”.

Por Ana María Carvajal

Los 14 nuevos jueces anticorrupción se posesionarán a partir de mediados de noviembre próximo, tres meses después de lo previsto en el plan original. Desde que se realizó la convocatoria, a fines de marzo pasado, el cronograma ha cambiado por extensiones de plazos para inscripciones o por la reducción inesperada de los períodos para impugnaciones ciudadanas. Además hubo otros contratiempos y decisiones sobre la marcha.

No obstante, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, enfatiza que el concurso se ha llevado como un proceso “riguroso, transparente, objetivo y técnico”.

El perfil de cada juez debe tener tres características principales, dice Murillo: independencia, imparcialidad y una condición ética irreprochable, “mucho más si se trata de juzgadores que enfrentarán cara a cara a la corrupción y a las estructuras del crimen organizado”. Para seleccionarlos, la Judicatura ha realizado un “arduo y transparente trabajo con todos los equipos técnicos”, apuntó Murillo durante el inicio del curso de formación, que es el último filtro para escoger a los judiciales.

Pero desde cuando empezó el concurso algunos contratiempos surgieron. El 29 de marzo, la Judicatura anunció que las inscripciones se harían a través de un micrositio que se abrió en su página web, entre el 2 y el 11 de abril pasados. Pero un día después de vencido ese plazo, la institución informó que este se ampliaba hasta el 17 de abril. “En este contexto, es importante señalar que las fases y subfases se han unificado para no alterar la fecha de la culminación del concurso”, indicó en un comunicado.

Aunque el concurso empezó en diciembre pasado, dos días antes del inicio de las  inscripciones, la Judicatura ofreció una capacitación a los más de 700 interesados para que conocieran cómo postularse. La víspera, el CJ tuvo una reunión con representantes del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) y de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL). La cita fue para armar el cronograma y la metodología para las pruebas de confianza que serían parte del curso de formación inicial.

La lista que comenzó con 786 interesados que se registraron en el sistema digital bajó a 425 postulantes, quienes completaron su inscripción. Para la verificación de los documentos el CJ destinó solo tres días, del 20 al 22 de abril. Vino entonces la fase de méritos, a cargo de la Dirección de Talento Humano, que con el apoyo de un equipo técnico revisó la validez de los documentos, pero no investigó a fondo ni tuvo tiempo para corroborar con otras instituciones de control si lo declarado por algunos aspirantes era real.

También hubo cuestionamientos a la forma en que aspirantes fueron puntuados, en la primera fase de méritos. “Hice mi reclamo cuando vi la baja calificación que me pusieron por mis títulos y experiencia. Por ejemplo, no puntuaron mi paso por la docencia”, dijo Viviana Chiriboga. “Envié mi reclamo por la plataforma y al correo institucional que nos facilitaron. Me respondieron que lo haga por la página, cuando lo hice nunca me respondieron”. Una funcionaria judicial que pidió no revelar su identidad y participó en el proceso, con amplia experiencia en investigaciones de organizaciones criminales, afirmó que desestimaron sus méritos y títulos de cuarto nivel, impugnó pero no obtuvo respuestas.

Otros concursantes, en cambio, tuvieron mejor suerte con los examinadores, aunque incumplían los requisitos y prohibiciones. El candidato mejor puntuado del concurso, Leonardo Rosillo (obtuvo 94 sobre 100), sorteó sin problemas los filtros. Las bases del concurso estipulaban claramente que los participantes no debían tener ninguna incompatibilidad o prohibición legal. No obstante, recién en agosto pasado esa dirección del CJ detectó que Rosillo no podía participar porque fue destituido el 2012 cuando era fiscal.

Sobre este último caso, el Director del concurso, Santiago Peñaherrera, dijo que Talento Humano debía revisar periódicamente la idoneidad de los candidatos. Por eso detectó que uno de los finalistas estaba inhabilitado por haber sido destituido por el Consejo. “Esta prohibición le impide trabajar durante dos años en el sector público pero la prohibición para entrar a la Función Judicial es de por vida”.

El fugaz papel de la Veeduría

Uno de los hechos que también llama la atención es que el 13 de mayo, dos meses después de iniciado el proceso, se conformó la veeduría ciudadana, integrada por siete personas, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A pesar de que el concurso aún no ha terminado y tiene por delante la decisión crucial de designar a los 14 ganadores, esta veeduría ya terminó su trabajo, hace dos semanas. Así lo confirmó a Código Vidrio Erick Morán Jacho, su coordinador. Dijo que el grupo realizó un informe que entregó al CPCCS, pero el documento aún no está publicado en su página web.

Según el primer informe de la veeduría del Observatorio Judicial y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en la etapa de méritos hubo otro ajuste en el cronograma. Fue precisamente para acomodar las fechas de tal modo que el organismo liderado por Morán estuviese acreditada por el CPCCS. El  15  de  mayo, el CJ amplió el plazo de esta etapa, previsto que dure del 16 de mayo al 2 de junio. Al final, el cierre fue el 5 de junio.

Decisiones delicadas como la designación de los expertos que tendrían a su cargo elaborar un banco con 1.200 preguntas para las pruebas teóricas, también se tomaron con premura. La convocatoria se hizo en marzo, pero apenas el 4 de junio, cuando estaba por cerrarse la fase de méritos, el CJ designó a los 18 profesionales que estarían a cargo de esta etapa. Ellos elaboraron 200 preguntas sobre materia constitucional y derechos humanos. Las 1.000 restantes se concentraban en temas penales y criminológicos.

También hubo otros factores externos, que no estaban en manos del Consejo. Una amenaza de bomba, el 14 de junio en el Complejo Judicial Norte, alteró la planificación y retrasó la toma de pruebas psicológicas y entrevistas para la mayoría de los candidatos. Solamente un grupo pudo rendir esa prueba y las actividades quedaron suspendidas hasta después del fin del paro, que terminó el 30 de junio.

EL 24 julio, los candidatos rindieron las pruebas en computadoras que no permitían conexión a internet ni el uso de dispositivos externos como memorias USB. La notaria Ángela Campuzano dio fe  el 22 de julio, cuando se ingresaron los bancos de preguntas a estos computadores. 53 candidatos superaron la etapa y rindieron sus pruebas prácticas del 8 al 10 de agosto.

32 candidatos las superaron, incluido Rosillo, quien fue el primero en la lista. Cinco más pasaron por recalificación realizada por un tribunal, pero un caso sobresale. Es el de Esteban Coronel, quien inicialmente obtuvo 71 puntos, pero sumó 80,4 puntos luego de solicitar la revisión de su nota, que no guardaba relación con su desempeño ante los tres evaluares, según su reclamo. Tampoco con sus calificaciones previas en el concurso, pues obtuvo notas de 45 sobre 50 y de 17 sobre 20, entre las más altas del proceso.

No obstante, en la prueba práctica final, en la que Coronel rindió una exposición verbal sobre un caso,  dos de los evaluadores le pusieron notas de 8 sobre 30, mientras el tercero -con voto salvado- le calificó 28 sobre 30, según informes de esa evaluación a la que este medio tuvo acceso. Por esas discrepancias, el candidato solicitó la recalificación y requirió que le entreguen los audios y videos de su exposición y de la deliberación de los tres examinadores, así como la argumentación y parámetros de las calificaciones. Días más tarde, en la recalificación realizada por otro tribunal obtuvo puntajes de entre 20 y 28 sobre 30 puntos, con lo cual en la nota global pasó los 80 puntos requeridos para ser finalista.

Sobre esta recalificación, Santiago Peñaherrera, director de la Judicatura y responsable del concurso, señaló que el tribunal estuvo conformado por gente proba que verificó las pruebas, a través de la revisión de videos. “No creo que se pueda dudar de la capacidad de personas que no son solo magistrados sino docentes”.

El tribunal de recalificaciones se formó con profesionales con un perfil mayor, por la importancia del proceso, dijo Peñaherrera. Eran dos y estaban integrados por Byron Guillén, Mariana Yépez, Luis Antonio Rivera, Felipe Córdova, Wilson Toainga y Holger  Córdova.

Impugnaciones a vuelo de pájaro

Después, el proceso de impugnaciones públicas se desarrolló en un tiempo muy reducido: tres días, entre el 24 y el 26 de agosto, con difusión por un solo medio de comunicación escrito (diario Expreso) y las redes sociales de la Judicatura. En el cronograma inicial de actividades el plazo para este procedimiento contemplaba 13 días, del 2 al 15 de julio.

Según Peñaherrera, también se emitieron comunicados a colegios de abogados e instituciones educativas. El resultado fueron siete impugnaciones ingresadas por la página web del CJ, seis de ellas realizadas por una sola persona. Ninguna progresó.

El Código Orgánico de la Función Judicial establece tiempos para las impugnaciones en este tipo de concursos y el mínimo son tres días, explicó Peñaherrera. Este tema fue aprobado dentro de la normativa para este proceso. Además, los tiempos para todo el concurso se estipularon tomando en cuenta que “la ciudadanía exige contar lo más pronto posible con jueces que cumplan con dos requisitos: capacidad e idoneidad técnica”.

Según Murillo, la Judicatura hizo convocatorias abiertas y un llamado para impugnaciones “pero nadie impugnó fundamentadamente”. Pero no descartó que si existiera alguna inhabilidad, impedimento o falta de idoneidad, se harán verificaciones adicionales y mientras los jueces no sean nombrados, aún pueden salir del concurso. “La ciudadanía tiene derecho de contar con juzgadores que tengan una condición ética irreprochable”.

A pesar de los tropiezos, para el abogado constitucionalista Stalin Raza este concurso es un buen primer paso para conseguir jueces especializados en la materia, pero aún es limitado por varios aspectos. Primero, por el número de jueces, que serán insuficientes para cubrir la cantidad de delitos que hay en el país. De hecho, los 14 jueces tendrán apenas 26 funcionarios de apoyo; es decir, menos de dos asistentes por cada magistrado.

Además, para Raza el haber decidido que todos los jueces trabajarán desde Quito, se convierte en una suerte de monopolio que, además, vulnera garantías constitucionales como el derecho de toda persona de ser juzgada en la jurisdicción donde cometió el delito, el derecho a acceder a abogados de su confianza y en la zona de su residencia. “Habrá una concentración inconveniente de esos casos en Quito. La Corte Constitucional ha convalidado esto pero no estoy de acuerdo porque aquí no se garantiza la seguridad de judiciales y abogados”.

Al tratarse de un número reducido de jueces que tratan estos temas que se sumarán a fiscales del área, agregó el jurista, se pueden convertir en “cofradías de jueces y fiscales, cuando lo ideal sería un equipo en materia de crimen y anticorrupción entre quienes se distribuya la capacidad y así garantizar que no todos se conozcan entre sí”.

De todos modos, el jurista cree que el proceso se ha llevado razonablemente bien, pese a lo apuros y cambios de cronograma.

Aunque la Judicatura había anunciado que los 14 nuevos jueces se posesionarían a fines de octubre, lo harían en la segunda quincena de noviembre, ya que el curso de formación inicial arrancó el 26 de septiembre pasado y se extenderá hasta el 17 de noviembre, cuando se cumplen los 52 días asignados por el CJ.

PERFIL. Renán Andrade Castillo es defensor público en Pedernales, donde fue precandidato a alcalde para participar en las próximas elecciones. Cuando se postuló para juez anticorrupción, en marzo, eliminó todas las publicaciones sobre su postulación en Facebook y su papel como Defensor.

Por Jhon Machado

Como “el abogado de CREA”, así conocen a Renán Andrade Castillo en Pedernales, donde vive y no pasa desapercibido. Llegó ahí desde su natal Portoviejo a los 16 años.

Su nivel de popularidad en ese poblado de la costa manabita le llevó a postularse como precandidato a la alcaldía de Pedernales. Andrade cuenta que no tuvo contacto con ningún movimiento político pero que, en efecto, amigos y simpatizantes le pidieron que asuma el reto de participar en la próxima lid electoral. Incluso ya tenía un lema de campaña: “Llegó la hora de gente nueva”, rezaban sus publicaciones en redes sociales.

“No firmé con ningún partido, no mantuve reuniones con políticos; pero es cierto: la gente me veía como candidato y se llegó a pensar en eso, más por el pedido de la gente que por otra cosa”, comenta Andrade, quien al momento de postularse para juez anticorrupción eliminó esas publicaciones políticas en sus redes y bajó su perfil de exposición pública. Todas las fotos que había subido en Facebook fueron eliminadas, incluso aquellas en las que aparece en su labor como Defensor Público.

Andrade no solo es conocido por su intención de candidatizarse a la acaldía. Es muy activo en la radio, donde difunde iniciatovas de ayuda social, a través de su consultorio jurídico CREA (una sigla de su nombre).

También ha estado al frente de casos sonados como una de las masacres las cárceles del país y la desarticulación de una banda criminal. Intervino como defensor público, es decir de lado de los acusados.

“Yo le cuento esto, todos saben que yo estuve en esos casos, pero prefiero que los nombres de los acusados se mantengan en reserva porque en realidad temo por mi seguridad”, afirma Andrade al ser consultado sobre su rol en los juicios mencionados.

Su trayectoria

Andrade hizo su carrera empezando como notificador, uno de los cargos de menor jerarquía en la Función Judicial y fue ascendiendo paulatinamente. Tras un breve paso por Secretaría Nacional del Agua (Senagua), concursó por un espacio en la Defensoría Pública; de hecho fue el único candidato calificado y por ende el ganador. Su nota final fue de 80/100.

Sus estudios de abogado los cursó en la Universidad Laica de Manabí, es magíster en Derecho Constitucional y especialista en la misma materia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente sigue un doctorado sobre legislación en la Universidad de Buenos Aires.

Su expediente judicial está limpio, no tiene problemas con el Servicio de Rentas Internas. Las cinco multas de tránsito que le han levantado, tres de ellas por exceso de velocidad, están cubiertas.

Se autodenomina como montuvio “a mucho orgullo”. También se considera una persona religiosa y afirma que este rasgo de su personalidad se potenció desde el 2020 cuando fue diagnosticado con un tipo de cáncer denominado linfoma de Hodking. Le fue detectado durante un chequeo por COVID-19.

El defensor público de Pedernales ocupa el segundo lugar en las calificaciones para juez de la Unidad Judicial Penal, dependencia que tendrá dos jueces. José Cornejo Aguiar lleva la delantera con 91,35 puntos y Andrade le sigue con 88,40 puntos.

A pesar de estar en la cabeza del concurso público, tiene sus dudas sobre el proceso. “Tenemos criterios divididos sobre la nota de la Escuela Judicial, no creemos que sea del todo justo, pero estamos en el proceso y confiamos en que si hay falencias se sabrá corregirlas”.

De no ser elegido, asegura, seguirá “luchando por el pueblo de Pedernales”. Anhela la construcción de un nuevo hospital y no descarta, a futuro, buscar un espacio de representación popular.

PERFILES. Luis Ortega y Luis Villalta tienen varias cosas en común. Corren por llegar a ser uno de los 14 jueces anticorrupción, son secretarios de la Fiscalía y han sido continuamente sancionados por infracciones de tránsito de todo tipo. Justos suman 35 faltas, por conducir sin placas, por exceso de velocidad, desobedecer a la autoridad o la señalética, manejar sin licencia…

Por Ana María Carvajal y Jhon Machado

Luis Ortega logró un cupo para el curso de Formación Inicial que será el último filtro antes de designar a los nuevos jueces anticorrupción. Uno de los registros que llama la atención en su hoja de vida es que solo tiene 1.5 puntos de 30 en su licencia de conducir.

Perdió sus 28,5 puntos por 13 infracciones de tránsito, además de dos más que fueron anuladas, según registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ha pagado 11 multas y tiene dos más pendientes de cancelar por USD 295,20. Fue multado entre 2020 y 2021 por conducir un vehículo sin placas. Una de ellas le costó seis puntos en su licencia.

Dos más fueron anuladas, por desobedecer agentes de tránsito y por no respetar los conos de señalización. Perdió el resto de puntos por cuatro sanciones impuestas al conducir un vehículo sin placas; dos por circular sin licencia y las restantes por mal uso de la bocina, desobedecer señales o agentes de tránsito, estacionarse mal, exceso de velocidad y cambio brusco de carril.

Consultado por Código Vidrio sobre su abultado historial de multas de tránsito, Ortega, de 39 años, explica que la mayoría de sus sanciones tienen que ver con conducir autos sin placas porque ha sufrido varios robos, que denunció oportunamente. No logró impugnarlas -dice- porque el tiempo para conseguirlo es corto y no pudo interponer el recurso. Sobre el cambio brusco de carril, señala que debido a su trabajo a veces debe buscar la forma de llegar más rápido a una diligencia. Es secretario en la Fiscalía.

Su historial de infracciones se remonta al 2011. Ese año fue detenido luego del choque en una motocicleta, en 2001. Un juez ordenó su liberación, pero la indagación fiscal estuvo abierta hasta el 2015.

Ahora tiene previsto hacer un curso para recuperar los puntos perdidos de su licencia. No lo hizo antes porque hasta agosto del 2021 solo podían tomar esa capacitación quienes hubieran perdido todos los puntos de su licencia.

Ortega pagó la mayoría de sus penalidades de tránsito, que asegura haber enfrentado sin justificarlas o usar su trabajo como escudo o respuesta para evitar las penalidades. “Eso prueba que asumí mi responsabilidad”, apunta. Agrega que se trata de sanciones administrativas y no dolosas, lo cual no afectaría su trabajo si llega a ser juez anticorrupción.

Hizo su carrera en la Fiscalía General. Se graduó como abogado con una tesis sobre lavado de activos y desde el 2007 se ha desempeñado en distintos cargos en esa institución. Durante unos tres años fue asistente de fiscales en el cantón Mejía.

Luego trabajó en las fiscalías de Flagrancia de Tránsito, se convirtió en secretario de fiscales y tuvo el mismo rol en unidades de Flagrancia, Fiscalía Especializada en Patrimonio Ciudadano, Flagrancia, Delincuencia Organizada Transnacional y Personas Desaparecidas.

En el concurso alcanzó 88,7 puntos sobre 100, entre méritos, pruebas psicológicas, teóricas y prácticas. Es el mejor puntuado entre quienes optan por el cargo de juez de tribunal judicial penal. En lo académico, luego de recibirse como abogado por la Universidad Central, con una tesis sobre lavado de activos, obtuvo dos maestrías y una especialización superior en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

Ortega se considera apto para ser juez anticorrupción, pues desde el pregrado se proyectó a temas relacionados con las nuevas unidades judiciales, con su tesis sobre lavado de activos. En su especialización y maestría se enfocó en temas como narcotráfico y blanqueo de capitales.

Villalta, un funcionario de carrera     

A sus 38 años, Luis Villalta posee varias propiedades. En su patrimonio constan tres casas y una finca. No registra pagos de impuesto a la renta en su declaración de bienes. El vértigo parece ser una impronta en su vida: de las 20 infracciones de tránsito que ha cometido, seis son por exceso de velocidad.

Villalta está a la cola de calificaciones para juez de la Unidad Judicial Penal especializada en el combate a la corrupción: de los nueve aspirantes ocupa la última casilla, con una calificación de 80,1 puntos, en una carrera que tendrá solo dos ganadores y tiene en la delantera a José Cornejo y a Renán Andrade.

El postulante a juez obtuvo su título de Abogado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, además cuenta con una maestría en Derecho Penal y Criminología, así como con una especialización en Derecho Penal y Justicia Indígena. Ambas por la Universidad de los Andes.

Su afinidad por el derecho indígena le ha llevado a participar y brindar talleres sobre esta rama del conocimiento jurídico; él se autodefine como montuvio, al igual que Renán Andrade, Christian Quito y Ángel Quito, todos aspirantes a jueces anticorrupción.

24 talleres recibidos, dos en los que ha sido invitado como ponente y la publicación de una investigación denominada “La Caución en el proceso penal”, para la Universidad de los Andes, completan su hoja de vida.

Su principal experiencia laboral está en la Fiscalía. Ha sido secretario durante 14 años y en más de una ocasión ha reemplazado a fiscales de turno en procedimientos de flagrancia como allanamientos y violaciones a la propiedad privada, en Guayas.

De acuerdo con su última declaración juramentada presta servicios en el cantón Yaguachi, pero su vida laboral le ha llevado por toda la zona oriental del Guayas. Ha prestado servicios en Durán, El Triunfo, Milagro y Naranjito, cantones en los que pertenecer a la Fiscalía no es tarea fácil. Esa zona es cuna y zona de influencia de las bandas Los Choneros y ChoneKillers, dos de las agrupaciones delictivas más peligrosas del país.

Sus únicas relaciones con juicios, fuera de su trabajo en la Fiscalía, son su divorcio y dos causas por pensiones alimenticias. Una de ellas fue anulada por su exesposa, tras un acuerdo de reagrupación familiar y una segunda que terminó en sentencia, en mayo pasado, por mutuo acuerdo.

Según sus declaraciones juramentadas, su crecimiento económico personal ha sido importante. Entre 2017 y 2022 su patrimonio se triplicó. Pasó de tener un solar, un vehículo y una casa, obtenida con un crédito hipotecario, a ser propietario de tres viviendas y una finca. El 2022 reporta un patrimonio de 161.118 dólares: activos por USD 222.494 y deudas por 61.376. Y no reporta pago de impuesto a la renta.

20 multas de tránsito

En su anterior vehículo registra tres infracciones de tránsito por exceso de velocidad en Guayaquil y Durán, una cuarta en un automóvil que circulaba por la vía a la Costa, y dos más en otro carro, en las vías Durán-Boliche y en la Salitre-El Progreso.

Ha sido multado otras 14 ocasiones por contravenciones como uso inadecuado de la bocina, frente a un retén de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), no usar cinturón de seguridad, parquear en sitios prohibidos, no respetar las señales de agentes de tránsito, viajar en moto sin casco, conducir con licencia caducada y conducir con un niño en brazos.

Código Vidrio buscó una entrevista con el candidato a través de los números de contacto de la hoja de vida que presentó en el concurso de jueces anticorrupción, pero no obtuvo respuesta.

Leonardo Rosillo, escogido como uno de los 37 finalistas para ocupar una de las 14 plazas de jueces anticorrupción, fue descalificado. La Judicatura se percató hace tres semanas que Rosillo, quien tenía el mejor puntaje del concurso, había sido destituido de la Fiscalía, por estar envuelto en un caso de acoso sexual, en 2012. Solo dos personas presentaron impugnaciones, que no prosperaron, contra siete candidatos. Los impugnantes solo tuvieron tres días para formalizar sus denuncias.   

Por Ana María Carvajal

Leonardo Vinicio Rosillo, uno de los 37 candidatos finalistas a jueces anticorrupción, fue descalificado sobre la marcha del concurso que realiza el Consejo de la Judicatura (CJ), por incumplir uno de los requisitos.

Pese a que la etapa de selección empezó en marzo con la calificación de oposición y méritos y pruebas teórico-prácticas a los 425 postulantes, la Dirección de Talento Humano del CJ pidió hace tres semanas, el 25 de agosto pasado, a diferentes direcciones, que verifiquen si alguno de los 37 candidatos finalistas, que sumaron más de 80 puntos, tenía alguna inhabilidad.

Santiago Peñaherrera, director general del CJ, quien está al frente del concurso, explica que Talento Humano debe revisar periódicamente la idoneidad de los candidatos. Así encontró el problema con Rosillo, recalcó.

La Secretaría de Control Disciplinario notificó el incumplimiento a Talento Humano, el 26 de agosto. En el informe se señala que Rosillo había sido destituido de su cargo de fiscal, el 2012. La resolución consta en el expediente No. MOT-0859-UCD-012-MEP (070-2012), con fecha 11 de diciembre de 2012.

Sin embargo, en la hoja de vida que presentó como parte de su inscripción al concurso, Rosillo omitió mencionar esa resolución: indicó que fue fiscal provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas hasta inicios del 2013.

El 2012, el entocnces fiscal enfrentó un proceso judicial por acoso sexual a una de sus estudiantes. Fue detenido en delito flagrante con su alumna, en un motel de Santo Domingo, el 5 de mayo. No obstante, fue declarado inocente, pero la Fiscalía apeló la decisión y  presentó una queja en contra del tribunal que juzgó a Rosillo. (https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-apelara-sentencia-que-declara-inocencia-de-ex-fiscal-de-santo-domingo/).

Para entonces, la Fiscalía ya se refería a Rosillo como ex fiscal. El caso fue difundido ampliamente en Santo Domingo y también en medios nacionales. Rosillo se defendió de la acusación, argumentando que su detención fue planificada, con la intención de que no volviera a su cargo. También dijo que el fiscal a cargo de su caso mantenía una relación sentimental con la joven que lo acusaba de pedirle favores sexuales, a cambio de beneficios académicos.

En su caso se aplicó el numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues “quien hubiere sido sancionado disciplinariamente con destitución del cargo, con resolución en firme”, no puede obtener un nuevo cargo en ninguno de los órganos de la Función Judicial.

Peñaherrera informó que Rosillo ya fue notificado sobre su descalificación. Él había argumentado que en el 2012 le retiraron su puesto de fiscal, pero ahora buscaba ser juez, pues consideraba que no tenía un impedimento.

Peñaherrera explicó que si bien una persona destituida no puede trabajar en funciones públicas por dos años, la prohibición de retorno a cualquier área en la Función es para toda la vida.

Rosillo había obtenido 94,3 puntos sobre 100 en las fases previas del concurso, el puntajes más alto del concurso.

Pero no sería el único postulante con problemas por una posible falta de idoneidad o impedimento para el cargo. La semana pasada, Código Vidrio reveló que de los 26 hombres participantes en el concurso cinco han enfrentado demandas judiciales para el pago de pensiones alimenticias. Esto significa que el 19 por ciento de los aspirantes de sexo masculino tuvo incidentes ante la justicia para exigirles el pago de alimentos para sus hijos menores de edad.

Además, ocho de los candidatos no reportan pagos de Impuesto a la Renta hasta por diez años en el SRI. Uno de los aspirantes tiene 1,5 puntos en su licencia: ha cometido 20 infracciones de tránsito. Pero no es el único. Hay diez más que tienen entre 10 y 34 infracciones y han sido multados por diferentes motivos: exceso de velocidad, pasarse semáforo en rojo, faltarle el respeto a la autoridad, conducir sin cinturón, entre otras infracciones.

Impugnaciones al vuelo

El proceso de impugnaciones a los candidatos fue apretado. Estuvo abierto para que el público impugne a los postulantes por solo tres días, del 24 al 26 de agosto. La difusión se hizo apenas un día antes en diario Expreso de Guayaquil, que no es el de mayor difusión nacional, el 23 de agosto.

La Judicatura difundió información sobre cuándo, cómo y por qué impugnar, a través de sus redes sociales y su página web.

En el informe elaborado por Talento Humano sobre este proceso se indica que la Judicatura solo recibió siete impugnaciones: cuatro para candidatos de corte provincial, una para tribunal penal y dos para jueces de unidad judicial penal. Estos pedidos ingresaron virtualmente. Nadie presentó ese recurso presencialmente en las oficinas provinciales ni nacionales del CJ.

Según Peñaherrera, la campaña de difusión sobre impugnaciones fue “bastante fuerte” y también se coordinó con las direcciones provinciales de la Judicatura, para que envíe oficios a los colegios de abogados y centros de educación superior “para que toda la ciudadanía pueda ejercer el derecho a la impugnación”, dentro del cronograma.

Apenas dos personas presentaron denuncias

Una sola persona, Napoleón Garibaldi Santamaría, impugnó a seis postulantes y Gabriela Sánchez a uno de ellos. En seis de los casos se argumentó falta de cumplimiento de requisitos y, en uno, falta de probidad. Se objetaron las candidaturas de Kevin Joel Cabezas Páez, María Fernanda Castro Angos, Wiler Fabricio Chóez Avilés, Fausto Armando Lana Vélez, Ángel Humberto Quito Santana, Mabel del Pilar Tapia Rosero y Byron Leonardo Uzcátegui Arregui.

Los abogados Luis Daniel Martínez Barriga, Hugo Román Sarabia Rodríguez, Margarita Soledad Martínez Aguirre, Cirley Estefany Yépez Ortiz y Giancarlo atendieron las solicitudes. Sin embargo, según el informe, las impugnaciones “no procedieron por falta de presentación de requisitos generales” y fueron inadmitidas. Por eso, todos los impugnados continúan en concurso.

El concurso para escoger a los primeros 14 jueces anticorrupción del país entró en la recta final. Los próximos días 37 postulantes participarán en el curso de formación, que será el último filtro del proceso de selección que realiza el Consejo de la Judicatura. El asesinato de un juez en Lago Agrio, el jueves pasado, aviva el debate sobre el anonimato que deberían mantener los nuevos magistrados, cuando empiecen a juzgar los procesos, según analistas consultados.

Por Ana María Carvajal

El proceso de selección de 14 jueces anticorrupción avanza, en medio de una escalada violenta de organizaciones criminales contra funcionarios judiciales, en el contexto de la penetración acelerada del narcotráfico en el país.

El asesinato de Nelson Yánez, juez de la Unidad Multicompetente de Lago Agrio, el jueves pasado, cuando salía de su domicilio, es un campanazo sobre los riesgos que corren los funcionarios que investigan casos sensibles, que involucran cabecillas y operadores importantes del crimen organizado.

En vista de la peligrosidad de los casos que los jueces anticorrupción deberán juzgar y el riesgo de ser corrompidos o amedrentados junto con sus familiares, juristas consultados por Código Vidrio estiman que debía revisarse la posibilidad de mantener el anonimato de los nuevos funcionarios y aplicar el modelo de otros países de magistrados sin rostro.

Para minimizar el riesgo, por lo pronto, el Consejo de la Judicatura (CJ) diseñará un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios, además del Instructuctivo de Seguridad Individual que ya se aplica para servidores judiciales, aprobado en abril pasado.

Este año, 21 jueces, 15 del área penal, reciben seguridad individual en varias provincias, a cargo de la Policía, con base en ese Instructivo. Los judiciales, la mayoría de Quito y Guayaquil, han recibido amenazas e intimidaciones de todo tipo. El 2019, la Policía daba protección a 12 jueces, según un informe del CJ.

Los últimos ocho meses, hubo 10 amenazas de bomba en los complejos judiciales de ambas ciudades, lo cual ha implicado la suspensión por varias horas en los servicios.

El crimen de Yánez, quien fue declarado el juez de mejor desempeño en la capital de Sucumbíos el 2017, ocurrió horas después de la visita del ministro del Interior, Patricio Carrillo, a esta provincia, para articular planes para frenar la violencia y enfrentar a las bandas criminales.

En lo que va de este año, dos fiscales también fueron asesinados. El 15 de agosto murió abaleado por sicarios el fiscal Federico Estrella en Babahoyo. En mayo también fue ejecutada la fiscal Luz Marina Delgado, junto a su asistente Jefferson Mendoza. En ambos casos se cree que fueron retaliaciones de implicados en alguno de los casos que investigaban.

El penalista Xavier Andrade, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, apunta que los nuevos magistrados anticorrupción precisamente juzgarán a delincuentes muy peligrosos y estarán amenazados permanentemente o podrían ser sobornados. “Siempre estarán al filo de saber que su decisión puede traer consecuencias más allá de lo jurídico”. Por eso, en países como Colombia y Perú, se diseñó un modelo de jueces sin rostro, para protegerlos.

Los juristas seleccionados tendrán a su cargo 44 tipos penales, 37 relacionados con el crimen organizado y siete en el ámbito de la corrupción. Por ejemplo, peculado, cohecho, concusión, testaferrismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, genocidio, etnocidio, esclavitud, desaparición forzada, tráfico de órganos y de personas, sicariato, producción y tráfico de drogas y armas, minería ilícita, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros.

El abogado penalista Hugo Espín considera que lo que se busca con este proceso es tener jueces más independientes, porque se espera que no sean afectados ni susceptibles por la corrupción, que es un fenómeno persistente en el poder judicial.

El problema es cómo lograrlo. El modelo de jueces sin rostro aporta en que exista un grado confianza en los resultados, en el sistema y en los juzgadores, opina Espín. Al exponerlos a la palestra pública, se pone en riesgo a las personas y al funcionamiento eficaz del sistema. “Los procesos pueden ser afectados por amenazas o compras de conciencia, si no se manejan adecuadamente, dadas las estructuras de lo que deben juzgar”, destaca Espín.

En Ecuador esta tarea apenas empieza, pero ya se puede acceder fácilmente a los nombres y datos de los aspirantes a jueces de 2 unidades judiciales, 6 tribunales penales y 6 cortes provinciales, que pasaron las primeras fases.

 

37 POSTULANTES IRÁN AL CURSO DE CAPACITACIÓN

Cinco postulantes obtuvieron 80 o más puntos tras recalificación

 

A Andrade le preocupa que si ocurren atentados o actos terroristas contra algún juez, eso se convierta en una intimidación directa a la justicia. “Si esto pasa y no estamos preparados, la creación de esta nueva estructura jurídica es inútil.(…). El mensaje es claro, la delincuencia organizada hace cuadre de cuentas a su manera. Más allá de que hay información pública de los aspirantes, hay que tomar en cuenta que la delincuencia ya da el mensaje de amedrentamiento a quienes se contrapongan a sus intereses”.

La Judicatura reconoce que los nuevos jueces pueden estar en riesgo. Santiago Peñaherrera, director general del CJ y responsable de la selección, explica que para diseñar un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios contarán con el apoyo de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos (INL).

No obstante, estos temas, que se pueden considerar colaterales, son fundamentales cuando se crea un proceso de especialización en justicia penal, alerta Andrade.

La idea de las nuevas unidades judiciales nació en la Judicatura presidida por Gustavo Jalkh, en el gobierno de Rafael Correa. Se retomó tras los atentados terroristas en la frontera norte el 2018. Y tuvo piso legal el 2020 cuando la Asamblea aprobó la reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.

Los jueces sin rostro en otros países

Los jueces o tribunales sin rostro se han implementado en países como Italia, Colombia, Perú, Brasil y El Salvador. Se han aplicado en casos especiales, cuando los estados no pueden garantizar la seguridad de los magistrados a cargo de juzgar delitos relacionados con el crimen organizado. En Ecuador, hay voces que proponen que se diseñe un sistema especial para quienes deban condenar a responsables de determinados casos de narcotráfico o terrorismo, por ejemplo.

Sin embargo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede dificultar esa posibilidad en el país. Se trata del caso Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas versus Perú, en el que se determinó responsabilidad internacional del Estado peruano por haber condenado a ambos sin respetar el debido proceso. Además de haber sido arrestados sin una orden judicial en 1996 y 1991, respectivamente, ambos fueron sentenciados por un juez sin rostro. La Corte señaló que toda persona que enfrente un juicio tiene derecho a saber quiénes lo están juzgando.

En países como México, donde los asesinatos y atentados en contra de jueces, policías y periodistas, son cada vez más comunes, en el 2016 se analizó la posibilidad de implementar tribunales sin rostro dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, creado ese año. Pero la idea aún no prospera.

Este tipo de tribunales se formaron en Colombia y Perú en los años noventa. Se  inspiraron en el modelo italiano que en esa misma década buscó en el anonimato la forma de proteger al sistema judicial de la extorsión, los sobornos, los atentados y asesinatos a quienes estaban a cargo de impartir justicia.

En Perú, los miembros de estos tribunales se cubrían el rostro con capuchas o atendían las audiencias detrás de paneles oscuros cuando juzgaban casos de terrorismo. Con el tiempo y, debido a las críticas por violaciones a los derechos humanos y por afectar los principios de transparencia, se erradicó esa figura en ambos países.

El 2019, Río de Janeiro se sumó a los estados de Mato Grosso, Bahía, Pará, Roraima, Alagoas y Santa Catarina que ya tenían jueces sin rostro para enfrentar a la delincuencia organizada. Actualmente, los ojos sobre este tipo de prácticas judiciales apuntan a El Salvador, donde organizaciones de defensa de derechos humanos reclaman la inconstitucionalidad de una reforma legal propuesta por el presidente Nayib Bukele y aprobada por el Congreso para abrir el camino a los tribunales sin rostro para juzgar delitos cometidos por integrantes de las pandillas.

37 postulantes van a un curso de formación

Una vez que la semana anterior concluyeron las primeras pruebas de selección, 37 de los 425 postulantes para jueces anticorrupción participarán en el Curso de Formación Inicial, que será el último filtro del proceso de selección. Estará a cargo de la Escuela de la Función Judicial y durará 52 días. Al final solo 14 aspirantes serán los primeros magistrados especializados en este campo.

Se trata del último paso antes de que se conformen las dos unidades judiciales, seis tribunales y seis cortes provinciales penales especializadas que se crearán y que está previsto funcionen desde fines de octubre o inicios de noviembre próximo. Hasta el momento, las dependencias no han sido habilitadas ni existe un lugar definido para este fin.

De los 32 concursantes que superaron los 80 puntos requeridos (al menos 50 puntos en la fase de méritos y pruebas teóricas y otros 30 en las prácticas), 14 superaron ese puntaje apenas con décimas y solo cuatro obtuvieron más de 90. Cinco más entraron luego del proceso de recalificaciones, la semana pasada.

Santiago Peñaherrera dice que este proceso se realiza con un nuevo sistema para concursos. Este “cumple con todas las recomendaciones” que la Contraloría hizo al Sistema de Selección de Personal de la Función Judicial (Sisperfuj), que se usaba años atrás y que fue cuestionado por problemas de transparencia en su funcionamiento.

El nuevo mecanismo –agrega Peñaherrera- permite que cualquier institución pública o privada, observatorios, la academia y la Contraloría “puedan hacer una auditoría del sistema y verificar que preste todas las seguridades”. Cada acción y cambio que cualquier persona que intervenga en el proceso realice, dejará su huella.

Por ejemplo, las computadoras en las que los participantes rindieron sus pruebas no permitían conexión a Internet ni a dispositivos externos como memorias USB. Tampoco tenían información archivada y las preguntas se cargaron en presencia de un notario público y del coordinador de la Veeduría Ciudadana, Erick Morán Jacho.

El cuestionario fue elaborado por 18 expertos en materia penal y tenía 1.200 ítems, distribuidos entre los participantes por sorteo, 100 a cada uno. “Si estamos en un concurso de corrupción y crimen organizado, obviamente tenemos que guardar todas las formas y dar paso a la transparencia ante todo”, dijo Peñaherrera.

El proceso ha tenido, al menos, dos reajustes del cronograma (en la fase de méritos y en las subfases psicológica, teórica y práctica). El segundo significó una demora de cerca de un mes, debido a una amenaza de bomba, el 14 de junio pasado en el Complejo Judicial Norte, mientras el país enfrentaba un paro.

Cuando se lanzó el concurso, el pasado 29 de marzo, el presidente Guillermo Lasso exteriorizó su respaldo. Ese día, el Gobierno anunció que había entregado 1,6 millones de dólares para implementarlo. También existe un aporte de medio millón de dólares del gobierno de EE.UU., para la capacitación del personal y equipamiento. Hasta el 31 de julio pasado, el CJ informó que del presupuesto de USD 308 mil dólares, apenas había ejecutado un 6,75 %. Este rubro corresponde directamente a lo invertido en el concurso.

Inmobiliar no responde 

Está previsto que el concurso termine máximo el 19 de septiembre. Aunque es temprano para evaluar su funcionamiento informático, sí hay dudas sobre cómo trabajarán estas nuevas estructuras judiciales. Está previsto que los nuevos jueces empiecen a laborar a más tardar en noviembre (tres meses después del plan original), pero aún no cuentan con un espacio físico definitivo.

Peñaherrera dice que la Judicatura ha hecho gestiones para conseguirlo. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, les ofreció dos terrenos en Pusuquí o un espacio en la Unidad de Vigilancia Norte de la Policía, en Quito. Este último es el que más le convendría al proyecto pero se requiere una inversión de más de dos millones de dólares y los trabajos tomarían al menos un año. Esos fondos no están presupuestados.

Las solicitudes a Inmobiliar tampoco han tenido respuesta. Hasta que la situación se defina, los nuevos jueces trabajarán provisionalmente en el Complejo Judicial Norte.

Los abundantes casos de corrupción como las compras con sobreprecio durante la etapa más crítica de la pandemia por el covid-19 y los fallos polémicos de jueces, así como medidas de protección emitidas de forma ilegal a favor de sentenciados por diferentes delitos, fueron determinantes para impulsar el proyecto.

Espín subraya que tener jueces especializados anticorrupción implica que se van a clasificar las materias de conocimiento en el área penal. Es decir que habrá jueces especializados por tipo de delito: delincuencia organizada, asociación ilícita, peculado, lavado de activos, etc. “Pero nuestro sistema penal establece que los jueces deben estar especializados por materia y no por delito y los investigadores (fiscales), que son quienes llevan los casos a conocimiento del juez, son los que están especializados por delito”. En materia penal, agrega, las garantías procesales y la regla son las mismas, sin diferenciar ente delitos.

En Ecuador, existen 12 unidades especializadas de Fiscalía. Entre ellas se incluyen algunas relacionadas con los delitos que juzgarán los nuevos magistrados especializados: la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI), las unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de Antilavado de Activos y de Investigación de Personas Desaparecidas.

El riesgo de vulnerar derechos

Otro problema que detectó Andrade es que en otros sistemas este tipo de jueces reciben críticas desde el punto de vista doctrinario, porque al trabajar en tribunales de excepción, en el futuro podrían traerle al Ecuador consecuencias por vulnerar derechos constitucionales. Por eso cree que es importante la especialización, lo cual no justifica que sean  llamados anticorrupción. La Judicatura, en general, necesita más jueces, con mayor preparación, sin necesidad de crear una nueva categoría.

El 18 de enero del 2019 se presentó la Mesa de Lucha Contra la Corrupción Judicial, para investigar presuntas irregularidades cometidas en procesos, parte de un Sistema Integral de Lucha Contra la Corrupción, la Delincuencia Organizada y el Combate a la Impunidad. En esa época se hablaba de que las unidades especializadas tendrían jueces de primer nivel y de tribunales penales en Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, actualmente el plan es que todos los jueces trabajen casos a escala nacional, desde la capital. Ese es un punto de debate, pues Andrade y otros expertos se preguntan cómo se manejarán las diligencias. Esos son temas que deben resolverse y que muestran que el país no está preparado para dar este paso, puntualiza el jurista.

Andrade cree que este proceso es improvisado, pues no se debe pensar únicamente en la especialización de cada juez. “¿Va a haber secretarios o asistentes judiciales, policías especializados, operadores de justicia que hablen el mismo idioma o no? ¿Qué pasa con eso? ¿Solo nombrar jueces y ya o les nombro y luego vamos corrigiendo en el camino? Por eso, mi opinión ha sido que se nombren más jueces y nada más”.

Según la propuesta de la Mesa de Lucha Contra la Corrupción Judicial, las nuevas unidades judiciales debían contar con peritos para temas de finanzas, contabilidad y tributos, además de expertos en ubicar y recuperar dineros producto de actos de corrupción. Este último, precisamente, ha sido uno de los principales problemas en Ecuador.

Ecuador pretende recobrar USD 104,1 millones por casos de corrupción como Sobornos y Odebrecht, además de otros relacionados a entidades públicas y estatales como el Ministerio del Deporte, Petroecuador e IESS, relacionados con el correísmo, según una publicación de Primicias. Hasta este año asta ese mes lo que el país había logrado recolectar no alcanzaba ni el 5 % del valor total.

La situación de la lucha contra la corrupción en el país es compleja, pues Ecuador cayó al puesto 9 entre 15 países, según datos del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, de la Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, publicado este año.

Las unidades judiciales, con equipo provisional

La conformación de los equipos de trabajo para las nuevas unidades judiciales aún es lejana. La Judicatura convocará un concurso público para nombrar a los 40 funcionarios que se sumarán al equipo de jueces anticorrupción y crimen organizado. Pero ese proceso aún no está en marcha, por lo que el personal de apoyo en la fase inicial será temporal y el área de Talento Humano de la Judicatura se encargará de la selección.

Instaurar un nuevo modelo no es tan simple, porque se requiere, por ejemplo, de modificaciones en el Código Orgánico Integral de Procesos, para establecer esta especialización no solamente por materia sino por delito y no está claro cómo se va a manejar el tema, dice Espín.   “Se requieren reformas legales y una madurez del sistema judicial para que esto pueda funcionar, porque si no lo único que tendremos es una unidad más con otro nombre como las que ya tenemos por montones en las unidades de Fiscalía y de la Policía Judicial, pero en esencia seguiremos en el estado en el que está la situación final de la seguridad en el país”.

El proceso para designar a estos nuevos jueces cuenta con el apoyo del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (PAcCTO). Se trata de  es un programa de asistencia técnica de la Unión Europea con 18 países de América Latina, incluido el Ecuador. El objetivo es intercambiar experiencias y buenas prácticas en temas sobre estado de derecho y seguridad ciudadana. En marzo del 2019 hubo una jornada para analizar experiencias internacionales y determinar el perfil de los nuevos jueces y cómo debía ser el proceso de selección, a partir de ellas.

Sin embargo, gran parte de lo analizado en esos encuentros y planes previos aún está solo en el papel, a pesar de que la entrada en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales está tan cerca. “Uno se queda pensando cuando ve estos concursos hasta dónde pueden llegar las limitaciones de los filtros a los que las personas están siendo sometidas. Algunos de los participantes fueron ya fiscales o jueces, tuvieron visibilidad en el ámbito judicial y algunos de ellos fueron cuestionados sobre su desempeño. Eso deja la duda de quienes realmente están interesados en ser jueces anticorrupción y quienes tienen intereses por ser parte de un equipo de estos, para controlar el poder judicial”, dice Espín.

El camino es complejo tomando en cuenta que existen muchos vacíos legales.

«El COIP en palabras es bueno, indica Espín, pero es un Frankenstein que cada vez que alguien se emociona, lo cambia y esto genera un problema en la práctica judicial. El sistema legislativo es inmaduro y hay una falencia académica en los procesos. La investigación de la técnica jurídica es la gran deuda de la academia, para hacer aportes».

Un estudiante lidera la veeduría del concurso  

La Veeduría que se conformó mediante resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 0166, a fines de abril, solo ha emitido un informe general y hará uno completo al finalizar el concurso, dijo a Código Vidrio su coordinador, Erick Morán Jacho.

También forman parte del organismo Hugo Bone Ortiz, Jorge Bonilla Macas, Clara Casquete Hurtado, Ángel Paredes Carrasco, Merli Llanos Campaña y Tatiana Flores Abarca. Jacho, quien ha sido candidato a concejal de Quito por Pachakutik, dice que representan a distintas organizaciones y viven en Ambato, Esmeraldas, Cuenca y Quito. Hasta el momento han tenido cinco reuniones, una  cada vez que finaliza una etapa del concurso y han acudido a llamados del CJ para presenciar las actividades o ruedas de prensa.

“Hasta el momento todo se ha llevado a cabo con total transparencia y se ha difundido todo por la página del CJ; cualquier persona puede hacer una impugnación y nosotros podemos dar seguimiento”, dijo. Según Morán, uno de los miembros de la Veeduría planeaba presentar impugnaciones contra siete aspirantes, por los cargos que tienen registrados. El plazo para presentar estos recursos vencía este viernes 26 de agosto y hasta el cierre de este reportaje, aún no se conocían cuántos habían ingresado al sistema del Consejo de la Judicatura.

La única observación que hasta el momento hace Morán tiene que ver con un tema laboral. “Yo hubiera cambiado en el inicio que una persona que ya ocupaba un cargo actualmente postule por otro. Hay muchos que cumplen y no tienen cargo actualmente y tienen mejor experiencia, ellos podrían entrar”, dice. Por lo demás, está de acuerdo en la forma en la que la Judicatura lleva adelante el concurso: “Han tenido apertura, nos han dado una oficina en su edificio y cuando les pedimos informes los facilitan el mismo día o al día siguiente”.

Morán es guayaquileño, tiene 23 años. Cursa el séptimo semestre de Derecho en la Universidad Católica. “Fui apoyado por una asociación, ya que queremos que esta unidad nueva se forme con transparencia”, dijo.

Se trata de la Asociación de Producción Artesanal Interprofesional del Ecuador (Asoproartiecu). Su representante legal es Morán, desde hace dos años. Agrupa a artesanos de 14 provincias que se dedican a la ebanistería, bisutería, cocina, repostería, entre otras actividades. Él es fotógrafo en la rama artesanal. En su hoja de vida, detalla que también es instructor y capacitador.

Si bien la asociación a la que representa no tiene ninguna relación con temas jurídicos, Morán decidió participar en este mecanismo de control social por su afinidad con el Derecho, porque algunos de sus familiares han sido abogados. “Como también estoy involucrado en la rama del derecho, aparte de lo artesanal, un bufete de abogados nos invitó”. Es Fundere (Fundación del Derecho), Guayaquil,  cuyo representante legal es Oswaldo Dávila Gabino, dice Morán.

En la hoja de vida del coordinador de la Veeduría constan capacitaciones en distintas temáticas: riesgos laborales, salud ocupacional, formación de mediadores, inteligencia de negocios, liderazgo, relaciones humanas, primeros auxilios, desarrollo de la personalidad, ensamblaje de muebles, prevención de delitos sexuales, Código Orgánico Administrativo, mediación, oratoria, entre otros.

Las sospechas de que un grupo de ocho marinos se había asociado para quedarse con varios kilos de cocaína surgieron poco después del operativo realizado el 11 de agosto pasado en Galápagos. En esa operación la Armada y la Policía Antinarcóticos descubrieron 28 sacos de yute con decenas de paquetes de droga flotando en el océano.

Redacción Código Vidrio

La Fiscalía procesó a ocho miembros de la Armada, acusados de robar e intentar comercializar cuatro kilos de cocaína que escondieron en una bodega de la lancha guardacostas Isla Darwin.

No sería la primera vez que los miembros de la Marina ocultan cocaína incautada en operativos antinarcóticos en altamar, para luego comercializarla con narcotraficantes en Galápagos, según sospechan fuentes Antidrogas.

La jueza Ivonne Arroyo dictó prisión preventiva contra los uniformados Xavier Andrés M. P. y Luis Armando P. O. Y concedió medidas sustitutivas para Jéfferson Orlando V. G., Andy Gabriel T., Joel Javier A. T., Tony Ubaldo P., Darwin Xavier G. O. y Víctor Luis D. E. Ellos tienen prohibición de abandonar el país y deben presentarse periódicamente.

La droga que los marinos ocultaron fue sustraída de una incautación realizada en altamar, el 11 de agosto, por la Armada y la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado de la Policía.

Los uniformados capturaron los 28 bultos con unos 560 paquetes de coca, a 200 millas al sur de las islas. La droga fue descubierta en un patrullaje de la lancha Isla Darwin y un avión de exploración aeromarítima de la Marina.

Durante el operativo, los uniformados detectaron dos radiobalizas en el mar, que estaban amarradas a 14 sacos de yute, cada una.

 

La radiobaliza es un dispositivo que emite señales de frecuencia, que solo pueden ser recibidas por satélites a cuya información acceden los narcotraficantes que arrojan la droga en altamar con flotadores. Otros pescadores, que también cuentan con teléfonos satelitales, reciben las coordenadas y recogen y la cocaína para trasladarla hacia Centroamérica.

Los sacos de yute y las evidencias descubiertas el 11 de agosto fueron llevadas a la isla San Cristóbal por la lancha guardacostas Isla Darwin. Luego fueron trasladadas a Guayaquil, custodiadas por personal de la Armada, que lo entregó a la Policía.

Las horas siguientes -según conoció este medio- agentes de Antinarcóticos supieron, por varias fuentes y medios, que varios de los marinos que participaron en la operación se habían quedado con uno de los sacos con los ladrillos de cocaína. Eso también fue corroborado y comunicado a Inteligencia de la Armada. Desde entonces coordinaron su detención, una vez que la lancha en que viajaban llegara a San Cristóbal, el domingo, a las 18:00.

Inclusive sospechan que los uniformados parte de la red no solo habrían sustraído cuatro kilos sino un saco completo con unos 20 kilos de cocaína, según fuentes cercanas a la investigación. Los 16 paquetes restantes ya habrían sido entregados a otros integrantes de la organización, entre el jueves y domingo. Eso deberá ser investigado y confirmado por la Fiscalía, dijo un oficial de la Marina.

Cuando las unidades Antinarcóticos y Canina realizaron el operativo el domingo anterior tenían información sólida de que una parte del alcaloide estaba oculta en la bodega de maniobras del guardacostas, que arribó al puerto “Tiburón Martillo”, de San Cristóbal.

Al caer la tarde, toda la tripulación, compuesta por cuatro oficiales y 21 marinos de tropa, fueron detenidos en flagrancia por pedido de la fiscal del Puerto Baquerizo Moreno, Leslie Chuqui Rivadeneira.

Ayer, en la audiencia de flagrancia, en la Unidad Judicial de San Cristóbal, la Fiscalía sustentó su acusación en los partes e informes policiales, la prueba de identificación preliminar homologada y el acta de verificación y pesaje de la droga incautada. Además, el informe de hallazgo y rescate de la droga, y la denuncia del director Regional Insular de la Armada.

 

Marinos reclutados para el narcotráfico

Un oficial de inteligencia Naval dijo que para quedarse con parte de la cocaína los marinos pudieron haber contando con la complicidad y participación de quienes recogieron los bultos junto a las balizas y de quienes los recibieron en el guardacostas.

La lancha Isla Darwin es empleada para operaciones antidrogas y de control de pesca ilegal. Tiene capacidad oceánica, que le permite navegar en alta mar.

“No se puede descartar que los tripulantes involucrados fueron reclutados hace algunos años por el crimen organizado, que también ha permeado a la Marina como a otras instituciones”, comentó un oficial. Sin embargo -agregó- esta fuerza aún no cuenta con un departamento de asuntos internos para investigar a sus miembros y su relación con organizaciones del narcotráfico.

La Marina informó que las investigaciones se realizan según los procedimientos establecidos, brindando todas las facilidades a la Fiscalía para que determine las responsabilidades del caso.

Además indicó que iniciará los procesos administrativos disciplinarios internos, cumpliendo la normativa legal que faculta sancionar con el máximo rigor a los miembros de la institución implicados en casos de esta índole.

El diagnóstico del embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, es contundente. Destaca la importancia del récord de incautaciones de droga como un reflejo del arduo trabajo y dedicación de las fuerzas de seguridad ecuatorianas. No obstante, advierte que eso también muestra la profunda penetración e influencia que estos grupos criminales tienen en casi todos los países de la región.  Y que la lucha para acabar con los carteles tomará tiempo. Fitzpatrick confirma en esta entrevista que su gobierno revocó visas de no-inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en el sector legal y judicial. “Tener un visado es un privilegio, no un derecho”. enfatiza.

Por Arturo Torres

P. ¿Qué tipo de cooperación brinda el gobierno de Estados Unidos a Ecuador en la lucha contra las drogas? Específicamente, ¿por qué es importante que Estados Unidos apoye a Ecuador en esta área?

R. Estados Unidos y Ecuador comparten la preocupación por el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos organizados transnacionales. Estas actividades ilícitas amenazan la seguridad de los ciudadanos de ambos países. La misión de EE.UU. trabaja con socios del gobierno de Ecuador y la sociedad civil para combatir el flagelo del narcotráfico. Nuestro país  y Ecuador han firmado varios acuerdos y han establecido nuevos programas para mejorar la cooperación antinarcóticos y de aplicación de la ley, incluyendo la asistencia para el desarrollo de capacidades en materia de antinarcóticos y lucha contra la delincuencia organizada internacional, así como los esfuerzos para interceptar drogas. La asistencia bilateral en estas áreas asciende a más de $140 millones desde 2018.

Hemos equipado a la policía y al sector de la justicia con tecnología de la información, software, vehículos, y canes, facilitando incautaciones récord de drogas, juicios y sentencias por actividades delictivas.

Al mismo tiempo, tenemos un programa activo de reducción de la demanda de drogas, capacitando a funcionarios sociales y de salud, activistas comunitarios y líderes empresariales para unir fuerzas y empujar el narcotráfico fuera de los barrios donde sus residentes, y en particular los jóvenes, son susceptibles de consumir drogas.

Además, EE. UU. y Ecuador han firmado acuerdos bilaterales para el intercambio de asistencia militar, entre ellos un acuerdo regional para el intercambio de información para combatir el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

P. ¿Cuál es el diagnóstico de su gobierno sobre el avance del narcotráfico en Ecuador, a partir del aumento de las capturas de cocaína y de los indicadores de violencia directamente relacionados con las disputas entre bandas?

R. EE. UU. ve con preocupación la violencia en Ecuador. Seguimos trabajando juntos contra el narcotráfico y el crimen transnacional que no solo amenazan la seguridad ciudadana en Ecuador sino también en nuestro país.

Las incautaciones de drogas en Ecuador han alcanzado récords históricos.  Reconocemos el esfuerzo del Gobierno, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en estos operativos y condenamos todos los actos violentos de los grupos criminales que amenazan la estabilidad de la población.

 

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♦ “Si bien el récord de incautaciones de drogas refleja el arduo trabajo y la dedicación de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, también muestra la profunda penetración e influencia que estos grupos criminales tienen en casi todos los países de la región.  No se trata de una lucha a corto plazo para expulsar a las bandas de narcotraficantes, sino de una lucha constante para erradicarlas en todos los países”.

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P. Por exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno emitió una nueva normativa que obliga a los bancos y entidades financieras a mejorar sus sistemas de control de clientes y de comunicación de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). ¿Cuál es su análisis de la forma en que se han manejado los controles en el sistema financiero de posibles operaciones de lavado de dinero, así como en otros sectores como el inmobiliario, la venta de vehículos, las cooperativas de ahorro, la minería, los clubes deportivos y la extracción de madera?

R. El gobierno de EE. UU. ha apoyado a la UAFE proporcionando formación a sus equipos técnicos y jurídicos. Esta formación se centra en el desarrollo de estrategias inteligentes para combatir el crimen organizado y priorizar los casos para producir informes financieros exitosos. Además, EE.UU. apoyó a la UAFE mediante la aportación de un experto en la evaluación mutua del Grupo Latinoamericano contra el Lavado de Dinero (GAFILAT), que dio como resultado medidas para implementar 40 recomendaciones para combatir y prevenir el lavado de dinero. Además, nuestro gobierno está proporcionando a la UAFE nuevos ordenadores y programas informáticos de alto rendimiento para aumentar la capacidad de análisis y generar más informes financieros.  Un análisis de datos robusto significa controles más fuertes, mejores informes financieros y más éxito en el enjuiciamiento y las condenas por delitos financieros.

Pero la lucha contra el lavado de dinero no es solamente la responsabilidad de la UAFE.  Todas las entidades financieras públicas y privadas tiene un papel importante para jugar.

P. Hace varios meses, el gobierno de EE. UU. revocó las visas estadounidenses de generales de la policía, jueces y abogados por estar involucrados en prácticas contrarias a sus leyes anticorrupción. Fuentes gubernamentales informaron que también se revocaron los visados de 18 oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellos serían miembros de la Marina. ¿Podría decirnos si esta decisión se ha tomado bajo las mismas consideraciones que antes, cuando suspendieron los visados de los generales de la Policía?

R. Como hemos dicho repetidamente, Estados Unidos seguirá colaborando con Ecuador para aumentar la transparencia y el Estado de Derecho, combatir la corrupción, luchar contra el narcotráfico y aumentar la seguridad ciudadana. EE. UU. no dudará en utilizar todas las herramientas disponibles a nuestra discreción para promover la rendición de cuentas de los individuos corruptos en Ecuador y en la región. Sin comentar sobre casos específicos, seguiremos tomando medidas enérgicas contra la financiación ilícita, congelando e incautando activos robados, denegando o revocando visados, utilizando sanciones específicas contra la corrupción y acciones de aplicación penal y civil. A través de estas actividades podemos defender la ley norteamericana y garantizar una gobernanza democrática más responsable para los ciudadanos de nuestros dos países.

P. Una de las principales fuentes de corrupción por la contaminación del narcotráfico y el crimen organizado es el sistema judicial. Especialmente por la actuación de varios jueces que han rebajado ilegalmente las penas y han dejado en libertad a narcotraficantes condenados o a políticos corruptos, violando todas las leyes vigentes. ¿Está usted al tanto de estos casos? ¿Ha revocado los visados a jueces y abogados por estos motivos?

R. Los que tuercen la ley están robando la justicia al pueblo ecuatoriano. Como he dicho antes, no queremos ni ladrones ni su plata en nuestro país. La Embajada de EE. UU. ha revocado las visas de no-inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en el sector legal y judicial al determinar que ya no califican bajo nuestra ley para estas visas. Dado que los registros de visados son reservados según la legislación estadounidense, no comentamos los casos individuales. Pero insisto en algo fundamental: Tener un visado es un privilegio, no un derecho. La decisión de negar, expedir o revocar un visado es una decisión soberana tomada por países de todo el mundo sobre la base de sus propias leyes y requisitos de entrada.

La corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos. La corrupción impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y la democracia, y destruye la confianza en el poder judicial y otras instituciones públicas.  La corrupción facilita la delincuencia transnacional y socava la seguridad de los ciudadanos.  Ningún país puede luchar por sí solo contra estos problemas; sin embargo, podemos conseguir que nuestros ciudadanos estén más seguros y promover la responsabilidad y la transparencia trabajando juntos.

Como hemos visto en todo el mundo, el éxito de un país en la lucha contra la delincuencia transnacional, incluido el tráfico de drogas, se mide directamente por el nivel de voluntad de ese país para combatir el problema.

 

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♦ “La corrupción de los funcionarios gubernamentales (ya sean policías, militares, judiciales, políticos, etc.) y de los individuos del sector privado es el mayor obstáculo para la capacidad de cualquier país de luchar contra la delincuencia a gran escala”. 

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La corrupción en los procesos de creación de políticas y reglamentos obstaculiza el marco jurídico de un país para perseguir esos delitos.  La corrupción en las instituciones obstaculiza la capacidad de un país para mantener el terreno que ha ganado y permite que las empresas criminales más organizadas y enfocadas florezcan y controlen el resultado de cualquier esfuerzo para combatir el problema.  El gobierno de Estados Unidos, o cualquier otro, puede gastar mucho dinero en la lucha contra la delincuencia transnacional y el narcotráfico, pero sin la participación de las instituciones y los individuos clave, esos esfuerzos pueden tener un éxito limitado.

P. ¿Ha pensado EE. UU. en promover o acompañar la puesta en marcha de una alianza regional para hacer frente a los narcotraficantes transnacionales, que están generando graves problemas de gobernabilidad y son la principal amenaza para la seguridad y supervivencia de nuestras sociedades?

R. EE. UU. ya trabaja con los gobiernos de toda la región para fortalecer las instituciones de justicia penal a través de subvenciones, capacitación y asistencia técnica. También apoya iniciativas para fortalecer las relaciones entre los gobiernos de la región con el fin de facilitar las comunicaciones, las operaciones y la cooperación general para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico en general.

Nuestro gobierno trabaja con otros países de la región, incluido Ecuador, para reforzar la capacidad de las instituciones nacionales e internacionales y de los organismos multilaterales centrados en el establecimiento de normas globales contra la corrupción, la recuperación de activos, la promoción de la transparencia financiera, el fomento de la apertura del gobierno, el fortalecimiento de los marcos de las instituciones financieras para prevenir la corrupción en los proyectos de financiación del desarrollo y la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación ilícita y el soborno.