Rueda primera cabeza de finalista a juez anticorrupción

Leonardo Rosillo, escogido como uno de los 37 finalistas para ocupar una de las 14 plazas de jueces anticorrupción, fue descalificado. La Judicatura se percató hace tres semanas que Rosillo, quien tenía el mejor puntaje del concurso, había sido destituido de la Fiscalía, por estar envuelto en un caso de acoso sexual, en 2012. Solo dos personas presentaron impugnaciones, que no prosperaron, contra siete candidatos. Los impugnantes solo tuvieron tres días para formalizar sus denuncias.   

Por Ana María Carvajal

Leonardo Vinicio Rosillo, uno de los 37 candidatos finalistas a jueces anticorrupción, fue descalificado sobre la marcha del concurso que realiza el Consejo de la Judicatura (CJ), por incumplir uno de los requisitos.

Pese a que la etapa de selección empezó en marzo con la calificación de oposición y méritos y pruebas teórico-prácticas a los 425 postulantes, la Dirección de Talento Humano del CJ pidió hace tres semanas, el 25 de agosto pasado, a diferentes direcciones, que verifiquen si alguno de los 37 candidatos finalistas, que sumaron más de 80 puntos, tenía alguna inhabilidad.

Santiago Peñaherrera, director general del CJ, quien está al frente del concurso, explica que Talento Humano debe revisar periódicamente la idoneidad de los candidatos. Así encontró el problema con Rosillo, recalcó.

La Secretaría de Control Disciplinario notificó el incumplimiento a Talento Humano, el 26 de agosto. En el informe se señala que Rosillo había sido destituido de su cargo de fiscal, el 2012. La resolución consta en el expediente No. MOT-0859-UCD-012-MEP (070-2012), con fecha 11 de diciembre de 2012.

Sin embargo, en la hoja de vida que presentó como parte de su inscripción al concurso, Rosillo omitió mencionar esa resolución: indicó que fue fiscal provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas hasta inicios del 2013.

El 2012, el entocnces fiscal enfrentó un proceso judicial por acoso sexual a una de sus estudiantes. Fue detenido en delito flagrante con su alumna, en un motel de Santo Domingo, el 5 de mayo. No obstante, fue declarado inocente, pero la Fiscalía apeló la decisión y  presentó una queja en contra del tribunal que juzgó a Rosillo. (https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-apelara-sentencia-que-declara-inocencia-de-ex-fiscal-de-santo-domingo/).

Para entonces, la Fiscalía ya se refería a Rosillo como ex fiscal. El caso fue difundido ampliamente en Santo Domingo y también en medios nacionales. Rosillo se defendió de la acusación, argumentando que su detención fue planificada, con la intención de que no volviera a su cargo. También dijo que el fiscal a cargo de su caso mantenía una relación sentimental con la joven que lo acusaba de pedirle favores sexuales, a cambio de beneficios académicos.

Leonardo Rosillo fue destituido del cargo de fiscal provincial de Santo Domingo en 2012. En su hoja de vida indicó que salió de la Fiscalía en 2013.

En su caso se aplicó el numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues “quien hubiere sido sancionado disciplinariamente con destitución del cargo, con resolución en firme”, no puede obtener un nuevo cargo en ninguno de los órganos de la Función Judicial.

Peñaherrera informó que Rosillo ya fue notificado sobre su descalificación. Él había argumentado que en el 2012 le retiraron su puesto de fiscal, pero ahora buscaba ser juez, pues consideraba que no tenía un impedimento.

Peñaherrera explicó que si bien una persona destituida no puede trabajar en funciones públicas por dos años, la prohibición de retorno a cualquier área en la Función es para toda la vida.

Rosillo había obtenido 94,3 puntos sobre 100 en las fases previas del concurso, el puntajes más alto del concurso.

Pero no sería el único postulante con problemas por una posible falta de idoneidad o impedimento para el cargo. La semana pasada, Código Vidrio reveló que de los 26 hombres participantes en el concurso cinco han enfrentado demandas judiciales para el pago de pensiones alimenticias. Esto significa que el 19 por ciento de los aspirantes de sexo masculino tuvo incidentes ante la justicia para exigirles el pago de alimentos para sus hijos menores de edad.

Además, ocho de los candidatos no reportan pagos de Impuesto a la Renta hasta por diez años en el SRI. Uno de los aspirantes tiene 1,5 puntos en su licencia: ha cometido 20 infracciones de tránsito. Pero no es el único. Hay diez más que tienen entre 10 y 34 infracciones y han sido multados por diferentes motivos: exceso de velocidad, pasarse semáforo en rojo, faltarle el respeto a la autoridad, conducir sin cinturón, entre otras infracciones.

Impugnaciones al vuelo

El proceso de impugnaciones a los candidatos fue apretado. Estuvo abierto para que el público impugne a los postulantes por solo tres días, del 24 al 26 de agosto. La difusión se hizo apenas un día antes en diario Expreso de Guayaquil, que no es el de mayor difusión nacional, el 23 de agosto.

La Judicatura difundió información sobre cuándo, cómo y por qué impugnar, a través de sus redes sociales y su página web.

En el informe elaborado por Talento Humano sobre este proceso se indica que la Judicatura solo recibió siete impugnaciones: cuatro para candidatos de corte provincial, una para tribunal penal y dos para jueces de unidad judicial penal. Estos pedidos ingresaron virtualmente. Nadie presentó ese recurso presencialmente en las oficinas provinciales ni nacionales del CJ.

Según Peñaherrera, la campaña de difusión sobre impugnaciones fue “bastante fuerte” y también se coordinó con las direcciones provinciales de la Judicatura, para que envíe oficios a los colegios de abogados y centros de educación superior “para que toda la ciudadanía pueda ejercer el derecho a la impugnación”, dentro del cronograma.

Apenas dos personas presentaron denuncias

Una sola persona, Napoleón Garibaldi Santamaría, impugnó a seis postulantes y Gabriela Sánchez a uno de ellos. En seis de los casos se argumentó falta de cumplimiento de requisitos y, en uno, falta de probidad. Se objetaron las candidaturas de Kevin Joel Cabezas Páez, María Fernanda Castro Angos, Wiler Fabricio Chóez Avilés, Fausto Armando Lana Vélez, Ángel Humberto Quito Santana, Mabel del Pilar Tapia Rosero y Byron Leonardo Uzcátegui Arregui.

Los abogados Luis Daniel Martínez Barriga, Hugo Román Sarabia Rodríguez, Margarita Soledad Martínez Aguirre, Cirley Estefany Yépez Ortiz y Giancarlo atendieron las solicitudes. Sin embargo, según el informe, las impugnaciones “no procedieron por falta de presentación de requisitos generales” y fueron inadmitidas. Por eso, todos los impugnados continúan en concurso.

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