El curso de formación inicial para los 36 candidatos a jueces anticorrupción estará a cargo de 16 profesores. Entre los docentes hay exfuncionarios del régimen de Lenin Moreno, abogados y académicos con muy buenos perfiles académicos pero que en general tienen escasa formación y experiencia específica laboral en crimen organizado y corrupción. La capacitación se realiza en tiempos forzados de 52 días, para 16 materias impartidas de forma virtual. En la inauguración de la capacitación, junto con los maestros, estuvieron los vocales de la Judicatura y el rector de la Universidad Andina (foto). Hay críticas al curso y al proceso de selección.

Por Ana María Carvajal

En la última fase para elegir a los nuevos jueces anticorrupción y crimen organizado, los 36 finalistas son alumnos del curso de formación inicial, a cargo de la Escuela de la Función Judicial, con el respaldo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Según los planes del Consejo de la Judicatura (CJ), este culminaría el 17 de noviembre, cuando se cumplan los 52 días que la entidad destinó para capacitar a los 14 magistrados especializados que deberían posesionarse en ese mismo mes.

516 docentes se inscribieron o fueron invitados para optar por un cupo de formador externo. El curso se inauguró el 23 de septiembre pasado y las clases comenzaron el lunes 26. Todas se dictarán en formato virtual, pero las pruebas finales a los postulantes a jueces, teóricas y prácticas, serán presenciales. Para este curso, el CJ hizo una convocatoria a través de sus redes y por correo electrónico.Tras pasar los primeros filtros, 79 candidatos llegaron a la subfase de entrevistas, luego de que sus carpetas fueran calificadas.

Los 14 docentes seleccionados, dice el CJ, superaron el 75 % del puntaje. La Escuela de la Función Judicial se encargó de la selección. Dos docentes más son cuota de ese poder del estado.

Impartirán materias de derecho constitucional, penal y probatorio, derechos humanos, corrupción y crimen organizado. Este último está dividido en tres subtemas: violaciones de derechos humanos y trata de personas, delitos contra la vida y la libertad y narcotráfico, y minería ilegal, lavado de activos y terrorismo. Otras temáticas son la cooperación internacional, argumentación jurídica o extinción de dominio y recuperación de activos. No se incluye legislación y tratados internacionales para crímenes transnacionales.

¿Un curso sin justificación?

Para la abogada penalista y docente Paulina Araujo, este curso formativo no debería ser parte del concurso porque se entiende que si un grupo de profesionales ganaron un proceso de oposición y méritos es porque ya dominan los temas que van a tratar. Debido a que van a juzgar delitos de corrupción, “de cuello blanco” y crimen organizado, los nuevos jueces tendrían que dominar el derecho penal económico y “en Ecuador muy pocos tienen maestrías o doctorado en ese ámbito”.

Entre los docentes están profesionales que han estudiado en universidades de Quito, Cuenca y Guayaquil, especialmente. Pero también hay una jurista costarricense, Roxana Arroyo, especialista en derechos humanos. En la lista hay otra mujer con experiencia en la Función Judicial: Mariana Yépez, quien fue Fiscal General y magistrada de la Corte Suprema, entre otros cargos. Estará a cargo de una de las cátedras de crimen organizado, que incluye la temática de terrorismo, aunque en su hoja de vida no se indica que ha impartido clases de esa temática específica.

Otros maestros resaltan porque fueron parte del gobierno del expresidente Lenín Moreno o participaron en procesos de selección de autoridades impulsadas por ese régimen. Se trata Gustavo Bedón Tamayo, quien laboró en la Presidencia y de José Javier de la Gasca, que fue secretario Anticorrupción de ese Régimen. De la Gasca estuvo un año en esa secretaría, que fue cuestionada por su falta de resultados. El 2019 quiso ser fiscal general y quedó en décimo tercer puesto, entre los últimos del concurso. En un video difundido por la Judicatura de la Gasca destaca la importancia de la especialización de los jueces para detectar y entender cómo operan las estructuras del crimen organizado.

En el régimen de Moreno precisamente se integró el Consejo transitorio de Participación Ciudadana, que nombró a las actuales autoridades de control. En 2018, Ramiro García Falconí, otro de los docentes que impartirán el curso de formación, fue designado miembro de la Comisión Calificadora para elegir a los magistrados de la actual Corte Constitucional, en representación de la Función Ejecutiva, por decisión de Lenin Moreno.

García dictará la clase de corrupción pública. En su hoja de vida consta su trabajo como abogado en libre ejercicio en su bufete García Falconí y Asociados y es Subdecano de Derecho en la Universidad Central. En cuanto a sus estudios registra siete títulos de cuarto nivel en universidades españolas como la de Sevilla y Salamanca, en materias relacionadas con lo penal y derechos humanos.

Otro abogado que destaca entre los docentes es Leonel Calderón Tello, guayaquileño, quien tiene dos maestrías y un PHD por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido coordinador de gestión investigativa en la Universidad de Guayaquil, director del seminario Permanente de Investigación en Derecho Penal de la Universidad de Guayaquil. Está casado con María del Carmen Vera, hermana de Alembert Vera, uno de los abogados del expresidente Rafael Correa.

Otro de los catedráticos tiene formación militar. Es Jorge Cárdenas López, quien además de ser abogado es Teniente Coronel de Justicia en servicio pasivo de la Fuerza Terrestre. Impartirá la cátedra de Política Criminal y Crimen Organizado.

Todos los elegidos han sido docentes de planta o profesores invitados en universidades. Tienen maestrías en temáticas como prevención de lavado de activos, criminalística, argumentación jurídica, legal tech, derecho constitucional, entre otros. Pero en general no son especialistas en crimen organizado ni transnacional.

Un concurso con escaso monitoreo ciudadano

Al revisar la lista de docentes, Araujo consideró que si bien a algunos se los conoce como académicos, “no necesariamente tienen el mejor perfil que es dar buen ejemplo y tener buena formación”. Para ella, el problema no es únicamente del curso de formación, sino todo el concurso porque ha sido “poco monitoreado socialmente, no porque la sociedad no quiera. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura siempre está metido en algún pleito y eso lo deslegitima. O se están peleando por la Presidencia o alguno renuncia y luego aparece una sentencia de la Corte Constitucional”.

Dos cursantes que pidieron la reserva de su identidad dijeron que el diseño del curso no es muy didáctico, hay una saturación de materias que se imparten a ritmos forzados, que no permiten profundizar en temáticas importantes, ni analizar casos específicos.

En cuanto a temas económicos, Adriana Mora Bernal tiene un máster en Derecho Tributario por la Universidad Andina y otro de Derecho Tributario y Financiero por la Universidad de Valencia. Aunque otra docente, Catalina Carpio Peñafiel, hizo su primer máster en Derecho Constitucional y un posgrado en Resolución de Conflictos en la Universidad Andina y en la Universidad de Upsala (Suecia), ha centrado su trabajo sobre todo en temas financieros no de crimen organizado. Desde hace 13 años trabaja como abogada en prevención de lavado de activos. Hizo una certificación de Compliance Officer en EE.UU. y cursa desde hace pocos meses atrás una maestría de Prevención de Lavado de Activos y Compliance en la Universidad Santiago de Compostela. Tiene a su cargo la materia de Extinción de Dominio y Recuperación de Activos.

Carpio afirma que este es un gran reto profesional. “No hay antecedentes (de esta cátedra) en el país y es la esencia de lo que van a hacer los jueces anticorrupción. Ellos van a extinguir el dominio de la parte patrimonial de personas que lo han adquirido de forma ilícita”, destaca.

En la inauguración del curso, Danilo Caicedo, Director de la Escuela Judicial, dijo que se diseñó el pensum con materias generales, pero la mayoría sobre temas específicos porque el enfoque del curso es “prioritario en especialidad y transparencia”. Además, se contará con un equipo de profesores que darán charlas desde la Embajada de EE.UU. en Ecuador, la Escuela Judicial de España, la Fiscalía de México y la Universidad Rey Juan Carlos.

Al final, se tomará una prueba teórica y práctica que definirá los ganadores del concurso. “Se estableció un proceso matemático para calificar, que fue diseñado por un profesional de la Universidad Central”, dijo Caicedo. Quienes queden detrás de los 14 elegidos, formarán un banco de elegibles que estará disponible durante seis años en caso de que un cargo quede vacante.

Pruebas de confianza

En abril pasado, la Judicatura informó que una prueba de confianza, diseñada por la entidad, con el apoyo del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO), formaría parte de este curso. El tema no volvió a difundirse desde la Judicatura hasta que este 28 de septiembre. La entidad respondió a una consulta de Código Vidrio.

El CJ informó que en el reglamento de este concurso, emitido en el 2021, se incluyó la necesidad de ejecutar este tipo de pruebas. Por eso, según la institución, el delegado español de PAcCTO, Rafael Fernández, diseñó una propuesta metodológica, luego de hacer un análisis técnico-jurídico. Después la Judicatura desarrolló la metodología.

La aplicación de una prueba de confianza era necesaria para el CJ porque los nuevos jueces no necesitan tener únicamente conocimientos y capacidad sino “aptitudes y actitudes” para su trabajo. “El perfil psicométrico del juez especializado en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado está compuesto por 12 competencias laborales, 8 técnicas y 4 conductuales, identificadas como características necesarias para que los profesionales desempeñen sus funciones y responsabilidades”, indican los justificativos.

Israel Calvo Mena, máster en psicoanálisis y experto en pruebas de confianza, explica que definir una prueba de confianza como un test psicométrico es muy general y ambiguo. Se debe saber cuál es el nivel de estandarización que tiene la prueba y su nivel de validez. “Es importante conocer cuáles son esas características del perfil del juez anticorrupción que enumera y cómo las van a medir a través de la prueba”. Esto es importante -agrega- porque existen test muy básicos para evaluar la cuestión ética y son demasiado sencillos como para este tipo de cargos.

La Judicatura anunció que aplicaría un test psicométrico para evaluar las competencias durante la inauguración del  curso de formación. “El objetivo fue identificar en los postulantes que superaron las fases iniciales del concurso y que firmaron un consentimiento informado el nivel de desarrollo de cada componente evaluado, para posteriormente, en el caso de verificar la existencia de competencias con niveles bajos de desarrollo, éstas puedan ser fortalecidas mediante procesos de formación continua”, indicó en un comunicado.

Calvo Mena fue evaluador y supervisor del Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública en México. Ha dictado cátedra de Criminología en pregrado y Criminología y Psicoanálisis en maestría en el Centro de Estudios, Clínica e Investigación en Psicología de ese país.

Explica que los estudios de control y confianza son de diversos tipos y se aplican según el caso. En México se suelen realizar por separado o como una batería completa. Incluyen, por ejemplo: prueba médica de consumo de sustancias donde la persona entrega una muestra de orina o de sangre, para ver si se halla algún rastro; prueba socioeconómica para estudiar dónde vive la persona, sus bienes, cuentas, etc. Luego se coteja si los puestos que ha tenido corresponden a los bienes que adquirió con sus ahorros; el polígrafo y una batería psicométrica.

 

LOS 16 MAESTROS Y SUS CÁTEDRAS