Los claroscuros del concurso de jueces anticorrupción

 Los cambios en el cronograma planificado, el corto tiempo para cumplir varios de sus hitos, así como un endeble y fugaz control de la veeduría ciudadana, marcaron la tónica del concurso de jueces anticorrupción. Los 14 mejores puntuados, luego del curso de formación inicial, que acaba de empezar, se posesionarán con tres meses de retraso. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, dice que el concurso ha sido “riguroso, transparente, objetivo y técnico”.

Por Ana María Carvajal

Los 14 nuevos jueces anticorrupción se posesionarán a partir de mediados de noviembre próximo, tres meses después de lo previsto en el plan original. Desde que se realizó la convocatoria, a fines de marzo pasado, el cronograma ha cambiado por extensiones de plazos para inscripciones o por la reducción inesperada de los períodos para impugnaciones ciudadanas. Además hubo otros contratiempos y decisiones sobre la marcha.

No obstante, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, enfatiza que el concurso se ha llevado como un proceso “riguroso, transparente, objetivo y técnico”.

El perfil de cada juez debe tener tres características principales, dice Murillo: independencia, imparcialidad y una condición ética irreprochable, “mucho más si se trata de juzgadores que enfrentarán cara a cara a la corrupción y a las estructuras del crimen organizado”. Para seleccionarlos, la Judicatura ha realizado un “arduo y transparente trabajo con todos los equipos técnicos”, apuntó Murillo durante el inicio del curso de formación, que es el último filtro para escoger a los judiciales.

Pero desde cuando empezó el concurso algunos contratiempos surgieron. El 29 de marzo, la Judicatura anunció que las inscripciones se harían a través de un micrositio que se abrió en su página web, entre el 2 y el 11 de abril pasados. Pero un día después de vencido ese plazo, la institución informó que este se ampliaba hasta el 17 de abril. “En este contexto, es importante señalar que las fases y subfases se han unificado para no alterar la fecha de la culminación del concurso”, indicó en un comunicado.

EL 24 julio, los candidatos rindieron las pruebas en computadoras que no permitían conexión a internet ni el uso de dispositivos externos como memorias USB. La notaria Ángela Campuzano dio fe del proceso.

Aunque el concurso empezó en diciembre pasado, dos días antes del inicio de las  inscripciones, la Judicatura ofreció una capacitación a los más de 700 interesados para que conocieran cómo postularse. La víspera, el CJ tuvo una reunión con representantes del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) y de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL). La cita fue para armar el cronograma y la metodología para las pruebas de confianza que serían parte del curso de formación inicial.

La lista que comenzó con 786 interesados que se registraron en el sistema digital bajó a 425 postulantes, quienes completaron su inscripción. Para la verificación de los documentos el CJ destinó solo tres días, del 20 al 22 de abril. Vino entonces la fase de méritos, a cargo de la Dirección de Talento Humano, que con el apoyo de un equipo técnico revisó la validez de los documentos, pero no investigó a fondo ni tuvo tiempo para corroborar con otras instituciones de control si lo declarado por algunos aspirantes era real.

También hubo cuestionamientos a la forma en que aspirantes fueron puntuados, en la primera fase de méritos. “Hice mi reclamo cuando vi la baja calificación que me pusieron por mis títulos y experiencia. Por ejemplo, no puntuaron mi paso por la docencia”, dijo Viviana Chiriboga. “Envié mi reclamo por la plataforma y al correo institucional que nos facilitaron. Me respondieron que lo haga por la página, cuando lo hice nunca me respondieron”. Una funcionaria judicial que pidió no revelar su identidad y participó en el proceso, con amplia experiencia en investigaciones de organizaciones criminales, afirmó que desestimaron sus méritos y títulos de cuarto nivel, impugnó pero no obtuvo respuestas.

Otros concursantes, en cambio, tuvieron mejor suerte con los examinadores, aunque incumplían los requisitos y prohibiciones. El candidato mejor puntuado del concurso, Leonardo Rosillo (obtuvo 94 sobre 100), sorteó sin problemas los filtros. Las bases del concurso estipulaban claramente que los participantes no debían tener ninguna incompatibilidad o prohibición legal. No obstante, recién en agosto pasado esa dirección del CJ detectó que Rosillo no podía participar porque fue destituido el 2012 cuando era fiscal.

Sobre este último caso, el Director del concurso, Santiago Peñaherrera, dijo que Talento Humano debía revisar periódicamente la idoneidad de los candidatos. Por eso detectó que uno de los finalistas estaba inhabilitado por haber sido destituido por el Consejo. “Esta prohibición le impide trabajar durante dos años en el sector público pero la prohibición para entrar a la Función Judicial es de por vida”.

El fugaz papel de la Veeduría

Uno de los hechos que también llama la atención es que el 13 de mayo, dos meses después de iniciado el proceso, se conformó la veeduría ciudadana, integrada por siete personas, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A pesar de que el concurso aún no ha terminado y tiene por delante la decisión crucial de designar a los 14 ganadores, esta veeduría ya terminó su trabajo, hace dos semanas. Así lo confirmó a Código Vidrio Erick Morán Jacho, su coordinador. Dijo que el grupo realizó un informe que entregó al CPCCS, pero el documento aún no está publicado en su página web.

A pesar de que el concurso aún no ha terminado y tiene por delante la decisión crucial de designar a los 14 ganadores, la veeduría integrada para vigilar el proceso ya terminó su trabajo, hace dos semanas. En la foto, tres de sus integrantes aparecen junto a los vocales de la Judicatura y a su director.

Según el primer informe de la veeduría del Observatorio Judicial y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en la etapa de méritos hubo otro ajuste en el cronograma. Fue precisamente para acomodar las fechas de tal modo que el organismo liderado por Morán estuviese acreditada por el CPCCS. El  15  de  mayo, el CJ amplió el plazo de esta etapa, previsto que dure del 16 de mayo al 2 de junio. Al final, el cierre fue el 5 de junio.

Decisiones delicadas como la designación de los expertos que tendrían a su cargo elaborar un banco con 1.200 preguntas para las pruebas teóricas, también se tomaron con premura. La convocatoria se hizo en marzo, pero apenas el 4 de junio, cuando estaba por cerrarse la fase de méritos, el CJ designó a los 18 profesionales que estarían a cargo de esta etapa. Ellos elaboraron 200 preguntas sobre materia constitucional y derechos humanos. Las 1.000 restantes se concentraban en temas penales y criminológicos.

También hubo otros factores externos, que no estaban en manos del Consejo. Una amenaza de bomba, el 14 de junio en el Complejo Judicial Norte, alteró la planificación y retrasó la toma de pruebas psicológicas y entrevistas para la mayoría de los candidatos. Solamente un grupo pudo rendir esa prueba y las actividades quedaron suspendidas hasta después del fin del paro, que terminó el 30 de junio.

EL 24 julio, los candidatos rindieron las pruebas en computadoras que no permitían conexión a internet ni el uso de dispositivos externos como memorias USB. La notaria Ángela Campuzano dio fe  el 22 de julio, cuando se ingresaron los bancos de preguntas a estos computadores. 53 candidatos superaron la etapa y rindieron sus pruebas prácticas del 8 al 10 de agosto.

32 candidatos las superaron, incluido Rosillo, quien fue el primero en la lista. Cinco más pasaron por recalificación realizada por un tribunal, pero un caso sobresale. Es el de Esteban Coronel, quien inicialmente obtuvo 71 puntos, pero sumó 80,4 puntos luego de solicitar la revisión de su nota, que no guardaba relación con su desempeño ante los tres evaluares, según su reclamo. Tampoco con sus calificaciones previas en el concurso, pues obtuvo notas de 45 sobre 50 y de 17 sobre 20, entre las más altas del proceso.

No obstante, en la prueba práctica final, en la que Coronel rindió una exposición verbal sobre un caso,  dos de los evaluadores le pusieron notas de 8 sobre 30, mientras el tercero -con voto salvado- le calificó 28 sobre 30, según informes de esa evaluación a la que este medio tuvo acceso. Por esas discrepancias, el candidato solicitó la recalificación y requirió que le entreguen los audios y videos de su exposición y de la deliberación de los tres examinadores, así como la argumentación y parámetros de las calificaciones. Días más tarde, en la recalificación realizada por otro tribunal obtuvo puntajes de entre 20 y 28 sobre 30 puntos, con lo cual en la nota global pasó los 80 puntos requeridos para ser finalista.

Sobre esta recalificación, Santiago Peñaherrera, director de la Judicatura y responsable del concurso, señaló que el tribunal estuvo conformado por gente proba que verificó las pruebas, a través de la revisión de videos. “No creo que se pueda dudar de la capacidad de personas que no son solo magistrados sino docentes”.

El tribunal de recalificaciones se formó con profesionales con un perfil mayor, por la importancia del proceso, dijo Peñaherrera. Eran dos y estaban integrados por Byron Guillén, Mariana Yépez, Luis Antonio Rivera, Felipe Córdova, Wilson Toainga y Holger  Córdova.

Impugnaciones a vuelo de pájaro

Después, el proceso de impugnaciones públicas se desarrolló en un tiempo muy reducido: tres días, entre el 24 y el 26 de agosto, con difusión por un solo medio de comunicación escrito (diario Expreso) y las redes sociales de la Judicatura. En el cronograma inicial de actividades el plazo para este procedimiento contemplaba 13 días, del 2 al 15 de julio.

Según Peñaherrera, también se emitieron comunicados a colegios de abogados e instituciones educativas. El resultado fueron siete impugnaciones ingresadas por la página web del CJ, seis de ellas realizadas por una sola persona. Ninguna progresó.

El Código Orgánico de la Función Judicial establece tiempos para las impugnaciones en este tipo de concursos y el mínimo son tres días, explicó Peñaherrera. Este tema fue aprobado dentro de la normativa para este proceso. Además, los tiempos para todo el concurso se estipularon tomando en cuenta que “la ciudadanía exige contar lo más pronto posible con jueces que cumplan con dos requisitos: capacidad e idoneidad técnica”.

Según Murillo, la Judicatura hizo convocatorias abiertas y un llamado para impugnaciones “pero nadie impugnó fundamentadamente”. Pero no descartó que si existiera alguna inhabilidad, impedimento o falta de idoneidad, se harán verificaciones adicionales y mientras los jueces no sean nombrados, aún pueden salir del concurso. “La ciudadanía tiene derecho de contar con juzgadores que tengan una condición ética irreprochable”.

A pesar de los tropiezos, para el abogado constitucionalista Stalin Raza este concurso es un buen primer paso para conseguir jueces especializados en la materia, pero aún es limitado por varios aspectos. Primero, por el número de jueces, que serán insuficientes para cubrir la cantidad de delitos que hay en el país. De hecho, los 14 jueces tendrán apenas 26 funcionarios de apoyo; es decir, menos de dos asistentes por cada magistrado.

Además, para Raza el haber decidido que todos los jueces trabajarán desde Quito, se convierte en una suerte de monopolio que, además, vulnera garantías constitucionales como el derecho de toda persona de ser juzgada en la jurisdicción donde cometió el delito, el derecho a acceder a abogados de su confianza y en la zona de su residencia. “Habrá una concentración inconveniente de esos casos en Quito. La Corte Constitucional ha convalidado esto pero no estoy de acuerdo porque aquí no se garantiza la seguridad de judiciales y abogados”.

Al tratarse de un número reducido de jueces que tratan estos temas que se sumarán a fiscales del área, agregó el jurista, se pueden convertir en “cofradías de jueces y fiscales, cuando lo ideal sería un equipo en materia de crimen y anticorrupción entre quienes se distribuya la capacidad y así garantizar que no todos se conozcan entre sí”.

De todos modos, el jurista cree que el proceso se ha llevado razonablemente bien, pese a lo apuros y cambios de cronograma.

Aunque la Judicatura había anunciado que los 14 nuevos jueces se posesionarían a fines de octubre, lo harían en la segunda quincena de noviembre, ya que el curso de formación inicial arrancó el 26 de septiembre pasado y se extenderá hasta el 17 de noviembre, cuando se cumplen los 52 días asignados por el CJ.

1 comentario en «Los claroscuros del concurso de jueces anticorrupción»

  1. Disparate de proceso. Nada más ilegal e inconstitucional. Proceso plagado de arbitrariedades Un consejo formado por quienes están proscritos por actos ilegales y anti éticos podrá tener legitimidad para escoger a personas idóneas? La respuesta es evidente

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